El caso ABC, conferencia en Gobernacíón

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que en el caso de los hermanos Almanza Salazar, muertos en una carretera del estado de Tamaulipas, la CNDH no registró todas las evidencias existentes.

La CNDH señaló que fueron balas de militares las que quitaron la vida a los dos menores —el 3 de abril en un retén en la carretera al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas— sin embargo, Gómez Mont desestimó el informe al señalar que está descontextualizado e incompleto.

Defendió que la CNDH no pueda tener acceso a información de las autoridades investigadoras, porque así lo marca la ley en cuanto a la secrecía.

Sobre la hipótesis de que la escena del crimen fue alterada por militares, el secretario de Gobernación dijo que estos casos suelen presentarse por falta de entrenamiento y “no por dolo o por mala intención”.

Empero, la CNDH insistió en que la investigación y recomendación sobre la muerte de los menores Martín y Bryan Almanza Salazar fue “seria y objetiva”. Descartó entrar en polémica.

Amnistía Internacional (AI) respaldó los resultados de las indagatorias del organismo defensor y sostuvo que “es esencial que el gobierno no debilite la investigación, sino que apoye una indagatoria penal civil completa e imparcial”.

“Es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a militares deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial, y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora para las Américas de AI.

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Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, México, D. F., a 18 de junio de 2010 | Conferencia

-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Señoras y señores: A continuación leeré el siguiente posicionamiento de esta Secretaría para después proceder a contestar algunas de sus preguntas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deliberó y resolvió respecto a los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

En esa tragedia perdieron la vida 49 niños, resultaron gravemente lesionados otros 24 y 80 más estuvieron expuestos. Es uno de los sucesos más tristes en la historia reciente de nuestro país.

No hay palabras que alivien el dolor ocasionado, el cual compartimos con sus familias y con toda la sociedad.

La magnitud de los sucesos justificó la atención y el análisis por parte del Máximo Tribunal del país.

La Suprema Corte de Justicia investigó los hechos y concluyó que si bien no hubo desorden generalizado en el Sistema de Guarderías del Seguro Social, sí existieron violaciones graves de garantías individuales en relación con las cuales se señaló a diversas autoridades involucradas.

La Corte recomendó, además, la instrumentación de una serie de acciones impostergables.

El trabajo realizado por los Ministros respondió a su naturaleza institucional y atendió una exigencia de la sociedad.

Esa resolución no interrumpe la investigación en curso ni anula los procesos penales que las procuradurías generales de la República y la del estado de Sonora, en paralelo han consignado ante los tribunales.

Una derivación natural de lo resuelto por la Corte es la adecuada atención de los deberes de protección a grupos vulnerables, en particular a los derechos del niño.

Es responsabilidad del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, generar una política integral y concurrente, para evitar que se repitan acontecimientos tan trágicos y dolorosos, como el ocurrido en la Guardería ABC.

El Gobierno Federal atiende las recomendaciones de la Corte y asume su compromiso con los padres de los niños que fallecieron o que se encuentran lesionados, con los niños mismos y con el pueblo de México.

Es firme nuestra determinación de cumplir de cara a la sociedad con la atención vitalicia que merecen los niños heridos y de brindar apoyos solidarios a sus familiares.

Es compromiso del Estado mexicano garantizar que las autoridades ejerzan su cargo con la corresponsabilidad que éste conlleva.

La rendición de cuentas es una garantía democrática fundamental.

Al día de hoy se encuentran sujetos a procesos penales 17 personas en el fuero federal y siete personas más en el fuero local.

Desde el ámbito de su competencia, la Procuraduría General de la República revisará la responsabilidad penal de todos los servidores públicos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También es responsabilidad esencial de todo gobierno emprender acciones para garantizar la eficacia de sus mecanismos de Protección Civil.

Por eso, como lo propone la Suprema Corte, revisaremos el marco legal de la Protección Civil, a fin de proponer al Congreso adecuaciones a la normatividad, para homologar criterios y generar protocolos de atención a riesgos y emergencias en los servicios de asistencia social.

Esta tarea es impostergable y será atendida con la mayor seriedad en el próximo periodo de sesiones.

Lo anterior permitirá que los nuevos criterios sean obligatorios para todas las guarderías del país, independientemente de si son operadoras por particulares o por autoridades de cualquier orden de gobierno.

