La audiencia arrancó a las 11:30 horas y concluyó a las 20:00 horas.
Ahora los militares tendrán un plazo máximo de seis días para entregar las pruebas que desvirtúen las acusaciones de testigos protegidos.
De acuerdo con informes judiciales, los inculpados solicitaron al juez duplicar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para definirles su situación, motivo por el que será a más tardar el próximo lunes a medio día cuando se defina si les inician un juicio o quedan en libertad.
Esperamos un debido proceso, Juez Valerio.
Ayer a las 21:00 horas, Edgar Valdés Villarreal "La Barbie" y José Gerardo Álvarez Vázquez "El Indio", comparecieron ante el juez
EL UNIVERSAL:
·
Generales
niegan acusaciones de la PGR; fui obligado a firmar declaración falsa: Escorcia
Defensa buscará desvirtuar a testigos protegidos; Escorcia
dice que lo obligaron a firmar una falsa declaración.
Opinión: Ataques al periodismo y generales en la cárcel
con base en “testigos protegidos”: Félix Fuentes
MILENIO: Van 180 ataques, denuncia Soriana
·
PGR
“me obligó” a firmar la confesión
Rubén Pérez, el quinto militar implicado en la trama con
los Beltrán, ya es testigo colaborador.
LA JORNADA:
·
El
general Escorcia acusa a la Siedo de torturas
Declara en La Palma que fue obligado a aceptar que tenía
nexos con el narco.
CRÓNICA
·
Los generales niegan cargos al comparecer en
penal de máxima seguridad; “mi marido va a salir con la frente en alto”, señala
la esposa de Tomás Ángeles
Al comparecer ayer ante un juez los generales Tomás
Ángeles, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe
González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández,
negaron las acusaciones en su contra por parte de la PGR relativas a
vinculación con la delincuencia organizada.
Reforma en interiores…
El Universal…
Generales
niegan acusaciones de la PGR
Defensa buscará desvirtuar a testigos protegidos; Escorcia
dice que lo obligaron a firmar una falsa declaración
Nota de María de la Luz González | El Universal, 2 de
agosto de 2012
Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia
Vargas y Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús
Hernández negaron las acusaciones de la Procuraduría General de la República
(PGR) que les atribuye nexos con grupos del crimen organizado.
Los
militares comparecieron ayer ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal
del Estado de México para rendir su declaración preparatoria, en una
audiencia en la que los cuatro pidieron también la duplicidad del término
constitucional para definir su situación jurídica, a fin de poder ofrecer
pruebas que desvirtúen las acusaciones en su contra.
El general Ricardo Escorcia aseguró ante el juez que la
declaración que supuestamente rindió ante el Ministerio Público (MP) es falsa y
que fue obligado a estampar su firma en el documento.
Ante esa manifestación, se procedió a elaborar un nuevo
testimonio en el que negó las acusaciones de la PGR, que lo acusó de colaborar
con el cártel de los Beltrán Leyva y de brindarles protección.
Los otros tres inculpados, en su declaración, negaron
también los cargos que los vinculan con la misma organización criminal, a
partir del testimonio de testigos protegidos y otros militares sujetos a
proceso, y aseguraron que nunca han pertenecido a grupo delincuencial alguno.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada en el área de
prácticas judiciales del penal federal de máxima seguridad El Altiplano, en
Almoloya de Juárez, donde permanecen los militares en prisión preventiva desde
el martes pasado.
A partir de ahora, la defensa de los mandos militares que
ingresaron al penal de máxima seguridad, en Almoloya, Estado de México, tendrán
un plazo máximo de seis días para entregar las pruebas que desvirtúen las
acusaciones de testigos protegidos.
En los próximos días se desarrollarán diligencias en las
que el juez desahogará las pruebas que ofrezcan los militares a través de su
defensor particular, después de lo cual definirá si les inicia proceso o les
dicta auto de libertad.
La defensa de Ángeles anunció que ofrecerá las pruebas de
descargo que la PGR se negó a admitir durante el tiempo que el mando castrense
estuvo bajo arraigo, entre ellas, informes que lo ubican fuera de México en las
fechas en que supuestamernte se reunió con integrantes del cártel de los
Beltrán Leyva.
Los abogados del ex subsecretario de la Defensa Nacional,
Tomás Ángeles Dauahare, del general de División retirado Ricardo Escorcia
Vargas; del general brigadier Roberto Dawe González y el teniente coronel
retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, finalmente tendrán acceso al
expediente de la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, en que se
les imputa ser parte de una red de protección para permitir el tráfico de
cocaína.
