Editorial: ATAQUE A LA SOBERANÍA
Miembros
de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA fiscales del Departamento de
Justicia e integrantes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), se
reunieron en secreto con capos del narcotráfico en México, según un reporte que
publicó El Universal.
Documentos
judiciales en poder de ese diario indican que el gobierno estadounidense
autorizó las reuniones con integrantes del narcotráfico, especialmente del
Cártel de Sinaloa, con el afán de obtener información de sus rivales, lo cual
detonó la violencia en territorio mexicano entre 2000 y 2012, indicó el
periódico.
Tuvo DEA
puertas abiertas con FCH/reportaje de Doris Gómora |
El Universal, Lunes 06 de
enero de 2014
Elementos
de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y fiscales del Departamento de Justicia
se reunieron con capos del narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón
para obtener información de organizaciones rivales, de acuerdo con información
recabada por EL UNIVERSAL
En
territorio mexicano agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA,
por sus siglas en inglés) y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron
y negociaron, en secreto, con miembros de cárteles del narcotráfico para
obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la
violencia en todo el país, concluye una investigación de EL UNIVERSAL.
La DEA, el
Departamento de Justicia, así como otras agencias estadounidenses consultadas
por este medio sobre las reuniones de sus agentes con narcotraficantes,
declinaron hacer comentarios al respecto.
Durante
un año, este diario obtuvo documentos oficiales y judiciales de México y de
Estados Unidos, entrevistó a más de un centenar de funcionarios en activo o
retirados de ambos países; a detenidos, familiares de detenidos, especialistas,
aunque sólo se incluye aquí a los que aceptaron ser identificados.
Ninguna
autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión esos encuentros. Hasta ahora
tampoco se ha abierto en México alguna investigación sobre dichas reuniones en
territorio mexicano.
Documentos
judiciales, cuya copia tiene este medio, indican que el gobierno de Estados
Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con
miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener
información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de
cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante
el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Coincidiendo
con los dos sexenios panistas, fiscales de Estados Unidos como Steve Fraga, así
como agentes de la DEA como Manuel
Castañón, David Herrod y Carlos Mitchem, quien era asistente del director
regional, se reunieron con traficantes de droga en México.
David Gaddis, entonces
director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros
directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus agentes se reunieran con
miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo
acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando.
"En
gran parte porque estamos ahí [México] en operación para recabar datos de
inteligencia para apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido,
he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como
Zambada-Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi
oficina en San Diego. En San Diego puedo arrestar al fugitivo. En México no
puedo", afirmó el agente de la DEA Manuel Castañón en su declaración por
escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Al
respecto, Rusty Payne, vocero de la
agencia antidrogas de Estados Unidos señaló que "la DEA no hará comentario
sobre estos reportes en curso. El señor (David) Gaddis no trabaja ya para la
DEA".
En
Colombia la DEA así como otras agencias estadounidenses obtuvieron información
de organizaciones rivales en contra de Pablo Escobar, trabajando de manera
cercana con la policía colombiana, un trabajo que fue calificado como muy
importante y un gran éxito por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos
en Colombia.
"El
problema del narcotráfico sigue en Colombia, pero se logró la reducción del
tráfico de cocaína y otras drogas", agregó Frechette en entrevista con
éste medio.
La
DEA ha operado de la misma manera en Colombia desde los ´80s, en Cambodia, en
Thailandia, y desde hace más de 10 años también en Afganistán es el estándar
modus operandi de la agencia, explicó Edgardo
Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia.
"Claro que este
modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además
de representar más gasolina al fuego de la violencia, con violaciones al debido
proceso y a derechos humanos", destacó Buscaglia.
En
éste sentido, agregó que lo hecho y deshecho por la DEA viola la convención de
la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
"ya que exige que toda investigación transnacional de un Estado, dentro
del territorio soberano de otro Estado, siempre se sujete al marco jurídico
vigente en el territorio en donde la técnicas de investigación se implementen".
Al respecto, el
penalista Juan Velázquez destacó que los tratados internacionales celebrados
por México y otros países permiten que los agentes extranjeros estén, en México,
supeditados a los nuestros y simplemente como cooperantes recabando
información, entre otros, sin que puedan actuar independientemente.
"Ni
los acuerdos bilaterales de cooperación ni otras ´cosas´ están por encima de la
Constitución, que es la ley suprema. Si nuestras autoridades permiten lo
contrario actúan ilegalmente y son sujetas de responsabilidad, pero ¿cómo se
les exigiría si tales acuerdos y el actuar de todos es secreto y por eso nada
se sabe al respecto?", expresó.