La seguridad y el sentido de responsabilidad en la provisión del servicio de guarderías se fortalecen con la pertinencia de la normatividad y con su puntual cumplimiento, independientemente de quién preste el servicio.

Reitero el compromiso del Ejecutivo Federal de asumir las tareas derivadas de sus responsabilidades.

Desde la convicción personal, la solidaridad con el dolor de los padres y la comprensión del agravio social, les reitero: El Gobierno Federal no elude las responsabilidades que le corresponden.

La tragedia del 5 de junio del 2009 es parte de nuestra memoria colectiva y de un dolor compartido que nos obliga a una profunda reflexión:

Para el Gobierno Federal la mejor manera de honrar a los niños fallecidos y a quienes sobrevivieron el accidente, es lograr que la tragedia se convierta en un catalizador de cambio y que impulse acciones para evitar que esto jamás vuelva a ocurrir.

Asumimos nuestro compromiso institucional ante una sociedad que ejerce su derecho a exigir gobiernos responsables y sensibles.

Reiteramos nuestro profundo pesar por los hechos ocurridos, así como por el doloroso proceso que en busca de justicia han vivido las familias de esos niños.

PREGUNTAS  Y RESPUESTAS

Lilia Saúl, W Radio: -La primer pregunta es: ¿Qué argumentos expuso el Secretario de Gobernación en la Corte, cuando usted acudió a este máximo tribunal cuando se estaba discutiendo el tema de la guardería ABC?

¿Qué hay contra las denuncias que se presentaron en la PGR; qué hay de avances en torno a estas investigaciones, qué hará la PGR?

Y me gustaría saber si también cerrarán las guarderías que Protección Civil detectó que tenían fallas, Protección Civil de Gobernación, o realizará otros peritajes.

¿Qué va a pasar con los padres que llevan a sus hijos a estas guarderías y que tienen muchas deficiencias todavía?

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Más que pregunta es turno, porque preguntas son varias. Muy bien. Primero, y si salto alguna, por favor, dígamelo.

En el ámbito de mis funciones es llevar la representación del Ejecutivo Federal ante los otros dos Poderes, esas relaciones; y como tal, constantemente estoy en relación con el Poder Judicial Federal a fin de buscar los mecanismos de colaboración y de comunicación que permitan a cada uno de los Poderes asumir con sus tareas constitucionales.

En ese rol, acudí a llevar los argumentos del Gobierno Federal y las preocupaciones del Gobierno Federal frente a la ponencia que expresaba o que se publicó como parte o centro para dar lugar al debate en la Corte.

Principalmente preocupaba que se busque cimentar una responsabilidad a los servidores públicos que no parta de la ley.

Los servidores públicos cuando concurrimos y aceptamos servir en el Gobierno Federal, lo primero que hacemos es protestar hacer cumplir la Constitución y las leyes.

A los servidores públicos sólo nos es facultado hacer lo que está permitido por la ley; a los particulares, lo que no esté prohibido, les está permitido. Entonces son principios de regulación distintas. La autoridad sólo puede hacer aquello para lo que está facultado.

Así pues, es en la ley donde el servidor público tiene la orientación de lo que le toca hacer; la responsabilidad que se proponía en el dictamen original era una responsabilidad no normada que hacía abstracción del sistema de reglas que rige a la función pública.

Para nosotros, nos parecía muy delicado que se estableciera una responsabilidad fuera de los márgenes de la ley; para nosotros la intervención de la Corte en estos procedimientos se da porque es el máximo garante de los derechos humanos consagrados en nuestro orden legal y quienes tienen que verificar el cumplimiento final de la ley por los servidores públicos en el caso de una controversia cuando el asunto es llevado ante el Poder Judicial.

Entonces, nos preocupaba mucho este esquema, y así yo hice ver este esquema, en el cual se hablara de un nuevo tipo de responsabilidad constitucional no sometido a las reglas de la ley, sino más sometido a las valoraciones éticas y morales de los ministros.

Se entendió, tan este argumento fue considerado y es un argumento que abiertamente se hace ante la opinión pública, que nueve ministros estuvieron en contra de que se estableciera este tipo de responsabilidad y sólo dos sostuvieron el dictamen, porque es muy importante.

