Reforma, 24 Nov. 10;
Finalmente el Estado mexicano atra- sado y forzado reconoce su responsabilidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Acaso se abre un resquicio para una Comisión de la Verdad?
En 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por su responsabilidad en los casos de tres jovencitas encontradas muertas en el Campo Algodonero (Ciudad Juárez), por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco y por la violación de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
Emitidos los fallos surge un problema: el gobierno federal carece de la partida presupuestaria con la cual pagar las reparaciones simbólicas ordenadas por la Corte. El recientemente galardonado Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre otros organismos civiles, se abocan a resolver el obstáculo, y Fundar realiza un estudio sobre la forma en que el Congreso de la Unión podría añadir una partida al presupuesto.
Carezco del espacio para describir la estrategia diseñada y seguida por los organismos civiles. Tienen éxito y, por primera vez en la historia, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 incluye 30 millones de pesos para el pago de reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos (una ficha técnica elaborada por Miguel Pulido está en www.sergioaguayo.org). El portento se logra por el respaldo de los tres principales partidos que coinciden por el compromiso de diputados como Josefina Vázquez Mota (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Armando Ríos Piter (PRD).
¿Qué lecciones deja este pequeñísimo e insuficiente logro? Para comprenderlo regresemos al pasado. La transición a la alternancia tuvo un costo en vidas y sufrimiento pagado sobre todo por la izquierda. El mañoso de Vicente Fox buscó el voto útil de ese sector de la geometría política y le prometió una Comisión de la Verdad. Cuando ganó en el 2000 el esclarecimiento del pasado gozó de un enorme respaldo entre la opinión pública; Fox capituló y pactó con el viejo régimen aunque se cubrió las espaldas creando una Fiscalía Especial de nombre largo y logros cortos. Recibe 250 millones de pesos pero fue incapaz de entregar justicia, verdad o reparaciones.
Si una década después se obtienen estos 30 millones, es porque las víctimas y los organismos civiles no cejan y llevan a la superficie los casos, y desde fuera llega la presión que aquí es aprovechada hasta lograr el respaldo del Legislativo. ¿Existen las condiciones para establecer en 2011 una Comisión de la Verdad? Es obvio que ni el gobierno de Felipe Calderón ni los partidos políticos, incluido el PRD, tienen demasiado interés en abrir el tema. La razón es simple: la represión de la Guerra Sucia es sólo un capítulo de un historial negro que se antoja interminable.
La desaparición de Rosendo Radilla sucedió en 1974, pero en 2001 se encontraron a las jóvenes asesinadas y mutiladas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez y la violación de las indígenas tlapanecas se dio en 2002. En este 2010 tenemos la matanza de 72 migrantes entre otras atrocidades. Lógicamente, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acumulan centenares de casos de mexicanas y mexicanos que no encuentran justicia en México.
La realidad exige una Comisión de la Verdad que redefina y actualice temporalidad, metas y objetivos. Pero antes de discutir esas formalidades los familiares de las víctimas y los organismos civiles que las apoyan deben llegar a un acuerdo sobre los mínimos irrenunciables. Ese consenso es el paso previo para la confluencia de organismos públicos, comunidad internacional, académicos y periodistas.
Establecer las raíces estructurales del horror tal vez nos oriente sobre formas para enfrentar el inquietante presente. Por lo pronto ya tenemos una lección clara: ningún gobernante puede o quiere entregar la verdad, hacer justicia o llevar a cabo las reparaciones. Algunos son aliados indispensables, pero a las víctimas y a quienes las respalden corresponde conquistar la dignidad de quienes defienden sus derechos.
LA MISCELÁNEA
El 20 de noviembre Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas inauguraron el Museo de la Revolución. Setenta estudiantes de universidades públicas y privadas (entre otras la UNAM, IPN, UAM y el Tec) intentaron acercarse a expresar pacíficamente su preocupación por la inseguridad en Ciudad Juárez. Fueron frenados y bloqueados por centenares de policías empeñados en que nada turbara la celebración. Días antes el GDF detuvo y consignó por unas horas a cinco personas que protestaban ante los alcaldes por la Supervía Poniente. ¿Qué le pasa al GDF?, ¿ya se contagió de los usos y costumbres de Calderón y sólo quiere el aplauso de los incondicionales?
Agradezco las sugerencias de Miguel Pulido de Fundar y de Javier Treviño Rangel de la London School of Economics.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario