El infierno de ser testigo protegido

En noviembre de 1996 se instituyó el Programa de Testigos Protegidos con la publicación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

¡Desde entonces ¿cuántos testigos han habido desde que se decretó dicha Ley el 7 de noviembre de 1997?

¿Cuántas identidades se han cambiado? Si es que se han cambiado; al parecer no.

¿Dónde viven?

¿Quiénes los protegen?

¿Cuánto nos cuesta su seguridad?

Parece que hay un total desencanto con ese programa; eso dice un testigo desprotegido. Reportaje de Ricardo Ravelo en la revistasProceso de este domingo 29 de mayo de 2011

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El infierno de ser testigo protegidoRicardo Ravelo, reportero

Revista Proceso # 1804, 29 de mayo de 2011

 “Mario” fue policía ministerial en un enclave del cártel de Sinaloa y después guardaespaldas del capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, pero su “peor infierno” lo pasó cuando formó parte del programa de testigos protegidos de la PGR, al cual ingresó por invitación de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahora, en entrevista, narra su decepción –y su temor– al descubrir que estaba colaborando con instancias en las que se entremezclan la corrupción y la complicidad con el crimen organizado al que dicen combatir...

Después de trabajar como policía ministerial en Durango, uno de los enclaves del cártel de Sinaloa, Carlos Iván Meraz Medina se vinculó a la organización criminal encabezada por Sergio Villarreal Barragán, El Grande, actualmente preso por delincuencia organizada.

Del infierno que vivió en el narcotráfico, Meraz afirma que pasó a otro peor: el programa de testigos protegidos, donde fue sometido a presiones, amenazas y, pese a traer escoltas, fue objeto de un atentado en Durango. “Sospecho que los mismos agentes que me cuidaban me quisieron matar”, señala.

Además, el expolicía de menos de 40 años teme ser asesinado por las organizaciones y los capos que incriminó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos funcionarios, dice, ya no le contestan las llamadas.

A principios de 2000, Meraz Medina se incorporó a la Policía Ministerial de Durango. En 2003, su jefe, el comandante regional Antonio García Artea, le dijo: “Te voy a comisionar con un importante empresario para que lo cuides”. Se trataba de Villarreal Barragán, quien se hacía pasar por empresario y era una pieza importante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera.

Así conoció los entramados que cobijan el negocio de las drogas y algo más: “Vi cómo policías, agentes del Ministerio Público y altos funcionarios están a las órdenes del narcotráfico”, dice Meraz Medina, quien durante casi cuatro años fungió como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pero renunció a ese programa en noviembre pasado.

En entrevista con Proceso detalla que de 2003 a 2007 trabajó para la organización de Villarreal Barragán, primero como escolta de su esposa y de sus hijas y luego como uno de sus guardaespaldas personales.

“Con él viajé a todas partes. Íbamos a Morelos, Sinaloa y al Distrito Federal para entrevistarnos con Arturo Beltrán Leyva, quien era el jefe de Sergio Villarreal, pues en ese entonces mi jefe a su vez tenía a su cargo los estados de Durango y Chiapas y le reportaba a Arturo todo lo que ocurría en esos territorios.”

Pero el 14 de enero de 2007 fueron ejecutados el padre y la madre de Carlos,  el activista Jaime Meraz Martínez y María de Jesús Medina; su hermano Jaime Meraz Medina y Jorge Vázquez Serrato, chofer de la familia. Todos fueron torturados y acribillados.

Según el entrevistado, el homicidio múltiple fue ordenado por Sergio Villarreal Barragán a petición de Francisco León, quien se disputaba con Jaime Meraz la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado por el estado de Durango.

“Pancho León y mi padre eran enemigos políticos, y me enteré de que Pancho era apoyado por Sergio Villarreal y le pidió apoyo para que ejecutaran a mi familia”, dice. Afirma que en la campaña de Pancho León había dinero del narco y que altos líderes del PRD, que entonces le daban su respaldo, sabían quiénes lo financiaban.

