Se investigue hasta las últimas consecuencias e caso de Huizilac

El pleno de la Cámara de Diputados pidió el jueves 20 de septiembre solicitar a la PGR investigar a fondo, y hasta las últimas consecuencias, el ataque perpetrado por elementos de la Policía Federal en contra de diplomáticos estadounidenses, en el estado de Morelos, el 24 de agosto de 2012.
El punto de acuerdo, que fue aprobado en votación económica, también exhorta a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, para que en el momento oportuno se ejecute acción penal y de reparación del daño en contra de los probables responsables.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos don Catalino Duarte Ortuño, del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR para que investigue a fondo el ataque realizado en contra de agentes diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Gracias, señor Presidente….Lee una parte de la propuesta de Punto de Acuerdo:
Tal y como se publicó en la Gaceta Parlamentaria:
Consideraciones
El pasado 24 de agosto, en lo que en su momento fue calificado por la embajada estadounidense como una emboscada, agentes de la Policía Federal dispararon a un vehículo con placas diplomáticas en el que viajaban dos personas de nacionalidad estadounidense y un oficial de la Marina Armada de México, de lo cual resultaron heridos algunos de sus ocupantes. Debemos señalar que, según lo establecido en la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, este incidente constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y su tratamiento debe responder a la importancia de los acontecimientos.
Es por lo anterior que debemos llamar la atención de esta honorable Cámara para un mayor fortalecimiento estructural y presupuestal de la Procuraduría General de la República que ha sido objeto de un desmantelamiento endémico especialmente durante el último sexenio, situación que esta soberanía debe atender de manera urgente si queremos garantizar que los índices de impunidad que al día de hoy llegan al 98 por ciento, se vean realmente disminuidos y así hacer efectivo el derecho a la justicia para todas y todos los mexicanos.
En el incidente que nos ocupa, llama poderosamente la atención la identidad de las personas de nacionalidad extranjera; identidad que no se ha develado claramente y que ha sido motivo de diversas especulaciones, como el hecho de que estaban armados y se trataba, por ende, de contratistas de empresas militares privadas que operaban en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos.
Estas especulaciones resultan sumamente graves, dado que el informe del grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación de la ONU ha señalado que estas compañías privadas operan bajo diversas “irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, que incluyen hacinamiento, exceso de horas laboradas, falta de pago o pago incompleto de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento, y desatención a las necesidades básicas como la salud. Aunque se les había contratado como ‘contratistas independientes’ o ‘guardias de seguridad’, estas personas recibieron un adiestramiento militar en Estados Unidos de América, Jordania o en Iraq, y terminaron desempeñando funciones militares” socavando el estado de derecho y su monopolio exclusivo de la fuerza.
El grupo de trabajo ha hecho énfasis en una “evaluación regional efectuada por el grupo de trabajo sobre la tendencia a la privatización de la seguridad en América Latina, incluido el fenómeno observado en los últimos años de contratación de ciudadanos de los países de la región por empresas militares y de seguridad privada. Dichas empresas son filiales de, o han sido a su vez subcontratadas por empresas con sede en el extranjero que operan en situaciones de conflicto armado o de posconflicto como Afganistán e Iraq”.
Es importante hacer el señalamiento que nuestra Ley Federal de Seguridad Privada no hace ninguna distinción entre las empresas de seguridad que prestan sus servicios de vigilancia y resguardo, de aquellas que realizan entrenamiento militar y operan como verdaderos ejércitos. Esto supone que el vacío legal a que nos enfrentamos representa un ámbito de oportunidad para el desarrollo de estas actividades.
Tenemos noticia, además, de que estas empresas operan ya en nuestro país, prestando sus servicios. Como ejemplo de ello, podemos citar los servicios de vigilancia que presta la empresa Halliburton a Pemex, desde hace ya varios años.
Al día de hoy, existen elementos que no han sido aclarados y se derivan en interrogantes que no han sido contestadas. ¿Cómo es posible que el gobierno federal permita el ingreso de agentes diplomáticos estadounidenses sin un debido control, ni mucho menos el estar enterados del motivo de su visita en territorio nacional? ¿Qué hacían estos diplomáticos estadounidenses en el estado de Morelos? ¿Acaso el gobierno federal desatendió la visita de estos agentes y el propósito de la misma en nuestro país? ¿Puede alguien ingresar a nuestro país y, más aún, pueden personas con un cargo de tal nivel ingresar sin que el gobierno federal siquiera se dé por enterado? ¿Está acaso permitido el espionaje de manera deliberada en nuestro país?
