Revista
Proceso
# 2036, 8 de noviembre de 2015
El
atroz linchamiento de los hermanos Copado Molina en Ajalpan no es un caso
aislado. Al menos 26 estallidos de violencia popular han tenido lugar en Puebla
en los últimos 13 meses. Para los especialistas, el fenómeno es reflejo de una
situación alarmante: el aumento de la presencia del crimen organizado –con toda
la cauda de muertes y desapariciones que eso conlleva– y la inacción de las
autoridades municipales, preocupadas por quedar bien con un mandatario, Rafael
Moreno Valle, que sólo conoce la entidad “desde su helicóptero”.
PUEBLA,
Pue.- El estado de la rueda de la fortuna, los puentes atirantados, pueblos
mágicos y obras faraónicas que el gobernador Rafael Moreno Valle exhibe en los
medios para acreditarse como presidenciable contrasta con la realidad de sus
municipios, donde el hartazgo, la ingobernabilidad y la barbarie se han vuelto
cotidianos.
Y
después de lo sucedido en Ajalpan ha habido otros dos intentos de linchamiento:
en Coronango y en Palmar de Bravo.
El
total es de 29 desbordamientos sociales de ese tipo en poco más de un año, que
han tenido como saldo seis muertos y 42 rescatados, la mayoría gravemente
heridos, así como millones de pesos en pérdidas por la quema de vehículos y la
destrucción y saqueo de edificios.
En
todos los casos los linchadores argumentaron prácticamente lo mismo: la ira por
la creciente inseguridad, el hartazgo por la indiferencia y la desconfianza en
la actuación de sus autoridades.
Los
pobladores denuncian que además de la proliferación de robos, abigeato, asaltos
en carreteras, asesinatos y violaciones, en los últimos meses han resentido
delitos que antes no les eran comunes, como desapariciones, secuestros, robo de
muchachas y la aparición de cuerpos sin órganos, que atribuyen a la presencia
de grupos de la delincuencia organizada.
Por
ello, en comunidades como Chietla, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican,
Atzala, Xalitzintla y otras, los lugareños han anunciado la formación de
autodefensas o guardias comunitarias.
Desde
el pasado septiembre, los habitantes de Chietla, en la Mixteca, se armaron con
escopetas, machetes, palos y piedras. En el caso de San Nicolás de los Ranchos,
en las faldas del Popocatépetl, la gente advierte que pese a lo ocurrido en
Ajalpan, está decidida a ajusticiar a los delincuentes que atrape.
Un
pronunciamiento similar hicieron hace apenas unos días ganaderos de la Sierra
Nororiental y ese tipo de advertencias se ven en colonias y barrios de
Tehuacán, Puebla, Cuautlancingo, Cholula, Zaragoza, Momoxpan, Amozoc y San
Martín Texmelucan.
“Vecino
vigilante. Si te agarramos, te linchamos” o “Los vecinos estamos en constante
vigilancia; si te sorprendemos robando, grafiteando, dañando vehículos o
propiedades, te vamos a linchar”, alertan en mantas.
A
este enojo social se suma que al menos 18 presidencias municipales han sido
tomadas en lo que va de este año; siete aún están en poder de grupos
inconformes: Santa Isabel Tlanepantla, Chiautzingo, General Felipe Ángeles,
Tepango de Rodríguez, Chietla, Jolalpan y Santa Clara Ocoyucan.
En
esos casos, además de la inseguridad, los manifestantes se quejan de
corrupción, nepotismo y abusos de sus alcaldes.
En
Chietla, Altepexi, San Lorenzo Chiautzingo, Ajalpan y Felipe Ángeles, las
turbas quemaron o saquearon edificios y vehículos municipales, casas y negocios
de los ediles; en algunos casos se apoderaron del armamento de los policías y
expulsaron a sus autoridades.
Cuando
falta poco más de un año para que termine el sexenio panista, a este escenario
se añaden las comunidades que se han declarado en resistencia contra los
megaproyectos y las políticas morenovallistas. Es el caso de la presidencia
auxiliar de San Miguel Canoa, que ya cumplió un año en poder de sus habitantes.
