Foro en SLP

Este miércoles 9 de mayo se celebró en SLP el Segundo de los Encuentros por el Futuro de México  organizados por la Fundación Colosio, del PRI que preside el exdiputado César Camacho Quiroz.
Los temas que se abordaron en el Foro fueron: 
i) Seguridad Nacional:
ii)  Política Preventiva y Policía;
 iii) Procuración de Justicia Garantista;
iv)  Administración de Justicia Respetuosa de los Derechos Humanos:
v) Combate al Crimen Organizado, y:
vi) Sistema Penitenciario.
Participaron académicos expertos, analistas, politólogos, servidores públicos que trabajan vinculados a la seguridad y la justicia.
Peña Nieto expresó su propuesta de fortalecer a la Policía Federal e incrementar el número de elementos para llegar al menos a 50 mil, sin dejar de reconocer que en los años recientes pasó de 6 mil a 36 mil agentes.
El aspirante a la presidencia de la República expresó su propuesta de fortalecer a la Policía Federal e incrementar el número de elementos para llegar al menos a 50 mil, sin dejar de reconocer que en los años recientes pasó de 6 mil a 36 mil agentes.
La novedad es que propuso en caso de llegar a Los Pinos, el crear la Gendarmería Nacional, además, la creación de policías estatales únicas, que permitan homologar la acción policiaca en cada entidad, sin romper con el principio federalista, para fortalecer, entre otras cosas, la prevención del delito.
Manifestó que es necesario profesionalizar y dar mayor autonomía al Poder Judicial de la Federación y de los estados, y transformar el sistema penitenciario para que sirva con el propósito de rehabilitar a quienes han cometido un delito.
Comentó que los indicadores de inseguridad reflejan que el país no está bien en esa materia: la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se ha incrementado, al pasar de 10 en el año 2006 a 23 hoy, mientras el índice de criminalidad en delitos que generan violencia, como la extorsión y el secuestro, también se ha incrementado.
Dijo que la estrategia del gobierno federal, no ha dado los resultados esperados para la sociedad, que el balance no es satisfactorio,
Discurso completo de Enrique Peña Nieto en SLP:
Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Aprecio mucho la presencia aquí de connotadas personalidades vinculadas al tema que hoy nos ocupa.
Y como lo ha expresado el Presidente de la Fundación Colosio quien ha sido el convocante de este encuentro, de los varios que tendrá la campaña, para hablar y enriquecer la propuesta de políticas públicas que el partido habrá de diseñar, y sobre todo quien espera contar con el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana, para que como Presidente de México demos resultados a los mexicanos.
Y esto tiene que ver con este ejercicio que César Camacho viene haciendo y viene convocando a la representación de la sociedad mexicana en distintos temas, para realmente --como él lo señalara-- hacer de este ejercicio propuestas y fortalecimiento de nuestra política pública, pero muy particularmente en el tema que hoy nos ocupa, convertirlo no en un tema más, sino en el tema que sin duda hoy preocupa, inquieta y angustia mayormente a las familias mexicanas: el de la seguridad pública. Y donde estoy resuelto, que de llegar a la Presidencia de la República, no le puedo fallar a los mexicanos.
Este es el tema que debe tener mayor atención, pero sobre todo resultados inmediatos y eficaces que le devuelvan a los mexicanos paz y tranquilidad, orden y libertad.
Y porque ésta es la premisa, ésta es la exigencia de la sociedad, hemos venido haciendo este ejercicio a través de la Fundación Colosio, en éste y otros temas insisto, no sólo para dar un espacio a que el candidato fije su agenda y compromiso sobre los temas que nos ocupan, sino más bien para escuchar a quienes siendo expertos, conocedores de los temas que vamos abordando, nos den mayores elementos, insisto, para fortalecer nuestra visión que mañana se traduzca en políticas públicas de mayor eficacia para los mexicanos.
