En Durango, gobernador y exgobernador en pugna con aroma a narco

En Durango, gobernador y exgobernador en pugna con aroma a narco

 Revista Proceso # 1952, 29 de marzo de 2014

En la lucha por cuotas de poder que enfrenta al gobernador duranguense, Jorge Herrera Caldera, con su antecesor Ismael Hernández Deras, el primero abrió una puerta que ya no se pudo cerrar: dio pie a la creación de una comisión para investigar presuntos desfalcos del exmandatario. Y aunque luego el dirigente nacional priista calmó las aguas, militantes de Movimiento Ciudadano aprovecharon la coyuntura para hacer una denuncia formal ante la PGR. A decir de los demandantes, la lista de asuntos por investigar es amplia: va del enriquecimiento ilícito a los nexos con El Chapo Guzmán.

Por “enriquecimiento ilegítimo e inexplicable” y por su “posible vinculación con la delincuencia organizada”, militantes duranguenses del Movimiento Ciudadano interpusieron el martes 25 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango y actual senador del PRI.

En las pesquisas que se sigan por esta denuncia puede resultar implicado el también priista Jorge Herrera Caldera, actual gobernador de Durango y secretario de Finanzas durante el gobierno de Hernández Deras.

Actualmente hay una lucha por cuotas de poder entre el exgobernador y el gobernador, la cual hizo que el grupo del PRI, encabezado por el mandatario, creara una comisión legislativa para investigar a su antecesor. César Camacho Quiroz, dirigente nacional del tricolor, intervino para desbaratar la comisión y para que hicieran las paces los dos políticos enfrentados.

José Ramón Enríquez y Efraín Rincón Lira, de Movimiento Ciudadano y quienes interpusieron la denuncia penal, aseguran: “La actual pugna entre Ismael Hernández y Jorge Herrera Caldera es intrascendente para nosotros, pues finalmente ambos tienen el mismo ADN priista y la misma red de complicidades. Son la misma cosa. Durante su gobierno Ismael puso a Herrera como su secretario de Finanzas para que le permitiera muchas ilegalidades. Después lo hizo su sucesor para que le cuidara la cola salpicada y sucia. De modo que el gobernador Herrera Caldera también puede verse implicado por nuestra denuncia”.

 –¿Por qué denuncian a Hernández Deras a cuatro años de haber dejado la ­gubernatura?

 –Desde que aún estaba en el gobierno hemos pedido que lo investiguen. Y hará unos tres años, se presentó una primera denuncia contra Ismael en la delegación de la PGR de Gómez Palacio. Esa denuncia la interpuso el licenciado Cándido Adame Aguirre. Pero no se atendió. Hoy volvemos a insistir. Ojalá y el actual procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, haga realmente una investigación.

 “Detrás de nosotros hay un grupo de ciudadanos duranguenses que nos impulsa y quiere ponerle un ‘ya basta’ a la impunidad de Hernández Deras. Incluso pondremos un número telefónico abierto a la ciudadanía para que ésta nos proporcione más información a fin de ampliar la denuncia al ser ratificada. También exigiremos que Hernández Deras pida licencia como senador para que enfrente la investigación.”

 –¿Tendrán que investigarse sus presuntos nexos con El Chapo Guzmán, de los que tanto se habla?

 –Por supuesto. Incluso no sabemos si Hernández Deras también encabeza a un grupo de delincuentes. Esto y su presunta relación con El Chapo Guzmán tendrá que aclararlo el Ministerio Público. Lo único que sabemos hasta el momento es que su gobierno dejó más de 3 mil muertes violentas, pero ningún detenido.

“Vínculos con el narco”

Dirigida a Murillo Karam, la denuncia pide que el exgobernador sea investigado principalmente por dos presuntos delitos: “Enriquecimiento ilegítimo e inexplicable” y “posible vinculación con la delincuencia organizada”.

La denuncia aborda el primer punto en un apartado que titula “bienes muebles e inmuebles que pueden ser producto de actividades ilícitas”. Ahí enlista algunas propiedades adquiridas por Hernández Deras cuyo valor “no corresponde a los ingresos obtenidos como gobernador del estado”.

Menciona, por ejemplo, a la Isla de la Piedra, adquirida a través de un “prestanombres” y situada frente al puerto de Mazatlán (ciudad donde fue recapturado El Chapo). En esa isla hay un “megaproyecto turístico que de entrada tendría una inversión de por lo menos 6 mil millones de pesos”.

Otra de sus adquisiciones fue el rancho Atotonilco, en Cuencamé, “uno de los cuatro más grandes del estado” con una superficie de 40 mil hectáreas. Posee otro rancho “con pista privada de aterrizaje” en el municipio del Mezquital. En Manzanillo, Colima, compró un terreno de mil 500 hectáreas. Y en el extranjero “al parecer tiene una ostentosa residencia” en Vancouver, Canadá, donde fue a residir un tiempo luego de dejar la gubernatura.

 La denuncia menciona que Hernández Deras constituyó además “compañías constructoras”, como Inmobiliaria Korean, para “el desarrollo de varios fraccionamientos en la ciudad de Durango, con prestanombres con fuertes inversiones que de ninguna manera corresponden al peculio de tales personas”.

