Acusa HRW contradicción de Calderón 
La carta fue firmada por José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de HRW.
Foto: Paola Urdapilleta
Human Rights Watch entregó una carta al Presidente Calderón en la que le pide reconocer el respeto a los derechos humanos
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (24 septiembre 2010).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó mensajes contradictorios del Gobierno de Felipe Calderón respecto a la protección y garantía de los derechos humanos.
En una carta entregada hoy, la organización señaló que las contradicciones del Ejecutivo federal menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia contra el crimen organizado, por lo que le hicieron un llamado a que públicamente reconozca el respeto a los derechos humanos como un aspecto integral en la estrategia de seguridad del Gobierno.
"Coincidimos en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como su Excelencia lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: 'no ha sido solucionado adecuadamente' . Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos", señala en la carta firmada por José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de HRW.
"Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad".
En la carta expone que en momentos de violencia extrema, como los que vive el País, el Gobierno está obligado a proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad.
Asimismo, destaca el incremento de violaciones a los derechos humanos a partir de la movilización de soldados para el combate al crimen organizado.
En la carta retoma datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual se ha comprobado que al menos 60 casos de abusos graves a los derechos humanos fueron cometidos por militares.
En este contexto, manifiesta la organización, es preocupante la difusión de mensajes contradictorios por parte del Gobierno calderonista.
"Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos de su discurso sobre la estrategia de seguridad pública del Gobierno. Recientemente, inició una serie de 'diálogos' públicos con el propósito de formular una estrategia más efectiva contra el crimen organizado en los cuales se incluyó en un primer momento a la 'sociedad civil'", recrimina HRW.
"Al comienzo de este diálogo nacional, expresó 'total apertura 'para' para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema [de seguridad pública]'. No obstante, durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar".
Otra de las contradicciones detectadas por el organismo es que el 19 de agosto Calderón declaró: "(Quisiera) refrendar la convicción del Ejecutivo federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate".
Sin embargo, esa declaración se ve opacada por otras, como la dada una semana después en una entrevista de radio: "Muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo".
"Human Rights Watch desea sugerirle respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto de los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica", señala la misiva.
"México tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos, según lo establecen su Constitución y el derecho internacional. Y, como ha señalado, el respeto de los derechos fundamentales otorgará a México la superioridad moral por sobre las fuerzas violentas que enfrenta".
Entre las recomendaciones que plantea HRW al Gobierno federal está juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario, desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos, proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil y acelerar la visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales.
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La carta fue firmada por José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de HRW. Foto: Paola Urdapilleta |
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REFORMA / Redacción
Ciudad de México (24 septiembre 2010).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW) acusó mensajes contradictorios del Gobierno de Felipe Calderón respecto a la protección y garantía de los derechos humanos.
En una carta entregada hoy, la organización señaló que las contradicciones del Ejecutivo federal menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia contra el crimen organizado, por lo que le hicieron un llamado a que públicamente reconozca el respeto a los derechos humanos como un aspecto integral en la estrategia de seguridad del Gobierno.
"Coincidimos en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como su Excelencia lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: 'no ha sido solucionado adecuadamente' . Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos", señala en la carta firmada por José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de HRW.
"Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad".
En la carta expone que en momentos de violencia extrema, como los que vive el País, el Gobierno está obligado a proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad.
Asimismo, destaca el incremento de violaciones a los derechos humanos a partir de la movilización de soldados para el combate al crimen organizado.
En la carta retoma datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual se ha comprobado que al menos 60 casos de abusos graves a los derechos humanos fueron cometidos por militares.
En este contexto, manifiesta la organización, es preocupante la difusión de mensajes contradictorios por parte del Gobierno calderonista.
"Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos de su discurso sobre la estrategia de seguridad pública del Gobierno. Recientemente, inició una serie de 'diálogos' públicos con el propósito de formular una estrategia más efectiva contra el crimen organizado en los cuales se incluyó en un primer momento a la 'sociedad civil'", recrimina HRW.
"Al comienzo de este diálogo nacional, expresó 'total apertura 'para' para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema [de seguridad pública]'. No obstante, durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar".
Otra de las contradicciones detectadas por el organismo es que el 19 de agosto Calderón declaró: "(Quisiera) refrendar la convicción del Ejecutivo federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate".
Sin embargo, esa declaración se ve opacada por otras, como la dada una semana después en una entrevista de radio: "Muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo".
"Human Rights Watch desea sugerirle respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto de los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica", señala la misiva.
"México tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos, según lo establecen su Constitución y el derecho internacional. Y, como ha señalado, el respeto de los derechos fundamentales otorgará a México la superioridad moral por sobre las fuerzas violentas que enfrenta".
Entre las recomendaciones que plantea HRW al Gobierno federal está juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario, desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos, proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil y acelerar la visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales.
