Blake Mora en san Lázaro

Comparecencia del Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

México, D.F., 24/09/2010

México, D.F., 24 de septiembre de 2010

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la comparecencia del Secretario de Gobernación ante la Comisión de Gobernación de la Honorable Cámara de los Diputados.

Esta presidencia informa que han registrado su asistencia ciudadanos diputados miembros de la Comisión de Gobernación y, por lo tanto, hay quórum para llevarla a cabo.

De conformidad con el artículo 7, numeral cuatro; 33 y 34, numeral uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece el licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, invitado a esta reunión de la Comisión de Gobernación en la que se llevará a cabo el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el tema de su competencia.

Licenciado Francisco Blake Mora, hago de su conocimiento que comparece ante esta Comisión de Gobernación bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello pido al señor licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, ponerse de pie para rendir protesta. 

Ciudadano José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, en términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta Comisión de Gobernación a la que comparece?

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Sí, protesto.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Gracias.

Le pido al secretario Felipe de Jesús Rangel Vargas, dé lectura al acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de septiembre.

- SECRETARIO DIPUTADO FELIPE DE JESÚS RANGEL VARGAS: Buenos días a todos. Acuerdo relativo a las comparecencias en comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal, para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, numeral cuatro; 33 y 34, numeral uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que el pasado primero de septiembre de 2010, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su Cuarto Informe de Gobierno, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Que el numeral 4, del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Cámaras analizarán el informe presentado por el presidente de la República, clasificándolo por materias en política interior, política económica, política social y política exterior.

Tercero. Que en el marco de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 constitucionales, para efectos del análisis del Informe de Gobierno cada Cámara podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, así como para que den cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos.

Cuarto. Que de acuerdo con los artículos 33 y 34 de la propia Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos en convergencias políticas a fin de avanzar, alcanzar los acuerdos, para que el pleno estén en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le correspondan. De igual manera tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

Quinto. Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en su reunión celebrada el día 8 de septiembre de 2010, acordó que las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal, con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno se llevarán a cabo en el seno de las comisiones.

Sexto. Que la Cámara de Diputados ha iniciado en su sesión del día 9 de septiembre 2010 el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la república. Sin embargo, con el ánimo de profundizarlo y de establecer un diálogo constructivo entre los Poderes Legislativos y Ejecutivo, esta Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer a los titulares de diversas dependencias de la administración pública, para conocer del estado de sus respectivos ramos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 7, numeral 4, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados acuerda celebrar en el seno de sus comisiones las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo federal a efecto de realizar el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4, del artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dentro del marco regulado por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Las comparecencias que deberán celebrarse son las siguientes:

Fecha 24 de septiembre, diez horas, dependencia, Secretaría de Gobernación. Titular: José Francisco Blake Mora; Comisión de Gobernación.

Tercero. Para los efectos de estas comparecencias se deberán cumplir las formalidades establecidas en la Constitución con objeto de que los funcionarios rindan la protesta respectiva.

Cuarto. Las comparecencias se desarrollarán conforme al siguiente formato:

I. Intervención inicial por parte del funcionario compareciente, hasta por 10 minutos.

II. Habrá rondas de preguntas y respuestas sucesivas por parte de los grupos parlamentarios.

III. En la primera ronda la intervención de los grupos parlamentarios será hasta por diez minutos cada una. Las sucesivas serán hasta por cinco minutos. El secretario contará con cinco minutos para sus respuestas. Los grupos parlamentarios contarán con cinco minutos para hacer comentarios sobre las respuestas a las preguntas realizadas.

IV. La mesa directiva o mesas directivas involucradas, al final de las rondas establecidas consultarán si el objeto motivo de la comparecencia se encuentra suficientemente desahogado. De ser así, se dará por concluida la comparecencia.

V. El presidente de la comisión o comisiones podrá llamar al orden y exhortar a los diputados a abocarse al tema motivo de la comparecencia.

Quinto. Se determina que podrán participar en las comparecencias con derecho a voz, los diputados que designe cada grupo parlamentario, aun cuando no formen parte de los órganos legislativos involucrados, en cuyo caso deberá notificarse con la debida anticipación a la presidencia de la o de las comisiones respectivas, los nombres de los participantes y estos se sujeten a los procedimientos e intervenciones establecidos.

Sexto. En los casos en que se presente solicitudes de preguntas por escrito en los términos de los artículos 69 y 93 constitucionales, las comisiones deberán informarlo a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que dicho órgano decida lo conducente.

Séptimo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, numeral II de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal, los términos del presente acuerdo, a efecto de que se notifique a los secretarios correspondientes.

Octavo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorios

Único. El presente acuerdo entrará a en vigor al día de su publicación por el pleno de la Cámara de Diputados. Es todo, presidente.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, secretario. Informo a los miembros de la comisión que conforme las fracciones II y III del punto cuarto del acuerdo que acaba de leer el secretario Rangel Vargas, los grupos parlamentarios de Convergencia y del Partido del Trabajo, acreditaron, además de los diputados miembros de esta comisión, que habrán de intervenir en las rondas que la Mesa Directiva ya ha enlistado, a los siguientes diputados: Por el Partido Convergencia, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez; el Partido del Trabajo ha acreditado dos participaciones adicionales, en los términos de este acuerdo, que son el señor diputado Gerardo Fernández Noroña y el señor diputado Jaime Cárdenas, además de la intervención que tendrá como secretario Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Doy cuenta que son los dos únicos grupos parlamentarios que registraron diputados adicionales a los que forman parte de este órgano legislativo.

A efecto de realizar el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la república y para dar cumplimiento al punto cuarto, fracción I del acuerdo aprobado por esta Cámara de Diputados que normará esta comparecencia, voy a ceder la palabra al licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, hasta por 10 minutos. Tiene usted la palabra, señor secretario, y bienvenido a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente, diputado Javier Corral Jurado, a todos los miembros de la comisión muchas gracias por su presencia, a la diputada Beatriz Paredes le aprecio también su participación en la comisión. Buenos días a todos.

Es un honor para mí comparecer ante ustedes en este recinto y poder cumplir con la convocatoria emitida por esta honorable Cámara de Diputados para llevar a cabo la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de nuestra Constitución respecto al informe enviado por el presidente Felipe Calderón al Congreso de la Unión el pasado 1 de septiembre.

Me presento aquí como parte del Ejecutivo federal, con la certeza de que podamos aprovechar esta oportunidad para comunicar y ofrecer los resultados alcanzados, para dar cuenta de los compromisos asumidos y de los avances logrados, pero también para escuchar sus puntos de vita, sus críticas y contribuciones.

El ejercicio democrático de gobierno no puede ser una acción unilateral y excluyente; por el contrario, el gobierno es una actividad que se fortalece con la incorporación y la integración de distintos puntos de vista y experiencias.

Quiero aprovechar la oportunidad para presentar las prioridades más visibles que se han atendido este año desde el Ejecutivo, en el ámbito de mis competencias. Quisiera enmarcarlas dentro de una lógica de gobierno cuyo ejercicio está por supuesto abierto a cuestionamientos y mejorías, pero que tiene una motivación clara: el bienestar del país.

Estoy cierto de que como servidores públicos esa motivación nos une y nos permite plantear un diálogo propositivo, respetuoso e incluyente.

En este ánimo concurro a escuchar críticas y propuestas, a responder preguntas que se me formulen. Estoy convencido de que en la medida en que mostremos plena disposición a reflexionar, a rediseñar, a inyectar a la dinámica de gobierno voluntad y fuerza, seremos capaces de concretar acuerdos que se acerquen a las metas que como servidores públicos, como mexicanos, compartimos.

Las acciones llevadas a cabo desde el inicio de esta administración se han enmarcado en el objetivo de fortalecer a las instituciones democráticas. Gran parte de las acciones han estado encaminadas a que las instituciones de seguridad sean capaces de garantizar la tranquilidad, la convivencia ordenada y la seguridad de los ciudadanos.

Se trata de generar una cultura de la legalidad y que la convivencia social se rija por ella. Estas acciones se basan en la idea de que a medida que se fortalece la convivencia se dan verdaderas garantías al ejercicio de los derechos democráticos.

Mientras las reglas sean claras y se implementen dependen menos de las personas que toman las decisiones y cada vez más de la imparcialidad de las mismas. Por eso, a medida que se fortalezcan las instituciones pueden desarrollarse las relaciones sociales más respetuosas y dinámicas de producción más prósperas y equitativas. El fortalecimiento institucional tiene como objetivo último incrementar el espacio de oportunidad para todos los mexicanos y ofrecer un espacio de tranquilidad y certidumbre jurídica para todos los ciudadanos.

Desde la Secretaría de Gobernación es nuestra labor contribuir a la definición y consolidación de mejores instituciones para proveer de seguridad, gobernabilidad y respeto a los derechos humanos.

La libertad de expresión es sin duda uno de los mayores bienes con que contamos los mexicanos; sin embargo, la violencia exacerbada en algunas regiones del país ha afectado la convivencia social y el ejercicio de esta libertad.

Esta situación es inaceptable en cualquier democracia, por ello el gobierno federal trabaja para establecer mecanismos interinstitucionales que garanticen la seguridad de los periodistas. Desde la Secretaría de Gobernación se trabaja en coordinación con distintas dependencias y organizaciones de la sociedad civil para la creación de un mecanismo de protección de periodistas y personas en la defensa de los derechos humanos.

De igual forma, las autoridades federales han buscado asumir un papel más activo en el combate de este delito. Producto de este esfuerzo está la iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional para hacer valer la trascendencia de este ámbito de la libertad de expresión y atender los crímenes desde el punto de vista federal, y esperamos que esta iniciativa podamos también construirla.

En otro tema. Se ha concretado la atención a la opinión pública hacia la política migratoria de nuestro país. De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la política migratoria del gobierno federal tiene como propósito facilitar, ordenar los flujos migratorios desde y hacia nuestro país, privilegiando la protección y el respeto por los derechos humanos de los migrantes, la cooperación internacional y la seguridad nacional.

Este año hemos avanzado de manera importante en la profesionalización del personal. Hemos facilitado el ingreso de flujos migratorios en beneficio para el país. Se ha significado el trato de atención a grupos vulnerables, entre ellos a los menores no acompañados. Hemos dado certeza jurídica a quienes ingresan irregularmente al país. La colaboración con este Poder Legislativo ha permitido hoy, perseguir de oficio delitos de tráfico de personas e incrementar las penas que requieren de combatirse.

Debemos reconocer, sin embargo, que así como tenemos algunos avances importantes, tenemos también tareas pendientes en materia migratoria. Requerimos impulsar la modernización y actualización de nuestra política migratoria a fin de dar respuestas a los crecientes retos que presenta la migración interna, internacional para nuestro país. Un aspecto central es la actualización del marco normativo, que bajo un enfoque integral garantice el respeto irrestricto a los derechos de las personas sin importar su situación migratoria.

El gobierno federal, y en particular la Secretaría de Gobernación -no omito señalarlo- es la responsable de la ejecución de la política migratoria, pero su fortalecimiento como una política de Estado incumbe, tanto al Ejecutivo federal, como al legislativo; y yo estoy seguro que habremos de trabajar conjuntamente para actualizar nuestra legislación acorde a los nuevos tiempos que vive México y a los nuevos fenómenos que acontecen.

La política de derechos humanos del gobierno federal está comprometida con el respeto irrestricto de los derechos humanos, como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, para alcanzar sus objetivos en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos. A la fecha, hemos cumplido y estamos en vías de cumplimiento en sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hemos atendido a los órganos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; recibido a los relatores de educación y libertad de expresión de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA); mantenido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cooperación para el cumplimiento de las recomendaciones; próximamente publicaremos el Programa para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; y finalmente hemos consolidado la coordinación con estados y municipios para fortalecer las políticas públicas en materia y la implementación de medidas cautelares compartidas.

Para combatir el delito de secuestro de migrantes se han desplegado estrategias de prevención y atención, firmando convenios con los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, y pronto lo haremos, por supuesto, con más entidades federativas.

En el sector de las comunicaciones, es un sector clave para el desarrollo del país, para ello hemos impulsado una serie de acciones que permitan incrementar la cobertura de los servicios, la convergencia de las tecnologías y mayor competencia en el sector, acorde con toda esta reforma en el sector de telecomunicaciones establecimos un organismo público que soporta una cadena de televisión pública basada en la ampliación de la cobertura del Canal 11, televisión México, a importantes ciudades del país.

Con esta estrategia de modernización se promulgó el decreto que estableció el inicio de la transición de un sistema analógico a un sistema de televisión digital, lo cual permite alcanzar plena convergencia en el sentido de telefonía, internet y televisión digital. Esto permitirá una mayor participación de proveedores de señal de televisión, y sobre todo, de servicio de telecomunicaciones; pero lo más importante, permitirá que más mexicanos tengan al alcance de sus manos la tecnología más avanzada para estar en mejor  comunicación.

La realidad que vive nuestro país hoy en día, obliga a que centremos la atención de las autoridades al tema de inseguridad pública. La confrontación entre organizaciones delictivas por mercados de consumo ha generado un clima de violencia que vulnere el ejercicio de las garantías democráticas de los ciudadanos.

El reto en la materia está definido por diversos fenómenos, entre otros, por organizaciones criminales que operan en alguna parte del territorio nacional, grupo sólidamente estructurado con una alta capacidad corruptora, instituciones de seguridad que se han debilitado, carencia en el consumo a drogas y tejido social desintegrados, escasa cooperación a veces internacional de un problema regional. Estos retos fueron asumidos con una estrategia integral con los siguientes objetivos: recuperación del territorio, desarticulación de organizaciones criminales, fortalecimiento institucional, la prevención del delito, fortalecer la cooperación internacional.

Hasta aquí se puede, pues, concluir que hoy en día las organizaciones criminales tienen menos espacio de impunidad. Los grandes grupos están inmersos en procesos de debilitamiento. El Estado mexicano tiene hoy mejores instrumentos para combatir la delincuencia organizada para abarcar los ámbitos jurídicos operativos y tecnológicos, entre otras acciones.

Por ello, los diálogos demostraron que son un instrumento privilegiado para la incorporación de ideas, construcción de acuerdos en torno a objetivos comunes.

Me pongo a la consideración de todos ustedes. Sé que el país nos exige la disposición y colaboración en democracia. Nuestra responsabilidad como autoridades es atender esta exigencia, y hoy espero que éste sea un espacio más en ese sentido, que nuestro compromiso con el país sea evidente en la disposición a construir acuerdos conjuntos que logren mejorar nuestra realidad y el bienestar de todos los mexicanos.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario.

Vamos ahora a pasar a la primera ronda de las que van a constituir esta comparecencia y quisiera adelantar que vamos a ser muy estrictos con el tiempo, porque está programada una larga comparecencia. Van a participar en ella 25 diputados de los distintos grupos parlamentarios, que tendrán derecho a dos intervenciones, la primera de 5 y la réplica de 3 minutos, y el secretario de Gobernación podrá tener la alternativa de, o responder a cada uno de los planteamientos de los grupos parlamentarios, o juntar los distintos planteamientos y hacer una intervención al final de cada ronda.

- DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA: Pero que sí nos conteste.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, todavía ni siquiera ha podido responder el secretario nada, así que no podemos hacer todavía ese llamamiento, todavía ni siquiera inicia, diputado, la comparecencia en términos… el diputado Juan Enrique Ibarra. Nada más que está primero el diputado Víctor Hugo Círigo. Adelante.

- DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA: Con todo comedimiento, señor presidente, yo quisiera que en el ejercicio de réplica a que tienen derecho las señoras y los señores diputados se mantuviera lo que estableció el pleno, que es de 5 minutos y no de 3, y quien desee hacer uso de los mismos lo haga a su libre criterio.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Nosotros habíamos acordado en mesa directiva, para flexibilizar un poco más, hacer más ágil la comparecencia. Yo no tengo ningún inconveniente en que así sea, quien quiera usar los 5 minutos conforme al acuerdo, y si así están de acuerdo los integrantes de la comisión.

La comparecencia está planteada más o menos para estar terminando a las 3:30, 4 de la tarde como está formulada, si le adicionamos estos dos minutos por cada intervención de réplica es decisión de los miembros de la comisión.

Si están de acuerdo en ello, yo no tengo ninguna objeción. Entonces vamos a dejar la réplica en términos de 5 minutos.

Vamos a iniciar con la primera ronda. Tiene el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez.

- DIPUTADO VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ: Gracias, diputado presidente.

Compañeras diputadas y diputados, señor secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Bienvenido a esta Cámara de Diputados, señor secretario, y quiero comentarle que la presente reunión se da en medio de un escenario nacional cargado de preocupaciones colectivas y miedos individuales, con un rasgo distintivo; la ausencia de acciones que den solución a los problemas nacionales que son grandes y muy graves.

Hoy como hace tiempo no veíamos, nuestro país se va hundiendo en una crisis de gobernabilidad donde el timón de la nave se mueve por la pura inercia pero sin rumbo definido y esto es así entre otras causas por los pendientes que no han sido cumplidos, como el compromiso del Ejecutivo federal de una reforma política en cuya necesidad seguramente coincidiremos señor secretario, pues nuestro país requiere de reformas de gran calado en la materia, para concretar una gran reforma del Estado de la que formaría parte cualquier reforma política y que entiendo señor secretario lograr acuerdos y consensos en torno a este tema es una de sus mayores responsabilidades.

La izquierda y Convergencia, en particular, en esta legislatura ha presentado propuestas que pretenden fomentar formas de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, pues estos instrumentos permiten acercar a la sociedad a una mayor participación política, pues son ellos finalmente los destinatarios de las políticas públicas del Estado y por ello se les debe incluir en la toma de decisiones que tienen que ver con las mismas.

Sin duda, nos interesa también romper con el monopolio de la representación política y abrir el debate en torno a las candidaturas ciudadanas y desde luego permitir que estas sean otra forma de participación de los mexicanos, para la elección de sus representantes populares.

Por otra parte, requerimos revisar la conveniencia de que el Congreso de la Unión en el marco de la búsqueda del equilibrio entre poderes, pudiese asumir las atribuciones concedidas por ley que le permitiesen llevar a cabo una tarea fundamental para la gobernabilidad mediante la ratificación del gabinete, de esta manera se abriría la posibilidad de radicar el comportamiento desarticulado que se observa en el accionar de la mayoría de las dependencias del gobierno federal dando paso a la coordinación de acciones guiadas por un verdadero proyecto de nación y no depender de decisiones que muchas de las veces responden más a estados de ánimo de los titulares de las diferentes dependencias y en particular de la del Ejecutivo federal.

Lo señalado no es tarea menor, pues se requiere de un rediseño institucional que evite la recreación de una atmósfera en la que se otorgan todas las ventajas a un régimen presidencial. Necesitamos en suma tomar medidas legislativas alternas en lo que se refiere a cómo atender los grandes problemas nacionales y dar los virajes que se requieran en materias como las de seguridad pública y de política económica, para citar sólo dos claros ejemplos.

Por otro lado, nos preocupan también los constantes intentos por vulnerar el carácter laico del Estado, el cual se ha visto sometido a un ataque constante por aquellas fuerzas que desean retroceder la historia con afanes injerencistas inaceptables, mismos que desafortunadamente son alentados por la inacción del área responsable de la política interior del país en abierto desacato a lo establecido en la Constitución, configurando un escenario en que se promueve la participación del alto clero católico en asuntos públicos.

Quisiéramos rescatar, señor secretario, algún acierto en la conducción de los asuntos públicos del país. Sin embargo, la falta de resultados es prácticamente en todas las materias de amplios sectores de la población que se han visto afectados en su vida diaria.

El último dato de la incorporación de 5 millones más de mexicanos a situación de pobreza, la falta de oportunidades a las que ya nos hemos referido, así como los yerros que se concatenan de manera preocupante, nos permiten concluir que se ha perdido el rumbo como nación, además de ceder a las presiones de los poderes fácticos.

Otro aspecto que requiere una reformulación inmediata es el tema referente a la política migratoria que se sigue con respecto a los extranjeros que cruzan el territorio nacional con destino al vecino país del norte. Recientemente nos enteramos de un hecho profundamente lamentable, consistente en el artero asesinato de 72 indocumentados en el estado de Tamaulipas. Dicho suceso, condenable a todas luces, revela una profunda crisis que ya había sido denunciada por organizaciones que trabajan en la defensa de estas personas.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha desatendido dichas denuncias y es imprescindible enderezar el rumbo en la materia, que esperamos no se limite a la reciente renuncia de la titular del Instituto Nacional de Migración, sino que se vea acompañada del inicio de un verdadero replanteamiento, pues sus consecuencias no sólo vulneran los derechos humanos, sino que también tiene repercusiones en el escenario internacional.

Creemos que en todo Estado que se considere democrático, la autoridad en todos los niveles debe de mantener un grado absoluto de respeto para quienes cumplen la difícil función de vigilar por la observancia de los derechos humanos.

Lamentablemente, se ha llegado al exceso de descalificar el trabajo de los organismos encargados de velar por su respeto. Sólo por citar dos casos, su predecesor llegó al grado de calificarlos de “tontos útiles” a las Comisiones de Derechos Humanos estatales y a la nacional; y el caso del padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue de Ixtepec, Oaxaca, quien ha sido hostigado por elementos del Instituto Nacional de Migración y autoridades policíacas de los distintos niveles.

Por otra parte, resulta profundamente alarmante la poca importancia que en los hechos evidencia las omisiones de la autoridad, frente a los riesgos que enfrentan los periodistas en el desempeño de su trabajo en nuestro país. Situación que ha sido calificada como la más riesgosa que enfrentan los comunicadores a nivel mundial.

Hace unos días usted refrendó el compromiso del gobierno federal con la libertad de expresión y de prensa, así como la protección y la seguridad de la labor de los comunicadores en la lucha que libra el país contra el crimen organizado ante relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). No obstante, observamos con alarma el incremento de los ataques y crímenes de periodistas y hostigamiento a medios de comunicación. El caso de “El Diario” de Juárez es el más reciente y terriblemente dramático.

Otra grave omisión se refiere al problema que motivó, por permitir una quiebra fraudulenta, la paralización de operaciones de la aerolínea Mexicana de Aviación. Desde nuestra perspectiva, ello obedeció fundamentalmente al incumplimiento de las responsabilidades que por ley tienen los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y del Trabajo, haciendo oídos sordos, entre otras cosas, a las justas demandas de los trabajadores.

Éste no es un asunto menor, señor secretario, pues sin incurrir en nacionalismos exacerbados, creemos que es un asunto que no puede pasar inadvertido, pues se trata de la aplicación y probable riesgo de tener una sanción por parte de las autoridades de navegación del extranjero y terminar con una política de cielos abiertos que vulnera la soberanía nacional.

Lamentamos que, para supuestamente difundir los resultados de la denominada lucha contra el narcotráfico, además de los problemas de estrategia que contiene, trate de ser validada mediante un verdadero derroche de recursos que representa un incremento de 39 por ciento con respecto a la cantidad destinada al mismo rubro en 2009, ascendiendo a la exorbitante cantidad de 5 mil 152 millones de pesos aplicados en una política publicitaria desde las oficinas de Comunicación Social de la Presidencia que no resiste un análisis profundo, pues se montan muchas de las veces escenarios optimistas que son exclusivos del gobierno federal cuando se nos dique que esta lucha se va ganando, lo cual contrasta con las miles de ejecuciones y la exacerbación de la violencia en amplias zonas del país.

Finalmente, la realidad nos demanda la construcción de grandes acuerdos nacionales que debemos colocar en el centro de la atención, la gobernabilidad democrática y colaborar al fortalecimiento del tejido social.

Es indudable que el mayor reto para el Estado mexicano lo constituye la lucha que se libra contra la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, no puede tratarse con el mero incremento de recursos presupuestales mientras no se combatan las raíces de este mal.

Es así que arribamos a un escenario que debe ser superado a través de medidas como la aplicación de una política económica orientada no sólo al control de las variables macroeconómicas, sino también de manera decidida a la recuperación de la planta productiva, la generación de empleos y el combate a la desigualdad.

Señor secretario, no esperemos a que el caos nos tome por asalto. Además del intercambio de opiniones, requerimos de una participación más activa. Convergencia está lista para la construcción de los grandes acuerdos. Es cuanto, ciudadano presidente.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez. Tiene ahora la palabra hasta por 10 minutos el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo.

- DIPUTADO VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ: ¿Y después vendrían las réplicas?

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Esta primera ronda es de 10 minutos por cada uno de los diputados, de sus posicionamientos. Luego al final, el secretario ha preferido conjuntar su tiempo para hacer comentarios, respuestas, y en ese sentido vendrían después las réplicas a las respuestas del secretario, como lo establece el acuerdo.

- DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA: Gracias, presidente de la comisión. Si la memoria no me falla, es la primera ocasión desde que se dan las prácticas de las comparecencias de los secretarios, que en el caso de un titular éstas se han sucedido año con año por un secretario diferente.

Ésta es la cuarta comparecencia de un titular de Gobernación. El primer secretario fue un conservador de mano dura acusado de violaciones de derechos humanos. Luego vino un joven incondicional cuyos negocios privados entraron en conflicto con sus cargos públicos. Luego la tragedia lamentable llevó a que Calderón llamara a un competente abogado, con vínculos profesionales, cuestionables y un temperamento combativo.

Ahora quien ocupa el Ejecutivo nombra a un compañero de andanzas partidistas, cuya capacidad para conducir la política nacional apenas estamos empezando a conocer. Ante la situación de la política interna de desastre, mi primera pregunta ante la muy alta probabilidad de que no esté usted aquí el próximo año, secretario Blake, es preguntarle si tiene usted una idea de quién podría concurrir en su lugar.

Mientras tanto aprovechemos esta sesión. En un régimen parlamentario las crisis políticas serias se resuelven con un voto de confianza que implica la sustitución de quien encabeza el Gabinete y con frecuencia éste re mueve a algunos de los ministros. Ello no significa una ocupación de vacantes, sino el establecimiento de nuevos proyectos, nuevas prioridades y nuevos cursos de acción.

En nuestro país las reglas de un régimen presidencialista agotado han impedido un sano ejercicio en la renovación del Poder Ejecutivo. Los movimientos de Calderón delatan que los recursos de los secretarios de Gobernación han sido todos decepcionantes, porque en un sistema democrático los ocupantes de la Secretaría deberían de ser incluyentes, tolerantes, dispuestos a la mediación; deberían centrar su trabajo en la búsqueda de soluciones justas y expeditas.

En contraste, por órdenes de Calderón, la Secretaría ha sido una instancia de concentración del poder, cuyos titulares deben ser leales a los intereses de los poderes fácticos, deben ser sordos a las demandas de los trabajadores electricistas, de los trabajadores mineros de Cananea, de los migrantes y de las comunidades despojadas deben ser entrometidos en asuntos electorales, pero omisos en asuntos de derechos humanos.

Calderón ha convertido a sus secretarios de Gobernación nombrándolos padrinos para la firma de convenios que intercambian votos de castidad electoral, por la licencia para torturar con más impuestos a la población, como ocurrió con el IVA el año pasado. Los ha vuelto artífices de la justificación, el inmovilismo y la dilación.

Usted, secretario Blake, no pasó su primera prueba de fuego que significó la violación del Estado laico por parte de jerarcas de la iglesia católica como Juan Sandoval y Hugo Valdemar.

Contemplamos su pasmoso mutis, su oratoria estéril, hasta que dio una señal de tomar parte, sí, al reunirse con los líderes de la iglesia católica sin hacerles ninguna amonestación verbal. Con ello, usted, secretario Blake, demostró un total desprecio por la herencia histórica de la reforma juarista. Confirmó que los gobiernos del PAN no han querido entender que las creencias religiosas corresponden al ámbito privado con plena libertad y se han empeñado en introducir los dogmas a las instituciones públicas para ser condescendientes con los impulsos de una cúpula que no desperdicia oportunidad de imponer sus puntos de vista sobre la ciudadanía.

Por ello se requiere que los ministros de los cultos religiosos, en este caso la iglesia católica, se apeguen al derecho. Por ello le pregunto, secretario Blake ¿qué ha hecho usted como secretario de Gobernación para sancionar a los jerarcas católicos que han afectado a partidos políticos que son entidades de interés público, han dañado la imagen de la Asamblea Legislativa y de la jefatura de gobierno del Distrito Federal?

Esta administración se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos de los individuos, secretario Blake, de las comunidades, de los pueblos.

La medicación de Gobernación en conflictos sociales ha sido no sólo ineficaz, sino prácticamente inexistente. Los compañeros electricistas del SME han sido defraudados con una mesa de negociación inútil.

Como botones de muestra de ese desdén que tiene la secretaría a su cargo, de comunidades que están siendo excluidas y sus habitantes vulnerados en sus derechos humanos, le cito dos: el caso de Temacapulín, una comunidad enclavada en la región de los Altos de Jalisco, donde la soberbia del gobierno federal y del local de Jalisco insisten en violentar los derechos humanos, desplazando a toda una comunidad que tiene asentada más de 250 años, en la época colonial, y es una comunidad prehispánica.

Cuando vino su antecesor, el 22 de septiembre del año pasado, los habitantes de esa comunidad le dirigieron un escrito —que le voy a entregar—, está firmado. Nunca se dignó la Secretaría de Gobernación contestar. Ellos se oponen a la construcción de una presa porque ni siquiera fueron consultados. Hay recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en defensa de esa comunidad.

Otro caso más reciente, el caso de Tenacatita, en el litoral de la costa de Jalisco. Ya siendo usted secretario de Gobernación, el 24 de agosto, hace exactamente un mes, secretario Blake, estuvieron en sus oficinas, le pidieron una mesa de negociación porque fueron despojados y desalojados de la bahía de Tenacatita, después de 50 años: campesinos, ejidatarios fundamentalmente, pescadores, modestos prestadores de servicios turísticos.

Actualmente viven hacinados con familiares, con amigos en otro ejido que se llama El Rebalse y a un mes, secretario Blake, ya siendo usted secretario, ni siquiera les han contestado. Le voy a entregar la copia que entregó el comisariado ejidal de la Liga de Comunidades Agrarias de ese lugar.

En cuanto a la estrategia de seguridad, los más recientes estudios demuestran que el tráfico y el consumo de drogas han aumentado tanto en México como en Estados Unidos. En nuestro país, la erradicación de plantíos de las principales materias primas ha tendido marcadamente a la baja desde hace cuatro años, por lo que también en la producción tenemos un saldo negativo que cuestiona severamente la efectividad de una política que el Ejecutivo se obstina en mantener a sangre y fuego, a costa ya de casi 30 mil vidas humanas y miles de violaciones a la ley de huérfanos, de heridos, de víctimas de la injusticia.

Hace unos días el procurador Chávez afirmó que, de acuerdo con la experiencia internacional, sería difícil ganar la batalla contra el narcotráfico si no se golpean las finanzas de las organizaciones delictivas. Ésa es una muestra de que se está perdiendo esa batalla.

Hemos visto que el gobierno de facto que usted representa espera que este Congreso funja como una instancia supeditada a sus tercos intereses para endurecer, a través de la Ley de Seguridad, violaciones a las garantías individuales.

Por ello, en este tema que a todas luces es un fracaso, le dejo planteadas las siguientes preguntas: ¿qué está haciendo la secretaría para detener las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército, la armada y los policías?