Tras la muerte de sus familiares –que sigue sin esclarecerse, pese a que en la PGR le prometieron investigar el caso–, Meraz Medina abandonó la organización de Villarreal y se puso en contacto con el entonces gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, amigo de su padre.

Según Meraz, Hernández Deras le preguntó quiénes eran los presuntos responsables del crimen de sus familiares, y él respondió que eran Francisco León y Sergio Villarreal. El mandatario lo puso en contacto con altos funcionarios de la SIEDO para que aportara información sobre el crimen.

“Llegué a la Ciudad de México el 17 de enero de 2007. Vine como enviado del gobernador y viajé en su propio avión. Los funcionarios de la SIEDO me recibieron en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, y me llevaron al área de delitos contra la salud, donde me entrevisté con Mario Arzave, encargado de los testigos.

“Después de plantearle mi situación me preguntó si quería acogerme al programa de testigos protegidos. Dijo que me iban a apoyar con protección y que se investigaría a fondo el crimen de mis familiares… Ahora me arrepiento.”

–¿Por qué? 

–Todo esto es una mierda.

Con un rosario de ofrecimientos de la SIEDO, Carlos Iván Meraz ingresó al programa de testigos protegidos el mismo día en que llegó a la capital. Lo primero que hizo fue denunciar a la organización de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, aportando información sobre su estructura operativa y de lavado de dinero, que se extendía en toda la Comarca Lagunera. Dio también pormenores sobre la ubicación de tienditas y testaferros –entre ellos algunos políticos– protegidos desde altas esferas políticas.

“En ese tiempo –recuerda– se realizaron cateos en propiedades de varios miembros de la organización, pero también me di cuenta de la corrupción que había en la SIEDO por el apoyo que se le otorgaba a Sergio Villarreal, ya que sus propiedades no se aseguraron y los vehículos que le llegaban a incautar se le devolvían tiempo después. Todo esto me decepcionó y quise renunciar al programa de testigos al darme cuenta de que no se aplicaba la justicia como debería ser.”

Recuerda que cuando se realizaban investigaciones por parte de la SIEDO y los agentes viajaban a Torreón o a Durango, se ponían a las órdenes de Sergio Villarreal: 

“En dos ocasiones yo presencié cuando los policías le mostraban a Sergio los oficios de las investigaciones y él, a cambio de la protección, les daba dinero y los llevaba al table dance conocido como El Búnker; ahí se ponían de acuerdo sobre cómo rendir sus informes.

“En varias ocasiones trajimos dinero para los funcionarios de la SIEDO. Sergio se reunía con ellos en el hotel Meliá y, aunque nunca supe las cantidades, vi que era mucho dinero en dólares y me di cuenta de todo el apoyo que se le daba a su organización.”

–¿Quién protegía a Villarreal Barragán en la PGR?

–Lo protegieron las comandantas Claudia García Castillo y Blanca Margarita Castrejón, entre otros funcionarios. También había agentes federales con los que me topaba en la SIEDO. Yo varias veces los señalé con mis superiores y nunca les hicieron nada. 

Posteriormente descubrió otra muestra de corrupción. Según Meraz Medina, Jesús Meraz Guevara era un pistolero de Villarreal Barragán que vivía en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio, Durango, y que fue detenido por agentes federales. En un hotel de Torreón, Coahuila, donde fue interrogado, el sicario declaró que en su casa tenía una camioneta Cheyenne donde tenía armas largas y cortas, y que estaba equipada con aditamentos policiacos para emitir sonidos. El entrevistado dice que el vehículo era utilizado por la organización de Villarreal “para realizar labores de halcón”.

Cuando los agentes de la AFI acudieron al domicilio del sicario para asegurar la camioneta, ya no la encontraron y, extrañamente –dice el extestigo–, dejaron así las cosas. 

