El IFAI, en descomposición/

• El IFAI, en descomposición/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Proceso No 1893, 10 de febrero de 2013

Las acusaciones del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar contra el nuevo presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, revelaron la magnitud de los conflictos en este organismo, pero su actual crisis tiene raíces más hondas: una es la burocratización de la élite académica que va y viene por los organismos “autónomos” y “ciudadanos” hasta caer en el amiguismo y el influyentismo, como políticos; la otra es que Felipe Calderón desvirtuó al instituto cuando clavó en él a tres comisionados de su confianza, quienes han contribuido a mantener la opacidad gubernamental.

 La elección de Felipe Gerardo Laveaga Rendón como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), en remplazo de Jacqueline Peschard, reveló que la actual crisis del organismo, la peor desde su creación hace 10 años, tiene como fondo una pugna política y la disputa entre comisionados por privilegios que contravienen la razón de ser del organismo.

 Para empezar, la elección del presidente del organismo garante de la transparencia se realizó a puerta cerrada. Los comisionados Peschard, Ángel Trinidad Zaldívar, María Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt Colunga y Laveaga, reunidos en el nuevo edificio de 636 millones de pesos que ocupan en Insurgentes Sur, se enfrascaron en tres rondas de votación sin lograr consenso.

 Peschard y Trinidad intentaban dar continuidad a la tendencia de la administración saliente eligiendo al segundo; y se les oponían Arzt, excolaboradora de Felipe Calderón en seguridad nacional, y Laveaga, excondiscípulo de Calderón en la Escuela Libre de Derecho y funcionario de su gobierno como un cuestionado director del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

 En esa situación, el voto de Pérez-Jaén era decisivo. Si se llegaba a la cuarta ronda de votación sin alcanzar unanimidad o al menos cuatro votos a favor de un aspirante, quedaría como presidente quien obtuviera tres. Así ocurrió.

 Pérez-Jaén llegó al IFAI en 2009 a propuesta de Felipe Calderón. La operación para su arribo y el de Arzt estuvo a cargo del entonces consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles (Proceso1718). Pérez-Jaén se inclinó por Laveaga y con ello los tres comisionados de Calderón se impusieron. La toma de posesión de Laveaga se programó para el lunes 21.

 No obstante, el trámite del acto protocolario se trastocó cuando Trinidad Zaldívar expuso la fatuidad a que es proclive Laveaga y ventiló la lucha por los privilegios en el instituto.

 Mencionó que Laveaga aspiraba a ser como un aristócrata inglés; que se durmió de aburrimiento en un acto en el Senado; que al ser electo preguntó cuándo podía ocupar la oficina de Peschard; que era el más rezagado en los proyectos de resolución, y en general, que era inexperto, perezoso e ignorante sobre derecho a la información y protección de datos personales, pese a lo cual exigía “su” 20% de los privilegios:

 “No pude votar por alguien que hace apenas dos semanas nos dijo que, dado que formaba parte de un cuerpo colegiado de cinco, entonces quería su 20% de nombramientos, su 20% de viajes, su 20% de viáticos. Tristemente esto se repitió el viernes durante la votación. El IFAI no es un botín que pueda repartirse, es una institución de Estado”, dijo Trinidad Zaldívar.

 El comisionado le reprochó a Pérez-Jaén que hubiera votado en su contra por motivaciones personales –ambos han sostenido divergencias–, mientras que no le recriminó nada a Arzt “porque su falta de ética ha quedado comprobada”.

 Enseguida Trinidad Zaldívar reveló que Arzt hizo solicitudes de información a la Secretaría de Seguridad Pública y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para después interponer recursos de revisión que fueron votados por ella misma en el pleno del IFAI. Ya existe una investigación contra ella por conflicto de intereses.

 El diario Reforma publicó el 23 de enero un informe en el que se establecía que el IFAI indagaba el uso de los nombres de “María González Cejudo” y “Alberto Vital Rall”, a través de los cuales Arzt supuestamente presentó solicitudes de información sobre la agenda y actividades de otros comisionados.

 El IFAI desmintió el informe y Arzt respondió a Reforma desde Bruselas, Bélgica, donde participaba en un encuentro sobre protección informática de datos personales, que no existía tal investigación y que, ad hoc con el evento, alguien había hackeado la computadora que tiene asignada en el instituto.

 A raíz de las revelaciones de Trinidad Zaldívar sobre el reclamo del “20%” de privilegios que supuestamente hizo Laveaga, Proceso realizó un seguimiento de los comunicados de prensa del IFAI y encontró que el año pasado Peschard viajó a Washington, la India y dos veces a Brasil. Por su parte, Arzt fue a Bélgica y Uruguay; Trinidad, a Uruguay y Perú, y Pérez-Jaén, a Chile. Esto, en lo que se refiere a los viajes que fueron difundidos.

 Asimismo, en una revisión aleatoria de los contratos colocados en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) se aprecia una tendencia del IFAI a hacerse con bienes y servicios por adjudicación directa de los contratos.

