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Y el nuevo gobernador llega a negociar

Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.
Y el nuevo gobernador llega a negociar/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
El nombramiento de Salvador Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino de Guerrero causó malestar entre oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional por los nexos que tuvo con las guerrillas mexicana y colombiana. No obstante, otros consideran que la designación de quien fuera secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero es un mensaje del gobierno federal para evitar un rebrote insurgente. En entrevista con Proceso, algunos militares recuerdan que en su sexenio Felipe Calderón hizo una maniobra similar por medio del general Tomás Ángeles Dauahare para negociar una tregua con los grupos subversivos.
Advertido sobre la reactivación de la guerrilla en la entidad, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminó por acercarse a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en un intento por contener la participación de grupos armados en el imparable reclamo social por los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala.
Esa decisión no cayó nada bien en círculos del Ejército por los alegados antecedentes del gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, con la guerrilla en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque en el entorno presidencial se asegura que la apuesta por el exsecretario general de la UAG busca tender puentes con los movimientos radicales ante la falta de liderazgos políticos en el estado.
Con Guerrero como uno de sus principales escenarios de contrainsurgencia del Ejército en el país desde los años sesenta, integrantes de esa fuerza equiparan la decisión de Peña Nieto con la de Felipe Calderón de negociar con la guerrilla, “pero ahora con más ventajas para los grupos subversivos”.
En entrevista con Proceso, los militares revelan que tras los atentados del Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra ductos de Pemex, entre mayo y septiembre de 2007 en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, el entonces presidente Felipe Calderón le pidió a su secretario de la Defensa, el divisionario Guillermo Galván, que el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, el también general de división Tomás Ángeles Dauahare, entrara en contacto con el EPR para negociar una tregua a sus acciones violentas.
“Dígale al general Tomás Ángeles que entable negociaciones con el EPR”, refieren sobre la orden de Calderón al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El entonces presidente quería evitar que la guerrilla contaminara con más atentados su guerra al narcotráfico.
Precisan que el general ahora retirado se reunió con Felipe Canseco Cruz, al que identifican como brazo político del EPR, y los comandantes Ítalo y Hermenegildo para decirles que el gobierno federal no estaba involucrado en la desaparición de dos de sus dirigentes en Oaxaca ese mismo año. El objetivo se logró, durante todo el sexenio no hubo más atentados guerrilleros, observan.
El general Ángeles confirmó en julio de 2012, en una entrevista desde la prisión con Carmen Aristegui en MVS Radio, que sí fue negociador con el EPR, aunque evitó precisar que fue por órdenes directas de Calderón.
“Yo recibí la orden de hacer una interlocución con el EPR. Se empezó a trabajar en ello (e) incorporé al director del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a cargo entonces de Guillermo Valdés) porque había necesidad de algún órgano político; qué mejor que él que tenía una estrecha relación con el presidente y a través de él se podían manejar muchas cosas”, declaró en la entrevista.
Las fuentes militares aseguran que con la aceptación de Ortega Martínez como gobernador interino, Peña Nieto tomó una decisión similar a la de Calderón para no actuar contra el movimiento guerrillero por los atentados contra Pemex: “Así como el expresidente quiso demostrarles que su gobierno no tuvo nada que ver con la desaparición de dos de sus dirigentes, ahora el presidente Peña Nieto quiere demostrar que no tiene ninguna vinculación con la desaparición de los 43 normalistas”.
Aunque el Ejército ha sido cuestionado por lo menos por su omisión en momentos en que los normalistas eran reprimidos por la policía de Iguala en contubernio con el grupo delictivo Guerreros Unidos, insisten en trazar paralelismos con el gobierno de Calderón.
Consideran que lo sucedido con los estudiantes de Ayotzinapa ha sido tomado por los grupos guerrilleros como “el inicio de una campaña de aniquilación” del gobierno federal en su contra, “debido a la presencia que tienen en la normal rural Raúl Isidro Burgos”, por lo que ante el temor de una ola de atentados peor que la de 2007 en Los Pinos se optó por apoyar a Ortega Martínez.
Acciones preventivas
El aparato de inteligencia le advirtió al gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la reactivación de las organizaciones subversivas en Guerrero. En un reporte fechado el 15 de octubre último, casi tres semanas después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, identificó a las organizaciones y dirigentes que se estaba aglutinando en torno a la movilización por los hechos de Iguala (Proceso 1981).
