7 may 2013

Pactan reformar uso de testigos protegidos; trabajo conjunto PGR-Senado


EXCÉLSIOR: Pactan reformar uso de testigos protegidos; trabajo conjunto PGR-Senado
El Senado y la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en la regulación del uso de los testigos protegidos, porque no quieren que los dichos de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un inocente, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón. Este diario publicó este lunes que, en respuesta a una solicitud de información pública, la PGR dio a conocer que en un total de 379 personas se acogieron a la figura de testigos protegidos entre 2006 y 2012.
Reportaje de Leticia Robles de la Rosa, Roberto José Pacheco y David Vicenteño
Excélsior, 07/05/2013
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo.- El Senado y la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en la regulación del uso de los testigos protegidos, porque no quieren que los dichos de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un inocente, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón.
Este diario publicó ayer que, en respuesta a una solicitud de información pública, la PGR dio a conocer que en un total de 379 personas se acogieron a la figura de testigos protegidos entre 2006 y 2012.

El plan de trabajo que la PGR entregó al Senado plantea no sobredimensionar las acusaciones de testigos e imputados porque su dinámica será la investigación, el análisis sistemático y la inteligencia para determinar culpabilidades.
 Diputados federales pidieron preservar esta figura, evitando abusos y que se le considere elemento de prueba único o definitivo.
 De acuerdo con informes internos de la PGR, cada testigo protegido en la pasada administración recibió entre 50 mil y 150 mil pesos mensuales. Aunque no se maneja una cifra oficial, se calcula que el programa habría tenido un costo aproximado de 180 millones de pesos.
 Fuentes de la dependencia indicaron que, en algunos casos, se ofreció a los testigos el servicio de guardias personales o escoltas, así como el pago de rentas de vivienda y alimentos.
 Alistan reglas para uso de testigos protegidos
 Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, líderes del PRI y del PRD en el Senado, respectivamente, coinciden en la necesidad de hacer cambios a esta figura.
 El Senado y la Procuraduría General de la República (PGR) trabajan en la regulación del uso de los testigos protegidos, porque no quieren que los dichos de una persona se vuelvan a utilizar para lastimar a un inocente, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón.
 “Yo creo que en el sexenio de Felipe Calderón había un deterioro del ejercicio del poder que se reflejaba en todos los ámbitos de lo que significa la autoridad en materia judicial, en materia administrativa, en muchos ámbitos, procuración y administración de justicia, entonces el abuso de esas figuras fue generalizado”, añadió por su parte el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa.
 En entrevistas por separado, los dos líderes del Senado hablaron de la regulación del uso de los testigos protegidos, después de conocer que durante el sexenio de Felipe Calderón se utilizaron 379 testigos protegidos y en varios de los casos no se logró sustentar las acusaciones.
 Emilio Gamboa explicó que “estamos muy pendientes de lo que nos dice el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El PRI está trabajando con él muy cuidadosamente el tema de testigos protegidos y estamos viendo con los partidos hasta dónde podemos llegar”.
 Precisó que “estamos platicando con Jesús Murillo Karam, el procurador; está avanzando el grupo que pusimos a trabajar del PRI y de la Procuraduría, pero hay muchos interesados del PAN y del PRD que quieren ver y tocar este tema”.
 Añadió que desde su punto de vista, “los testigos protegidos no han funcionado como quisiéramos; la verdad de un señor contra la verdad de otro es compleja y difícil. Yo creo que lo que tiene que haber más es una investigación de fondo de la PGR, que tiene la autoridad, la facultad y los instrumentos para llevar a cabo una investigación y no está descartada.
 “Yo estoy abierto a que se toque y ver si sale algo que ayude a la ciudadanía. Yo me resisto a que salga un testigo protegido para lastimar a cualquier inocente me parece que eso no es válido ni en México ni en ningún lado del mundo”, destacó.
 Por su parte, Luis Miguel Barbosa expresó una opinión personal, como abogado, en el sentido de que ni el arraigo ni los testigos protegidos deben desaparecer, pero se tienen que modificar.
 “Lo que deformó la aparición de esas figuras del sistema penal mexicano son las personas que encargan de la administración y procuración de justicia. Cuando el ejercicio de un poder se deteriora, el deterioro es general.
 “Yo creo que en el sexenio de Felipe Calderón había un deterioro del ejercicio del poder que se reflejaba en todos los ámbitos de lo que significa la autoridad en materia judicial, en materia administrativa, en muchos ámbitos, procuración y administración de justicia, entonces el abuso de esas figuras fue generalizado”, expuso.
 También adelantó algo de la forma en que debe regularse la figura de los testigos protegidos.