Por ello, quiero agradecer la participación en este Foro sobre Seguridad y Justicia, a académicos expertos, a analistas, politólogos, funcionarios y servidores públicos que trabajan y han servido en distintas instituciones del Estado mexicano, vinculadas a la seguridad y la justicia de nuestro país.
 A quienes han formado y lo siguen haciendo, parte de organizaciones de la sociedad civil organizada involucradas en este tema tan relevante que hoy nos ocupa.
 A todas y a todos ustedes, y muy particularmente a quienes han sido relatoras, relatores de las mesas que se han establecido para analizar las distintas aristas y áreas vinculadas a la seguridad y a la justicia, han expuesto en este espacio las conclusiones a las que llegaron en las mesas que ustedes coordinaron, muchísimas gracias por su participación.
Este es un tema que por la relevancia, trascendencia --como ya lo señalé, tiene--, no puede agotarse en la exposición que voy a hacer, pero que retomo ya mucho de lo que aquí se ha expuesto, en lo que, reitero, es tema central de la agenda que debe ocupar al próximo gobierno, y donde no se puede postergar por mayor tiempo los resultados que la sociedad espera.
Los mexicanos en los últimos años han observado con gran frustración cómo las condiciones de seguridad se han agravado, no sólo como han venido en demérito y en ausencia de resultados las instituciones encargadas de seguridad y justicia en el país, sino cómo la violencia se ha extendido y ha tomado prácticamente arraigo en varias entidades del país.
Y lo vemos en los principales indicadores de la seguridad pública. Sólo basta señalar que el indicador más relevante para medir la seguridad, que tiene que ver con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, se ha incrementado al pasar en el año 2006 de 10 a 23 que hoy se tienen.
Y que el índice de criminalidad en delitos, que evidentemente generan violencia, como el secuestro y la extorsión, también se ha incrementado.
 De tal suerte, hoy observamos que la estrategia seguida por el gobierno federal, si bien era inevitable y era obligada al Estado mexicano, no ha dado los resultados esperados para la sociedad. Y el balance, insisto, lamentablemente no es satisfactorio.
Y esto nos lleva a este replanteamiento que debe tener la política pública en materia de seguridad y de justicia que insisto, de manera impostergable le dé a los mexicanos la seguridad que hoy demandan.
De lo que aquí he escuchado, quisiera hacer algunas precisiones sobre lo que viene siendo la política y el compromiso que vengo asumiendo en esta materia, y que sin duda, las aportaciones de todas y todos ustedes son verdaderamente valiosas para enriquecer la visión que tengo sobre el tema.
En primer lugar, tenemos que ocuparnos de la prevención. Y creo que para lograr una política de mayor eficacia en materia de seguridad, tenemos que ocuparnos más de las causas que de las consecuencias, y esto tiene que ver con las condiciones del desarrollo social que México tenga.
Si no generamos un nivel básico de bienestar a los mexicanos, difícilmente por mejor policía preventiva que tengamos, por mejor ministerio público y por mejor administración de justicia, que evidentemente --como aquí se ha señalado-- es deficiente, pero en el supuesto de que lograra ser mejor, como lo vamos a tener que hacer, si no logramos cambiar las condiciones del desarrollo social de México, magros serán los resultados en esta materia, escasos y pobres.
Porque lo primero que hay que lograr es que los mexicanos vivan con mayor calidad de vida. Y para este propósito he venido postulado ya varios compromisos, no sólo varias políticas orientadas a este propósito, sino compromisos específicos para mejorar la condición social de nuestro país.
En primer lugar, la creación de un sistema de seguridad social universal. Que los beneficios de la seguridad social lleguen a todos los mexicanos y no sólo a cuatro de 10, como hoy ocurre en nuestro país.
Muy pocos mexicanos, en esta proporción, tienen acceso a los beneficios de la seguridad social a través del Seguro Social, del ISSSTE o de sistemas de seguridad social locales, del mismo Seguro Popular, sino que tenemos que ampliar realmente este beneficio a toda la población.