Otra interrogante que se debe investigar es por qué la Policía Federal no puso a disposición inmediata del Ministerio Público Federal los cinco vehículos en que viajaban las personas vestidas de civil, autores de la agresión, ni las armas que utilizaron contra estos agentes diplomáticos.
Por todo lo anterior, es necesario acelerar la investigación sobre estos hechos acontecidos antes señalados.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Con carácter de urgente u obvia resolución
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar a fondo, y hasta las últimas consecuencias, el ataque perpetrado por elementos de la Policía Federal en contra de diplomáticos estadounidenses que viajaban en un vehículo diplomático, hechos acaecidos el 24 de agosto pasado.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, que en el momento oportuno se ejercite acción penal y de reparación del daño en contra de los probables o las probables responsables por la comisión de algún delito en el asunto que nos ocupa.
Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2012.
Diputado Catalino Duarte Ortuño (rúbrica)
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos del 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
Poisicionamientos:
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces tiene el uso de la voz doña Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.
Esta Presidencia informa que han solicitado el uso de la voz doña Loretta Ortiz Ahlf, del PT; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; don Felipe Arturo Camarena García, del Verde Ecologista; don Javier Orihuela García, del PRD; don Luis Miguel Ramírez Romero, del PAN, y Cristina Ruiz Sandoval, del PRI.
Se les recuerda, con todo afecto, que por respeto al 103 de nuestro Reglamento no procederán preguntas o hechos, y las modificaciones que eventualmente se pudiesen sugerir a la proposición tendrán que ser originadas por el iniciante.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la impunidad es la negociación de la justicia; los delitos de alto impacto se producen y siguen presentando una serie, que pareciera no tener fin, a tal grado que pareciera que las instituciones ya se encuentran completamente rebasadas. Lo más delicado es que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades correspondientes no han presentado los resultados esperados por los mexicanos.
Además del temor que sufre la población en varios estados de la república mexicana, por los hechos de violencia, es inadmisible que la sociedad se encuentre en un estado de indefensión ante las agresiones de los criminales.
El informe del gobierno que se presentó en días pasados muestra cifras, resultados y acciones que no se traducen en un clima de seguridad; por el contrario, ante la incompetencia institucional se percibe un sentimiento de desamparo, desesperación y angustia, por la impunidad con la que actúan los delincuentes.
En Nueva Alianza consideramos urgente continuar con la lucha contra la delincuencia organizada, porque no hay más nada más importante que la seguridad de las personas, pero esto no significa aceptar o legitimar las actuaciones de las autoridades federales; exigimos mayor eficiencia, profesionalismo y resultados tangibles contra el crimen organizado; compartimos con la sociedad la demanda fundamental y la exigencia de acabar con la impunidad y lograr la justicia para las víctimas.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte las exigencias contenidas en el punto de acuerdo. Más allá de las estipulaciones que surgen en relación de los hechos ocurridos en Tres Marías, hacemos un llamado enérgico al gobierno federal, pero muy especial a la Procuraduría General de la República, para que se aboque a realizar una investigación clara, imparcial y transparente que lleve al esclarecimiento del ataque del que fue objeto una camioneta con placas diplomáticas.
Estamos convencidos que el delito debe de ser combatido con energía y contundencia, no con discursos vacíos ni con deslindes institucionales. La autoridad debe atender con responsabilidad e investigar cada uno de los delitos con profesionalización y conseguir resultados positivos que lleven a los culpables a la justicia.
Por ello votaremos a favor del presente punto de acuerdo, en atención a la solicitud del proponente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del presidente, compañeras y compañeros legisladores. La proposición que se somete a nuestro conocimiento es de relevancia, no solamente porque involucra problemas con nuestro sistema de impartición de justicia, sino también porque está de por medio las relaciones con nuestro país vecino Estados Unidos de Norteamérica y una posible reclamación internacional.
Nos sumamos al hecho y coincidimos con que investigue a fondo la Procuraduría General de la República y deslindar las responsabilidades ejerciendo acción penal ante los tribunales correspondientes a quien se le acredite la responsabilidad de estos hechos. Esperamos que estas acciones sean efectivas y se traduzcan, no como en otras ocasiones en un olvido de los mismos.
Queremos enfatizar que llama en este caso la atención, como en otros recientes, que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estén involucrados en este tipo de acontecimientos, por recordar algunos, el montaje noticioso en el caso de Florence Cassez, la muerte de elementos precisamente de la Policía Federal en el aeropuerto internacional y ahora este último hecho.