Ahora, también nos dice la Corte que ese sistema de reglas tiene deficiencias y que ese sistema de reglas tiene que ser vuelto a analizar para tomar aquellas medidas necesarias para evitar esta tragedia y nos allanamos a lo dispuesto por la Corte en ese sentido, por la gran mayoría de sus miembros, y asumimos en este acto el compromiso de trabajar con el Congreso.

Como ustedes saben, en el Congreso está una nueva Ley de Protección Civil y tendrá que analizarse en el marco de la discusión de esa ley, precisamente, determinar o incrementar los grados de exigencia y cuidado que tengan que tomar determinados servidores públicos, frente a grupos vulnerables.

Ciertamente este dolor no puede ser improductivo, no puede ser infértil. Tiene que ser el espacio desde el cual una tragedia de esta dimensión no vuelva a ocurrir.

Y para ello, entiendo que la Corte nos recomienda al Congreso y a nosotros trabajar juntos en la redefinición de esos marcos.

Así también en el ámbito de las facultades que tiene el Ejecutivo Federal hay recomendaciones para seguir mejorando esos procesos.

La Corte nos dice: De acuerdo al sistema de reglas, tales funcionarios no estaban en el ámbito de obligación de evitar esto, porque no tenían las herramientas legales para ellos o no estaba en sus deberes concretos; tales funcionarios sí; y por eso se estableció, básicamente se anunció quiénes tenían la responsabilidad concreta de evitar esta tragedia y no estaba en la responsabilidad de sus competencias y sus atribuciones, en cuáles no estaba.

Y normalmente esto se hace en los niveles más cercanos al lugar de los hechos, porque son los que están cerca de los sucesos y los que tienen que tomar las medidas cautelares para que estas cosas no sucedan.

Al final, como toda pirámide, en los puestos de los altos mandos también hay una distancia sobre la operación y eso es reconocido por la Corte y es reconocido por el sistema de reglas. Pero también nos dice: Revisa esas reglas.

Tengo que aceptar que en base al sistema de reglas previsto sólo a éstos se les puede fincar responsabilidad, pero también tenemos que fijar que ese sistema de reglas probó su insuficiencia y tiene que ser revisado.

Asumimos, con ponderación y con seriedad la recomendación de la Corte y asumimos el compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas en una tarea que por lo regular no da lugar a las divisiones partidarias, porque por su nobleza convoca a acuerdos y consensos, a trabajar con ellos para fijar y analizar estas reglas, y atender con ellos, como autoridades constitucionales, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, avanzar en el diseño de esas reglas.

Siguiente pregunta, lo de las investigaciones de la PGR. Como ustedes saben el Ministerio Público federal tiene un grado de autonomía suficiente que no está, no puedo yo ser su vocero, no me toca a mí conocer sus indagatorias.

Yo conocí el peritaje del señor Smith a través de los padres de familia que se los entregaron a funcionarios, que me los entregaron a mí, como partes, como víctimas, como ofendidos en este proceso, no de parte de la Procuraduría General de la República.

Y en ese sentido, yo lo he valorado, es interesante, yo creo que tendrá que ser analizado y procesado; y en su momento inclusive tendrá que ser hasta presentado ante el juez para que lo valore en los procesos que ahora están en curso.

Y sí mueve a que se haga una investigación más seria, sobre todo cuando esto es un esfuerzo que hicieron padres de las víctimas y que implica que se despeje o se confirme una preocupación de ellos, como puede ser la hipótesis que se plantea en ese peritaje de un incendio provocado.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Las guarderías son espacios emancipadores, sobre todo de las mujeres de este país. Gracias al sistema de guarderías, sobre todo mujeres, hombres y mujeres puede ser, pero la verdad es que sociológicamente se les permite a las mujeres vincularse de una manera más clara a la actividad productividad al tener la posibilidad de que sus niños sean atendidos durante los horarios laborales.

En nuestra misión está buscar mejorar todos aquellos espacios y mejorar las condiciones de seguridad de todos aquellos espacios, pero sin cancelar este derecho que realmente es un factor de emancipación, sobre todo para un grupo que es las mujeres, a fin de que puedan tener una mayor capacidad de vincularse a tareas productivas.

