Revista Proceso No. 1986, 1 de noviembre de 2014.
Ayotzinapa
muestra la descomposición del sistema político mexicano/J. JESÚS ESQUIVEL
El
caso de Ayotzinapa y lo que ocurre en el país en este sexenio constituyen “un
escándalo internacional muy grande”, y ante los acontecimientos de Iguala y de
Tlatlaya se han puesto en evidencia las “debilidades del sistema político
mexicano”. Esta es la apreciación del secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano
Emilio Álvarez Icaza, entrevistado por Proceso. Advierte: el gobierno de Peña
Nieto se tardó en reaccionar, cuando en crisis parecidas, como las de Aguas
Blancas y Acteal, se produjeron de inmediato las renuncias de los gobernadores
y de un secretario de Gobernación.
En
las crisis de Tlatlaya y Ayotzinapa, “tal vez no tan prolongadas como
profundas, la respuesta se tardó, lo que pone en evidencia las debilidades del
sistema político mexicano”.
Durante
las cinco audiencias realizadas el pasado 30 de octubre sobre la situación de
los derechos humanos en México, dentro del 153 periodo de sesiones de la CIDH,
los asuntos más destacados fueron la desaparición forzada de 43 estudiantes de
la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución
extrajudicial de 21 jóvenes –presuntos delincuentes– en Tlatlaya, Estado de
México, por elementos militares.
Luego
de escuchar los argumentos del gobierno de Peña Nieto sobre estos dos casos de
violación a los derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH declara
que “no son sorpresivos” porque no se trata de nuevos acontecimientos. “Son
indignantes y dolorosos en cuanto a su dimensión”, manifiesta.
Pero
Álvarez Icaza va más allá. Puntualiza que la situación “refleja de una manera
tan nítida el fenómeno de corrupción, de crisis de justicia, de descomposición
en derechos humanos, que eventualmente ese es el factor que ha hecho que
Ayotzinapa sea un clamor nacional”.
Las
audiencias en la CIDH, organismo jurídico dependiente de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), sirvieron como plataforma para las denuncias de la
sociedad civil mexicana contra Peña Nieto. Le gritaron que no le creen y que el
caso de Ayotzinapa es un crimen de Estado en el cual la Procuraduría General de
la Republica (PGR) se quedó dormida en sus laureles.
En
la primera audiencia, realizada por petición del Estado mexicano, Álvarez Icaza
expuso que acontecimientos como los de Ayotzinapa y Tlatlaya son “el patrón” de
las violaciones de derechos humanos que se cometen en México.
A
la par, integrantes de 13 organizaciones no gubernamentales (ONG) que
asistieron a las audiencias levantaron pancartas antes de que hablaran delante
de la delegación mexicana oficial: “Fue el Estado”. Leyeron uno a uno los 43
nombres de los normalistas desaparecidos y de las seis personas ejecutadas en
Iguala el 26 de septiembre. Por las víctimas, pidieron a la sala guardar un
minuto de silencio. Silencio que se percibió como un ambiente de impotencia
social ante la cruel realidad que vive México.
Estas
organizaciones asistieron a las sesiones de la CIDH en calidad de
peticionarias, así como en representación de la sociedad civil y de los
familiares de víctimas de los abusos contra los derechos humanos.
A
su vez, en nombre del Estado mexicano, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, justificó:
“En
ambos casos, Tlatlaya y Aytozinapa, el Estado mexicano ha manifestado su
compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera
diligente, objetiva e imparcial para sancionar a quienes resulten responsables,
así como garantizar la atención a las víctimas y el diálogo con las
organizaciones de derechos humanos que representan sus intereses, como le
consta a la comisión.”
“Lo
que se ve es que hay un cambio de narrativa, pero no un cambio de realidad”,
advirtió por su parte Álvarez Icaza acerca de las declaraciones y explicaciones
del gobierno de Peña Nieto ante la CIDH y la delegación de peticionarios que
viajó a esta ciudad.
Gobierno
“impune que maquilla”
A
más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, y a
cuatro de que 21 jóvenes fueran ejecutados por miembros del Ejército en
Tlatlaya, las ONG Fundar, Artículo XIX, Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en
Apoyo de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montana Tlachinollan, Centro de los
Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Documenta, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Propuesta
Cívica Sin Fronteras, además de patentizar que Peña Nieto miente a los
familiares de las víctimas, le dijeron que está al frente de un gobierno impune
que maquilla.
“México
es un país de contradicciones… es un país adolorido que no puede tolerar más la
simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del área de derechos
humanos de Fundar.
En
cambio, la delegación oficial mexicana pretendió mostrar un rostro de dolor por
lo ocurrido y habló del compromiso de resolver los casos y castigar a los
responsables.
“Para
este objetivo, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud de asistencia
técnica a esta comisión y esperamos definir sus términos a la brevedad”,
externó la subsecretaria Limón.
La
misión de control de daños con la que llegó la delegación del gobierno de Peña
Nieto a Washington, encabezada por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, pidió el apoyo técnico del organismo.
