- Tras escuchar las quejas, Peña Nieto prometió un búsqueda renovada. Tras el regaño cambió la narrativa: Ahora sí, a buscarlos con vida.
Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.
La
búsqueda loca de la PGR/MARCELA TURATI
A
ciencia cierta, el procurador Jesús Murillo Karam no sabe cómo o dónde buscar a
los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Sus peritos van por ahí, dando
bandazos en la incertidumbre, tropezándose con los agentes de la procuraduría
guerrerense y con el equipo de forenses argentinos y, al mismo tiempo, tratando
de remediar las pifias de las autoridades locales y montando espectáculos
fallidos para los medios. No saben si buscar más fosas, si revisar cuevas,
cárceles o bodegas. Y ante el airado reclamo de los familiares de los
estudiantes, el discurso cambió: los buscaban muertos y ahora los buscan vivos,
pero con los mismos resultados.
Quienes
lo han visto en estos días describen al procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, como un hombre preocupado, con los ojos rojos por las
horas robadas al sueño, que maneja casi de memoria los datos clave de las
declaraciones de los detenidos – a quienes en ocasiones él mismo ha
interrogado– relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal Rural de Ayotzinapa. Tiene en la pared de su oficina diagramas y mapas
para darle sentido a la información.
La
búsqueda de los estudiantes guerrerenses detenidos por policías municipales de
Iguala y Cocula, quienes los entregaron a criminales y –según han declarado–
éstos a su vez a otros y éstos a otros, tiene a Murillo, a su equipo de trabajo
y al gobierno de Enrique Peña Nieto contra las cuerdas y bajo el escrutinio
internacional.
Pese
a que “toda la fuerza del Estado mexicano” está dedicada a la búsqueda –6 mil
800 soldados, 900 marinos, 110 peritos, 300 investigadores, mil 870 agentes de
fuerzas federales y 50 ministerios públicos federales– a cinco semanas de la
desaparición ninguno de los estudiantes ha sido hallado.
La
numeralia gubernamental es que hubo mil recorridos y 142 vuelos de rastreo, la
revisión de 110 lugares, 13 cateos, la detención de 54 personas, 26 órdenes de
aprehensión, 20 mil volantes repartidos y la oferta de 1 millón de pesos de
recompensa para informantes (de una bolsa de 64 millones).
Se
sabe que revisaron el paraje de Pueblo Viejo y Lomas de Zapatero, el batallón
de infantería y la zona militar, los separos de la policía y la cárcel
municipal (en Iguala). Los operativos, según el Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, se han hecho en Mayanalán (“donde había movimiento de
gente”), cuevas y minas antiguas de Huitzuco y Taxco; ríos, casas, una iglesia
en Cocula; una presa en el Alto Balsas…
Desesperadas
ante la ineficiencia gubernamental, las familias manifestaron que si sus hijos
están muertos únicamente aceptarían los resultados de las identificaciones del
Equipo Argentino de Antropología Forense. Rechazaron a la Procuraduría General
de la República (PGR), a la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas y a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –la cual presume más de 900
diligencias en Ayotzinapa–, instancias de las cuales desconfían.
El
miércoles 29 de octubre, día 33 de la desaparición, cuando no había indicios
del paradero de los estudiantes, los familiares reclamaron a Enrique Peña Nieto
y a su gabinete de seguridad en Los Pinos la desastrosa búsqueda.
En
conferencia de prensa al salir del encuentro, el padre de familia Felipe de la
Cruz Sandoval dijo: “No vamos a confiar en las palabras del presidente ni en
los compromisos que dio a conocer hace rato hasta que nos presente a los 43
normalistas vivos. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya
no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos”.
Agregó:
“Para nosotros, mientras no haya resultados por parte de los forenses
argentinos, todo lo que den a conocer por medio de la procuraduría es falso. No
vamos a aceptar que ellos completen los cuerpos y quieran cerrar el caso de
Ayotzinapa haciendo creer a la sociedad que primero encontraron 28 cuerpos en
las primeras fosas y en estas últimas los que hacían falta. Si fuera así, ya se
pasaron de cuerpos”.
Epifanio
Álvarez Alcaraz, padre del normalista Jorge Álvarez dijo: “Tal parece que se
burlan de nosotros, porque para mí esas búsquedas no son buenas”.
Mismo
equipo, vicios repetidos
La
tragedia de Ayotzinapa contradice la puesta en escena del PRI que intentó
silenciar la violencia en México; este escándalo sacó del clóset la magnitud
del fenómeno de la desaparición de personas, cometida a la vista de todos por
funcionarios públicos en colusión con narcotraficantes.