“Al día siguiente me comentó el agente del Ministerio Público federal Ignacio Muñiz Chávez que teníamos que viajar a Durango capital para que les indicara la ubicación del rancho de Sergio Villarreal. Para llegar a esa propiedad hay que pasar a fuerzas por las oficinas de la delegación de la PGR.

“Al pasar por la delegación nos percatamos de que en el estacionamiento se encontraba la camioneta que antes traía el sicario de Sergio. Yo le dije al agente del Ministerio Público que la camioneta era la que pertenecía a la organización criminal y no me creyó. Nos detuvimos y le di detalles sobre lo que tenía en su interior el vehículo. Luego salieron unos agentes y la abordaron, entonces los siguieron y les exigieron que se identificaran. Eran policías federales adscritos a la delegación de la PGR en Durango.”

Los agentes que traían la camioneta fueron llevados a la delegación y los encerraron, prosigue Meraz Medina; ahí los tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. En ese lapso “salió un agente y le comentó a otro de los que me cuidaban que habían descubierto que unos policías traían una camioneta de la organización de Sergio Villarreal y que desde las oficinas centrales de la SIEDO en la Ciudad de México habían girado la orden de que, para evitar que todos los policías de la delegación fueran detenidos, tenían que juntar entre 10 mil y 20 mil dólares cada uno”.

–¿Quién pidió esa suma?

–Funcionarios de la SIEDO. Según supe, juntaron el dinero y lo sacaron en una maleta que llevaron hasta la Ciudad de México y la entregaron en la SIEDO. No sé cuánto dinero iba en ese maletín.

A salto de mata

Después de ingresar al programa de testigos protegidos, el 17 de enero de 2007, a Carlos Iván Meraz Medina le fue asignada la clave Mario.

Dice que el agente del MP Ignacio Muñiz Chávez y el encargado de las investigaciones sobre delitos contra la salud, Mario Arzave, le ofrecieron una mensualidad de 8 mil pesos, que fue subiendo conforme se comprobaban sus señalamientos incriminatorios, pero lo más que llegó a ganar fueron 20 mil pesos, y “los pagos, eso es uno de los vicios de la SIEDO, nunca son puntuales y yo tenía que andar sin dinero, pese a que estaba colaborando”.

También le ofrecieron una vivienda y apoyo para pagar los servicios, pero tenía que insistir en los cobros: “Yo me quedaba sin luz y sin agua y el portero de mi edificio me decía cómo colgarme de los cables del medidor”.

–¿Qué otras experiencias vivió como testigo protegido?

–Muchas veces me retrasaban la mensualidad. Cuando me asignaron la escolta, los agentes comenzaron a hostigar a mi esposa, le decían que querían andar con ella y eso me provocó problemas con los policías, con quienes estuve a punto de llegar a los golpes. Tampoco cumplieron la promesa de reservar mi identidad. En los juzgados me pedían una identificación de elector y me exhibían con mi nombre y apellidos.

Debido a irregularidades como esas, dice, se creó el Consejo de Testigos y el programa de los testigos protegidos pasó a ser regulado por el área técnica de la SIEDO, pero todo siguió igual. 

“Por eso –relata– se nos obligó a firmar una carta compromiso y se nos dijo que quien no la firmara causaría baja del programa, siempre y cuando no tuviera averiguaciones previas abiertas. Yo me negué a firmar la carta porque no me generó confianza; por eso renuncié (en noviembre de 2010) y, como consecuencia, ni el licenciado Óscar González Marín (encargado de los testigos) ni José Guadalupe Rodríguez Morales (titular del área técnica de la SIEDO) me toman las llamadas. Yo los he buscado para pedirles que cumplan con los 500 mil pesos que me prometieron de finiquito y no me contestan.”