La guerra
secreta
Al
inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto en el gobierno de Estados Unidos se
sucedían las críticas sobre el temor de que la nueva administración priista
pudiera negociar con los carteles del narcotráfico, entre otras razones, para
acabar con la violencia. Sin embargo, el gobierno estadounidense ya había
negociado con los carteles.
Entre
el año 2000 y el 2012, coincidiendo con los sexenios panistas, pero en especial
entre el 2006 y 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón el gobierno de
Estados Unidos estableció con el gobierno mexicano convenios de colaboración,
sin precedentes en la historia del país, para el combate al narcotráfico; y en
paralelo creó una guerra secreta en México a través de sus agentes que se
reunieron directamente con miembros de los carteles.
Las
reuniones de los agentes de la DEA, de los agentes de la Oficina de Inmigración
y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como de los fiscales del
Departamento de Justicia con narcotraficantes en México fueron autorizadas
desde Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales.
En
junio de 2009 un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de
Seguridad Interna de Estados Unidos permitió que agentes de la DEA como del ICE
tuvieran autoridad para investigar a sospechosos de narcotráfico en la frontera
como a nivel internacional, terminando con ello una disputa de años entre esas
agencias.
Sin
la presencia de alguna autoridad mexicana, como lo establecen los acuerdos
binacionales; sin informar al gobierno de México, los agentes de la DEA se
reunieron con los miembros de los cárteles, en territorio mexicano, para
obtener información de sus rivales y al mismo tiempo construyeron una red de
informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación,
sujetos a resultados, para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos
la cancelación de cargos en Estados Unidos.
En
algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos
proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de
México para que los policías o militares mexicanos realizarán detenciones. En
el sexenio de Calderón 12 de las importantes detenciones de narcotraficantes
fueron producto de la DEA, esto último de acuerdo con reportes de la agencia
antidrogas.
Uno
de los casos que comenzó a delatar las negociaciones entre agentes
estadounidenses y cárteles mexicanos se registró a finales de noviembre del
2006, finales del sexenio de Vicente Fox, cuando el cuerpo de un hombre fue
arrojado en el parque "El Chamizal" ubicado cerca del puente
internacional Córdoba-Las Américas que comunica Ciudad Juárez, Chihuahua con El
Paso, Texas.
En
la cara del hombre fueron pegadas, con cinta adhesiva, las tarjetas de
presentación de los agentes antinarcóticos del ICE Raúl Bencomo y Tod Johnson,
así como un dedo índice en la boca del difunto.
Los
dos agentes del ICE fueron señalados durante el proceso, en Estados Unidos, de
Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, ubicado como informante pagado del ICE así
como miembro del cártel Juárez, quien condujo a una residencia del
fraccionamiento Las Acequias en Ciudad Juárez donde se encontraron 12 cadáveres
en enero de 2004, la cual fue conocida como "la casa de la muerte",
reportó en su momento éste medio.
En
marzo de 2010, Jesús Manuel Fierro Méndez miembro del cártel de Sinaloa y ex
capitán de la policía de Ciudad Juárez, testificó en El Paso que fue
portavoz" del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en
reuniones personales con agentes del ICE.
"Había
dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces. Nosotros pasábamos toda
la información. Pero esta información la recibíamos, obviamente, de niveles más
altos", declaró Fierro Méndez, quien afirmó que fue "El Chapo"
quien le autorizó reunirse con el ICE e informar de las actividades de los
cárteles rivales.
La
Oficina de Inmigración y Aduanas abrió una investigación sobre manejo
inapropiado de fuentes por parte de agentes del ICE que se reunieron y
negociaron con miembros del cartel de Sinaloa para obtener información de
grupos rivales. No se hicieron públicos los nombres de los agentes.
Entre
2009 y 2011 agentes de la DEA en la oficina de Houston establecieron contactos
directos con miembros importantes del cártel del Golfo y de "Los
Zetas" para obtener información de organizaciones rivales, pero los
nombres de los agentes y de los informantes no se han hecho públicos tampoco.
"El
gobierno de Estados Unidos y sus varias agencias tienen una larga historia de
proporcionar beneficios, permisos, e inmunidad a criminales y sus
organizaciones para cometer crímenes, incluyendo asesinato, en pago por recibir
información en contra de otros criminales, y otras organizaciones",
destacó la defensa de Zambada Niebla en el documento 94.