¿Cuál es el saldo verdadero del combate al crimen organizado tomando en consideración que apenas en fechas muy recientes se ha reconocido la centralidad del problema financiero?

¿Cuándo cambiarán las ridículas operaciones improvisadas por el michoacanazo, por la aplicación de los mandos policiacos que han amparado al crimen organizado, contribuyendo a la violencia?

¿Qué políticas concretas se están tomando para revertir la opinión ciudadana que hoy percibe una situación generalizada de mayor inseguridad que en cualquier referente del pasado, a pesar del gran despliegue de elementos militares y policiacos?

¿Cuántos adolescentes de Ciudad Juárez, cuántos estudiantes del Tec de Monterrey, cuántos periodistas más tendrán que morir para que ustedes rectifiquen?

¿Cuál será el lema prevalente de este gobierno Vivir mejor o Morir mejor?

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias al diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Tiene ahora la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos, la diputada Lorena Corona Valdés.

- DIPUTADA LORENA CORONA VALDÉS: Con su venia, diputado presidente. Licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación; compañeros diputados.

El pasado 17 de septiembre de 2009 se celebró ante el pleno de la Cámara de Diputados la comparecencia del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y en el discurso abordé una serie de temas que hoy retomo para dar seguimiento a las medidas que la Secretaría de Gobernación ha implementado desde aquel entonces.

En aquella ocasión hice mención a diversos factores que amenazaban la estabilidad social de nuestro país. Hoy reitero, con desconcierto, que en el último año las cifras de inestabilidad social son alarmantes e inaceptables.

El problema de la inseguridad y violencia parece no tener fin. A principios de agosto de este año el Cisen reconoció que en lo que va del sexenio hubo 963 enfrentamientos públicos en carreteras y calles entre el crimen organizado y fuerzas del Estado, dejando un saldo de 28 mil muertos.

No obstante, el gobierno federal ha abordado este rubro desde un punto de vista conveniente y evasivo a través de una práctica instrumentada y manejada como una campaña mediática en la que se pretende enaltecer las funciones que de hecho tiene encomendado por mandato legal y, por tanto, obligados a realizar.

Así, cabe destacar la cobertura en medios, con relación a las capturas de presuntos operadores de la delincuencia organizada, sin reparar, incluso, en las consecuencias negativas que puedan derivarse de la falta de confidencialidad de los temas que han develado y que juegan en contra de la propia estrategia para seguir en esas labores de inteligencia que se debe tener para continuar con la lucha en contra del narcotráfico.

El derecho a la información se cumple cuando se informa de manera seria y oportuna este tipo de logros que son relevantes, pero que deberán tener un solo vocero y una sola versión de los hechos ya que ha habido ocasiones que diversas comunicaciones oficiales relatan los hechos ocurridos con información distinta, perdiendo así toda credibilidad de estas labores.

Señor secretario, ¿por qué no se muestra tan firmemente alguna estrategia contra la violación de derechos humanos perpetuados contra grupos especialmente vulnerables? ¿Qué sucede con las políticas migratorias, especialmente en casos controvertidos que han superado las barreras nacionales y que han acudido como última instancia a la justicia de órganos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿En qué momento se adicionará un comunicado tras cerrar el informe de gobierno que incluya acciones que permeen, efectivamente, a la sociedad en su conjunto y que los resultados realmente incrementen la calidad y bienestar de vida de los mexicanos?

El informe incluye un cuadro que abarca tres páginas, acerca de los principales logros contra la delincuencia organizada, entre los que se encuentran, aproximadamente, 236 operaciones de alto impacto durante los últimos cuatro años por parte de las Fuerzas Armadas, de lo cual resalta que este logro que se ha adjudicado arbitrariamente la Secretaría de Gobernación, en realidad corresponde a todos aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que arriesgan su vida a costa del desprestigio que se ha generado por una inexistente política en materia de defensa de derechos humanos, que sí es atribuible a la Comisión de Gobernación.

Las acciones emprendidas por el gobierno han enviciado el grado de deterioro y la infiltración que sufren algunas de las instituciones más importantes del país. Asimismo, no deja de llamar nuestra atención y nos preocupa el hecho de que las autoridades que participan en estas tareas sean frecuentemente acusadas de violar los derechos humanos de la población.

Desde el inicio de 2009 el gobierno puso en marcha una serie de operativos en contra de la delincuencia organizada, en ese momento el Partido Verde coincidió en que la delincuencia y el narcotráfico debía enfrentarse con toda la fuerza y decisión del Estado. No obstante, queda claro que los resultados de esta estrategia han resultado contraproducentes para la imagen de una institución, como lo es el Ejército, que anterior a esta estrategia, en contra de la delincuencia organizada gozaba de un alto margen de credibilidad, lo cual hace necesario su replanteamiento desde una óptica integral, realista y plural a fin de que, efectivamente, se alcancen los resultados que la sociedad demanda.

En este sentido, en la anterior comparecencia el Partido Verde reconoció que el empleo de las Fuerzas Armadas en estas tareas era fundamental, aun cuando se corría el riesgo de exponerlas a un desgaste que ocasionará un desprestigio social y de difícil reparación, y lo cual hoy podemos constatar que ha sucedido.

De acuerdo con el informe de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional fue la dependencia que más recomendaciones recibió por parte de ese organismo durante el 2008, 14 de los 67 instrumentos emitidos, en lo que va del 2010, las recomendaciones se han incrementado. En consecuencia, parece lógico concluir, que su participación debe ser temporal y no considerarse como la solución del problema.

Si bien es cierto que aún existen importantes desafíos, el Partido Verde reitera su disposición en trabajar en conjunto con todos los separadores involucrados en estas tareas, para establecer el marco local adecuado que contribuya a una solución eficaz. Sin embargo, no queremos dejar de rechazar, que este tema sea utilizado como pretexto para una injustificada exposición mediática del Ejecutivo federal.

Por otra parte, en el tercer informe se reconoció el considerable aumento del tránsito de personas por la frontera sur de nuestro país, y se señaló la necesidad de regular y llevar a cabo mecanismos de repatriación de inmigrantes centroamericanos.

No obstante, el cuarto informe sólo refiere una serie de datos, convenios y procedimientos que poco o nada nos dicen de la situación real de la zona sur del país. Por citar un ejemplo, se reportó una cifra de 48 mil 816 centroamericanos repatriados durante el período de septiembre de 2008 a julio de 2009, y durante el periodo de enero a julio de 2010, las cifras preliminares son de 8 mil 800, números que de nueva cuenta en forma aislada no nos dice nada.

Llama la atención que en el 2008 se reporten únicamente 123 migrantes localizados, es decir, aquellos que se reportaron como extraviados, que fueron buscados y localizados por los Grupos Beta. En 2009 fueron 168 y de enero a julio de 2001, 113, especialmente cuando se localizaron 72 cadáveres de presuntos inmigrantes en Tamaulipas.

Resulta inadmisible que por un lado nuestro país luche por el respeto de los derechos de los migrantes en territorio norteamericano y cerremos los ojos a las vejaciones de las que son objeto nuestros hermanos latinoamericanos que, en un acto de desesperación se aventuran a cruzar el territorio mexicano con la esperanza de encontrar un mejor porvenir.

A este particular, habría que ironizar el hecho de que en noviembre de este año se llevará a cabo el foro mundial sobre migración y desarrollo que presidirá en esta ocasión México, y el cual atiende a una iniciativa de los estados miembros de las Naciones Unidas para tratar las interconexiones entre migración y desarrollo de manera práctica y orientada a la acción.

A este foro han sido involucrados desde el principio los representantes de la sociedad civil. De nueva cuenta, el Partido Verde reitera a la Secretaría de Gobernación que la gobernabilidad de un país depende en gran medida de la confianza que el gobierno y sus instituciones generan en la sociedad. En la medida en que las instituciones públicas cumplan con la finalidad para las que fueron creadas, la sociedad las reconocerá y confiará en que son la mejor forma de canalizar sus peticiones y dirimir las controversias. No obstante, al parecer, esto no ha sido así.

Es inevitable retomar cómo hace un año el caso de Jacinta Francisco Marcial, no podemos dejar de señalar la forma tan arbitraria bajo la cual actuaron las autoridades en la integración de este caso, atropellando de manera flagrante los derechos de Jacinta y que tras un año de ocurrido los hechos, y aun cuando fue liberada, no se ha reconocido su inocencia ni se ha reparado el daño que sufrió.

Asimismo es inevitable retomar y reiterar el exhorto emitido el año pasado a todas las autoridades involucradas, y adicionamos este año el caso de Rosendo Radilla, campo algodonero, la matanza de los 72 indígenas de Tamaulipas.

En cuanto al caso de las mujeres de Ciudad Juárez, nuevamente, se enfatiza que prácticamente hay cero datos y al paso del tiempo menos información vamos a obtener sobre este caso, excepción hecha por la resolución de la Corte Interamericana acerca del caso conocido como campo algodonero. En este punto no quitaremos el dedo del renglón.

Reitero, que el Partido Verde está dispuesto a colaborar y ayudar a que avancen las medidas necesarias para poder enfrentar con mayor eficacia estos problemas, pues lo que está en juego es nuestro país y con ello el bienestar de todos los mexicanos, sin olvidar que hoy en día no sólo se rinden cuentas a nivel nacional, sino también las acciones emprendidas repercuten en la percepción exterior a otros países con los que se ha mantenido relaciones económicas y diplomáticas, así como la adhesión tanto de tratados internacionales en materia comercial, como de derechos humanos, y que no pueden desvincularse ni mucho menos desconocerse. Es cuanto, señor presidente.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias a la diputada Lorena Corona.

Tiene ahora hasta por 10 minutos el uso de la palabra, el diputado Ilich Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- DIPUTADO ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA: Con su permiso, presidente.

Sin duda, como ya lo comentaba mi compañero Juan Enrique Ibarra Pedroza, es difícil que las organizaciones sociales, que los sindicatos y que los ciudadanos mantengan una relación estable con la Secretaría de Gobernación, señor secretario, y no tan sólo por los incontables cambios que ha habido al interior de la secretaría, de secretario, sino también hasta de la parte burocrática de subsecretarios.

Es incomprensible cómo desde el gobierno federal se puede tolerar que haya tal desorganización en una de las secretarías más importantes que existe en este país. Sin embargo, quisiera entrar de manera frontal al tema de seguridad pública, porque quiero compartir o iniciar con una experiencia personal de la verdadera estrategia contra el crimen organizado.

Resulta que en la colonia donde vive un servidor se presentan convoys de policías federales, llegan con marros e intentan abrir las puertas de todos los vecinos, alegando que si no les abren las puertas tumbarán la puerta con el marro, y ésa es la verdadera estrategia que hay para afrontar el crimen organizado, señor secretario; la violación flagrante de derechos humanos, la violación de las garantías individuales y lo cual además ya fue registrado con la delegada de la PGR en el estado de Guerrero, pero ésas son las verdaderas estrategias que se están haciendo.

El ciudadano sufre y teme por su seguridad, no tan sólo por lo que hagan los delincuentes, sino por lo que hacen las propias autoridades federales, señor secretario, entonces pareciera que estamos en una lucha inacabable contra el crimen organizado y que este gobierno federal no está entendiendo que la estrategia contra el crimen organizado es errónea, que si nosotros no invertimos más en educación, que si nosotros no invertimos más en los jóvenes y en las mujeres de este país, no vamos a cambiar nuestra situación y nos vamos a convertir en la Colombia de 2000 ahora.

Entonces, señor secretario, decirle que en el Grupo Parlamentario del PRD hemos insistido de manera preocupante, que en tanto en este Presupuesto de Egresos los grupos parlamentarios no le disminuyamos, porque además están planteando un verdadero presupuesto de guerra, señor secretario, con incrementos en casi todas las secretarías y además un disfraz del Subsemun, que ahora se lo mandan a la secretaría que usted tiene, que están plantando un incremento de 13 mil millones de pesos en materia de seguridad, cuando en los últimos años se ha incrementado de manera indiscriminado el recurso que reciben las autoridades en materia de seguridad pública. Por ello, uno de los principales planteamientos de nuestro grupo parlamentario será que en este año estaremos impulsando más recursos para educación y más recursos para programas sociales.

Entrando en la misma materia, secretario, el asunto de la violación a la libertad de prensa que existe en este país, parece que los periodistas no pueden hacer su trabajo de manera libre. ¿Cuántos asesinatos? Y, cuántas respuestas hay de parte de este gobierno federal en tanto a los asesinatos que han ocurrido en los últimos meses y en los últimos años, donde en algunos estudios los comparan con países que están en medio de guerras civiles.

Pareciera que ahora se está intentado por parte de algunos periódicos locales a ver que quieren los integrantes del crimen organizado para que no hagan nada, para que ellos sepan que es lo que no tienen que decir para que el crimen organizado no los mate.

Parece que la Secretaría de Gobernación, ni este gobierno federal les están brindando las garantías a todos aquellos que se dedican a la prensa, para que puedan ejercer su derecho de la libertad de prensa, señor secretario. Entonces, la primer pregunta secretario que solamente voy a hacer tres es, ¿qué está haciendo la Secretaría a su cargo para garantizar la libertad de prensa?

En cuanto a otro asunto que realmente ha sido un tema de debate en nuestro grupo parlamentario es el asunto de protección civil, secretario. En primer lugar, porque pareciera que la Secretaría de Protección Civil ha claudicado en su responsabilidad, porque parece la Secretaría de Desarrollo Social, la verdadera Secretaría de Protección Civil.

Ahora, resulta que se le han trasladado las facultades a Sedesol, para que atienda todos los desastres naturales, lo cual tampoco está del todo mal, señor secretario, pero sí resulta que hay facultades que se le confieren a la Secretaría a su cargo y pareciera, entonces, que la Sedesol está sustituyendo las labores que ustedes tienen que hacer.

Pero, aún lo más grave de eso, señor secretario, en los últimos años este país ha destinado, ha recibido diversos problemas a través de desastres naturales y no se ha hecho ninguna estrategia por parte de la Secretaría a su cargo, para garantizar, por ejemplo, el desfogue adecuado de presas, muchos de los lugares que han tenido inundaciones resulta que las presas se están desfogando cuando viene temporada de lluvias o cuando las lluvias están en su máximo tope, señor secretario.

Entonces, pareciera que no hay una verdadera estrategia de protección civil en este país, si bien es cierto que hemos sufrido una de las peores temporadas de desastres meteorológicos, señor secretario, pero parece que no hay una verdadera forma de afrontar todos estos tipos de situaciones.

Por eso, el Grupo Parlamentario del PRD está planteando y plateará en la Cámara de Diputados en los siguientes días que queremos una Secretaría de Protección Civil que le hace falta a este país, porque ya las secretarías que están atendiendo los problemas han rebasado. Los que realmente sufren estos problemas señor secretario, están queriendo saber por qué la Secretaría de Gobernación tiene tanto burocratismo para no liberar los recursos del Fonden, señor secretario. Hay un acuerdo parlamentario por parte de esta Cámara, para que los subejercicios -que esperemos que usted sea un promotor de este punto de acuerdo que se ha hecho en la Cámara- en todo el gobierno federal puedan etiquetarse para la reparación de todos los daños que existen en este país.

Éste es uno de los temas fundamentales, señor secretario: el pueblo mexicano requiere de una respuesta clara del desfogue de esas presas. Existe una responsabilidad en este gobierno que no se está atendiendo. Hay muertos derivados de los errores humanos en la Secretaría de Gobernación, y en muchas secretarías por supuesto, y en muchas dependencias como la CFE, que no están rindiendo cuentas de qué es lo que está sucediendo.

Por último, señor secretario, un tema que por supuesto ha generado reacciones de molestia en el grupo parlamentario, es el asunto de la falta de respeto al Estado laico en este país. Pareciera que en este país el clero católico puede hablar y denostar, no tan sólo a la izquierda, sino que puede denostar a cualquier institución pública que exista. Y no esperemos también que un día de éstos les toque a ustedes, señor secretario, cuando si existiera una posibilidad de sancionar al clero católico, entonces que hubiera una respuesta del mismo tipo hacia la Secretaría de Gobernación, para que entonces afrontemos de manera real el problema de la laicidad del Estado.

Pareciera que en este país el clero católico puede denostar y decir lo que quiera sin que nadie lo sancione. Creo que hay una ley que hay que cumplir, señor secretario, una ley que además está bajo su responsabilidad y que habrá de atender.

No podemos permitir que se esté denostando a las instituciones y no porque queramos nosotros únicamente que se le sancione por lo que ha hecho con este país, sino porque debe de haber un respeto mutuo entre todos los que nos dedicamos al quehacer político, y si le permitimos a la iglesia que inicie en estos tiempos, no nos queremos imaginar en el Grupo Parlamentario del PRD, cómo puede ser el clero católico un activo político de algún partido en el próximo proceso electoral, llamando a no votar por algún partido, porque nosotros creamos fielmente que las personas de diferentes preferencias sexuales puedan tener el uso pleno y el respeto a sus derechos.

Creemos también que la ley de avanzada que se ha hecho en el Distrito Federal es una ley que merece reconocimiento, y es una ley que merece que no se esté denostando por parte de ninguna instancia, porque es una ley; además ha sido aprobada con todos los procesos que se requieren para que tenga su validez, y no vamos a permitir la omisión de la Secretaría de Gobernación ante estos hechos.

Quiero hacer la última pregunta al respecto, señor secretario, de las dos preguntas que le hecho, y que esperaré una respuesta puntual. ¿Qué sanciones se aplicarán a la Iglesia Católica derivado de los últimos hechos acontecidos?

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias al diputado Ilich Lozano Herrera. Tiene ahora la palabra hasta por 10 minutos el diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- DIPUTADO GREGORIO HURTADO LEIJA: Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora y subsecretarios que nos acompañan en ese día. Les agradecemos su presencia para dialogar con los legisladores sobre los temas que competen a la secretaría a su cargo con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón.

Los nuevos tiempos, que son producto del avenimiento de la vida democrática en nuestro país, hacen imperativo que quienes asumimos la tarea de servir a México nos ocupemos constantemente de edificar puentes institucionales de comunicación, para conocer la forma que cada quien propone para hacer frente a los problemas que tiene nuestro país y delinear la forma en que podremos, todos, colaborar para darles la mejor solución.

La división en el ejercicio del poder debe significar que cada quien haga su parte, lo que le corresponde, de acuerdo a las facultades y atribuciones que marca nuestra Carta Magna. Pero esto no representa por ningún motivo una división en los fines aunque las visiones a veces sean contrapuestas o incluso contradictorias.

Señor secretario, mantener la gobernabilidad en el país exige a todos los actores políticos y sociales buscar los mejores mecanismos de entendimiento y, de esta forma, evitar cualquier amenaza por parte de aquellos grupos que buscan la desestabilización de las instituciones que anteponen sus intereses a los de la nación.

En nuestro sistema democrático, la gobernabilidad debe representar por sí misma un pacto en el que participan, tanto gobernantes como gobernados, quienes se ponen de acuerdo para definir las normas elementales que guiarán al Estado.

No es viable el regreso del modelo de partido hegemónico; por lo tanto, debemos construir nuevas fórmulas de gobernabilidad que aseguren tanto la representación plural, como las condiciones de eficacia y pertinencia para tomar decisiones fundamentales.

En este sentido, la agenda pública nacional debe tener un claro sentido de impulso a la solidez de las instituciones republicanas y la consolidación de las prácticas democráticas en todos los ámbitos sociales y en todos los órdenes de gobierno.

Capacidad de diálogo y mediación con los Poderes de la Unión; con los gobiernos locales; con los partidos políticos y la sociedad civil. Éstas son las tareas indispensables para generar condiciones de armonía y respeto, de paz y de orden social al interior del Estado mexicano.

Los legisladores de Acción Nacional estamos dispuestos y comprometidos a apoyar al gobierno del Presidente Felipe Calderón, para erradicar los grandes problemas y dotar al gobierno federal de las mejores herramientas para cumplir con su cometido.

Hoy, es de vital importancia impulsar una agenda de reformas para poder hacer realidad el proyecto de modernización y transformación del país. La reforma a las instituciones que nos permitan dejar atrás los rezagos y alcanzar así el ideal de construir el México del siglo XXI al que todos aspiramos.

Es por ello que hemos hecho nuestra propuesta de reforma política impulsada por el Presidente Calderón, que contiene muchas propuestas que Acción Nacional hemos sostenido durante varios años, por considerarlas indispensables para la consolidación democrática de México.

Son propuestas que buscan vincular al sistema político con la ciudadanía, así como nuevos y más eficientes mecanismos para el fortalecimiento de las instituciones. Una de las lecciones que nos dejo la pasada elección federal de 2009 fue la percepción de que el ciudadano no se siente partícipe de la toma de decisiones y que muchos sectores de la sociedad no encuentran en nuestro sistema representativo el modelo ideal de participación. De lo que deriva aquella iniciativa del impacto mediático para llamar a ejercer un voto en blanco.

Las propuestas para permitir las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana en el ámbito de la legislación, la elección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos, así como de legisladores federales y locales; la elevación del umbral mínimo, para que los partidos políticos conserven su registro y la segunda vuelta electoral para la elección presidencial, pretenden mitigar esos efectos del déficit democrático y la falta de credibilidad del ciudadano hacía la política, dotando a éste de la posibilidad de elegir, de ser electo y de formar parte activa y dinámica de las decisiones públicas trascendentes.

La sociedad exige participar, pero también que sus representantes tengan la voluntad política y el interés para ponerse de acuerdo y avanzar en la aprobación de las reformas importantes para la gobernabilidad democrática de México. Reformas bien hechas, no a medias, y para ello se requiere modificar la forma en que los Poderes de la Unión puedan coordinarse para dar viabilidad y solidez a las decisiones que se deben de tomar.

Para ello, el presidente ha propuesto reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión, la presentación por parte del Ejecutivo de iniciativas, de carácter preferente y la figura del referéndum en materia constitucional, el veto al Presupuesto de Egresos y la reconducción presupuestal, y la facultad de iniciativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunque se ha puesto un gran empeño en ello, es evidente que como sociedad y como gobierno no hemos tenido la capacidad suficiente para abatir a cabalidad los problemas serios como la pobreza, las dificultades económicas y de certeza en la construcción de un futuro promisorio, la migración que han derivado en un caldo de cultivo para la delincuencia organizada y el narcotráfico y el crimen en sus más variadas expresiones.

El combate a todas las formas de inseguridad pública es un tema que nos preocupa mucho. Hoy México enfrenta una lucha intensa por devolver la paz pública a aquellas regiones del país que han sido asaltadas por grupos y personas que vulneran el orden social.

Una lucha que se ha emprendido en contra de quienes intentan desestabilizar al Estado y que se ha recrudecido en los últimos meses en que se han asestado importantes golpes en su contra por parte del gobierno mexicano.

En Acción Nacional tenemos muy claro que no podemos renunciar a la posibilidad de seguir participando a todo lo largo y ancho del país, por lograr tener gobiernos democráticos que cumplan cabalmente con sus funciones y atribuciones y con su tarea fundamental de brindar seguridad a los ciudadanos.

Luchamos por un Estado que no se someta a la voluntad ni el poder de los grupos criminales, por un país en el que las instituciones permanezcan sólidas, aun con los embates de estos poderes que actúan en la impunidad y en la cobardía, un problema que ha desintegrado a las familias y a comunidades enteras que sería indispensable no dejar pasar o ver transcurrir como algo normal en la vida cotidiana.

Es por ello que tenemos que actuar en consecuencia, ahí están las iniciativas y las propuestas, ahí están los temas sobre la mesa para que hagamos nuestro trabajo.

Ni una muerte más de un servidor público o de un candidato a un cargo de elección popular o de un periodista o de ninguna otra persona por ningún motivo, mucho menos los daños colaterales.

Acción Nacional reconoce la importancia de evadir toda práctica autoritaria o represiva como sistema de control o de sometimiento, de privilegiar la política y la ley como métodos de cumplimiento del Estado de derecho, manteniendo al país estable, gobernable y con irrestricto apego a la defensa de los derechos humanos.

Respetar y hacer respetar la ley así como modificarla, particularmente en los momentos que estamos viviendo, es indispensable para que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones y que por ello nos permita arraigar prácticas sociales y políticas de inspiración democrática y responsabilidad social que marquen el tono de la convivencia política y social del siglo XXI.

En otro tema queremos reconocer, señor secretario, el trabajo que se ha hecho en los últimos meses en materia de protección civil, en donde las tragedias derivadas de fenómenos meteorológicos han devastado regiones enteras. Hemos sido testigos de la capacidad del gobierno federal para mitigar sus efectos en las comunidades y la colaboración que se ha tenido en las entidades afectadas.

Esperamos que en las zonas que aún se encuentran padeciendo estas contingencias, se lleven a cabo todas las medidas necesarias para cuidar a la población.

Señor secretario, legisladores y legisladoras: en el PAN sabemos de la complejidad que supone la toma de decisiones al interior de la Secretaría de Gobernación cuyas atribuciones señalan atender temas diversos como el migratorio y protección civil, la protección de derechos humanos, los conflictos de carácter social y político.

No podemos dejar pasar el tiempo sin ponernos de acuerdo en los grandes temas. No podemos dejar pasar nuestra gran oportunidad histórica de ser el ejemplo de las grandes transformaciones y ser la generación de mexicanos que además de renovar a México de forma pacífica, brinde al país la oportunidad de madurar como la gran nación de la cual podamos estar sumamente orgullosos. Muchas gracias, diputados y secretario.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, diputado Hurtado Leija. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos, la diputada Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional.

- DIPUTADA CLAUDIA RUIZ MASSIEU: Muchas gracias, diputado presidente, señor secretario. Comienzo mi intervención diciendo que el Grupo Parlamentario del PRI percibe su llegada a la Secretaría de Gobernación como una oportunidad, una oportunidad para corregir el rumbo y la forma en que la administración que usted representa ha escogido de hacer política.

Hasta ahora no hemos visto en el Ejecutivo federal vocación de diálogo, tampoco artes de negociación ni una plena aceptación de corresponsabilidad que espero, secretario, sea asumida por su dependencia y que colabore para dejar atrás el ejercicio militante y parcial del gobierno, así como el enfrentamiento estéril con el Poder Legislativo.

En el PRI vemos con preocupación cómo la alternancia política no vino acompañada de un esfuerzo deliberado de fortalecer las instituciones democráticas. Vemos un gobierno que parece obsesionado con el logro de victorias electorales, pero que descuida su rol al frente de la administración pública federal. Un gobierno que ha dejado pasar la oportunidad de cumplir sus promesas de gobierno eficiente y transparente, que sea para todos los mexicanos, incluso para quienes como la mayoría de los que estamos aquí, no votamos por ustedes.

Más allá de llamados a la unidad, vemos monólogos interminables en que se descalifica toda idea o propuesta que no sea idéntica a la propia visión de las cosas, en una actitud autoritaria e intolerante que no tiene cabida en la pluralidad y en la consecución de un estado democrático de derecho.

Este gobierno ha escogido seguir un sendero complicado. Decide acciones, políticas y prioridades desde la coyuntura política, con visión electoral y de corto plazo.

Vemos con preocupación la falta de consistencia en la definición de las prioridades nacionales y falta de disciplina en el cumplimiento de las que han sido la prioridad del momento, que quedan entonces como ocurrencia y no como política de Estado, concebidas como tales.

Escuchamos incluso en este mismo espacio a sus distintos antecesores hablarnos de supuestas prioridades, sin las cuales la república se atascaría o se iría al abismo. La reforma constitucional para la adopción del modelo penal acusatorio, la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cédula de identidad ciudadana, la Ley de Extinción de Dominio o la suscripción del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia fueron en su momento la prioridad sobre la cual descansaba la buena marcha del país.

Al cabo de los meses, el secretario en turno minimizó su relevancia, cuestionó su pertinencia o efectividad y sin más se cambió de rumbo, generando una nueva cortina de humo.

Nos corresponde hacer una valoración puntual de la Secretaría de Gobernación para, en un esquema de colaboración de poderes, coadyuvar con usted señalando lo que nos preocupa.

La secretaría a su cargo tiene las facultades más extensas para conducir la política interior: preservar la gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos y representar al Poder Ejecutivo en distintas tareas.

Sin embargo, nos parece que se ha escogido privilegiar el ejercicio de las facultades relativas al tema de la seguridad, descuidando otras que resultan igualmente importantes y que, tomadas en su conjunto, explican por qué nuestro país, lejos de avanzar, retrocede en todos los ámbitos relativos a la gobernabilidad, el desarrollo y la calidad de vida.

Señalo alguna de las materias que debían también ocuparle. Conducir con sentido de solidaridad y oportunidad los retos que por nuestra geografía y a consecuencia del cambio climático enfrentamos, producto de los desastres naturales. A los priistas no sólo nos preocupa; nos agravia que la asignación de recursos del Fonden cuando se presentan desastres naturales de urgente atención, sea tardada, tortuosa y farragosa.

Es muy grave esa lentitud en la determinación de escenas de desastre y el regateo de los recursos exigiendo un pari passo incumplible. Un tercio del país está afectado por desastres naturales de enorme proporción. Es inconcebible la escasez de recursos para su atención cuando las reservas internacionales de México están en su máximo histórico. Dinero para los banqueros y vulnerabilidad y muerte para los mexicanos afectados por los desastres, secretario.

No hemos visto un manejo de crisis certero, de ayuda sin tintes electorales y sin regateos a los gobiernos municipales y estatales. Hay que dejar la improvisación.

Otra de sus responsabilidades es participar en los gabinetes de seguridad pública y seguridad nacional. ¿Quedan claras para usted las diferencias, las distinciones de herramientas entre una y otra materia? Nada más grave para la democracia que confundirlas, como sucede a algunos, minando las libertades de la población civil.

Un área abandonada también es la relación del Estado con los medios de comunicación, normando su actividad y su operación, atendiendo los reclamos de falta de condiciones para funcionar en un ambiente seguro y de libre competencia.

¿Es gobernable un país amenazado en los principios de libertad de expresión y de comunicación cuando los periodistas que son atemorizados por corporaciones policiacas y por la delincuencia son increpados desde la comodidad del escritorio de un vocero?

También le corresponde, secretario, la conducción inteligente de las relaciones con el Poder Legislativo y otros órganos autónomos, contribuir a dar sustento a la unidad nacional y fortalecer las instituciones de gobierno.

Cierto que en la consolidación democrática todos somos corresponsables, pero el gobierno se equivoca cuando el olvida que su primera responsabilidad es generar convicción y convencimiento en el otro para la construcción de acuerdos.

Se equivoca también cuando busca restringir al Poder Legislativo o cercenar la pluralidad en aras de facilitar la toma de decisiones. El PRI dice sí a la reforma política que moderniza la organización y el funcionamiento del Estado para hacerlo eficaz; pero dice un no categórico a la reforma que busca fortalecer al Ejecutivo debilitando al Legislativo.

No olvide, secretario, que fue el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado quien inició el planteamiento de reforma del Estado, en la Cámara, precisamente donde su partido tiene mayoría; una mayoría que ha decidido olvidar este tema.

