Revista
Proceso
# 2036, 8 de noviembre de 2015
Las
narcofosas que se pretendieron ocultar/NOÉ ZAVALETA
Durante
la administración del actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte,
en esa entidad se han descubierto 11 fosas clandestinas con al menos 134
cadáveres, presuntamente víctimas del crimen organizado. Todas esas
inhumaciones clandestinas han sido documentadas por los medios, excepto dos: se
trata de las fosas de Portezuelo y Mata Loma, ocultadas por las autoridades
federales y estatales. El hallazgo ocurrió en noviembre de hace cuatro años
–cuando la narcoviolencia se recrudeció en esa parte de la costa del Golfo de
México– y se pudo mantener en secreto, hasta ahora.
En
los oficios SJAI/DGAJ/11235 y SJAI/DGAJ/07650/2015 de la Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) de la PGR (obtenidos mediante la
plataforma Infomex) se advierte que la Agencia de Investigación Criminal, la
Coordinación de Servicios Periciales y la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) establecieron que las edades
de los ejecutados y enterrados en las dos fosas fluctúan entre 23 y 50 años.
“Los
restos de 27 cadáveres se encuentran en el Laboratorio de Genética Forense de
la Coordinación General de Servicios Periciales (de la PGR), siendo que
únicamente se logró la identificación de los restos óseos de un cadáver, mismo
que fue entregado a sus familiares”, señala la SJAI.
Añade:
“Los documentos que atienden su requerimiento de información obran dentro de
una investigación ministerial, que se encuentra ‘en trámite’, por lo que tienen
el carácter de reservado por un periodo de doce años”.
La
inhumación clandestina de estas 28 personas tuvo lugar un mes después de que
empezó a recrudecerse la violencia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río
(entre septiembre y octubre de 2011), que dejó 67 muertos en tres eventos
distintos: el 20 de septiembre de 2011 un comando abandonó en la Plaza del
Volador, en Boca del Río, 35 cadáveres maniatados, semidesnudos y con sendas
letras “Z” talladas en la espalda; 16 días después la Marina emitió el
comunicado 313/2011, donde consignaba el hallazgo de 32 cuerpos sin vida en
diversas viviendas de los fraccionamientos Jardines de Mocambo, Costa Verde y
Costa de Oro.
En
Veracruz la violencia fue impuesta por Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva
Generación y, en el norte, el Cártel del Golfo, junto con la corrupción de
policías intermunicipales, ministeriales y otras autoridades, que permitieron
el asentamiento de esas mafias en la región.
En
lo que va del sexenio del priista Javier Duarte se han hallado once fosas clandestinas
en Veracruz, incluyendo una en Alvarado (con nueve cuerpos) y las de Portezuelo
y Mata Loma, de las cuales no se tenía noticia. En esas once fosas se
localizaron 134 cuerpos, más de la mitad de ellos –según cifras oficiales– aún
sin identificar.
El
Colectivo por la Paz y la agrupación Solecito –entre otras organizaciones de
personas que buscan a sus familiares víctimas de desapariciones forzadas–
siguen recriminando la inacción e inconsistencias de las autoridades locales
para dar con el paradero de los desaparecidos, y en el ámbito federal
cuestionan la “lentitud” y “poca cobertura” con que se aplica el sistema de
recompensas de la PGR.
“Aquí
no pasa nada”
En
Portezuelo y Mata Loma la gente vive del cultivo de maíz o se convierte en mano
de obra del corporativo industrial Tamsa y de la Ciudad Industrial Bruno
Pagliai. “Aquí había delincuentes de esos pesados. No eran de aquí, pero ya se
fueron como hace dos años; tiempo atrás aquí no pasaba nada. Bueno, sí pasaba…
pero no podías hablar, ni decir nada. Ustedes (los periodistas) lo saben muy
bien”, expone un habitante del lugar.
En
Portezuelo no hay ni 300 habitantes; apenas existe una pequeña iglesia y una
primaria con seis aulas, una para cada grado escolar.
“Aquí
es un ejido donde no pasaba nada… hasta que supimos lo de los cuerpos; pero en
la prensa no salió nada, ni al otro día, ni después. Hubo temor y miedo, pero
después todo volvió a la tranquilidad”, dice a Proceso un lugareño.
Un
funcionario cesado de la extinta PGJE acepta hablar de “la matanza silenciada”
a condición del anonimato. Expone que desde el Palacio de Gobierno en Xalapa se
dio la orden para que el asunto se manejara en el más estricto hermetismo.
“Todas
las labores se hicieron de noche. El movimiento de peritos forenses, de MP, se
efectuó en secreto para que nadie se enterara. Ni la prensa ni otros miembros
de la procuraduría, menos los de Veracruz, tuvieron conocimiento de las
diligencias que se hacían desde Xalapa por gente de la capital”, señala.
