Reunión de implementadores

Advierten 'freno' a juicios orales

Revela estudio diferencias en estados. Documenta Segob retrasos al instaurar los ajustes penales en las entidades

Nota de Antonio Baranda

Reforma, 16 noviembre 2010.- La reforma de juicios orales enfrenta resistencias políticas y culturales que han propiciado un proceso desigual de instauración, reconocieron 29 de los 32 órganos implementadores estatales del País.

"Existe una gran diversidad de variables que influyen en los procesos locales de implementación, por lo que el proceso nacional es desigual, avanza a ritmos distintos y muestra debilidades que estamos a tiempo de contrarrestar.

"No se percibe el mismo nivel de compromiso por parte de los operadores del sistema. Existen resistencias políticas y culturales ante nuevos modelos de justicia", concluyeron los órganos estatales en una reunión privada con la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec).

Un documento de la Secretaría de Gobernación que recoge las conclusiones del encuentro, realizado el 27 de octubre en la Ciudad de México, destaca la necesidad de equilibrar, a más tardar el próximo año, el grado de avance de las entidades federativas.

También se requiere, señala, de la voluntad política de los tres órdenes de gobierno así como de la sociedad civil, para impulsar los cambios de fondo y contar con los recursos financieros y humanos para que cada estado asuma cabalmente los objetivos de la reforma constitucional.

"El proceso de implementación de la reforma debe partir de una visión integral para que sea posible alcanzar sus objetivos. Debe procurarse que la visión integral del sistema de justicia penal sea coherente y se ajuste a cada uno de sus sectores.

"Es indispensable promover entre los responsables de implementación de las entidades el intercambio de experiencias e información para generar sinergias regionales e impulsar un avance más rápido y homogéneo en la implementación", dice.

Los órganos estatales acordaron establecer criterios homologados de profesionalización para defensores públicos, peritos, ministerios públicos, jueces y policías, así como realizar evaluaciones periódicas, en coordinación con la Setec, para medir los avances obtenidos.

Además, se comprometieron a crear la Conferencia Nacional de Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal; a impulsar criterios de gradualidad en los planes de instauración estatales; y a crear un directorio nacional de implementadores. "Se intensificarán las acciones para promover entre los servidores públicos de los órganos implementadores y de las instituciones que integran el sistema de justicia penal en los estados y el DF la sensibilización.

"E incorporación en su trabajo diario de los principios básicos del sistema acusatorio: oralidad, publicidad, contradicción, continuidad, igualdad procesal entre partes, inmediación, libertad y licitud probatoria, imparcialidad y concentración", añade el documento.

Entre los estados que participaron en la reunión se encuentran Baja California, Chiapas, Campeche, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros.