18 nov 2015

Relevos en la Corte/Jorge Alcocer V.

Relevos en la Corte/Jorge Alcocer V.
Reforma, 17 Nov. 2015
 Eran los años 80 del siglo pasado, en los partidos se acostumbraba estudiar y discutir; fue por esos años que en la izquierda emergió la propuesta de transitar del régimen presidencial al parlamentario, idea que cobró fuerza a partir de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La idea tenía fundamentos y ejemplos para imitar. En Europa abundaban los casos, aunque en América Latina no había experiencia.
 En la derecha, más por razones pragmáticas que analíticas, surgió la idea de refundar la República a partir de los municipios. Era explicable, las victorias electorales del PAN habían tenido lugar en municipios densamente poblados, de sur a norte. Surgió entonces la propuesta panista de la "república municipalista", abandonada después de la alternancia en 2000.
 Aunque en el PAN el proyecto parlamentarista no prendió, sí lo hizo el de empoderar al Congreso, como contrapeso al poder presidencial. En el PRD, la figura y peso político de dos dirigentes, Cárdenas primero y López Obrador después, hizo que el proyecto con visión parlamentaria quedara confinado al debate académico. Los resultados de las alternancias (2000-2012) han vuelto a colocar el tema en la mesa del debate. La pregunta es más que pertinente: ¿Qué hacer con un presidencialismo agotado e ineficaz?


Ahora, ante el descrédito de los partidos y el Congreso, ha emergido otra idea: hacer de la Corte (SCJN) una especie de supremo poder de la Unión, convertida en instancia que decida lo que los otros dos poderes no quieren o no pueden resolver. El caso más reciente es la sentencia sobre el uso lúdico de la mariguana.

La tentación de pasar a la república de los jueces se abre paso en algunos círculos del análisis y en las mesas del debate; resolver a punta de sentencias los acuciantes problemas que a la sociedad agobian es idea que cruza en mentes del más diverso signo ideológico. El abanico de asuntos que a la SCJN se encomiendan crece sin parar; va de los temas electorales a los de vida personal o familiar.

Quizá eso explica el inédito interés por el relevo en curso de dos ministros de la SCJN. En cambios previos el tema fue casi ajeno al interés periodístico. Fue el caso del ministro Eduardo Medina Mora el que cambió el escenario, al poner en cuestión el desempeño del Ejecutivo y del Senado, a los que se criticó por el reparto faccioso de las vacantes en el más alto tribunal de México.

El Presidente ha enviado al Senado las dos ternas, integrada una por mujeres y la otra por hombres, garantizando así que el relevo de la ministra Olga Sánchez sea del mismo género, pero manteniendo la baja presencia de mujeres -dos de once- en la SCJN. Los antecedentes de algunos de los propuestos llaman la atención, pero salvo que exista un acuerdo en lo obscurito, hay tela de donde cortar.

La facultad presidencial en esta materia está normada en el artículo 96, los requisitos de los candidatos a ministro en el 95, ambos de la Constitución. El Presidente propone las ternas, el Senado dispone, con el voto de las dos terceras partes de los presentes. Tienen los senadores un plazo improrrogable de 30 días para votar. Si no lo hace, el Presidente designa de entre los propuestos.

Dos nuevos ministros pueden hacer diferencia, pero salvo en contados casos no serán decisivos; la virtud del modelo de renovación escalonada es que impide al Ejecutivo en funciones tomar el control de ese Poder. La facultad del Presidente, como ya lo dijo él, tiene como marco la Constitución. Será el Senado quien resuelva.

La Corte es un Poder que ha conquistado lugar propio, autonomía e independencia; consolidarla como contrapeso y control de los otros dos poderes es objetivo democrático. El Senado tiene en sus manos la decisión, cabe esperar su imparcial ponderación de las propuestas del Ejecutivo, sin cuotas ni cuates.

Han transcurrido dos décadas desde la reforma que transformó de raíz a la SCJN al erigirla en tribunal constitucional. Es tiempo de reflexionar y trazar nuevos derroteros del Poder Judicial.

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