Presupuesto 2011

Todos contentos... menos el paísCarlos Acosta Córdova

Revista Proceso # 1777, 21/10/2010;

Una vez más se cumplió el ritual: el Ejecutivo propuso un presupuesto y los legisladores de oposición lo impugnaron acremente… para al final aprobarlo con cambios mínimos. Todo queda igual y todos están contentos con un sistema impositivo obsoleto y un Presupuesto de Egresos que no sirve a la economía, sino a los intereses partidistas.

Aprobado en las primeras horas del martes 16 el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se había cumplido al pie de la letra el ritual de cada año.

El 8 de septiembre el gobierno envió al Congreso el grueso legajo que contenía el programa económico para 2011, con sus dos grandes apartados de ingresos y egresos. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo definió como un programa “responsable, que garantiza crecimiento económico, que no pone en riesgo la credibilidad de México en el mundo, (sino que lo exhibe) como un país viable, solvente, que tiene lo suficiente para enfrentar sus retos”.

Además, decía Cordero, “no se incurre en sobreendeudamientos excesivos” y “da certeza fiscal” porque no trae cambios en el marco tributario: ni nuevos gravámenes ni cambios en las tasas impositivas.

En materia de gasto el programa, decía el secretario, “trae un presupuesto responsable, austero, que atiende las principales necesidades del país; con recortes importantes al gasto público, (pues) el gobierno se está ajustando el cinturón, para darle prioridad a la construcción de infraestructura, a las pequeñas y medianas empresas, a la seguridad, a la agenda social, a la educación, a la atención médica de las familias más pobres de México”.

Un paquete económico, pues, perfecto, a decir del gobierno. Como lo hace cada año. Y también, como cada año, la oposición partidista se encargó de hacer el mayor ruido posible y descalificar el plan del gobierno.

Amagaron con bajarle un punto porcentual a la tasa del IVA y dejarlo en 15%; también con modificar radicalmente el paquete económico.

Los encontronazos

La Cámara de Diputados –y en menor medida el Senado– es siempre el escenario de los “encontronazos”. Cuando el secretario de Hacienda compareció ante el pleno, el pasado 14 de septiembre, para defender el programa económico, todos los partidos distintos del PRI lo atacaron. Pero el PRI se fue a la yugular.

El diputado Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quien el año pasado fue crítico, pero cortés y mesurado, esta vez trocó en un rudo diputado priista. Le dijo a Cordero que el presupuesto del gobierno no era austero ni reducía el gasto corriente ni tenía como prioridad el bienestar de la población.

Más entrón, y hasta bravucón, fue el diputado David Penchyna. Con el programa económico que están presentando, le dijo al secretario, ratifican que “ustedes enarbolan una política económica que no resuelve la pobreza, que no genera empleo y cancela las oportunidades de desarrollo del país”.

Remató: “Haremos los cambios y las modificaciones para no permitir que la población sea afectada”.

Pero la amenaza de enmendarle la plana al Ejecutivo, que cada año hacen los priistas desde que el PAN es gobierno, se queda sólo en eso, en amenaza. El PRI incluso debió retractarse de la propuesta de regresar el IVA a 15% (y 10% en la frontera) que cacareó desde el 26 de agosto.

Fueron los gobernadores priistas quienes frenaron a sus líderes parlamentarios y partidistas. La reducción al IVA implicaba perder por recaudación hasta 35 mil millones de pesos y, por tanto, serían menores las transferencias federales a estados y municipios. Y en ello los gobernadores, de cualquier partido, nunca dan un paso atrás.

Humillados, los legisladores priistas vieron en los huracanes de la temporada su tabla de salvación. El agua que devastó poblaciones en varios estados les resultó “bendita”, pues fue el pretexto para desistirse de su intentona de bajar el IVA.

En la parte de ingresos los diputados poco le hicieron a la propuesta oficial. Se fueron por la vía de modificar algunos supuestos macroeconómicos, subir algún impuesto de fácil aceptación social, por mayor endeudamiento y por seguir dependiendo del petróleo. Nada que cambie la estructura de los ingresos.

El gobierno propuso, como base de todo el planteamiento macro para 2011, un precio del crudo de 63 dólares por barril; los diputados lo subieron a 65.4 dólares. El gobierno decía que el balance entre ingresos y egresos, como porcentaje del PIB, excluyendo la inversión de Pemex, no podía ser mayor de 0.3%; los diputados dijeron que el déficit fiscal aguantaba hasta 0.5% del PIB.

