Politizan exámenes de control

Politizan exámenes de control

Siempre!

Editorial  28 8 mayo, 2011

Al guanajuatense Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le ordenaron asumir el rol de denunciante. Desde su silla de fiscal oficioso se ha dedicado a señalar a gobiernos estatales que han manejado en forma ilícita los recursos asignados por la federación al combate contra el crimen organizado.

Alcántara también ha cuestionado públicamente, con lista en mano, a los funcionarios estatales que, desde su óptica, pretenden evitar que sus policías se sometan al examen de confianza que hoy marca la ley para garantizar la calidad ética de los diferentes mandos de seguridad.

En un país desarrollado, con altos niveles de control para evitar la politización del ministerio público, no tendríamos más que aplaudir el papel de zar anticorrupción policiaca que le ha tocado desempeñar a Alcántara Soria.

Sin embargo, aquí en México, el análisis tiene que tomar obligadamente otros derroteros.

De acuerdo a la disposición oficial, son cuatro, únicamente, las instancias autorizadas para aplicar los exámenes.

Procuradores, subprocuradores, secretarios de seguridad, subsecretarios, jefes policiacos y responsables de las unidades antisecuestro sólo podrán presentarse para ser evaluados ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Información y Seguridad Nacional.

Todas y cada una de esas instituciones dependen o forman parte del Ejecutivo federal. Responden a las órdenes, los intereses y a los objetivos políticos dictados por el Presidente de la República. Remember el michoacanazo.

Nadie puede negar la importancia estratégica que tiene, bajo el actual contexto de guerra contra el narcotráfico, el control de confianza de policías y funcionarios. Sin embargo, el procedimiento carece de lo fundamental: de la neutralidad y de la autonomía política necesarias para hacerlo, precisamente, confiable.

La sospecha sobre el uso político de los exámenes creció, cuando los reclamos de Alcántara Soria a los gobiernos de los estados se dieron bajo un cielo informativo poco afortunado. Cuando trascendidos aquí y allá hablaban de que la Procuraduría General de la República estaba por detener a varios ex gobernadores involucrados en actos de corrupción.

También, naturalmente, cuando en la entidad de Alcántara Soria, Guanajuato, está por definirse qué panista será el próximo candidato a la gubernatura del estado. El seguramente, como ex procurador, debe ser uno de los interesados.

Es decir, todas las huellas nos llevan a concluir que hoy, como nunca, el gobierno federal utiliza las instituciones de seguridad con fines de preservación de poder, de proselitismo, con propósitos eminentemente electorales y de venganza política.

Policías, secretarios de seguridad y procuradores tendrán que someterse a cuatro exámenes: psicológico, poligráfico, toxicológico y el entorno social o patrimonial.

¿Quién puede garantizar a la sociedad que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aprobará, cuando menos, tres de esas evaluaciones?

Los exámenes de control vuelven a colocar en el centro de la discusión legislativa la importancia de tener un ministerio público constitucionalmente autónomo. Un paso que, necesariamente, tendrá que darse si se quiere evitar que los presidentes de la República en turno o el Poder Ejecutivo en general caigan en la tentación staliniana de ponerse al frente de un Estado policiaco. O bien de convertir la procuración de justicia en brazo vengador de frustraciones políticas.