Mientras
tanto, el secretario ejecutivo de la CIDH considera que la crisis de derechos
humanos por la que pasa la administración de Peña Nieto “es un escándalo
internacional muy grande”. Comenta que hace unos días, durante un viaje que
realizó a Ginebra, Suiza, fue abordado con la misma pregunta por el relator
sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, por la Comisión Africana de
Derechos Humanos, por la Asiática y por el Parlamento y la Unión europeos:
“¿Qué está pasando en México?”.
“Honestamente,
creo que el Estado mexicano tiene que desplegar una mucho mayor capacidad, y yo
creo que la tiene. Tiene que entender, y me parece que se necesita asumir con
mayor claridad que esto debe ser un quiebre en términos de que no pueden
repetirse hechos de esta naturaleza”, insiste Álvarez Icaza.
Al
preguntarle si la crisis de derechos humanos que se vive en el actual sexenio
es la más profunda que ha experimentado México en los últimos 30 años, plantea
que no le gusta hacer una “especie de competencia de tragedias”, aunque hace
comparaciones con episodios trágicos anteriores:
“Pasó
lo mismo con el Movimiento por la Paz, de Javier Sicilia. Pasó lo mismo con los
temas que tenían que ver con las marchas por la inseguridad. La pregunta es:
¿Qué tienen que hacer las estructuras, las instituciones del Estado, para
responder en buenos términos, para que otras (crisis) no pasen? Ojalá que ahora
haya una condición de quiebre y de aprendizaje para que esto no se repita.”
El
28 de junio de 1995, la policía del estado de Guerrero masacró a 17 campesinos
e hirió a otros 21 en el vado de Aguas Blancas, un crimen de Estado que causó
la renuncia del entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa Alcocer.
El
22 de diciembre de 1997, en la población de Acteal, Chiapas, 45 indígenas
tzotziles de la organización Las Abejas fueron asesinados por un grupo
paramilitar. Esta matanza, que incluyó a niños y mujeres embarazadas, provocó
la dimisión del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien es
hoy titular de la Secretaría de Educación.
“No
es política de Estado”
También
en entrevista con Proceso, el subsecretario Gómez Robledo, quien durante las
audiencias estableció que “no es política de Estado” la violación de derechos
humanos en México, rechaza de manera categórica la declaración de que en los
casos de Ayotzinapa y Tlatlaya no se está actuando con transparencia.
“El
contacto, el diálogo, la cooperación con los familiares es algo que no podemos
poner en duda; un aspecto muy importante que deriva de una ley que fue
promulgada por este gobierno, la Ley General de Víctimas, que da a los
familiares un papel de coadyuvancia en las investigaciones y que tampoco tiene
precedente. Es la primera vez que se pone en aplicación la ley en este
aspecto”, sostiene el funcionario de la cancillería mexicana.
Gómez
Robledo admite que hay “impaciencia por la dilación” en el esclarecimiento de
los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, pero enfatiza que la PGR –que ya ha detenido
a 56 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas–
está desarrollando una investigación efectiva.
Contra
la percepción generalizada, Gómez Robledo cataloga el pronunciamiento del
Parlamento Europeo de la semana pasada como “de respaldo irrestricto a lo que
ha hecho el Estado, de condena (también) por supuesto; pero es de respaldo y es
un voto de confianza de que el Estado va a poder avanzar”.
Asimismo,
no comulga con la acusación de que el gobierno de Peña Nieto está muy limitado
para resolver el caso de Ayotzinapa, como se podría interpretar de la solicitud
de asistencia técnica que el gobierno mexicano hizo a la CIDH, o la
participación en las investigaciones de los especialistas forenses argentinos.
“En
el caso de los peritos extranjeros”, apunta Gómez Robledo, “fue una decisión
del gobierno de México, el primer día, de llamarlos. ¿Por qué? porque, primero,
ya había habido una experiencia previa con este equipo ante los feminicidios en
Ciudad Juárez. Ya los conocemos, sabemos de la profesionalidad y credibilidad
que tienen; y porque pensamos que era muy importante que vinieran a apoyar,
sobre todo al inicio, cuando todo estaba en el fuero local, a los servicios
periciales del estado de Guerrero.”
–¿Incomodan
al gobierno de México las expresiones de preocupación que recientemente emitió
la Casa Blanca, y lo que publican los medios de comunicación en Estados Unidos
sobre Ayotzinapa y Tlatlaya? –pregunta el reportero a Gómez Robledo.
–No,
no, por supuesto que no incomoda. México ha transitado de ser un país muy
reacio a la mirada externa en estos temas a ser, probablemente, por lo menos en
América, el país más abierto.
–¿Cuándo
iría la CIDH a México?
–El
esquema de la asistencia técnica no supone necesariamente una visita de la
comisión. La idea que han planteado ya por escrito los peticionarios es que
vaya un grupo de expertos que tenga el aval de la comisión para hacer una serie
de tareas.
En
las audiencias de la CIDH, mientras la subsecretaria Limón solicitaba la asistencia
técnica del organismo jurídico interamericano, los peticionarios clamaban por
una “visita in loco” (en el lugar), lo antes posible, de los comisionados de
derechos humanos de la OEA.
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