“Operación limpieza” un cochinero en la procuración de justicia /FA

“Operación limpieza” un cochinero en la PGR /FA
Publicado en La Silla Rota, 21 de agosto de 2014;

El Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito ratificó esta semana la sentencia absolutoria a Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador técnico de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), y a Antonio Mejía Robles, ex agente ministerial de la misma subprocuraduría, quienes fueron detenidos en 2008 como parte de la fallida Operación Limpieza.

Cabe señalar que la sentencia absolutoria fue dictada de hecho desde febrero pasado por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco. El juez cuestionó el papel de los testigos en el proceso y determinó que ninguno señaló hechos verídicos.

Colorado y Mejía eran los últimos dos detenidos en la fallida operación que se basó en acusaciones hechas por testigos colaboradores, y donde el gobierno de EU a través de la DEA - en inglés: Drug Enforcement Administration- jugó un papel clave. Inventaron todo, al final no hubo ninguna prueba contundente.  Y muchos inocentes estuvieron privados de su libertad, otros por ese hecho Recibieron premios y ascensos.

Bueno si hubo pruebas. Se dijo entonces que durante un cateo realizado en la residencia de Colorado habrían sido encontrado siete relojes de marcas como Cartier, Rolex, Mido y Gucci; además de un collar de perlas, medallas, esclavas y dijes de oro, así como aretes de la marca Bulgary.

¡Esa fue la prueba adicional que se mostró a los medios!

¡Muy lamentable el papel de la justicia!

¿Qué fue la operación Limpieza?

La investigación, denominada como tal se inició a principios de agosto  de 2008 como resultado de declaraciones de testigos colaboradores –que no protegidos como muchos medios lo publican-y se tejió rápidamente para neutralizar a los presuntos responsables dentro del gobierno federal, detener a muchos funcionarios y jefes policiales de la SIEDO, y minimizar el daño al combate al crimen.

Supuestamente fue la infiltración más grande que se haya hecho en la historia de la PGR; al mismo nivel -dijeron entonces- del involucramiento que tuvo el general Jesús Gutiérrez Rebollo con el cártel de Amado Carrillo Fuentes.

Las pruebas que tenía la PGR eran de la DEA  y establecían de acuerdo a dichos de testigos  que los funcionarios y agentes federales trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva. Una nota periodística señaló que “Los hermanos Beltrán Leyva tuvieron comprado por 11 años a uno de los principales funcionarios de la lucha antidrogas en el país. Miguel Colorado González, El Viejito del Cielo, quien hasta hace unos días era el coordinador técnico de la SIEDO, ha trabajado para el narcotráfico desde 1997”. La información era de una nota diplomática número 3149 entregada por el gobierno de Washington al de México el pasado jueves 23 (de octubre): “Colorado González , siendo funcionario de la SIEDO, estuvo vinculado al cártel de Sinaloa desde 1997 hasta el 13 de agosto de 2008” entregando información secreta sobre “operaciones policíacas y militares” contra el cártel. (El Universal, 28 de octubre de 2008).

Recuerdo que el resultado fue anunciado en una conferencia de prensa la mañana del lunes 27 de octubre de 2008 por el entonces Procurador Eduardo Medina Mora- hoy embajador de México en Washington DC- , y quien estuvo acompañado de su brazo derecho, la Lic. Marisela Morales, con el fin de depurar la infiltración del narcotráfico en la PGR; dijo el procurador:

 “Con decisión y voluntad política, con el franco apoyo de partidos y actores políticos representativos, y con el invaluable apoyo de la colaboración internacional, la sociedad y el Gobierno de México avanzamos con objetivos, estrategia, acciones y resultados.

Lo que hemos logrado hasta la fecha no es producto de la casualidad, ni tampoco es fruto de la improvisación, pero necesitamos sin duda avanzar todavía más, y así lo estamos haciendo.

Para el Gobierno Federal es importante combatir a fondo y sin tregua toda manifestación del crimen organizado, y también limpiar de corrupción a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.

Estas son vertientes claves en la política mexicana contra la delincuencia organizada. No hay tolerancia al crimen, ni tolerancia o complicidades con la corrupción.”

Subrayó:  “Por otro lado, y al menos en el último año y medio, como se ha podido acreditar conforme a investigaciones, también se tiene conocimiento que el Coordinador General Técnico de la Subprocuraduría, Miguel Colorado González también proporciono información ministerial de investigaciones ordenadas por el Fiscal de la SIEDO.