Los
desaparecidos fueron borrados: la lista de casi 27 mil desaparecidos heredados
por el calderonismo fue reducida por la Secretaría de Gobernación a 8 mil de
una forma que no convenció. Y no sumó a los otros 9 mil desaparecidos desde que
Peña Nieto asumió el poder.
Ayotzinapa
dejó en evidencia a la PGR, que ha dado magros resultados en la búsqueda de los
miles de desaparecidos desde el sexenio pasado (el reporte del exsubprocurador
Ricardo García Cervantes fue de 73 encontrados en un año).
El
frecuente hallazgo de fosas comunes ha cobrado relevancia. Durante el primer
mes del operativo fueron revisadas 10 fosas y un tiradero relacionados con el
caso, donde se encontraron preliminarmente 38 cadáveres; otras tres fosas
fueron halladas en otros puntos del estado. No se ha confirmado que los
estudiantes estén en ellas.
En
el caso Ayotzinapa el gobierno federal repite vicios, como los que le valieron
una recomendación de la CNDH por las fallas durante el proceso de
identificación de cadáveres de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas en
2010. Otra vez la federación se involucró tarde (10 días después del suceso) y
la tardanza impidió cuidar la calidad de la exhumación de los restos en las
primeras cinco fosas, en la colonia Pueblo Viejo, donde únicamente trabajaron
peritos de Guerrero.
“Se
hizo mal porque no hay personal capacitado para el levantamiento, para obtener
pruebas, se desconocen las técnicas fundamentales del cuidado del lugar y la
ubicación de cuerpos. Hubo problemas porque los cuerpos no correspondían, en
parte por el descuido; eso generó más problemas para ordenar las piezas,
clasificar cuál correspondía a cuál cuerpo y eso causó más trabajo”, dice a
Proceso Abel Barrera, director del Centro Tlachinollan.
Una
vez que la federación se involucró, las identificaciones forenses quedaron a
cargo del mismo equipo de la PGR (encabezado por la química Sara Mónica Medina
Alegría) que equivocó los restos de las víctimas de las masacres de San
Fernando, mandó a fosas comunes más de 30 cuerpos de migrantes que podían haber
sido identificados y ha enviado a fosas comunes a 15 mil personas no
identificadas.
La
Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por Murillo
como el cuerpo de expertos que el gobierno federal presume ante organismos
internacionales, no fue convocada a participar en Ayotzinapa.
La
renuncia de Rodrigo Archundia en plena crisis, quien era titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) y desde el sexenio pasado se encargaba –pese a las quejas de las
familias– de la búsqueda de personas capturadas por grupos criminales, resulta
más que elocuente.
Los
familiares de los estudiantes señalan la misma falla: las autoridades sólo
buscan en fosas, no buscan gente con vida.
Traspiés
y contradicciones
Funcionarios
de la PGR que aceptaron hablar con Proceso dicen que han seguido todas las
pistas que han podido, los han buscado vivos (en cárceles, instalaciones
militares, iglesias, bodegas, cuevas… pero sin resultados), también muertos;
además han acudido a los lugares que les han indicado los detenidos.
El
director de Tlachinollan señala que la búsqueda ha estado plagada de fallas que
han hecho perder la confianza a los padres: “Es muy básica, muy limitada, le ha
faltado investigación e inteligencia previa; todo es muy rudimentario, sin
mapeo, sin estudio previo de las zonas. Llegan con operativos aparatosos,
muchas camionetas como anunciando su llegada y cuando los padres señalan que
les dijeron que podían estar en una bodega o en una iglesia abandonada, decían
que no tenían órdenes de cateo para entrar. Y al día siguiente decían que ya
habían ido ellos por su cuenta y no habían encontrado nada.
“No
se fue con todas las condiciones legales para acceder a los lugares. Además se
informaba primero a la televisión de las detenciones de personas, de lo que
habían encontrado”, enfatiza.
Las
contradicciones por los cuerpos surgieron desde el inicio. A ocho días de la
desaparición de los estudiantes la procuraduría estatal encabezada por Iñaki
Blanco, entonces a cargo de las investigaciones, anunció el hallazgo de seis
fosas en el paraje Pueblo Viejo. Murillo corrigió luego y dijo que eran cinco
las fosas, pero en rueda de prensa posterior volvió a mencionar seis.
También
hubo enredo en los cuerpos: primero eran 28, después se informó que había dos
más que se descubrieron después. Y el gobierno de Guerrero impidió a la PGR
presenciar las exhumaciones y no presentó evidencias fotográficas.
La
búsqueda que hizo el estado, confía a este semanario uno de los 80 policías
ministeriales llevados a Iguala para buscar a los estudiantes, se basó en
peinar sitios donde era obvio que no estarían los normalistas.
