Encuentro de ONGs con Senadores

 Presentaron organizaciones sociales agenda para seguridad pública y justicia.

Senadores de la República se reunieron la tarde del 18 de diciembre con representantes de organizaciones de la sociedad civil con el propósito de conocer la agenda ciudadana en materia de seguridad pública y justicia.

 En el encuentro con las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, que presiden los senadores Omar Fayad Meneses y Roberto Gil Zuarth, los dirigentes destacaron la necesidad de establecer un nuevo código federal de procedimientos penales, concretar la implementación de los juicios orales y acotar figuras como el arraigo y la prisión preventiva.

Fayad Meneses expresó que analizarán las propuestas de las organizaciones.

Dijo que “es perfectamente posible un código que contenga los elementos necesarios para que las entidades federativas puedan apegarse a él”.

Por su parte, el senador Gil Zuarth aclaró que la reforma al sistema de justicia penal exige “un cambio procedimental, por lo menos en la jurisdicción federal, y no la podemos detener, por lo que tenemos que seguir avanzando”.

Sin embargo, acotó, no por ello se requiere “retrasar los trabajos” para la conformación de un Código Federal de Procedimientos Penales, que sea marco de referencia para los ordenamientos locales similares.

Dio a conocer que legisladores del PAN y PRD “estamos en la intención de hacer propio” el proyecto de la sociedad civil para que sea una iniciativa formalmente presentada para someterla a la valoración del Congreso.

Por el PRD, la senadora Dolores Padierna Luna manifestó que “no sólo basta hacer leyes”, sino también profundizar en una cultura de paz, en el respeto a los derechos humanos y en la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

Consideró que tres de los seis puntos que dio a conocer el presidente Enrique Peña Nieto para atender el problema de la inseguridad “son de sentido común” y se requiere también un enfoque de “seguridad humana”.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, insistió en que uno de los temas más relevantes de la agenda es la aprobación de un código único de procedimientos penales, a fin de establecer los parámetros mínimos para combatir homicidios, la trata de personas, el secuestro y los delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Resaltó que la propuesta tiene como base la realidad social y constitucional mexicana y los tratados internacionales, para poder llevar a cabo juicios orales, transparentes y expeditos, así como para que la policía y el ministerio público tengan la capacidad de investigar y actuar bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Para ello, dijo, se propone reducir y limitar el uso de la prisión preventiva, con excepción de los casos para la delincuencia organizada, “pues estamos convencidos de que en las cárceles sólo deben estar” quienes cometan delitos graves.

Miranda de Wallace destacó la necesidad de revisar la figura del arraigo porque “creemos que no se han establecido los parámetros” para aplicarla, así como ampliar los derechos de las víctimas y del imputado.

Dijo que otro de los temas relevantes es la profesionalización de la policía, pero dentro de los ejes que en materia de seguridad presentó el presidente de la República “no veo” ninguna propuesta de que de manera inmediata ayude a combatir este problema “y sabemos que el 60 por ciento de los elementos están mal pagados y no cuentan con primaria”.

Para Héctor Larios Santillán, del Observatorio Nacional Ciudadano, “es indudable que las condiciones de seguridad y violencia que aquejan a México son retos que van allá de la coyuntura” y exigen acciones coordinadas de cada uno de los poderes, órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Afirmó que la agenda fue elaborada por más de 20 organizaciones civiles y contiene 54 propuestas sobre la coordinación de los organismos encargados de la seguridad pública federal, la participación ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la reforma policial, la atención a víctimas, la desaparición forzada.

Asimismo, dijo, es indispensable avanzar en las reformas para permitir aplicar el sistema de justicia penal y de derechos humanos, como la nueva legislación en materia de amparo, el código de procedimientos penales, así como las modificaciones al ministerio público, la justicia penal para adolescentes, al sistema penitenciario y al consumo de drogas y narcomenudeo.

En tanto, Orlando Camacho, de México SOS, resaltó que las reformas a los cuerpos policiacos, a la Procuraduría General de la República y el fortalecimiento institucional se resolverían con sólo implementar bien el nuevo sistema de justicia penal.

Dijo que si ese se hace bien, prácticamente se transformaría toda la cadena de justicia, desde policías, ministerios públicos o el sistema penitenciario.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, manifestó su preocupación porque la reforma en materia de justicia penal contiene un régimen de excepción “que se ha constitucionalizado” con figuras como el arraigo o la prisión preventiva “oficiosa”, contrarias a los derechos humanos.