Tenemos que entender, en estos casos, si haciendo las enmiendas necesarias se salvan los problemas, obviamente que la idea es mantener el sistema de guarderías y profundizarlo lo más posible porque es una condición para que un grupo importante de la ciudadanía, desde los niños que son atendidos ahí hasta sus madres, puedan posibilitar su capacidad de incorporarse a las exigencias laborales del presente.

Sociológicamente hemos cambiado, cada vez hay una mucha mayor participación de las mujeres en el ámbito de lo laboral y de la vida productiva del país; y esto se explica mucho porque hemos podido generar espacios en donde sus hijos pueden estar cuidados mientras ellas trabajan.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: No, no, no. Es muy sencillo, usted me parte de una hipótesis muy clara: "¿Van a cerrar todas las que observaron?" No.

Yo lo que digo, y este es el principio que le contesto, donde se pueda mejorar la seguridad con las reformas necesarias, yo tengo que buscar defender dos prioridades: La seguridad de los niños y la prestación del servicio de guarderías.

Entonces donde podamos enmendar y abatir los riesgos y tomar las medidas cautelares y dejar las guarderías, lo lógico es dejarlas para no hacer una afectación al sistema social que implica la privación de derechos de las guarderías. Son elementos esenciales en la vida moderna.

-PREGUNTA: (Inaudible)

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Yo lo que les puedo decir, obviamente que nosotros como autoridad reguladora de Protección Civil con varias autoridades, sobre todo que atienden a este tipo de grupos, normalmente generamos normas oficiales y se establecen los mecanismos para que se pueda verificar que realmente están cumpliendo.

A nosotros lo que nos toca verificar es que asuman políticas de protección civil dentro de sus espacios, ya luego determinar qué autoridades son las que hacen las supervisiones.

Yo lo que le puedo decir es que se ha venido haciendo un trabajo importante en el Seguro Social y otras medidas están por tomarse en el ánimo de la recomendación de la propia Corte. Y entiendo que será en próximas fechas que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social informará de estas medidas a la opinión pública.

Carlos Quiroz, de Grupo Imagen.: -Secretario, buenas tardes. Entiendo, por la declaración que hacía al principio, que independientemente de esta resolución que toma la Corte, continúan las investigaciones, como usted ya lo había señalado.

Y por lo que acaba de comentar, tal vez no lo entendí bien, quisiera que me lo explicara, que fuera más concreto, ¿la preocupación del Gobierno Federal era de que no se acusara a los altos funcionarios, en este caso a Molinar Horcasitas, a Karam y al Gobernador y que fueran los responsables los que están más cercanos a la operación de las guarderías?

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: No. Mire, las tareas del Secretario de Gobernación fueron tareas de principio, no tareas de personas.

La ponencia del Ministro Zaldívar proponía que la Corte estaba facultada para imponer una responsabilidad constitucional de orden ético y político que hacía abstracción del sistema de reglas y competencias del servicio público, un nuevo sentido de responsabilidad que se planteaba.

Yo fui a decir, entre otros argumentos, que una responsabilidad así, no basada en el ámbito de deberes y obligaciones de los servidores públicos, podría ser totalmente desorientadora, porque todos los servidores públicos nos tenemos que normar en las competencias que nos da la ley, no podemos hacer nada que no nos esté permitido; que no nos esté autorizado, ya para nosotros significa una prohibición.

Entonces es en base a la ley que dicta un Congreso electo democráticamente la que nos señala el camino de nuestra actuación.

Si alguien tiene problemas con la ley, la única salida que tiene es su renuncia, pero si no, todos los servidores públicos están obligados a servir la ley.

Ahora se habla también de la objeción de conciencia en ciertos casos, pero a los servidores públicos no les es facultativo cumplir con la ley o no, les es una exigencia; si tienen algún problema personal con eso, no pueden ser servidores públicos.

Si ese es el esquema bajo el cual yo tengo que establecer lo que me toca hacer y de repente me lo sacan del contexto, dicen que eso es irrelevante, que se tiene que hacer una valoración estrictamente en el orden de la política y de la moral, yo digo: pues los dejan en un estado imposible, porque con qué referentes ordeno mi actuación, qué referentes morales, de quién, bajo qué lógica o políticos de quién o bajo qué lógica.

