Un asunto mediático de los activistas.
El pasado viernes 25, a nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos — activistas, académicos, periodistas y expertos en seguridad– Netzaí Sandoval presentó ante la CPI una petición para investigar al presidente por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.
Entregaron un expediente de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones al derecho internacional humanitario cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En la denuncia también se incluye a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.
En ese sentido la Presidencia de la República, respondió con un comunicado (CGCS-196) e indicó que las imputaciones al gobierno mexicano son además de infundadas e improcedentes, “temerarias”, ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, por lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente.
Entregaron un expediente de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones al derecho internacional humanitario cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En la denuncia también se incluye a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.
En ese sentido la Presidencia de la República, respondió con un comunicado (CGCS-196) e indicó que las imputaciones al gobierno mexicano son además de infundadas e improcedentes, “temerarias”, ya que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente al país, por lo cual se exploran todas las alternativas para proceder legalmente.
Un día después, la vocera presidencial, Alejandra de la Sota, justificó la decisión del gobierno del Presidente Calderón de emprender una acción legal en contra de los activistas que lo acusaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de posibles delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
Afirmó que el presidente Calderón y sus funcionarios de seguridad ya evalúan cómo defender sus derechos y reputación luego de que un grupo de activistas representados por Netzaí Sandoval, John M. Ackerman, José Rosario Marroquín y Epigmenio Ibarra, entre otros.
El gobierno, dijo de la Sota en entrevista radiofónica, evalúa la manera en que el presidente puede hacer valer sus derechos ante las acusaciones que, dijo, son “calumniosas”. “Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación”, afirmó la vocera de Calderón.
El gobierno, dijo de la Sota en entrevista radiofónica, evalúa la manera en que el presidente puede hacer valer sus derechos ante las acusaciones que, dijo, son “calumniosas”. “Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación”, afirmó la vocera de Calderón.
Critican activistas reacción de la presidencia
Integrantes del grupo de ciudadanos que interpuso la denuncia ante la CPI calificaron la respuesta del Gobierno federal como un grave error y un intento de intimidación hacia la ciudadanía.
"Es un error muy profundo, algo gravísimo porque el Gobierno está poniendo en tela de duda el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos mexicanos, en este caso a los tribunales internacionales. Ese derecho no está sujeto a la voluntad de un gobernante en particular. El Gobierno de Calderón no sólo está sancionando nuestro derecho, sino también nuestra libertad de expresión", dijo en Madrid el abogado Netzaí Sandoval que encabeza al colectivo de más de 23 mil mexicanos que presentó la denuncia ante la CPI.
El jurista estimó además que después de esta medida, el Gobierno federal se quedará solo, porque es indiscutible el derecho que tienen 23 mil ciudadanos de acudir a un tribunal internacional.
"Nadie puede negar que en México se cometen crímenes y se violan los derechos humanos. No estamos planteando que Calderón lo haya ordenado, pero es uno de los máximos responsables, porque no toma la decisión de sancionar a esos soldados que torturan sistemáticamente", aseguró el abogado tras precisar que lo que está en discusión es si la crisis humanitaria que vive México amerita la intervención de la CPI. (Reforma)
"Tan sólo en 2010 se cometieron más de 400 decapitaciones de personas por parte de los cárteles de la droga, que están tipificadas en México como un homicidio más. Esta defensa que se está haciendo para que el Fiscal del TPI no intervenga, ¿también quiere decir que el Gobierno federal mantiene que los cárteles de la droga no cometen crímenes de lesa humanidad?", preguntó Sandoval.
Para John M. Ackerman, investigador del IIJ de la UNAM, el mensaje del Presidente es un amago contra los defensores de derechos humanos y contradictorio a sus propios dichos. "Es un amago, un intento de intimidar a la ciudadanía, lo cual es muy paradójico porque todo el sexenio ha dicho que los ciudadanos debemos perder miedo y denunciar, así que le estamos haciendo caso y denunciando", dijo.
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se dijo preocupado porque bajo las palabras de Calderón, cualquier persona que su Gobierno considere que atenta contra su "imagen" puede ser motivo de hostigamiento. "El desplegado en realidad se requiere a todos quienes difundan información de lo que pasa en México en distintos foros internacionales, es un atentado contra la libertad de expresión, contra el defender derechos humanos. Nos preocupa su intento de inhibir la defensa de los derechos", sostuvo.