 “Establecer el valor probatorio de la declaración de testigos protegidos, pero se debe de preservar en el sistema acusatorio; existen en todas partes del mundo; la profesionalización y el nivel de violencia de los criminales es enorme y por tanto la forma como puede acusarse. La limitaría sólo a delitos del crimen organizado, tanto a testigos protegidos como el arraigo”, añadió.
 Este diario publicó ayer que  la PGR registró a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores” de 2006 a 2012; es decir, en el sexenio de Felipe Calderón.
 La información fue proporcionada a un particular en respuesta a una solicitud de acceso a la información.
 La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), respondió al particular que durante el tiempo requerido se cuenta con el registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel de detalle como lo solicitó el particular.
 Por ello, éste se inconformó ante el Instituto Federal de Accesoa la Información y Protección de Datos (IFAI) debido a que no le dieron los nombres de narcotraficantes adscritos a ese programa.
 La autoridad proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a 2012, se registraron un total de 379 testigos colaboradores: 43 en 2006, 50 en 2007, 57 en 2008, 61 en 2009, 43 en 2010, 60 en 2011 y 65 en 2012.
La PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años por encontrarse inmersos en averiguaciones previas y para proteger la integridad de los adscritoa a ese programa.
 Privilegiarán la investigación y la inteligencia
 La nueva Procuraduría General de la República no sobredimensionará las acusaciones de testigos e imputados, porque su dinámica será la investigación, el análisis sistemático y la inteligencia para determinar culpabilidades.
 “Es indispensable asegurar que las investigaciones criminales sean el resultado de una cuidadosa y ordenada labor de recopilación y análisis de información. Hoy en día la mayor parte de las investigaciones dependen de las aportaciones que realizan testigos e imputados.
 “Con frecuencia las investigaciones operan en lógicas donde los datos que se obtienen únicamente sirven a la propia investigación. Este fenómeno hace que una gran cantidad de la información que se produce tenga un empleo muy limitado”, establece el Plan de Trabajo que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, entregó al Senado de la República
 Precisa que “el reto de la PGR es que los asuntos que se consignen sean producto de investigaciones de calidad en donde las conclusiones permitan conocer en forma completa todo lo relacionado con la comisión de un delito, y siempre en apego al debido proceso y el respeto a los derechos humanos”.
 Considera que uno de los retos de la PGR “consiste en crear las estructuras organizacionales y humanas con capacidades para recopilar y analizar la información y establecer vínculos permanentes entre las funciones de inteligencia y las labores de investigación, de tal forma que exista un proceso permanente de retroalimentación.”
 “La sistematización y análisis de la información y la inteligencia, el uso de recursos técnicos y científicos así como la acción coordinada a través de células especializadas son piezas centrales en esta estrategia”, destaca el Plan de Trabajo.
 El documento aclara que “el ejercicio de la función de procuración de justicia no puede realizarse desde una perspectiva eminentemente reactiva o bien diseñada desde la intuición o el dato anecdótico.
 “Por el contrario, la acción de la PGR debe estar orientada por políticas públicas debidamente diseñadas con base en diagnósticos y el uso de la mejor información disponible. Esta política deberá considerar también las estrategias de implementación y los mecanismos para evaluar los resultados.
 “Al mismo tiempo, la PGR debe tener capacidad de conducir su labor de tal forma que los recursos que invierte la sociedad en la función de procuración de justicia tenga los mejores resultados posibles”, adelanta.
 Está programado que esta misma semana Jesús Murillo Karam explique a los senadores algunas precisiones de este Plan de Trabajo, que fue entregado la penúltima semana de labores del Senado, pero se hizo público unos días después, porque la intención es que también algunos grupos de especialistas estén presentes en el diálogo inédito que se sostendrá entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de planeación de la procuración de justicia.
 “Los objetivos se fijaban por el corto plazo y atendían a prioridades institucionales, dejando de lado al ciudadano. La toma de decisiones se orientaba por la intuición y se carecía de una metodología básica de diseño de política pública”, precisa el documento que será discutido.
 Calculan gasto de 180 millones en seis años
 De acuerdo con informes internos de la Procuraduría General de la República (PGR), cada testigo protegido que colaboró con investigaciones en la pasada administración recibió entre 50 mil y 150 mil pesos mensuales.
 Fuentes de la dependencia indicaron que en algunos casos se les ofreció también el servicio de guardias personales o escoltas, el pago de rentas de vivienda y alimentos, en algunos casos para sus familias completas.
 Aunque no se maneja una cifra oficial, se calcula, según los reportes, que durante la pasada administración de la PGR, el programa de testigos protegidos o colaboradores tuvo un costo aproximado de 180 millones de pesos.
 Según los detalles, el reporte de las fuentes consultadas por Excélsior, establecen que en la pasada administración contó con la colaboración de aproximadamente 400 testigos protegidos.
 Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información pública, la PGR indicó que de 2006 a 2012 un total de 379 personas se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”.