Dicha
táctica, menciona, ha sido extensivamente usada por el Departamento de Justicia
y su varias agencias en "la guerra contra las drogas" sin preocupación
por la pérdida de vidas tanto en México como en Estados Unidos, y sin
preocuparse por el continuo tráfico de drogas a territorio estadounidense o que
se termine su consumo.
"Esta
estrategia, la cual ellos llaman ´Divide y conquista´ usando una organización
del narcotráfico en contra de otras, es exactamente lo que el Departamento de
Justicia y sus varias agencias han implementado en México", indicó la
defensa de Zambada-Niebla.
En
opinión Edgardo Buscaglia la estrategia de inteligencia de un país donde sus
tácticas apunten a usar a un grupo criminal para eliminar a otro, no es
inapropiado en la medida en que esa estrategia se implemente desde un Estado
que posea controles judiciales, patrimoniales y de corrupción política
medianamente efectivos.
"Pero
si Estados Unidos intenta aplicar ésta estrategia en un país como México, en
donde los tres tipos de controles antes dichos brillan por sus vacíos de
Estado, entonces lo que resultará será que el grupo criminal ´usado´ para
eliminar a otros se transformará de facto en la principal concentración de
fuerza de poder. Me temo que sea el caso de la organización criminal de
Sinaloa", resaltó.
El
caso que ha establecido a detalle las tácticas de los agentes de la DEA para
reunirse en México y negociar con miembros de los carteles del narcotráfico es
el proceso judicial que se le sigue en una corte en Chicago, Illinois a Vicente
Zambada Niebla, hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los líderes
del cartel de Sinaloa.
Las
declaraciones y documentos que se han exhibido desde el 2009 en el proceso
contra Zambada Niebla han generado la presión de autoridades de Estados Unidos
sobre su principal informante, la solicitud de la información sobre las
reuniones de los agentes de la DEA con narcotraficantes en México, sobre los
acuerdos a los que han llegado, la profundización de parte del Congreso de
Estados Unidos sobre la operación de "Rápido y Furioso" y la negativa
del gobierno estadounidense a dar conocer los detalles de los operativos en
México.
Lo
que ha quedado claro es que las reuniones de los agentes de la DEA con miembros
de alto nivel del cartel de Sinaloa se realizaron en más de 50 ocasiones en
territorio mexicano, de acuerdo con documentos de la Corte en donde se incluyen
declaraciones de los propios agentes y funcionarios estadounidenses.
Acuerdos
secretos
El
18 de marzo de 2009 en una habitación del Hotel Sheraton, a las 12:05 de la
noche, los agentes de la DEA Manuel
Castañón y David Herrod se reunieron por 30 minutos con Vicente Zambada
Niebla y el abogado Humberto
Loya-Castro, estos últimos ubicados en Estados Unidos y en México como miembros
del cartel de Sinaloa.
La
reunión que fue planeada con tres meses de anticipación y desautorizada de
último minuto por David Gaddis,
director regional de la DEA con sede en la embajada de Estados Unidos en
México, debido a una filtración a un periódico, finalmente no pudo ser evitada
por los agentes antidrogas cuando Vicente Zambada arribó con Loya Castro. Cinco
horas más tarde Zambada Niebla fue detenido por el Ejército mexicano.
Pero
la historia comenzó años antes cuando en 1995 el gobierno de Estados Unidos
abrió un proceso en el Distrito Sur de California en contra de Joaquín "El
Chapo" Guzmán Loera y el abogado del "cartel de Sinaloa"
Humberto Loya Castro.
Hacia
finales de los ´90s en un esfuerzo por resolver los cargos en su contra el
abogado Loya Castro se reunió en Monterrey, Nuevo León con agentes
estadounidenses, de acuerdo con documentos de la defensa y de la fiscalía en el
proceso contra Vicente Zambada.
"El
Chapo dio su aprobación y el señor Loya-Castro comenzó a entregar información
que recibía de El Chapo a los agentes", indicó en su declaración del 24 de
Octubre de 2011 el abogado Fernando A. Gaxiola, quien fungió como interprete
legal para la defensa de Vicente Zambada-Niebla.
Loya-Castro
se negó a dar información del cártel de Sinaloa, pero continuó proporcionando
información de los carteles rivales, y a mediados de la década del 2000 él se
reunió con agentes de la DEA con quienes discutió los cargos en su contra.
"Los
agentes también le dijeron al señor Loya-Castro que fuera cuidadoso cuando
hablaba por teléfono con El Chapo porque ellos podrían ser escuchados por
autoridades mexicanas, y aún más no debería ser explícito sobre la información
que le daba al El Chapo por teléfono", reveló Gaxiola.