Las atribuciones que señalo, y otras muchas que por tiempo obvio, son precisamente la razón de ser de su dependencia. Las múltiples subsecretarías, direcciones generales y unidades no son adornos; son la expresión jurídica y material para que usted pueda desarrollar su encomienda y cumplir con sus obligaciones.

En nueve años de gobierno, el gobierno que representa no ha sabido transmitir cuál es su visión de país. Mucho menos ha podido articular un proyecto de transformación institucional, jurídica y cultural que consolide nuestra democracia.

Vemos a un presidente que mina la equidad en la contienda electoral que ha hecho de las delegaciones federales parte de la estructura partidista y que tiene la dudosa distinción de ser el único presidente constitucional que ha sido encontrado culpable de violar la Constitución. Le recuerdo, secretario, que vigilar que las autoridades cumplan con la Constitución y las leyes también es su obligación.

¿Qué opina de que el Tribunal Federal Electoral haya resuelto por unanimidad, que el presidente violó la Constitución durante la contienda electoral? ¿Qué opinión le merece que al conocer el fallo, el presidente desacreditó la resolución y al propio tribunal, respondiendo más como militante de partido, que como Jefe del Estado mexicano?

El titular del Ejecutivo ha continuado en su actitud de desprecio por la decisión del tribunal, deliberadamente no entendiendo sus alcances, como muestra el discurso que pronunció el miércoles pasado en la celebración del aniversario de su partido, en el que acudió, no como presidente de todos, sino como militante activo; un nuevo reto a la ley.

¿Cuáles son las medidas que la secretaría adoptará para evitar la intromisión del presidente en los procesos electorales? ¿Está usted de acuerdo en que nadie, especialmente el presidente, puede estar por encima de la Constitución? ¿Estaría dispuesto también a firmar aquí un pacto de neutralidad jurídica del gobierno federal para la realización de elecciones tranquilas y en el marco de la ley?

Le comento a este respecto, que a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Arturo Zamora ha registrado y presentará una iniciativa de ley, que imponga responsabilidad penal al presidente por esas acciones. Si en realidad queremos renovar la cultura política se debe predicar con el ejemplo, abrazando a la democracia y sus valores intrínsecos: la responsabilidad, la tolerancia, el diálogo y la rendición de cuentas.

Señor, en su interpretación de la realidad los gobernantes suelen ser tercos, pero la realidad siempre es más terca que los gobernantes. Por más que se produzcan spots publicitarios, por más que se quiera, ¿quién puede decir que vive mejor que hace 4 o que hace 10 años?

El voluntarismo no puede nunca sustituir la voluntad de hacer las cosas. Le ruego, le rogamos los priístas, un ejercicio autocrítico y objetivo. Responda a los cuestionamientos que provienen de una preocupación clara y sincera, por la precariedad de la gobernabilidad democrática y por la falta de conducción política que percibimos en el país. Gracias, secretario.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias a la diputada Claudia Ruiz Massieu.

Tiene ahora el uso de la palabra para dar respuesta y comentarios a los distintos señalamientos de los diputados, el señor secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias. Muchas gracias, al diputado Víctor Hugo, al diputado Juan Enrique Ibarra, diputada Lorena Corona, al diputado Ilich Lozano, al diputado Gregorio Hurtado y a la diputada Claudia Ruiz Massieu.

En primer lugar, quiero expresarles que es tarea de la secretaría a mi cargo contribuir con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el país.

Esta construcción no puede entenderse, por supuesto, sin la participación de la sociedad, incluidos todos los actores políticos del país y sin el concurso, por supuesto, también, de los tres Poderes del Estado y de los tres órdenes, también, de gobierno.

De ahí que ésta sea una labor permanente de intersección, de diálogo, de búsqueda de acuerdos entre los diversos, y aún entre las distintas formas de pensamiento, cual expresión, por supuesto, de nuestra libertad democrática en que hoy vivimos en una nueva realidad de correlación de fuerzas políticas.

Por esa razón reitero que la Secretaría de Gobernación será un instrumento para fortalecer las relaciones entre los Poderes de la Unión y los otros órdenes de gobierno y, particularmente, reitero mi compromiso de ser un puente en la construcción de los acuerdos en los que estamos llamados, todos, a presentarle al país.

En lo que se refiere a la reforma política, por supuesto que es nuestra convicción el fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país y que hemos impulsado desde el Ejecutivo federal una iniciativa de reforma política que ha puesto en el debate, que está en las comisiones registrado y que, por supuesto, estamos en la mejor disposición de contribuir a ese debate y de construir en las ideas y en las expresiones todo lo que sea fundamental y esencial para fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país, para regresarle a los ciudadanos su poder en el ejercicio cívico y del voto, de consolidar la democracia y de definir el rumbo de correlación de fuerzas que este país ha venido cambiando en las últimas décadas.

Por esa razón la reforma que se presentó permite en su discusión revisar, por ejemplo, la elección consecutiva de legisladores federales y de eliminar la prohibición para que los legisladores locales puedan establecerse en el proceso de reelección, modificar los compromisos del Congreso para disminuir, revisar las composiciones mismas de la integración, digamos de la representación de mayorías relativas, representación plurinominal, revisar esta parte me parece que también sería un punto importante a desarrollar; incrementar el porcentaje mínimo de votación.

Hemos hablado y lo hemos reiterado con claridad, tal vez la ciudadanía resolverá quién llegue, pero a nosotros nos corresponde resolver cómo lleguen, y en ese sentido habrá que ver el nuevo sistema en su discusión y análisis de votación, es decir, si estamos dispuestos al 50 más 1 o simple y llanamente quedar en el sentido como hoy se expresa en nuestra Constitución, regresar por supuesto.

Yo estoy de acuerdo en que hay que ver los instrumentos, hay que analizar los instrumentos, hay que discutir sobre ello en un debate abierto, franco, sincero, con la figura de iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta popular. Son temas importantes, no son sencillos tal vez en su aplicación, pero no solamente en el contexto del gobierno federal; a mí me parece que son figuras fundamentales también allá en el municipio, también allá en las entidades federativas, también por supuesto en el orden federal.

Hemos hablado de la facultad del Legislativo, por ejemplo de la iniciativa preferente, la reconducción presupuestal. Me parece que hay importantes temas de esencial propósito fundamental en fortalecer a nuestras instituciones democráticas y las propuestas están sobre la mesa. A mí me parece esencial también que podamos abrir de nueva cuenta, recuperar ese debate y que podamos construir entonces en la civilidad, en la concordancia, en la reflexión de estos instrumentos, un proyecto legislativo que se materialice para luego entonces poder pasar y alcanzar un sistema democrático más fuerte, más sólido, a la altura precisamente de la exigencia social.

Por supuesto que el Estado laico es uno de los fundamentos importantes en nuestros principios fundamentales constitucionales, nuestro desarrollo institucional ha significado en la evolución hacia un Estado laico, en el que se ejerce la libertad religiosa en un sentido amplio; un país en donde el Estado garantiza el libre ejercicio de la religión y en donde las distintas asociaciones religiosas conviven en un clima de respeto y tolerancia mutua y de respeto al Estado y a su normatividad.

Entiendo pues la responsabilidad que conlleva ser un líder espiritual y moral para muchas personas. En estas últimas décadas, el número de asociaciones religiosas registradas han crecido considerablemente, esto evidencia la inquietud por robustecer activamente la oportunidad de participar en una vida espiritual, a la que se tiene acceso sólo y tan sólo por el ejercicio libre de la voluntad. Desde la laicidad del Estado es posible garantizar esa libertad, reconocerla y respetarla, por supuesto, desde la democracia es posible abrazar esta libertad diversidad de incorporarla en los derechos fundamentales.

Sin embargo, hay que ser claros en este punto de laicidad. La laicidad del Estado no necesariamente implica distancia del Estado de respeto a los distintos liderazgos religiosos, ni el desconocimiento de la relevancia de las actividades pastorales.

El Estado mexicano reconoce la necesidad de promover el desarrollo espiritual de la sociedad. Por supuesto, este no es exclusivo a la práctica de una religión, ni a una religión determinada, ni se puede fortalecer por ese mismo medio sería un despropósito dejar de reconocer el potencial que tienen las asociaciones religiosas para fomentar la vinculación social o para servir de intermediarios, incluso los ciudadanos.

Al Estado no le corresponde buscar por supuesto la prosperidad social imponiendo valores, pero se puede colaborar con quienes han definido su actividad en torno a estos. Al Estado le corresponde incentivar conductas legales y respetuosas de la comunidad…

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Disculpe, pero el secretario de Gobernación está en su turno conforme el acuerdo que hemos aprobado. El señor secretario tiene su manera de contestar, así que le pediría a usted que demos respeto al turno… vamos a continuar con la comparecencia.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, señor presidente. Entonces, al Estado le corresponde garantizar la libertad en la toma de decisiones y en la definición de preferencias. Al Estado le corresponde interactuar con las distintas voces que cobran relevancia en la sociedad y por supuesto establecer el orden y los límites en estas expresiones.

Por eso, les aseguro que la Secretaría a mí cargo estará atenta a todo procedimiento administrativo en el ámbito de las facultades que se tienen, para atender cada una de las denuncias que han llegado, pero lo haremos de conformidad precisamente a los instrumentos legales y de acuerdo a los procedimientos y a los tiempos mismos que esa normatividad establece.

Estaremos en estricta observancia de lo establecido en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se los aseguro que la Secretaría de Gobernación estará siempre en su premisa fundamental y básica de hacer valer los principios constitucionales y legales a los que todo mundo tiene la obligación de observar.

Por otra parte, me parece también esencial compartir con ustedes como lo han señalado, el tema de la seguridad pública. Por supuesto que entiendo que todos estos cuestionamientos han sido producto, algunos, de experiencias particulares, como la que aquí se me comentó también por el diputado Ilich.

Pero debo decir también que estamos trabajando sin tregua alguna para afrontar el reto en materia de seguridad pública, para seguir combatiendo a las organizaciones criminales que operan en el territorio, para poder desmembrar, precisamente, esas organizaciones criminales.

Tan sólo por ejemplo, les digo que en la desarticulación de organizaciones criminales hemos buscado minar su capacidad logística y afectar sus esquemas financieros. Se ha decomisado 157 por ciento más de vehículos, el decomiso de armas ha crecido considerablemente, casi el 220 por ciento; llevamos más de 86 mil armas de alto poder que fueron adquiridas por los grupos criminales, que por supuesto en muchos de los casos rebasan al propio armamento que tiene una autoridad municipal, incluso estatal.

Por eso se explica también la labor y la presencia de las Fuerzas Armadas, porque no podemos quedar omisos frente a ese poderío que a través de décadas en el pasado se han venido fortaleciendo. Porque no se trata de una lucha tan sólo contra los narcotraficantes. Se trata de una expresión violenta que se ha constituido a través de un crimen organizado, que ha tomado los territorios para vender la droga en pequeñas dosis; que ha tomado mediante la amenaza y la violencia la posibilidad de quedarse con la riqueza lícita y, por supuesto, también con la ilícita a través de la amenaza, a través de la extorsión y del secuestro.

Por esa razón, hoy como nunca, se requiere del fortalecimiento de estas instituciones encargadas de brindar la seguridad. Por esa razón hoy se explica que, como nunca, debemos de cerrar filas todos los órdenes de gobierno, las autoridades municipales, las autoridades estatales, las autoridades federales, las Fuerzas Armadas.

En la experiencia que hemos tenido en estos meses de trabajo en la Secretaría de Gobernación he podido compartir esta condición con la mayoría de los gobernadores del país, si no es que ya con todos, y una buena parte también de presidentes municipales, y les aseguro que a través de estos diálogos y encuentros en los que hemos participado con los presidentes municipales y los propios gobernadores, ellos saben que es necesario cerrar filas para poder hacer frente al crimen.

Por eso hemos llevado también al Legislativo diversos modelos que nos permitan ser más eficaces y eficientes. Hoy hemos presentado al Senado de la República –también- instrumentos que yo les reconozco a los legisladores, a todos ustedes, particularmente de esta comisión, el esfuerzo que han hecho también por dar otros instrumentos legales, como fueron precisamente las reformas al Sistema de Justicia, a la Ley General de Seguridad Pública, entre otros.

Pero hay una tarea aún inacabada. Necesitamos debilitar también las estructuras financieras, por eso hoy se ha presentado una reforma para combatir también las operaciones ilícitas o que financian el terrorismo. Por eso, hoy como nunca –y yo se los aseguro- requerimos de una nueva Ley de Seguridad Nacional que está precisamente puesta en el debate en esta Cámara.

Y yo he hecho un compromiso con los diferentes grupos parlamentarios para poder de nueva cuenta retomar, en un alineamiento cordial, de definiciones claras, en donde se pueda expresar el ámbito con mayor nitidez en el orden constitucional y legal de las participaciones de las Fuerzas Armadas y de la coordinación entre las autoridades civiles ante los factores de amenaza interna, las presiones dominantes, entre otras. Incluso se han integrado algunos capítulos en donde en este sistema no está omiso el Poder Legislativo en su comisión, por supuesto bicameral, cuando se le da cuenta de todos aspectos de la seguridad pública.

En ese sentido, amigos legisladores, yo debo de decirles que vamos a trabajar con muchísima fuerza, porque esta violencia que se ha desatado no puede, por ningún motivo, el gobierno abdicar a su función de poder asegurar y rescatar la tranquilidad y seguridad de nuestros espacios, de los espacios que le corresponden a la ciudadanía. En ese sentido estaremos inmersos y dedicados a ello.

Por supuesto, también en materia de derechos humanos tenemos un compromiso y estaremos atendiendo, como bien aquí me lo han comentado, particularmente algunos puntos, y empezaría diciéndoles que vamos a atender las recomendaciones; incluso la de Rosendo Radilla –que particularmente aquí se ha expresado-, en la que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su Resolución emitida el 23 de noviembre de 2009 –en el caso de Rosendo Radilla-, nos impone, entre otras cosas, hacer modificaciones y reformas al artículo 57 de Justicia Militar. Ofrezco a todos ustedes poder discutir y plantear este tema -lo he atendido directamente con las Fuerzas Armadas de nuestro país-, para presentar estas modificaciones y dar cumplimiento cabal. Hacerlo en el ánimo siempre de la cooperación y del respeto.

La Secretaría de Gobernación ha coordinado algunas mesas de trabajo interinstitucional y ha analizado este tema. En los próximos días seguramente este Congreso conocerá de este proyecto del Legislativo convertido en iniciativa para que podamos emprender también y dar cabal cumplimiento a esta resolución.

Hemos estado —como lo dije desde el inicio— atentos a todas las resoluciones. En otros casos que también no dejan de ser importantes, las agresiones contra periodistas, como también lo afirmé, el Estado mexicano reitera su compromiso con el pleno goce de los derechos a la información y al derecho del ejercicio libre de expresión, consagrado en el artículo 6 y 7 de nuestra Constitución Política.

Se está trabajado en la construcción de un mecanismo para garantizar el ejercicio de estos derechos. Lo hemos hecho con algunos representantes de los medios de información. Recientemente nos hemos reunido con la Asociación Interamericana de Prensa, con el Comité de Protección a los Derechos de los Periodistas, y hemos acordado seguir trabajando juntos, para buscar los instrumentos que siempre permitan ejercer este derecho de libertad de prensa en la mayor de las condiciones y libertades.

Por supuesto estaré también atento al caso del presbítero Alejandro Solalinde, como aquí me lo comentaron. He estado muy al pendiente de este tema en el marco del reconocimiento al trabajo, primero, a los defensores de los derechos humanos, de los grupos vulnerables como es el caso de los migrantes.

Estaré atento, pues, para analizar y llevar a cabo las reuniones y revisar cada uno de estos puntos. Ha sido instrucción directa y clara del secretario de Gobernación hacia la subsecretaría que atiende los derechos humanos para que estemos muy al pendiente de este tema, y yo me comprometo a hacerles llegar también información de los avances en estos puntos.

Seguiremos atendiendo todas estas acciones y, por supuesto, también me parece fundamental que estemos atentos en los temas relacionados con algunas cuestiones que se han demandado en el tema de las publicidades que se circulan en algunos medios de información.

Yo debo decirles que este tema lo vamos a atender con atingencia, más cuando se trata precisamente de la trata de personas, incluso, les pido que trabajemos juntos para revisar nuestra legislación. Por ejemplo, en materia de los delitos de imprenta data desde 1917 la Ley de Imprenta.

Creo que sí va a hacer muy importante y es oportuno que juntos trabajemos, para poder revisar esos contenidos y poder asegurar que las cosas caminan en un sentido más enérgico, más claro, más preciso y más nítido en estos temas.

Por supuesto, también quisiera expresarles que dentro de mis atribuciones está el observar lo que establece la Ley de Población. Y es cierto, hemos trabajado en lo que es la Cédula de Identidad. Se ha puesto de manifiesto en la discusión pública, se ha planteado de distintas maneras.

Les aseguro que estaré trabajando en los términos que establece la Ley General de Población, para ir definiendo y realizando las acciones relacionadas con esta Cédula de Identidad.

Sé que hay algunas manifestaciones del Instituto Federal Electoral, que puede haber algunos cuestionamientos. Estoy dispuesto a que podamos acogerlos, a que podamos recuperarlos, pero en la definición de que transitemos a lo que la misma Constitución nos ordena y la ley, que es precisamente que los mexicanos cuenten con una Cédula de Identidad. En ese sentido estaremos muy atentos para poder transitar y trabajar de una manera segura y propositiva.

Por supuesto, hay algunos temas particulares que me han comentado de los expedientes de los que me van a hacer entrega, de los cuales con toda atingencia los estaremos atendiendo, los expedientes respecto de algunas gestiones.

De la información que tengo aquí en mis manos les puedo informar, por ejemplo, la participación de la Segob en lo que se refiere a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco. Sí hemos estado atendiendo el tema; entiendo que hay algunos jornaleros que han estado reclamando, alrededor de 300 personas. Por supuesto, diputado, que atenderemos este tema y trataremos de darle con puntualidad algunas respuestas, revisando cada uno de estos puntos.

Está el caso de Tenacatita, también. Me informan que en Jalisco se ha instalado una mesa técnica para revisar el impacto jurídico y las implicaciones sociales. Hay algunos ordenamientos judiciales que se han establecido y eso ha sido motivo aparentemente de esta definición entre los particulares y las comunidades que ahí se encuentran, pero con todo gusto, señor diputado, atenderemos esta parte fundamental, que es precisamente y además ofrezco a todos los legisladores en lo particular, que cuando haya una condición de gestión o algún tema que tengamos que atender desde la Secretaría de Gobernación, que por favor me lo informen, que es una actitud la de la corresponsabilidad recíproca, es decir, que en ocasión seguramente de los documentos que lleguen a la Secretaría los atenderemos y en otros casos seguramente valdría la pena siempre y hay toda la apertura para recoger y poder compartir esas gestiones.

Por supuesto el tema de Luz y Fuerza ha sido un tema discutido, que ha tenido impactos, que evidentemente hay percepciones y opiniones. Debo decirles que he atendido a todos porque además la gobernabilidad no solamente implica una relación con los poderes formales del Estado; requiere también de una atención hacia la ciudadanía, hacia los grupos organizados, los empresarios, pero por supuesto también los sindicatos. Buscar siempre los equilibrios en la sociedad.

En ese sentido es mi convicción seguir dialogando no solamente con el SME, con todos los sindicatos que tengan la necesidad de ocurrir para poder, con atingencia, resolver los puntos de vista, las opiniones, dar resultados en las acciones.

En ese sentido vamos a seguir trabajando, pero lo haremos siempre dentro del orden, dentro del respeto que merecen no solamente los actores que participan de una organización sindical, sino del que merece toda la sociedad en su conjunto.

En materia de protección civil estoy también de acuerdo, señores legisladores, en que necesitamos seguir fortaleciendo. A propósito, hace algunas semanas se celebró precisamente el Día de la Protección Civil. Conmemoramos aquella situación del sismo que abatió en el 85 a la Ciudad de México. Hicimos algunos recuentos de la evolución de nuestros sistemas en materia de protección civil.

Quiero decirles que sí es muy importante seguir fortaleciendo nuestro sistema, que sí tenemos algunos órganos. Lo tenemos que hacer incluso desde la perspectiva de la prevención y no de la reacción porque muchas de las veces, en los sistemas de protección civil, atendemos a la reacción y no a la prevención. Necesitamos generar una cultura en materia de protección civil que nos permita seguir trabajando por supuesto en una línea subsidiaria.

Recuerden que los sistemas de protección civil no sustituyen a la autoridad municipal o a la autoridad estatal. Se entra en la declaratoria de emergencia o de desastres en tanto son rebasadas estas autoridades, pero se hace de una manera conjunta precisamente sistemática.

Hoy tenemos mejores mecanismos para prevenir y disminuir los riesgos y es necesario que sigamos fortaleciendo este sistema, que haya la conciencia incluso no solamente en el instrumento de la protección civil.

Les cuento, por ejemplo, una cosa. Las autoridades municipales otorgan permisos para edificar, para desarrollar centros de población. Había uno de la Laguna de los Patos, pues sí. La Laguna de los Patos por mucho tiempo quedó seca, pero con los ciclos de lluvia que hoy hemos tenido pues regresaron las aguas. Lamentablemente en la Laguna de los Patos se autorizaron algunos desarrollos urbanos que a la postre han generado una amenaza para esos patrimonios, para esas vidas, y así podemos contar muchas historias y realidades de edificaciones en cuencas, en laderas que ponen en riesgo la vida de las personas.

Por eso tenemos que hacer una cultura de la prevención en materia de protección civil y ser responsables y tener conciencia de ello. Las autoridades estatales, municipales y federales tenemos una gran responsabilidad. Hay también un reconocimiento a gran parte de la sociedad que participa desinteresadamente.

Hoy como nunca tenemos que ser solidarios por supuesto, con nuestros hermanos que han sido afectados en diversas zonas de nuestro país. Hoy le tocó la peor de las crisis en este tema a los damnificados de Veracruz, de Oaxaca, de algunas zonas del sur. Hace algunos meses a mí me tocó el sismo, todavía estando en Baja California, en el estado, pero particularmente en Mexicali. Por supuesto también a los hermanos de Nuevo León, que con una tormenta tropical sufrieron severos daños con el huracán Alex.

Así pues, tenemos que seguir fortaleciendo los recursos del Fonden. Están disponibles en la medida del gasto programable también, que es el punto 4, si mal no recuerdo, que ingresa, promedio, entre los 9 mil millones y los 12 mil millones que van de corte, fíjense, hasta ahorita sin hablar de Veracruz y sin hablar de Oaxaca; es decir, la cantidad, por supuesto, es mucho menor a la que está requiriendo la exigencia de la demanda de los fenómenos de desastre.

En ese contexto, amigas y amigos legisladores, yo les pediría que construyamos juntos las políticas públicas que estén al alcance y a las demandas precisamente de la población. Sé que me pude haber quedado corto en algunos puntos, en los siguientes bloques de participación trataré de seguir dando puntual respuesta a las inquietudes.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, secretario.

Vamos ahora a la ronda de réplica en el mismo orden en el que se presentaron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

- DIPUTADO VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ: Gracias, diputado presidente.

Señor secretario, existe una propuesta para la creación de una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional que pretende limitar los gastos de publicidad gubernamental que hoy son un verdadero escándalo por su dispendio y que se pretenden “justificar” --esto último entrecomillado-- a partir de los informes o acciones de gobierno.

¿Qué opinión le merece al respecto esta propuesta de regulación? ¿Podría hacer usted un compromiso público a favor de esta propuesta, señor secretario?

Segunda pregunta. Es de conocimiento público la sistemática violación a la Ley de Cultos por parte de la jerarquía católica, vulnerando el carácter laico del Estado mexicano, y es bien sabido que la responsabilidad de usted es hacer valer la Ley de Cultos que rige en este carácter laico. ¿Por qué no se ha actuado conforme a derecho por parte de la secretaría a su cargo para garantizar uno de los principios fundantes de nuestro Estado?

Siguiente pregunta. Prácticamente desde su nombramiento y posterior desempeño, el señor secretario de Seguridad Pública le ha dado por video-grabar a los detenidos, al parecer es cinéfilo y hace sus propias películas, en particular por acusaciones relacionadas con el crimen organizado, violando el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra dice que: El indiciado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente –cierro la cita-. Esta actitud ha sido asumida públicamente por el secretario pretendiendo justificar estas violaciones a la ley, porque según él, así se demuestra a la sociedad la superioridad y fuerza del Estado por encima de los delincuentes.

La pregunta es, señor secretario, ¿usted está de acuerdo con que este funcionario del primer nivel del gabinete de seguridad viole de manera contumaz la Constitución y las leyes penales? ¿Es su orientación acaso del titular del Ejecutivo que se realicen estos videos y se hagan públicos? Asimismo, ¿qué opinión le merece el silencio u omisión del procurador General de la República, ante estos hechos?

Siguiente pregunta. Recientemente nos enteramos con tristeza y preocupación del asesinato de un periodista más, uno más, del Diario de Ciudad Juárez, el cual en medio de su dolor publicó un editorial que fue muy comentado y que muestra, desde el punto de vista de Convergencia, el fracaso de la estrategia del combate al narcotráfico, decidida desde el despacho presidencial. Es evidente que en esta zona del país existe ingobernabilidad y una autoridad de facto, porque pese al programa oficial Todos somos Juárez, las instituciones encargadas de atender la seguridad pública han sido prácticamente borradas por la actividad del crimen organizado.

Sin embargo, lejos de reconocer esta problemática se ha pretendido descalificar a este medio de comunicación argumentando que el crimen del periodista Luis Carlos Santiago fue por un asunto personal, y a quien se le encargó esta ingrata tarea fue al vocero de la lucha contra el crimen, Alejandro Poiré.

¿Qué pruebas, qué evidencias tienen las autoridades estatales y federales, para a unas cuantas horas del crimen del periodista se afirme de manera temeraria que es como consecuencia de un asunto personal y no de su actividad profesional?

Podría usted especificarnos, dado que entiendo, es usted uno de los hombres más informados de nuestro país, ¿cuáles fueron los motivos personales que ocasionaron el crimen de Luis Carlos Santiago? ¿Qué espera para sugerirle al señor presidente, ante la frivolidad e insensibilidad de la respuesta del citado licenciado Poiré, para solicitarle su renuncia?

Siguiente pregunta. El único instrumento institucional con el que cuenta nuestro país para poder medir los resultados de la política del gobierno mexicano en materia de prevención es la Encuesta Nacional de Adicciones y nos enteramos recientemente que la del 2009 nos dice que aumentó de manera importante el consumo de algunas drogas, sobre todo en la población de jóvenes entre los 14 y 21 años. Por ejemplo, el consumo de mariguana creció en un millón de adictos y el de cocaína en una millón 350 mil entre el 2002 y el 2008.

Si todos los esfuerzos político-presupuestales que el gobierno ha desplegado, incluso, con una declaratoria de guerra a las bandas criminales dedicadas al cultivo, distribución y ventas de las drogas para que éstas no lleguen a nuestro hijos, ¿por qué estos números, señor secretario? ¿Por qué lejos de disminuir ha aumentado el consumo de drogas?

Esta encuesta, señor secretario, no es acaso la mejor muestra del estrepitoso fracaso de la estrategia punitiva del gobierno en la materia. No sería mejor pensar en la construcción de una política de estado en materia de prevención que permita a nuestros hijos informarse adecuada y oportunamente, con verdades científicas sobre el daño que al organismo le produce el consumo de estas sustancias, construyendo así los mejores mecanismos de defensa y el cultivo de los valores universales como el de la salud y la propia vida.

Conocemos de la existencia del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento contra las adicciones, me gustaría escuchar, de viva voz, cuál es el presupuesto que se destina a este programa rubro por rubro.

Otra pregunta: una de las tragedias más impactantes que hemos vivido en los últimos días ha sido el crimen de 72 migrantes realizados en el estado de Tamaulipas, dejando al descubierto el desastre que en materia de política migratoria existe y días después el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informaba que la desaparición o secuestro de migrantes en el país es incontenible, ya que en los primeros seis meses de este año, se han registrado 10 mil casos.

También este mismo organismo informaba que la mayoría de estos casos se concentran en los estados de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Esos tres estados concentran el 77.2 por ciento del total de estos secuestros y el mismo informe involucraba elementos del Instituto Nacional de Migración y Policía Federal como cómplices de la corrupción.

Señor secretario, ¿cómo explica usted estos incrementos en el número de secuestros de migrantes cuando la CNDH en su reporte especial sobre los casos de secuestros de migrantes en territorio mexicano, dado a conocer el 15 de junio de 2009, ya había encendido los focos rojos sobre esta problemática?

¿Podría explicarnos qué políticas o acciones de la secretaría a su cargo se realizaron durante los años 2009-2010 para atender esta grave situación? Por sus respuestas, muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Círigo. El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

- DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA: Gracias, diputado Corral.

Quisiera iniciar comentando que tengamos presente, sobre todo de parte del compareciente, que este no es un acto de protocolo, de verbalización, meramente; esto es un acto de control que contempla el artículo 93 de la Constitución, del Congreso de la Unión ante el Poder Ejecutivo. Por lo tanto yo lo instaría a que diera las respuestas concretas, específicas de información.

Yo hice 13 preguntas, le agradezco que me haya contestado 2, lo de Tenacatita y lo de Temacapulín, solamente para decirle que en Tenacatita se acordó hacer esa mesa, pero no ha iniciado sus funciones. Le agradezco a Roberto Gil que me dio alguna fecha tentativa en las próximas fechas para hacer esa reunión y serán bienvenidos esos espacios de diálogo en ese conflicto.

En Temacapulín no son 300 jornaleros, es toda una comunidad que tiene asentado desde el siglo IV de la era actual con valores, con principios, con identidad, que están en su entorno y no quieren ser desplazados. Hay recomendaciones de derechos humanos.

Yo le pediría a usted como gozne entre el Legislativo y el Ejecutivo, y se lo voy a formalizar en los próximos días, que José Luis Luege, que es el punto de conflicto en este asunto, que hizo un compromiso en la comparecencia del Senado el 17 de noviembre de 2009, con habitantes de Temacapulín, y que en esta Cámara de Diputados, el 23 de febrero ratificó que iría a Temacapulín, señor secretario, o que los recibiría aquí en su oficina, se digne recibir a los vecinos de Temacapulín. Ni Luege ni Emilio González Márquez se han dignado platicar ni hacer la consulta que deben hacer.

Sobre el fuero militar. Aquí, señor secretario, ya no tenemos opción, no es una cuestión de si queremos o no; es una obligación. El fuero de guerra como jurisdicción hay que mantenerlo, pero únicamente para la disciplina interna castrense, pero el fuero como privilegio y garantía de impunidad debe de ser abolido aquí.

A usted le quedan dos meses para que entregue el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre tiene que hacerlo y tiene que informar que el Estado mexicano acató esa disposición.

Los migrantes. Círigo lo acaba de exponer muy explícitamente, no redundaré en ello, solamente le preguntaría y le enfatizaría. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero hay organismos internacionales; el Grupo Guatemala-México, Migración y Desarrollo, ha manifestado contundentemente que las soluciones del gobierno mexicano no guardan proporción con la magnitud de ese problema. Díganos qué es lo que van a hacer, cuál va a ser la nueva política ahora en la sustitución del Instituto Nacional de Migración.