 El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó el domingo pasado los detalles de la respuesta solicitada por un particular.
 Las fuentes consultadas indicaron que actualmente, el nuevo titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, ordenó suspender los pagos, y otras prestaciones, a estos colaboradores de la dependencia a su cargo.
 El objetivo es revisar los beneficios de ese programa y la figura del “testigo colaborador”, para definir en qué casos se podrán ofrecer los beneficios de esa figura.
 Los trabajos de revisión a este programa se aceleraron al abrir los expedientes de los casos que terminaron con la libertad del ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Noé Ramírez Mandujano, detenido como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, en 2008.
 El otro caso fue el del general Tomás Ángeles Dauahare, quien pasó 11 meses detenido, señalado como responsable de brindar protección a grupos dedicados al crimen organizado.
 En ambos caso, el testigo protegido que ofreció su testimonio, y que resultó falso, fue Roberto López Nájera, a quien se le asignó la clave Jennifer.
 Difieren sobre utilización de declarantes en juicios
 Diputados del PRI y el PAN sólo coinciden en que el Legislativo debe someter a escrutinio el manejo de testigos.
 Diputados de diversas fracciones representadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro difieren sobre la visión de que durante la administración pasada se registró un ejercicio abusivo e indiscriminado de testigos protegidos en diversos procesos penales, aunque coinciden en la necesidad de someter la figura jurídica bajo la lupa legislativa.
 El diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, rechaza tajante que el ex presidente Felipe Calderón haya utilizado de manera indiscriminada o unilateral la figura de testigo protegido en diversos procesos penales, sino que la responsabilidad fue compartida.
 “Bueno, yo no creo que podamos decir que el ex presidente Calderón abusó de esta figura, porque también fueron los jueces los que le autorizaban”, subrayó.
 Así se pronunció el diputado panista en entrevista telefónica, inquirido sobre la nota publicada por Excélsior respecto de la utilización de alrededor de 379 testigos colaboradores durante la administración del ex presidente Calderón.
 El legislador salió además en defensa de dicha figura jurídica al considerar que es adecuada en tanto que coadyuva a la integración de las averiguaciones y el proceso en general.
 “Los testigos protegidos proporcionan datos concretos que sirven para fincar responsabilidades concretas a las autoridades en los ilícitos y ayudan a profundizar las investigaciones, pero no se juzga tan sólo por lo narrado por un testigo protegido. Hay diferentes pruebas documentales y hay otros testigos”, agregó.
 Al hacer un somero análisis comparativo con lo que sucede en otros países, Anaya Llamas enfatizó que “la figura del testigo colaborador debe preservarse, evitando en todo caso que autoridades abusen de ella y en la inteligencia de que su testimonial no es en todo caso un elemento ni único ni definitivo, sino que existen otras pruebas como las documentales y los dichos de otros testigos”.
 Entrevistada por separado sobre este mismo tenor, la diputada priista Leticia Calderón Ramírez sostuvo la necesidad de acotar esta figura a fin de evitar su utilización indiscriminada y sesgada, como al parecer sucedió durante la pasada administración federal, pues de mantenerse vigente en los términos actuales podría resultar incluso contraproducente.
 “A la Cámara de Diputados corresponde actualizar el marco normativo para cerrar el paso al uso indiscriminado de la figura coloquialmente conocida como testigo protegido y establecer los candados necesarios a fin de evitar que personas que hayan cometido algún delito participen en procesos penales que inclusive pudieran afectar injustamente a terceros.”
 Al recordar diversos casos de relevancia nacional como el michoacanazo, que involucró a varios funcionarios públicos y que a la postre fueron liberados al no haberse podido acreditar su responsabilidad, la legisladora mexiquense insistió en que esta figura debe ser revisada con todo cuidado desde el legislativo e inclusive fortalecerse.
 A manera de ejemplo, señaló que el testimonio de estos personajes sólo pudiera admitirse y considerarse válido como elemento probatorio siempre y cuando existan otros indicios o evidencias que permitieran corroborar su dicho.
 Reflexionó Calderón Ramírez que la utilización del Programa de Testigos Protegidos debe además privilegiar como resultante la desarticulación de bandas delincuenciales del crimen organizado más que la sola afectación personal o individual, pues ello abre y sugiere la posibilidad de su manejo con tintes puramente políticos.
 Destacó además la percepción social de que integrantes de este programa son frecuente y prioritariamente utilizados como testigos de cargo y sólo por efectos colaterales, de descargo o en beneficio de las víctimas.
 No obstante, confió la legisladora en que el trabajo que viene desarrollando Jesús Murillo Karam al frente de la Procuraduría General de la República alienta la expectativa de que habrá de velar porque la actuación de esta instancia esté invariablemente apegada a la ley.





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