8 jul 2014

San Lázaro DF, a martes 8 de julio de 2014


San Lázaro DF, a martes 8 de julio de 2014
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la minuta del Senado sobre las leyes reglamentarias de telecomunicaciones, con 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención, e inició la discusión en lo particular de 552 reservas.
La sesión inició a las 11:44 horas y la votación en lo general se llevó a cabo unas cinco horas después, pero la cantidad de reservas presentadas hace prever que la discusión se alargará de manera considerable.
Se atendieron comunicaciones oficiales de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente y luego se llevó a cabo la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión. Las discusiones en comisiones concluyeron  la noche del lunes.
Y luego la pelota se fue al pleno.

En efecto, la discusión comenzó este martes 8 a las 11:55 horas. De manera inmediata el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD) pidió la palabra desde su curul para excusarse de participar en el debate por conflicto de interés, debido a la vinculación de su familia en el sector de la radiodifusión en el estado de Morelos.  Martínez Rojas hizo un exhorto para que otros diputados que también tuvieran conflicto de interés se excusaran de participar en esta discusión, petición que fue secundada por los legisladores Roxana Luna Porquillo (PRD) y Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT).
 A solicitud del legislador petista, el presidente de la Mesa Directiva, José González Morfín (PAN), informó que las dos solicitudes que se presentaron (para que varios diputados del PRI, PAN y PVEM se excusaran de participar por presunto conflicto de interés) fueron turnadas a la Contraloría de San Lázaro.
 Hasta el inicio de esta sesión, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón (PRD) había sido la única que se excusó de participar en la discusión de estas leyes reglamentarias, luego que medios de comunicación difundieron una grabación en la que planteaba posibles negocios en el sector.
 El presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (PRI), fundamentó el dictamen que se aprobó en comisiones unidas y habló de sus beneficios.
 Las diputadas y diputados Aleida Alavez Ruiz (PRD), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Loretta Ortiz Ahlf (PT) y Ricardo Monreal Ávila (MC) presentaron por separado mociones suspensivas del dictamen, las que fueron rechazadas por la mayoría del Pleno.
 María Sanjuana Cerda Franco (NA), Lilia Aguilar Gil (PT), Luisa María Alcalde Lujan (MC), Federico González Luna Bueno (PVEM), Miguel Alonso Raya (PRD), Juan Pablo Adame Alemán (PAN) y Eligio Cuitláhuac González Farías (PRI) fijaron en tribuna la posición de sus grupos parlamentarios.
 Los legisladores de PRD, PT y MC cuestionaron el dictamen en diversos tonos, mientras que los del PRI, PAN, PVEM y NA hablaron de sus beneficios.
 Posteriormente, hablaron en contra del documento Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Roxana Luna Porquillo (PRD), Lilia Aguilar Gil (PT), Zuleyma Huidobro González (MC), Carlos Reyes Gámiz (PRD), Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Gloria Bautista Cuevas (PRD), Carlos de Jesús Alejandro (PRD) y Carlos Fernando Angulo Parra (PAN),
 A favor lo hicieron Cristina Olvera Barrios (NA), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (PRI), Damián Zepeda Vidales (PAN), Ana Lilia Garza Cadena (PVEM), Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN), Luis Antonio González Roldán (NA), Tomás Torres Mercado (PVEM) y Martha Gutiérrez Manrique (PRI).
 Mientras Carlos Reyes Gámiz se pronunciaba en contra del dictamen, las diputadas perredistas Roxana Luna Porquillo, Graciela Saldaña Fraire, Josefina Salinas Pérez, Juana Bonilla Jaime, Joaquina Navarrete Contreras y Larisa León Montero subieron a la tribuna con una camiseta de la selección mexicana de futbol con la siguiente leyenda: “Va por ti México, no solamente se trata de goles, sino de decisiones. Alto a las reformas”.
 A las 16:44 horas, el diputado presidente, José González Morfín, preguntó si el tema estaba suficientemente discutido, lo que fue avalado por el Pleno y de inmediato se realizó un recuento de los artículos reservados y posteriormente se llevó a cabo la votación en lo general, con los artículos no reservados.
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En lo particular se promueven 549 reservas a diversos artículos que contiene la minuta
Diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza expresaron que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión recuperan la rectoría en ambos sectores, para que ningún poder económico, sin importar su magnitud, concentre privilegios y distorsione el desarrollo nacional.
Argumentaron que con las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se promociona la competencia en ambos sectores; se establecen beneficios a favor de los usuarios como la eliminación del cobro por larga distancia en teléfonos fijos y móviles. Además, se crean tres nuevas cadenas de televisión, lo que incrementa la oferta y la competencia.
En tanto, legisladores del PRD, Movimiento Ciudadano y PT consideraron que estas leyes no cumplen con el espíritu de la reforma constitucional, porque la “obstaculiza y nulifica, ya que no se desmonta el monopolio televisivo, al limitar la preponderancia a sectores y no a servicios”.