Según ese informe, “resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”.
Y agrega que dirigentes sociales y sindicales “se han ido apropiando de la dirección de este movimiento”. Entre ellos identificó a liderazgos del EPR y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), así como la participación del Frente Único Estatal de Representantes Sindicales Autónomos, al que pertenece el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG.
Semana y media después de ese reporte y en medio de una creciente radicalización del movimiento, como la quema del palacio de Gobierno y de la presidencia municipal de Iguala, Salvador Rogelio Ortega Martínez fue declarado gobernador interino de Guerrero por el Congreso local, el 26 de octubre, tras la licencia solicitada por el expriista y perredista Ángel Aguirre Rivero.
Ortega Martínez, de 59 años, era hasta la semana antepasada secretario general de la UAG y dependía políticamente del rector de la universidad, Javier Saldaña Almazán. Secretario de Educación en el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca, el ahora gobernador interino hizo su carrera política en esa universidad al lado de Armando Chavarría Barrera, el diputado perredista asesinado en agosto de 2009.
Con la muerte de Chavarría, quien había sido secretario de Gobierno en la gestión de Torreblanca y era el presidente del Congreso al momento de su asesinato,  Ortega Martínez fue desplazado en su tercer intento por llegar a la rectoría de la UAG, aunque fue designado secretario general por el rector Saldaña.
Junto con Chavarría, Ortega fue en los años ochenta dirigente de la Federación de Estudiantes de Guerrero y perteneció a la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), luego de la experiencia guerrillera de esa organización en los años sesenta con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Por la interacción que ha tenido con las organizaciones estudiantiles y los movimientos de base, tanto como funcionario universitario como gubernamental, tiene el perfil que se necesita para tender puentes con los grupos radicales, dice a Proceso un funcionario del gobierno de Peña Nieto involucrado en las negociaciones para la designación del gobernador interino.
El nombramiento que Ortega hizo del dirigente del movimiento estudiantil de 1968, Salvador Martínez della Rocca, como secretario de Educación del estado tiene la misma lógica. Lo que el gobierno federal pretende es desactivar a los grupos radicales, añade.
Apenas en 2009, el ahora gobernador interino fue incluido en la ampliación de una denuncia de hechos por su supuesta colaboración con la guerrilla de las FARC para realizar secuestros en México y financiar al grupo guerrillero más antiguo de América Latina. Contrario a la acusación, en el gobierno federal se asegura que los vínculos de Ortega con las FARC “no fueron tan profundos”.
Antiguo vínculos
La denuncia contra Salvador Rogelio Ortega fue presentada ante la Procuraduría General de la República por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad mejor Gobierno, en marzo de 2009, un año después de que se conociera que estudiantes mexicanos estaban en un campamento de la FARC, en territorio de Ecuador, durante un ataque del Ejército colombiano.
En la Operación Fénix, registrada en la provincia de Sucumbíos, en la frontera de Ecuador con Colombia, murió “el canciller” de las FARC: Luis Édgar Devia Silva, el Comandante Raúl Reyes, quien había mantenido durante seis años una presencia de esa organización guerrillera en México.
Sus representantes eran Luis Alberto Albán Burbano, Marco León Calarcá, y Liliana López Palacios, Olga Marín, hasta que fueron expulsados al inicio del gobierno de Vicente Fox. Marín es hija de quien fuera el máximo jefe de las FARC, Pedro Antonio Marín Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo.
Un año después, el periódico El Tiempo de Bogotá publicó que las tres computadoras de Reyes aseguradas por los militares colombianos contenían información sobre las relaciones de los representantes de las FARC en México con un hombre identificado como Rogelio de la UAG, con el propósito de financiarse a través de secuestros y del propio presupuesto de la universidad.
Un correo electrónico de Calarcá y Marín dirigido a Reyes el 22 de enero de 2002, tres meses antes de que fueran expulsados de México, da cuenta de conversaciones con Ortega y con el entonces rector de la UAG, Florentino Cruz Ramírez, quien fue secretario general de Gobierno del gobernador con licencia Ángel Aguirre. Esa supuesta relación salió a flote en mayo del año pasado, lo que obligó a Aguirre a salir en defensa de su operador político.