También
se suman las constantes marchas que reclaman un alto a la represión contra
estudiantes y maestros, las protestas por los feminicidios y las demandas de
liberación de más de 240 presos políticos de los que se tiene registro en este
sexenio.
Ajalpan
“Aquí
lo que pasó fue por el enojo de la gente y este enojo tiene muchas causas”,
asegura una habitante de Ajalpan que, aunque temerosa, accede a hablar con
Proceso.
En
principio, recuerda, Ajalpan fue la primera población donde Moreno Valle aplicó
la “Ley Bala”, aprobada el 19 de mayo de 2014.
El
26 de mayo de ese año, policías estatales y municipales dispararon balas de
goma y lanzaron gases lacrimógenos contra quienes se manifestaban contra el
alcalde Gustavo Lara Torres; se quejaban porque éste impuso multas por caminar
debajo de la banqueta o ir en sentido contrario en bicicleta. Cuatro de los
integrantes del grupo inconforme fueron encarcelados y hasta la fecha están
sujetos a proceso judicial.
Los
cartuchos, idénticos a los utilizados en Chalchihuapan –donde un niño murió por
una bala de goma–, fueron mostrados en ese entonces a la prensa. La gente
incluso denunció que un menor resultó herido, pero su madre fue obligada a
salir del pueblo para esconderlo.
Durante
meses, un grupo de pobladores llevó escritos al Congreso local, a la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al senador poblano Miguel Barbosa.
La
exdiputada perredista Roxana Luna Porquillo recuerda que muchas veces le
pidieron al gobierno establecer una mesa de diálogo, pero los pobladores nunca
fueron recibidos. La CEDH sólo archivó el caso.
En
julio de 2014, habitantes de las juntas auxiliares de Ajalpan y Tehuacán
también protestaron por las reformas a la Ley Orgánica Municipal y de la misma
forma fueron reprimidos. En los dos casos hubo heridos por las balas de goma,
refiere la entrevistada.
El
23 de octubre de ese año se manifestó otro suceso que abonó al enojo social.
Algunos
lugareños atraparon a un hombre que había robado en una iglesia, pero la ira se
desbordó cuando se dieron cuenta de que la policía lo había dejado en libertad.
Con piedras rompieron los vidrios de la Presidencia Municipal.
Además,
como sucedió en otros municipios de la región, la percepción de inseguridad se
disparó en los últimos meses. Incluso, los propietarios de maquiladoras
denunciaron asaltos constantes.
“Lo
que más alarma generó fue la desaparición de un pastorcito que días después
encontraron sin órganos”, aseguran los entrevistados.
A
todo esto se suman los rumores de que las autoridades municipales son cómplices
de bandas dedicadas al robo de combustible y que dieron entrada a Los Zetas.
Días
antes del 19 de octubre cundieron mensajes de alarma: “Se están robando
muchachas” o “vayan por sus hijos a las escuelas, porque en una camioneta
blanca andan robachicos”.
“Había
una psicosis, combinada con mucho enojo, parte generada por lo que ya había
pasado y parte por los mensajes que empezaron a circular”, explica uno de los
lugareños.
El
párroco de Ajalpan, Enrique Camargo, relata que para cuando las campanas de la
iglesia fueron tocadas por un grupo de mujeres, ya había cientos de personas en
la plaza. Muchas de ellas, de poblaciones vecinas de Zinacatepec y Altepexi.
En
esta última localidad, el 6 de octubre una muchedumbre había saqueado un
negocio y quemado una camioneta del alcalde, molesta porque no le permitieron
linchar a dos ladrones.
El
alcalde Lara Torres aseguró primero que sí pidió a tiempo el apoyo de la
Policía Estatal. Días después se desdijo.
Moreno
Valle emitió un comunicado para responsabilizar de lo ocurrido al municipio y
anunciar que tomaría el control de la seguridad de Ajalpan.
A
unos días del linchamiento, en la localidad lo que reina es el miedo. La
Policía Estatal, apoyada por militares y marinos, colocó retenes a la entrada
y, por la madrugada, rompió ventanas y puertas de casas para detener a los
supuestos responsables.
“Han
detenido gente a diestra y siniestra y algunos ni siquiera tienen que ver con
los hechos”, sostiene uno de los entrevistados.
