Los errores del juicio

Los errores del juicioRosario Manzanos, reportera.

Proceso # 1784, 9 de enero de 2010; 
Como “indignante, burla y una violación absoluta de la Constitución” define el doctor Samuel González Ruiz el juicio oral en el que fue absuelto Sergio Rafael Barraza Bocanegra del homicidio de su pareja, la menor Rubí Marisol Frayre Escobedo.

Para el académico y especialista mundial sobre la lucha contra el crimen organizado y terrorismo, el juicio, tal como se llevó a cabo, es una muestra clara de “hipergarantismo”, que da como resultado que se privilegien los derechos de los presuntos delincuentes sobre el de sus víctimas.

“Esto es un escándalo –señala–. Desde que se dieron las sentencias del caso, primero de absolución y después, a través de un proceso de casación, de culpabilidad, reporteros, investigadores y especialistas penales trataron de tener acceso a ellas y lo que pasaba es que estaban bajo llave. Fue hasta días pasados que se ha hecho público el proceso. Los documentos fueron escondidos deliberadamente a pesar de que la Constitución señala puntualmente que el proceso penal acusatorio es público. Esto de manera segura lo hicieron tanto el Poder Judicial de Chihuahua como la Procuraduría de Chihuahua”.

Apunta que son tres los documentos vitales para entender el juicio: primero la sentencia inicial de absolución de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, alias El Pee Wee, la notificación que se le da a la señora Marisela Escobedo de la sentencia que, en su perspectiva, “posee la particularidad de reflejar el trabajo que hacen los jueces después de que estalla el escándalo. Se trata de un documento que no es normal, porque evidencia que ante lo que se dice en la prensa (los jueces) tratan de cubrirse lo mejor posible. Pero es un absurdo, sus argumentaciones no tienen sentido.

“Luego hay un tercer documento, fechado el 20 de mayo de 2010, es decir dos semanas después, en el que por presión del gobierno federal y el Ejecutivo estatal se elabora una sentencia de casación.”

Según González, los jueces solamente dieron como ciertos tres puntos: “que el acusado vivía en unión libre con Rubí Marisol Frayre Escobedo y que ella tenía 16 años; segundo, que tuvieron una hija de nombre Heydi Rubí; el tercero fue que en un basurero clandestino se encontraron 39 restos óseos que resultaron ser de Rubí Marisol.

“Pero si tú revisas los documentos de casación encontrarás algo muy interesante. De una declaración de más de cinco hojas de la señora Marisela Escobedo, los jueces hicieron un párrafo que sentencia: … sin embargo, estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho (el asesinato de Rubí), pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además no coincide  con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó que oyó decir al acusado en los últimos días del mes de agosto del año 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola. Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de esas versiones (golpes a la menor o disparos con pistola), el hoy acusado faltó a la verdad, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de dichas versiones.”

 González estalla: “Es una barbaridad que utilicen la propia declaración de Marisela Escobedo para absolver a Barraza Bocanegra, que además, como está comprobado en los videos del juicio oral, él mismo confesó su crimen después de la intervención final de Marisela Escobedo:

Lo expuesto por el acusado ante los Jueces de Primera Instancia, debidamente asistido por dos defensores públicos, dirigiéndose a la ofendida que recién le había reclamado la muerte de su hija, destacando que el procesado al quitarle la vida a su hija, también le había  destrozado el corazón a ella y a su familia, que no dejaba de reprocharse el por qué no intervino a tiempo para alejar a la menor de su lado, que la privó de la existencia de forma cruel y ni siquiera le permitió tener un sepulcro digno en el cual pudiera llorar su partida; luego cuestionó de manera enfática que dónde se encontraba Dios cuando Sergio Rafael le había arrancado la vida a su hija de la manera que lo hizo.

“Es por ello –dice González– que la declaración del procesado pidiéndole perdón a la señora Escobedo por el daño es clave: … Que al igual nadie lo va poder reparar, y al igual es cierto, que como tú decías dónde estaba Dios y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo.”

Para el doctor González, la implantación de los juicios orales en los estados de Chihuahua, Zacatecas y Oaxaca, entre otros, ha acarreado muchos problemas. “Es algo que venimos explicando desde hace seis años, cuando el doctor Ernesto Mendieta Jiménez, el doctor Edgardo Buscaglia, el doctor Moisés Moreno y yo publicamos El sistema de justicia penal y su reforma. Teoría y práctica. Hace seis años sentenciamos que este tipo de circunstancias sucederían. No hace falta más que revisar  la cantidad de homicidios que se dan en Chihuahua. Y que no digan que yo lo inventé, porque lo bajé de la página de ese gobierno y lo publiqué antes de que lo borraran.

“De todos los homicidios que hubo en Chihuahua en 2008 sólo hubo dos sentencias, y en 2009, tres. La justicia no existe en Chihuahua.”

En su visión, este grave problema tiene raíz en la iniciativa de Albert Bimber (Sic, es Binder), el ideólogo del hipergarantismo, quien sostiene que el sistema de justicia penal le ha causado a la sociedad más daño que beneficios porque la prisión no sirve y porque persisten muchas injusticias. 

“Hay que entender que él es argentino y vivió bajo una dictadura militar. También Bimber le echa la culpa a los jueces de no haberle puesto un alto a Pinochet, y yo me pregunto cuándo un juez ha podido enfrentarse a un dictador. Entonces se crea un modelo en el cual los elementos para procesar a un indiciado son puestos de tal manera que anulan los poderes de la acusación; se trata de amarrarle las manos a la policía y al Ministerio Público. 

“Pregunta cómo les ha ido a los guatemaltecos con ese modelo de impartición de justicia. No saben qué hacer. La capacitación para los jueces en México vale 400 millones de dólares al año. Es un negocio que viola los derechos de las víctimas y la Constitución”, agrega.

Para González Ruiz, el juicio del homicida de Rubí Marisol Frayre tiene que ser estudiado y analizado porque refleja errores históricos y tendencias de aplicación de justicia que están hundiendo al país. “No tengo bola de cristal, todo lo que está sucediendo lo previmos hace seis años. Si esta tendencia continúa, no habrá posibilidad alguna para las víctimas. Ese es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez”.