Y por el tiempo, señor secretario, el presupuesto. Fíjese, secretario. La secretaría de usted inició en 2007, con 5 mil 83 millones de presupuesto, para 2011 —espero que las mayorías del PRI y del PAN no le aprueben ese presupuesto— tendría usted un presupuesto de 15 mil 500 millones, el 328 por ciento, pero hay una opacidad, en el presupuesto viene una partida de 6 mil millones de pesos en la Secretaría de Gobernación, para los gobiernos de los estados. ¿Qué van a hacer, más delegaciones, más andamiaje administrativo para simpatizantes de su partido y la participación en los procesos electorales, inteligencia sobre candidatos de partidos diferentes al suyo? Explíquenos y es una desproporción, un incremento de más del 328 por ciento a los resultados que se han dado.

En contrapartida es vergonzoso, secretario Blake, que el presupuesto de Calderón sólo esté destinando 300 millones para el pago de a ex braceros y no solamente es vergonzoso, es ilegal, porque ya entró en vigor la reforma que tardó Calderón cuatro meses en publicar, para pagarles la mísera cantidad de 38 mil pesos a cada uno de los ex braceros que Calderón sínicamente, desvergonzadamente la quería pagar en 10 abonos anuales, cada diciembre les iba a dar 4 mil pesos. Eso es lo que quería Calderón, ése fue su acuerdo de octubre del año pasado.

Este Congreso cambió la ley y tiene la obligación y empezó a correr el plazo a partir del 10 de septiembre de este mes, en que tardíamente publicaron ustedes la ley, para que en un plazo máximo de seis meses se le pague a cada ex bracero esa mísera cantidad de lo que les corresponde.

Por lo cual, tiene que contemplarse una partida de 5 mil 300 millones de pesos. Ojalá sea la que tiene usted guardada ahí en su presupuesto. Le pediría que concretamente les dijera a los ex braceros que seguramente nos están viendo decenas de miles de ellos en sus comunidades rurales y semiurbanas, ¿cuándo les va a pagar Calderón, aunque sea en esa ínfima proporción lo que les adeuda?

Señor secretario, creo que todos tenemos claro por las exposiciones aquí hechas, estamos en el ocaso de un sexenio trágico y la Secretaría de Gobernación tan solo viene contemplando el derrumbe de las escasas instituciones que habían sostenido los inicios de la transición democrática.

Esperamos de usted algo más que una solidaridad retórica con la ciudadanía, que padece la inseguridad y la inestabilidad. Algo más, señor secretario Blake, que la simpatía que les gusta tanto verbalizar aquí con las observaciones críticas que hacemos. Algo más que repartir culpas, que les encanta en el gobierno de Calderón, y responsabilidades con otros poderes y con las entidades federativas.

Este ejercicio parlamentario es para dar cuentas de las condiciones actuales de la política exterior, por los resultados de las acciones de las autoridades y por los pendientes más graves que son muchos y que no han sido atendidos. Gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. Gracias, al diputado Juan Enrique Ibarra.

Vamos a dar ahora la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- DIPUTADA LORENA CORONA VALDÉS: Gracias. El tema de derechos humanos en el ámbito internacional se ha venido gestando desde hace varios años, en los cuales se ha generado un progreso gradual en el respeto a las obligaciones que cada estado en el ejercicio de su soberanía decide adoptar de manera voluntaria a través de la adhesión a ciertos instrumentos internacionales como lo es la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, usualmente, conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Mediante el cual el Estado Mexicano reconoció como obligatoria de pleno derecho a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, la evolución de nuestro Estado no se encuentra a la par de otros países firmantes, por el contrario, como ya se ha mencionado el interés por parte de la Secretaría de Gobernación es prácticamente inexistente, la falta de compromiso con las obligaciones internacionalmente asumidas se reflejan, por ejemplo, en que hasta la fecha las acciones y resultados se limiten a creación de programas de derechos humanos. Los cuales no garantizan su ejecución, si no que se limitan a directrices o metas que no aterrizan en la realidad.

Asimismo, se señala de manera genérica planes para promover la igualdad entre hombres y mujeres, la publicación de convenios marco para la coordinación entre las entidades federativas, directivas para el uso legítimo de la fuerza, la creación de la fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.

Pero no así para la creación de una fiscalía especial para concentrar, investigar e integrar las averiguaciones entorno a las denuncias que se presentan en relación a las desapariciones forzadas, como en el ya mencionado caso Radilla, cuyos acontecimientos datan de 1974 y que resalta el hecho que únicamente fue ante un órgano internacional que los familiares del señor Radilla, con ayuda de la Asociación Civil Familiares de Detenidos y Desaparecidos, pudo acceder a un medio de justicia, pues de no haber sido así, este caso de desaparición forzada hubiera sido como cualquier otro que conocemos por la divulgación hecha en los medios y, después, de semanas son olvidados sin que realmente sepamos quiénes fueron los responsables y las causas de la desaparición de estas personas anónimas.

Así podemos mencionar que gracias a la suscripción por parte del Estado mexicano del Pacto de San José de Costa Rica, estas violaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas, finalmente pueden ser de la competencia o conocimiento de la Corte Internacional, ya que anterior del caso Radilla, la intervención del Ejército en el desahogo de los procesos penales, en los que se encuentran involucrados miembros de las Fuerzas Armadas como presuntos responsables ha constituido una práctica común en nuestro sistema normativo, haciendo que ninguno de los responsables haya sido llevado ante los tribunales y mucho menos juzgado.

En este orden de ideas y con base en la resolución del caso Radilla, adoptada por la Corte Internacional, se ha condenado a nuestro país a cumplir, entre otros -incluido el que usted ya ha mencionado-, llevar a cabo la investigación a efecto de que en su caso se lleven a cabo los procesos penales para determinar responsabilidades, pagar a los familiares del señor Radilla la cantidad aproximada de 215 mil dólares.

Por otra parte, en el caso del Campo Algodonero se dispuso por unanimidad, entre otros puntos, que se investigue a los funcionarios acusados de irregularidades y, luego de un debido proceso, aplicar las sanciones administrativas, disciplinarias o penales; adecuar el Protocolo de Alba o implementar un nuevo dispositivo análogo con las características señaladas en la sentencia; crear una página electrónica con actualizaciones permanentes que contenga la información personal necesaria de todas las mujeres, jóvenes y niñas que desaparecieron en Chihuahua desde 1993 y que continúan desaparecidas, lo que cual deberá permitir que cualquier individuo se comunique por cualquier medio con las autoridades.

En virtud de lo anteriormente expuesto pregunto: ¿Cuál es el avance del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Internacional derivada de los casos Radilla y Campo Algodonero? En este sentido, si respalda la postura asumida por el anterior secretario de Gobernación en la audiencia del caso Radilla y, en su caso, cuál es la postura que asumirá como titular de esta secretaría en los casos pendientes; es decir, Inés Fernández y Valentina Rosendo.

¿Considera pertinente cuestionar el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana? ¿Y en este sentido, es necesario para la secretaría que usted preside, aguardar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reformule el dictamen en el que se planteó acatar la sentencia del caso Radilla, para que Gobernación cumpla con todos los resolutivos.

¿Cuál es la explicación para que la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos haya sesionado únicamente dos ocasiones desde diciembre de 2009, especialmente cuando la sentencia del caso Radilla contiene 19 resolutivos y la del campo algodonero 26? En éste último caso con plazos y la supervisión de la propia Corte Interamericana acerca de los avances y cumplimiento cabal de éstos Es cuánto.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Lorena Corona. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ilich Lozano Herrera, del Grupo Parlamentario del PRD.

- DIPUTADO ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA: Gracias, presidente. Iniciar comentando que solicito a este pleno de la comisión que podamos cambiar el formato para que el secretario pueda contestar una a una las preguntas, debido a que existe una dispersión –entiendo que puede ser lógica- por el alto nivel de preguntas que existen y no se alcanzan a contestar todas. Además, estos ejercicios que estamos haciendo en los últimos días de comparecencias de secretarios, nos ayuden a ir cambiando formatos.

Creo que hemos avanzado en que los secretarios vengan a las comisiones, porque eso nos permite una relación más cercana y una convivencia más amplia y unas preguntas que esperamos puedan ser respondidas ampliamente. Pero pareciera que el día de hoy el secretario ha decidido contestar algunas y no contestar otras. Al menos es mi percepción.

Sí creemos en el Grupo Parlamentario del PRD que necesitamos reformar el formato de comparecencias, donde aceptamos que exista el respeto mutuo. Que nos respetemos, porque pareciera –lo digo con toda la franqueza, señor secretario- que nos faltamos al respeto en estas comparecencias al decidir qué contestamos, al decidir qué no contestamos y obviar muchas de las cosas. Sin embargo, a la falta de respuestas dentro de algunas de las cuestiones que hemos planteado, yo quisiera hacer algunos comentarios –los cuales no comparto- de las respuestas que fue dando el secretario.

El decir que hay mejores mecanismos para reducir los riesgos en materia de protección civil, señor secretario, no se perciben evidentes. No se perciben en acciones concretas que eviten más inundaciones, que eviten más desastres naturales. Estas situaciones han ido incrementando año con año y se han anexado zonas en situación de desastre porque no existe una verdadera política de protección civil en este país. Al menos esa es la percepción generalizada de la mayoría de los ciudadanos.

Hay zonas que cada vez se van aumentando. Tabasco sigue sufriendo de problemas de inundaciones. Veracruz sigue sufriendo de problemas de inundaciones. Chiapas sigue sufriendo de problemas de inundaciones. No parece que se reduzcan los riesgos, señor secretario.

Hay un asunto que no queremos soslaya ni dejar de lado. En el tema del Presupuesto se están contemplando 2 mil 400 millones para la Policía Única que, además, es un tema en el cual no hemos llegado a un acuerdo sólido, secretario, porque aunque hay visiones de los diferentes partidos políticos que pueden estar a favor o en contra, al menos en la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario del PRD, en nuestra última reunión plenaria hemos manifestado que es un tema que no compartimos y que no pensamos transitar, porque la Policía Federal no es la respuesta a la atención del crimen y la violencia, porque la Policía Federal además ha tenido muchos vicios en los últimos años y no nos garantiza nada que no hay corrupción en la Policía Federal Preventiva y no nos garantiza nada, tampoco, que ellos vayan a ser la respuesta entonces al problema.

Sí, nosotros estamos abonándole a mayores esquemas de coordinación con los municipios y con los estados, que incluso puedan permitir que las autoridades locales puedan tener más facultades y más recursos en cuanto al combate y al crimen organizado, pero hay formas de ejecución de las políticas que son propias de las comunidades como son la policía comunitaria, ¿cómo podemos nosotros eliminar la figura comunitaria cuando la policía comunitaria tiene un arraigo social en la comunidad?

Entonces, es difícil un esquema de policía única cuando además los policías comunitarios tienen toda una serie de selección ciudadana que es legitimada y que además es bien respetada por la ciudadanía. Es un asunto que será muy difícil que nosotros abordemos y de manera —lo quiero ver— dolosa o de perversa este gobierno pretende ya incluir en la propuesta del PEF recursos para la policía única cuando requiere de más consensos.

Lo mismo que el asunto del tema de la cédula de identidad. El asunto de la cédula de identidad más allá que si bien es cierto que hay un mandato constitucional para que éste sea ejercido, no existen las condiciones claras para que éste se pueda aplicar.

Nada nos garantiza que no se está creando un estado policiaco donde se pretende que los ciudadanos tengan las 10 joyas digitales identificadas, tenga la retina, el iris, según un estudio del IFAI, son 13 procesos que está llevando el ciudadano de identificación que incluye foto, que incluye firma, que incluye iris y que incluye, además, el acta de nacimiento, la CURP, entonces es excesivo, señor secretario.

Compartimos que tenemos que avanzar hacia un documento, pero necesitamos una Ley de Protección de Datos Personales que a los ciudadanos les garantice que el Estado mexicano no va a hacer mal uso de este documento.

Por último y con esto cierro. En la última ocasión que nos reunimos con el secretario de Gobernación en las oficinas, nos decía que este documento se planteaba en un inicio que fuera guardado en el sótano de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, lo cual se nos hace ilógico por la tentación que pueden tener muchos en procesos electorales.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, al diputado Ilich Lozano.

Tiene ahora la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del PAN.

- DIPUTADO GREGORIO HURTADO LEIJA: Gracias, diputado presidente. Para Acción Nacional es premisa fundamental devolver a los mexicanos la paz y la tranquilidad que nos fue arrebatada. Por eso insistimos en apoyar la lucha de las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia organizada.

No podemos dejar a su suerte a la población mexicana al pretender, como algunos aseguran, retirar a las fuerzas militares, a las Fuerzas Armadas, porque estaríamos lamentándonos profundamente de muchas más fallas, de muchos más errores y muchas más muertas si hacemos eso.

Desde luego que también coincidimos totalmente en que ese trabajo de combate a la delincuencia debe de ir de la mano, e insisto, de la mano, no sustituir, con un trabajo social amplio, un trabajo que permita un desarrollo sustentable a las familias mexicanas y que permita la generación de más y mejores empleos, de más oferta educativa para nuestros jóvenes y para nuestros niños y desde luego el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Confiamos en que el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación abonarán en ese trabajo para que logremos una mayor eficiencia en este combate a la delincuencia y en esta tarea.

Por otro lado, el respeto a la democracia y a las elecciones, desde luego coincidimos en que nadie puede estar por encima de la ley. Por eso no podemos olvidar la participación de muchos gobernadores que en sus estados han insistido en tratar de apoyar a sus partidos políticos. Nadie puede estar por encima de la ley, coincidimos en ello. Y el respeto a la democracia y el respeto a las elecciones, es tarea de todos, no debemos olvidarlo.

Finalmente, hay quienes piden tratar con espada a las asociaciones religiosas por posiciones o declaraciones que en su concepto es la laicidad; pero exigimos un trato con algodones para quienes irrumpen en las vialidades o insultan a las instituciones. Compañeros, debemos de ser congruentes, no podemos exigir respeto si no estamos dispuestos a respetar a los demás. Por eso insistimos en que esta tarea es de todos, de los diputados, del gobierno, de los estados y de los municipios.

Sí, vuelvo a insistir, si exigimos respeto, debemos de estar dispuestos a respetar, no contrario. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias al diputado Gregorio Hurtado Leija. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Ruiz Massieu, del Grupo Parlamentario del PRI.

- DIPUTADA CLAUDIA RUIZ MASSIEU: Muchas gracias. Señor secretario, escuché su intervención y debo decir que veo que hay buena voluntad, aunque señalo que hay una persistencia en la tendencia de decir lo que usted vino a decir, tendencia que por lo demás comparten los demás secretarios del gabinete y no lo que se le preguntó.

Por ello a veces nos deja la sensación de que en su secretaría muchas veces lo que se hace no es tan preocupante como lo que se escoge no hacer.

Seguí también con mucha atención su exposición sobre cómo modernizar el funcionamiento del Estado y por eso sé que conoce la Constitución y que sabe que comparece aquí por una obligación a desahogar y no por una gracia y que lo hace no ante los opositores del presidente, sino ante la oposición que representa la pluralidad política de México. Eso lo celebro, secretario, como celebro que su conocimiento de la Constitución seguramente hace que usted sepa lo que es el Estado laico y que eso lo define la Constitución.

En una democracia, por imperfecta que sea, el poder no puede caer en la tentación de la sordera, secretario. No respondió a algunos de los cuestionamientos más sensibles que por mi conducto le hizo el Partido Revolucionario Institucional. No sé si no nos quiso escuchar o no nos quiso responder, pero como no nos queremos quedar con la duda, yo sí le quisiera insistir en qué opina de la resolución del Tribunal Federal Electoral que encontró que el presidente violó la Constitución.

Qué va a hacer la secretaría a su cargo, como es su obligación, para evitar que el presidente intervenga en las elecciones, como ya lo hizo y ya lo señaló el propio tribunal, autoridad máxima en el país en esa materia.

¿Está usted de acuerdo, como su compañero de partido, en que nadie puede estar por encima de la ley, más aún cuando un tribunal ya ha encontrado dicha culpabilidad?

Ojalá en el curso de la comparecencia cambiemos el formato, como aquí se ha pedido, y usted pueda ir respondiendo más oportunamente las preguntas y los cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios.

En el PRI estamos convencidos de que en la democracia las ideas se ponen, en las dictaduras se imponen. En la democracia no hay lugar para decir “como yo quiero y conmigo o contra mí”. Y es por eso que estamos abiertos al diálogo, celebramos esa disposición que usted ha reiterado aquí a que nos sentemos a dialogar, a respetarnos y a llegar a soluciones comunes y acordadas entre todos quienes representamos a los mexicanos.

Como siempre, refrendamos nuestra convicción democrática y lo invitamos, secretario, a hacer política y muy buena política, la que implica que me esté escuchando por favor, secretario, para que podamos dialogar con respeto.

Por ello insistimos en proponer que se suscriba un acuerdo, un pacto de neutralidad política que sea por supuesto acatable por el propio presidente, por todos quienes integran la administración pública federal y muy especialmente por los delegados federales, que muchos caen en la tentación de hacer mala política.

Secretario, quiero decirle que nos hacemos cargo de que su llegada a la Secretaría de Gobernación es reciente. Por ello, precisamente por esa llegada reciente, secretario, es que le exigimos un compromiso mayor y una contundencia muy clara.

Estamos claros de que el tiempo apremia; yo creo que usted está también claro de que el tiempo apremia, y no es el beneficio de la duda lo que los mexicanos esperan de nosotros los legisladores ante su gestión, sino la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones, de todas, con total respeto a la Constitución y a la ley y con la mayor diligencia.

Sin política, estamos convencidos los priistas, el gobierno no es más que administración. Le rogamos, secretario, que no administre una realidad cada vez más negra, sino que conduzca políticamente las circunstancias por las que atraviesa el país.

Sea usted la excepción, aproveche esta oportunidad, quizá la última que tenga la presente administración, para cambiar el estado de las cosas y abone a la consolidación de una democracia de calidad, integral, que sea gobernable. En esa tarea los priistas vamos a estar en primera fila. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Hemos agotado la primera ronda y hay dos secretarios de esta comisión que han solicitado que la comparecencia se desarrolle contestando el secretario a cada grupo parlamentario una vez que éste lo realice; y por tanto, se dará paso también al derecho de réplica.

Voy a preguntar a los miembros de la Comisión de Gobernación si están de acuerdo en que ahora hagamos que el secretario de Gobernación conteste por cada una de las intervenciones. Los que estén a favor de esta propuesta sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada (votación). Los que estén en contra de la propuesta (votación). Hay mayoría de los miembros de la comisión que buscan que se conteste después de cada intervención.

Pues vamos ahora a la segunda ronda. Precisamente tiene el uso de la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 5 minutos.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Como el tiempo es corto, diputado presidente, antes de que empiece a correr, quiero solicitarle que lea el artículo; no usted, sino quien ustedes decidan, el artículo 80 constitucional. O lo leo yo, nada más no me lo tomen de mi tiempo.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: No, perdón, diputado Noroña. No estamos en el formato de un pleno de la Cámara de los Diputados. Estamos en el formato de una comparecencia que tiene estrictamente señalados los espacios para que usted haga con los 5 minutos las lecturas o los comentarios que usted crea convenientes.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Sí, y yo le estoy solicitando que lean el artículo 80 constitucional.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: No está previsto en el acuerdo ni es una obligación de esta Presidencia darle lectura; como sí lo es en términos del pleno de la Cámara de los Diputados.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Bueno, mal empieza la semana a quien van a ahorcar en lunes. La verdad es que es una lástima que la Presidencia de esta comisión no quiera ilustrar a Blake sobre el artículo 80 constitucional que dice muy claro que el Ejecutivo recae en una sola persona.

Blake dijo que viene como parte del Ejecutivo. No puede. Ése recae en una sola persona que es el presidente de la República; y no hay presidente de la República. Es público que Calderón se la robó. En todo caso viene como empleado de Calderón; y como tal lo trataré.

Mire, empleado Blake. El 2 de septiembre Calderón dijo cinco cosas: que vivimos la crisis económica mundial más grave en 1929; a esto entrará hasta el lunes que viene su Cordero, lo voy a dejar pendiente.

Habló del nuevo virus de la influenza y dijo que esta pandemia tenía un impacto en la economía. Miente. No hubo tal pandemia. La OMS señaló muy claro que no se llegó a esta situación. El Ejército andaba repartiendo cubrebocas y nunca lo he visto repartir condones en las esquinas cuando el sida sí es una pandemia.

En tercer lugar habla sobre el crimen organizado, y ahí me detendré en su momento.

En el quinto punto dice que el país sufre el impacto de una de las peores sequías en décadas. Espero que Calderón en sus visitas a Veracruz no se le ocurra hacer semejante declaración. Y si ya ni Calderón ve cómo llueve en este país, pues ya no hay manera de ayudarlos, de plano. Si no ve las lluvias, ya no ve nada.

Ahora, le planteo sobre las cosas concretas. Le pregunto, ¿cuándo le declararon la guerra al narco, y si nos puede proporcionar el documento legal de esa declaración? Le pregunto también, ¿en qué momento le pidieron al Congreso, con fundamento en el artículo 29 constitucional, suspender derechos y garantías constitucionales? Le pregunto también, ¿cómo dice que fortalece la legalidad, si en cada retén se viola y se denigra a los ciudadanos, se les hacen revisiones inconstitucionales, se les hacen detenciones sin orden judicial, se hacen allanamientos sin la orden judicial respectiva, se aplica la pena de muerte? Y yo le pregunto, ¿en qué parte de la Constitución dice que un ciudadano que no se pare en un retén está condenado a muerte?

Le pregunto, si los daños colaterales a los que hacen referencia, hay más de 28 mil muertes en el combate contra el narco, de esos son muchos civiles, ¿cuántos son civiles? Y si de esos daños colaterales –que ustedes llaman- cuando asesinan a niños, le pregunto ¿si esos daños colaterales menores? Le pregunto también, ¿cuántos niños han sido asesinados en esos retenes militares?

Plantea el asunto de la libertad de expresión. Juárez es hoy la ciudad más militarizada del país. Hicieron un programa de Todos somos Juárez. Yo temo que esto lo vayan a hacer verdad, porque si todos somos Juárez van a militarizar a todo el país.

Y van a hacer lo que dijo también Calderón: Estamos haciendo lo indeclinable por construir un México más seguro. Me pongo a temblar con esta declaración, porque ustedes todo lo que declaran es al revés, si dicen que van a agarrar al Chapo es que no lo van a agarrar, si dicen que van a bajar la gasolina es que la van a subir, si dicen que van a defender el petróleo es que lo van a entregar a las transnacionales.

Entonces, igual con la libertad de expresión, ¿qué opina del amplísimo editorial del Diario de Juárez que los apoyó en la campaña y hoy les reclama la falta de seguridad para quienes se dedican al periodismo? Le pregunto de los 73 migrantes asesinados, y basta con que la funcionaria de migración haya renunciado y si no van a tener responsabilidades sobre ella.

Le pregunto también, en el caso que menciona sobre la seguridad. ¿Y dónde está Diego? Seré curioso. Podría decirnos -una de la gente más cercana de su partido- ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es su condición? Cómo es posible que ni a él le puedan garantizar seguridad y dicen que se la dan a toda la ciudadanía. ¿O qué han avanzado, por ejemplo, del asesinato de Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas? ¿Cómo fortalecen con eso el estado de derecho? ¿O los alcaldes asesinados? ¿Qué les decimos de su familia? ¿Qué siguen siendo también daños colaterales? ¿O sólo con decirles con que el narco es responsable suficiente para mantener la impunidad en este país?

Le pregunto también, cuando dice que va avanzando la seguridad. ¿Qué ha pasado con los familiares de los jóvenes asesinados en Salvarcar? ¿Sigue siendo parte de esos daños colaterales? Le pregunto también, ¿si van a seguir tratando a todos los ciudadanos como delincuentes? ¿O si van a seguir haciendo operativos como el que hubo en esta semana aquí afuera en la Cámara para detener a Godoy Toscano? Parece que son un poco ineficaces en esas tareas.

Le pregunto, ¿si van a seguir permitiendo los cacheos a todos los que viajan hacia Estados Unidos desde la Ciudad de México? Y le pregunto, ¿en qué ley se fundamenta que antes de subir a un avión sean cacheados estos ciudadanos?

Le pregunto también, ¿por qué piden más dinero para seguridad, cuando Calderón reconoce que se ha triplicado? ¿Cómo piden 10 por ciento más para el Ejército; 9 por ciento para la Marina; casi 6 por ciento para Seguridad Pública y reducen el presupuesto de las universidades condenando a más de 7 y medio millones de jóvenes a falta de acceso a la universidad?

Y como el tiempo se me ha acabado, pues me han quedado algunas preguntas que en mi réplica seguramente haré. Pero solamente le adelanto muy preciso, empleado Blake, que en el caso de Benjamín Argumedo, yo espero que el 20 de noviembre no vayan a poner una estatua de Iturbide. Le voy a pasar al rato un libro sobre héroes patrios para que Calderón sepa qué estatuas tiene que poner en qué momento.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Señor secretario Francisco Blake, tiene usted el uso de la palabra.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente. En primer lugar debo decirle que hemos actuado siempre con la legitimidad y con el fundamento constitucional que el propio presidente tiene en el uso de sus atribuciones para realizar la política pública y la acción de gobierno y que delega, por supuesto, también, en los secretarios del ramo, en este caso la Secretaría de Gobernación le reitera, diputado Noroña, nuestra disposición siempre de dialogar porque estamos seguros que no es el revanchismo, que no es el arrebato lo que pueda inspirar a la solución de los grandes problemas y desafíos que este país reclama y exige.

Por supuesto que estamos trabajado juntos y en coordinación para dar mejores niveles de tranquilidad y de seguridad a nuestras comunidades, y que no solamente se trata de un frente, digamos, desde la fuerza del estado, como política pública en materia de seguridad, que estamos trabajando, también, en una forma transversal para poder consolidar políticas públicas en la educación, para poder establecer la recuperación de los espacios públicos a través de la cultura de la legalidad, del deporte, entre otras acciones fundamentales, por supuesto del combate a las adicciones.

Le contesto que no hemos solicitado suspensión de garantías de conformidad en lo que establece la Constitución porque no hay en este momento ninguna suspensión en ninguna parte del territorio nacional, pero sí le pido que trabajemos con mucha dedicación, precisamente, en instrumentar mejores mecanismos legales que fortalezcan, precisamente, la presencia del Estado mexicano con mayor fuerza a la disposición legal, y hoy aquí se discute una nueva ley o algunas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que creo valdría la pena trabajemos en ella.

Por supuesto que el tema de los homicidios lastima y lacera a muchas familias mexicanas y que no ha sido exclusivo en un solo ámbito. No solamente lo he dicho en la expresión de las libertades de prensa, sino también a muchas familias. Lamentablemente este combate que el Estado mexicano ha hecho en una lucha frontal al crimen en toda su expresión, es precisamente porque no podemos abdicar y porque no podemos dejar de lado ese dolor que está generando el crimen organizado, un crimen violento y sin escrúpulos, que en muchas de las ocasiones es el crimen mismo el que elige la zona de enfrentamiento.

Si por la autoridad fuera, tal vez buscaríamos otros puntos en donde se pusiera en menos riesgo a la sociedad, sin embargo es una amenaza latente en la que criminales sin escrúpulos detonan sus armas, que tienen también un alto poder, y por esa razón se lo reitero y se lo subrayo, vamos a seguir trabajando con carácter, con determinación, con energía para hacer frente a ese crimen y recuperar nuestra condición de tranquilidad y seguridad.

Sí es lamentable la situación de Juárez por supuesto, por supuesto que todos en solidaridad necesitamos trabajar más para poder salir lo más pronto posible de la situación. Juárez, el gobierno federal ha actuado en una acción también de orden subsidiaria Juárez tiene sus propias autoridades locales municipales y tiene sus autoridades estatales, que son responsables precisamente de las acciones y de las definiciones del desarrollo de su ciudad y de su estado, pero por supuesto que el gobierno no va a dejar solo ni a Juárez ni a ninguna otra entidad de la república; vamos a actuar precisamente como lo hemos dicho, en unidad, en corresponsabilidad para brindarles mayores niveles de tranquilidad y seguridad.

Hay un plan que se ha establecido y ese plan debe ser corresponsable. No sólo corresponde esta lucha por encontrar mejores niveles de seguridad y tranquilidad, a un solo hombre o a un solo poder; es una tarea de los órdenes de gobierno, es una tarea de la sociedad en su conjunto.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario.

El diputado Juan… el turno de réplica del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Yo sé que ya quiere pasar este trago, diputado presidente, pero sí me toca todavía. Me espero a que pueda poner atención el empleado Blake, me espero.

No me respondiste, empleado Blake, lo que te pregunté. Yo te pregunto otra vez la declaración de guerra, te pregunto otra vez si los daños colaterales cuando se trata de niños o niñas asesinados, son daños colaterales menores. Te pregunto el número de civiles asesinados en retenes militares. Te pregunto, ¿dónde está Diego Fernández de Cevallos?

Te vuelvo a reiterar todas las preguntas puntuales que estoy planteando en esta comparecencia que estás haciendo y que por ley estás obligado a responder con toda precisión.

No se valen los recursos retóricos para hacer respuesta, para dar respuesta a planteamientos concretos, pero te digo más, dices que no vas a dejar solo a Juárez y al país, pues me pongo a temblar, mejor déjenos solos, mejor váyanse, no pueden con la responsabilidad, eso es evidente. Su ayuda no ayuda, ha ensangrentado al país, hay la mayor inestabilidad, la mayor crisis.

Sostengo con toda responsabilidad que cada muerto apuntala al gobierno usurpador de ustedes. Sostengo con toda responsabilidad que ustedes lo hacen de mala fe para desviar la atención de todos los problemas económicos, políticos y sociales que vive el país y sostengo que así como no tuvieron el mínimo de decoro para robarse la presidencia, hoy no tienen el mínimo de decoro para asumir al país en el hambre, la miseria y la desesperanza con tal de mantenerse en el gobierno.

Te pongo ejemplos más, nos ofreciste al diputado Pompa y a un servidor que esta semana veríamos Esqueda y Cananea. Esqueda sigue cerrado, porque el Grupo México no tolera que los trabajadores decidan cuál es su sindicato, ¿van a seguir ustedes subordinados al Grupo México? Te lo pregunto con toda precisión. ¿Van a seguir tus mesas de negociación sirviendo para nada, para perder el tiempo, para echar la pelota hacia delante?

El SME sigue en la calle, Cananea sigue en la calle, Esqueda sigue en la calle, Mexicana está en la calle, ¿quién más va a estar en la calle? No les basta, no es suficiente el daño que han causado a la nación y a los trabajadores que son los que con su esfuerzo y su trabajo crean la riqueza de este país.

No te da vergüenza servir a ese gobierno, no te da vergüenza representar a Calderón. Fíjate, qué ironía de la vida, tu puedes venir, Calderón ni eso puede hacer, no tiene ninguna legitimidad para presentarse ante esta soberanía, tuviste que venir tu el 15 de septiembre, tuviste que venir tu en el bicentenario de la UNAM, ni siquiera eso puede hacer tu jefe, que lamentable espectáculo.