Pero
el primer acercamiento que se tornó en un acuerdo de colaboración por escrito
entre Loya-Castro y la DEA se registró hasta mediados del año 2005 a través del
agente de la DEA Manuel Castañón, y quien posteriormente ubicaría a Loya-Castro
en diversos documentos como "fuente cooperante" o CS, por sus siglas
en inglés.
"En
2005, cuando comencé a trabajar en Hermosillo, una de mis primeras tareas que
me asignó mi supervisor fue firmar con una fuente de información quien tenía
entendido había proporcionado información intermitentemente a la DEA e ICE por
varios años", detalló el agente Castañón en su declaración por escrito con
fecha 2 de diciembre del 2011, y entregada a la corte de Chicago en el caso
Zambada-Niebla.
El
3 de Junio de 2005 Loya-Castro firmó un "Acuerdo Confidencial de
Cooperación" con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de
la DEA teniendo como firmantes a los agentes Manuel Castañón, David Herrod y
Greg Garza.
En
el documento 109 que presentó la fiscalía estadounidense con fecha 9 de
septiembre de 2011 se indica que Loya-Castro firmó múltiples acuerdos
confidenciales de cooperación con la DEA entre el año de 2005 y el año de 2011.
Los
acuerdos confidenciales de cooperación, cuya copia tiene este medio, señalan
que Loya-Castro se comprometía incondicionalmente a ofrecer información, actuar
con supervisión del gobierno estadounidense, realizar actividades ilícitas
específicamente autorizadas por su investigador controlador y todo sin esperar
nada a cambio.
"Loya
continuó sus actividades con el cártel de Sinaloa, con el conocimiento del
gobierno de Estados Unidos, sin ser arrestado o procesado", destacó la
defensa de Zambada Niebla en el documento no 94, de 16 hojas, con fecha 29 de
julio de 2011 en el proceso que se le sigue al hijo de Ismael Zambada con el
número de caso 09-CR-00383.
El
señor Loya-Castro "declaró que proporcionó a los agentes significativa
información que él retransmitió de El Chapo, El Mayo y el señor Zambada-Niebla,
la cual resultó en numeroso arrestos de principales figuras de organizaciones
del narcotráfico rivales", explicó Gaxiola.
De
acuerdo con el abogado Gaxiola, Zambada-Niebla le proporcionó información a
Loya-Castro sobre uno de los principales narcotraficantes de un cartel rival,
para que se la entregara a los agentes de la DEA y eso ayudara a la aprehensión
de esa persona.
"El
señor Loya-Castro declaró que bajo ese acuerdo con el gobierno los cargos en su
contra fueron desechados en 2008", señaló el abogado Gaxiola quien fue
interprete durante una reunión de los abogados estadounidenses de Zambada con
Loya en el hotel "Four Seasons" de la ciudad de México el 9 de marzo
y el 14 de julio de 2010.
Al
respecto el agente de la DEA Manuel Castañón confirmó que en el 2008 sus
supervisores de la DEA recomendaron al fiscal de Estados Unidos que la
acusación en contra de Loya-Castro fuera.
"Estuve
a favor de desechar los cargos por la extraordinaria cooperación que la CS
(Loya-Castro) había proporcionado por muchos años y porque la CS no era un
narcotraficante operacional (en oposición a alguien como Zambada-Niebla, a
quien veo de manera diferente)", afirmó el agente Castañón.
Además,
mencionó, que él sabía que la decisión final de recomendar el desechar la
acusación era de su jefe David Gaddis, y la decisión de actuar para desechar
los cargos era de la oficina de la fiscalía de Estados Unidos.
"Después
de desechar la acusación la CS continuó proporcionándome información a mí. Yo
continué trabajando con él/ella", indicó el agente Castañón quien en sus
declaraciones trataba de evitar dar detalles que ubicarán a Loya-Castro como
hombre.
En
tanto Loya Castro informó al cartel de Sinaloa que él seguía en contacto con
Manuel Castañón y la DEA regularmente, así como les seguía proporcionando
información acerca de grupos rivales.
"El
declaró que él se reunió con agentes de Estados Unidos por lo menos en 50
ocasiones, que hizo cientos de llamadas telefónicas, y numerosos correos
electrónicos con agentes", mencionó el abogado Gaxiola.
Posteriormente
al acuerdo, Loya-Castro arregló que Vicente Zambada-Niebla se reuniera hacia
marzo del 2009 con agentes de Estados Unidos para que él directamente
proporcionara información a la DEA y lograra un acuerdo de cooperación con el
gobierno estadounidense como el que Loya-Castro tuvo y con el que logró
desechar los cargos contra él.
