Caso Regina: avala la justicia federal la manipulación del proceso

Caso Regina: avala la justicia federal la manipulación del proceso

LA REDACCIÓN

Revista Proceso # 1964, 21 de junio de 2014

La justicia federal le dio un espaldarazo al gobierno de Javier Duarte y avaló en parte la versión oficial sobre el asesinato de nuestra compañera Regina Martínez Pérez.

 Los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito federal con sede en Xalapa concedieron un amparo al hermano de la periodista, Ángel Alfonso Martínez, quien está convencido de la versión del gobierno de Veracruz sobre el asesinato de la periodista.

 En una decisión adoptada el jueves 19, el Tribunal Colegiado federal consideró que Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, uno de los acusados por la Procuraduría General de Justicia del estado, es responsable del robo, y probablemente del asesinato de quien durante una década fuera la corresponsal de la revista Proceso en el estado de Veracruz.

Por unanimidad de votos, al resolver el amparo penal 751/2013, el Tribunal Colegiado ordenó ese día a la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la entidad reiterar la acreditación de los delitos de homicidio y robo contra Hernández Silva.

Con esa decisión dejó insubsistente la sentencia absolutoria de la Séptima Sala a favor de El Silva dictada en agosto del año pasado, cuando fue puesto en libertad por considerar que la procuraduría de Veracruz lo había acusado falsamente.

“Al conceder la protección constitucional, el Cuarto Tribunal Colegiado ordenó a la sala dictar otra resolución en la que, por una parte, reitere lo relativo a la acreditación de los delitos de homicidio y robo, y luego (…) concluya que sí se encuentra acreditada la plena responsabilidad del inculpado en cuanto al delito de robo”, aseguró el viernes 20 el Consejo de la Judicatura Federal al informar sobre la decisión del colegiado federal asentado en Xalapa.

El colegiado federal le pidió a la Séptima Sala de Justicia de Veracruz “agotar su jurisdicción” por cuanto hace a la responsabilidad de Hernández Silva en el delito de homicidio, pero anticipó que contrario a lo que esa sala falló en agosto pasado, “no existe prueba en autos que acredite que el reo sufrió tortura para autoincriminarse”.

Su detención fue legal, no se le vulneró el derecho fundamental de adecuada defensa y su confesión no es inverosímil acorde con las pruebas en su contra, añadió la resolución del colegiado en sentido contrario a lo resuelto por la sala.

Dijo que en la acusación contra El Silva se configuró un “delito emergente”, a pesar de no haber pruebas directas en su contra. De acuerdo con el artículo 39 del Código Penal de Veracruz, “si varios individuos toman parte de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables del nuevo delito, cuando éste sirva de medio adecuado para cometer el principal, o sea consecuencia necesaria o natural del mismo o de los medios concertados para cometerlo”.

De esa manera los magistrados federales resolvieron el amparo interpuesto por Ángel Alfonso Martínez contra la decisión de la justicia del estado de absolver de toda responsabilidad a Hernández Silva.

Convalidación judicial

El robo como móvil del asesinato aceptado por la justicia federal refuerza la versión del gobierno de Duarte, que se centró en dos “malvivientes” como los responsables, con lo que descartó cualquier relación del crimen con la actividad periodística de Regina Martínez.

En la versión de la PGJ, El Silva “se declaró confeso” de haber participado en el robo y asesinato, la noche del 28 de abril de 2012, en el domicilio de la reportera, en Xalapa. Así lo consignó ante un Juzgado de Primera Instancia. Apegada a la versión oficial, la entonces juez penal Beatriz Rivera Hernández lo condenó a 38 años y dos meses de prisión. La procuraduría estatal impugnó la sentencia en busca de una mayor condena.

De acuerdo con la versión del gobierno de Duarte, defendida por el hermano de la periodista, El Silva y su cuñado, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, fueron los responsables del homicidio, cometido por golpes y asfixia. Señalado como el principal acusado, El Jarocho se encuentra prófugo desde entonces.