El correo, que fue incluido en la demanda presentada en la PGR, dice textual: “El sábado viajamos a Acapulco para entrevistarnos con los amigos de la U. de Guerrero y retomar las cosas pendientes… Es bueno que sepan que en razón de la elección para rector, que es en marzo, los amigos se han dividido, de un lado está el rector actual Florentino que tiene un candidato y el asesor de los coordinadores, Rogelio, que aspira con un grupo importante que lo respalda”.
Intercambio de correos
Calarcá y Marín detallaron las conversaciones que tuvieron por separado con ambos, que “por ahora no se hablan”. Reportaron que con Florentino Cruz acordaron financiamientos editoriales, de boletos de avión, estadías y visas para otros miembros de las FARC.
Del encuentro con “Rogelio”, escribieron: “Además de plantearnos que de ganar la rectoría tendríamos más apoyo, lo importante fue que nos planteó el siguiente negocio. Un grupo que trabaja con él y que viene de luchas anteriores, como forma de finanzas hicieron una retención hace tres meses, están negociando, ellos piden 20 millones de dólares y ya les están ofreciendo cuatro y medio, dice que pronto estarán llegando a 10 y que seguramente ahí se cerrará el trato.
“Esto nos contó para plantearnos un préstamo de 40 mil dólares, ofrecen pagar el doble y algo de solidaridad en efectivo, por un lado lo respaldan con el toro y por otro con lo de la rectoría de la universidad, donde tendrán de ganar acceso a un presupuesto grande y sin muchos controles.
“Le dijimos que era difícil lo del préstamo, que teníamos que consultar, que no teníamos esa cantidad de dinero y que para no ir y venir con razones porque (sic) no mirábamos si podían garantizar el préstamo con una hipoteca o con los documentos de unos carros, a lo que contestó que por eso no había problema. También les planteamos que debían pagar unos tres pasajes internacionales para traer la plata, a lo que tampoco vio problema.”
Al día siguiente, el 23 de enero, los representantes de las FARC enviaron otro correo que también aparece en la denuncia:
“Tentadora la oferta de los de la Universidad de Guerrero y las demás posibilidades ofrecidas por ellos para el trabajo de la comisión. De hacer el préstamo estamos en la obligación de asegurarnos de hecho y no sólo de palabra porque no es cualquier cantidad de recursos.
“Se puede empezar  para concretar la seguridad del préstamos sin otro compromiso por ahora, mientras hacemos consultas con toda la dirección, teniendo en que también falta la opinión de Ricardo”. Según los denunciantes, Ricardo o Rodrigo Granda es Ricardo González, encargado de las relaciones internacionales de las FARC.
En un correo posterior, en marzo del 2003, atribuido a Ricardo, Calarcá y Marín, entregado también a la PGR, mencionan que en sus planes para ese año estaba la idea de “trabajar con unos amigos mexicanos, se acuerda de los del préstamo, pues con esos. La parte que nos correspondería es la negociación y cambiar el dinero que pague”.
La demanda señala que el ganador de la rectoría de la UAG fue Nelson Valle, el candidato de Florentino Cruz, quien había sido rector entre 1999 y 2002. Asegura también que Rogelio “no puede ser otro que Rogelio Ortega Martínez”.
Recuerda que Ortega se proclamó “rector moral” luego de que le tomara protesta Pablo Sandoval Cruz, quien era el padre del exdiputado federal de PRD Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, fallecido en 2012 y quien también apareció mencionado en las comunicaciones de Raúl Reyes.
La denuncia de Ortega Sánchez y Velasco Arzac menciona que el secuestro que aludieron los representantes de las FARC podía ser el de Luis Ávila Marbán, padre del diputado local del PRI, José Luis Ávila López, que había sido secuestrado el 17 de octubre de 2001 en Huitzuco, Guerrero, en una fecha que coincide con lo mencionado en la comunicación con Raúl Reyes.
Agrega que en septiembre de 2003, el periódico Reforma informó que habían sido detenidos los secuestradores de Ávila Marbán. Reportó que eran buscados desde 1998 y que operaban en Guerrero, Puebla y Morelos en coordinación con el ERPI.
Según la denuncia, “Ortega Martínez está implicado directamente en cuando menos un secuestro… (y) parece ocupar una posición dirigente en una organización terrorista y podría estar implicado en más secuestros en México en los que habría habido participación de las FARC”. La denuncia se archivó en la PGR desde el gobierno de Calderón. 

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