 Abunda sobre otras propiedades: “El caso del inmueble que ocupa la Procuraduría General de la República, delegación Durango, que se dice compró en 4 millones de pesos y lo vendió en 22 millones de pesos, además de la compra y constitución de los fraccionamientos Loma Dorada Diamante, Brisas Diamante, Haciendas del Campestre, Parque Industrial Korean, Gardenias Privadas Residenciales (dentro del fraccionamiento Colinas del Saltito) y Ciudad San Isidro”.

Larga lista

Tras mencionar estas propiedades, la denuncia aborda los posibles vínculos de Hernández Deras con el crimen organizado durante el tiempo en que fue gobernador (2004-2010).

Su sexenio se caracterizó, dice el documento, por “el crecimiento inesperado y sorpresivo de la violencia en Durango: crímenes dolosos, secuestros, desaparecidos (…) 351 cuerpos enterrados clandestinamente en plena ciudad sin que nadie supiera nada”.

Alude a las muchísimas personas ­desaparecidas durante su gobierno y sobre las cuales hasta la fecha no se ha sabido nada, pues ni siquiera aparecieron sus cadáveres en las fosas clandestinas descubiertas en 2011.

También menciona el caso de los vehículos del DIF-Durango utilizados para traer contrabando de Estados Unidos y en el cual estuvieron implicados su hermano Ricardo Hernández Deras y personal de esa institución.

Refiere también el asesinato de quien fuera su procurador de Justicia, Ramiro Ortiz Aguirre, a quien horas antes del homicidio le retiraron la escolta.

Está además la detención de su subprocurador de Justicia, Armando Reséndiz Martínez, por participar en el asesinato de cuatro personas y por sus vínculos con El Grande, miembro del Cártel de Sinaloa. Reséndiz actualmente está procesado.

La denuncia alude a los comandos de delincuentes recluidos en el cereso de Gómez Palacio, quienes formaban parte del Cártel de Sinaloa y salían del penal por las noches a realizar ajustes de cuentas y cometer matanzas, como las del bar Ferries, Juanas Vip’s y Quinta Italia.

 Y por último menciona a los hombres armados que robaron urnas y mataron a candidatos opositores durante las violentas elecciones de julio de 2010 que llevaron a Herrera Caldera a la gubernatura.

 Ante esto la denuncia concluye: “La conducta del acusado podría encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito obtenido de la delincuencia organizada”.

 Y la firman tres militantes de Movimiento Ciudadano en Durango: José Ramón Enríquez Herrera, actual coordinador estatal de esa organización política y quien durante 16 meses fue secretario de Salud de Hernández Deras; Efraín Rincón Lira, miembro de la comisión operativa y expresidente del PRD estatal, y Agustín Gerardo Gutiérrez Simental, responsable de los ­círculos ciudadanos.

 En entrevista los tres señalan que aprovecharon el reciente enfrentamiento entre Hernández Deras y Herrera Caldera para interponer la denuncia, pues esta pugna interna hizo que el grupo priista del actual gobernador llegara al extremo de crear una comisión en el congreso local para investigar al exmandatario.

 Movimiento Ciudadano se integró a la comisión –con el hermano del dirigente estatal de este partido, el legislador Jesús Enríquez– que, aunque luego se desbarató, sirvió de plataforma para su denuncia.

 El actual pleito comenzó el pasado 22 de febrero, durante la fiesta del cumpleaños 50 de Hernández Deras. Ahí el senador colocó carteles con mensajes amenazantes dirigidos a su sucesor, quien asistió al festejo como invitado de honor. Decían los carteles: “Sea correcto…”, “Váyale pensando…”, “¡Aguas, eh…!”, “Hasta ahí…”, “Calcúlele…”

 La antigua hacienda de Dolores Hidalgo, en el municipio capitalino y propiedad del empresario minero Jaime Gutiérrez, apenas fue suficiente para albergar a los 4 mil asistentes y cerca de mil empleados que asistieron a la dispendiosa fiesta, cuyo costo se estima en 10 millones de pesos.

 El festejado ocupaba la larga mesa principal junto con unos 80 comensales, entre ellos su esposa, Gabriela López; el expresidente Vicente Fox y Marta Sahagún; Herrera Caldera y los exgobernadores Maximiliano Silerio Esparza y Héctor Mayagoitia Domínguez. Pese a que el senador los invitó, lo desdeñaron sus compañeros del Senado y los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

 El acto hubiera pasado inadvertido y como un exceso más del senador, de no ser por los mensajes retadores al actual mandatario.

 La respuesta de Herrera fue el cese, en los días siguientes, de los funcionarios de gobierno que participaron en la organización del agasajo y están muy ligados al exmandatario: su secretario privado, Francisco Cano Carrasco; el secretario del Medio Ambiente, Adrián Valles Martínez; el director de la Defensoría Pública, Jesús Alvarado Cabrales; la asesora en programas especiales, Lourdes Nevárez, y del Tribunal Superior de Justicia, Lucía López Pescador.