En estas tres ocasiones, estas últimas tres ocasiones nada más sale una nota en la prensa y después al poco tiempo se tiende a olvidar, dando como resultado, como en ésta y en otras ocasiones, que tengamos que sufrir, en este caso no solamente los mexicanos, sino también autoridades extranjeras, funcionarios extranjeros, personas, la impunidad.
Esperamos, precisamente los diputados del PT, que en esta ocasión realmente haya acceso a la justicia y que si no estaremos vislumbrando una reclamación internacional por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Por las razones antes expuestas, apoyamos en los términos en que está redactada la proposición que se nos presenta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras diputadas y diputados. Desde luego que apoyamos el punto de acuerdo aquí presentado por nuestro compañero Duarte. Sin embargo, nos parece insuficiente frente al desastre que ha habido en materia de seguridad pública y de procuración de justicia.
El caso de Tres Marías es apenas un botón de muestra en este desbarajuste y en este océano de sangre en que se ha convertido el país. Nos parece fundamental, no solamente exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República sino que nos parece fundamental que ya se apruebe nuestra demanda planteada ante la Junta de Coordinación Política para la comparecencia inmediata, ante este pleno, de los titulares del gabinete de seguridad nacional. Nos parece que es lo que domina la agenda cotidiana en nuestro país.
Recientemente, hace un par de días, nos enteramos también de lo que ha sido un colapso también en estos seis años. El sistema penitenciario, la fuga de 132 reos por la puerta grande, literalmente, y a plena luz del día en Piedras Negras, Coahuila, es otro ejemplo de impunidad y de corrupción. Y más allá de si el Cereso es de orden local o federal, es finalmente un fracaso de la política penitenciaria.
Y no es que Calderón, por Twitter, culpe al gobernador de aquella entidad, que también ha sido un fracaso el segundo Moreira, sino que también ahí hay reos federales.
Entonces, hablamos pues del caso Tres Marías, hablamos del colapso del sistema penitenciario, hablamos de los más de 90 mil muertos que hay en este país. Hablamos del manto de impunidad y de protección que hay en torno al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Es decir, está repleta la agenda del país de temas que tienen que ver con la seguridad pública. Por eso nos parece que sin restar relevancia al tema de Tres Marías, porque también tiene implicaciones de carácter internacional y también tiene que ser un tema de soberanía, nos parece que la agenda es mucho mayor.
Y ahí por eso también debe venir el secretario de la Marina, porque qué hacía un capitán de navío como auxiliar o chofer o ayudante de dos agentes diplomáticos, se ha dicho, de Estados Unidos. Es decir, hay muchos temas qué revisar y esos temas tienen que pasar por este Congreso.
En el mismo Morelos, apenas hace nueve días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado donde dice que el secretario de Seguridad Pública desatendió una recomendación en el caso de Cuernavaca. Y dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esto es una falta de respeto a los derechos humanos que abona al clima de impunidad e inseguridad.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, vamos a apoyar este punto, pero reiteramos nuestra propuesta, nuestra exigencia de que se revise en forma integral la seguridad pública y la procuración de justicia de la República.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Mejía. Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por 3 minutos, el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, me permito de nueva cuenta hacer uso de esta tribuna ya que éste es un tema que nuestra bancada, el Partido Verde Ecologista, tuvo a bien plantear ante esta asamblea apenas el pasado 4 de septiembre.
Nuestra propuesta no fue tramitada como de urgente u obvia resolución, pero creemos que es importante que independientemente de quien exponga la situación se den respuestas a un tema tan importante.
Nuestro compañero del Partido de la Revolución Democrática señala algunas preguntas dentro de su propuesta que nos parecen de vital trascendencia. Por eso creemos firmemente que un asunto como este atentado no debe quedar en el olvido, las autoridades deben dar respuesta puntual y esclarecer todos los hechos.
Aquel 4 de septiembre en esta misma tribuna planteé los siguientes cuestionamientos: ¿Quiénes en realidad eran las personas embarcadas en la camioneta? ¿Qué estaban haciendo en territorio nacional? ¿Y a dónde se dirigían? Dieciséis días después seguimos sin tener respuesta alguna.
En aquella ocasión propusimos crear un grupo de trabajo para dilucidar varias interrogantes que la sociedad reclama clarificar. El tema no es algo sencillo, por el contrario, es bastante delicado y confuso. En este entorno apoyamos la propuesta de nuestro compañero diputado para exhortar a la Procuraduría General de la República a seguir llevando a cabo con diligencia y celeridad todas las investigaciones necesarias y que rinda detalladamente un informe sobre los hechos acontecidos en el paraje conocido como Tres Marías.
