Hay un proyecto de Ley sobre Desaparición Forzada

Trabaja la CEAV en proyecto de Ley General sobre Desaparición Forzada junto con legisladores y organizaciones de la sociedad civil

• El borrador contempla una declaratoria de ausencia por desaparición y penas más altas para quienes incurran en este delito

 • Difícil garantizar derechos de las víctimas cuando 12 estados de la República no han homologado su legislación con la Ley General de Víctimas

B 015/2015

México D.F., 3 de febrero de 2015

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta ya con un primer borrador de Ley General sobre Desaparición Forzada, que tiene como objetivo central prevenir y erradicar este grave problema en nuestro país e, incluye, una declaratoria de ausencia por desaparición y penas más altas para quienes incurran en este delito, así lo informó el comisionado de la CEAV Julio Hernández Barros.

En el marco de su participación en el segundo día de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, en Ginebra, Suiza, donde se analiza la situación del Estado mexicano en la materia, el comisionado Hernández Barros destacó que el nuevo proyecto de Ley se trabaja conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil y representantes del Poder Legislativo.

“Este proyecto de ley plantea un mando único policiaco destinado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas; contiene el tipo penal de desaparición forzada con la que deberían contar todos los estados en sus leyes para atender este delito y señala la necesidad de contar con un registro nacional de datos forenses y un banco de información genética que ayudarían a la identificación de cadáveres”, explicó.

 Por otra parte, el comisionado de la CEAV alertó que 12 estados de la República todavía no homologan su legislación local con lo que señala la Ley General de Víctimas, lo cual es primordial para que las familias de todo el país que enfrentan el delito de la desaparición forzada, tengan garantía y acceso pleno a sus derechos.

 “Hemos hecho en distintas ocasiones el exhorto a las entidades para que cumplan con la obligación de adecuar su legislación; hemos insistido a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y algunos lo han hecho puntualmente, como el caso del gobierno de Coahuila. Sin embargo, 12 estados han desoído la petición; es una asignatura pendiente”, afirmó.

 En la sesión del Comité, Hernández Barros también señaló que los defensores públicos con los que cuenta la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas son insuficientes para atender y acompañar a todas las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos en el país como lo mandata la Ley, por lo que hizo un llamado a las autoridades hacendarias para dotar de los recursos necesarios y solventar este preocupante rezago.

 “La CEAV tiene a su cargo la Asesoría Jurídica Federal con un cuerpo de abogados especializados en víctimas. Uno de los requerimientos de la Comisión es que deberíamos de tener cerca de 800 abogados victimales, pero al momento contamos con poco más de 60, lo cual resulta insuficiente; necesitamos ampliar esa cifra, necesitamos plazas, necesitamos presupuesto para poder cumplir con estos requisitos y con nuestra labor de atender, de manera adecuada e integral, a cada una de las víctimas”.

 Añadió que la Asesoría Jurídica Federal también está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales y obliga a que todas las víctimas tengan un abogado exactamente en las mismas condiciones que tiene el imputado, así como los mismos derechos procesales en el juicio.

 El comisionado Julio Hernández Barros refrendó el compromiso de la CEAV con todas las víctimas en México y recordó que la Ley General de Víctimas no hace diferencia alguna en la definición de víctima para las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos: “salvo que en la violación de derechos humanos, establece la propia ley, es aquella en la que interviene la autoridad o bien los particulares que están haciendo funciones de autoridad. Fuera de eso, el tratamiento es el mismo para las víctimas de delito y de violación a los derechos humanos”.

 Cuando se trata de reparación integral, abundó, además de la reparación económica, la Ley contempla la restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y reparación por perjuicios, daños patrimoniales y tratamientos médicos.

 Al término de la sesión del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, el comisionado de la CEAV participó en una reunión privada encabezada por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, con familiares y representantes de víctimas de desaparición y desaparición forzada, a fin de intercambiar opiniones, puntos de vista, atender sus demandas y buscar soluciones conjuntas.