Para honrar, para honrar la tradición de Calderón de que cada secretario de Gobernación diferente venga el próximo año deberían de renunciar, Blake, de verdad, deberían de renunciar. No pueden con la responsabilidad que tienen encima.

Cuando dices que se respeta el estado de derecho, te invito a que nos acompañes al diputado Pompa y a mí cuando vamos a Cananea, para pasar por el retén de Querobabi. Sería bueno que nos explicaras las filas de kilómetros, las revisiones indignantes a los ciudadanos. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué se cachea a todos los usuarios de avión que van a Estados Unidos en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿Con qué ley?

Te vuelvo a preguntar, ¿dónde está la pena de muerte para quien no se detenga en un retén militar? Te vuelvo a preguntar el sustento constitucional de esos retenes militares. Te vuelvo a decir, ¿en qué fundamentan los allanamientos en orden judicial, en qué fundamentan las detenciones sin orden judicial, en qué fundamentan las ejecuciones sin orden judicial? que han venido haciendo hacia gente que ustedes dicen que es del narco y que no hay ninguna prueba de que eso sea así.

Te vuelvo a preguntar por Torre Cantú. Te vuelvo a preguntar por Diego Fernández de Cevallos. Te vuelvo a preguntar: ¿Qué quieren que suceda en el país para reconocer que no pueden con la responsabilidad? Y te pregunto más: ¿Qué esperan para correr a Lozano? Pianista fracasado que ahora es un brutal contrario a los trabajadores de este país. ¿Qué esperan para despedir a Molinar Horcasitas, que tiene en su conciencia el asesinato de 49 niños que murieron quemados vivos y que frente al llamado de justicia de la madre, Calderón le dice que él va a ofrecer dinero.

Qué poca vergüenza tienen. Qué falta de dignidad y de sensibilidad más elemental al dolor del ser humano. Qué alejamiento del más puro instinto humano.

Te vuelvo a esperar, empleado Blake. Espero porque paren un momento porque está distraído el empleado. Sigue corriendo el reloj y yo estoy esperando. Sigue corriendo el reloj, diputado presidente, y pedí que parara un momento el reloj.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: En uso de su tiempo.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Si, nada más que estaba distraído el empleado Blake.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Por favor continúe, diputado, porque tiene ya sólo 16 segundos.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: No, de ahí me estás robando como 20 y, además de eso, sé que sabes contar, diputado del PAN, pero tu defensa al gobierno de facto fue patética, aprovecho para decírtelo. No, no es que me…

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Perdón, diputado Fernández Noroña.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: Vuelve a parar el reloj.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: No, se ha agotado en este momento.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: No, espérame tantito, porque me está interrumpiendo el diputado del PAN y además de que me está interrumpiendo, le diste más tiempo al empleado Blake.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Discúlpeme, diputado, pero nosotros hemos mantenido…

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: No es cierto. Consta a esta asamblea, que le diste unos segundos más al empleado Blake. Consta que te pedí que pararan un momento el reloj. Voy a terminar. No vamos a hacer un debate de esto.

Lo único que planteo para finalizar es que ayer hubo un operativo majadero aquí afuera de la Cámara de Diputados para detener a un presunto diputado, que finalmente tomó protesta. ¿Por qué no hacen lo mismo para detener a María del Rosario Castro Lozano, que trabaja en la dependencia, en la Secretaría de Gobernación y que está señalada de vínculos con el narco.

Finalmente, te voy a dar un libro, es muy pequeño. Sé que Calderón no lee mucho sobre los héroes de la Independencia, para que no vayan a cometer el mismo error el próximo 20 de noviembre.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ahora vamos a escuchar hasta por 5 minutos al diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- DIPUTADO JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Gracias, señor presidente. Con su venia.

Como todos ustedes saben, el pasado 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, comúnmente conocido como OPMA, con objetivos sumamente dispersos, tales como garantizar la función social en la prestación del servicio de radio y televisión, considerando las herramientas para el fortalecimiento de la integración nacional, el fomento del respeto y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Reitero, más retórica que objetivos funcionales en concreto.

Como algunos podrán recordar, el pasado 27 de abril, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, compareció ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de esta Cámara, que me honro en presidir, para intentar aclarar numerosos cuestionamientos suscitados por la creación del OPMA.

En el transcurso de su comparecencia, el secretario Gómez Mont manifestó que el OPMA no busca censurar o manipular contenidos específicos y, que, en las democracias más consolidadas, él encontraba que el gobierno participa activamente en la producción de programas de radio y televisión. Ojo: producción de radio y televisión.

Sobre esta tesitura de producción y respecto a la incipiente relación que entonces se rumoraba entre el OPMA y el Canal Once, Gómez Mont manifestó literalmente que la intención de este organismo no era coartar la autonomía del Canal Once; que no se pretendía reemplazar sus estructuras de gobierno y mucho menos su línea editorial.

Al ser cuestionado sobre si el OPMA constituiría una cadena de televisión oficial, el secretario de Gobernación respondió enfática y categóricamente que “no existe un solo antecedente a este momento que pueda llevarlos a ustedes a afirmar que el propósito del gobierno es generar una televisión oficial”.

Posteriormente a esa comparecencia, en específico el 12 de julio con motivo del 51 Aniversario de Canal Once, el Presidente Calderón anunció la ampliación en la cobertura de su señal mediante la firma de un convenio de colaboración entre dicha cadena y el OPMA, confirmando los rumores.

A tal efecto, el Presidente Calderón declaró que dicha ampliación era parte de un amplio proyecto de fortalecimiento de la televisión pública en nuestro país. Además, manifestó que “dicha ampliación era el primer paso hacia una cadena de televisión pública que llegue a todo el país”. El presidente agregó que el objetivo de esta nueva concepción de televisión pública es para promover el debate democrático de las ideas.

Los hechos anteriores constituyen la más clara afirmación expresa de que el propósito detrás de la sinergia entre Canal Once y el OPMA es crear una cadena nacional de televisión oficial, cuyo contenido sea predominantemente político. Lo anterior, porque si el propósito era llevar una señal de televisión pública de calidad a todo el país, bastaba con dotar de frecuencias y recursos a Canal Once.

Por si fuera poco, esto además constituye una flagrante violación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual claramente estipula que le corresponde a la SEP coordinar todos los medios públicos del gobierno federal orientados a fines educativos, lo cual ha sido el propósito preternatural de Canal Once desde su fundación.

Hoy en día en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se le asigna a este organismo un monto de 26.4 millones de pesos. Aun cuando no es un monto elevado en términos presupuestalmente relativos, sí constituye un dispendio incómodo a sabiendas de la carencia de su verdadero propósito funcional, de su injustificación administrativa y de su innecesaria existencia.

Al respecto tengo tres preguntas específicas

¿Cuánto se ha invertido al día de hoy para dotar de infraestructura al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales?

Otra pregunta es, ¿cuál es el fundamento y motivación para que la administración pública actual vaya en clara contra de la ley al instrumentar una sectorización de los medios de servicio público educativo y cultural en la Secretaría de Gobernación y no en la Secretaría de Educación Pública, ya que con estas acciones se infiere una alternancia en la visión contextual de estas herramientas de difusión mediática pasando de una óptica social a una mayormente política, la cual se presume constituirá una plataforma de acción político-electoral con miras hacia la sucesión presidencial del 2012, disfrazada bajo la noble máscara de Canal Cultural?

Mi tercera pregunta es, ¿cómo pretende la Secretaría de Gobernación garantizar que no se soslayen los valores y la opinión editorial y programática de la comunidad politécnica mediante tal injerencia en la producción de contenidos de Canal 11?

De antemano le agradezco sus respuestas.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Juan Gerardo Flores.

Tiene ahora el uso de la palabra el secretario de Gobernación José Francisco Blake.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente. Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, como lo expresé al inicio de mi participación, acorde a toda esta modernización a la que está transitando el gobierno federal en una política de modernización del sector y, por supuesto, de fortalecimiento.

Con toda esta reforma el sector de las telecomunicaciones estableció también este organismo, como usted bien lo señala, que se soporta a una cadena de televisión pública basada en la ampliación de la cobertura del Canal 11. Por supuesto que ése es el propósito y no otro.

El OPMA busca ampliar y hacer más diverso el servicio de radiodifusión del gobierno de la república. El nuevo organismo no tiene capacidad jurídica ni tampoco material para interferir o controlar las operaciones o la toma de decisiones de otros canales de radio y televisión, incluyendo los contenidos del propio Canal 11 que seguirán siendo determinados por el propio canal y por el Instituto Politécnico, que es el organismo que está precisamente en esa tarea.

La comunicación del servicio público tiene alcances que rebasa la función estrictamente educativa, por supuesto, y en tanto que el ejercicio de derecho a la información y a la libertad de expresión son condiciones fundamentales para la gobernabilidad democrática y su protección, promoción y defensa constituyen también una atribución que le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Por eso está sectorizada en esta dependencia con un absoluto apego a la legalidad y así lo vamos a definir siempre, con objetividad, con imparcialidad.

El OPMA se agrega a la oferta de comunicación del servicio público que opera el gobierno federal, que está constituida ya precisamente por el Canal 11, el Canal 22, el IMER, Radio Educación y que han acreditado su compromiso con calidad y respeto a la pluralidad y a la diversidad que caracterizan precisamente a nuestra sociedad.

El convenio que se ha hecho con el Canal 11 tiene como única consecución avanzar en el cumplimiento del compromiso del presidente de la república precisamente como usted lo ha señalado, señor diputado, en una señal abierta del Canal 11 a las regiones del territorio nacional en las que no era posible sintonizar estas transmisiones.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario. Tiene ahora su turno de réplica, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, el uso de la palabra.

- DIPUTADO JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias, señor secretario por su respuesta. De lo que usted ha expresado me queda una idea de que hay una inconsistencia entre los objetivos que busca el gobierno federal y las acciones que ha venido instrumentando.

Usted habla de modernización del sector. Yo sigo sin convencerme de exactamente qué es lo que persigue el gobierno federal con el OGMA, porque lo dije en mi intervención, si el objetivo era el permitir que los mexicanos en todo el país tengan acceso a la señal de Canal 11, me parece que hubiera sido suficiente con dotarlo de las frecuencias necesarias para tal fin y los recursos presupuestales.

Me dice usted que la señal de Canal 11 no llega ahorita a muchos lugares, es correcto, pero bastaba con simplemente darle las frecuencias y no crear un nuevo organismo que en mi opinión sigue sin justificarse.

Usted señala y me deja una preocupación en ese sentido, porque habla de que el OGMA se agrega a la oferta pública que representa el Canal 22 y el Canal 11. En ese sentido me queda claro, porque hasta ahorita no lo he visto, pero me queda claro que entonces este organismo en algún momento va a empezar a transmitir contenidos, cosa que no ha sido del todo clarificada hasta el día de hoy.

Sigo y lo dije en mi intervención, en aquella comparecencia que tuvimos con el entonces secretario de Gobernación, porque hablan de que con la creación de este organismo se pretende ampliar la oportunidad de las personas para acceder a poder ejercer su libertad de expresión. Tengo mis dudas, no sé qué estaba funcionando mal en Canal 11, porque si bien es un canal cultural, que nadie aquí puede objetar la calidad de los contenidos de ese canal, me parece que dentro de su barra programática ese canal también ha sido cuidadoso de privilegiar el debate de ideas, no sólo culturales, sino también políticas.

Tiene programas de debate y representantes de diversas fuerzas políticas tienen acceso a los micrófonos de ese canal. No sé qué es lo que estaba funcionando mal con Canal 11 para que el gobierno decida que para darle la oportunidad ahora a la expresión política se tenga que crear un organismo que dependa de la Secretaría de Gobernación. Es cuanto, señor secretario.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Juan Gerardo Flores. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Enoé Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del PRD.

- DIPUTADA ENOÉ MARGARITA URANGA MUÑOZ: Le agradezco, presidente. Secretario de Gobernación, buenos días. Creo que la lectura que tienen ustedes de la Constitución es muy errada y de ahí parte mucho de lo que está sucediendo.

No puede confundirse la libertad religiosa con la libertad del Estado. La primera trata de un ejercicio religioso asumido por la persona y la segunda trata de un acuerdo social para que el Estado garantice el ejercicio de las libertades de todas las personas bajo su jurisdicción. La laicidad del Estado supone muchísimo más que la separación del Estado y las iglesias; significa el respeto, por parte del poder público, y la defensa de los derechos humanos, la libertad de conciencia y la no discriminación.

En las reglas de nuestro estado de derecho acordamos que la política pública debe evitar el autoritarismo religioso ejercido desde la creencia de un gobernante, evitando con ello la exclusión social y la injusticia. Es su responsabilidad, la de usted directamente, vigilar que estos valores se cumplan, ésos de los derechos humanos: la libertad y la no discriminación, que no sean amenazados, especialmente por los poderes fácticos, más cuando la Constitución está siendo violentada.

El diputado panista que le ayuda a responder tiene razón en una cosa. No puede quedar bajo ninguna duda que cumplir con las leyes de la federación no está a votación. Todos estamos obligados a hacerlo. Aquí la única ley que vale es la de la nación, la que hacemos los humanos. A ustedes y a nosotros desde luego nos toca poner el ejemplo.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación es omisa respecto a su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas. Asumo que usted puede leer y escuchar al mismo tiempo.

La jerarquía católica se ríe, se burla del Estado laico, hace chiste de él. Ha llamado una jalada a nuestro Estado laico. Dónde estaba Gobernación ese día o el día que en un acto político efectuado dentro de catedral se llamó a defender las leyes de Dios por encima de las mexicanas.

No obstante la cínica campaña del clero contra las instituciones públicas que han apoyado el reconocimiento legal de las familias integradas por parejas del mismo sexo y a pesar de que entre las infracciones sancionadas en la ley está puntualmente la de realizar proselitismo de cualquier tipo a favor o en contra de candidato o partido alguno, Gobernación ha callado.

También se sanciona en la ley promover la realización de conductas contrarias a la salud e integridad física de los individuos que con las arengas a oponerse activamente a las personas, que como yo, demandamos que nuestros hogares tengan derechos iguales ante la ley.

Es ilegal convertir un acto religioso en reunión de carácter público. Oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas, como ha sido el caso. Ejercer violencia física o presión moral mediante agresiones, amenazas para el logro o realización de sus objetivos. Todo eso ha hecho la jerarquía católica y Gobernación guarda silencio. Lamentablemente desde el Ejecutivo se ha lesionado la condición laica del Estado. Supongo que ésa es la razón por la que no le mereció el tema mención en el informe.

El Estado debe protegerse y no permitir que los decretos de una religión gobiernen. ¿Cómo, entonces, hacer si ustedes no reaccionan? Esta soberanía encontró una medida. Supongo que está usted enterado de que de manera unánime ayer aprobamos un dictamen en el que le llamamos a que realice actos necesarios, que le son competentes, para garantizar el principio de laicidad del Estado que redunde en el respeto de los derechos humanos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros. No es un llamado que le hago yo ni como lesbiana ni como legisladora, en lo particular; se lo hace la Cámara en pleno.

Ojo, aquí es donde estamos en el momento oportuno de ver si efectivamente ese fuero eclesiástico que ustedes han concedido a las Iglesias tiene revire o no, si rescatan del entierro a la Ley de Asociaciones Religiosas, al que la han condenado. Usted tiene la oportunidad, ante este llamado de esta soberanía, de mostrar, de dejar claro si a usted le importan más los señalamientos de la Cámara de Diputados y la Constitución, si esto tiene mayor relevancia que sus creencias religiosas y las cercanías que Calderón tiene con el Episcopado.

Aquí la pregunta: cuánto tiempo le llevará dar cumplimiento a este acto político del Poder Legislativo con el que le estamos llamando a cumplir su obligación con respecto al Estado laico, y a sancionar a quienes han cometido actos de discriminación y violación a los derechos humanos de las personas lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Es una pregunta nada más. ¿Cuándo va usted a atender el llamado de esta soberanía?

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias. Lo reitero de nueva cuenta: al Estado le corresponde la definición de la política pública y el cumplimiento de la ley. En este sentido, desde aquí subrayo de nueva cuenta mi compromiso de que haremos valer el mandato constitucional que garantiza el desarrollo de un Estado laico, y la libertad religiosa por encima de cualquier religión o credo, en lo particular.

Todo procedimiento administrativo, por presuntas infracciones a la Ley de la materia por parte de ministro de culto o asociaciones religiosas se instaura para garantizar que las comunidades religiosas se aboquen a la realización de su objeto religioso. La Secretaría de Gobernación a mi cargo aplicará, por supuesto, las sanciones que en derecho procedan, cuando esta figura jurídica sea usada para realizar actos que no están permitidos por la propia ley, lo hará la dirección general de Asociaciones Religiosas, que ya instauró y que está agotando previo derecho, audiencias, el procedimiento administrativo que contempla la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y se hará precisamente en ese contexto.

La Secretaría de Gobernación a mi cargo subraya el carácter laico del Estado mexicano y el principio de separación ente el Estado y la iglesia, y por supuesto garantiza la libertad de expresión de todas las ideas que exige de todos los actores de la religión y el reconocimiento y el respeto de las instituciones y de las leyes del país.

La Secretaría a mi cargo, por supuesto, no puedo imponer sanciones a ministros de culto o asociaciones religiosas, sin agotar los procedimientos administrativos y recursos legales que garanticen el derecho de audiencia de esas partes; por eso lo haremos pues, en base a esas disposiciones legales.

El estado mantiene el compromiso de respetar el estado de derecho y reconocer las reformas legales, por supuesto, que se emprenden y que han sido sancionadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Secretaría de Gobernación adopta una postura de imparcialidad frente a las denuncias que ha interpuesto, por supuesto, también el PRD. Lo vamos a trabajar con objetividad, en pleno respeto a los derechos que se tienen por parte de todas las personas que integran la comunidad.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario. Diputada Enoé Urganga Muñoz, en su turno de réplica.

- DIPUTADA ENOÉ MARGARITA URANGA MUÑOZ: Renuncié a una infinidad de preguntas sobre derechos humanos -que eran muchas., en la expectativa de que una pregunta pudiera contestarla; evidentemente a su manera, pero que su manera incluyera una forma puntual. Incluso hasta renuncié a señalar que, con respecto de mi creencia, creía en el estado de derecho y en el sexo seguro, pero hasta ahí llegaban los alcances de mis creencias, y desde luego en el amor y en la felicidad, que ésa, por más que usted no aplique el estado laico, no me la van a robar.

Pero, incluso renuncié a preguntarles sobre las medidas que ustedes estaban planteando revisar para generar un programa de derechos humanos que deje de ser reactivo y que realmente atienda de forma autocrítica a lo que ya los ha convertido en clientes frecuentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en fin, era mucho preguntar, porque la preocupación en relación al Estado laico es mayúscula, los desacatos al estado laico debilitan al estado democrático, a las reglas de convivencia, a la diversidad que nos hemos construido y que tienen sentido gracias a ese Estado laico.

Fíjese, secretario, aquí hay quienes no los reconocen a ustedes como gobierno. Habemos quienes sí, habemos quienes asumimos que ustedes, que el presidente Calderón es el presidente de la República, y en la respuesta que usted da, se infiere que el presidente de la República no se ha enterado de que es presidente de todos los mexicanos, está él renunciando a representar a una parte de la población que evidentemente no votó por él, pero con la que tiene responsabilidad.

Los desacatos al Estado laico, secretario, son desacatos al estado mismo. El presidente de la República, el secretario de Gobernación cuando actúan fuera del marco del estado laico, el mensaje que están enviando es que aquí, en este país, cada quien escoge las leyes que quiere cumplir, según sus filias religiosas, según sus alianzas políticas.

Lamento, de verdad, que la respuesta de usted sea tan errática, que se tomara cinco minutos para no responder ante algo que es elemental; la ausencia de lo religioso en la política pública hace viable al estado en las mismas condiciones para cumplir como el garante integral que de cuestión a la nación, y en consecuencia, que garantice las libertades de todos sin discriminación. Eso es lo que esta Cámara de manera unánime le está demandando. No yo, le insisto, la Cámara.

Están ustedes desoyendo a un Poder. Yo no hablé de las demandas que presentaron partido político, le estoy hablando puntualmente de una preocupación que esta soberanía tiene. Incluso, le pedí que no cometiera el error de suponer que era un señalamiento personal, estoy simplemente a la expectativa de que el gobierno rectifique y se ponga a la altura de lo que la Constitución le demanda, si no, ya olvídese de los que los desconocen a ustedes. Ustedes mismos estarían desconociendo que gobiernan a este pueblo de diversos.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias diputada Enoé Uranga Muñoz. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- DIPUTADO AGUSTÍN CARLOS CASTILLA MARROQUÍN: Gracias, diputado presidente. Señor secretario, bienvenido.

En primer lugar quiero responder al compromiso asumido por el PRI para discutir e impulsar una reforma política.

Desde luego lo celebramos, respondemos esta invitación también y lo que digo es, sentémonos a discutir en serio, analicemos cada una de las múltiples iniciativas que se han presentado en ésta y en otras legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ya analicémoslas por sus méritos y no por su origen. Esto es muy importante, porque a veces pareciera que padecemos una suerte de esquizofrenia legislativa, en donde cambiamos de opinión en muy corto tiempo todos, esto es atribuible creo que a todos los grupos parlamentarios.

Necesitamos generar un proceso incluyente, en donde nos escuchemos todos y en donde fijemos posición y tomemos decisiones, porque comisiones, foros, mesas para discutir las diferentes reformas se han convocado en diversas ocasiones, pero poco hemos concluido y hay mucho qué hacer y el tiempo se acorta. Desde luego no podemos pretender legislar al vapor o fast track, pero tampoco podemos posponer indefinidamente la toma de decisiones.

Hemos hecho un esfuerzo importante en la legislatura pasada, por ejemplo, para alcanzar consensos importantes sobre las reglas para acceder al poder, tenemos que avanzar todavía un poco más, pero desde luego tenemos que discutir mucho sobre las reglas para el ejercicio del mismo. Por ello celebro la expresión que hace el PRI a través de la diputada Claudia Ruiz Massieu.

También se ha mencionado sobre la necesidad de consolidar las instituciones democráticas en nuestro país, sobre todo cuando nos acercamos a un escenario complejo en 2012, y en ese sentido existe una palabra o un principio más bien, muy claro, que es el de la corresponsabilidad, que no es lo mismo que el reparto de culpas.

En este sentido, debo decir que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad muy seria por ejemplo para la consolidación y el fortalecimiento del IFE, con el nombramiento de tres consejeros electorales, que espero que todos asumamos el compromiso de que no nos vayamos a una lógica de repartición de cuotas o que este proceso sea una moneda de cambio, y que realmente analicemos perfiles, que realmente busquemos consejeros con independencia, con una trayectoria profesional y personal sólida, con experiencia y conocimientos de la materia.

Necesitamos también dar certeza a la reforma constitucional y electoral 2007 y 2008, por ejemplo en lo que se refiere al artículo 134, porque es un tema de interpretación y tenemos pendientes los legisladores el análisis, discusión y aprobación de una ley secundaria. Esto nos va a despejar muchas dudas y nos va a resolver también muchos problemas a los que se han enfrentado las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.

En este sentido, señor secretario, quisiera preguntarle, ¿cuáles son desde su punto de vista, los temas pendientes que debemos resolver respecto a la implementación de la reforma electoral 2007-2008.

También, evidentemente preocupa la certeza y seguridad de los próximos procesos electorales locales en 2011, ¿qué medidas habrá de tomar la Secretaría de Gobernación? Para garantizarle a los ciudadanos que van a poder acudir a las urnas en paz, en tranquilidad, sin riesgos y a los propios candidatos que en su momento sean electos por los diferentes grupos parlamentarios y, ¿cuál es la coordinación que parece ese efecto se está estableciendo con los gobiernos de los estados?

Por otra parte, señor secretario, y hablando también de la corresponsabilidad en materia de protección civil, en primer lugar reconozco los esfuerzos que ha hecho la coordinadora nacional Laura Gurza en conjunto con las unidades de protección civil de los estados y con la propia Cámara de Diputados. Hemos logrado crear la comisión especial, que ojalá se convierta en ordinaria, un espacio de responsabilidad en donde hemos logrado hacer a un lado las diferencias naturales de los diferentes grupos parlamentarios y hemos logrado impulsar una ley, una nueva Ley de Protección Civil que espero que muy pronto vea la luz.

Pero, hablando de corresponsabilidad aquí se decía también que en diversas entidades Tabasco, Chiapas se vuelven a presentarse severas inundaciones con daños muy serios a los pobladores y a sus bienes. En este sentido, efectivamente, debemos de ir avanzando cada vez con mayor contundencia hacia la prevención más que a la atención de los desastres…

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado.

- DIPUTADO AGUSTÍN CARLOS CASTILLA MARROQUÍN: Concluyo, diputado presidente. Ello pasa también por la proliferación desde luego de los asentamientos en zonas de riesgo y en este sentido, ¿qué acciones habrá de tomar la Secretaría de Gobernación? Desde luego, nosotros, debemos de comprometernos como Poder Legislativo a hacer lo propio. Gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Castilla Marroquín.

Tiene el uso de la palabra el señor licenciado José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, diputado. Voy a aprovechar el campo de respuesta, el espacio de tiempo, también, para poder puntualmente definir algunos cuestionamientos y planteamientos que me hizo la diputada Claudia Ruiz Massieu, fundamentalmente, en uno los propósitos que se señalan.

Primero. Quiero expresar que el presidente de la república, el presidente Calderón, el presidente de todos los mexicanos, respeta el ámbito de bagaje constitucional y legal que se tiene en materia electoral y en el campo democrático en su amplia expresión, que por supuesto somos respetuosos de las instituciones electorales y de sus definiciones, pero que sí es muy importante que haya una delimitación más clara en las definiciones.

Estoy convencido de que necesitamos fortalecer nuestro régimen democrático y que esto implica establecer nuevas definiciones y reglamentaciones, como es el caso del 134, que aquí se me planteó. Pero por supuesto que el gobierno de la república y la Secretaría de Gobernación estamos en la disposición, en la actitud corresponsable que tenemos los poderes de legislar y de perfeccionar nuestras reglas y que corresponde al campo del Legislativo y, por supuesto, también del Poder Ejecutivo federal el construir estas definiciones.

Ojalá y pronto tomemos de nueva cuenta las comisiones para su discusión, análisis, definición y, en caso de su aprobación, estos instrumentos que son fundamentales.

También quiero decirles que estamos de acuerdo en que tenemos que establecer una nueva realidad en el ámbito de las condiciones en los procesos electorales, y no todo necesariamente debe de ser legislación. Me parece que las actitudes deben de prevalecer en un ambiente que hagan de estos ejercicios un ejercicio verdaderamente cívico en los ciudadanos.

Por esa razón estamos dispuestos, por supuesto, a constituir un pacto, pero un pacto que no solamente quede en el ámbito de lo federal. Sería insincero hacerlo nada más así. Tendríamos que integrar, por supuesto, a las autoridades locales, a los gobernadores fundamentalmente, a los alcaldes, porque los procesos electorales no nada más son del orden federal.

Próximamente, en el próximo año tendremos ya, se está seguramente en el legítimo derecho, en la legítima aspiración y en la regla misma de las instituciones partidarias, seguramente ya se están trabajando en sus procesos internos, en el ánimo precisamente de estar en la posibilidad de llevar a sus representantes, cuando la Constitución y la ley así lo marque.

Por esa razón necesitamos todos los actores políticos del país construir esas reglas, también de actitud -no solamente legales- para asegurar, primero, que mantengamos procesos dentro de un ámbito de mayor seguridad y tranquilidad.

En segundo lugar, que tengamos la responsabilidad de delimitar muy bien qué le corresponde al partido político y al candidato y qué es la acción precisamente de gobierno y la utilización de los recursos públicos de una manera objetiva, clara y transparente.

Necesitamos llegar a esos entendimientos y a esos acuerdos para poder trabajar en un ámbito de mayor imparcialidad, legalidad; por supuesto también, en donde el ambiente electoral esté precisamente en manos de los ciudadanos, en la definición de los ciudadanos.

Y por supuesto, es menester, es imprescindible, es necesario que construyamos una actitud que deje a las instituciones electorales, a sus consejos, a sus autoridades, ser verdaderamente un árbitro y no necesariamente algún apéndice que pueda colaborar con alguna acción partidaria.

Necesitamos darle fuerza a las instituciones electorales para que en el ámbito de la democracia, de la libertad, de la constitucionalidad, tengamos verdaderos árbitros que regulen. Que sean los ciudadanos los que emitan con su voz y con su voto definiciones y regresarles esta autenticidad ciudadana.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, secretario. Por favor, diputado Agustín Castilla Marroquín, tiene usted su turno de réplica.

- DIPUTADO AGUSTÍN CARLOS CASTILLA MARROQUÍN: Gracias, diputado presidente. En mi intervención anterior no alcanzó el tiempo para formularle una pregunta que ojalá pueda abundar sobre ella el secretario.

Es respecto a su opinión sobre las declaraciones o las propuestas que hace el gobernador de Veracruz –que me parecen interesantes- Fidel Herrera, de mantener el IVA en un 16 por ciento y destinar un punto porcentual a la prevención y atención de desastres en materia de protección civil. Creo que ese es un tema que bien vale la pena analizar.

Por otro lado, en materia electoral simplemente pregunté la opinión de la Secretaría de Gobernación. Si bien es cierto que las decisiones fundamentales nos corresponde determinarlas en el Poder Legislativo respecto al marco legal, hace unos momentos se hablaba de la necesidad de hacer un llamado también a los gobiernos de los estados, a los municipios, a diputados y senadores. Es decir, a todos los servidores públicos para que respetemos la ley y para ello no basta la buena voluntad, hay que establecer sanciones.

Efectivamente, ya hay iniciativas en esta Cámara de Diputados para definir con precisión cuál sería el catálogo de sanciones que correspondan a las conductas infractoras y que no prevalezca la impunidad. De paso habría que revisar los tipos penales y adecuarlos en materia electoral.

Finalmente, señor secretario, en materia de trata de personas creo que todavía tenemos saldos pendientes. Si bien reconozco que en un caso particular –que yo he impulsado-, que es el de Casitas del Sur ha habido detenciones importantes, de hecho se notó un cambio de actitud con su llegada a la Secretaría de Gobernación al cancelar el registro de la Iglesia Cristiana Restaurada, vinculada con esta organización delincuencial.

Desde luego –y a nombre de los familiares- exigimos que se intensifiquen las acciones para dar con el paradero de las 22 niñas y niños desaparecidos. Y que en materia de trata de personas sigamos avanzando, sobre todo en el ámbito de la prevención. Es cuánto.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, diputado Agustín Castilla. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Sami David David, del Grupo Parlamentario del PRI.

- DIPUTADO SAMI DAVID DAVID: Gracias, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados. Señor secretario de Gobernación. Su comparecencia se circunscribe dentro de las que realizan los servidores encargados del despacho de las secretarías y entidades de la administración pública federal, con base en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que impone a esos funcionarios dar cuenta a esta soberanía sobre el estado que guardan sus respectivas áreas de responsabilidad.