Además, por parte de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, continuamos solicitando que se realicen todas las gestiones para crear un grupo de trabajo con la finalidad de aclarar el modo de cómo acontecieron los hechos y por qué las autoridades involucradas actuaron de esa manera. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Camarena. Corresponde ahora el uso de la tribuna –también por tres minutos– al diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Javier Orihuela García: Muchas gracias. Pues, compañeros y compañeras, podemos hoy solicitar la comparecencia de la procuradora, del secretario de Seguridad Pública, pero qué nos van a decir. Qué nos va a decir Genaro García Luna y la procuradora si ellos han sido parte de esta política de seguridad pública corrupta que ha permitido la infiltración del narcotráfico y de los cárteles en las mismas corporaciones policiacas, qué nos van a decir.
Cierto, estoy de acuerdo y apoyamos la propuesta de nuestro amigo, de nuestro compañero Catalino, que vengan aquí a dar cuentas, pero después de seis años de seguridad pública, después de seis años de política en el país, y particularmente yo quiero referirme a Morelos.
Yo soy diputado federal por el II distrito, con cabecera en Jiutepec. El 21 de agosto 10 policías federales extorsionaron a una amiga, a una compañera propietaria de una ferretería, y están grabados, la extorsionaron pidiéndole 1 millón de pesos. Hace cinco días un familiar mío fue secuestrado; y hace un año fue secuestrado mi padre. ¿Quiénes fueron los que lo secuestraron? Policías. ¿Quién está ahorita? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, Cabeza de Vaca? En la cárcel. Compañeros, qué nos van a decir. Lo de Tres Marías es un caso gravísimo, compañeros.
Compañeros yo solamente vengo aquí a exhortar a ustedes para asentar el precedente de que este pleno no permita que la ocurrencia personal por legitimarse sea el camino de la seguridad pública.
Fíjense –iba a decir, Vicente Calderón– Felipe Calderón Hinojosa es el responsable de miles de vidas, porque pudo haberse planteado otra política de seguridad pública, compañeros. Pero hoy el afán de legitimarse, ahí está la sangre que han pagado muchos ciudadanos que no tiene velo en ese entierro.
En Morelos solo hay dos grupos antisecuestros, hay una nómina de 40 elementos para la política antisecuestros, para el grupo de antisecuestros y solamente hay dos grupos de seis elementos; yo conozco a esos elementos. Uno de ellos es mi familiar, Francisco Amaro, fue secuestrado y asesinado. ¿Por qué? Ganan 10 mil pesos al mes, no tienen equipo, no tienen armas, no tienen vehículos.
Me dicen: habla en la Cámara de Diputados, Javier. Es injusto que haya un presupuesto millonario y los pobres policías antisecuestros no tengan ni carros, sus carros son particulares y no tienen ni llantas, dicen. Muchos ya renunciaron. Y repito: acaban de asesinar a uno de los compañeros del grupo antisecuestros en Morelos y  no se sabe nada. Pero son miles de millones de pesos que se han asignado a esta política de seguridad pública ¿y dónde está? Hay una gran corrupción. ¿Dónde está? ¿Quién ha comprado los carros, los vehículos, las armas? ¿Quiénes son los que se han beneficiado económicamente de esa política, compañeros?
Ya basta. Yo lo que quiero, apoyando a nuestro compañero, que este pleno no siga el ejemplo de los plenos anteriores, de permitir que un presidente con ocurrencias venga a definir la política de seguridad pública; que el pleno asuma esta responsabilidad, compañeros. Yo sé los dejo a todos ustedes, compañeros.
En Morelos ya se va Marco Adame Castillo, igual de resultados que a nivel nacional, compañeros. Muchas gracias, y ojalá que seamos conscientes de que hoy está en nuestras manos cambiar la política de seguridad pública, compañeros. No lo permitamos más, compañeros. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Con su permiso, señor presidente. Aprovecho antes para saludar y dar la bienvenida a regidores y alcaldes electos por Morelos que hoy nos visitan.
Concordamos en que se trata de un lamentable hecho y que es obligación del Estado mexicano proporcionar una profunda investigación sobre estos acontecimientos.
Asimismo, cabe recordar que el Presidente Felipe Calderón instruyó a la Procuraduría General de la República se llegara hasta el fondo de lo ocurrido en el ataque al vehículo en referencia, por el que ya fueron arraigados 12 policías federales y 39 más fueron citados para rendir su declaración y se deslinden las responsabilidades y se actúe en consecuencia. Si hubo culpables, que se castiguen; pero si no hubo tal responsabilidad, que se limpien los nombres de quienes ahí participaron.