DEA-Zambada
En
enero del 2009, Loya-Castro se reunió con agentes de la DEA para abordar la
posibilidad de presentarles a Vicente Zambada-Niebla quien estaba interesado en
cooperar con el gobierno de Estados Unidos, señala el documento 109 de la
Fiscalía estadounidense.
La
reunión con Zambada-Niebla tuvo su origen en un contacto que realizó el agente
de la DEA Manuel Castañón con Loya-Castro el 30 de Enero de 2009 en la ciudad
de México, de acuerdo con la declaración del propio agente Castañón.
"Durante
la reunión con CS (Loya-Castro), creo también estaban presentes el agente
Herrod y Carlos Mitchem asistente del director regional, la CS me dijo que
él/ella había sido instruido por Joaquín Guzmán Loera de reunirse con
Zambada-Niebla. A la CS le dijo Guzmán Loera que Ismael Zambada-García estaba
interesado que su hijo, Zambada-Niebla, cooperara con la DEA", explicó
Castañón.
En
aquel tiempo el agente Castañón se enteró que Zambada-Niebla había sido acusado
en la Corte de Distrito de Columbia, por lo que le dijo a Loya-Castro que vería
la posibilidad de una reunión con Zambada, pero que no le podía hacer promesas
de que valiera la pena la cooperación.
Además,
el agente de la DEA Castañón señaló que sabía que el asistente del procurador
de Estados Unidos, y el agente Steve Fraga de la Corte de Distrito de Columbia
le pedían no hacer promesas a Zambada-Niebla, pero si escuchar lo que quisiera
decir.
"A
partir de entonces contacté a mi jefe, al agente residente a cargo en la
oficina de Tijuana. El agente Herrod también contactó a su supervisor.
Finalmente, la dirección de la DEA autorizó una reunión inicial entre los
agentes, la CS (Loya-Castro) y Zambada Niebla para determinar la información
que pudiera proporcionar", refirió el agente Castañón.
Basado
en sus conversaciones con el agente Fraga y la Dirección de la DEA, el agente
Castañón dijo que la reunión inicial con Vicente Zamba-Niebla sería estándar, y
buscaría explorar una cooperación potencial.
"Es
común que en un encuentro inicial con potenciales acusados cooperantes,
nosotros intentemos obtener la admisión de la mayoría de sus conductas
criminales posibles, explorar que tipos de información podría proporcionar
acerca de la conducta criminal de otros, no hacer ninguna promesa a él, y
hablar lo menos posible, así como escuchar lo más posible", precisó el
agente Castañón.
El
10 de marzo del 2009, Castañón habló con Loya-Castro "discutimos varios
lugares para la reunión, pero insistí que cualquier reunión debería realizarse
en la ciudad de México". Loya confirmó que Zambada-Niebla estaba de
acuerdo, y el 15 de marzo se estableció que la reunión se efectuaría el 18 de
marzo.
"Agentes
de la DEA en México buscaron y obtuvieron permiso de los agentes de la DEA y
fiscales en Washington, DC para conducir una reunión preliminar introductoria
con el defendido (Zambada-Niebla) con el propósito de determinar su interés en
cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y su viabilidad. Los agentes
arreglaron reunirse con Loya-Castro y Zambada-Niebla en la ciudad de México el
18 de marzo de 2009", detalló la Fiscalía.
La
tarde del 17 de marzo de 2009 los agentes de la DEA Manuel Castañón y David
Herrod volaron a la ciudad de México y se reunieron con los agentes de la DEA
de Washington D.C, y de la embajada de Estados Unidos en México para hacer los
arreglos para reunirse con Loya-Castro y Vicente Zambada-Niebla, agregó.
"El
17 de marzo de 2009, aproximadamente a las 3:30 p.m., llegué a la ciudad de
México con el agente Herrod. Después nos reunimos con el agente Fraga (quien
creo estaba con otro agente) y agentes de la DEA operando fuera de la ciudad de
México", refirió el agente Castañón.
Durante
la reunión, recordó, "uno de los supervisores en la ciudad de México nos
preguntó si habíamos visto un artículo recientemente publicado en el periódico
mexicano ´El Porvenir´ acerca de agentes de la DEA de Estados Unidos viajando a
México para reunirse con altos miembros de narcotraficantes. Yo les advertí que
no lo había visto".