La ofensiva

El lunes 10 Herrera cenó con los legisladores del PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano y el Duranguense, con motivo del informe de gobierno programado para el martes 18.

 Horas después, a la una de la madrugada del martes 11 fue detenido el exalcalde capitalino Adán Soria, personaje cercano al exgobernador, por el delito de fraude genérico por 20 millones de pesos cometido contra el constructor Pedro Valencia de la empresa Visión y Proyecto.

 Ese mismo día, en la legislatura local el diputado verde Alfredo Martínez Núñez propuso un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que investigara la procedencia de los 10 millones de pesos que costó la fiesta. Fue aprobado por 25 diputados.

 El mismo martes 11, en una visita a Durango del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los legisladores le entregaron su solicitud de investigación, que al día siguiente se publicó en la prensa local: “Señor secretario, es sabido por todos el enorme dispendio de dinero que hubo en la sonada comida. Varios grupos musicales, bebida y platillos caros para miles de asistentes y toda clase de excesos que ofenden al pueblo de Durango por la exagerada forma de gastar dinero.

 “… Reprobamos la burla al pueblo de Durango del senador Ismael Hernández Deras, pues mientras cientos de duranguenses viven en pobreza extrema, hizo un despilfarro de 10 millones de pesos en una fiesta para festejar sus 50 años.

 “… Solicitamos su intervención para que se aclare el origen de esos 10 millones de pesos… pues se presumen actos de corrupción que deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias.”

 Dos días después Hernández Deras y Herrera Caldera fueron llamados por César Camacho a sus oficinas del CEN del PRI en la Ciudad de México. Ahí Camacho le exigió al senador cero intromisión en la vida política del estado y manifestar públicamente su apoyo al actual mandatario. A cambio, al gobernador le pidió aplacar el afán de los legisladores por investigar el origen de los recursos de la fiesta.

 Por si fuera poco, el martes 18 Camacho se presentó al informe de gobierno de Herrera. El espaldarazo fue total. También acudió la secretaria general del tricolor, Ivonne Ortega, así como los representantes de los tres sectores del partido y de cuatro exgobernadores de la entidad.

 Al día siguiente Adán Soria quedó libre de cargos al llegar a un acuerdo conciliatorio con el constructor que lo demandó.

 El viernes 21, en sesión del Congreso local, Alfredo Martínez expuso que amigos del actual senador entregaron una lista con nombres de empresarios que patrocinaron la fiesta. Pero no los mencionó argumentando “protección de datos personales”.

 Al día siguiente, en la prensa local, Hernández Deras hizo público su apoyo a Herrera Caldera en el desplegado “Unidad por Durango”. En él señala: “Ratifico mi respeto absoluto a las instituciones del estado de Durango y mi reconocimiento el liderazgo de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera”.

 Con ello, al menos externamente concluyó la guerra por espacios de poder político en la entidad. Entre éstos se incluyen la búsqueda de una diputación federal para la esposa de Hernández Deras, Gabriela López, y una diputación local para su hija, Gabriela Hernández, en las elecciones de 2016.

 Sobre el pleito entre el exgobernador y el gobernador, Enríquez Herrera comenta en entrevista: “Esta disputa interna no servirá para enjuiciar al exgobernador. Cuando los mismos priistas intentaban investigar a Ismael llega César Camacho y les jala las orejas, desbaratando a esa comisión del Congreso. ¡Todo quedó igual! ¡Cerraron filas! No podía esperarse otra cosa pues hasta el presidente del Congreso local, Carlos Contreras, es un ismaelista; fue el segundo secretario de Finanzas de Hernández Deras. Ya se imaginará el grado de complicidad entre los dos gobiernos.

 “Y recalco: pese a sus disputas, Ismael y Jorge Herrera son parte del mismo grupo político. Aquel designó por dedazo a éste. No hay ninguna diferencia entre un sexenio y otro. Son finalmente la misma cosa; tienen el mismo ADN autoritario y corrupto del PRI. Eso nos queda clarísimo a los duranguenses. De ahí que hayamos recurrido a la denuncia penal ante instancias federales.”

 A fin de conocer sus posturas, Proceso solicitó entrevistas con Hernández Deras y con Herrera Caldera. ­Declinaron.

 Secretario de Salud de Hernández Deras durante 16 meses, su hoy denunciante Enríquez Herrera indica que se deslindó del entonces gobernador por sus excesos. Sin embargo existe la versión de que lo destituyó porque sin su consentimiento, Enríquez quería ser candidato al Senado.

 Ahora Enríquez también espera que las declaraciones del Chapo en prisión ayuden a esclarecer los supuestos ­vínculos del narcotraficante con Hernández Deras: “Ojalá ayuden a destapar la cloaca en la que está metido Ismael: si es cierta su relación con El Chapo, en qué ilícitos participó, por qué hubo tanta violencia durante su gobierno… Aunque realmente hay muchas cosas que no necesitan conocerse a través del Chapo pues hay ciudadanos que las saben, sólo hace falta una verdadera investigación del caso”, concluye.