Tenemos que lograr que la política pública mejore la política educativa del país para abrir más espacios, mayor cobertura y también elevar la calidad de la educación.
Tenemos que lograr que México se reinserte en la ruta del crecimiento económico para generar empleos y tener realmente empleos de mayor calidad.
Hoy tenemos empleos que pagan poco, simplemente porque no tenemos crecimiento económico. Y porque en un bajo crecimiento económico, el peor, por cierto, que hemos tenido en los últimos 80 años, inevitablemente los empleos que se generan son de baja remuneración: a mayor oferta de empleo por el crecimiento económico, inevitablemente oferta de empleos de mayor calidad. No sólo como única vía para lograr empleos mejor remunerados, pero sí fundamental tener crecimiento económico para que, entre otras acciones, tengamos empleos de más calidad.
 Esto es lo que tiene que ver con la prevención.
Para dar paso a las acciones que deben de seguirse para el fortalecimiento institucional del Estado, que esté mejor preparado para enfrentar las acciones del crimen organizado, que sin duda hoy actúa con mayor nivel de sofisticación, y para lo cual el Estado no se ha preparado y no lo estaba.
Y tenemos que acelerar los procesos. Y tampoco esperar a que se agoten o concluyan los procesos de fortalecimiento institucional para dar resultados; los resultados tienen que ser inmediatos. Tiene que verse de manera tangible la acción del Estado mexicano.
Que por cierto, debo señalar, es obligación irrenunciable del Estado Mexicano dar seguridad a todos los mexicanos; es impostergable, es inevitable, es ineludible y debe ser inmediata. Y no puede, de ninguna manera, ni soslayarse, menos delegarse y menos sustituirse por otras vías, por otras formas que pretendan realmente darle resultados a la sociedad en materia de seguridad y de justicia.
Esta es tarea exclusiva del Estado mexicano. El Estado no la puede evitar. La debe de asumir plenamente.
Y por supuesto, debe propiciar la participación de la sociedad a través de distintas formas para lograr mayor eficacia, pero no debe ser relevada, lo que es obligación del Estado por la sociedad, por las vías de participación que tenga para que el Estado deje de dar esta garantía a toda la población.
Es, insisto, obligación exclusiva y única del Estado darles seguridad a sus habitantes.
Y por ello, hay que trabajar en el fortalecimiento. Aquí recogí, en la participación de quienes fueron relatores varias orientaciones de lo que debe hacerse en las distintas áreas de la seguridad y de la justicia.
Me llamó la atención la manera en que Ana Laura Magaloni recreó cómo se empieza a vivir esta historia, no contrastada, sino encontrada, entre quien delinque y entre quien debe asumir, en representación del Estado, la fiscalía y persecución del delincuente, y que pasa desde la detención, la tarea profesional que debe hacer la Procuraduría de Justicia, que sin duda, en ausencia de inversión mayor y de objetivos claramente definidos hoy no tiene, para llegar después al área de administración de justicia y se pueda dictar lo que marca la Constitución, y que a más de 100 años de distancia de que se inscribió como un propósito de la justicia, hoy claramente no se cumple: tener justicia pronta y expedita que es lo que hoy menos tenemos.
 Por eso --y hago un paréntesis--, he señalado que el plan de gobierno más importante está inscrito y señalado en la Constitución General de la República. Y lo que debe ocupar a la tarea del Estado que debe ser eficaz, es materializar, garantizar que los derechos que consagra nuestra Constitución realmente pasen del papel, a la realidad.
 Y regreso a lo que sin duda debe significar la profesionalización y fortalecimiento institucional de las áreas de procuración y de administración de justicia:
 Lograr realmente la instrumentación de la oralidad de los juicios penales, que lamentablemente a cuatro años de distancia de que se hiciera la reforma para este propósito que marcó sin duda un rompimiento en lo que venía siendo el modelo de justicia que el país tuviera por casi 100 años, y que a la fecha no se ha instrumentado.