Al
respecto, la Fiscalía declaró que una vez en la Embajada de Estados Unidos en
México, David Gaddis, director de la región Norte y de Centroamérica de la DEA
se reunió con los agentes Castañón y Herrod a quienes expresó su preocupación
de que agentes estadounidenses se reunieran con un alto miembro del cartel de
Sinaloa como Zambada-Niebla, y les ordenó no reunirse hasta no tener
autorización.
En
su declaración Loya-Castro le informó a la defensa de Zambada que Manuel
Castañón lo llamó el día acordado para informarle que la reunión se cancelaba
"porque un artículo publicado en un periódico indicaba una posible
filtración relacionada con la reunión".
El
artículo al que se refería Gaddis era una nota del viernes 13 de marzo de 2009
del diario "El Porvenir", donde se informaba que un grupo especial de
la DEA había sido enviado a territorio mexicano para buscar acercamientos con
capos de la droga de distintos cárteles para negociar su entrega voluntaria a
autoridades estadounidenses.
La
nota citaba "fuentes militares y gubernamentales de alto nivel" que
participaron una semana antes en una reunión en la ciudad de México con el
almirante Mike Mullen, entonces Jefe del Estado Mayor conjunto estadounidense y
funcionarios mexicanos.
La nota iba más
allá al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón había autorizado que 62
agentes antinarcóticos de Estados Unidos operaran en México sin vigilancia de
autoridades mexicanas y sin necesidad de reportar sus actividades al
gobierno mexicano, además de que la información sobre los carteles con los que
se reunían era considerada reservada y que el gobierno estadounidense la
consideraba de seguridad nacional.
Mientras
que el agente Castañón insistió en cancelar la reunión, Loya-Castro pidió
abordar el tema de manera personal y se trasladó al "Hotel Sheraton"
para explicarle que Zambada-Niebla se había puesto en riesgo al viajar a la
ciudad de México.
La reunión del
Sheraton
A
las 11 de la noche del 17 marzo de 2009, el agente Castañón y el agente Herrod
esperaron en el lobby del "Hotel Sheraton", en la ciudad de México, a
Loya-Castro y lo condujeron a la habitación que estaban ocupando donde le
mostraron el artículo periodístico publicado, reiterándole que no podían
reunirse con Zambada-Niebla porque no tenían autorización.
Loya-Castro
se puso nervioso y pidió que la reunión se efectuara porque él era
personalmente responsable de Zambada-Niebla, así como se había comprometido a
ello con Ismael Zambada-García, según declaración del agente Castañón.
Tras
ello, indicó el agente, Loya-Castro les dijo a Castañón y Herrod que tendría
que informar del cambio de planes a Zambada-Niebla, y dejó la habitación a las
12:15 de la noche del 18 de marzo prometiendo regresar en 20 minutos.
"A
las 12:30 aproximadamente, el agente Herrod regresó a la habitación. Iba
acompañado por CS (Loya-Castro) y Zambada-Niebla. El agente Herrod dijo que en
lugar de entrar en una discusión en el lobby (y debido a que el agente Herrod
no habla español), el agente Herrod fue hacia el elevador seguido de CS y
Zambada-Niebla", declaró Castañón.
Dentro
de la habitación del "Hotel Sheraton" tanto el agente Herrod como el
agente Castañón catearon a Loya-Castro y a Zambada-Niebla buscando armas y les
quitaron los teléfonos celulares, de acuerdo con la declaración del agente
Castañón.
"El
17 de marzo de 2009, me reuní aproximadamente 30 minutos en una habitación de
un hotel en la ciudad de México con Vicente Zambada-Niebla, y otras dos
personas-el agente de la DEA David Herrod y una fuente cooperativa (CS) con
quien he trabajado desde 2005. En la reunión del 17 de marzo de 2009 hable a
nombre de la DEA. El agente Herrod no habla español", detalló el agente
Castañón.
De
entrada, el agente antidrogas les informó a Loya-Castro y Zambada-Niebla que no
podía reunirse con ellos hasta que tuvieran la aprobación de la Dirección de la
DEA, y les mostró el artículo periodístico.
"Zambada-Niebla
me dijo que había manejado desde Guadalajara y que nadie sabía de la reunión
más que su padre, la CS (Loya-Castro) y Guzmán Loera", y que deseaba decir
personalmente que hablaba en serio sobre la cooperación, así como deseaba hacer
lo que fuera para alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos",
mencionó Castañón.
Los
siguientes minutos hablaron sobre la acusación de Zambada-Niebla en
Washington-DC, del proceso legal que implica ser una fuente cooperativa en
Estados Unidos, de un futuro encuentro en otro país o Estados Unidos, y que el
agente Castañón no podía hacer alguna promesa o garantía, explicó el agente en
su declaración ante la corte.