El gobierno proyectaba un crecimiento económico para 2011 de 3.8%. Los diputados dijeron que no, que ya el Fondo Monetario Internacional había subido sus proyecciones para México y que –ahora sí había que hacerle caso al Fondo– debía ser 3.9% la estimación de crecimiento del PIB. 

Los diputados también decidieron aplicarle un impuesto de 25% a las bebidas energizantes y subirle el precio a los cigarros, de seis centavos que ellos mismos habían aprobado desde el año pasado, a 35 centavos por unidad, lo que da un aumento de siete pesos por cajetilla de 20 cigarros. Sólo el aumento al tabaco dejará al fisco 12 mil millones de pesos.

Por estos aumentos y los cambios virtuales de los supuestos macroeconómicos, los ingresos públicos del país aumentarían 68 mil 230 millones 100 mil pesos. 

Pero a esto habría que descontarle casi 7 mil 630 millones de pesos que dejará de recibir el erario por los apoyos fiscales que se darán a los patrones que contraten a trabajadores de primera vez. También habrá que restar 50 millones de pesos que dejará de recibir el fisco por apoyos a la producción teatral.

Los ingresos adicionales netos “logrados” por los diputados fueron de 60 mil 550 millones 200 mil pesos. Así los ingresos totales para el próximo año serán de 3 billones 438 mil 895 millones 500 mil pesos. Un “espectacular” 1.8% más de lo que preveía el gobierno.

Cálculos políticos

 Si el Ejecutivo no se animó a hacer propuesta alguna en el ámbito impositivo –que es la única fuente segura, permanente y sana de ingresos para cualquier gobierno–, menos los diputados. Otra vez imperó el cálculo político: el próximo año se definen seis gubernaturas estatales y el siguiente es la elección presidencial. Entonces nadie se mueve.

Quedaron intocados los vicios, las insuficiencias del sistema fiscal.

Estudios académicos del CIDE, del ITESM y del ITAM han dado cuenta de que de una fuerza laboral de casi 47 millones de personas, sólo 14 millones pagan impuestos sobre el ingreso (renta); de ellos, 80% son asalariados a quienes se les retienen los impuestos. 

También que la evasión fiscal, aunque se ha ido acotando, sigue elevada, muy por encima de parámetros internacionales: cercana a 3% del PIB y alrededor de 23% de la recaudación potencial: de cada 100 pesos que podrían recaudarse, 23 se pierden porque simplemente no se pagan. En términos del PIB, a precios actuales, significa poco menos de 400 mil millones de pesos.

Y una vez que ni gobierno ni diputados hicieron nada por cambiar la estrategia fiscal, que descansa prácticamente en los contribuyentes cautivos –los trabajadores asalariados–, pasaron a discutir el siempre conflictivo Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Obviamente los diputados se olvidaron de amagues y amenazas y de promesas de hacer un presupuesto orientado a la inversión productiva y al crecimiento económico. Operaron como siempre: a la bolsa de 60 mil 550.2 millones de pesos que lograron hacer con cambios a los supuestos macroeconómicos le agregaron otros 35 mil 416 millones de pesos, producto de recortes a varias partidas. Acumularon 95 mil 996.2 millones que destinaron a hacer ampliaciones en algunos rubros y reasignar recursos a otros.

Reparto de lo sobrante

De un presupuesto de 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos, lo que estuvo en disputa fue cómo repartían esos casi 96 mil millones –2.8% del total– no para hacer un presupuesto que impulsara de manera decidida la economía, sino para que todos los intereses, de gobierno y de partidos, más o menos quedaran satisfechos.

Donde más aplicaron la tijera fue en el servicio de la deuda pública (casi 6 mil millones de pesos), en aportaciones a seguridad social (casi 5 mil 500, gran parte de ellos para pensiones de extrabajadores de Luz y Fuerza), a la CFE le quitaron poco más de 4 mil 700 millones de los 32.8 mil que quería aumentarle el gobierno y al Consejo de la Judicatura le recortaron 3 mil 487 millones, 10% de la asignación que proponía el Ejecutivo. 