Los referentes que tenemos los servidores públicos son los que están previstos en la ley, si no, sería de una gran desorientación o de una gran injusticia.

Por eso yo estaba especialmente preocupado por el tema, de que se tratara de consolidar o inaugurar una responsabilidad política o moral que no tuviera sustento en la ley y en las reglas del Derecho.

Entonces yo con tranquilidad vi que en este punto fue abrumadora la mayoría, de nueve contra dos ministros, el ponente y el Ministro Silva Meza, de nueve diciendo que no había cabida para tratar de plantear una responsabilidad desde esta lógica, desde la lógica no normada.

Y sí creo que es fundamental, es preocupante, o sea, sí era muy preocupante que se tratara de construir una nueva figura constitucional como la responsabilidad política y moral que podía dictar la Corte.

-PREGUNTA: Se supone que éstas seguirán su curso y en determinado momento, si hay responsabilidad para estos altos funcionarios, tendrán que responder ante la justicia y en ese sentido no habrá de otra, ¿no?

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Tú abres a una especulación y entramos en un terreno de especulación, ¿si esto pasa, pasa y pasa? El hecho es: Hoy por hoy las investigaciones en su momento señaladas por la Procuraduría Federal y la Procuraduría General establecieron responsabilidad en determinados funcionarios y determinados particulares.

La Corte determinó que en función al sistema de reglas que rige la acción de los servidores públicos, sólo podrían decretarse como autoridades involucradas a ciertos niveles de competencia, porque uno debe responder por el tramo de control que tiene. Ese es el espacio de responsabilidad que se les da a esos cargos.

Tampoco se trata, en un afán de responsabilizar a quienes están cerca de los eventos y tienen las herramientas para evitar las tragedias. O sea, no voy a alimentar la hipótesis que si esto sucediera en el futuro; me parece absolutamente hipotético.

Lo que sí es muy poco probable, porque ya tanto las Procuradurías como jueces federales, como la propia Corte, han señalado que el nivel de responsabilidad, después de haber hecho investigaciones muy importantes, que los niveles de responsabilidad se están determinando al nivel de los funcionarios que dentro de su tramo de control tenían los deberes concretos de evitar la tragedia ocurrida el 5 de julio en la Guardería ABC y a ellos se les ha responsabilizado.

Silvia González, de Formato 21: -¿Le parece ético, señor Secretario, que tanto Juan Molinar como Daniel Karam sigan ocupando cargos en la Administración del Presidente Felipe Calderón?

La otra es que los padres no quieren más condolencias, sino justicia y por eso han anunciado que van acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Esto le preocupa al Gobierno de México? Ya hay varios casos que están llevando a los organismos internacionales defensores de derechos humanos, porque en México no encuentran esta justicia que están exigiendo, señor Secretario.

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Uno, yo puedo entender y soy empático y muy respetuoso del dolor de sus padres. Y si deciden acudir a una nueva instancia a hacer valer, el Gobierno acudirá y hará valer sus razones y asumirá las resoluciones de aquellos espacios en donde ha decidido reconocerles jurisdicción, como ha sucedido en otros casos.

El hecho es que acudir a estos casos está dentro del propio sistema de reglas de nuestro sistema constitucional y no sólo merecen todo mi respeto, sino inclusive a mí me toca garantizar que puedan ejercer esos derechos y realizar esas acciones.

Por lo demás, en las valoraciones yo sí les puedo decir que están hablando de dos funcionarios que no sólo fueron conmovidos por la tragedia; no se ha podido acreditar que ellos estuvieran en el margen de responsabilidad para evitarla, pero sí para a partir de las lecciones de esta tragedia tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Pero yo creo que hay declaraciones de Ministerios Públicos, de jueces y una Corte, que señalan que no estaba en su ámbito de competencia el realizar las acciones concretas que esto lo evitaran, que estaba en el ámbito de otros. Imagínense, éstos eran titulares de organizaciones nacionales, que operan en todo el país.

Si no vamos entrando a la responsabilidad cada vez más cerca del lugar donde se prestan las cosas, llegamos entonces a desresponsabilizar a los que sí tienen la posibilidad concreta de evitar una tragedia por responsabilizar a los otros sólo porque son en los altos mandos. Yo creo que tendríamos que revisar eso, no veo en ello ninguna contradicción ética. 