"Hacia
el final de los aproximadamente 30 minutos regresamos al hecho de que se
suponía de que no debería haberme reunido con él y eso podría provocarme
problemas. Estaba preocupado sobre las repercusiones con la DEA porque se
supone que no debería estar reunido con Zambada-Niebla. Le dije que yo
contactaría a la CS (Loya-Castro) si queríamos una reunión. Después les dije a
Zambada-Niebla y a la CS que deberían irse y la reunión terminó", agregó
el agente Castañón.
Horas
después de esa reunión el agente antidrogas se enteró de la detención de
Vicente Zambada-Niebla por parte de elementos del ejército mexicano en la
colonia Jardines del Pedregal en la ciudad de México.
"Al
día siguiente otros tres agentes de la DEA y yo nos reunimos con Zambada-Niebla
en la prisión donde fue recluido. El reiteró su deseo de cooperar. Él dijo que
no quería estar en México. Esa fue la última vez que hablé con él", relató
el agente Castañón.
Para
el agente era claro que con la autorización para reunirse con Zambada-Niebla en
marzo del 2009, y aún antes de cancelarse la cita "fuimos encomendados
para tener una reunión inicial con él, de escucharlo, y no prometerle
nada".
"La
única cosa que autoricé relacionada a Zambada-Niebla fue que en el caso del agente
Steve Fraga fuera a México en marzo del 2009 en un intento para entrevistar a
Zambada-Niebla y obtener admisiones de él", afirmó Patrick H. Hearn,
entonces fiscal del Departamento de Justicia, división criminal de la sección
de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS, por sus siglas en inglés).
El
fiscal Hearn dijo en su declaración a la corte de Chicago que él ubicaba a
Zambada-Niebla como "un significativo narcotraficante y un importante
miembro del cartel de Sinaloa".
La
autorización de la reunión se dio en parte porque el agente Fraga le dijo al
fiscal Hearn que Loya-Castro "había proporcionado información que permitió
el aseguramiento de 23 toneladas de cocaína, así como otros aseguramientos
relacionados con la organización de narcotráfico de Vicente Carrillo-Fuentes, e
información relacionada con la organización de Arturo Beltrán Leyva".
Las
amenazas
Tras
la detención de Zambada-Niebla, los abogados estadounidenses de éste comenzaron
a solicitar, entre otros, documentos sobre Loya-Castro y su relación con la DEA
así como con otras agencias y el rol que éste tenía a nombre del cartel de
Sinaloa.
Los
abogados estadounidenses fueron advertidos por el agente de la DEA Manuel
Castañón, vía Loya-Castro, que si seguían adelante "muchas personas serían
expuestas y podrían causarle daño a Loya-Castro, a su familia, a Mayo, al Chapo
e incluso los abogados estadounidenses estarían en riesgo", de acuerdo con
la declaración del abogado Gaxiola.
Adicionalmente
les informaron que si Castañón "y su relación con el Cartel de Sinaloa, y
con el gobierno de Estados Unidos era expuesta, y si las actividades del señor
Loya-Castro de proporcionar información sobre otros carteles rivales era
expuesta no solo sería malo para él, sino para el gobierno estadounidense ya
que ellos no quieren que nadie sepa de su relación con los líderes del cartel
de Sinaloa", mencionó Gaxiola.
El
uso de miembros de organizaciones criminales contra otras por parte de
autoridades estadounidenses se realiza más de lo que se debería, explicó Robert
Mazur, agente retirado de la DEA, quien participó como encubierto en una
operación financiera en contra del cartel de Medellín.
"Debemos
de ser muy cuidadosos cuando usamos gente de muy alto nivel en contra de otras
organizaciones criminales", señaló Mazur quien refirió el caso de Whitey
Bulger, jefe de la mafia en Boston que manipuló a agentes federales
estadounidenses a quienes proporcionó información de organizaciones rivales de
la mafia italiana.
Al
inicio del actual gobierno, el número de agentes de la DEA disminuyó en México,
al igual que los policías mexicanos asignados a las "Unidades Sensitivas
de Investigación" (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en territorio
mexicano y son dirigidas por los agentes antidrogas. Sin embargo, se ignora si la
DEA mantiene los contactos con los cárteles de la droga en busca de información
sensible.