Se tiene que romper con resistencias, que las hay, de los propios jueces, de quienes han estado en una lógica en la aplicación de la justicia, y que tiene que cambiar; que lo está también en la resistencia que oponen los profesionales de la justicia, del derecho, los abogados, las asociaciones de abogados, en fin.
Todo cambio implica resistencia que hay que sobreponer, que hay que romper para realmente lograr que impere un nuevo modelo de justicia.
Y no sólo se trata de postularlo, sino acreditar que se puede hacer.
En el Estado de México está acreditado que este modelo, entre los pocos estados que Ana Laura citó, que hoy lo tiene, el Estado de México es uno de ellos, donde se hizo todo el ejercicio que deberá hacerse en todo el país: profesionalización; construcción de infraestructura para la oralidad en los juicios; preparación a los abogados y jueces, y al área de procuración de justicia, para realmente lograr un mejor armado dentro del modelo de justicia, que permita, insisto, darle eficacia a la aplicación de la justicia que hoy no se tiene.
Destaca también, entre lo que se ha compartido en esta mesa, y dentro del modelo de justicia, insisto, de carácter oral, la justicia alternativa. Porque en el crecimiento poblacional que el mundo y nuestro país ha tenido, es difícil pensar que el modelo que se tiene sea capaz de atender la demanda de una población que ha crecido y que sigue creciendo.
Hoy el modelo de justicia, como se tiene concedido en la Constitución, debe implantarse, y eso es parte de mi compromiso, acelerar este proceso, que si bien la reforma viera una gradualidad de ocho años, a cuatro años de distancia, insisto, poco avance se ve, y ya debiéramos tener mayor avance para dejar acreditado que el Estado tiene compromiso, porque esto realmente se materialice.
Pero además de ello, instrumentar medidas de justicia alternativa, precisamente para dejar que las áreas de administración y procuración de justicia se ocupen de los asuntos de mayor impacto social, de mayor daño social, y otros puedan ser atendidos y pueda dictarse justicia a través de mecanismos alternativos.
Recuerdo que en algún otro espacio me llamó la atención --creo que fue también Ana Laura, que participó en ese espacio, y es la más citada hoy en mi exposición--, cuando hablaba del número de casos tan elevados que había en juicios mercantiles --no en materia penal, sino en juicios mercantiles--, donde el monto de la disputa que se daba en los juicios era por montos menores a 30 mil pesos.
Era verdaderamente un uso del aparato de Justicia del Estado para temas de menor relevancia. Y que debía de contarlo. No quiere decir que el Estado se margine de atenderlos, sino que el Estado provea de mecanismos alternativos, para que asuntos de menor relevancia puedan ser resueltos, no sólo en el orden civil, muy especialmente en áreas como en el tema de la justicia, de justicia penal.
Sin duda, recojo lo que Italy claramente señaló: no se puede dictar justicia sin ser absolutamente respetuoso de las garantías individuales de los mexicanos. Y más cuando hemos tenido ya otra importante reforma en nuestra Constitución General de la República, precisamente de otorgar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos.
Y no puede quedar solo ninguna expresión y en un anhelo para los mexicanos, sino que el Estado debe tomar parte y acciones para que en el modelo de procuración y administración de justicia, el Estado actúe en estricto respeto a los derechos humanos, en estricto respeto a las garantías individuales de toda la sociedad.
El Estado debe de proveer y debe actuar con eficacia en alcance de este propósito, y en la profesionalización de todas las áreas de procuración y administración de justicia.
El tema de cómo organizar nuestra policía para que realmente tenga mejores resultados. Aquí han participado quienes han trabajado en áreas de la policía preventiva, de la policía, de la procuración de justicia, y aprecio mucho su participación. Vengo postulando que tenemos que reorganizar, para imprimirle mayor efectividad a la actuación del Estado a través de su policía, y que su policía tiene que, evidentemente, fortalecerse.