 Brenda Herrera, Enfoque: -Secretario, yo sí quisiera insistir: ¿Para el gobierno Federal dónde quedan, ya sabemos, nos ha platicado usted ampliamente que no hay ninguna responsabilidad en el ámbito jurídico, pero el Gobierno Federal dónde pone las responsabilidades políticas y morales, y si tendríamos que dar con esto descartado o dar por descartado alguna renuncia de un funcionario?

Y perdón, yo sé que no es el tema de la conferencia, pero sí nos gustaría, sí es de nuestro interés que nos diera un comentario sobre estas acusaciones de que los aparatos de inteligencia se están utilizando en asuntos políticos, qué queda de las elecciones, cómo van a resguardarse, sobre todo cuando sigue la violencia en algunos estados que tendrán comicios.

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, regreso y señalo: El Ejecutivo Federal ha escuchado con atención las preocupaciones de las Cortes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de veras reconoce y busca ser sensible frente al dolor inaudito de los padres; nadie puede ser ajeno, es una tragedia que sólo estando muy cerca de esas situaciones uno puede comprender la profundidad de ese dolor y nadie en el gobierno puede ser ajeno a ello, sobre todo aquellos que acuden al gobierno con una vocación de servir a su país.

En este sentido, y haciéndonos de esas preocupaciones, es que hoy nosotros aceptamos las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia para trabajar, para llegar y a partir del dolor de esta experiencia generar nuevos sistemas de reglas que nos permitan tomar aquellas medidas de cautela que eviten que esta tragedia se vuelva a dar.

Desde ahí es donde nosotros asumimos la responsabilidad de estas recomendaciones, escuchamos a la Corte y nos comprometemos a trabajar con el Congreso en la nueva Ley de Protección Civil y adoptar medidas -que ya se harán, de los órganos concretos que se anuncien- en términos de mejorar las reglas de cuidado.

Por lo que toca, escuché hoy en la mañana al gobernador Peña Nieto, quien normalmente es más mesurado en sus opiniones, y yo le reitero: El Gobierno Federal ni sus áreas de inteligencia están involucradas en cuestiones de espionaje político.

El Gobierno Federal está involucrado en encontrar la información pertinente en materia de seguridad nacional para abatir y fortalecer su capacidad de combate a los problemas de delincuencia que hoy enfrentamos.

Así pues, con todo respeto, le digo al señor Gobernador que su sospecha no tiene fundamento por lo que toca a las áreas de inteligencia con las que esta Secretaría trabaja.

Dos, son hechos lamentables que se tendrán que preocupar, no es la primera vez que suceden estas cosas en Veracruz, parece que está en la lógica de las campañas políticas de Veracruz este tipo de revelaciones y filtraciones y habrá que atenderlo también en su contexto.

Pero, tres, sí estamos y deberemos trabajar con los gobiernos de los estados donde hay elecciones para garantizar, yo les puedo decir, hay condiciones para que los mexicanos y las mexicanas salgan a cumplir con sus deberes políticos y electorales.

Trabajaremos para que existan mecanismos operativos de seguridad de los dos niveles que garanticen que nadie sea molestado en su legítimo derecho a sufragar el voto y que se garanticen las condiciones de paz.

Estamos preparando y analizando siempre el terreno de estos estados de elecciones para garantizar que los mexicanos puedan ejercer libremente su derecho a su voto y que no se sientan intimidados por la situación.

En los días de elecciones nunca ha habido incidentes graves, normalmente se ha posibilitado, en la gran mayoría del país siempre se ha posibilitado de manera pacífica el derecho al voto y no va a ser la diferencia este 4 de julio.

Eduardo Castillo, de la Agencia AP: -Qué tal, Secretario. Oiga, ¿qué le comentaría a algunos de los padres de los niños de la guardería y a sus abogados, que están diciendo que funcionarios del Gobierno Federal fueron a cabildear a la Suprema Corte para que los ministros no señalaran como involucrados en estas violaciones graves a altos funcionarios y solamente a subordinados?

Y segundo, si me permite, Secretario, Amnistía Internacional se acaba de sumar a este llamado de Human Rights Watch, para que sea la autoridad civil la que indague este caso de los niños Almanza y están dando como válida la investigación de CNDH de que el Ejército alteró la escena.