El productor Epigmenio Ibarra dijo que está dispuesto a enfrentarse cara a cara con el Presidente Felipe Calderón en caso de que proceda legalmente contra las 23 mil personas que se quejaron por la situación de la violencia en el País. "Si nos va a demandar, que lo haga, ojalá y que tengamos la oportunidad de carearnos con el señor (Felipe Calderón) y decirle lo que nosotros pensamos de su guerra, que defienda con hechos, resultados su estrategia, a ver si puede, a ver si no es cierto que en efecto se han cometido violaciones a los derechos humanos, si no es verdad que esta estrategia en lugar de desarticular carteles los ha fortalecido y apoderado", expresó.
Los firmantes advirtieron que el Gobierno federal está incurriendo en acciones regresivas al priismo que criminalizaba la protesta social.
"Lo que parece es querer volver a la práctica del uso de la justicia para castigo político. La vuelta al uso de la justicia como forma de represión, es decir, que nos metan en un largo proceso legal que nos pueda llevar meses, invertir recursos, hacer trabajo de defensa, desgastarnos", externó por su parte Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Duda Sepúlveda avance queja:
La demanda contra el Presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI) es jurídicamente improcedente, consideraron expertos en la materia. El actual consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Sepúlveda, señaló que la demanda no será admitida por el tribunal internacional, fundamentalmente porque éste se orienta a tratar delitos más que violaciones a los derechos humanos.
"Está lejos de vincularse por delitos de lesa humanidad, porque lo que señala el Estatuto de la Corte Penal es que se debe tratar de un ataque generalizado y sistemático y que provoque muertes, tortura, etcétera. Distintos supuestos que sí se dan, pero no se dan como una política o una estrategia orquestada por ese objetivo, ahí es donde yo veo que se rompe esa vinculación, porque aunque se da de manera generalizada, no es un problema aislado, no se da como una política hacia esos objetivos", detalló.
Sin embargo, el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y ex coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación consideró aunque sean pocas las probabilidades de que el caso sea admitido por la Corte, haber presentado la demanda es un derecho ciudadano, y en ese sentido, criticó el tono y contenido de la respuesta de la Presidencia de la República. "Es muy equivocado que se entienda que hay una amenaza o hay una especie de condena o persecución a los ciudadanos. Yo creo que ése no es el tono que hay que generar", expresó.
Dijo que independientemente de que proceda o no la demanda, México debe encontrar mecanismos para enfrentar una situación que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados, por lo que requiere de un replanteamiento de la situación.
Aunque el caso no proceda ante la CPI, afirmó, éste puede ser llevado a otras instancias internacionales como la Comisión Interamericana.
En tanto, el ex Ombudsman nacional José Luis Soberanes dijo que cuando México aceptó la competencia de la CPI, puso como reserva el artículo 21 constitucional, el cual indica que únicamente el Ejecutivo federal, respaldado por el Senado, puede llevar a un mexicano ante este tribunal.
"El artículo 21 constitucional fue inclusive reformado con ese fin, de crear un filtro, entonces pues ahora sí que el artículo 21 constitucional es muy claro para permitir que llegue un caso concreto ante la Corte Penal lo tiene que llevar el Ejecutivo y con aprobación del Senado, entonces por eso es que digo que ahorita estaría en chino que el propio Ejecutivo se entregara", aseguró.
El ex titular de la CNDH dijo que una demanda de este tipo podría proceder durante la siguiente administración. "Sobre todo si el próximo gobierno quiere fastidiar a Calderón, si quiere hacerle la vida de cuadritos.
En tanto, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga, señaló que no existen razones para que la Corte admita el caso.
“Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores”, dijo Laveaga en entrevista.
Laveaga -se dice-, es uno de los abogados que asesorará legalmente al presidente y los secretarios que fueron demandados ante La Haya indicó que las alternativas jurídicas del gobierno de Calderón para defenderse no implican la vía penal.
¿Quiénes son los otros?