 Un ejemplo: en septiembre de 2009 el instituto compró 3 mil fólders tamaño carta a la proveedora Leticia Aspron Bocanegra por 23 mil 805 pesos, es decir, a 7.94 pesos cada uno. Al consultar la lista de precios al menudeo en la cadena de papelerías Office Depot se comprueba que el precio de una caja de 100 folders cuesta 145 pesos, o sea a 1.45 pesos por pieza. Además, de acuerdo con la página Compranet, Aspron Bocanegra tiene como objeto social la “venta de equipo y materiales para restauración y conservación de bienes culturales”.

 En el POT también se informa que el IFAI contrató a la empresa Training House de México para seleccionar a quienes ocuparían los puestos vacantes al concluir 2010, por un monto cercano a los 100 mil pesos. Esto a pesar de que el artículo 22 del reglamento interno del instituto establece que la Secretaría General, cuyo titular gana 134 mil 818 pesos, tiene entre sus responsabilidades la de administrar los recursos humanos.

 Para cumplir su función, dicha área cuenta con una serie de directores y jefes de área, sin contar secretarias ni asistentes, cuyas percepciones suman 352 mil 207 pesos mensuales después de las deducciones, cifra a la que se añaden seguros de vida, de gastos médicos y de retiro, entre otras prestaciones.

 Pese a la costosa nómina, en el IFAI es frecuente la contratación de proveedores de servicios. Por ejemplo, los directores y jefes de departamento de la Dirección General de Comunicación Social del IFAI ganan en conjunto casi 600 mil pesos mensuales, ya con deducciones pero aún sin considerar prestaciones, viáticos, asistentes, choferes ni otro tipo de personal. Con todo, el 27 de septiembre de 2011 pagó 1 millón y medio de pesos a la empresa Central de Estrategias Políticas, S.A. de C.V., para que le diseñara un proyecto de comunicación sobre datos personales.

 La máquina de contratar

 De acuerdo con empleados del IFAI que pidieron reservar sus nombres, la investigación contra Arzt Colunga surgió cuando los pedimentos de información sobre los comisionados llegaron a un número alarmante y Peschard ordenó investigar las cuentas de Infomex.

 Averiguar la identidad de los ciudadanos por sus solicitudes es frecuente en el sector público, pero no eran tan evidente en el instituto encargado de proteger los datos personales.

 En los últimos tres lustros los organismos ciudadanos han cobijado a una élite burocrática surgida de la élite académica y se abre vías para puestos gubernamentales. Así ocurrió con Alonso Lujambio, que era investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), se convirtió en consejero del IFE y luego en comisionado del IFAI, antes de ser nombrado secretario de Educación Pública. María Marván fue investigadora en la UNAM y el ITAM, para luego ser comisionada del IFAI y actualmente consejera del IFE.

 Peschard era investigadora de El Colegio de México antes de llegar al IFE como consejera y después al IFAI como comisionada.

 El pasado 5 de octubre, la historiadora Ángeles Magdaleno solicitó a través del sistema Infomex que El Colegio de México le diera información curricular de la investigadora Romana Falcón Vega. El 10 de octubre recibió la respuesta de la asistente de Falcón, pero en su correo personal, por lo cual interpuso una queja porque El Colegio de México entregó los datos personales de la solicitante a Falcón, amiga de Peschard.

 A causa de la queja de Magdaleno, a través del oficio IFAI/SAI-DGCV/2142/12 el instituto solicitó a El Colegio de México que respetara la Ley de Transparencia y la casa de estudios se comprometió a hacerlo. Y ahí quedó la vulneración de los datos personales de la solicitante.

 En las peticiones de información que realizó Magdaleno en Infomex también se evidenció la opacidad en los contratos del IFAI con entidades académicas. Por ejemplo, cuando solicitó saber cuáles cursos tomó el personal del IFAI, éste declaró la inexistencia de esa información, no obstante que a una solicitud previa había contestado que se trataba de alrededor de 110 cursos, diplomados y talleres hasta 2006, e incluso se entregó un listado.

 En éste destaca que en 2005 se le pagaron 195 mil pesos a la consultora Ana María Salazar (UNAM) por un curso de “manejo de conflictos”; y otros por la misma cantidad a José Antonio Crespo, Sergio López Ayllón y más investigadores del Centro de Información y Docencia Económicas (CIDE).

 Según el POT, la Dirección de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales del IFAI le pagó derechos de autor a Leonardo Curzio (UNAM) por 19 mil pesos; a Adriana Plasencia Díaz (Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas, IAPAS) por 45 mil pesos y a Irene Levy Mustri (Universidad Iberoamericana) por 42 mil.