Según la PGJ, ambos eran conocidos de Regina Martínez y fue ella quien les permitió entrar a su casa, y después de discutir con la periodista, El Jarocho comenzó a golpearla, con la ayuda del Silva, para exigirle que les dijera dónde tenía dinero y objetos de valor. En esa versión que el Ministerio Público local le atribuye a Hernández Silva también dice que sacaron dinero debajo del colchón y que se llevaron, entre otros objetos, un reloj de pulsera color café.

El reloj fue clave para la versión de la procuraduría. En una diligencia ministerial se lo mostró a Ángel Martínez y a otro de sus hermanos, quienes lo reconocieron como propiedad de la reportera. De acuerdo con la PJG, sus investigadores dieron con el objeto entre el grupo de amigos de Hernández Silva y Hernández Domínguez que se dedican a la prostitución en un parque cercano al domicilio de Regina Martínez.

Convencido de la versión oficial, Ángel Martínez se inconformó con la decisión de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, que en agosto del año pasado decretó la libertad por falta de pruebas contra El Silva, quien había sido sentenciado en noviembre de 2012, siete meses después del asesinato.

La Séptima Sala acusó a la procuraduría estatal de haber violado el procedimiento judicial y los derechos humanos de Hernández Silva, al acusarlo sin pruebas directas. Los dos magistrados de la justicia estatal que votaron por la revocación de la sentencia sostuvieron que El Silva no tuvo una defensa adecuada, además de haberse desestimado sus alegatos de que fue torturado para que se inculpara.

Hernández Silva no sólo evitó ratificar su declaración inicial ante el Ministerio Público, sino que denunció haber sido detenido semanas antes de ser presentado públicamente por la PGJ como uno de los responsables del asesinado. El Silva asegura que durante semanas fue torturado en una casa de seguridad hasta que se aprendiera lo que debía decir para inculparse. Afirma que ni siquiera sabía dónde vivía la periodista.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado también cuestionaron las pruebas periciales con las que la procuraduría estatal consignó a Hernández Silva. Su dicho para inculparse resulta “inverosímil” y las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron “contradictorias” y “manipuladas”, estableció la justicia local (Proceso­ 1946).

Aunque con matices, esa argumentación se echó abajo en el colegiado. “No podemos sostener por ahora que Jorge Antonio Hernández Silva es el homicida de la periodista”, pero sí está acreditado el delito de robo calificado, argumentó el magistrado Jorge Sebastián Martínez García.

El ponente en el juicio de amparo resuelto por el Tribunal Colegiado federal fue el magistrado Jorge Toss Capistrán, quien quería conceder el amparo al considerar a Hernández Silva como responsable de los dos delitos.

Fue el magistrado Martínez García quien propuso conceder el amparo sólo por robo calificado, pero no por homicidio. Dijo que la PGJ le atribuyó el crimen con base en el artículo 39 del Código Penal de Veracruz, más que por pruebas contundentes.

El presidente del colegiado, Héctor Riveros Caraza, se sumó a la postura de su colega Martínez García ante la falta de argumentos de Toss Capistrán para defender su proyecto.

Según el amparo, el robo que se le acredita a Hernández Silva fue la sustracción de tres mil pesos, una computadora portátil y dos celulares.

La periodista Norma Trujillo Báez publicó en La Jornada de Veracruz las condiciones en que la prensa dio cobertura a la sesión del Tribunal Colegiado en la que se resolvió el amparo:

“Tuvimos que pasar por tres filtros de seguridad: uno para entrar a la sede, en donde la Policía Federal nos hizo esperar para dejarnos pasar; luego en la sala de espera de la Secretaría de Acuerdos del Cuarto Tribunal nos condicionaron la entrada a dejar celulares, cámaras y grabadoras, y al final, ya en la sala de sesiones, los uniformados nos acompañaron al interior a escuchar el resolutivo del caso.”

Con la decisión del colegiado, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado tendrá que emitir una nueva sentencia contra Hernández Silva, quien salió de prisión el 9 de agosto del año pasado. Podría quedar en condición de prófugo si así lo decide la Séptima Sala. Pero a diferencia de lo avanzado del proceso contra El Silva, aún está pendiente que la procuraduría estatal presente a Domínguez Hernández, a quien considera como el principal responsable del crimen.