De ahí que su presencia sea obligatoria y no como consecuencia de la voluntad de diálogo permanente que debe existir entre los Poderes pertenecientes a un mismo nivel de gobierno, con la finalidad de construir los consensos que el país requiere para llevar a cabo las reformas estructurales, que permitan satisfacer las demandas más sentidas de la población, la cuestión social, como el acceso a un empleo digno y remunerado, la disminución de los índices de inseguridad, la garantía de su integridad física, propiedades y posiciones como el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los habitantes del país.

La materia que el grupo parlamentario me ha encomendado tiene necesariamente que enmarcarse en esta voluntad de consensos y de acuerdos que necesitamos apurar, es la cuestión migratoria. Reclama de corresponsabilidad. Es la Cámara de Diputados caja de resonancia de estas expresiones e instancia, experiencia para reflexionar y diseñar nuevas normatividades e instituciones que puedan darle sentido a esta área muy importante, la migratoria, del país.

Así está tratada en el informe presidencial. Así está presentado en el informe del presidente de la república, siendo éste un documento muy voluminoso, pero carece de un apartado que contenga una política de Estado, integral de la materia de migración.

En la materia de migración el informe sólo se refiere a algunos programas que de manera tradicional ejecutan las autoridades migratorias para atender a los migrantes mexicanos repatriados, así como a los extranjeros residentes en nuestro país para regularizar su situación.

Pero ignora olímpicamente el problema central de la migración en nuestro país como el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes e inmigrantes indocumentados que son víctimas de vejaciones y maltratos por parte de autoridades y de particulares que atenta contra la dignidad de las personas.

El asilo, el refugio y la salvaguarda como instrumentos de apoyo humanitario merecen una atención por parte del gobierno; pero no existe propuesta ni ninguna política pública alguna sobre la materia y por ende, tampoco el informe toca este rubro.

Ante el incumplimiento de las autoridades migratorias del país con sus compromisos, el grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propone una política pública que redimensione al Estado mexicano con la migración, que sitúe a México en una posición de vanguardia en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad internacional.

Por esta razón el grupo parlamentario ha presentado una iniciativa como paso inicial de la integralidad de las relaciones internacionales que posiciona a nuestro país con una política de Estado que tenga como base fundamental el respeto, como aquí se ha dicho, de los derechos humanos, la protección y el apoyo a los migrantes y sus familiares, así como la reorganización de las instancias gubernamentales que tienen asignadas funciones en la materia, para otorgarles la autonomía económica, técnica y de gestión y la capacidad de coordinación con los niveles de gobierno.

Por ello además de la autonomía del Instituto Nacional de Migración se propone la creación de una procuraduría nacional de migración, como instancias articuladoras y promotoras de esas políticas públicas.

Siento, en lo particular, que la secretaría no ha visto la gravedad del tema. Los asuntos acontecidos en San Fernando con la muerte de 72 migrantes, es un caso que no merece del gobierno federal y menos de esta instancia de responsabilidad que es la Secretaría de Gobernación, una respuesta que solamente se advierte por su anuncio previo de la materia.

Creemos que en la Cámara de Diputados bajo estas propuestas y buena voluntad, podemos iniciar un esquema, una mesa de intercambio de información que concrete con toda posibilidad, lo que aquí estamos planteando y que le pueda redignificar el interés que tenemos en esta materia y en el compromiso.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias, diputado Sami David. Tiene el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente, muchas gracias, diputado Sami David. Por supuesto que esta condición de San Fernando, de este artero crimen es una expresión que manifiesta el crimen organizado y que por esa razón hoy como nunca tenemos que seguir combatiendo a estos criminales que sin escrúpulos atentan, matan, agravian a la vida, al patrimonio de las personas.

Por eso recojo este buen propósito y esta actitud de poder en una política de Estado, juntos transitar a fortalecer nuestra política migratoria.

La Secretaría de Gobernación, por supuesto a través del Instituto Nacional de Migración, trabaja en tres esferas de competencia para atender a los extranjeros víctimas de delitos, que ésa es una parte esencial en este eje: la prevención del delito, asistencia migratoria y en su caso presentación de denuncias, que ya lo reconocía el legislativo, ha dado mayores facultades para actuar con mayor prontitud de oficio y tener sanciones más severas.

Por eso vamos a estar al pendiente no solamente de este diseño, en tanto que construimos algunas disposiciones que le den un mejor marco; vamos a seguir actuando en una condición objetiva, contundente para desmantelar bandas del crimen que atentan contra los derechos de los migrantes.

Es necesario por supuesto, como bien usted lo ha dicho, diputado, impulsar la modernización y actualizar nuestra política migratoria a fin de dar respuestas a los crecientes retos que presenta la migración interna e internacional en nuestro país.

Un aspecto central es la modernización al marco normativo, que ahí creo que tenemos que trabajar y qué bueno que se están presentando también iniciativas para fortalecer, desde el enfoque también legislativo, los espacios que garanticen el respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes que otorguen una mayor certeza legal y protección por supuesto a los migrantes extranjeros que sufren abusos, privilegiar la unidad familiar y la protección humanitaria como eje rector de la política migratoria.

Que se proteja al mercado laboral de nuestros propios connacionales y se establezcan facultades que posibiliten la protección de los trabajadores mexicanos en el exterior. Incrementar la seguridad en el manejo de flujos migratorios. Es decir, una política integral.

Cada vez es más urgente que México cuente con una legislación moderna y un marco jurídico especializado, como bien ustedes aquí lo han señalado, en materia migratoria. Hoy, por ejemplo, la Ley de Población regula parte de estos fenómenos; necesitamos darle un carácter especial por el significado y la trascendencia de esta política pública en materia migratoria.

La Segob ha implementado algunos proyectos que se han trabajado en el Instituto Nacional de Migración, pero por supuesto estamos en la mejor disposición de abrir los espacios y de participar con ustedes aquí en el Legislativo para poder tener las mejores opiniones de los especialistas que nos permitan acertar en la modernización del marco jurídico.

Que se abra la puerta para que estos instrumentos jurídicos verdaderamente estén al alcance del fenómeno migratorio y que respondan verdaderamente al fortalecimiento cada vez mejor en materia de migración, y de las personas que muchas de las veces se ven en situaciones muy adversas, cuando su aspiración y su propósito precisamente es buscar mejores condiciones de vida. Por supuesto que sí, señor diputado.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario.

Tiene el uso de la palabra de nueva cuenta el diputado Sami David.

- DIPUTADO SAMI DAVID DAVID: Gracias, diputado presidente.

Señor secretario, no quiero dejar de subrayar que la mayoría de los diputados, porque así lo han expresado, y a la cabeza de ellos, la diputada Beatriz Paredes, hay -- ustedes lo han conocido-- un compromiso permanente por la frontera sur en las diferentes materias: de gobernabilidad, de migración, de tránsito, de soberanía, de desarrollo, de carácter municipal.

Queremos dejar aquí constancia de que nos importa mucho recordar la obligación del Estado mexicano de hacer esa parte de nuestro país, de la frontera sur, una frontera ejemplar, un espacio de desarrollo, de oportunidades, y no de nota roja, y no de oprobio, como lamentablemente ahí pasa.

Reconocemos en los gobiernos locales que han tomado una vanguardia y también una iniciativa para poder darle cobertura y salvaguarda a los migrantes que pasan por la frontera sur y los trabajos que el gobierno de Chiapas y el Congreso de Chiapas han realizado en materia migratoria; pero sentimos que tienen que estar enmarcados en una propuesta integral y de mayores dimensiones que nos vuelva a redimensionar, reitero, en esta materia que es de interés para nuestra modernización como país.

Por otra parte, para terminar, queremos afirmar nuestro rechazo por la parcialidad de la visión como ha venido siendo planteada, y en lo particular yo así lo creo, a la cédula de identidad porque no reúne una propuesta que pueda merecer el buen propósito, como ya le hemos señalado de nuestra parte, el que tengamos los mexicanos del siglo XXI un instrumento de identificación con el respeto irrestricto a poseer esta materia de identificación.

Termino con la expresión de Cananea en donde me sumo a lo expresado aquí por Gerardo Fernández Noroña y de nuestro amigo Miguel Pompa, para que la Secretaría de Gobernación revisara y encaminara los pendientes que se tienen con los mineros y con esa región que merece atención, bienestar y desarrollo.

Es cuanto, señor presidente.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Sami David.

Hemos concluido la segunda ronda de esta comparecencia. Vamos a iniciar ahora la tercera ronda de análisis del Cuarto Informe, en la comparecencia del secretario de Gobernación.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el señor diputado Jaime Cárdenas Gracias, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

- DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA: Gracias, presidente.

Señor Blake Mora, no somos estado de derecho ni democracia plena en México. Posiblemente seamos un estado fallido, ante eso Calderón presenta iniciativas de reforma política pichicatas. ¿Por qué digo pichicatas? porque una auténtica reforma política en México debe tomar en cuenta a los poderes fácticos y en la iniciativa de Calderón no hay una sola línea de cómo limitar a los poderes fácticos.

No puede haber reforma política en México sin darle exigibilidad a los derechos económicos, sociales y culturales para combatir la pobreza; y en la reforma política de Calderón, en la iniciativa, no hay una sola línea al respecto. No puede haber reforma política en México sin defender el patrimonio de la nación; y en la iniciativa política de Calderón no hay una sola línea al respecto. ¿Qué me puede decir sobre eso?

En segundo lugar. Ustedes siempre presumen que toman en serio los derechos humanos, se les llena la boca con ellos. Y yo me pregunto algo muy simple, ¿por qué no elaboran un programa nacional, un programa federal como el que hizo el Distrito Federal, en materia de derechos humanos, que oriente a todas las instituciones públicas a la garantía plena de estos derechos humanos?

También me preocupa mucho esto de la política migratoria; es un escándalo, es un fracaso el del gobierno de Calderón. Yo no veo en el gobierno de ustedes, al menos una propuesta. Le voy a hacer dos sugerencias: ¿por qué no hay una calidad migratoria en la Ley General de Población que le permita permanencia legal al migrante centroamericano? Existe la figura del transeúnte o del transeúnte en la Ley de Población, pero no hay una calidad migratoria que permita la estancia legal de los centroamericanos. Y segunda sugerencia, señor Blake, ¿por qué no toman el modelo de Monseñor Vera y del padre Pedro Pantoja y construye el gobierno federal, casas del migrante por el territorio nacional para apoyar a los migrantes centroamericanos? ¿Por qué ustedes que tienen proclividad a la iglesia no asumen los buenos ejemplos, las buenas prácticas de la iglesia católica?

También quisiera que me contestara, si usted conoce, en materia de política migratoria, un caso escandaloso que sólo ha aparecido en los medios de comunicación locales, del estado de Querétaro. Está preso desde el 2007 el señor Juan Ranulfo Martínez Pérez. ¿Y sabe por qué está preso este señor? Porque le dio agua a un centroamericano. Pasó el centroamericano en su camino a Estados Unidos y este señor se concretó a darle agua y está procesado y está preso en el penal de Querétaro.

Otra pregunta, a ustedes que les preocupa tanto la transparencia o que dicen que les preocupa la transparencia, yo no he visto de parte de gobierno federal, del parte del Ejecutivo, una sola iniciativa para darle autonomía constitucional al IFAI.

En la actualidad el IFAI es un órgano desconcentrado de su Secretaría, ¿por qué no insisten en ello? ¿Por qué no le dan autonomía al IFAI? ¿Y por qué no eligen a los comisionados del IFAI? ¿Por qué no permiten que se elijan por voto directo de los ciudadanos? No están trabajando a favor de la transparencia.

Otra cuestión que quisiera mencionarle en este minuto que me queda de tiempo. También se llenan ustedes la boca diciendo todo el tiempo que piden colaboración con el Congreso, que ojalá el Congreso colabore con ustedes, pero la verdad señor Blake, ustedes tampoco colaboran con el Congreso. Ustedes incumplen sistemáticamente el artículo 72-A de la Constitución, que dice que una vez que una ley es aprobada por el Congreso, inmediatamente el Ejecutivo la debe promulgar y publicar. Se sabe de leyes que tardan cuatro meses, cinco meses, seis meses, ocho meses en ser promulgadas y publicadas por el Ejecutivo.

También se llenan la boca diciendo que ustedes colaboran con el Congreso, y esta Cámara de Diputados hace algunas semanas, algunos meses, aprobó la Ley de Cooperación Internacional. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Inmediatamente la vetó. La vetó con argumentos autoritarios, anticonstitucionales, en donde el Ejecutivo se arroga la competencia en política exterior. Es falso –termino- es falso que el ejecutivo colabore con el Congreso. Al Ejecutivo le gusta un Congreso subordinado. Ustedes, con el Congreso hacen lo que les da la gana. No merecen nuestro respeto.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias diputado Cárdenas Gracia. Tiene ahora la palabra el señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Gracias diputado. Expresarle, lo he reiterado, lo he expuesto en este encuentro de glosa, en este ejercicio republicano, existen en las comisiones un planteamiento de reforma política que puede tener sus cuestionamientos, el propósito es hacer más eficaz y eficiente nuestro sistema político mexicano, las relaciones entre los propios Poderes de la Unión, particularmente enfocado a darle fuerza ciudadana a poner el poder, también, en manos de la ciudadanía. Y me parece que sería de suma importancia analizarlo y discutirlo, el poder ofrecer, incluso, alternativas que permitan integrar a esta legislación, a esa propuesta legislativa, algunos otros puntos de vista, precisamente, en la diversidad de opiniones, en el ámbito democrático que hoy tenemos.

Por supuesto que no solamente hay una reforma de carácter político o electoral. Hay otros pendientes muy importantes, por ejemplo, en la Cámara de los Diputados en materia de competencia económica. Hoy aquí en el Congreso de la Unión, en sus Cámaras, se discute una Ley Federal de Competencias que permita tener límites ante esta actividad de competencia, los monopolios, etcétera, es un tema importante, fundamental.

Hay una Ley Federal del Trabajo, también, que impone nuevas modalidades ante las exigencias y reclamaciones mismas del movimiento social. Ustedes que han estado muy al pendiente de estos temas, me parece valdría la pena transitar también a una discusión y análisis de estos instrumentos.

Hay una Ley de Asociaciones Públicas y Privadas que bien valdría la pena para darle mayor viabilidad a las acciones que permitan contar con mayores inversiones e infraestructura. Estoy de acuerdo en que cada vez debemos de mejorar nuestras instancias en lo que se refiere a la transparencia. Fortalecer al IFAI es fortalecer la transparencia, es fortalecer el acceso a la información pública que permita generar también una cultura de la utilización de la información.

Yo estoy de acuerdo en que busquemos siempre consolidar estas instituciones. Por supuesto lo he dicho y lo sostengo, en materia migratoria —lo reconozco— hay un gran desafío y hay una gran reto, que tenemos que seguir trabajando como bien aquí se ha comentado también en la exposición de diferentes diputados, en una política integral de Estado, con la participación de todos los actores y esto no quiere decir que dejemos de hacer cosas.

Yo estoy seguro que también la participación social de muchas agrupaciones religiosas —lo decía en mis intervenciones— han aportado a cambio tal vez de nada, su esfuerzo y su dedicación.

Me parece muy importante que en esta materia alineemos la conjunción de esfuerzos de la sociedad civil, de las organizaciones de todo tipo que han trabajado en los albergues fundamentalmente, que podamos trabajar con ellos para fortalecer estas acciones importantes en materia migratoria.

Hay una acción preponderante de estas organizaciones y me parece también puntual recobrar una coordinación y una cooperación también corresponsable, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En este tiempo que tenemos en la Secretaría de Gobernación he tenido la oportunidad de ir a algunos estados de la república, a Chiapas, a Campeche, a Tabasco, a Tapachula, a la estación, al albergue, a darme cuenta de manera directa de en qué condición se encuentran algunos migrantes y cómo podemos reforzar.

Ya lo comentaban, por un lado nuestra frontera sur requiere también de una estrategia trasnacional, no solamente es un tema que le corresponda al Estado mexicano. Necesitamos seguir trabajando con los países de Centroamérica. Hay una migración importante que empieza a detonarse con mayor fuerza en sus flujos migratorios también de algunos otros continentes, que hace necesario hacer una política trasnacional para poder establecer con solidez una política que siempre esté a la vanguardia de los derechos humanos de las personas.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario.

- DIPUTADO VÍCTOR HUGO CÍRIGO VÁSQUEZ: Presidente, una pregunta… en turno. Por eso le quisiera suplicar que me explicara esta situación, porque entiendo que a mí no se me ha concedido el derecho de réplica e hice preguntas muy específicas al inicio de esa ronda.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Señor diputado, efectivamente, la Comisión de Gobernación definió el número de rondas, las participaciones que conforme los partidos políticos tienen al interior de la comisión en orden ascendente, las participaciones son ponderadas y sólo se admitieron, fuera de esa regla que establecimos, las que específicamente y mediante el oficio que requería el acuerdo firmado por Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política se notificaron formalmente a la comisión.

En su caso se le concedió ese derecho en la primera ronda, aun cuando el Partido de Convergencia no forma parte de este órgano, ahí es cuando se le concedió a usted el uso de la palabra y todas las demás rondas están precisamente construidas a partir de la integración de los partidos en la comisión. Como lo hacemos tradicionalmente en los turnos de oradores en la Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, para su turno de réplica el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.

- DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA: Gracias, presidente. Me da mucha pena, señor Blake, pero creo que usted está violando el artículo 93 de la Constitución. Como se lo señaló hace un momento mi compañero de grupo parlamentario el diputado Ibarra, porque usted contesta lo que quiere contestar y lo que no le gusta no lo contesta.

Entones, sí llamo la atención de que no puede así realizarse una labor de fiscalización y de control parlamentario que incumbe a esta Cámara. Llamaría a que se respetara íntegramente el artículo 93 de la Constitución y que los secretarios de despacho tengan conocimiento pleno de que el Congreso no solamente como todos sabemos legisla, sino que principalmente controla y fiscaliza al Poder Ejecutivo.

Quiero hacer en esta parte tres preguntas. Me preocupa mucho, como lo indicaba también mi colega Fernández Noroña, la militarización contraria a los derechos humanos que existe en el país, pero hay elementos paradójicos, ustedes militarizan enormes partes del territorio nacional y donde hay graves conflictos, donde se mata la gente, por ejemplo, en San Juan Cópala están totalmente ausentes. Le pido muy atentamente que ustedes actúen en San Juan Cópala, que resuelvan la situación de inseguridad que hay en esa región oaxaqueña, esa región Triqui de Oaxaca, porque la situación de violencia se incrementa día con día en esa comunidad.

Entonces, ¿por qué actúan así? Corral, escúchenme. En algunos lugares militarizan al país y en otros lugares el Ejército no interviene en Cópala, tú que eres delegado en Oaxaca también lo debes de saber.

Luego está el tema de la prevención del delito. No sé si usted sepa, señor Blake, cuántos millones de pesos va a destinar la Secretaría de Seguridad Pública en prevención del delito. Dicen que van a destinar un número infinito de recursos, pero eso trata principalmente de tareas de disuasión a la policía.

Las auténticas actividades de prevención del delito, que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la educación y con otros programas van a representar en la Secretaría de Seguridad Pública sólo 20 millones de pesos para pagar el gasto corriente de una dirección general que existe en esa secretaría.

Yo creo que de parte del gobierno federal debiera haber una intención muy amplia, muy sostenida para incrementar recursos en prevención del delito. No basta su programa en contra de las adicciones. Hay muchos programas, que el gobierno federal está dejando de lado, que tienen que ver -ya lo dije- con educación, con cultura, con deporte, con trabajo, con empleo para millones de jóvenes y personas de este país y ahí el gobierno federal es totalmente omiso.

Para ustedes la seguridad pública es fuego, plomo, sangre, muertos, “daños colaterales”, violaciones a los derechos humanos. Esto es su combate al crimen organizado.

Finalmente, hay un asunto administrativo en la secretaría a su cargo. La secretaría a su cargo es la que más incrementa el número de plazas y no existe justificación alguna. Voy a dar simplemente un dato. Es del año pasado. En cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2009, en la Secretaría de Gobernación se crearon mil 25 plazas: 570 en el Instituto Nacional de Migración, 253 en la Oficialía Mayor, 110 en la Subsecretaría de Gobierno, 91 en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Le quiero preguntar y le quiero pedir muy atentamente, que toda esa creación de plazas y todo el gasto corriente aparejado a la creación de esas plazas se justifique ante esta soberanía. Me parece excesivo que en la Secretaría de Gobernación se creen plazas, que no respeten el plan y el Programa de Austeridad del gobierno federal aprobado por la Secretaría de Hacienda, y que ustedes destinen recursos para tener más burocracia, y a no resolver los problemas del pueblo de México.

Por favor, secretario, explíqueme para qué son todas estas plazas. Justifíquelo ante la Cámara de Diputados. ¿Qué tareas realizan cada uno de estos servidores públicos? ¿Y qué resultados hemos obtenido los mexicanos con la creación de estas plazas y otras que ustedes están proponiendo se incrementen para este año?

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.

- DIPUTADA LORENA CORONA VALDÉS: Gracias, presidente.

Uno de los instrumentos de coordinación interinstitucional que permite al gobierno federal apoyar a las entidades federativas para hacer frente a situaciones de emergencia es el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden.

Con base a la información proporcionada, en el cuarto informe de labores de la Secretaría de Gobernación se indica que en el periodo de enero a junio de 2010 se ha canalizado el 87.6 por ciento de los recursos del Fonden a los estados de Baja California; Michoacán, Veracruz; Tabasco; México y Nuevo León.

Ahora bien, en los desastres ocasionados en este mes por el huracán Karl en los estados de Veracruz; Nuevo León; Tabasco; Coahuila; Tamaulipas; Campeche y Querétaro, nos hace pensar que los desastres naturales casi siempre tocan a los mismos estados.

La pregunta en esta ocasión es simple y hasta probablemente reiterativa. Tomando en cuenta que existen muchas variables que pueden ser controladas y otras que no, en cuanto a la protección de la gente ante los riesgos de los fenómenos naturales de aquellas variables que sí pueden ser controladas, ¿se pueden preveer políticas demográficas y de protección civil tendentes a minimizar el riesgo por asentarse en zonas que sean menos peligrosas o expuestas a estos fenómenos naturales?

Dentro del informe no se ha dado la información que se refiere a dichas políticas demográficas y es obligación del Estado establecerlas, previniendo a la gente de las zonas que han sido urbanizadas por necesidad, pero que son altamente riesgosas. Por ejemplo, barrancos cerca de ríos, etcétera.

Efectivamente, existe un apartado que se titula fortalecer la regulación de los fenómenos sociodemográficos que afectan a la población, pero en el mismo no se informa de una sola política ante cuyo objetivo sea reubicar a la población que se encuentra en zonas de riesgo a asentamientos seguros. ¿Podría informarnos de dichas políticas y sobre el avance y ejecución de las mismas? Al parecer podría ser menos costoso en el mediano y largo plazos.

¿Por qué la tardanza de proveer los fondos y por qué siempre esperar a que los exhortos sean hechos por la Cámara de Diputados y no realmente hacer esto de una manera expedita? Gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Lorena Corona. Señor secretario, tiene usted la palabra.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Existen al menos tres programas federales que canalizan recursos a las entidades federativas a través de aportaciones y subsidios, que prevén en su normatividad la posibilidad de que se utilicen para la coparticipación estatales al Fonden, que es una parte fundamental: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafed), antes Pafed; Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (Fies), antes el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Las entidades federativas afectadas por desastres naturales, deben realizar una adecuada priorización de los recursos. El Congreso ha resuelto, y me parece que en el 2009 ha acertado en algunas políticas en definición legislativa, por ejemplo de los apoyos inmediatos parciales. Es decir, cuando un municipio se ve rebasado y hace una declaratoria de emergencia, se le otorgan los suministros.

Cuando un municipio, estado o zona afectada hace su declaratoria de desastre, hoy con esas disposiciones que han establecido se les puede mandar de manera inmediata y así se han hecho los recursos, para que tomen providencia de inmediato.

Sin embargo, la cuantificación de un daño como, por ejemplo, el sucedido en Nuevo León o en Baja California o, por ejemplo, las inundaciones ahora en Veracruz, pues esos no se pueden cuantificar de una manera pronta, es decir, tiene que haber peritajes para las estructuras, cuantificar los daños que se tienen por ejemplo, en el campo, en la producción, etcétera.

Entonces, hay que conocer con precisión que a veces estas cuantificaciones que le toca a los comités, digamos, estatales de protección civil, no avanzan con la premura que requiere la exigencia o a veces la demanda misma. Por esa razón los apoyos parciales inmediatos fueron una disposición que ha venido a aliviar esta situación.

También lo he dicho, el Fonden tiene una cantidad que se asigna al punto cuatro del gasto programable y en ese contexto a veces se nos queda muy corto en relación a los daños que ocasiona un fenómeno natural realizado por la conducta humana.

Por ejemplo, decía al inicio de mi intervención que debe de andar ahorita cuantificado, sin el caso de Veracruz, Oaxaca y algunos otros que han sufrido daños, alrededor de 12 mil millones de pesos, es decir, una cantidad muy superior a la que pudo haberse establecido en el fondo.

Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa parte para fortalecer también el Fondo de Desastres. Es una actuación subsidiaria. Por ejemplo, se han emitido 68 declaratorias de emergencia, de las cuales 20 están vigentes y 48 se encuentran ya cerradas, con ello se ha apoyado a 21 entidades federativas, atiende a 515 municipios para una población afectada de un millón 768 mil 213 personas, costo aproximado de los insumos brindados casi 822 millones, entre algunos datos que puedo poner sobre la mesa; en desastres, por reconstrucción de daños, pero esos son de mayor volumen, recursos autorizados para el 2010, 41 desastres corroborados en 16 entidades federativas, para 503 municipios, 19 desastres con recursos autorizados por un monto de 11 mil punto 3 millones, 8 en proceso de autorización por 8.3 millones, es decir, las cantidades y las afectaciones son de una carga importante que en el ámbito de las corresponsabilidades tiene que irse aplicando para poder recuperar de nueva cuenta las ciudades, los estados, las carreteras, la infraestructura hospitalaria, la producción en el campo entre muchas afectaciones que se ven inmersas en estos efectos que se tienen.

Por supuesto hay que diseñar una política de prevención. Me parece que los Atlas de Riesgos en esta parte de las responsabilidades de las construcciones, deberán de ser un instrumento importante que seguir impulsando y desarrollando para tomar previsión de los desastres naturales y minimizar riegos o de aquellos causados por la misma posición del hombre.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario. Diputada Lorena Corona.

- DIPUTADA LORENA CORONA VALDÉS: Gracias. Pues solamente quisiera decir que lo que son los Atlas de Riesgo, efectivamente vienen en el cuarto informe, sin embargo estos nada más vienen como informe; no hay ninguna ejecución derivado de dichos informes. Entonces por eso la pregunta, por qué no se ha hecho nada.

Tal vez, si mi memoria no me falla, se establecen 10 u 11 informes que se dice cuáles fueron los resultados y por qué se están dando y cuál es la afectación de la población, sin embargo no hay ninguna ejecución precisamente para ayudar a la población.

También en cuanto a los Comités Estatales, efectivamente sí se tiene que ayudar tanto la Federación como los estados, siendo éstas facultades concurrentes. Y creo también que dentro de estas facultades concurrentes, necesariamente se tienen entonces que acordar de manera más pronta para al final del día ayudar a esta gente que lo está necesitando y no tanto estar en la tardanza de la provisión de estos fondos. Es nada más tal vez una indicación del parecer de, tal vez que no se están haciendo las cosas con la prontitud que se requiere. Gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Lorena Corona. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD.

- DIPUTADA LIZBETH GARCÍA CORONADO. Gracias, presidente. Señor secretario José Francisco Blake Mora, le recuerdo que se encuentra compareciendo ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad.

Al parecer nos quedamos acostumbrados a los gobiernos autoritarios, centralistas, corporativos e irresponsables del entonces partido oficial PRI, quien de una forma irresponsable se permitió otorgar permisos para instalar casas de apuestas, galgódromos y libros foráneos ilimitados.

¿Qué quiere decir esto? Que existen permisos aún vigentes que no determinan el número de establecimientos autorizados ni la entidad federativa donde deben operar, sino que cuentan con una discrecionalidad ilimitada, característica de los gobiernos priístas.

Pero lo sorprendente es que en la administración del gobierno del cambio el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, liberó un conjunto de permisos para la operación de más de 600 establecimientos, agregando modalidades de juego ahora denominados sorteos de números, apuestas remotas, juegos de destreza, etcétera.

Están apertuados hasta el día de hoy cerca de 400 establecimientos, de los cuales estimamos que más de 200 operan sin autorización alguna y con flagrante complicidad con los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación.

Por poner un ejemplo, sólo en Nuevo León se localizan 50 de estos establecimientos, autorizaciones que después conocimos que se otorgaron a familiares y empresas como Televisa.

Después de una ardua discusión social y académica, se ha llegado a la conclusión de que estos establecimientos lo único que le han dejado al país son problemas. Ha crecido el número de personas con ludopatía y no hemos generado esquemas que nos permitan verificar la presunción de lavado de dinero en estos establecimientos.

El gobierno de Calderón hizo un compromiso que en su administración no se autorizarían ni se ampliarían más permisos de esta índole. En mi condición de coordinadora del grupo de trabajo especializado en dar vigilancia y cumplimiento al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, le pregunto, señor secretario:

Primero, explíquenos por qué se amplió el permiso para instalar 45 casas más de apuestas en nuestro país a la empresa Promociones Vallarta, S. A. de C. V. Segundo, la dependencia a su cargo cuenta ya con un minucioso y detallado estudio de cada uno de los establecimientos que operan fuera de la ley y que violan el reglamento vigente y no existe aún acción para combatirlos. ¿Acaso usted es socio de alguno de estos establecimientos, como Santiago Creel?

Tercero. En su escritorio también se encuentra la solicitud para convocar a los permisionarios autorizados por gobernación para operar casas de apuestas, en donde trazaremos una ruta crítica para la verificación de cada uno de éstos para que se apeguen a lo que establece el reglamento y la ley vigente y, de no ser así, se dé paso a la clausura y revocación inmediata de estos permisos, como lo establece su normatividad.

Espero que en esta reunión nos establezca una fecha para esta mesa de trabajo. Por sus respuestas puntuales muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias a la diputada Lizbeth García. Tiene ahora el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, con todo gusto, diputada. Primero reconocemos el rápido crecimiento de ese sector, por lo que es necesario adecuar el marco jurídico en una concordancia con la dinámica de crecimiento e innovación tecnológica para mantener y fortalecer la certidumbre y el estricto apego a derecho en este tema.

La normatividad vigente data de 1947. Por eso requerimos realizar de inmediato el fortalecimiento a esta legislación que regula la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento.

En la presente administración no se han otorgado nuevos permisos. La apertura de ciertos establecimientos es el resultado de autorizaciones otorgadas anteriormente.

En el presente año se han clausurado 30 establecimientos; 2 en Aguascalientes, 2 en Colima, 7 en Sonora, 4 en Jalisco, 3 en Ciudad Juárez, 1 en Michoacán, 1 en el estado de México, 5 en Nuevo León, 4 en Sinaloa, 1 en el DF, y se ha realizado una serie de inspecciones a grandes permisionarios.

