Autodefensas mexiquenses: “Al que agarremos, lo linchamos”

Autodefensas mexiquenses: “Al que agarremos, lo linchamos”/JOSÉ GIL OLMOS

Revista Proceso # 1963, 14 de junio de 2014

En marzo pasado, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, el territorio mexiquense era considerado uno de los más violentos. El gobernador Eruviel Ávila pidió refuerzos federales, pero aun con ellos la escalada de violencia continuó. Por eso los vecinos se organizaron en comités ciudadanos y comenzaron a patrullar las avenidas y callejones de sus colonias para defenderse de las bandas criminales que asuelan el entorno desde hace meses y lanzaron el grito: “Al que agarremos, lo linchamos”.

Todas las mañanas, cuando los primeros pobladores abandonan sus casas rumbo al trabajo o la escuela, lo hacen seguros, saben que sus familiares y vecinos están alerta para acudir en su ayuda ante cualquier contingencia.

A diferencia de Michoacán, donde miles de ciudadanos se organizaron y decidieron tomar sus rifles de asalto y pistolas de grueso calibre para enfrentar al crimen organizado, aquí en el Estado de México son comités vecinales, de barrio o del pueblo, los que de manera espontánea decidieron juntarse para defenderse de las bandas que les quitaron la tranquilidad a los pueblos y municipios mexiquenses en los últimos años.

 A pesar de los anuncios espectaculares del gobierno federal sobre los operativos militares y policiacos en la entidad, la violencia, la inseguridad y la presencia de los grupos del crimen organizado no amainan desde 2013. Hoy, el Estado de México es uno de los más violentos, junto con Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Durante un recorrido, Proceso averiguó que son cuatro los grupos criminales que se disputan el territorio mexiquense: La Familia Michoacana, cuyos sicarios controlan las extorsiones, secuestros y el narcomenudeo en las zonas poniente, oriente y en Toluca; Los Caballeros Templarios, asentados en el sur, en los límites con Michoacán, así como Los Zetas y las células del Cártel de Jalisco Nueva Generación, distribuidas en el Valle de México y Toluca.

El Ejército y la Policía Federal patrullan algunas de las principales calles, avenidas y carreteras de la entidad, pero no llegan a las colonias, barrios, pueblos y comunidades de los municipios donde sus habitantes sufren los embates de grupos de secuestradores, asaltantes y violadores que los fustigan todos los días.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer trimestre de este 2014 hubo casi 100 ejecuciones y 547 homicidios dolosos, además de que el número de casos de secuestro y extorsion se disparó, sobre todo en Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ecatepec y La Paz, lo que colocó a la entidad en el primer lugar nacional en esos rubros.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas pidió de inmediato la intervención del Ejército y de la Policía Federal. El 31 de marzo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le respondió. Anunció el arranque de un operativo conjunto de soldados, marinos, agentes federales y la Procuraduría General de la República (PGR) para abatir la violencia y la inseguridad “región por región”, “municipio por municipio”, dijo.

Ávila Villegas informó que 4 mil policías estatales y municipales serían dados de baja. Anunció incluso que se capacitaría a 2 mil policías de élite –estarán “bien pagados”, dijo–; también habló de un fondo de 5 mil 400 millones de pesos para fortalecer los 75 programas sociales que beneficiarían a los 12 millones 700 mil mexiquenses; de la instalación de 6 mil cámaras de vigilancia, así como la donación de un terreno de 80 hectáreas para uso de las Fuerzas Especiales de la Marina.

Y aunque, según él, la violencia se exacerbó a principios de año a raíz de los operativos policiaco-militares en Michoacán, lo cierto es que los cárteles de las drogas operan en el Estado de México desde 2011 (Proceso 1892), en particular La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios tienen presencia en 52 de los 125 municipios mexiquenses.

No obstante el operativo especial desplegado por el gobierno federal, la violencia se incrementó en el segundo trimestre; incluso corrió la versión de que Ávila Villegas renunciaría ante la falta de resultados para garantizar la seguridad de sus representados y su impotencia para mitigar la pobreza y la miseria en el Estado de México.

Con base en cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., cinco de los 20 municipios con el mayor índice de violencia en el país se hallan en el Estado de México y forman parte de la zona conurbada de la Ciudad de México. Uno de ellos es Ecatepec.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a su vez, indica que 43% de la población del Estado de México se encuentra en pobreza extrema o moderada; en el último año se pasó de 6.7 millones de pobres a 7.3.

Además, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio de escolaridad de los mexiquenses de 15 años y más es de 9.1 años; sólo 16% de sus habitantes concluyó la educación superior, y cuatro de cada 100 personas de 15 años o más no saben leer ni escribir. Por su parte, Transparencia Mexicana indica que la entidad ocupa el penúltimo lugar en materia de gobernabilidad, como consecuencia de la gran corrupción que impera en ella.

Los comités vecinales

Sobre la línea limítrofe del Estado de México y el Distrito Federal viven alrededor de 6 millones de personas. Algunas zonas están divididas sólo por una calle, como en Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, donde por años se ha concentrado la inseguridad y la violencia.