Hoy la policía, la que tenemos en la mayor parte del país, no estaba preparada, ni está diseñada para combatir al crimen organizado en este nivel de equipamiento y certificación con el que actúa.
Hoy tenemos policías municipales verdaderamente disminuidas, casi inexistentes. Y testimonio de ello lo encontramos casi todos los días en los casos que con alguna periodicidad los medios vienen cubriendo, de cómo prácticamente hay lugares donde no existe la policía.
Por eso vengo postulando, primero, fortalecimiento de la policía federal. No sólo en algo que me parece es plausible y digno de encomio, es el crecimiento que ha tenido ya la Policía Federal, que pasó de 6 mil a 36 mil, y mantendría yo el crecimiento de este aparato del Estado, a por menos llevarlo a 50 mil elementos de la Policía Federal.
Segundo plan, lo que he venido señalando como una gendarmería nacional. Si recogemos lo que hoy son elementos de la Armada y del Ejército, que están dedicados a la seguridad pública, creo que podríamos, a partir de estos elementos, estos recursos humanos que tienen formación militar, crear a partir de ahí esta gendarmería nacional que, bajo mando civil, pudieran apoyar a las policías que están debilitadas en aquellos municipios donde las más de las veces se esconde el crimen organizado. Porque precisamente buscan a donde no hay un fortalecimiento, donde no hay presencia fuerte y sólida de las instituciones del Estado.
Por ello, propongo la creación de una gendarmería nacional, insisto, con los recursos humanos que hoy ya destina el Ejército y la Armada, para que pasen a ser parte de una Policía Federal que, en el mando civil, pueda lograr fortalecimiento institucional en los municipios que tienen instituciones debilitadas.
 Y, tercero. Sí estoy convencido, y más a partir de la experiencia que tuve como gobernador del Estado de México, en la necesidad de crear las Policías Estatales Únicas, o dar un paso hacia lograr esta homologación de las policías en cada entidad. Que no rompan con el principio federalista, porque sin duda fortalecen la actuación en cada entidad del país, de esto que es una herramienta de la prevención y del combate al crimen organizado: las policías de cada entidad.
Que debe lograr profesionalización; pero sobre todo condiciones homogéneas, preparación, equipamiento.
 Y ya lo señalé, si vemos, si observamos lo que pasa en varios municipios del país, tienen policías --los que llegan a tener siendo municipios pequeños--, verdaderamente muy limitadas.
 Creo que es necesario dar paso a la creación de las policías estatales únicas, que fortalezcan la actuación en cada entidad del país de sus policías.
 Hay que actuar con mayor eficacia en este combate. Y creo que hay una herramienta ahora, que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, que es la Ley Contra el Lavado de Dinero, y que si analizamos si esta herramienta en el pasado ha servido, me parece que no y que ha sido insuficiente. Y, sin duda, es el lavado de dinero lo que alimenta y que financia al crimen organizado.
 Si no ponemos un alto en esta área, en esta actividad delictiva; si no hacemos que el Estado tenga herramientas para combatirlo, pues evidentemente el crimen organizado seguirá encontrando vías de financiación y de respaldo a su operación.
Hay que cortar de manera definitiva la manera en que se viene financiando el crimen organizado, que es a través del lavado de dinero.
 Y finalmente llegamos, después de seguir toda esta cadena, que es desde el fortalecimiento de nuestra policía, pasamos al tema de fortalecimiento de la procuración de justicia.
 Y ya no me detengo más, pero todos sabemos que el modelo que hoy tenemos no funciona, o no funciona debidamente. Y que tiene que modernizarse. Y que en ello tenemos que ser, como en el todo, muy pragmáticos: qué debe hacer un ministerio público; qué representación tiene, y dejarle dedicado realmente al fortalecimiento de las averiguaciones que habrá de presentar ante el juez para que, de manera sólida, pueda el juez dictar justicia.