Destacaron que son una simulación, pues endurece el papel de policía informática de la Secretaría de Gobernación (Segob); se sigue planteando bloqueo de señales de manera disfrazada; atenta contra los datos personales; sienta las bases para la violación de derechos humanos como la libertad de expresión, de información y a la privacidad.
Al iniciar los posicionamientos del dictamen a la minuta aprobada en lo general  la diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) recordó que actualmente menos de la mitad de la población del México tiene acceso a Internet, y solamente el 1.5 por ciento del comercio se realiza por vía electrónica, lo que evidencia la brecha digital y las desigualdades de la sociedad.
Por tanto, afirmó, existe un consenso de que el Estado debe recuperar la rectoría del sector de telecomunicaciones, para que ningún poder económico, sin importar su magnitud, concentre privilegios y distorsione el desarrollo nacional.
 Por su parte, Lilia Aguilar Gil (PT) subrayó que las leyes secundarias de Telecom no cumplen con el espíritu de la reforma constitucional. “Nos estamos equivocando con estas enmiendas pues, para el tema de la preponderancia, no se aseguró que actores económicos pequeños entren a la competencia”, expresó.
En su turno, Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano) calificó estas normas reglamentarias como “migajas que los grandes intereses nos concedieron modificar” y el Congreso de la Unión, consideró, no actuó con independencia en su formulación.
En lugar de crear un instituto fuerte para proteger de abusos en los costos de telefonía y TV de pago, además de diversificar los contenidos en la televisión abierta, dijo, “nos quedamos con lo que ya teníamos: un monopolio televisivo que manipula la información”.
Por el PVEM, el diputado Federico José González Luna Bueno aseveró que este marco secundario “no busca la aniquilación de competidores”, sino la libre competencia. Resaltó la protección de datos personales y la existencia de una autoridad para regular mejor a los operadores en una apertura de mercados.
Por el PRD, el diputado Miguel Agustín Alonso Raya sostuvo que las leyes secundarias retrasan los cambios y se oponen a los acuerdos concretados en la reforma constitucional, porque la “obstaculiza y nulifica. No se desmonta el monopolio televisivo”, al limitar la preponderancia a sectores y no a servicios, dijo.
Por el PAN, el diputado Juan Pablo Adame Alemán señaló que esta ley es una de las más importantes de la vida moderna de nuestro país, la cual generará un impulso económico en el corto plazo y traerá grandes beneficios a los mexicanos.
Precisó que con esta reforma se establece la obligatoriedad de acciones como: la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacional, la puesta en marcha de una cadena de televisión pública; regular la multiprogramación en radio y televisión, asegurando que se pague contraprestación por su autorización, así como que al preponderante en radiodifusión no se le autoricen nuevos canales adicionales y se crea la figura del defensor de las audiencias.
El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias (PRI) indicó que con la reforma se establece un marco regulatorio en este ámbito tan importante y necesario para el desarrollo económico y la gobernabilidad del país.
Explicó que se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y con ello a los usuarios finales.
Al hablar en contra, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) argumentó que la manipulación mediática de los alcances de la reforma encubre los negocios multimillonarios “en favor del duopolio televisivo y del monopolio en telefonía, que han abusado durante décadas de los bienes nacionales y hecho de las telecomunicaciones un factor de negociación y presión con gobiernos y partidos políticos, que de nueva cuenta se subordinan a sus intereses”.
La diputada Cristina Olvera Barrios (NA) mencionó que este nuevo marco representa un avance significativo en telecomunicaciones y radiodifusión, pues permite una mayor competencia en ambos sectores y otorga beneficios para los usuarios de telefonía fija al eliminar la larga distancia. “Nuestro aval no es un cheque en blanco, velaremos porque en estas leyes prevalezca lo que mejor le convenga a la nación”.
Ricardo Mejía Berdeja (MC) subrayó que esta legislación es solamente una simulación, pues endurece el papel de policía informática de la Segob; sigue planteando bloqueo de señales de manera disfrazada; atenta contra los datos personales y crea el Estado policiaco que va a controlar las telecomunicaciones. “No es cierto que se legisle para ciudadanos, sino para oligopolios; auguramos que seguirán los malos servicios y caros, como el Internet”.
Del PRI, Heriberto Manuel Galindo Quiñones destacó que es una reforma transformadora, patriótica, valiente y visionaria “que pondrá de nuevo a México en el umbral del crecimiento y en la senda del desarrollo que tanto estamos anhelando. Esta es una reforma con sustento técnico, que pondrá a México a la altura de las naciones más desarrolladas, pero también es una reforma profundamente de contenido social”.
A su vez, Roxana Luna Porquillo (PRD) indicó que es una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y radiodifusión con los usuarios y las audiencias, debilitando a los medios comunitarios indígenas lo mismo que a los productores independientes, aumentando las facultades a la Segob sobre el sector de la radiodifusión a costa de una supuesta autonomía del IFT como un órgano autónomo, y sienta las bases para la violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, de información y a la privacidad.
