justicia argentina paraliza el desmantelamiento de Clarín

La justicia argentina paraliza el desmantelamiento de Clarín
Un tribunal acepta la apelación del grupo multimedia contra la Ley de Medios Audiovisuales
Alejandro Rebossio Buenos Aires
El País, 18 DIC 2012;
La marcha y el retroceso continúan en la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina, que obliga a Clarín y a otros 20 grupos a desinvertir. La justicia dispuso este martes que vuelva a regir la medida cautelar que congela la obligación de que Clarín, el mayor conglomerado argentino de medios, se desprenda de licencias de emisoras y operadoras de televisión por cable. Un día después de que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner iniciara el proceso para que Clarín entregara licencias excedentes según la ley, se ha paralizado todo de nuevo.

La Ley de Medios lleva tres años desde su aprobación, pero aún no se encuentran vigentes dos artículos que obligan a los medios a desinvertir porque desde entonces Clarín los ha recurrido ante la justicia. La norma había sido impulsada por los Kirchner después de que en 2008 comenzara su guerra con Clarín por el conflicto agrario y con el argumento de que había que acabar con la concentración económica del sector y con la regulación que regía desde la última dictadura militar (1976-1983). El proyecto contó en su momento con el apoyo de organizaciones sociales y parte de la oposición, como la mayoría del Frente Amplio Progresista (FAP), segundo en las elecciones presidenciales de 2011, y con el rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR), el peronismo antikirchnerista y la conservadora Propuesta Republicana (PRO).

Clarín objeta la constitucionalidad de los dos artículos de la ley porque aduce que vulneran los derechos a la propiedad, al comercio y a la libertad de expresión. En 2009 consiguió que un juez de primera instancia, Edmundo Carbone, impusiera una medida cautelar que frenaba las desinversiones hasta que la justicia determinase la procedencia o no del recurso del grupo que encabezan Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto. En mayo pasado, la Corte Suprema estableció que el 7 de diciembre vencía la medida cautelar. Entonces el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner montó toda una campaña publicitaria de que el 7D comenzaba a regir en plenitud la Ley de Medios “de la democracia”.

Ninguno de los otros 20 grupos que debían desinvertir, incluidos PRISA (editora de El País) y Telefónica, han reclamado a la justicia, sino que han presentado planes para desprenderse de medios. Algunas empresas familiares propusieron repartirse los medios entre los parientes, y el Gobierno lo aceptó. Más de 330 licencias deben devolverse al Estado, dueño del espacio radioeléctrico, de las cuales entre 150 y 200 corresponden a Clarín.

Pero el 6 de diciembre la Cámara Civil y Comercial, un tribunal de segunda instancia, prorrogó la suspensión de la medida cautelar a favor del mayor grupo de medios de Argentina. Sin embargo, el Gobierno de Fernández tuvo su 14D. A última hora del pasado viernes, después de tres años de espera, un juez de primera instancia, Horacio Alfonso, falló por fin sobre la cuestión de fondo de la demanda: la constitucionalidad o no de los dos artículos cuestionados. Alfonso determinó que la ley respetaba la Carta Magna y dio de baja la medida cautelar a favor de Clarín.

Este lunes, el grupo de Noble y Magnetto apeló el fallo de Alfonso. Al mismo tiempo, el presidente de la autoridad audiovisual de Argentina, Martín Sabbatella, se presentó en las oficinas de Clarín para informarle de que comenzaba el proceso para que se desprendiera de licencias de radios, emisoras de televisión abierta y por cable y operadoras de televisión de pago. Sin embargo, el desguace del grupo quedó paralizado otra vez este martes. Sucede que el mismo juez Alfonso aceptó la apelación de Clarín, la elevó a la Cámara Civil y Comercial y determinó que, mientras tanto, volvía a regir la medida cautelar que congela todo. El Gobierno no planea obligar a desinvertir a los otros 20 grupos mientras continúe la congelación para Clarín.

El pasado fin de semana, el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, se refirió al tribunal de segunda instancia como “cámara de mierda”, pero este lunes reconoció que su expresión había sido un “error”. Dos de sus tres miembros han sido cuestionados por el Gobierno por supuestos vínculos con Clarín, incluso antes de que le arruinaran el 7-D. En el Ejecutivo no se descarta la posibilidad de pedir a la Corte Suprema que intervenga directamente en el caso, para saltar al tribunal de apelaciones y poner en vigencia lo antes posible la ley. Algunos políticos de la oposición consideran que el Gobierno lleva prisa porque quiere llegar a las elecciones legislativas, las de medio turno del segundo periodo de Fernández, con su enemigo número uno desarmado. Cuatro de los siete magistrados de la Corte Suprema fueron nombrados en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) en una reforma que fue aplaudida por los opositores que rechazaban la presunta corrupción del tribunal formado en tiempos del también peronista Carlos Menem (1989-1999). La opinión de la Corte Suprema sobre la ley de medios es un misterio.

En la oposición, el diputado del FAP Claudio Lozano opinó que “la actitud del Gobierno y la resistencia de Clarín al contenido desmonopolizador de la ley producen un único resultado: incumplimiento y tergiversación del mandato democratizador" de la norma. Lozano consideró que “la justicia debe resolver de una vez por todas la controversia planteada por Clarín y el Gobierno debe acatar los fallos judiciales”. También acusó al Ejecutivo de “tergiversar” la legislación para resguardar los medios de Telefónica o para permitir que “grupos puedan adecuarse a la ley por la vía de transformarse en empresas independientes controladas por amigos, parientes, testaferros o funcionarios históricos de los mismos grupos”. Además, reclamó el cumplimiento del artículo de la norma que obliga a entregar un tercio de las licencias de emisoras de radios y televisión abierta a organizaciones sociales y criticó que los medios públicos funcionen como progubernamentales.