Pasando al área de administración de justicia, área de la que está encargada el Poder Judicial de nuestro país, ya se señaló aquí por quienes lo expusieron y me antecedieron en la palabra: hay necesidad de modificar el marco normativo para que instrumentemos los juicios orales, pero sobre todo profesionalicemos y le demos mayor autonomía al Poder Judicial, no sólo de la federación, sino muy particularmente de los estados, donde claramente no se cubre y no se cumple la máxima de generar equilibrio y división de poderes.
A nadie escapa que en muchos estados el Poder Judicial está bajo una alta influencia del Ejecutivo, si no es que intervención directa. Es impresionante cómo a veces me ha tocado ver --y no busco pero quien le busca encontrará en qué estados-- ver claramente cómo pasan de ser parte del Ejecutivo de repente, y te los encuentras ya como magistrados o jueces, que prácticamente obedecieron a una designación del Ejecutivo.
Necesitamos lograr la verdadera autonomía de los Poderes del Estado, pero también exigirles a los tres Poderes del Estado eficacia en su actuación.
Y el último, el sistema penitenciario, que no es tema menor. Tenemos que hacer que las cárceles reformen, rehabiliten; no formen delincuentes.
Y creo que el diagnóstico es claro: de lo que se trata es dar pasos decisivos, con recursos, con inversión, con orientación clara, para que realmente el modelo penitenciario se transforme y sirva verdaderamente al propósito de rehabilitar a quienes en algún momento han delinquido.
El Estado tiene que propiciar mayor inversión para la construcción de más cárceles, y no necesariamente destinando recursos que pudieran ocuparse a la creación de más infraestructura de hospitales y de universidades, como el país lo demanda; pero propiciando la participación del sector privado. Creo que hay varios espacios dentro de lo que el Estado debe de hacer en materia de infraestructura, que puede ser respaldado con la participación del sector privado.
Y dejar que el Estado sea regulador de la política que deba de seguirse en materia penitenciaria, con los objetivos que aquí ya Enrique expusiera hace un momento al hablar del sistema penitenciario.
Déjenme concluir con lo siguiente: el tema que hoy nos ocupa es claro, es de la mayor relevancia y es el tema entre los mexicanos. Y demanda, insisto, atención puntual, definición de acciones y de políticas públicas que realmente no lleven más tiempo a darle resultados a la sociedad.
El ejercicio que la Fundación Colosio viene haciendo tiene este propósito: realmente recoger experiencia, conocimiento, investigación, entre quienes están participando en este foro.
Por ello, quiero dejar aquí testimonio de mi total agradecimiento a quienes están hoy aquí, que han participado en este foro y a quienes lo han hecho y lo harán en los otros foros a los que convoque la Fundación Colosio.
Porque nos estamos preparando para gobernar y bien al país. No sólo se trata de tener buenos propósitos, sino realmente de llevarlos a cabo. Y por eso no podemos perder más tiempo. Esta campaña es una de compromiso con los mexicanos, quiero privilegiar, y lo seguiré haciendo, el compromiso con todo México, para darle mejores condiciones; para lograr eficacia en las áreas que hoy demandan mayor atención, como es el tema que hoy nos ocupa.
 Y no podemos esperar a que lleguemos, después de lograr el respaldo mayoritario de la sociedad mexicana el 1º de julio, a que lleguemos a buscar cómo lograr los objetivos; sino desde ahora, en esta campaña y de forma responsable, nos estamos preparando para ser un buen gobierno, un gobierno eficaz, que dé resultados a todos los mexicanos.
 Esta es la mística de este ejercicio. Y hago votos porque realmente, lo que aquí se viene construyendo, sea para beneficio de todos los mexicanos.
 Muchísimas gracias.