Por su parte, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR Juan de Dios Castro Lozano, afirmó que la denuncia interpuesta en La Haya contra el presidente Felipe Calderón “es infundada” porque los promoventes no agotaron antes, todos los recursos que establece el Derecho mexicano. Además, dijo, quienes objetan la estrategia federal contra el crimen organizado tampoco han dado hasta ahora una alternativa a la misma. “De antemano le digo que es infundada”, sostuvo el subprocurador.
Además, dijo que hay otras alternativas jurídicas para inconformarse por el combate al narcotráfico como el juicio de amparo y la controversia constitucional si se recurre a la SCJN:
Sobre el mismo tema, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, indicó que ninguna denuncia que involucre a un gobernante debe desestimarse. Dijo desconocer a detalle los fundamentos que tiene la acusación pero afirmó que, como autoridad, Calderón está obligado a responder.
“Yo entiendo que puede ser molesto pero cuando se presenta alguna denuncia, en el caso de cualquier gobernante, pues tenemos que responderla”, sostuvo en entrevista.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia fue más allá al calificar como “desafortunadas y lamentables” las declaraciones del presidente contra quienes acudieron ante la CPI a denunciar presuntos atropellos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada.
Algunas columnas:
Calumnia, que algo queda
El frío que nos entume entró primero por Los Pinos. Son vientos gélidos que soplan desde Holanda… que desatan furia. La Corte Penal Internacional recibió un expediente de 700 “fojas” en el que se acusa al presidente Felipe Calderón y a su gobierno de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. También responsabiliza a los principales cárteles y capos del narcotráfico. Justamente ahí la demanda pierde sentido. La CPI no actúa en abstracto contra gobiernos y organizaciones, por criminales que resulten. Actúa contra individuos. (José Cárdenas, Excélsior)
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Columna JAQUE MATE: En la trampa /Sergio Sarmiento
"El Presidente cayó en la trampa. La Corte Penal Internacional difícilmente aceptará la denuncia presentada por Netzaí Sandoval Ballesteros, John Ackerman y otros activistas contra el gobierno de la República y algunos capos por crímenes de lesa humanidad. "Proceder legalmente" en contra de quienes promueven estas "calumnias", como advierte el comunicado de la Presidencia de la República, es dar a las denuncias y a los denunciantes una importancia que no tienen, pero además esto provee municiones a los grupos que buscan presentar al gobierno como represor.
Los crímenes contra la humanidad tipificados en el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional incluyen el homicidio, la violación y otros, pero deben cometerse de manera sistemática o generalizada contra una población civil y con conocimiento de lo que se está haciendo.
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Felipe le salieran defensores hasta en el PRI
Los “activistas” pusieron el grito en el cielo. Acusan a Felipe Calderón de delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, pero se escandalizan de que el Presidente anuncie que va a proceder legalmente en contra de quienes le hacen esas graves imputaciones. Una manifestación de incongruencia.
Los activistas aseguran que hay violaciones a los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico, por parte de las Fuerzas Armadas, pero no toleran que el acusado, en este caso Calderón, se defienda.
El absurdo hizo el milagro de que a Felipe le salieran defensores hasta en el PRI. “El Presidente me parece un hombre que ha combatido el delito, que ha tratado de poner orden en la República; ha hablado a México diciendo que no podemos permitir, en modo alguno, que el narcotráfico se siga extendiendo”, manifestó Emilio Chuayffet, presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro. Remato, enfático: “¡Nada más me faltaba que no se pudiera defender!” (Francisco Garfias, Excélsior)
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El que se enoja…
La reacción furibunda de la Presidencia de la República ante la denuncia colectiva que interpusieron 23 mil mexicanos en la Corte Penal Internacional, habla de qué tan sensible resulta el tema del enjuiciamiento a las acciones del presidente Felipe Calderón. Como si el asunto los hubiera tomado por sorpresa, cuando la denuncia llevaba meses fraguándose, en Los Pinos no solo descalificaron los señalamientos hechos al mandatario, cosa que se entiende, sino que amagaron a los denunciantes con un desafortunado tono de amenaza.
“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes. Constituyen verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente”, dijo Presidencia en su primer comunicado, que luego tuvo que ser precisado por la vocera Alejandra Sota, quien ayer aclaró que no habrá denuncias o acciones legales contra los que denunciaron, sino una defensa de los funcionarios e instituciones acusadas. (Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, 24 Horas)
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