Calderón perdió a su narconegociador
Jorge Carrasco
Araizaga, reportero.
Revista Proceso No.
1851, 22 de abril de 2012
Conocedor de los
secretos más oscuros de los aparatos de Estado priistas y panistas e
insistentemente señalado como colaborador del crimen organizado, el general en
retiro Mario Arturo Acosta Chaparro fue ejecutado la tarde del viernes 20, en
pleno fragor de las campañas presidenciales. Prácticamente toda su vida estuvo
al servicio de un sistema que, ya fuera en su constitución priista o panista,
necesitó siempre de sus habilidades sórdidas. Muchas facturas debía; se las
cobraron… El gobierno de Felipe Calderón ha perdido a su narconegociador
fallido…
“Héroe” para el
Ejército, asesino y torturador para sus víctimas, el general brigadier retirado
Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, de 70 años, fue ejecutado el viernes 20
en la populosa colonia Anáhuac de la Ciudad de México mientras servía al
gobierno de Felipe Calderón bajo la cobertura de consultor de seguridad.
“Estaba trabajando”,
investigando varios asuntos por encargo de su amigo el secretario de la Defensa
Nacional, general Guillermo Galván Galván, quien lo mantenía como operador para
asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”,
dijeron a Proceso fuentes cercanas al militar asesinado.
Se había reincorporado
a ese trabajo a finales de 2010 después de que fue objeto de un atentado el 18
de mayo de ese año cuando empezaba a investigar la desaparición de Diego
Fernández de Cevallos, secuestrado poco antes.
Luego de medio año de
convalecencia y depresión por lo que consideró un abandono del gobierno de
Calderón, el militar se reincorporó a su empresa de seguridad y a sus
actividades de “asesoría” al secretario de la Defensa.
Asociado con uno de
los hijos del general Jesús Gutiérrez Rebollo –quien fue procesado por su
presunta protección al Cártel de Juárez, cargo por el cual el propio Acosta
Chaparro también fue encausado judicialmente–, el corpulento general en retiro,
originario de Chihuahua, murió la tarde del viernes 20 cuando era traslado al
hospital de la Cruz Roja de Polanco.
Un individuo que se le
acercó le disparó en tres ocasiones cuando se encontraba frente a un taller
automotriz en el número 194 de la calle Lago Trasimeno esquina con Lago Como,
en la colonia Anáhuac, cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El procurador general
de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, informó que
alrededor de las 18:15 horas Acosta Chaparro llegó al taller Servicio Europeo
en compañía de una persona, para recoger un automóvil.
Viajaban en una
camioneta Ford Explorer azul marino, placas 275-UKB. “Cuando conversaba con una
persona se acercó un sujeto y a corta distancia le disparó. Corrió por la calle
Como y se subió a una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y huyeron”,
dijo el procurador.
El Ministerio Público
del Distrito Federal integró la averiguación previa FMH/MH-1/T2/140/12-04 por
el delito de homicidio. El arma utilizada fue una pistola calibre .9
milímetros.
La Cruz Roja Mexicana,
que le dio los primeros auxilios, informó que durante el traslado al Hospital
Central de esa institución el general “falleció debido a las heridas que le
ocasionaron tres disparos de arma de fuego en la cabeza”.
El aviso
El 19 de mayo de 2010
su fortaleza física lo salvó de la muerte tras sufrir un atentado en calles de
la colonia Roma. En esa ocasión un hombre armado se le acercó y le disparó en
el abdomen. Herido, Acosta Chaparro alcanzó a subirse a su coche para recibir
auxilio. Tardó casi medio año en recuperarse y volver a sus actividades.
Acostumbrado a operar
en la clandestinidad, el militar se negó a colaborar con la procuraduría del
Distrito Federal para ahondar en la investigación de ese atentado. “Estuvo en
el Hospital Militar. Primero nos dijeron que estaba delicado. Posteriormente,
cuando mejoró su salud y se le buscó, nos dijo que no le interesaba seguir con
el caso y no declaró (ante el Ministerio Público). Por eso la averiguación
previa se mandó al archivo”, reveló el procurador capitalino.
Fue emblema de la
Guerra Sucia en México, como uno de los jefes de la temida Brigada Blanca, la
organización paramilitar que operó en los años setenta y ochenta del siglo
pasado a fin de erradicar a los grupos guerrilleros. Su compañero en ese cuerpo
integrado por miembros de instituciones militares y policiales, Miguel Nazar
Haro, falleció en enero pasado, a los 84 años.
Apenas en septiembre
pasado asistió a los funerales de Javier García Morales, también muerto en una
ejecución en Guadalajara y acusado como él de haber sido protector del jefe del
Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Acosta Chaparro tenía
una estrecha relación con García Morales pues fue ayudante de su abuelo, el
secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el general
Marcelino García Barragán, y asistente de su padre, Javier García Paniagua
cuando éste encabezaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo de
seguridad del régimen priista.
Hombre del sistema, se
le recuerda como uno de los principales represores de la guerrilla en los
sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Su actividad continuó en el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue integrado a la Coordinación
de Seguridad Nacional a cargo de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido. En la
administración de Ernesto Zedillo se le vinculó con la matanza de 17 campesinos
en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de
junio de 1995.
Al poco tiempo de la
designación del general Galván como titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Acosta Chaparro fue exonerado del cargo de narcotráfico del que
estaba acusado por supuestamente haber servido a Amado Carrillo. El 30 de
agosto de 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, el militar había sido
detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un
Consejo de Guerra.