Asimismo, afirma que lo contactaron agentes de la DEA estadunidense para que fungiera como testigo de cargo en Estados Unidos cuando Sergio Villarreal fuera extraditado. “Me preguntaron si Sergio enviaba droga a Estados Unidos. Les dije que sí, que enviaba cargamentos a El Paso, Texas, y que el encargado de esas tareas era su hermano Adolfo. Lo extraño es que 15 días después de la entrevista me dijeron que ya no lo iban a extraditar”.

Mario testificó en media docena de casos. Incriminó, por ejemplo, a una célula que operaba para El Grande y los hermanos Beltrán Leyva, que fue detenida en posesión de un arsenal en la Ciudad de México, en febrero de 2008. También acusó a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO, a quien señaló de recibir dinero del narcotráfico a cambio de brindarle información y protección; y a Hugo Armando Reséndiz Martínez, exsubprocurador de Durango, acusado de estar ligado al narcotráfico y de otorgar información secreta a los capos de la droga. 

–¿Recibió presiones en la SIEDO para incriminarlos?

–Sí, en algunos casos me decían los funcionarios que observara bien las fotos y que los incriminara; otros me exigían que, además de lo que sabía, le pusiera un poco más para que la incriminación fuera contundente.

Poco antes de renunciar al programa, Mario se reunió con sus jefes de la SIEDO, Guadalupe Rodríguez Morales y Óscar González. “Me dijeron que si les firmaba un documento me podía ir con mi familia a un lugar seguro; me dijeron que yo lo escogiera. Firmé el documento y no cumplieron. Me quisieron llevar a un domicilio que yo no conocía, no les importó que mi esposa estuviera a punto de dar a luz. Aun así nos obligaron a recoger nuestras cosas del lugar donde vivíamos y nos cambiamos. Como no sabíamos qué plan tenían, les pedimos a unos vecinos que se hicieran pasar por familiares nuestros y que si nos pasaba algo denunciaran a los funcionarios que nos llevaron a esa casa.

“Nos llevaron a un fraccionamiento que se llama Colinas de la Montaña. Al entrar a la vivienda vimos que tenía los vidrios rotos, estaba en muy malas condiciones, parecía una casa de seguridad de secuestradores. No había gas ni agua. Le recriminé al licenciado Óscar González que cómo era posible que me llevaran a ese lugar, si yo tenía hijos pequeños. Me respondió que esas eran las instrucciones.

“Debido a las malas condiciones de la casa, le pedí a mi mujer que se saliera y dejara todo. Decidí renunciar al programa de testigos porque ya no tenía razones para seguir.”

Además de no pagarle el finiquito de medio millón de pesos que le ofrecieron, dice, Óscar González “me robó mi perro, una gallina y un gallo, que es herencia familiar, y me desbielaron mi camioneta. He procurado recuperar a mis animales pero quieren que yo vaya a verlos. La verdad es que temo que me maten o me detengan”.

Sin dinero ni seguridad, a salto de mata por temor a que los capos que incriminó lo maten, Mario pide al presidente Felipe Calderón que ordene una revisión del programa de testigos por la corrupción que priva en la SIEDO; además de que le devuelvan sus animales y le paguen el finiquito prometido.

“Tengo que pedirle (a Calderón) que me ayude. En la SIEDO no me contestan… Cuando les serví para incriminar a las personas que me pedían, yo era bien atendido. Ahora que ya no les sirvo me dan la espalda, no les importa que me maten, como ha ocurrido con otros testigos a quienes han asesinado a pesar de estar supuestamente protegidos.

–¿Recomendarías el programa de testigos protegidos?

–A nadie. Es el peor infierno que he vivido. Todo está podrido. Si así está el programa, ya se puede uno imaginar cómo está lo demás en el gobierno.

Recomiendo:

Testigos protegidos: ¿un mal necesario?/ Fred Álvarez

Publicado en Código Topo, suplemento mensual de Excélsior, 5 de enero de 2009

http://fredalvarez.blogspot.com/2010/12/testigos-protegidos.html