 Asimismo se le pagaron 156 mil pesos a Jesús Rodríguez Zepeda (UAM) por concepto de capacitación en “ética, transparencia y rendición de cuentas”, entre otros casos. Pero el dinero no sólo fluye por las áreas de capacitación. Durante la presidencia de Peschard se contrataron costosos estudios, como el del doctor José Luis Piñar Mañas, un especialista español que en 2011 asesoró al instituto en derecho comparado y cobró 968 mil pesos.

 A Miguel Carbonell (UNAM) y a López Ayllón el IFAI les pagó su participación en su colección editorial Cuadernos de la Tansparencia, pero en el POT no se encuentra el monto de sus honorarios. Sin embargo, un solo recibo de Carbonell, cuya copia tiene Proceso, da una idea: cobró 10 mil pesos por asistencia técnica en una reunión celebrada el 20 de octubre de 2009.

 En otro caso, al CIDE se le pagaron 800 mil pesos por un seminario de archivística, pero los instructores no era especialistas. En este centro labora Lina Ornelas, hasta hace poco funcionaria del IFAI y quien además forma parte del claustro de la Escuela Mexicana de Archivos, una razón social que ha cobrado millones al gobierno federal por capacitación archivística y a través de la cual operan académicos cercanos a los comisionados que, de buenas a primeras, se convirtieron en expertos en esa materia.

 Conflicto secreto

 En la última sesión del IFAI a la que asistió como presidenta, a pregunta expresa de los reporteros Peschard se dijo sorprendida de que el presidente Enrique Peña no informara cuál era el valor de sus bienes. Y más tarde, entrevistada en Radio Fórmula, abundó:

 “Debería darse la información completa; no sólo cuál es el inmueble que se tenga, sino los datos que uno pone en la propia declaración patrimonial. También pienso que, teniendo el nombre del dueño y del edificio, es fácil identificar cuántos metros tiene y cuál es el valor catastral en el Registro Público de la Propiedad.”

 No obstante, la búsqueda de las declaraciones patrimoniales de los comisionados del IFAI fue en vano porque ninguno de ellos la ha hecho pública.

 Gerardo Laveaga, su integrante más reciente, ingresó en abril de 2012. Cuestionado por organizaciones ciudadanas, como Fundar y Artículo 19, dirigió sus posturas controversiales contra el principio de máxima publicidad contra los comisionados del IFAI, a quienes primero calificó de “fundamentalistas de la transparencia” y luego como quienes “lucran con la transparencia” (Proceso 1846).

 Como comisionado, Laveaga ha fomentado la opacidad a instancias de seguridad del gobierno de Calderón, como lo hizo en su intervención para evitar que se conocieran los nombres de agentes del Ministerio Público especializados en delincuencia organizada (RDA 0096/2012), o desechar, sin conocer argumentos del solicitante, un recurso contra la Secretaría de Seguridad Pública (RDA 3540/2012).

 Hábil para el debate, Laveaga hace gala de técnicas muy parecidas a las de amigos suyos de la Escuela Libre de Derecho, como Javier Lozano Alarcón y Miguel Alessio Robles, tales como cambiar el nombre del oponente en una discusión a fin de restarle importancia y provocar su enojo.

 Así lo hizo con Trinidad Zaldívar el lunes 21, al llamarlo “José Ángel”, lo que su interlocutor le reclamó. Después, frente a los reporteros, Laveaga señaló que la aclaración del nombre fue el comentario más serio que hizo su colega.

 Proceso pidió entrevistar a los comisionados del IFAI, pero el jefe de prensa, Ismael Romero, respondió por ellos: ninguno estaba dando entrevistas porque estaban muy ocupados elaborando resoluciones.

 En la sesión ordinaria del miércoles 23, Laveaga dijo que el IFAI no se tambaleaba y atribuyó el exabrupto de Trinidad Zaldívar a la democracia, en la cual todos opinan. El rebelde comisionado canceló entrevistas ya programadas y al día siguiente publicó en el diario Reforma el artículo Shhh. Silencio, en el que defiende su oposición a Laveaga:

 “Hay que echar luz sobre el conflicto dentro de las instituciones. Y ello porque las causas de éste, y la forma en que el mismo se resuelva, son del interés de toda la ciudadanía, en tanto que quienes se confrontan toman decisiones en nombre del interés público, con recursos públicos y en ejercicio de facultades otorgadas por ley. De ahí que sacar a la luz estos conflictos no necesariamente resulte en un perjuicio a la institución; al contrario, en algunos casos puede resultar la vacuna oportuna que le salve.

 “Sin embargo, pareciera que el problema se da cuando alguien se atreve a levantar la voz y señalar errores y corruptelas en la administración pública: de inmediato se le acusa de daño a las instituciones.”

 El jueves 7 el IFAI emitió un boletín para difundir que el año pasado consiguió su récord histórico de solicitudes de acceso a la información, y otro en el que dio a conocer las actividades de Arzt en Bruselas. Nada sobre algún debate formal, la investigación y los evidentes desacuerdos internos, a pesar de que Laveaga se había comprometido a ofrecer una explicación desde el miércoles 23.