“No
tenía objeto buscar donde nos mandaban. Nos pedían caminar a cualquier punto y
de ahí pa’rriba en el monte a ver si veíamos tierra removida. Era ilógico,
porque nos llevaban a zonas donde tanto movimiento de muchachos se hubiera
notado”, afirma.
A
finales de octubre los tres encargados de las investigaciones –el procurador
Blanco y los vicefiscales Ricardo Martínez Chávez y Víctor Jorge León– fueron
citado a declarar ante la SEIDO después de que el líder de Guerreros Unidos,
Sidronio Casarrubias, señaló que había pagado 300 mil dólares por favores del
procurador estatal.
El
9 de octubre, cuando la PGR había atraído el caso, Murillo Karam anunció el
hallazgo de otras cuatro fosas cercanas; no precisó la cantidad de cadáveres
pero indicó que los cuerpos fueron calcinados, con el mismo modus operandi de
los 28 anteriores. La procuraduría local y la policía estatal tuvieron el
acceso vedado a las fosas.
El
abogado Vidulfo Rosales, de Tlachinollan, denuncia que esos días hubo un
bloqueo inicial al trabajo del equipo de forenses argentinos en ambas fosas.
“Hubo un problema para acreditarlas legalmente y no se los permitían porque no
traían documentos originales que respaldaran su experiencia, y cuando se
destrabó el punto no estaba el Ministerio Público que tenía que hacer los
trámites para que pudieran trabajar en la Normal (tomando muestras de ADN) y en
el Semefo. Fueron dos días de martirio y complicaciones, y hasta el tercer día
se normalizó” la situación.
Cuando
el equipo argentino apenas preparaba las muestras genéticas de los primeros 28
cuerpos para enviarlas al laboratorio, Murillo Karam anunció que los estudios
de la Policía Federal y la PGR apuntaban a que no eran los estudiantes; días
después cambió y dijo que esperaría los resultados de las pruebas argentinas.
En ese momento declaró que en el segundo grupo de fosas (el que antes había
mencionado que tenía cuerpos quemados) no se hallaron cuerpos. Los argentinos
no pudieron comprobarlo porque también les bloquearon el acceso a ésas.
“Las
descartó el propio gobierno antes de que nosotros pudiéramos saber nada,
nosotros en ésas no trabajamos”, señala a Proceso un portavoz del equipo
argentino quien pidió no ser identificado pues aún trabaja en Guerrero.
El
28 de octubre, cuando la presión iba en aumento, Murillo anunció que había un
tercer lugar a analizar, al cual se llegó tras la declaración de los últimos
cuatro detenidos. Invitó a la prensa a visitarlo.
Los
fotógrafos fueron llevados al basurero de Cocula y desde arriba de lo que
parece un cráter vieron a una docena de forenses enfundados en trajes blancos
nuevos peinando el terreno para ubicar tierra removida, plantando banderines, y
a los perros olfateadores en acción. Nunca se explicó a la prensa cuál había
sido el hallazgo.
Esa
misma tarde, cuando las imágenes de la visita al tiradero ya estaba en las
noticias, Murillo trató de matizar los hallazgos, pidió esperar para dar por
cierto que los restos pudieran ser de los estudiantes (no aclaró cuántos o en
qué estado) y pidió a la prensa basarse en hechos, no en fantasías. “(Aún) no
podemos hacer nada al respecto mientras no tengamos una evidencia clara y plena
de lo que sucedió ahí; en ese sentido es en el que están trabajando los peritos
y en el momento en que tengamos resultados se los informaremos”.
Era
la décima fosa.
En
las imágenes tomadas por fotógrafos y camarógrafos en los alrededores del
basurero, cerca del río Cocula, se observa al jefe de la Agencia de
Investigación Criminal y coordinador de la búsqueda, Tomás Zerón preocupado,
junto a un detenido traído en helicóptero –con el rostro escondido bajo una
chaqueta negra y custodiado por un judicial con metralleta– quien señaló un
punto donde supuestamente quemaron a algunos jóvenes; sus cenizas las arrojaron
al agua.
En
ese momento familias igualtecas de seis detenidos durante los operativos de la
PGR acusaron al gobierno de fabricar responsables mediante torturas,
detenciones y cateos ilegales e invención de delitos. Antes las mismas
protestas habían sido de familiares de Carrizalillo.
El
hartazgo hizo que los padres de los 43 normalistas rompieran con la PGR y la
Secretaría de Gobernación y exigieran un encuentro con Peña Nieto, el cual se
concretó el día 33 de la ausencia de sus hijos.
Tras
escuchar las quejas, Peña Nieto prometió un búsqueda renovada. Tras el regaño
cambió la narrativa: Ahora sí, a buscarlos con vida.
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