El contagio avanza. El lunes 9 de junio por la noche un comando ejecutó a balazos a seis personas en la colonia Cuautepec El Alto, delegación Gustavo A. Madero, colindante con Ecatepec. Cuatro de las víctimas pertenecían a una familia dedicada al narcotráfico, según los reportes policiales. Dos días después el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que soldados, marinos y policías federales comenzarían a patrullar la zona.

En marzo pasado, José Rogel Romero, director del hospital Adolfo López Mateos, el más grande de la entidad, informó que las atenciones en el área de emergencias se incrementaron 20% debido a las refriegas. Y es en este escenario en el que los mexiquenses comenzaron a formar comités de vigilancia y a realizar rondas comunitarias.

A principios de año, durante la presentación de su informe de actividades, el senador del PRD por el Estado de México, Alejandro Encinas, habló de la presencia de grupos de autodefensa en al menos 11 municipios, y los enumeró: Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl, Chalco, Melchor Ocampo, Otzolotepec, San José del Rincón, Tejupilco, Luvianos, Amatepec y Tlatlaya.

En febrero último, habitantes de San José Tlacotitlán, municipio de Ozumba, tomaron sus rifles y escopetas para protegerse de las bandas criminales que operan en las faldas del volcán Popocatépetl. Un centenar de colonos de Lázaro Cárdenas –La Presa, en la zona oriente de Tlalnepantla– siguieron su ejemplo en mayo, luego de experimentar 82 secuestros, de los cuales sólo 10 fueron denunciados.

Otros colonos y condóminos del municipio de Cuautitlán Izcalli también integraron sus comités de protección y vigilancia. Se hacen llamar “Vecinos Vigilantes” y funcionan a través de una red de telefonía celular y de silbatos. Lo mismo ocurre en Coacalco, Atizapán, Los Reyes La Paz y otros municipios, cuyos habitantes pusieron anuncios en las calles con la siguiente leyenda: “Si los agarramos, los linchamos”.

Determinación y organización

De febrero a la fecha los vecinos de La Esperanza, colonia ubicada en los cerros de San Cristóbal Ecatepec, realizan sus rondines por la zona de lunes a viernes entre las cinco y las siete de la mañana.

Lo hacen a esas horas porque detectaron que es precisamente en ese lapso en el que los asaltantes suelen cometer sus tropelías, amparados por la penumbra del entorno y la falta de seguridad. Hace un par de meses, luego de una asamblea pública, se armaron de valor y dijeron, como Teresa Pioquinto: “son ellos o nosotros”.

Algunos usan sus vehículos para recorrer la zona y llevan palos y bates de beisbol para enfrentar a los delincuentes. “Uno no quisiera hacer esto, pero la situación nos ha llevado a defendernos”, comenta Pioquinto.

En el comité de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Tultitlán, también participan mujeres, pero de la tercera edad. Se organizaron a partir del rapto de una adolescente, ocurrido la madrugada del 26 de febrero pasado.

“Eran como las seis de la mañana cuando escuchamos los gritos. Unos hombres subieron a la fuerza a un carro a una muchacha que iba hacia la parada del camión. Cuando quisimos ayudarla ya se la habían llevado. Nunca supimos quién era la muchacha”, dice una vecina.

Desde esa fecha salen a las cinco de la mañana con una lámpara, un palo y un silbato para vigilar las calles de la colonia y acompañan hasta la parada del autobús a los vecinos que van al trabajo.

En las calles empinadas del cerro de La Presa, en Tulpetlac, los comités de vigilancia vecinales se convirtieron en grupos de autodefensa desde febrero pasado. Tomaron machetes y bates de beisbol y colocaron alarmas en las azoteas de algunas casas; las activan cuando detectan algún atraco o intento de rapto.

“Nosotros ya tomamos la decisión: al que agarremos, lo linchamos”, dice una señora, armada de un pedazo de madera. “Ya no aguantamos. ¡Imagínense cómo vivimos! Mi hija me dice que ya no quiere salir porque la van a matar o a asaltar”.

En la zona oriente, rumbo a Puebla y Morelos, en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Atlautla y Jocotitlán, la situación no es tan distinta a la del centro o a la del Valle de Toluca.

Ahí, a pesar de la vigilancia de los soldados y policías federales, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y Los Zetas siguen cobrando impuestos a los dueños del transporte público y a los comerciantes; los secuestros exprés, las extorsiones y el narcomenudeo siguen al alza.­

Sentado bajo un nogal, un campesino de Atlautla comenta al reportero que el crimen organizado en la zona rural del Estado de México está provocando un nuevo fenómeno: la adicción a las drogas de indígenas y campesinos.

Dice que se sorprendió cuando vio a un grupo de jóvenes preparar las líneas del polvo blanco que aspiraron felices antes de una fiesta. “Nunca había visto esto por acá. Cuando los vi cómo le hacían, pensé: ‘qué chingaos es eso’. Me dijeron que era cocaína”.

Refiere que en esa zona colindante con Morelos y Puebla, donde pasa la droga procedente de Guerrero y Morelos para distribuirse en los municipios mexiquenses y en el Distrito Federal, la violencia se desbordó.

Y remata: “Ya no se puede vivir tranquilo aquí. Ahora hasta tenemos que llevar y recoger de la escuela a los niños porque ya no tenemos la seguridad de antes. Ya todo cambió”.