Ricardo
Sánchez Reyes Retana, representante legal del ex subsecretario, así
como Fernando López Capella, defensor de Dawe González, aseguraron que la
consignación de sus clientes lejos de afectar a los militares, les permitirá
ahora refutar las acusaciones que formuló la PGR en su contra, pues insisten en
que hay evidencias de que los cargos son infundados y sólo se fundamentan en
las declaraciones de los testigos protegidos, sin ninguna otra prueba que
acredite la veracidad de sus versiones.
En el caso del general de Brigada, Rubén Pérez Ramírez y
del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes ya estaban detenidos por otros delitos, no
participaron en la misma audiencia judicial en la que ayer los otros cuatro
mandos comparecieron ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos
Penales Federales en el Estado de México.
Las
acusaciones
En el expediente que integró la PGR desde 2010, la
dependencia consideró clave la declaración del narcotraficante Sergio Villareal
El Grande, quien, como testigo protegido bajo la clave “Mateo”, aseguró que en
julio de 2008 se reunió con Ángeles Dauahare en el centro comercial Perisur
para trasladarlo a una casa de seguridad en la que el general supuestamente se
reunió con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien le entregó 5 millones
de dólares.
Su defensa entregará copias de su pasaporte para demostrar
que el general estaba en el extranjero cuando se realizó la supuesta reunión;
además de que solicitó los videos de seguridad del centro comercial, pues hasta
el 20 de julio pasado la PGR admitió estas evidencias.
En el caso del general Ricardo Escorcia, éste
presuntamente aceptó en la SIEDO que en 2007 Ángeles Dauahare le pidió que el
mayor Iván Reyna “le hiciera mandados”, que consistieron en reunirse con
narcotraficantes.
Dawe González es señalado por el testigo “Jennifer” de
haberse reunido con él en un restaurante del Bosque de Chapultepec, donde le
ofreció 30 mil dólares de parte de Edgar Valdez Villarreal, aunque el militar
los habría rechazado.
El mismo testigo protegido sostuvo que en 2007 el general
Dawe lo recomendó con el general Rubén Pérez Ramírez —entonces comandante de la
Guarnición Militar en Cancún— para que colaborara con la organización criminal.
*
Me
obligaron a firmar”, acusa general Escorcia
Milenio Diario.., 2 Agosto 2012;
La
esposa del general Ángeles Dauahare en una imagen de junio pasado frente al
SIEDO.
México • El general Ricardo Escorcia Vargas declaró a un
juez federal que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a
firmar testimonios falsos en los que aceptó haber participado en actividades
ilícitas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Asimismo, este diario confirmó que el general Rubén Pérez
Ramírez forma parte desde hace semanas del programa de testigos colaboradores
de la PGR. El divisionario está detenido, acusado de ser el enlace con otros
militares de Cancún para permitir el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de
cocaína procedente de Sudamérica. Hasta el cierre de esta edición no se había
informado sobre su paradero.
Lo anterior fue revelado por funcionarios federales
relacionados con el caso, quienes señalaron que Tomás Ángeles Dauahare, el
general Roberto Dawe González y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús
Hernández se declararon inocentes.
Indicaron que durante la comparecencia en una sala de
audiencias del penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, los
militares pidieron la duplicidad del término constitucional para el desahogo de
pruebas a su favor.
En la diligencia, que comenzó a las 11 de la mañana y se
prolongó hasta las siete de la noche, el general Ricardo Escorcia manifestó al
juez tercero de distrito de procesos penales federales, Raúl Valerio Ramírez, que el personal de la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que integró la
averiguación previa en su contra lo “obligó a estampar” su firma en
declaraciones que nunca realizó.
Por esa razón,
explicaron, el juzgador ordenó que se le tomara una nueva declaración para
conocer sobre estos hechos.
Testigo colaborador
Respecto
al general Rubén Pérez Ramírez, quien tuvo a su cargo la guarnición militar de
Cancún, Quintana Roo, mencionaron que dicha persona forma parte del programa de
testigos colaboradores de la PGR, por lo que goza de algunos beneficios.
Sin embargo, los funcionarios federales consultados no
dieron a conocer el paradero de este militar por razones de seguridad, pues sus
declaraciones aportaron elementos para proceder contra el general Dawe y otras
personas que supuestamente guardan relación con el crimen organizado.