En una carta entregada hoy, la organización señaló que las contradicciones del Ejecutivo federal menoscaban las medidas destinadas a proteger las libertades fundamentales en la estrategia contra el crimen organizado, por lo que le hicieron un llamado a que públicamente reconozca el respeto a los derechos humanos como un aspecto integral en la estrategia de seguridad del Gobierno.
"Coincidimos en que México se encuentra inmerso en una grave crisis de seguridad pública que, hasta el momento, como su Excelencia lo ha reconocido públicamente el pasado mes de agosto: 'no ha sido solucionado adecuadamente' . Las poderosas estructuras del crimen organizado son responsables de hechos violentos estremecedores, que dirigen contra todos aquellos a quienes consideran sus enemigos", señala en la carta firmada por José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas de HRW.
"Esta violencia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de la población general y afecta muchas de las libertades fundamentales de los ciudadanos, como su capacidad de expresarse abiertamente, circular libremente y participar políticamente en la sociedad".
En la carta expone que en momentos de violencia extrema, como los que vive el País, el Gobierno está obligado a proteger los derechos fundamentales de la población en lugar de ignorarlos con el pretexto de restablecer la seguridad.
Asimismo, destaca el incremento de violaciones a los derechos humanos a partir de la movilización de soldados para el combate al crimen organizado.
En la carta retoma datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según la cual se ha comprobado que al menos 60 casos de abusos graves a los derechos humanos fueron cometidos por militares.
En este contexto, manifiesta la organización, es preocupante la difusión de mensajes contradictorios por parte del Gobierno calderonista.
"Los problemas de derechos humanos son rutinariamente excluidos de su discurso sobre la estrategia de seguridad pública del Gobierno. Recientemente, inició una serie de 'diálogos' públicos con el propósito de formular una estrategia más efectiva contra el crimen organizado en los cuales se incluyó en un primer momento a la 'sociedad civil'", recrimina HRW.
"Al comienzo de este diálogo nacional, expresó 'total apertura 'para' para escuchar todas las propuestas que busquen genuinamente contribuir a la solución de este problema [de seguridad pública]'. No obstante, durante más de cuatro días de sesiones con la sociedad civil, no mencionó los derechos humanos en ninguno de los nueve discursos que pronunció, ni tampoco invitó a ninguna organización no gubernamental de derechos humanos a participar".
Otra de las contradicciones detectadas por el organismo es que el 19 de agosto Calderón declaró: "(Quisiera) refrendar la convicción del Ejecutivo federal, de que la premisa mayor es la protección de los derechos humanos en este combate".
Sin embargo, esa declaración se ve opacada por otras, como la dada una semana después en una entrevista de radio: "Muchas veces dicen, aquí, a cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el Juez y todo".
"Human Rights Watch desea sugerirle respetuosamente que adopte las medidas necesarias para asegurar que el respeto de los derechos humanos forme parte de todas sus iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad pública, tanto en sus compromisos retóricos como en la práctica", señala la misiva.
"México tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos, según lo establecen su Constitución y el derecho internacional. Y, como ha señalado, el respeto de los derechos fundamentales otorgará a México la superioridad moral por sobre las fuerzas violentas que enfrenta".
Entre las recomendaciones que plantea HRW al Gobierno federal está juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos en el sistema de justicia penal ordinario, desautorizar a los funcionarios que atacan a periodistas y defensores de derechos humanos, proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil y acelerar la visita del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Gobierno de la República saluda con interés las manifestaciones de la sociedad civil respecto de la situación de los derechos humanos en nuestro país
SEGOB Boletín 446, México, D.F., 25/09/2010
Con respecto al documento de Human Rights Watch publicado el día de hoy en un diario de circulación nacional, el Gobierno Federal señala lo siguiente:
El Gobierno de la República saluda con interés las manifestaciones de la sociedad civil respecto de la situación de los derechos humanos en nuestro país; comparte y atiende sus legítimas preocupaciones sobre algunos de los puntos que señalan como prioritarios.
Asimismo, considera positivas las manifestaciones públicas de la sociedad civil y se ha mantenido respetuoso de la libertad de expresión de las organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, las cuales constituyen un referente para el diseño, orientación, y en su caso reorientación de las políticas en materia de derechos humanos en nuestro país.
Respecto de la seguridad pública que prevalece, El Gobierno Federal comparte que las nuevas formas de organización y métodos delictivos que presenta la delincuencia organizada buscan afectar los derechos de la sociedad: humanos patrimoniales, de libertad de expresión, de libertad de tránsito, a la vida y a la integridad física.
Por lo tanto, el Gobierno mexicano ha establecido una estrategia frontal de combate a la delincuencia organizada, que permita garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. En la implementación de dicha estrategia de seguridad pública, el Gobierno ha sido respetuoso de los derechos humanos señalados en el ordenamiento nacional y los tratados de los que México es parte.
En el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) mantiene un diálogo constante con la sociedad civil, a través de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, en la cual basta señalar que a la fecha se han realizado 13 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. Es una práctica común, desde 2003, la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas en materia de derechos humanos.
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