Revista
Proceso No. 1986, 1 de noviembre de
2014.
Ante la
pesadilla de Iguala, las guerrillas despiertan/José Gil Olmos, reportero.
Los
grupos insurgentes de Guerrero salieron de un prolongado letargo sacudidos por
el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa, agresión de la cual responsabilizan
tanto a fuerzas federales como al narcotráfico. En una maniobra sin precedentes
en los últimos años, emitieron durante el mes de octubre una larga serie de
comunicados en los que analizan los acontecimientos ocurridos en Iguala el 26
de septiembre y anuncian, entre otras acciones, la creación de “brigadas de
ajusticiamiento”. Un documento de inteligencia del gobierno, a su vez, hace el
recuento de esas agrupaciones y de algunos de sus supuestos líderes y alerta
sobre sus intenciones de unificarse.
En
un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica
del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más
el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas
ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con
los demás cuerpos policíaco-militares-paramilitares”.
Y
apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron
entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión
contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto
han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta
intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado
con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas
de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos
rebeldes armados.
En
un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la
presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que
a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos
policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa
humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas
castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los
municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición
forzada”.
Por
su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado
a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de
otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de
Ajusticiamiento 26 de septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares
(en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel
de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.
Emulando
a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad
recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como
sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía.
Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al
exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel
Aguirre.
Los
zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido
el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido
minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas
víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción
del “narcoestado”.
Las
Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó
en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a
los policías y sicarios.
“Estamos
ante un Estado mafioso que creó, desarrolló y protege a su propia delincuencia
organizada y la usa o desecha según las propias necesidades económicas y
políticas del sistema explotador”, señala este grupo en su segundo comunicado,
fechado en Guerrero el pasado 16 de octubre.
El
ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la
Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones
guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.
La
reactivación
Desde
el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los
cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados
exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes.
Estas
organizaciones –calificadas de “subversivas” por el gobierno federal– no se
habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas
en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con
el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones,
entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y
Oaxaca.
“Con
el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las
condiciones para la reactivación de estos grupos que estaban sin manifestarse
con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora
están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado
desde hace dos décadas”, señala Erubiel Tirado.
“Las
estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque
este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para
ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en
una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados
con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les
puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía
social.”
Un
documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa
nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y
reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones
subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus
demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de
instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los
normalistas desaparecidos.
Y
advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales
vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este
movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las
acciones en toda la entidad”.
Según
la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso
1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos
subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda
Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales
del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita
a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto
Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la
Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.
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