Para
garantizar la secrecía de la faena –ahonda la fuente–, a quienes participaron
en la exhumación se les retiraron teléfonos celulares, ipads y otros
dispositivos electrónicos mientras se realizaban los trabajos. “Esa fue la
instrucción”, asegura, del entonces titular de la PGJE, Reynaldo Escobar Pérez,
hoy aspirante al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“Sólo
jefes, directores, tenían vías de comunicación; ellos eran los que pasaban el
reporte al Palacio de Gobierno y entiendo que a autoridades federales también.”
De
acuerdo con el entrevistado, la mayor parte de los cuerpos estaban “hechos
pedazos”, la mitad “decapitados”, y había cuatro que vestían uniformes “tipo
militar”. El documento SJAI/DGAJ/11235, derivado de la solicitud de información
número 0001700236515, refiere que la PGR no “cuenta con ese dato”, en
referencia a datos que permitieran dilucidar si entre las víctimas había
personal castrense.
La
fuente consultada expone que la investigación sobre las dos fosas se hizo con
tal hermetismo que ni siquiera se avisó a los alcaldes de la región: Soledad de
Doblado, Veracruz y Manlio Fabio Altamirano.
“El
hallazgo lo obtiene la Marina gracias a que atraparon en Soledad a un malandro
(sic) al que le encontraron información, fotos y videos sobre víctimas. Ahí
comienza la excavación.”
“Sólo
hay caca de vaca”
En
Veracruz es común que las autoridades quieran ocultar o matizar el hallazgo de
fosas o ejecuciones masivas.
El
24 de junio del 2014 el subprocurador de la zona sur, Arturo Herrera Cantillo,
fue cesado de la PGJE por haber “confirmado” a la prensa el hallazgo de dos
fosas en un rancho del municipio de Tres Valles.
“Mi
error fue dar a conocer la existencia de varias narcofosas en el rancho El
Diamante, cuando el gobierno y la Fiscalía estatal mantenían la información en
total hermetismo”, dijo Cantillo a una radiodifusora local en aquella ocasión.
Respecto
a la última fosa descubierta, en Alvarado el pasado septiembre, reporteros de
nota roja fueron avisados por cooperativas de pescadores y por familiares de
personas desaparecidas del hallazgo de un nuevo cementerio clandestino en la
comunidad de Paso Nacional, a donde sólo se podía acceder por lancha. Toda la
tarde y noche del día 10 y la mañana del 11 de septiembre el hecho fue negado
por la Fiscalía General del Estado.
“Se
recibió la alerta, hay diligencias pero hasta ahora sólo han encontrado caca de
vaca (sic)”, dijo el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga.
El
reconocimiento de nueve cuerpos llegaría la tarde del 11 de septiembre, luego
de que integrantes del Colectivo por la Paz y Solecito, así como periodistas,
se atrincheraran en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
En
conferencia de prensa, el 13 de septiembre, el fiscal Luis Ángel Bravo
Contreras apeló a la “comprensión” de los medios que se anticipan “a la postura
oficial del gobierno”, justificó que una “nota”, “un comentario sesgado de
columnistas” o “chismes” relacionados con el hallazgo de cuerpos “trastoca las
fibras más sensibles” de las madres que buscan desde hace meses o años a sus
hijos.
“Hay
comunicadores que meten clavos para sacar alcayatas. Los entiendo, es su
trabajo; pero lo que importa para la Fiscalía es saber qué pasó con ese ser
humano que perdió la vida de una forma notablemente violenta.”
Bravo
Contreras aseguró que de 2014 a la fecha la identificación de cadáveres se ha
agilizado gracias a un software certero que con exámenes genéticos e
investigaciones científicas permite perfeccionar la “toma de datos” a familias
de personas desaparecidas.
Tierra
de fosas
En
11 fosas clandestinas ubicadas en lo que va de este sexenio, Proceso
contabiliza la exhumación de 134 cuerpos, sin contar las ejecuciones y abandono
de cadáveres en parajes carreteros, riberas o predios baldíos.
En
junio de 2014, efectivos de la Secretaría de Marina descubrieron en el rancho
El Diamante –propiedad de un exalcalde priista–, municipio de Tres Valles, al
menos 31 cadáveres. Hoy apenas se ha logrado la identificación de la mitad de
éstos.
En
febrero de 2012, más de 15 cuerpos fueron descubiertos en el rancho La Poma
Rosa, en Acayucan; ahí una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del
terreno. El narcocementerio fue ubicado a raíz de la detención de El Pollo H,
líder local zeta (Proceso 1843).
En
marzo del mismo año, fuerzas federales detectaron ocho cadáveres en la
congregación Frijol Colorado, en Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera
perteneciente a Alvarado, en un predio conocido como Playa Cava, fueron
hallados siete cadáveres con huellas de tortura, semienterrados en un terreno
arenoso.
La
fosa de Alvarado tenía nueve cuerpos con huellas de tortura. Hasta ahora
ninguno ha sido identificado.
En
junio de 2012, nueve cuerpos fueron encontrados en el municipio de Lerdo de
Tejada. El hecho fue minimizado por el aparato gubernamental.
En
julio de 2014, policías ministeriales exhumaron al menos ocho cuerpos en la
congregación de Paraíso Novillero, del municipio de Cosamaloapan.
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