De acuerdo con los testimonios rendidos por el testigo
colaborador con nombre clave Jennifer, Pérez Ramírez aceptó colaborar con el
cártel de los hermanos Beltrán Leyva, no para obtener beneficios económicos,
sino para evitar problemas con la agrupación delictiva.
No obstante, en su declaración ministerial del 3 de mayo
del presente año el general reconoció que en febrero de 2007 recibió una
llamada del entonces coronel Roberto Dawe (hoy general brigadier), quien le
refirió que “unos familiares” iban a viajar a Cancún con el propósito de
vacacionar y que viera la posibilidad de gestionar un “descuento de hospedaje”.
El encargado de la guarnición militar relató al Ministerio
Público federal que los visitantes dijeron que iban de parte del general Dawe y
la intención era ofrecerle dinero por permitir que los elementos del Ejército
en el aeropuerto de Cancún no revisaran las aeronaves con cocaína.
Ante la petición, Pérez Ramírez pidió a las personas que
abandonaran su oficina “y que si eran familiares o no del general daba por
concluida la plática, optando por no dar parte ni reclamar al general Dawe
respecto a las personas que le mandó”.
Claves
“Sanción ejemplar”
► La
aprehensión de los generales demuestra que habrá una sanción ejemplar para los
servidores públicos que se desvíen del camino, sin importar quiénes sean,
afirmó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
►
Óscar Vega Marín indicó que el caso fortalece la idea de la cero tolerancia a
la impunidad puesta en marcha por el gobierno del presidente Felipe Calderón.
►
“Cuando alguien equivoca el camino también lo importante (…) que la sociedad
sepa tendrá una sanción ejemplar”, dijo el secretario ejecutivo del SNSP
*
Ricardo Escorcia, Tomás Ángeles y Roberto Dawe niegan haber
colaborado con narcos
Fuimos
obligados a firmar declaraciones inculpatorias, aseguran tres generales
Rinden testimonio ante el juez tercero de distrito en
penal de máxima seguridad del Altiplano
Nota de Gustavo
Castillo García e Israel Dávila, Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada, Jueves 2 de agosto de 2012, p. 14
El general Ricardo Escorcia Vargas denunció durante su
toma de declaración preparatoria ante Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de
distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, que fue
torturado y obligado por personal de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) a firmar las declaraciones
ministeriales en las que supuestamente acepta haber tenido tratos con
integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Asimismo, los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto
Dawe negaron los cargos que se les imputan y afirmaron que nunca han
pertenecido a ninguna organización criminal.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República
(PGR) y del Poder Judicial de la Federación revelaron que el general de brigada
Rubén Pérez Ramírez ha recibido trato de testigo colaborador de la institución
que dirige Marisela Morales Ibáñez, con lo cual, a pesar de que existe una
acusación por haber cometido delitos “contra la salud en la modalidad de
colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de
delitos de esa naturaleza”, podría recibir una sentencia menor a 10 años de
prisión en caso de ser encontrado culpable.
Oficialmente se solicitó información a la PGR, pero la
dependencia se ha negado a confirmar si el general Rubén Pérez Ramírez fue
detenido y dónde se encuentra. En círculos militares indicaron que hasta hace
unos meses Pérez Ramírez estaba adscrito a la primera Región Militar en la
capital del país.
Ayer, durante una diligencia realizada en el penal de
máxima seguridad del Altiplano (también conocido como La Palma), ubicado en el
municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, se tomó declaración
preparatoria a Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y ex
agregado militar de México en Washington; al general Roberto Dawe, ex
comandante de la 20 Región Militar con sede en Colima; al general Ricardo
Escorcia Vargas, ex comandante de la 24 Región Militar, de Cuernavaca, Morelos,
y al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, ex director de la Policía
Ministerial de Sinaloa, luego que fueron acusados de cometer delitos contra la
salud al apoyar el tráfico de drogas que realiza la organización de los Beltrán
Leyva.
La audiencia empezó después de las 10 horas y concluyó a las seis de la tarde, cuando los cuatro militares fueron enterados de las imputaciones en su contra y luego rindieron su primera declaración dentro del proceso penal iniciado con motivo de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
Los cuatro militares rechazaron los cargos y solicitaron la ampliación del plazo para que se defina su situación jurídica. Así, será hasta el próximo martes cuando el juez Raúl Valerio Ramírez determine si existen pruebas suficientes de la Siedo para acreditar que los inculpados tenían vínculos con grupos criminales y permitieron desde sus posiciones el tráfico de droga.
