Este miércoles 9 de noviembre Kenneth Roth y José Miguel Vivanco, director ejecutivo y director para América Latina de Human Rights Watch, con sede en Washington DC, entregaron al presidente de la República Felipe Calderón un informe titulado "Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México" sobre la situación de los derechos humanos en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco.
El texto completo en:
La oficina Presidencial emitió el siguiente comunicado oficial sobre una reunión con directivos de la organización Human Rights Watch.
Residencia Oficial de Los Pinos, 9 de noviembre de 2011; CGCS-191
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a los directivos de la organización Human Rights Watch.
Durante el encuentro, el Presidente Calderón reiteró que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias. De ahí la obligación ética y legal del Gobierno, de desplegar todos los medios a su alcance para que, bajo el principio de corresponsabilidad, se fortalezca la presencia de la autoridad en aquellas comunidades con mayor rivalidad delincuencial.
Expresó además su convicción de que el respeto irrestricto a los derechos fundamentales es un elemento esencial tanto para la consolidación de nuestra democracia, como para la construcción de la seguridad auténtica y duradera. Recordó que en los últimos años, México ha dado pasos decisivos para su promoción y protección efectiva, siempre en un marco de transparencia y apertura al escrutinio público, ya sea de carácter internacional o doméstico.
Explicó que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, la Reforma a la Ley de Amparo y la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, México no solamente se alinea con los estándares internacionales, sino construye bases sólidas para que nuestras futuras generaciones se desarrollen en un contexto más libre, integral y democrático.
Asimismo, subrayó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de Gobierno es, en más de un sentido, una condición necesaria para reforzar la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos frente a la criminalidad. Son las corporaciones y los Ministerios Públicos locales a quienes, conforme a las atribuciones de ley, corresponde principalmente la prevención del delito y la procuración de justicia. Por ello, el Gobierno Federal ha promovido la transformación de las instituciones estatales y municipales, mediante la depuración de su personal y la mejora de sus instrumentos legales.
Agregó que las Fuerzas Federales han trabajado de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversos organismos internacionales, con el fin de seguir capacitándose en materia de derechos humanos. Además de que siempre han estado abiertas, con toda transparencia, a aceptar las recomendaciones de dicha Comisión y, cuando procede, a iniciar los procesos para el deslinde de responsabilidades correspondientes.
Durante el encuentro, la organización internacional Human Rights Watch hizo entrega al Gobierno Federal de un informe elaborado por esta organización. A iniciativa del Presidente Calderón, se definió la conformación de un grupo de trabajo conjunto para analizar el contenido de este documento.
El Presidente Calderón estuvo acompañado por los Secretarios de Gobernación, José Francisco Blake Mora; de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y la Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez; así como por la Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Alejandra Sota Mirafuentes.
Comunicado Institucional sobre el tema (Gobernación, Relaciones exteriores)
Del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, acompañado del Emb. Juan Manuel Gomez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. México, D.F., 09/11/2011
En México no estamos en guerra. El combate a la criminalidad que estamos realizando es, precisamente, para restablecer el Estado de Derecho que garantiza los derechos y libertades de todos.
En el Gobierno Federal y en el Estado Mexicano hemos asumido un compromiso sin precedentes en materia de derechos humanos, compromisos que nos ha conducido a elevar a rango constitucional el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de toda persona, derechos establecidos en los tratados internacionales de los que México forma parte.
México ha mantenido una total apertura a la observación y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales defensores y promotores de los derechos humanos, mismas que hemos ponderado, y gracias a ello en los últimos años el Estado Mexicano ha concretado otras reformas constitucionales de gran trascendencia, como la Reforma al Sistema de Justicia Penal con la estamos trascendiendo de un sistema inquisitorio a un nuevo Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, en el que se garantizan los derechos de imputados y de ofendidos, y se le da un papel preponderante a las víctimas de delitos; así como la Reforma en Materia de Amparo, con la que se fortalecen los mecanismos para la defensa y protección de los derechos de todas las personas.
El Gobierno mexicano actúa bajo escrutinio permanente de los organismos públicos de derechos humanos, de las organizaciones no gubernamentales, de los medios de comunicación y de la opinión pública.
En un ejercicio de transparencia, durante esta Administración hemos presentado nueve informes a organismos internacionales de derechos humanos, y el Gobierno Federal realiza un esfuerzo responsable para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Durante esta semana, el Gobierno Federal ha recibido la visita de la delegación de Human Rights Watch a México, encabezada por su Director Ejecutivo Kenneth Roth y el Director Ejecutivo de la División para las Américas José Miguel Vivanco, con quienes hemos sostenido diversas reuniones de trabajo para intercambiar información y recibir sus observaciones. En un contexto de disposición y apertura, se realizaron reuniones con el Secretario de Gobernación, con el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública Federal y la Procuradora General de la República.