En el seno del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos se ha presentado un proyecto de modernización y mejora continua en el manejo que incluye una propuesta de actualización del marco jurídico, primero para establecer mecanismos y tecnologías estandarizadas y en la línea para el manejo de la auditoría y control; proteger a las personas vulnerables al juego, sobre todo a menores; promover que futuras autorizaciones estén vinculadas a proyectos de desarrollo turístico y comercial consistente con los planes de desarrollo de las entidades y municipios en donde se realicen.

El caso particular que me comenta de la empresa tiene que ver con una resolución judicial, es decir, con un amparo que la propia empresa promovió y que eso obliga en su observancia a que esta empresa esté operando; no a un permiso de orden administrativo.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Diputada Lizbeth.

- DIPUTADA LIZBETH GARCÍA CORONADO: Gracias.

Bueno, pues lo cierto es que el presidente no cumplió. Fue un compromiso de no ampliar. Usted bien dice que no se dio un nuevo permiso, pero sí se amplió este permiso a esta empresa de apuestas.

Con relación a que yo le mencionaba que existen alrededor de 50 establecimientos en Nuevo León, de los cuales solamente 4 han cerrado, pues yo lo invitaría a que se trabaje más sobre este tema porque realmente creo que le aqueja al país, sobre todo por lo que ya le mencionaba de los enfermos de ludopatía y sobre todo porque se presume de lavado de dinero en este tema. Espero que realmente ya no se den más permisos o que se amplíen los permisos ya existentes, sobre todo porque le repito, fue un compromiso del presidente. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias. Han quedado 4 minutos de la diputada. Ella le hizo a usted una pregunta muy concreta: si era usted socio o no de la empresa.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Por supuesto que no tengo ninguna relación de sociedad ni mucho menos.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- DIPUTADA NANCY GONZÁLEZ ULLOA: Gracias, señor presidente. Bienvenido, secretario de Gobernación.

Este gobierno y todos los señores secretarios de Gobernación del mismo, incluyéndolo a usted, han insistido en que el camino para resolver las diferencias políticas en el país es el diálogo. Estamos de acuerdo en ese criterio, pero nos preocupa que hoy, cuando la disposición del gobierno federal al diálogo es mayor que nunca, existen actores políticos que parecieran empecinados en no llegar a acuerdos y denunciar que no existe voluntad de diálogo o que los espacios abiertos por el gobierno federal para ellos son ineficaces.

Sobre el particular, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es necesario examinar la situación en que se encuentra la vida política del país, en términos de condiciones, mecanismos y fines de y para la acción política, lo cual nos permitirá medir el grado y sentido de las transformaciones de la organización político-institucional de la ciudad en los últimos años, cuya gestión ha sido responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y nos gustaría conocer su opinión al respecto.

Para lograr que la democracia, la participación y la actividad política que llevamos a cabo gobernantes, legisladores y partidos se conviertan de manera efectiva en capacidad y obligación de servir al ser humano y a la comunidad, es preciso que existan las condiciones institucionales y políticas para que la gestión pública rinda los frutos que la sociedad espera: pluralidad, respeto, legitimidad, responsabilidad, gobernabilidad, seriedad y compromiso. Las condiciones señaladas, sin embargo, no son suficientes por sí solas, si aspiramos a que la política se oriente a la creación de bienes públicos.

Se requiere también un conjunto de mecanismos que posibiliten la operación adecuada de los asuntos públicos: convocatoria, participación, diálogo, debate, apertura, negociación, transparencia, así como capacidades técnicas y políticas de los distintos actores.

Del mismo modo, afirmamos que las condiciones y mecanismos que hemos mencionado tienen que dirigirse necesariamente al cumplimiento de los fines propios de la actividad política, lograr acuerdos en torno a políticas públicas básicas, delinear un proyecto de país en donde todos tengamos cabida en él y nadie pueda darse el lujo de no estar de acuerdo, dar solución a los problemas y necesidades de la sociedad y de sus integrantes, promover el desarrollo humano y social en un marco de democracia, justicia y libertad, crear la mayor cantidad posible de bienes públicos, así como establecer una nueva relación entre el poder público y la sociedad civil.

En la medida en que estas finalidades son alcanzadas podemos hablar de que la actividad política construye el orden dinámico, para que toda persona acceda a los bienes materiales y valores culturales y morales que mejoran su existencia.

Consideramos, señor secretario, que el gobierno federal tiene claro lo anterior, pero que la sociedad no percibe los frutos de esa voluntad y disposición. Le pregunto, ¿cómo lograr que la sociedad tenga una percepción distinta respecto a la utilidad del diálogo democrático, del respeto y de la tolerancia como vías de solución a los problemas de México y como camino para el entendimiento de todos los actores políticos y sociales del país. Por su respuesta, muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Nancy González.

Tiene usted la palabra, señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias. Por supuesto, legisladora, gracias. Es el deber de todos quienes integramos una responsabilidad en los espacios públicos, en los diversos Poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno, principalmente asumir una actitud que esté por encima de los intereses personales y particulares para construir las políticas públicas que los ciudadanos exigen en todos los renglones.

En seguridad pública, como una de sus principales demandas y exigencias, pero no solamente a los poderes y a sus integrantes, por supuesto, también, a la sociedad en su conjunto. Por eso se explica la convocatoria que el presidente Calderón hizo no solamente a quienes integramos los Poderes de la Unión, lo hizo con los órdenes de gobierno, pero principalmente con la sociedad organizada, con la sociedad civil que representan a los grupos religiosos de toda índole, a los empresarios, a grupos organizados de expertos, que participaron y contribuyeron, que no quedan ajenos, precisamente, a la construcción de una definición que permita al país transitar por mejores canales de comunicación, de entendimiento, inspirado, precisamente, en atender los desafíos, las demandas y los reclamos que hoy por hoy se encuentran puestos en nuestro país.

Yo asumo con toda responsabilidad por convicción, no por el hecho de que hoy estemos en una glosa, en un ejercicio republicano, sino por convicción el asegurar esos puentes de comunicación. Y me parece de suma importancia las expresiones hechas, incluso, a propósito de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución por quienes son los líderes en este momento de las representaciones de ambas Cámaras en el Legislativo, lo afirmó así el diputado Carlos Marín y el senador Beltrones, ellos expresaron, y yo coincido con esa expresión, de que hay intereses superiores y que hoy como nunca debemos encontrar los espacios para resolver en unidad las exigencias y los desafíos que nos marca el país.

En ése sentido, legisladora, cuente siempre con mi disposición por convicción, no solamente por un deber de orden constitucional de estar aquí en este órgano legislativo para construir en el campo, digamos, de las comisiones y de los espacios que se abran, el diálogo y, por supuesto, el dar resultados con productos que sean para beneficio de la sociedad.

Y, por supuesto, también es fundamental seguir asegurando la comunicación y el diálogo con todos los sectores de la sociedad, con todas las organizaciones, porque es precisamente el desafío y el reclamo que hoy la sociedad tiene de sus actores políticos principalmente.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Diputada Nancy González Ulloa.

- DIPUTADA NANCY GONZÁLEZ ULLOA: Muchas gracias, señor secretario, por su compromiso, y los diputados de Acción Nacional, al igual que usted consideramos que el diálogo es un elemento fundamental de las democracias que hace posible la construcción de los acuerdos necesarios para la gestión del bien común.

La gobernabilidad democrática requiere necesariamente mantener y fortalecer los mecanismos de diálogo que permitan hacer frente a los retos que se plantean a la sociedad, fomentar la búsqueda de soluciones y en suma, lidiar con la complejidad que caracteriza nuestro tiempo.

De este modo, el diálogo como virtud democrática se erige como pilar fundamental para la construcción de la confianza que permitirá mejores procesos de toma de decisiones, así como resultados más eficaces y eficientes que sin duda se han de traducir en beneficios para los ciudadanos y las ciudadanas de México.

El proceso de consolidación democrática en nuestro país requiere de la existencia de un diálogo eficaz entre los actores políticos y sociales, que permita elevar los niveles de confianza entre las instituciones de la democracia mexicana, y que permita con ello la construcción de los acuerdos que requiere el país, independiente de la afiliación política ideológica y mucho más allá de los intereses de grupo que merman considerablemente la construcción del bien común y que perjudican a la ciudadanía.

Es indispensable que el ejercicio del diálogo, para ser efectivo cuente con el reconocimiento y el respeto de las partes y con el respeto de los mecanismos institucionales del diálogo. Las agresiones fundadas en reclamos antisistémicos, al escapar de las vías instituciones del diálogo atentan contra el respeto de la contraparte e incrementan la polarización que divide al país.

Si bien el pluralismo es uno de los valores fundamentales de las democracias, la intransigencia y la aberración atentan contra la cultura de diálogo que ha permitido la existencia de nuestra democracia misma y que es sin duda la vía para la construcción del futuro de nuestro país.

Para concluir, es menester fortalecer los mecanismos de diálogo para dar cabida a las voces plurales que integran la sociedad mexicana, sin embargo, estas voces deben ser respetuosas de los mecanismos democráticos. Nos sumamos al permanente llamado del gobierno de la república al diálogo que nos permita avanzar en la solución de los problemas de México. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Nancy González Ulloa.

Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos, el diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del PRI.

- DIPUTADO RAÚL DOMÍNGUEZ REX: Con su permiso, señoras y señores diputados.

Perdón, señor secretario, por insistir en el tema. Lo que sucede es que a lo mejor no entiendo o simplemente no se explica con claridad los diversos planteamientos que se han establecido aquí.

Los comentarios que haré los trataré de sustanciar con fundamentos jurídicos para no quedar a interpretaciones personales.

La Constitución establece claramente que en México existen tres ejes rectores en lo relativo a las cuestiones religiosas; el primero, el respeto a la libertad de conciencia; el segundo, autonomía de lo político frente a las normas religiosas, y por último la no discriminación directa o indirecta de los seres humanos.

En este sentido, señor secretario, existe una gran preocupación por el actuar de la Secretaría a su cargo en temas religiosos. En particular por el silencio que me atrevería a calificar poco oportuno en relación a las lamentables declaraciones de un ministro de culto religioso quien en tono agresivo y beligerante descalificó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Le recuerdo, señor secretario, que tal descalificación vulnera uno de los principios básicos de nuestra Carta Magna, la cual establece en su artículo 130 la separación entre el Estado y las iglesias, así como el impedimento para los ministros de culto a oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

Por tanto, resulta sumamente grave que un prelado de una iglesia asevere que los 11 ministros del más alto tribunal de nuestro país son corruptos, pero aún más grave que dicho representante de la iglesia no haya sido llamado a cuentas por usted.

Le comento que el imperio de la ley no es discrecional, por lo que la Secretaría a su cargo debe de obligar en todo momento a las asociaciones religiosas a sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de esta emanen y principalmente respetar a las instituciones de nuestro país.

Hare uso, si me lo permiten, de los comentarios que usted refiere al inicio de esta comparecencia en donde estableció las prioridades del área de gobierno que usted atiende y a saber son: garantizar tranquilidad, cultura de la legalidad, reglas claras, imparcialidad y el fortalecimiento de las instituciones.

Entonces, explíquenos por favor, porque el personal a su cargo no ha realizado ninguna acción al respecto, toda vez que se cuenta con todos los elementos legales para ejercer la autoridad del Estado sobre toda manifestación religiosa, ya sea individual o colectiva. Lo anterior en término de lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 8 fracción I y de más de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Además, la fracción XVIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas, por lo que podemos considerar que usted, señor secretario, está incurriendo en una responsabilidad administrativa.

Asimismo, lamentable la complicidad de protección del Estado con ministros de diversos cultos religiosos en la comisión de ilícitos de diversa índole. Usted comprenderá, señor secretario, que la falta de autoridad y debilidad e inclusive de vacío de poder en un Estado laico como el mexicano resulta inaceptable.

Por ello, le pregunto, ¿qué opina al respecto, señor secretario, quién viola más la ley, el que comete el delito o quien como ustedes se vuelven pasivos y permisivos? ¿Cuál es la explicación que nos ofrece ante la falta de cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales ya referidos? ¿Cuántos hechos más deben suceder en este país para que el imperio de la ley y la justicia se hagan valer?

Por sus respuestas, muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Domínguez Rex. Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Diputado, reitero de nueva cuenta que la Secretaría de Gobernación subraya que el carácter laico del Estado mexicano y el principio de separación entre Estado e Iglesia garantizan la libertad de expresión de todas las ideas y exige de todos los actores, sin excepción, el reconocimiento y el respeto a las instituciones y a las leyes.

Hemos observado con puntualidad lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que se prevén en el capítulo, precisamente, de Infracciones y Sanciones. La secretaría no puede imponer sanciones a ministros de culto o a asociaciones religiosas de manera unilateral, sin agotar los procedimientos administrativos y recursos legales que garantizan el derecho de audiencia en las partes.

Sin embargo, se ha emplazado formalmente a los ministros de culto para que de acuerdo al procedimiento, que establece precisamente la ley a la que usted hace referencia, manifiesten lo que a su derecho convenga, la sustentación de cada una de las etapas subsecuentes, téngalo por seguro, señor diputado, que se apegarán a los plazos establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y que la Secretaría de Gobernación a mi cargo observará lo dispuesto en la ley y hará valer el estado de derecho que se consagra en nuestra Constitución.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Diputado Raúl Domínguez Rex, en su turno de réplica.

- DIPUTADO RAÚL DOMÍNGUEZ REX: La gente y los diputados no queremos más retórica, señor secretario. Queremos respuestas, acciones de gobierno que den orden y destino a este país. Es por ello que reiteraré alguna de las preguntas que hiciera nuestra compañera Claudia Ruiz Massieu.

¿Cuáles son sus comentarios respecto a la resolución de la Corte con el tema del presidente Calderón? Y con ello llego al siguiente comentario: si no se aplica la ley de culto religioso, menos la ley para el presidente Calderón. ¿Qué hará la secretaría a su cargo?

Hoy, reconoce usted, en el transcurso de esta comparecencia, la falta de logros en materia de migración, la falta de logros en materia de seguridad nacional, la falta de logros en protección civil. La gente quiere cambios, cambios reales, quiere resultados. Por ello, he de solicitarle a usted tenga a bien reflexionar y dar los resultados de manera inmediata. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Raúl Domínguez Rex.

Hemos agotado la tercera ronda. Vamos a entrar ahora a la cuarta ronda de análisis del cuarto informe de gobierno con la comparecencia del ciudadano secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Dolores Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD.

- DIPUTADA DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO: Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Quiero hacer una serie de cuestionamientos al secretario de Gobernación que en este ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo no hemos escuchado respuesta alguna. Le quiero dar las gracias por sus no respuestas.

En ese sentido, ya se ha hablado aquí por los demás compañeros diputados sobre la política migratoria que está siguiendo nuestro país. En ese sentido, en el informe de gobierno no se dice nada sobre la verdadera situación de los inmigrantes y el respeto de sus derechos humanos; y mucho menos se acepta su parte de responsabilidad en la violación sistemática de éstos, que se cometen cotidianamente en las estaciones migratorias a cargo del Instituto Nacional de Migración que registran vejaciones, maltratos y extorsiones de las que son objeto las personas que cruzan sin ningún control el territorio nacional.

Las pruebas más terribles son el descubrimiento de la masacre de 72 migrantes hermanos latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el pasado 22 de agosto; y ya no digamos las incontables desapariciones de estas personas, de las que su secretaría y el mismo instituto, hacen caso omiso en su informe.

La pregunta es ¿cómo se puede construir una política migratoria de Estado cuando no se acaba con la corrupción estructural del Instituto Nacional de Migración? Quisiera que me contestara cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para combatir la corrupción en esta estructura del Instituto Nacional de Migración.

¿Cómo se puede solapar la ineptitud de la ex comisionada Cecilia Romero Castillo que dejó el cargo 24 días después de esa fecha y quien fue acusada por organizaciones civiles de ejercer una política de endurecimiento en las estaciones migratorias y de su incapacidad para combatir los abusos cometidos por agentes del instituto?

Otro de los cuestionamientos es el que ya se ha hecho de manera reiterada por mis compañeros diputados y es el que se refiere al cumplimiento de las sentencias dictadas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que ya comentó, secretario, que está cumpliendo solamente en una parte la reforma al artículo 57 del Código Militar.

Pero hay otra que me preocupa y que considero importante. La sentencia del caso Rosendo Radilla, señala muy particularmente que es obligación del Estado mexicano buscar a Rosendo Radilla o, en su caso, sus restos mortuorios. Quisiera que me señalara con precisión qué avances tienen estas investigaciones, con qué elementos cuentan ya del paradero de Rosendo Radilla o, en su caso, sus restos mortuorios.

Otro de los cuestionamientos es el referente a la seguridad pública. Quiero preguntarle, ¿la utilización del Ejército en el combate al crimen organizado en tareas de seguridad pública representa un fracaso de las instituciones de Seguridad Pública por parte del gobierno federal?

Ésos son mis cuestionamientos y quisiera que me los contestara de manera concreta y puntual, secretario. Gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada.

 Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, para dar respuesta, el señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Gracias, señor presidente. He expresado en diversos momentos de mis participaciones que el caso concreto de la masacre ocurrida en Tamaulipas, el gobierno federal se encuentra investigando estos hechos y que tienen que ver particularmente con el fenómeno del crimen organizado. De ese crimen organizado que afecta no solamente hablaba de rentas lícitas mediante la amenaza o la violencia. Es un crimen sin escrúpulos que ahora atenta también contra los derechos de los migrantes, contra su vida.

En ese caso, en lo particular, al 8 de septiembre se tienen identificados a 14 presuntos responsables, uno se encuentra bajo arraigo, 7 se han puesto a disposición de la Procuraduría General de la República y 6 fallecieron y fueron identificados con testimonio.

Por supuesto que el Instituto Nacional de Migración está trabajando permanentemente desde el 2009 en la conformación, por ejemplo, de su Centro de Control de Confianza, en cumplimiento precisamente al Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y la Legalidad para reforzar precisamente a través de estos sistemas la permanencia y el ingreso de funcionarios públicos, fundamentalmente de aquellos que están en el orden de la vigilancia de los flujos migratorios en las diversas oficinas y dependencias.

El proceso de control y confianza por supuesto fortalece la toma de decisiones en materia de selección de aspirantes, de evaluación de servidores públicos, operación de las áreas y, en su caso, iniciar y apoyar precisamente procesos de identificación específica.

No vamos a tolerar por ningún motivo, diputada, ninguna acción que contravenga y atente contra los migrantes y su persona o patrimonio. Vamos a ser exigentes y en ese sentido vamos a seguir trabajando para que aquellos que infrinjan la ley se pongan ante las autoridades correspondientes para ser sancionados.

Entre enero y agosto del 2010, se han evaluado a 781 personas, lo que equivale al 14.6 por ciento de los 5 mil 337 funcionarios adscritos al Iname y vamos a acelerar ese proceso que me parece puntual y fundamental realizar.

Los funcionarios evaluados corresponden principalmente a las delegaciones regionales que comprenden las áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, estación migratoria de Iztapalapa y oficinas de trámite, delegaciones principales.

Vamos a seguir, por supuesto, constituyendo una política integral como lo anuncié hace algunas semanas, que fortalezca el desmantelamiento de bandas del crimen que trafican con personas, fundamentalmente en lo que se refiere al secuestro y la extorsión y que para ello hay todo un diseño integral de mayor interlocución y corresponsabilidad intersecretarial y por supuesto, también, en una dimensión que permita integrar a las autoridades estatales y locales para poder tener una mejor vigilancia.

Hay zonas como Arriaga, por ejemplo, los flujos de los migrantes que pasan por la frontera sur que llegan a Veracruz y de ahí parten a Tamaulipas, perfectamente identificadas a las cuales haremos una especial atención, fundamentalmente en la vigilancia.

Pero habrá que trabajar con mayor fuerza para integrar una política como aquí ya se ha dicho en diversas ocasiones, de Estado, integral, que nos permita asegurar los derechos de los migrantes.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario. Diputada Dolores Nazares Jerónimo, en su turno de réplica hasta por cinco minutos.

- DIPUTADA DOLORES DE LOS ÁNGELES NAZARES JERÓNIMO: Gracias, presidente. El secretario nos ha hablado dentro, creo que trae en sus notas nada más la respuesta que se refiere a la política migratoria y al cuestionamiento que le hice pero faltó lo que respecta al caso Rosendo Radilla; la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia en contra del Estado mexicano y que le pregunté de manera puntual cómo va el avance en las investigaciones de los restos mortuorios de Rosendo Radilla o de su desaparición que también es algo que pidiendo y está exigiéndole la Corte al Estado mexicano y que en ese sentido creo que no hay respuesta porque creo que no hay investigación alguna.

También pregunté de manera muy puntual si las políticas implementadas desde el gobierno federal a través de sus diversas secretarías y en particular la de Gobernación, respecto de la seguridad pública y la utilización del Ejército. Son un fracaso estas políticas.

Si, así es como se percibe dentro de la sociedad, pero es un reconocimiento que no ha hecho el gobierno federal; sin embargo, se está haciendo en los hechos porque el utilizar al ejército, que no está diseñado para tareas de seguridad pública en el combate a la delincuencia y en la seguridad pública, representa evidentemente que las instituciones de seguridad pública de este país, al mando del gobierno federal, no tienen ni la estrategia ni la táctica para llevar a cabo un combate eficaz.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Dolores Nazares Jerónimo. Tiene ahora el uso de la palabra el señor diputado Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

- DIPUTADO FELIPE DE JESÚS RANGEL VARGAS: Muchas gracias, presidente. Señor secretario, una vez más bienvenido. Nos da gusto tenerlo aquí con nosotros en la comisión.

Yo he escuchado plena coincidencia tanto de la Secretaría de Gobernación como de las expresiones aquí vertidas por todos los compañeros a lo largo de esta comparecencia en diversos temas que a todos nos preocupan, como es la gobernabilidad democrática, la seguridad, el crimen organizado, la libertad, el respeto a los derechos y a las garantías individuales, la libertad de expresión, el tema de la migración, los derechos humanos, la participación ciudadana, el estado de derecho, el Estado laico, el fortalecimiento de nuestra democracia, de la transparencia, de la rendición de cuentas y del federalismo.

Creo que todos coincidimos en la preocupación sobre estos tema y a lo que se hace un llamado es al diálogo y a la construcción de acuerdos de parte del Ejecutivo federal, con lo cual coincidimos completamente.

Pero también, compañeras y compañeros diputados, es necesaria la corresponsabilidad y dentro de la corresponsabilidad la autocrítica. Hay que recordar que tenemos una agenda legislativa pendiente de alta trascendencia para la transformación del país como es la reforma laboral, la reforma hacendaria, la reforma educativa, la reforma política, la reforma al sistema de justicia, la reforma financiera, la reforma a las telecomunicaciones, la reforma a la competitividad, la reforma al sistema federalista en nuestro país, entre otros temas.

También se ha mencionado la necesidad de un gran acuerdo nacional con una visión de Estado. Para ello sí requerimos, porque así nos lo demandan las mexicanas y mexicanos, el pueblo de México, serenidad, respeto, voluntad, diálogo, propuestas y, como ya mencioné, corresponsabilidad.

Señor secretario, ¿cuál es la postura del gobierno federal? ¿Cuál es la visión del gobierno federal para construir un gran acuerdo de unidad nacional con una visión de Estado? Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Rangel.

Tiene ahora el uso de la palabra el señor secretario de Gobernación hasta por 5 minutos.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, señor diputado. Por supuesto, lo reitero, lo afirmo de nueva cuenta: toda la disposición que nos permita a todos los actores políticos construir en la unidad nacional los acuerdos que el país exige, fundamentalmente hacerlo para que se traduzca en una política de desarrollo en bienestar de todos los mexicanos; toda la disponibilidad, por supuesto, para construir acuerdos, entendimientos y hasta consensos, si es posible, entre las diversas fuerzas políticas del Poder Legislativo.

También aprovecho para tomar tiempo y decir que en alguno de los cuestionamientos en cuanto al cumplimiento de la sentencia del caso Rosendo Radilla, también ya me había referido anteriormente a este cuestionamiento diciendo de que hay toda la disposición del Estado mexicano a dar cumplimiento a la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a la fecha se ha dado cumplimiento a algunos puntos particulares y estamos en vías de cumplimiento de otros.

El 9 de febrero de 2010 se publicaron los párrafos pertinentes de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. También se publicó en un diario de mayor circulación, el 3 de marzo la Procuraduría General de la República publicó la sentencia en su página, como lo ordenó la Corte Interamericana. Se encuentra en proceso el pago de las indemnizaciones a la familia de Rosendo Radilla como parte del cumplimiento de uno de los resolutivos.

Estamos por enviar precisamente al Congreso, para su discusión y análisis, a sus Cámaras, las reformas que tienen que ver con el fuero militar, entre algunos otros puntos que seguramente será necesario seguir avanzando en ellos. Hay un respeto por las determinaciones y la resolución.

También quisiera aprovechar para decir que de algunos puntos que se han cuestionado sobre la propuesta del presupuesto de la secretaría, que vale la pena también aclarar y no dejar en el aire, aunque voy a tratar de hacer llegar todas las contestaciones que pudieran haber quedado en el aire, a todos los legisladores.

La propuesta presupuestal de la Segob para 2011 enviada a la Cámara de Diputados es de 15 mil 394 millones de pesos. Si bien es cierto el presupuesto creció entre 2010 y 2011, el 48 por ciento de la propuesta de 2011 se explica en la resectorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, así como el nuevo modelo policial que se define en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la participación de los estados y los municipios mismos, que en su momento se presentarán como una iniciativa también al Congreso de la Unión y se establece.

Este presupuesto está compuesto, en parte, por los subsidios de seguridad pública que ascienden a 6 mil 703 millones, los cuales serán asignados a los municipios a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), a 4 mil 303 millones y parte del modelo de mando único en todas las entidades federativas que asciende alrededor de 2 mil 400 millones de pesos. Estos subsidios son ejercidos por las autoridades locales y municipales, de manera directa con estricto apego a la soberanía de los estados y a la autonomía de los municipios.

El 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, la estructura de mandos superiores permaneció prácticamente sin cambio, tuvo un incremento del 0.3 por ciento que se derivó de la creación de una plaza de director general de la Secretaría de Acuerdos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La secretaría incorporó la creciente demanda de los conflictos laborales que tiende el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, contribuyó a un mejor control y regulación a través de algunas plazas que ahí también se definieron, 918.

Por otro lado, se incorporaron 577 plazas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual fue transferido, como lo dije a la secretaría, y que hace voluminoso y cambia el presupuesto; 570 plazas que son del Instituto Nacional de Migración para eficientar y mejorar su operación, 91 plazas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros que así muy rápidamente explico.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario.

Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Rangel.

- DIPUTADO FELIPE DE JESÚS RANGEL VARGAS: Breve. Decirle que para nuestro grupo parlamentario hay y existe claridad y coherencia en las estrategias y las políticas públicas del gobierno federal, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y cuenta con todo el apoyo del grupo parlamentario.

Decirle que cuenta también con nuestro grupo parlamentario para fortalecer el diálogo…

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Permítame, diputado.

Quisiera pedirle a los compañeros diputados que hiciéramos un esfuerzo final, para escuchar a los distintos oradores y poder continuar con la comparecencia. Gracias.

- DIPUTADO FELIPE DE JESÚS RANGEL VARGAS: Repito. Decirle que cuenta con nuestro grupo parlamentario para fortalecer el diálogo y la construcción de acuerdos.

Y hacemos un llamado a nuestros compañeros diputadas y diputados, para construir un gran acuerdo de unidad nacional, con una visión de estado para que cada día nuestro país sea mejor. Secretario, muchas gracias por todo.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado Felipe de Jesús Rangel.

Vamos a escuchar ahora, en el turno de la palabra, a la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

- DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO: Señor secretario, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas.

A más de dos meses de su llegada a la Secretaría de Gobernación, señor secretario, usted llega en un momento crítico y crucial en la vida política de este país, de nuestro querido México, porque llega en medio de una crisis económica sin precedentes, donde ha disminuido el producto interno bruto, donde las remesas de nuestros connacionales ya prácticamente están también en decaída, con una baja del empleo, con índices de competitividad tremendamente catastróficos y todo lo dice el Foro Económico Mundial, en donde nuestro país en tanto solo un año ha bajado seis escaños, y a lo largo del mandato del señor presidente Felipe Calderón, ocho escaños. Una planta productiva quebrada, una inversión extranjera completamente fuera de lo que era en antaño. Y no ha habido crecimiento.

Hay una crisis, también, de seguridad, ya aquí se ha mencionado: 28 mil asesinatos, los crímenes políticos que todavía ayer cobró la vida de Prisciliano Rodríguez Salinas, yo soy de Nuevo León, y un señor alcalde que muere acribillado enfrente de su casa; lo de, por supuesto, Rodolfo Torre, nuestro candidato en Tamaulipas; el asesinato de los migrantes, el caso lamentable de la muerte de los niños del ABC, y bueno, el secuestro como industria ya permanente de jugosos réditos para el crimen organizado.

Y bueno, los desastres naturales que causaron estragos en todos los estados, incluyendo el mío, Nuevo León, y ahora Veracruz, y las reglas de operación del Fonden, que nadie puede hacer nada y son, verdaderamente, pues muy duras y muy desencarnadas en detrimento de las finanzas de los estados, y no por eso, por esas reglas crudas vamos a dejar de ayudar a los estados como se ha estado haciendo, pero no ha sido suficiente.

Llega usted en medio de todo esto. Llega usted en medio de crisis y crisis y crisis como la de una crisis ya, con todo esto, de gobernabilidad. Me lleva a tomar nota de unos indicadores en el informe de resultados de la Cuenta Pública del 2008, donde vienen los indicadores de gobernabilidad, que vienen a la baja, con base en un estudio comparado del Banco Mundial en el 2009, que muestra las calificaciones sobre los diversos indicadores mundiales del buen gobierno y se puede observar, para el caso mexicano, hay una calificación reprobada.

Cómo mide el Banco Mundial los indicadores de gobernabilidad entre el 2003 y el 2008, con cuatro o cinco rubros, que es control de la corrupción, donde estamos reprobados, con 49 puntos, de cero a 100. Estabilidad política, que en el 2003, bueno, por lo menos teníamos el 44 y ahora tenemos el 24. Efectividad gubernamental, que también bajamos dos puntos, del 62 al 61. Calidad regulatoria, que nos mantenemos estables, en 60. Estado de derecho, que estamos reprobadísimos, del 44.3 al 29.7, y en rendición de cuentas, pues ni hablar, también bajamos.

Entonces yo quisiera que usted me dijera qué vamos a hacer, cuál es el concepto medular de este gobierno para poder restaurar, en qué los vamos a ayudar para restaurar la gobernabilidad, porque sin gobernabilidad no podemos lograr crecimiento, no podemos lograr desarrollo, no podemos lograr confianza de la ciudadanía, por ende, señor secretario, no podemos tener ningún concepto de la buena política, porque en el PRI ya no vamos por el pacto, ya de pactos ya hemos estado escuchando, palabras van, palabras vienen y va un pacto.