La mayoría de esos recortes los impulsó el PRD apoyado por el resto de las bancadas.

Además del Consejo de la Judicatura sólo la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvieron recortes en su asignación propuesta: 191 millones la primera y 76.6 millones la segunda. De cualquier manera ambas tendrán un presupuesto mayor que el aprobado para este año: casi 500 millones adicionales para los diputados y 106 más para la ASF.

También las dependencias federales fueron objeto de la tijera, pero en porcentajes que en su mayoría no llegan a 1% de la propuesta original para 2011; aun así todas tendrán más presupuesto que este año.

Por el lado de las ampliaciones presupuestales, de acuerdo con un comparativo hecho por el economista Juan Moreno, asesor parlamentario del PRD y quien participó en las discusiones del presupuesto, el mayor incremento absoluto, de casi 20 mil millones de pesos, se lo llevó el sector de Comunicaciones y Transportes, que es donde se dan los jaloneos cada año por el tema de las carreteras.

Luego, con casi 16 mil millones de pesos, el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, en el que se incluyen partidas siempre disputadas por gobernadores y alcaldes, como los fondos metropolitanos, el regional y el de pavimentación a municipios. 

En esta partida quedó incluida una asignación de 4 mil 500 millones de pesos del nuevo Fondo Nacional de Reconstrucción (que constará de casi 50 mil millones), propuesto por el PRI, a cambio de desistirse de su propuesta de reducir el IVA.

Otra ampliación importante fue la de casi 15 mil millones para la Secretaría de Agricultura; de ellos buena parte se juntaron con recursos de otras dependencias para darle al Programa Especial Concurrente (PEC, el siempre conflictivo presupuesto del campo) casi 34 mil millones de pesos.

A la SEP, 12 mil 621; a la Semarnat, 9 mil 255, y a la Secretaría de Salud, 9 mil 242 millones de pesos más.

En números gruesos, los ganones fueron los de siempre: los que se pelean cada año por más recursos para carreteras, para apoyos al campo y para suplir sus deficiencias recaudatorias. Recursos que, en su mayoría, caen en el limbo de la opacidad. 

Un caso concreto es el de los gobiernos estatales y municipales. El gobierno federal proponía para 2011 un gasto federalizado de 992 mil 32 millones 600 mil pesos, un aumento de casi 20 mil millones respecto de lo que ejercerán este año.

Pero los gobernadores presionaron a sus diputados para que jalaran más recursos. Se llevarán otros 20 mil millones; es decir, 40 mil millones más que en 2010, pues los diputados aprobaron un presupuesto para las entidades por 1 billón 12 mil millones 48 mil 100 pesos.

Casi 30% de todo el presupuesto. Los 20 mil millones adicionales (a la propuesta oficial) que se llevarán es, también, la tercera parte de los 60 mil millones que obtuvieron en la parte de ingresos.

Y todo concluyó como siempre: felices y contentos, todos satisfechos. El gobierno en primer lugar. Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: “Mi reconocimiento a los diputados de los grupos parlamentarios que aprobaron un presupuesto responsable. En especial a sus coordinadores”.

Y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero –quien en sus comparecencias ante la Cámara de Diputados fue cuestionado severamente– no reparó en elogios: “Reconozco y felicito al Congreso de la Unión por haber analizado, discutido y aprobado este paquete económico con responsabilidad y con altura de miras”.

La política se impone. Las expectativas, los anhelos y percepciones de la población son lo que menos importa en las discusiones del presupuesto. 

Ni siquiera por asomo fue tema el de los ya reconocidos abusos en el presupuesto, como las voluminosas partidas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IFE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los altos sueldos de sus funcionarios, los de los altos mandos públicos y de los legisladores.

Todo esto fue defendido y justificado por el secretario de Hacienda. En conferencia de prensa, el martes 16, para detallar la aprobación del presupuesto argumentó: “Los sueldos que reciben los funcionarios del IFE (…) es nada comparado con los servicios que le dan a la sociedad”. Ellos, agregó, responden “básicamente a los intereses de su conciencia y velan por un juego democrático”.

Señaló que los sueldos de ministros y funcionarios de la Corte “son muy pequeños comparados con el provecho que le dan a la sociedad (…) si eso se refleja en sus salarios, nosotros no le vemos mayor problema”.