Particularmente, agradecemos el reconocimiento expresado por Human Rights Watch, a las reformas impulsadas por el Presidente de la República Felipe Calderón.
En la reunión con el Presidente de la República, Human Rights Watch entregó un informe que será analizado puntualmente, para lo cual el Presidente Calderón ha propuesto un grupo de trabajo conjunto.
Hemos estado dando puntual cumplimiento a todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La estrategia integral para recuperar la seguridad tiene como fin último restablecer las condiciones de orden, seguridad, certeza, libertad y justicia que los mexicanos necesitan para vivir en armonía y tranquilidad.
Este combate a la criminalidad se está realizando con estricta observancia a la ley, allí donde los derechos y libertades de los mexicanos han sido perturbados y atropellados por la violencia delincuencial. Por eso, estamos haciendo todo lo necesario para llevar ante la justicia a los criminales que torturan, que secuestran, que asesinan y que corrompen a nuestras instituciones.
La mejor garantía para respetar los derechos humanos es, justamente, la vigencia del Estado de Derecho, en el que autoridades y ciudadanos se rigen bajo el imperio de la ley. En México existe una política de Estado que garantiza los derechos humanos de todas las personas; por ello, cualquier autoridad que incurre de manera aislada en desviaciones a esa política también es castigado y puesto a disposición de la justicia.
Reiteramos que la participación de las Fuerzas Federales para restablecer la seguridad y el orden, se ha dado a petición de las autoridades locales y se trata de una colaboración temporal y subsidiaria, hasta en tanto las autoridades e instituciones locales restablezcan sus capacidades para cumplir con la responsabilidad que tienen, responsabilidad de garantizar la seguridad y procurar justicia a sus gobernados.
Por ello estamos realizando un importante esfuerzo en el escalamiento de las capacidades institucionales y en la profesionalización y certificación de policías, ministerios públicos y autoridades, en general.
Estamos fortaleciendo los mecanismos de justicia y las investigaciones, en los casos de violaciones de derechos humanos en que participan elementos del Estado. Por ello, impulsamos las reformas legislativas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente la Reforma al Código de Justicia Militar.
El Gobierno Federal reafirma su compromiso con la legalidad, y el Estado de Derecho garante de las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas.
Muchas gracias.
Algunas columnas sobre el tema:
Rayuela de La Jornada:
Va de nuevo: el garante de las garantías individuales es el poder público, no el crimen organizado.
El coscorrón de Human Rights Watch
El reporte que presentó Human Rights Watch, bajo el título Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, pega en el corazón de la estrategia anticrimen del presidente Felipe Calderón, al calificarla de un fracaso. Pero también hay un apartado muy crítico dedicado al Poder Judicial, que encabeza el ministro Juan Silva Meza: los jueces no deben esperar a la implantación plena de la reforma penal para actuar contra los abusos “más generalizados”, como admitir pruebas obtenidas bajo coerción y tortura. El reporte presentado por el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que estas dos prácticas representan “incentivos perversos” para policías y soldados.
Violaciones generalizadas
El informe de Human Rights Watch sobre México apunta que sigue habiendo violaciones generalizadas de derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Lo peor de todo es que las autoridades no parecen estar interesadas en investigar las acusaciones. Parten de la suposición de que toda acusación en contra de las autoridades es falsa en principio, cuando hay muchos casos que sugieren que se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos en nuestro país. (Sergio Sarmiento, Jaque Mate, Reforma)
Human Rights Watch
El día de ayer Kenneth Roth y José Miguel Vivanco, director ejecutivo y director para América Latina de Human Rights Watch, entregaron al presidente Calderón un informe titulado "Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la `guerra contra el narcotráfico` de México" sobre la situación de los derechos humanos en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco. Durante dos días ellos y algunos miembros de la Junta de Gobierno (full disclosure: soy miembro de la misma) nos entrevistamos con diversos funcionarios, entre ellos el secretario de Gobernación, el de Marina, la procuradora general, el secretario de Seguridad Pública. Les planteamos las inquietudes que había suscitado el trabajo de campo de dos años y que desembocó en el informe. Este concluye: "Han transcurrido casi cinco años desde que el Presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada en México. Desde entonces, México ha sufrido un incremento dramático de la violencia... Cuando Calderón asumió la presidencia en 2006 heredó un país donde los cárteles consolidaban progresivamente su presencia y las fuerzas de seguridad militares y civiles tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad en el cumplimiento de esta importante función... En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una guerra contra organizaciones delictivas que ostentan cada vez mayor poder en el país". (Jorge G. Castañeda, Reforma.)
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