Ambos fueron
sentenciados a 30 años de prisión y tras una apelación se les redujo la pena a
15 años. Quirós murió en noviembre de 2006 sin que terminara su proceso penal,
por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro salió
de la cárcel en junio de 2007 luego de que la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Militar “no pudieron acreditar”
su nexos con Carrillo Fuentes, oficialmente fallecido en 1997 durante una
cirugía plástica.
Cuando abandonó la
prisión del Campo Militar Número 1 vestía su uniforme de general brigadier con
todo y condecoraciones.
Años atrás, durante el
gobierno de Vicente Fox, libró las acusaciones que le hacían por la
desaparición forzada de 143 personas en Guerrero durante la Guerra Sucia de los
gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356).
Además del delito de
tortura, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
lo acusó de haber participado en los “vuelos de la muerte”, que consistían en
arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la
guerrilla.
Exonerado de los
cargos de graves violaciones a los derechos humanos y de narcotráfico, el 23 de
abril de 2008 Galván encabezó una ceremonia para darle trato de héroe.
En el Campo Militar
Número 1, donde estuvo preso, la Sedena organizó una ceremonia privada para
enaltecer “la labor de 23 militares y condecorarlos por su condición de
retiro”. Trece de ellos fueron generales que sirvieron más de 45 años en el
Ejército. Entre ellos estaba Mario Arturo Acosta Chaparro.
La Sedena dio a
conocer en un en un comunicado que se trató de “un selecto grupo de generales
que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación,
dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Identificado con el
régimen autoritario del PRI, el controvertido militar también sirvió al
gobierno de Felipe Calderón como contacto con jefes de distintos cárteles del
narcotráfico a fin de negociar la entrega de supuestos delincuentes (Proceso
1768) o para que aminoraran la violencia desatada desde el inicio del actual
gobierno (Proceso 1779).
Una de sus primeras
acciones clandestinas durante el gobierno calderonista fueron los contactos con
La Familia Michoacana para negociar la entrega de tres personas acusadas de los
granadazos en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La misma noche del
atentado –el primero cometido por la delincuencia organizada en México contra
la población civil, que dejó un saldo de ocho muertos y más de 100 heridos– el
militar retirado viajó a Michoacán en su condición de asesor del general Galván
y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño,
muerto dos meses después en un accidente aéreo.
Según supo este
semanario, Acosta Chaparro acudió a Morelia en compañía de un sujeto de
apellido Estrella, excomandante de la DFS, para encontrarse con los líderes de
La Familia Michoacana, con quienes pactó la entrega de tres personas acusadas
de ser integrantes de Los Zetas.
En esa ocasión el
militar estuvo acompañado del titular de la Unidad Especializada en
Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Ricardo Cabrera
Gutiérrez.
Fiel a su estilo
clandestino, Acosta Chaparro realizó esa operación en un viejo avión de
transporte sin asientos y con una ruta que cambió de última hora.
Las investigaciones
ministeriales confirman que cuando fueron por los supuestos responsables, los
pilotos del avión de la PGR identificaron que además del piloto y el copiloto,
en el aparato iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero
que no trataron de identificar por tratarse de “información reservada por ser
de seguridad nacional”.
Con los supuestos
responsables detenidos, Acosta Chaparro reportó a Mouriño: “Señor, objetivo
cumplido”. Días después la SIEDO informó que la captura de “los responsables” se
debió a “una llamada anónima”.
Juego de traiciones
Fuentes cercanas al
militar dijeron a Proceso que después de ese primer contacto, el experto en
operaciones encubiertas se reunió entre 2008 y 2009 con los jefes de La Familia
Michoacana, de Los Zetas, de la organización de los hermanos Beltrán Leyva y de
los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
De todos esos
encuentros tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional. Después de
la entrega de los supuestos responsables del atentado en Morelia, el general
Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de
pesos que había ofrecido la PGR. “No me dieron ni las gracias”, le contestó el
militar retirado,
Poco después, a
principios de octubre de 2008, Acosta Chaparro fue a buscar a Los Zetas cuando
este grupo aún formaba parte del Cártel del Golfo.
Acosta Chaparro se
encontró en Matamoros con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Ángel
Treviño, Z-40, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno
federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de
nadie más que del presidente”, refieren los informantes que dijo el general.
La aceptación se
condicionó a que el gobierno de Calderón no actuara contra los familiares de
los miembros de esa organización delictiva. El militar se volvió a reunir con
los jefes de Los Zetas a principios de 2009. Para entonces esa organización
junto con el Cártel del Golfo controlaba 22 estados.
Según la información
que conoció Proceso, fue el propio Lazca quien puso a Acosta Chaparro en
contacto con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro tuvo lugar en un
lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco. Entre los asistentes estuvo Édgar
Valdez Villarreal, La Barbie.
La petición del
enviado fue la misma: que bajaran la intensidad de los hechos violentos en su
área de influencia, sobre todo en Morelos y Guerrero. En diciembre de 2009
infantes de Marina ejecutaron a El Barbas, en Cuernavaca.
El siguiente encuentro
del general retirado fue con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez,
organización delictiva a la que se le vinculó en 2000.
La información
proporcionada a Proceso indica que la última gestión de Acosta Chaparro fue
ante Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa. Galván le propuso que
se pusiera un GPS, un chip localizador. “No, Memo, yo soy negociador, no
traidor”, le dijo el general retirado. Con ese dispositivo el Ejército
pretendía localizar a El Chapo, dijeron las fuentes.
En el encuentro con
Guzmán Loera, según reseñó la periodista Anabel Hernández en su libro Los
señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al brigadier cómo recibió
ayuda para fugarse del penal de Puente Grande y cómo “el propio Mouriño y su
entonces coordinador de asesores en la Segob, el actual senador Ulises Ramírez
Núñez, le vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10
millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya estaba comprometida con el
Cártel de Sinaloa.
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