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Les digo: Como servidor público no puedo desconocer el dolor de su tragedia. Acudimos a la Corte a buscar que se hiciera justicia de acuerdo al sistema de reglas que determinan las responsabilidades de los servidores públicos.

No fuimos a defender a nadie, sólo fuimos a pedir que se aplicaran reglas razonables que permitían a los servidores públicos determinar dónde están sus deberes y dónde no, y no que se empezara a señalar una relación no articulada entre un hecho tragiquísimo y los funcionarios más altos, o sea, que siempre hay una relación, uno debe ser y asumir responsabilidad por lo que le toca evitar tratándose de las omisiones.

Pero si este deber está en otro nivel y en otra parte, por qué escalarlo hasta allá. Yo lo que digo es: ¿Y un dolor tan profundo se aliviará si se comete una injusticia? Yo sólo pido esa reflexión.

Yo entiendo el enojo y la frustración, yo lo entiendo, yo tengo una hija, imagínese saber que está sometida o que fue sometida a ese dolor, yo lo puedo entender porque se acerca a mí mismo, a cualquiera de nosotros que tenemos el privilegio de la paternidad, es una tragedia que nos toca profundamente.

Lo que yo digo es, en serio, un escalamiento no reglado, abstracto, poco diluido de la responsabilidad política, ética y moral es la solución cuando lo que tenemos es que ver que las reglas se cumplan por quienes están obligados a cumplirlas y se eviten estas tragedias.

Yo fui de buena fe y sin vergüenza a hacer valer estas autorizaciones, no a litigar en contra de los padres de esos niños, yo nunca hice eso.

Y por lo que toca a lo de la Comisión, aquí tenemos otro problema de diseño normativo. El Congreso de la Unión -y yo creo que con toda razón- dijo: "Las averiguaciones previas son secretas para quien las haga, no las puede revelar"

¿Por qué? Porque su secrecía responde a no alertar al culpable, no estigmatizar al inocente, no estar aventando dudas sobre igual no tiene nada que ver y no estar socializando la duda propia de una investigación.

Ellos tienen la competencia natural para hacer estas investigaciones, no le pueden revelar esa información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está en la ley; ni a terceros ni a nadie, sólo pueden conocer de esas informaciones en los términos que señala la ley quienes están facultados por ellos, pero no gentes ajenas a la dependencia.

Hoy la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aceptada por ellos mismos, dice que no tiene todas las versiones, sino sólo unas.

Yo lo que digo es que la valoración que se haga de esa recomendación se tiene que reconocer que está descontextualizado, que es cierto que parte de ese problema es que no puede conocer las indagatorias que hace la autoridad en este tipo de investigaciones y que así lo ha dispuesto la ley, es cierto.

Tendremos que ver cuál es la función de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso, pero si ella misma acepta que no pudo hablar con todas las evidencias y tener acceso a todas las evidencias, yo lo único que he dicho es, independientemente de cualquier cosa, el hecho de que esté descontextualizada, de que sólo haya tenido acceso a parte de la evidencia, es un hecho que no debe ser ignorado a la hora de valorar sus conclusiones. Es todo lo que yo he dicho.

-PREGUNTA: Secretario. ¿En un momento usted aceptaría lo que dice la CNDH de que fue alterada la escena por militares?

-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, yo tendría que ponerme a hacer una investigación en ese sentido. Sí es cierto, y ya se ha señalado, que la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Fuerzas Armadas están generando protocolos para generar una cultura de respeto a la escena del crimen y facilitar la labor de las investigaciones.

Normalmente este tipo de eventos son violentos y dan un esquema en que el riesgo, o sea, se tienen que tomar todas las precauciones para ver que el riesgo de agresión ya pasó y normalmente esta movilización afecta en buena medida las escenas del crimen. Tienen que tener claro que ya no están expuestos los que están en esos lugares al fuego cruzado al que están confrontando.

Tenemos que buscar ciertas reglas de disciplina mínima, que a pesar de que sin dejar de reconocer la necesidad de esas maniobras no alteren las escenas del crimen, las escenas de los hechos para que los peritos puedan realiza

r sus labores.

Pero yo creo que es un problema en cualquier caso de falta de entrenamiento, no de dolo o de mala intención.