El diputado Damián Zepeda Vidales (PAN) mencionó que con estas reformas se asegura que la gente y el ciudadano pueda tener acceso a mejor telecomunicación y radiodifusión, por eso “la respaldamos porque ofrece beneficios concretos; se crean tres nuevas cadenas de televisión lo que incrementa la oferta y la competencia. La reforma asegura o fortalece los derechos que tienen las audiencias mexicanas”.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) consideró que con estas leyes secundarias solamente se redistribuye el mercado de las telecomunicaciones. Subrayó que no hay competencia, porque tampoco hay creación de contenidos independientes. “No hay atribuciones del IFT para resolver controversias entre los operadores”. Por lo que se pronunció por dar más tiempo para realizar una mejor ley.
En su turno, la diputada Ana Lilia Garza Cadena (PVEM) resaltó que con estas reformas por primera vez se reconoce a las radios comunitarias y se ofrecen beneficios a la comunidad como la eliminación de tarifas del pago de larga distancia. Asimismo, se reconocen los derechos de los usuarios y de las audiencias, al establecer la creación del defensor de la audiencia, que regula su actuar en un código de ética aprobado por el IFT.
La diputada Zuleyma Huidobro González (MC) expresó su desacuerdo en que “a todos los ciudadanos nos traten como delincuentes, porque estas reformas establecen la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial, las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la geolocalización de los ciudadanos y cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden”.
Del PAN, el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela explicó que con estos cambios van a dejar de ganar miles de millones de pesos muchas empresas y esto va a ir directamente en beneficio de los mexicanos. Mencionó que se crean más cadenas de televisión abierta y, en materia de telefonía, eliminar los costos de interconexión traerá la reducción de las tarifas telefónicas.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (PRD) sostuvo que su partido busca que la lucha por la reglamentación y la transparencia en ese sector se haga posible. Enfatizó que la palabra “monopolio” no ha sido borrada del sector de las telecomunicaciones, “como se había prometido, está ahí en cada uno de los detalles de esta legislación secundaria y permea todos los aspectos regulatorios del uso del espectro radioeléctrico nacional”.
Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) aclaró que su partido votará en contra de la reforma porque “la mayoría de este Congreso no está en disposición a moverle ni una sola coma a la minuta del Senado” y “hubiéramos podido enriquecer esta minuta para beneficio de los mexicanos”. Subrayó que no es suficiente, porque faltaron algunas cosas de Internet, como la neutralidad de la red y otras cosas de televisión.
 Para hablar contra el dictamen, la diputada Gloria Bautista Cuevas (PRD) señaló que destinar el 1 por ciento de publicidad oficial a radios indígenas y comunitarios es “una pichicatería”, y propuso eliminar ese porcentaje para lograr el desarrollo de los pueblos indígenas; además, quitar el proceso engorroso para adquirir una concesión para que puedan operar y administrar medios de comunicación.
 Enseguida, el diputado Luis Antonio González Roldán (NA) habló a favor del dictamen, pues es un nuevo modelo de telecomunicaciones que pone a la vanguardia al país y cuyos cambios tendrán relevancia positiva y directa en los consumidores; asimismo, pone en el centro el interés del ciudadano como usuario, promueve mayor competencia, impulsa la licitación de dos cadenas nuevas de televisión y reconoce el derecho de acceso a banda ancha.
Carlos de Jesús Alejandro (PRD) estimó que la reforma va contra los principios y postulados de la Constitución, que otorga a comunidades indígenas el derecho de adquirir y operar sus medios de comunicación, y viola principios de igualdad y no discriminación. Indicó que la comunicación indígena intercultural es un elemento insoslayable para su supervivencia y desarrollo, por lo que propuso “quitar el nudo para que tengan ingresos por publicidad y se eliminen los requisitos para otorgar la concesión”.
El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) expuso que la reforma contiene cambios cualitativos y contempla aspectos que repercuten de manera positiva en la vida de la gente, por su utilidad para la población, como el sistema de geolocalización para ubicar las unidades desde donde se realiza una llamada, cuando en el país se combate un problema tan severo como el secuestro.
Carlos Angulo Parra (PAN) manifestó su voto en contra del dictamen porque mantiene monopolios activos, “vivos y coleando”, que inciden en el pueblo y las conciencias de los mexicanos. “Hay ciertas regulaciones que se agregaron ahí, pero los contenidos, inconstitucionalmente, están del lado de Gobernación”.
La diputada Martha Gutiérrez Manríque (PRI) señaló que esta reforma es una oportunidad para detonar el desarrollo económico y social mediante las telecomunicaciones y la radiodifusión, refrenda la prohibición de los monopolios y el libre e irrestricto acceso a información veraz y oportuna. Agregó que estos cambios darán un sistema de telecomunicaciones moderno, abierto a la competencia, que atraiga inversiones, cree empleos y sea accesible para ciudadanos.
Previo a la votación en lo general, se dieron a conocer diversos artículos que contienen un total de 549 reservas, que serán presentadas por los legisladores, a las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de Inversión Extranjera; Federal de Derecho de Autor; de Amparo, y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Además, al Código Penal Federal y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, así como a los transitorios Noveno, Decimo, Décimo Tercero, Décimo Noveno, Vigésimo Quinto, Trigésimo Noveno, Cuadragésimo Primero y el Cuadragésimo Tercero.

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