En el caso del general Ricardo Escorcia, los testigos protegidos identificados como Jeniffer (Roberto López Nájera) y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande) aseguraron al Ministerio Público Federal que el militar les permitía descargar cocaína en el aeropuerto de Cuernavaca y que, entre otras cosas, ordenó al mayor Iván Reyna Muñoz (también acusado de nexos con el crimen organizado) que se reuniera con miembros del cártel y recogiera dinero supuestamente dirigido al general Ángeles Dauahare.
Acerca del general Roberto Dawe, los testigos protegidos y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, le imputan haber intercedido ante el general Rubén Pérez Ramírez en 2007, cuando se desempeñaba como comandante de la Zona Militar en Quintana Roo, para que permitiera el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Centro y Sudamérica, que operaba Pedro Ramírez Suaza, El Arquitecto, un narcotraficante colombiano.
*
Los generales niegan cargos al comparecer en penal de máxima seguridad; “mi marido va a salir con la frente en alto”, señala la esposa de Tomás Ángeles
Nota de Dennis A. García |
Milenio, 2012-08-02 |
Al comparecer ayer ante un juez los generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, negaron las acusaciones en su contra por parte de la PGR relativas a vinculación con la delincuencia organizada.
Los militares rindieron declaración preparatoria ante el juez tercero de distrito en materia penal del estado de México.
De manera coincidente, los cuatro solicitaron también la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, con el fin de estar en aptitud de ofrecer pruebas que desvirtúen las acusaciones en su contra.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada en el área de prácticas judiciales del penal federal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, y de acuerdo con declaraciones extraoficiales de autoridades federales y allegados a los inculpados, todos ellos negaron los cargos que les imputa la PGR.
Trascendió que el general Ricardo Escorcia aseguró que la declaración que supuestamente rindió ante el Ministerio Público es falsa y que fue obligado a estampar su firma.
Tanto los generales de división Ángeles Dauahare y Escorcia Vargas como el general brigadier Dawe González están acusados de tener nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El martes, el juez tercero de distrito en procesos penales federales, Raúl Valerio Ramírez, ordenó la aprehensión de los antes mencionados, así como del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, el mayor Iván Reyna Muñoz y el general de brigada Rubén Pérez Ramírez, a quienes también se les acusa por delincuencia organizada.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el que participaron elementos de la Policía Federal y del Ejército, los cuatro generales fueron enviados la madrugada de ayer del Centro Federal de Investigaciones de la PGR, donde tres de ellos cumplían su arraigo, al penal de máxima seguridad.
El convoy de por lo menos cuatro camionetas fue escoltado por unos 20 militares armados con fusiles de alto poder.
Para la operación, fueron cerradas las vialidades Eje 3 Sur y avenida Cuauhtémoc, así como Viaducto, Observatorio y Constituyentes, para tomar el rumbo a la carretera México-Toluca, donde se encuentra el penal.
Cabe recordar que el general Tomas Ángeles Dauahare fue enviado a retiro en 2008, cuando ocupaba el segundo puesto de mayor importancia en la Secretaría de la Defensa Nacional.
*
Niega Escorcia acusar a Ángeles
Nota de Abel Barajas
Reforma, 02-Ago-2012
Al rendir su declaración preparatoria ante un juez federal, el General de División en retiro Ricardo Escorcia Vargas acusó a la PGR de haberle obligado a firmar un testimonio ministerial falso para relacionar al General Tomás Ángeles Dauahare con una entrega de dinero del narcotráfico.
De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, ayer Ángeles, Escorcia y el General Brigadier Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto, rechazaron ser parte del crimen organizado.
Los militares comparecieron ante el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, dentro de la causa penal 44/2012 que consta de 16 tomos, en la cual les acusan de delincuencia organizada, con el propósito de cometer delitos contra la salud.
De acuerdo con informes judiciales, los cuatro inculpados solicitaron al juez duplicar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para definirles su situación, motivo por el que será a más tardar el próximo lunes a medio día cuando se defina si les inician un juicio o quedan en libertad.
Los cuatro también se quejaron de las condiciones insalubres en las celdas a las que fueron confinados, en el Penal del Altiplano, y del impedimento para ingresar sus medicinas.