Concordamos también en que se debe dar un mayor fortalecimiento estructural y presupuesto a la Procuraduría General de la República.
Se establece también en el punto de acuerdo que un oficial de la Marina-Armada, se encontraba presente al momento del ataque, por tanto su presencia evidencia que no se trataba de una visita desconocida o con propósitos de espionaje, afirmación que se realiza dentro del texto y que desacredita el papel de cooperación internacional y más aún si tomamos en consideración los importantes avances que se han realizado por ambos gobiernos en apego al respeto a la soberanía de ambos Estados de manera reciente.
Como mención de lo anterior, cabe recordar en días pasados la reunión entre la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton, de Estados Unidos y México, en donde refrendaron su relación estratégica y su interés por la continuidad en la institucionalización y la cooperación de seguridad establecido bajo la Iniciativa Mérida en la lucha contra la criminalidad.
En el punto de acuerdo se establece la especulación de que se trataba de contratistas de empresas militares privadas que operaban en territorio nacional para el entrenamiento de militares mexicanos, pero por otro lado existe información de que se trataba de agentes de la CIA que impartían un curso a elementos de la Secretaría de Marina, según reportes publicados por la prensa norteamericana.
Por tanto al no contar con información suficiente, resulta inapropiado, por decir lo menos, hacer mención de que se trataba de mercenarios como lo refiere el texto.
En el punto de acuerdo se afirma que los agentes estadounidenses ingresaron al territorio nacional sin un debido control, lo cual constituye una acusación muy grave al gobierno federal. Por ello la investigación cobra vigencia.
Solicitamos que se informe a esta soberanía los resultados de esta misma investigación que está en curso, para que de una vez por todas quede claro si fueron o no violentadas las leyes en esta materia y el contenido de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Ramírez Romero. Tiene finalmente en este punto de acuerdo el uso de la tribuna hasta por tres minutos, la diputada Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Cristina Ruiz Sandoval: Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea, los mexicanos hemos visto con cierta distancia el presunto ataque de policías federales a un vehículo oficial diplomático estadounidense.
En el grupo parlamentario del PRI también lamentamos que no haya la suficiente información para poder conocer a fondo el sentido de esta situación que hoy nos tiene inmersos en un conflicto internacional y con pocos elementos que den certidumbre a la investigación.
Sabemos por lo que se nos ha referido en los medios, que un juez federal concedió una suspensión provisional en vía de amparo, a 12 policías federales presuntamente involucrados en la agresión de esta camioneta diplomática.
El juzgado segundo de distrito concedió dicha suspensión para que a los agentes federales se les autorice recibir visitas de sus abogados y/o personas de confianza como parte de sus garantías constitucionales y de adecuada defensa y debido proceso.
Sin duda este es un asunto de coyuntura que desafortunadamente pone en riesgo no sólo las relaciones entre ambas naciones, sino que nos genera dudas sobre la forma en cómo acciona la Secretaría de Seguridad en la actual administración.
Las investigaciones empezaron a tener mayor credibilidad ante el gobierno de Estados Unidos cuando la PGR inició la presentación y su correspondiente interrogatorio a miembros de la Policía Federal relacionados con el caso.
Hasta la fecha han rendido declaración 51 elementos de la corporación, por lo que la Procuraduría asumió el control total de la seguridad pública, suprimiendo a la Federal de Seguridad y a la Policía Federal de Caminos, que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para el Grupo Parlamentario del PRI es importante y prioritario que se den las investigaciones pertinentes a este asunto, que el cauce de la ley siga el rumbo natural que derivará en las responsabilidades consecuentes para la resolución legal y del conflicto y la sana y armónica relación de ambos países.
Para los legisladores priistas es fundamental que nuestro país se conduzca desde ya bajo los principios de legalidad, certeza, veracidad y que las investigaciones se den con la mayor de las transparencias para el cauce correcto de cualquier proceso judicial en cualquier ámbito de nuestro estado de derecho. Por eso los priistas nos sumamos a esta propuesta y nos mantendremos pendientes de la investigación de este trágico incidente.
Señoras y señores diputados: un país democrático es un país de leyes, pero más aún, el respeto a ellas es lo que nos devolverá la confianza tanto en el ámbito interno como en el concierto internacional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Habiendo hecho uso de la palabra los representantes de todos los Grupos Parlamentarios, voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
El secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado el acuerdo. Comuníquese.