Ingobernabilidad
Fernando
Cuéllar Muñoz, presidente del Centro de Derechos Humanos Joel Arriaga, asegura
que detrás de toda esta virulencia social, que ha tenido su máxima expresión en
el linchamiento en Ajalpan, lo que hay es una ausencia de la autoridad.
“Esto
tan terrible que ocurrió en Ajalpan es la total ausencia de las instituciones
del estado de Puebla, que andan más ocupadas en la frivolidad de que quiero ser
presidente, grillando, persiguiendo gente que le resulta incómoda, a realmente
sentarse con los ciudadanos y generar políticas públicas para prevenir el
delito y garantizar el estado de derecho”, señala.
Menciona
que las autoridades poblanas han boicoteado o incumplido múltiples citas para
mesas de diálogo que su organización ha propuesto con habitantes de Nealtican,
que también están preocupados por la violencia en esa región.
Esto,
indica, además de ser resultado de que Moreno Valle conoce a Puebla sólo desde
su helicóptero y está convencido de que lo único que requiere para gobernar es
“mano dura”, se deriva de las alianzas que el mandatario ha tejido con los
alcaldes, sin importar partidos, a quienes brinda impunidad con tal de que
apoyen su proyecto político.
Tal
es el caso del propio alcalde de Ajalpan, priista, quien días antes del
linchamiento se presentó como líder de un grupo de ediles para respaldar a
Antoni Gali, favorito de Moreno Valle en la sucesión gubernamental.
Marcos
Mazatle, del Movimiento por la Alternativa Social, señala que los
desbordamientos sociales son resultado de que la Procuraduría estatal y las
Secretarías de Seguridad Pública y Gobernación son usadas para represión y
control social y no para garantizar justicia, seguridad y gobernabilidad.
En
el mismo sentido, Isabel Allende Cano, dirigente estatal del PRI, afirma que
pretender responsabilizar de lo ocurrido en Ajalpan sólo a las autoridades
municipales y la población misma, es querer “tapar el sol con un dedo”.
“Definitivamente
hay un problema grave de ingobernabilidad extendida en todo el territorio
poblano”, opina.
Roxana
Luna Porquillo afirma que esto tiene como antecedente la reforma a la Ley
Orgánica Municipal que promovió Moreno Valle, la cual extinguió a los
ministerios públicos y jueces de paz en las más de 500 juntas auxiliares.
Esa
reforma, realizada en 2014 y que originó la manifestación en Chalchihuapan en
donde resultó muerto un niño, convirtió a muchas comunidades “en pueblos sin
ley”, asegura. Esto se combinó, agrega, con el despido que hizo el gobierno de
400 policías estatales, 80 agentes del Ministerio Público, 40 ministeriales y
30 peritos.
Al
mismo tiempo, comenta, el mandatario dio poder a los ediles, pues funcionarios
estatales les dieron instrucciones de ubicar a grupos inconformes para acallar
protestas.
El
asunto que acapara ahora la atención del mandatario, considera, es ganar la
llamada minigubernatura, para sostener su proyecto presidencial.
El
asunto de la gobernabilidad, resume, no es algo que interese; tan es así, que
la Secretaría General de Gobierno no tiene un titular, y aun con lo ocurrido en
Ajalpan no hay señales de un cambio.
La
reacción hasta ahora, como ocurrió en Chalchihuapan, es desatar una “cacería de
brujas”, sin importar si los detenidos son o no culpables, sino para justificar
ante la opinión pública que “se están haciendo justicia”, refiere.
La
exdiputada Luna menciona que prueba de que la gobernabilidad no importa es que
a un año de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la
recomendación por Chalchihuapan, el gobierno de Puebla sigue sin los protocolos
para atender demandas sociales y de seguridad, que esa institución le exigió.
“Si
el gobierno hubiera hecho caso, yo creo que estuvieran muy atentos; pero como
no les importa, las situaciones los rebasan, como ocurrió en Ajalpan.
“Sin
justificar lo ocurrido, que fue muy grave –advierte–, lo que hay que ver
también es lo que pasó antes y que derivó en esto, porque sí, se debe castigar
a los responsables materiales, pero hasta ahora a ninguna autoridad se le están
fincando responsabilidades.”
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