Por ello el Fiscal de SIEDO también ejercitó acción penal en su contra, y el Gobierno de EU, a través del Tratado de Extradición vigente entre ambos países, ha solicitado una orden de detención provisional con fines de extradición, misma que fue cumplimentada el día de ayer.

Nuestros gobiernos venimos trabajando juntos y unidos, de tiempo atrás, para cerrarle los espacios a la delincuencia organizada transnacional.

Con el intercambio invaluable de información e inteligencia con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, que acreditan la confianza y respeto reciproco, seguiremos adelante en la lucha contra los enemigos de nuestras sociedades.

Esta investigación –agregó- aún no concluye, y es necesario seguir más líneas de trabajo y hacer comparecer a otras personas que, al parecer, también obtuvieron información clasificada para fines ajenos al servicio público.”

Al final se dirigió a los medios:

“En la PGR logramos detectar y actuar con toda energía, contra quienes entregaron información reservada por Ley, a personas no autorizadas.

“Estamos en el camino correcto, y con la Ley en la mano, vamos a limpiar a la Procuraduría General de la República y castigaremos con todo rigor y sin contemplación alguna a los que traicionan a las instituciones, y con ello traicionan a México.

Este es nuestro compromiso, es el compromiso de la Procuraduría General de la República, es el compromiso del Procurador General de la República, es el compromiso del Presidente Felipe Calderón y es el compromiso del Gobierno Federal.”

El comunicado de la PGR de entonces, Boletín 873/08 precisa:

 “La Procuraduría General de la República informa que como resultado de la “Operación Limpieza”, el Fiscal de la Federación ejercitó acción penal contra funcionarios y elementos de la AFI adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a los que se les atribuye la entrega de información reservada de averiguaciones previas en curso, a personas no autorizadas vinculadas con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.

Dicha operación dio como resultado la detención, arraigo y consignación de Fernando Rivera Hernández, quien fungía como Director General Adjunto encargado de Inteligencia en la Coordinación Técnica de la SIEDO; Miguel Ángel Colorado González, Coordinador General Técnico de la SIEDO; así como de los agentes Federales de Investigación, Jorge Alberto Zavala, Antonio Mejía Robles, Francisco Javier Jiménez Sánchez, este último se encuentra prófugo.

Los hoy indiciados están acusados de Delincuencia Organizada y Contra la Salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la comisión de delitos de esa naturaleza. En todos los casos, el AMPF cuenta con evidencia ministerial judicializable que prueba que los implicados proporcionaban información confidencial de operativos y averiguaciones previas en curso a cambio de sumas considerables de dinero.”

Observemos que el comunicado dice que la PGR “cuenta con evidencia judicializable que prueba que los implicados proporcionaron información confidencial...”

El asunto no quedó ahi.

Y bueno, aquel gran operativo implicó la detención de varios funcionarios de PGR y de otras dependencias de seguridad pública, entre ellos al ex titular de la SEIDO, Noé Ramírez Mandujano, a quien se le detuvo de una forma perversa.  Fue invitado con engaños a  una charla a la oficina del procurador cuando se desempeñaba como servidor publico; ahí mismo y sin más trámites fue arraigado.

Total los señores jueces especializados en esa materia casi nunca lo niegan.

Años después, y gracias a esa Operación fueron detenidos cinco militares de alto rango, encabezados por Tomás Ángeles Dahuahare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna.

Todos los caso se cayeron por falta de pruebas.

En el caso de Noé Ramírez el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió la nota informativa DGCS/N9/2013, donde dice que “en relación con el principal testigo colaborador Roberto López Nájera, con nombre clave JENNIFER, se demostró que se condujo con falta de probidad, pues se evidenció que éste mintió al rendir sus declaraciones.”

Y lo más grave aún es que a decir del juez hay una “posible fabricación de pruebas, motivo por el cual se dio vista al procurador general de la República para que, conforme a sus atribuciones, procediera a la investigación de posibles delitos cometidos por parte de la fiscalía (la SEIDO) que recabó dichos testimonios.”

En el caso del general Ángeles –hoy asesor del general secretario de la Defensa- salió de prisión como sabemos con un “usted disculpe mi general, nos equivocamos”; en el mismo sentido fue el caso de Ramírez Mandujano quien permaneció cuatro años, cuatro meses y 25 días injustamente detenido en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, (Véase  Operación Limpieza ¿Made in USA?/ Fred Álvarez, en Código Topo de Excélsior, 06/05/2013).