La información recabada indica que los miembros del instituto armado negaron ante el juzgador las imputaciones de los testigos protegidos "Jennifer" y Sergio Villarreal Barragán "El Grande", quienes los acusan de haber colaborado con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Cada uno manifestó en forma reiterada que no pertenece o ha pertenecido ni colaborado con ningún grupo delincuencial.
Dawe, tras rechazar la acusación, se reservó su derecho a declarar y solicitó al juez entregar su declaración por escrito en las próximas horas.
En lo particular, el General Ricardo Escorcia desconoció una declaración que supuestamente rindió en junio ante la SIEDO y en la que manifiesta que Ángeles Dauahare le pidió de favor enviar a alguien a un restaurante de Cuernavaca, por unas escrituras, y que luego las llevara a casa de su madre en esa ciudad.
Según una fuente que estuvo presente ayer en la diligencia, Escorcia relató que en una ocasión fiscales de la PGR lo visitaron al centro de arraigo para hacerle firmar dicha declaración y que fue obligado bajo la advertencia de que tenían a sus hijos afuera del centro de arraigo.
Con base en el testimonio que ahora desconoce el acusado, el favor pedido por Ángeles habría ocurrido en 2007, cuando Escorcia era jefe de la 24 Zona Militar en Morelos y Ángeles Dauahare el subsecretario de la Defensa Nacional.
El simple dato de pedir un favor de este tipo pareciera intrascendente, de no ser porque el Mayor Iván Reyna Muñoz, entonces subordinado de Escorcia, declaró a la SIEDO que su jefe en aquella ocasión le solicitó ir por unos documentos de Ángeles a un restaurante y al llegar descubrió que era dinero del narco, el cual, por cierto, dice que no lo recibió.
Ayer Escorcia sostuvo ante el juzgado que el testimonio donde refiere que Ángeles le había pedido este favor, es un testimonio armado y falso que fue obligado a firmar en el Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde estuvo arraigado 80 días.
Con la anuencia del juzgador, Escorcia emitió una nueva declaración en la que negó los hechos referidos.
Angeles Dauahare pidió al juez que, ante la denuncia de Escorcia, no le diera valor probatorio a la declaración que firmó bajo presión. En tanto, Silvio Hernández detalló que, con base en sus pruebas, él va a acreditar que no estuvo en los lugares y fechas que le imputan los testigos protegidos.
La audiencia arrancó a las 11:30 horas y concluyó a las 20:00 horas. A lo largo de la semana, se llevarán a cabo diversas diligencias de descargo solicitadas por los militares y a más tardar el próximo lunes el juzgador determinará si los libera o dicta la formal prisión.
Esto último, de suceder, significaría la permanencia de los acusados en el Penal de alta seguridad del Altiplano, durante la eventual instrucción del juicio.
*
Llaman
a 'Barbie' e 'Indio' por soborno a generales
Nota de Abel
Barajas
Reforma, 02-Ago-2012;
Edgar Valdés Villarreal "La Barbie" y José
Gerardo Álvarez Vázquez "El Indio", presuntos operadores de los
Beltrán Leyva, comparecieron anoche ante un juez federal por el expediente
donde los acusan de sobornar al General Tomás Ángeles Dauahare y otros
militares.
Ayer
a las 21:00 horas los narcotraficantes fueron presentados en una sala de
audiencias del Penal de alta seguridad del Altiplano, para la diligencia de
declaración preparatoria ante el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales
Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, según abogados allegados al caso.
En el expediente de los Generales, los dos cuentan con
orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud,
mientras que "La Barbie" debe responder también por el delito de
homicidio calificado.
Al cierre de esta edición, las autoridades judiciales o de
la PGR no habían informado respecto a si los narcotraficantes rindieron su
declaración preparatoria o se reservaron su derecho a hacer manifestaciones.
El asesinato que le atribuyen a "La Barbie" en
este caso es el de José Luis Soladana Ortiz, comandante de la Dirección General
de Aeronáutica Civil en el Aeropuerto de Cancún, registrado el 10 de noviembre
de 2007.
Otro acusado al que también le imputan el crimen, es Denis
Gerardo Rodríguez Pacheco "El Denis", capturado por el Ejército desde
el 6 de mayo del 2008 en Cancún e internado en la cárcel municipal, acusado del
secuestro de dos personas.Oficialmente, no se informó si la PGR ayer cumplimentó la aprehensión contra "El Denis".
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