Editorial:
ATAQUE A LA SOBERANÍA
Una investigación de este diario, que llevó todo un año verificar, revela que miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de justicia del mismo país se reunieron y negociaron en secreto con miembros de cárteles del narcotráfico en penales mexicanos, lo que detonó la violencia entre bandas criminales. Ambas oficinas estadounidenses declinaron opinar al respecto, mientras que abogados penalistas confirmaron que dicha práctica es absolutamente ilegal.
En el sexenio anterior la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico alcanzó niveles importantes. La amenaza que los criminales representan a ambos lados de la frontera hace necesarios los acercamientos y el intercambio de información. Se entiende que al ser un problema transnacional, su tratamiento sea igualmente compartido por todos los países de la cadena de mercado de los estupefacientes, desde el lugar de la producción hasta el de consumo.
Sin embargo, revelaciones como ésta suponen que la cooperación fue más allá de lo que permite la ley y los principios básicos de soberanía nacional. Quizá en un afán de atacar con toda dureza a los delincuentes se permitió este tipo de prácticas, vulnerando así el principio de libre autodeterminación de las naciones en sus propios asuntos.
No se trata de abanderar un nacionalismo trasnochado, sino de poner en su lugar principios de respeto entre naciones modernas, de acuerdo con las mejores prácticas del derecho internacional, que contempla el marco legal mundial para este tipo de acciones conjuntas.
¿Se detuvo a importantes narcotraficantes o se erradicó a niveles importantes el problema? Los hechos refieren que no; por el contrario, la violencia arreció como producto de este tipo de negociaciones.
Los responsables de la seguridad nacional y la lucha contra la criminalidad de aquel entonces tienen mucho que aclarar al respecto. ¿Se permitió a la DEA o al Departamento de Justicia operar en México?, ¿cuál era el marco jurídico para tales acciones? ¿Se permitió que además de negociar con narcos en las cárceles, los agentes extranjeros operarán libremente en el país, incluso armados?
Todo indica que al comenzar la actual administración federal la política al respecto se modificó para hacerla compatible con el derecho internacional, lo que le habría granjeado al nuevo gobierno no pocas críticas provenientes de EU. Como sea, es necesario que de deslinden responsabilidades y, de existir, hasta culpas, porque con la soberanía nacional no se juega, así sea con la mejor de las intenciones.
ATAQUE A LA SOBERANÍA
Una investigación de este diario, que llevó todo un año verificar, revela que miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y fiscales de justicia del mismo país se reunieron y negociaron en secreto con miembros de cárteles del narcotráfico en penales mexicanos, lo que detonó la violencia entre bandas criminales. Ambas oficinas estadounidenses declinaron opinar al respecto, mientras que abogados penalistas confirmaron que dicha práctica es absolutamente ilegal.
En el sexenio anterior la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico alcanzó niveles importantes. La amenaza que los criminales representan a ambos lados de la frontera hace necesarios los acercamientos y el intercambio de información. Se entiende que al ser un problema transnacional, su tratamiento sea igualmente compartido por todos los países de la cadena de mercado de los estupefacientes, desde el lugar de la producción hasta el de consumo.
Sin embargo, revelaciones como ésta suponen que la cooperación fue más allá de lo que permite la ley y los principios básicos de soberanía nacional. Quizá en un afán de atacar con toda dureza a los delincuentes se permitió este tipo de prácticas, vulnerando así el principio de libre autodeterminación de las naciones en sus propios asuntos.
No se trata de abanderar un nacionalismo trasnochado, sino de poner en su lugar principios de respeto entre naciones modernas, de acuerdo con las mejores prácticas del derecho internacional, que contempla el marco legal mundial para este tipo de acciones conjuntas.
¿Se detuvo a importantes narcotraficantes o se erradicó a niveles importantes el problema? Los hechos refieren que no; por el contrario, la violencia arreció como producto de este tipo de negociaciones.
Los responsables de la seguridad nacional y la lucha contra la criminalidad de aquel entonces tienen mucho que aclarar al respecto. ¿Se permitió a la DEA o al Departamento de Justicia operar en México?, ¿cuál era el marco jurídico para tales acciones? ¿Se permitió que además de negociar con narcos en las cárceles, los agentes extranjeros operarán libremente en el país, incluso armados?
Todo indica que al comenzar la actual administración federal la política al respecto se modificó para hacerla compatible con el derecho internacional, lo que le habría granjeado al nuevo gobierno no pocas críticas provenientes de EU. Como sea, es necesario que de deslinden responsabilidades y, de existir, hasta culpas, porque con la soberanía nacional no se juega, así sea con la mejor de las intenciones.
Documentos.
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