Nadie fue castigado, al contario algunos fueron premiados como el caso de Marisela Morales. De hecho el “éxito” de la Operación “limpieza” fue lo que llevó a que la hoy cónsul en Milán fuera condecorada, en marzo de 2011, por el Departamento de Estado estadunidense a cargo de Hillary Clinton con el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011, por ser considerada como una fiscal que logró llevar ante la justicia  a varios de los “criminales más peligrosos de México”, asimismo por su trabajo como luchadora contra la corrupción y por ser figura clave para crear el primer “programa de testigos protegidos en México”.

Hoy la familia de Miguel Colorado González –que no El Viejito, como lo manejaron algunos medios-  dio a conocer que procederá a demandar a las autoridades implicadas en la detención del ex funcionario. Y quizá pida la reparación del daño causado.

Y tienen razón, ojala lo haga.

Y así fue esa historia. Muy lamentable lo que sucede en la procuración de justicia.

Colorado González estuvo preso en el penal de alta seguridad de occidente, en Puente Grande, Jalisco, durante casi seis años, contando el arraigo desde agosto de 2008.

Esta semana salió libre.

Varias preguntas.

¿Quién le hizo esto a Miguel Colorado, y por qué?

¿Para complacer a Washington DC?

¿Quién les pagará la reparación del daño causado, y sobre todo el daño a su reputación?

Muchas fotos fueron publicadas, entonces, con la leyenda de  detenido como si fuera criminal cuando gozaba de la presunción de inocencia que mandata la Constitución.

¿Quién les pagará a Colorado los días que estuvo en prisión?

¿Será reintegrado en su empleo en SEIDO?

¿Le pagarán sueldos caídos?

¿Se castigará a los culpables que fabricaron las pruebas?

¿Que nos dice  hoy la PGR?

¿ Se seguirá usando testigos colaboradores indiscriminadamente?

A propósito de esos testigos colaboradores; no debemos olvidar que son delincuentes.

Surge otra pregunta: ¿sirven de algo los testigos colaboradores?

La respuesta inmediata es sí, pero a la vez también un arma de dos filos. En algunos la figura es imprescindible en el combate contra el crimen organizado, ya que difícilmente las instituciones de procuración de justicia podrían descubrir plenamente el entramado de las organizaciones criminales secretas y a los personajes que las integran, sin que contase con información desde dentro de las mismas. En muchos casos la única forma de lograr llevar a proceso a los líderes de las organizaciones criminales es a través de las imputaciones indirectas.

Son pues un mal necesario ya que pueden proporcionar información valiosa e útil para las autoridades, aunque también puede mentir deliberadamente y dañar a inocentes.

El fiscal especializado en la materia, así como el juez y en su caso los magistrados que lleven esos asuntos deben ser muy cuidadoso para no equivocarse. No hay que olvidar que el testigo colaborador es, de entrada, un delincuente, o lo fue.

Por lo que los testigos sirven sólo si sus testimonios son reales y si se pueden comprobar por otras vías; esa es la labor de los juzgadores que se equipara a quien hace periodismo de investigación, quien confirma una y otra vez sus fuentes. El daño que se causa puede ser irreparable.

¿Cuál es la opinión que tiene de la Operación Limpieza?-, le pregunta Abel Barajas reportero de Reforma a Noé Ramírez Mandujano cuando dejó la cárcel de Nayarit.

-Yo diría que se trató de la perversión de la procuración de justicia, se engañó al pueblo de México, haciéndole creer que servidores públicos que trabajaron durante varios años de manera honesta sirviendo a México, eran unos delincuentes, que eran unos traidores a la patria.

 -¿Qué circunstancias rodearon ese caso?

-En aquel tiempo se firmó la Iniciativa Mérida y había el compromiso con Estados Unidos, de investigar, detener y consignar a servidores públicos de los tres niveles de gobierno y yo creo que algún brillante asesor de ese gobierno se le ocurrió que una cabeza importante para demostrarle a los americanos que México estaba comprometido, fue mi cabeza.

-¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en este uso de los testigos colaboradores de la Operación Limpieza?

 -Creo que no es responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, es responsabilidad de los servidores públicos que se prestaron a ello, que le creyeron a esos testigos que ellos les dieron protección, los servidores públicos que en esos tiempos estaban y que dijeron estos testigos está haciendo imputaciones en contra de equis servidores públicos y no verificaron ni corroboraron la veracidad de esa información. Ellos son los que tienen la responsabilidad.