Nosotros creemos que debemos de hacer, ustedes principalmente y nosotros con ustedes, un gran esfuerzo medular de reconciliación nacional, porque el país está dañado, porque el país está dolido, porque no hay crecimiento, como lo acabo de decir, porque hay una cosa permanente que se llama la impunidad y no es justo para los mexicanos, porque día a día los mexicanos están con la esperanza de que todo se transforme en una realidad para mejor vivir, y yo creo que ha sido muy difícil sobre todo cuando veo esta cabeza que dice; llaman el presidente Calderón y Nava a frenar a los priístas. Esto no puede ser un pacto de reconciliación, esto no puede ser un pacto de diálogo.

Vayamos pues, señor. ¿Cómo le va a hacer, señor secretario, para poder lograr que principalmente el jefe de la nación pueda transitar a un permanente diálogo y a una voluntad y fuerza, acuerdos, tranquilidad, convivencia, como usted acaba decir, en la cultura de la legalidad?, cuando usted sabe y ya aquí se ha mencionado muchas veces, en esta glosa el uso abusivo de la cadena nacional que llevó a los tres mensajes ilegales que hicieron violar la Constitución por parte de nuestro presidente de la república, en materia de mensajes de seguridad, en mensajes económicos y de empleo.

Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputada Marcela Guerra.

Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos, señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente.

Diputada, expresarle y reiterar que es fundamental asumir una actitud corresponsable, y de esto hay toda la voluntad del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, del propio presidente, y sé que así lo es también de los diversos actores, de los líderes de estas Cámaras, de sus presidentes, y que hay cosas y acciones superiores, intereses superiores, más allá de nuestras propias diferencias que incluso también pueden ser de orden legítimo.

Por supuesto, aprovecho esta mención para expresar la más alta condena del gobierno federal por el cobarde asesinato del presidente municipal en Doctor González, Nuevo León, Prisciliano Rodríguez Salina. Desde ayer por la tarde, cuando ocurrieron estos hechos deplorables tuve contacto con el gobernador Medina. Estamos trabajando juntos en solidaridad y nos comprometemos a coadyuvar y trabajar también con la Procuraduría local para poder dar con estos criminales.

Por supuesto que precisamente por esa razón debemos entender que el enemigo común de toda la sociedad son los criminales, no es la autoridad que combate al crimen, son los criminales a los que debemos de seguir combatiendo en una lucha frontal, sí, con presencia de Estado, pero también lo he dicho y lo reitero y recojo de algunas de las expresiones vertidas por los legisladores, con una política transversal de prevención que permita construir mejor ciudadanía, que la blinde precisamente de todas estas acciones del poder corruptor que tiene el crimen organizado.

Para ello, hay un reto fundamental y es la participación activa y corresponsable de todos los actores involucrados, para trabajar de manera coordinada y hacer que toda la política pública dé seguridad, rinda frutos en el mediano y en el largo y plazo. La unidad nos mantendrá fuertes frente a estos hechos cobardes del crimen organizado.

Renuevo en el marco de esta comparecencia el absoluto e ineludible compromiso del gobierno de la república de seguir invirtiendo al máximo de sus capacidades en el combate al crimen y a la delincuencia. En consecuencia, reitero a usted mi plena disposición y voluntad política, legisladora, para trabajar de la mano con la Cámara de Diputados en la identificación de coincidencias que nos permitan fortalecer nuestras instituciones y responder de manera efectiva a la exigencias de los ciudadanos en materia de seguridad y en todo los rubros, por supuesto, de los cuales usted acaba de hacer mención.

Lo he dicho y lo sostengo, estamos en la mejor disposición de que regulemos con mayor precisión las normas que impone precisamente los instrumentos legislativos que hoy se encuentran vigentes, que den mayor claridad. El presidente Calderón es respetuoso de las disposiciones y de las instituciones electorales y de la sociedad en su conjunto.

El hecho de que hayamos transitado precisamente a establecer una legislación que ahora limita, incluso, a muchos actores políticos en la publicidad que establece mecánicas para que los procesos electorales baje, digamos, alguna publicidad en obras, etcétera, son legislaciones que están ahí que deben de observarse en todo momento y que debemos de fortalecer. Estamos en la mejor disposición siempre de observar estos puntos particulares de la legislación y por supuesto, también, en seguirla perfeccionando.

Creo que ése es el ámbito, la exigencia que todos los actores políticos estamos llamados, no solamente el presidente y tenemos que contribuir a ello, también los gobernadores, también los alcaldes y todas las dirigencias de los partidos políticos que contribuyan precisamente a un mejor ambiente en materia de elecciones.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario de Gobernación. La diputada Marcela Guerra Castillo, en su turno de réplica.

- DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO: Así lo espero, señor secretario, porque yo no sé hasta cuando el pueblo de México, los mexicanos podamos esperar a estar garantizando, por parte de ustedes las autoridades federales, todo lo que es una cultura de la legalidad, unas reglas que se deben de respetar, que son claras y que empezando por el presidente de la república no han sido respetadas y eso es gravísimo y sienta un muy mal precedente.

En materia también -usted acaba de hablar de comunicación y de publicidad-, en el periodo de 2007 al 2009, en el gasto de la administración federal, en la partida 3 mil 700 del Presupuesto de Egresos de la Federación se autorizó un monto para la comunicación social no sólo de la Presidencia de la República, sino del gobierno federal, lo cual debemos entender que debió haber sido utilizado de manera responsable en campañas de orientación, en campañas de prevención de enfermedades, campañas de vacunación, en materia de salud o de atención a la educación, y nos vemos con la sorpresa de que creció este gasto en 177 por ciento y se gastaron 10 mil millones de pesos en esto.

Siendo que esta soberanía dictó, en el mismo edicto del Presupuesto de Egresos de la Federación, un apartado consensuado con el gobierno federal para precisamente llevar a cabo el Plan Nacional de Austeridad, que debía de haber reducido en 80 mil millones de pesos -aquí está el subsecretario Roberto Gil, que no me dejará mentir, él fue parte de este gran acuerdo- y ahora vemos otra violación al acuerdo político, al acuerdo económico, donde hay un documento de Fundar que dice todo lo contrario, y en el gasto de publicidad oficial de México y su impacto en la libertad de expresión, ahí viene ya muy detallada esta infracción, mega infracción por parte del gobierno federal.

Le quiero hacer entrega aparte -me quedan 2 minutos-, me acaba de llegar una carta que está recién publicada en el periódico El Universal, este día y que está firmada por el titular de Human Rights Watch, y tiene que ver precisamente con lo que aquí ya se ha hablado sobre la violación de los derechos humanos en, ahora con, esta guerra declarada al crimen organizado, donde nuestras fuerzas militares, que están haciendo un gran esfuerzo; sin embargo, han incurrido en serias violaciones a los derechos humanos, y aquí viene, señor Blake, mencionándolo a usted, señor secretario, cuando usted fue secretario general de Gobierno en su estado y viene enunciando el por qué para Human Right Watch, Tijuana -que ponen, es un ejemplo- no es un modelo de seguridad pública.

Y está diciendo aquí, el señor director que firma esta carta, por qué no es un modelo de seguridad pública y vienen aquí descritas tácticas lamentables de tortura que ya ha sido, a través de los tratados internacionales, y que ya es una práctica inadmisible en el siglo XXI. Vienen tácticas de tortura descritas que responden a un patrón, según las víctimas y sus familiares, para quienes los interrogaban, que les vendaban los ojos, los golpeaban, les aplicaban descargas eléctricas en los genitales, amenazaban con matarles. Los asfixiaban y los colgaban con bolsas de plástico; los ahorcaban. En todo esto también la policía participaba y también los Ministerios Públicos.

Ya se ha hablado mucho sobre esto y hay un compromiso que usted ya ha dejado sobre la mesa en este tema. Viene sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco –obviamente ya se ha hablado aquí mucho-. Le voy a entregar esta carta, señor para que sepa. Acaba de salir, recién publicada me la han traído mis asesores. Yo sí quiero tomar cartas en el asunto y que no se quede en el tintero. Ya se ha dicho que hay un compromiso para ver y profundizar en los derechos humanos, sobre todo en el fuero militar. Hago entrega.

Me quedan 40 segundos. Sí quisiera el compromiso -como ya dije hace rato que se me acabó el tiempo- de buscar un gran diálogo, un mega diálogo donde esté el PRI impulsando –porque nosotros sí tenemos ese impulso necesario- para la reconciliación nacional. Para que nuestro país vuelva a ser un país de grandeza. No queremos un país ya no rico, sino un país que recupere la grandeza mexicana. Muchas gracias, señor secretario.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias a usted, diputada Marcela Guerra Castillo.

Hemos agotado la cuarta ronda. Vamos ahora a la quinta y última ronda de participaciones. Estamos inscritos dos oradores nada más: un servidor y el diputado César Augusto Santiago. Así que yo voy a iniciar con una reflexión.

A mí me parece que en la lucha contra el narcotráfico ha faltado una gran dosis de combate a la corrupción política. Desde hace mucho tiempo escribo en algunos periódicos y en algunas revistas sobre este tema y me parece que el combate de ser de carácter integral.

Yo quiero colocar necesariamente el tema que ahora le voy a exponer al secretario Blake. Es un tema ineludible para mí en términos de lo que hemos venido sosteniendo y que me parece fundamental una definición del gobierno de la república sobre este hecho; un pronunciamiento por lo menos.

Porque en medio de la guerra contra el narcotráfico se discute una minuta del Senado en materia de Seguridad Nacional; y centralmente en el contenido de esta minuta está una de las objeciones a seguir manteniendo el fuero militar, cuando las Fuerzas participan en tareas de seguridad pública y cometen delitos contra civiles.

Ha sido uno de los grandes asuntos de objeción el fuero militar como una de las patentes de impunidad, y ésta es una discusión que está colocada centralmente en la Cámara de los Diputados que mantiene retenida la minuta del Senado en esta materia.

Por otro lado, al mismo tiempo… Es un solo tema el que yo voy a plantear, porque sí me interesa que haya una respuesta del gobierno federal a este tema. Al mismo tiempo la Cámara de los Diputados lleva a cabo el día de ayer la toma de protesta del diputado Julio César Godoy Toscano, en medio de uno de los combates más lacerantes a la sociedad mexicana en términos de la lucha contra el crimen organizado.

La Cámara de Diputados le toma protesta a un compañero diputado, que más allá de las acusaciones, le fue librada una orden de aprehensión por un juez competente que le impidió tomar posesión al inicio de la legislatura; tomar protesta por tener sus derechos políticos suspendidos en referencia directa, secretario Blake, al artículo 38 de la Constitución que dice que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden —estoy citando la Constitución General de la República— por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.

Ayer este mismo poder, que en ocasiones reclama y condena el fuero militar como patente de impunidad, le da al fuero de diputado la peor de las connotaciones, una connotación peyorativa y una connotación absolutamente contradictoria de todo lo que aquí se afirma, del Estado de derecho de la prevalencia de la Constitución, del régimen de legalidad, y hace tomar protesta al diputado el PRD. No voy a entrar en descalificación personal.

Estoy preocupado por el hecho, pero también estoy preocupado por saber cómo el gobierno federal va a hacer prevalecer el Estado de derecho con una enorme contradicción. Los Poderes de la Unión convocando al Estado de derecho al combate a la inseguridad, al combate al crimen organizado y la Cámara de Diputados cometiendo un acto de esta magnitud, porque no nos podemos hacer de la vista gorda ni podemos entrar en este nivel de contradicciones.

¿Qué va a decir el gobierno federal con relación a un juez que al mismo tiempo que niega la suspensión definitiva de la orden de aprehensión contra Godoy Toscano, también le concede derechos políticos contrarios a la Constitución, en un sentido absolutamente contrario a la Constitución? Porque la orden de aprehensión que le fue librada y que le impidió tomar protesta hace un año está firme y en ese sentido el gobierno de la república más allá del tema de la colaboración y de la división de poderes tiene que tomar una posición clara, enérgica, disculpe que le presente este tema así, pero yo estoy preocupado de que el gobierno de la república no vaya a tener una actitud frente a este hecho que de dejarlo en el silencio, sería una enorme contradicción.

Yo a usted, diputado Noroña siempre lo he respetado y fui tolerante con usted no sólo en eso. Yo sé que a usted le molestan mis puntos de vista porque es usted también un intolerante frente a los que opinan diferente de usted.

- DIPUTADO JOSÉ GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA: (hace comentarios inaudibles)

Voy a terminar, señor secretario de Gobernación. No, no, señor y el mismo respeto se lo exijo yo. Yo les exijo también el respeto que han pedido para la mesa. Extraña, señor secretario de Gobernación, que un juez al mismo tiempo dice dos resoluciones encontradas. ¿Qué va a hacer el gobierno de la república, la Secretaría de Gobernación, qué opina de un hecho que acaba de acontecer el día de ayer en esta Cámara de Diputados? Tiene usted la palabra, señor secretario de Gobernación.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, presidente. Primero decirle que el Estado mexicano ha expresado un combate frontal al crimen y que este combate no tiene excepciones. Es decir, el crimen organizado ha penetrado en diversos ámbitos de la sociedad y que por supuesto no vamos a permitir que en el amparo del fuero constitucional se conviertan los espacios también en impunidad, que las integraciones que se han hecho en las averiguaciones previas, en todas estas acciones de operación para combatir el crimen, han sido atendidas puntualmente en el marco del derecho y en lo que establece la propia Constitución.

Diferimos, como usted lo ha expresado, en esa resolución dictada por el juez en la que ha otorgado una suspensión definitiva en cuanto a los derechos políticos que incluso recuerdo a esta soberanía, que el Tribunal Electoral envió una información relacionada para la no toma de protesta, pero somos respetuosos de las decisiones que tomaron aquí en el Congreso.

No estamos de acuerdo con la definición tomada por el juez en su resolución definitiva y por supuesto vamos a accionar con todos los instrumentos que estén a nuestro alcance, para poder impugnar esa resolución y encontrar, hasta donde nos sea posible, la revocación de la misma.

Por supuesto, también vamos a actuar en todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para interponer las quejas y tal vez hasta las denuncias penales contra el comportamiento de esa autoridad que determinó de esa forma.

Seguramente la procuraduría tendrá que actuar frente al Congreso y ésa es la firme convicción que tenemos ahora, primero en la Cámara de Diputados, para solicitar de manera inmediata la declaratoria de procedencia y que podamos actuar precisamente en este expediente, sobre todo en el caso muy particular donde aquí ya se ha obsequiado una orden de aprehensión, es decir, un juez que conoció de esa causa determinó que hay elementos suficientes para abrir el proceso y consignar.

Pero más aún, lo grave de este asunto es que en el estado de Michoacán, como en algunas otras entidades federativas que padecen el agravio del crimen organizado, se ha concentrado poco más del 5.4 por ciento de homicidios a nivel nacional. Hay un gran conflicto con las bandas del crimen organizado, ha sido escenario de luchas entre diversos cárteles pues es el punto neurálgico de trasiego de la droga.

Por esa razón tenemos que seguir combatiendo al crimen. La familia michoacana, entre otros, son bandas del crimen organizado violentas y por esa razón los procedimientos que se abren cuando hay elementos de responsabilidad por alguna acción que incrimina. Porque no se habla de un delito cualquiera; estamos hablando de crimen organizado.

Este Congreso no tiene precedente en una declaratoria de procedencia, por ejemplo si así lo hacemos llegar en los próximos días, que tenga que ver con crimen organizado. Eso es lo delicado.

Por eso el gobierno de la república actuará con toda la fuerza que la propia Constitución y las leyes le otorgan para poder llevar a quien ha sido acusado y así lo ha consignado ahora un juez, obsequiando una orden de aprehensión ante las autoridades judiciales para que dé cuenta de ello, para que ahí, con los derechos que también tiene a ser oído y defendido y tener un abogado, dé cuenta de su actitud frente a la justicia.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, señor secretario. Dígame, diputado. Perdone, diputado, pero el formato de la comparecencia estuvo aprobado desde el principio y está basado en un acuerdo de Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación.

Perdón, yo sí quisiera que pudiéramos respetar el formato. Perdón. Yo tengo exactamente el mismo derecho de los demás compañeros, independientemente de que presida o no esta comparecencia.

Y si me permite, finalmente, el diputado Noroña, quiero iniciar mi turno de réplica. Mis comentarios... No, diputado, no estoy incumpliendo ninguna regla. No estoy incumpliendo ninguna regla. También le pido que respete mi convicción, por favor.

Señor secretario, hay varios asuntos, además de éste que yo le he planteado, que tienen que ver con pendientes legislativos en la Cámara de los Diputados. El de la seguridad nacional es una de las minutas que con frecuencia el gobierno de la república ha recordado públicamente de su trámite legislativo pendiente en la Cámara de los Diputados.

En ese sentido, la minuta está turnada tanto a la Comisión de Gobernación como a las Comisiones de Justicia, y Defensa Nacional. La Comisión de Gobernación, que es en la que ahora desahogamos esta comparecencia, requiere –como usted dijo—de una definición que pueda alinear lo que nosotros vemos que resultan incluso discrepancias al interior del gabinete de seguridad nacional, en términos del Poder Ejecutivo.

Ésta es una definición necesaria para poder avanzar en un dictamen de la mayor importancia para la vida del país: poner tiempo, modos, características a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, pero sobre todo, enmarcar esta colaboración en términos de seguridad pública con el concepto de seguridad interior.

Sí requerimos, y me permitiría apremiar a una reunión que nos permita definir con toda claridad la posición tanto del gobierno federal, propiamente a través de la Secretaría de Gobernación, con los miembros de la Comisión de Gobernación, para avanzar en el dictamen.

Necesitamos una reunión que identifique con toda claridad cuáles son las discrepancias, las diferencias, cuáles son los puntos de vista que se pueden agregar o cuáles están siendo realmente los elementos de impugnación, ya sea de la seguridad pública o de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque me parece que es un cuerpo normativo que no puede seguir posponiendo su vigencia y su entrada en vigor, en términos de tan importante como delicada colaboración de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada.

Me parece que junto con ello la minuta del Senado de la República en torno de reformas a la Ley de Acceso a la Información y Transparencia también requieren de esa definición, como usted mimos lo dijo, alineada, de las distintas entidades públicas, puesto que –en mi caso- veo con preocupación distintas actitudes en distintos ámbitos del gobierno de la república frente al acceso a la información pública gubernamental.

Mientras que en unas dependencias avanza el acceso y la cultura de la información y la voluntad política para garantizarla, en otras vemos una resistencia lamentable, que no prestigia al gobierno de la república en tan importante materia. Por supuesto que la Comisión de Gobernación está dispuesta a mantener un diálogo permanente, con la Secretaría de Gobernación y a suscribir los mecanismos de colaboración, de cooperación que nos permitan avanzar en la agenda legislativa que está pendiente para México.

Por supuesto en ella, de manera singular, la reforma electoral que hemos venido discutiendo en los últimos meses y que ha tratado el diputado Agustín Castilla Marroquín, puesto que la implementación de la reforma electoral 2007-2008 ha sugerido ajustes, ha sugerido adecuaciones, ha sugerido mejoras, sobre todo de carácter legal, para dotar de mejores condiciones al proceso electoral del 2012 que, por supuesto, se anticipa competido, se anticipa también complejo, intenso, en términos del pluralismo político que aquí mismo hemos podido visualizar y ser testigos.

Por supuesto, por nuestra parte cuente con el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN en las iniciativas que buscan relanzar el debate sobre el tema de la reforma política y muchas gracias, señor secretario por haber estado aquí.

Paso ahora a darle la palabra, al diputado César Augusto Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

- DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ: Saludo de verdad con mucho interés las ideas y la vehemencia de las diputadas y de los diputados que han mostrado en sus expresiones el estado que guarda la nación, señor secretario.

Yo por supuesto que comparto mucho de esas reflexiones y como mexicano sencillo les agradezco su valor, su talento y su disposición para construir por el bien de México. Por supuesto que no comparto sus juicios sobre la salud del Estado mexicano. Me parece que es un Estado en estado agónico. No creo que su valoración del estado que guarda la nación sea satisfactoria y le pido por elemental honestidad intelectual, que cuando me conteste principie por reconocer que este ejercicio del año que estamos analizando ha sido un fracaso.

Yo he sostenido que este país no necesita una democracia de las maniobras. No se trata de saber quién es más hábil, quién tuerce la ley mejor, quién manda reglamentos para irrumpir el orden jurídico establecido plenamente en la ley.

Yo he dicho que se requiere una democracia radical y se requiere un estado imprescindible que fortalezca la salud de la república, un estado de verdad que exige un hombre de estado. Pero si en la conceptualización está ausente lo segundo, perdóneme secretario, el análisis del desempeño gubernamental tiene que ser muy severo y muy crítico.

El presidente Calderón me da la impresión que no quiere pasar bien a la historia de este país. Quiere pasar muy bien a la historia electorera de los últimos años del Partido Acción Nacional, y ahí está la tragedia. ¿Cómo sabemos, secretario, si el desempeño del presidente ha sido exitoso o no? ¿Cómo lo sabemos? Se lo pregunté a Creel en su momento, en una comparecencia que terminó en desastre, y se lo pregunté, también, a Gómez-Mont.

¿Cómo le hacen ustedes para saber si este año ha sido positivo o negativo? Yo le digo cómo. Viendo si el presidente cumplió e hizo cumplir la Constitución. Es lo único que se protestó a cumplir. No le pedimos al presidente que fuera el presidente del empleo ni que fuera el presidente de la seguridad, ni que fuera el presidente de las concupiscencias. Él se comprometió a cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Dígame, entonces, ¿está cumpliendo con el artículo 80 que garantiza que él es el jefe del Estado mexicano y no el jefe de un partido político? ¿Dígame acaso si está cumpliendo con el artículo 89 que le obliga a garantizar la seguridad interior?

Dígame si está cumpliendo con la libertad de tránsito. ¿Hay en este país libertad de tránsito? Le pregunto: ¿está cumpliendo con la garantía del empleo establecido en el artículo 25 y 123 de la Constitución? ¿Está cumpliendo con las garantías que evitan la discriminación en este país? Le pregunto: ¿está cumpliendo con el principio de la rendición de cuentas?

Yo creo que no, secretario, no está cumpliendo con ninguna de estas responsabilidades que se comprometió a cumplir y hacer cumplir. Está muy alto en los ratings de las televisoras y en los decibeles de la radiodifusión, con dinero público, por supuesto; pero eso, señor presidente, señor secretario, perdón, no implica que el ejercicio gubernamental sea satisfactorio.

Yo quiero decir que ante todos los cuestionamientos que se le hacen al gobierno, tengo de memoria los estribillos y las fórmulas. Se requiere un pacto para crear políticas de estado. Se requiere una voluntad para construir, pero se necesita antes que nada, señor secretario, voluntad de cumplir la ley.

Le ruego que me permita hacer dos preguntas más, muy breves. Una porque yo soy autor de un documento que me permití entregarle a su secretario particular, el 2 de septiembre, previendo que usted iba a venir a aquí.

Le dije en el escrito que si sabían ustedes de la existencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, que obliga a que todos los decretos del presidente de la república pasen por una comisión previamente, que la misma ley establece y que usted como secretario no puede publicar nada que no haya sido santificado por esa comisión.

No me interesa discutir el asunto de SME en este momento, me interesa saber si usted conoce la ley y cumplieron con ese requisito.

El segundo asunto, perdóneme, discúlpeme, es el asunto del Consejo de Seguridad Pública. Ha estado ausente de esta presentación. ¿En qué quedamos, existe, no existe?, se ha convertido en un vocero, que por cierto debe declarar ante la PGR y podría ser un acuerdo de la Comisión de Gobernación, cuando al salir a explicar un homicidio dice que fue por motivos personales es porque él lo sabe. Tiene que declarar a la PGR cómo lo supo.

El consejo, la ley, el sistema de seguridad pública, los millones de pesos que le ha entregado el Congreso, ¿en qué quedaron?, ¿ya se convirtió en un vocero?, ¿en dónde está el cumplimiento de la ley, si en materia de seguridad pública no reconocemos la existencia del Consejo y del Sistema Nacional de Seguridad Pública?

Son dos preguntas muy concretas. Espero su respuesta para tener el gusto de dialogar con usted en la réplica. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, diputado César Augusto Santiago.

Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos.

- SECRETARIO JOSÉ FRANCISCO BLAKE MORA: Muchas gracias, diputado César Augusto, le saludo con aprecio.

Por supuesto que tenemos puntos de vista diferentes. Por supuesto que el gobierno de la república y el presidente Calderón, quien conduce la política pública, ha dado cuenta en un informe detallado de todo el ámbito del desarrollo de la política pública, para poder puntualizar y por supuesto compartir en estas glosas con todos los secretarios de los ramos, puntos de vista, críticas y también entiendo yo, planteamientos propositivos para mejorar los puntos relevantes de la política nacional.

El presidente Calderón ofreció un informe en donde da cuenta del combate a la pobreza, focalizando por supuesto recursos para mitigar el impacto de la recesión global, que por supuesto frena el crecimiento pero que tiene también qué ver con factores externos.

Una cobertura, por ejemplo, universal también en salud fue un punto importante, trascendente, en el informe que el presidente Calderón rindió a la nación y que ofreció en los términos de la Constitución para su glosa y revisión a esta honorable Cámara de Diputados.

También, por supuesto estableció con puntualidad los avances en materia educativa, fundamentalmente en la educación que permita a los niños y jóvenes triunfar en el mundo competitivo que, hoy, cada vez tenemos con mayor dificultad.

Austeridad y finanzas públicas fue un renglón fundamental, también, en este informe de gobierno. Reforma económica. Reforma de fondo a una economía competitiva y generadora de empleos. Reformas a las telecomunicaciones en las que también fueron puntos fundamentales. La reforma laboral como punto todavía pendiente, incluso, aquí en la Cámara de Diputados dio cuenta también de las acciones en materia regulatoria. En el tema de la seguridad pública del cual he expresado varios puntos de vista, aquí en este ejercicio de glosa.

Por supuesto, los pendientes en materia de reforma política y en ese sentido, diputado, difiero en esa parte, pero respeto también las posiciones y los puntos de vista que usted vierte sobre la mesa. Me parece fundamental recalcar de nueva cuenta que el propósito siempre del presidente Calderón ha sido transitar al desarrollo de este país en todos su ámbitos en lo político, en lo económico, en lo social y por supuesto legar a los mexicanos en su exigencia y reclamación por mayor bienestar y desarrollo bienes públicos que les permitan precisamente salir adelante. El presidente de la república es respetuoso de las instituciones y de nuestra constitución.

Me parece que necesitamos tener todavía un esfuerzo mayor, para trabajar juntos en unidad con base de discusión franca, abierta, sincera, para poder instrumentar cada vez mejores condiciones en el marco de legalidad que le permitan al Estado avanzar con definición clara, sobre todo ante los temas fundamentales del país y de la exigencia social como es la seguridad pública.

El presidente Calderón se refirió a un mensaje, precisamente, ante una circunstancia difícil en ese momento que era necesario transmitir a todos los mexicanos, pero bueno, si es necesario poner mayor claridad en las reglas, que se pongan, porque finalmente lo que no puede suceder es que el Estado mexicano es que el gobierno de la república y las instituciones dejen de funcionar. Con todo el aprecio le doy esta respuesta, diputado.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Tiene el uso de la palabra el diputado César Augusto Santiago, en su turno de réplica hasta por cinco minutos.

- DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ: Muchas gracias. Sé secretario que usted no es el problema, no tengo nada contra usted, le admiro su habilidad para no decir nada. Se lo celebro, de todas maneras, es usted un hábil decidor de cosas sin importancia.

Pero usted no es el problema, el problema es de fondo. Y quiero llamar aquí a los brillantes diputados y diputadas que han participado en la Comisión de Gobernación, para que de verdad, más allá de la cuestión de regateos electorales, que yo no caigo en eso, señor secretario, me parece deleznable, se lo juro, el que un presidente de la república y que un servidor público, un secretario de Estado esté manipulando las cuestiones de la pobreza de este país, para conseguir unos tristes votos y hacerse del poder público. Me da vergüenza.

No voy a entrar por eso, a este tipo de reflexiones, porque me interesa mucho decirles a todos, principalmente por usted, que espero que sea usted un hombre de bien, como tengo esta convicción, se trata de un deber patriótico.

Yo no puedo entender cómo un jefe de Estado, en una celebración de su partido, se atreve a citar a uno de sus ideólogos -que Dios tenga en su santa gloria- para decir que su partido no puede estar considerado como un grupo de perros acorralados; y menos acepto, se lo digo como hombre mexicano, que el presidente de la república diga públicamente -lo voy a citar textualmente: “Abrirles las puertas a los ciudadanos -se refiere a su partido- que no quieren dejar a México en manos de criminales, a quienes les abren la puerta a los corruptos y quienes tienen temor o vergüenza de aplicar la ley y de condenar al mal que tanto daña a nuestro México”.

Sólo estoy de acuerdo en la última frase, porque lo único que han sabido hacer es condenar el mal que tanto daña a México y no hacer nada. De qué sirve que diga usted, por ejemplo, yo asumo la responsabilidad. Así la asumió Molinar Horcasitas, con los niños muertos del Seguro Social ante los reclamos que se le hacen por todas partes. Así lo hace el vocero de Seguridad Pública: asumimos la responsabilidad.

¿Y qué sigue, señor secretario? ¿Los vamos a procesar por asumir su responsabilidad? O es una simple salida como la otra que usted mismo dijo hoy con un boletín que nos hicieron favor de mencionar: Condenamos el incidente. Ni una ni otra significa nada.

Lo lamento, señor secretario, y espero que usted ayude con los que estamos en la trinchera ciudadana, buscando que este país mejore, a que éste no sea el país donde crezcan sus hijos. Éste no puede ser nuestro México, lleno de soldados en las calles, de policías rondando las instituciones democráticas, de niños que mueren por decenas de manera impune, de gente que se está muriendo de hambre, mientras hay un presidente que se regodea con la búsqueda del poder a toda costa y a cualquier costo.

Le ruego una expresión coloquial final para distensionar este clima, es una expresión coloquial que les ruego a todos que me disculpen. Yo vi el monigote que pusieron en el zócalo con motivo del bicentenario. Se los digo coloquialmente a todos: ¿para qué pondrían el monigote? Entonces entendí cómo funciona el gobierno. Hacen un monigote que no saben para qué sirve. No saben de qué está hecho -¿cuánto va a durar?, ¿por qué lo hicieron? Ni a dónde ponerlo. Pero luego dicen: ya está hecho, entonces la ciudadanía resuelva el problema, a ver dónde ponen el dichoso engendro.

Éste no es el gobierno ni éste es nuestro país. En el bicentenario merecemos un gobierno republicano, libre y soberano que de verdad nos haga sentir orgullosos, como lo estamos siempre de ser mexicanos. Muchas gracias.

- PRESIDENTE DIPUTADO JAVIER CORRAL JURADO: Gracias al diputado César Augusto Santiago. Con ésta última intervención concluimos las cinco rondas de intervenciones de análisis del cuarto informe y concluimos la comparecencia del señor secretario de Gobernación, señor licenciado José Francisco Blake Mora.

Gracias, señor secretario por su presencia. A los señores subsecretarios, gracias por estar aquí. Y a todos y a todas y cada una de ustedes, diputadas, diputados, gracias por su participación.