La
CNOP se muda al inmueble más siniestro del país/JESUSA
CERVANTES
Revista Proceso 2 de enero de 2016..
En
agosto pasado la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, el
sector popular priista) estrenó sede: se trata del inmueble ubicado en el
número 20 de Plaza de la República, justo donde estuvo la tenebrosa Dirección
Federal de Seguridad, esa que le dio al edificio la peor de las famas: ahí
dentro se encerraba a opositores al régimen, guerrilleros o gente sospechosa de
serlo; ahí se les torturaba y asesinaba. A ese lugar, ni más ni menos, vuelve
el PRI.
En
1978, uno de los perseguidores más encarnizados de la guerrilla, Javier García
Paniagua, dejó la titularidad de la Dirección Federal de Seguridad (DFS);
después se convertiría en presidente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Más
de tres décadas después, y de nuevo con las riendas del país en las manos, el
PRI hizo un movimiento –parecido al anterior pero a la inversa–: mudó su sector
popular (la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP) al
edificio que ocupó la DFS.
El
inmueble es un monumento a la historia negra del priismo: está relacionado con
la persecución, tortura y asesinato de guerrilleros en el periodo de la Guerra
Sucia.
Cuando
el PAN gobernó el país (2000-2012) prometió castigar esos crímenes, pero lo
único que hizo fue vender los más de mil metros cuadrados de la otrora sede de
la DFS.
En
sus seis años de gobierno, Vicente Fox creó y desapareció la Fiscalía Especial
para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); promulgó el
salvoconducto para que el autor intelectual de la Guerra Sucia, el expresidente
Luis Echeverría, viviera una cómoda prisión domiciliaria y finalmente subastó
el edificio de la DFS, donde decenas de estudiantes, opositores, rebeldes e
integrantes de movimientos sociales terminaron sus días, destrozados por el
PRI-gobierno.
“Funcionarios
gubernamentales de diversos niveles, principalmente comandantes y agentes
especiales de la DFS de México, solicitaban determinados vehículos extranjeros,
cuya obtención quedaba a cargo de otros miembros de esta corporación. Entre los
que expedían esas órdenes, la acusación señala a los comandantes de la DFS”,
determinó el gran jurado de aquel proceso.
El
FBI investigó el caso, infiltró a su gente en la banda… pero la CIA intervino
para que no se detuviera a Nazar. De acuerdo con un cable del 17 de agosto de 1981,
la Agencia Central de Inteligencia le escribió al Buró Federal de
Investigación: “Nuestros intereses mutuos, y en consecuencia la seguridad de
los Estados Unidos en terrorismo, inteligencia y contrainteligencia en México,
sufrirían un golpe desastroso si se forzara la renuncia de Nazar”.
De
la DFS al PRI
En
1985 Manuel Bartlett estaba al frente de la Secretaría de Gobernación. En
entrevista con Proceso dice que fue él quien desapareció la DFS luego de
“comprobar la leyenda negra” que circulaba al respecto.
La
DFS llegó a un punto en que no respondía a nadie, ni siquiera al presidente de
la República, asevera Bartlett. Añade: “Eso, más la vinculación con el narco,
el robo de coches y la leyenda negra (de tortura y desapariciones) me llevó a
desaparecerla, cosa que no han hecho con la Procuraduría General de la
República”.
Relata
que hace 30 años se interpusieron demandas contra varios agentes de la DFS que
operaban en diversos estados, sobre todo porque se habían enriquecido
enormemente.
“La
DFS era una policía política incontrolada que terminó siendo toda una leyenda
negra. Creamos una institución (el Cisen) con especialistas en economía,
sociología y política exterior, que es lo que se requiere para informar al
Estado, y no agentes que tengan que andar con pistolas. Creamos un sistema de
seguridad nacional”, apunta.
Fox,
a partir de 2000, enarboló la bandera de la “transición a la democracia” y
prometió castigar a quienes torturaron y asesinaron durante los 70 años de
priismo.
Pretendió
emular programas como los emprendidos en Argentina o España, donde al término
de las dictaduras se crearon comisiones de la verdad que llevaron a juicio a
quienes habían perpetrado desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. Pero
todo fue una simulación.
El
27 de noviembre de 2001 el panista creó la Femospp. Pero mientras esa fiscalía,
a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, investigaba los crímenes del Estado contra
los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como la persecución contra la
guerrilla, el primer mandatario negociaba con el PRI y el Partido del Trabajo
(PT) una salida menos dolorosa para el autor intelectual de dichos delitos:
Luis Echeverría Álvarez, quien fuera secretario de Gobernación y presidente de
la República.
Y
al año siguiente de la creación de la Femospp, el 4 de noviembre de 2002,
emitió el decreto presidencial para desincorporar “del régimen del dominio
público de la Federación” el edificio que fuera de la DFS, en el número 20 de
la Plaza de la República. La mole de casi 30 metros de alto y cuatro pisos
dejaría de ser propiedad gubernamental.
Mientras
Fox preparaba la venta del lugar, en el Congreso de la Unión priistas y
panistas negociaban para que, en caso de que Echeverría resultara culpable por
las desapariciones y torturas de la Guerra Sucia, no pisara la cárcel.
La
entonces diputada panista y esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala; la
priista Rebeca Godínez y el petista Joel Padilla Peña acordaban cambios al
Código Penal Federal.
Así,
en diciembre de 2003 el PT propuso que las personas mayores de 78 años purgaran
su condena en prisión domiciliaria. Inmediatamente, Godínez, Zavala y otros
diputados federales hicieron una contrapropuesta para bajar a 70 años la edad
para obtener ese beneficio. Los cambios se aprobaron el 6 de abril de 2004 y el
Senado los ratificó el 28 del mismo mes. Fox firmó el decreto el 26 de mayo de
2004.
En
julio, Juan Velázquez, abogado de Echeverría, anunció que en caso de que su
cliente fuera declarado culpable se acogería a la reforma: “Ni modo que no la
aprovechemos”. El expresidente tenía 71 años.
Mientras
ello ocurría, Fox siguió con la desincorporación del edificio de la DFS. Así,
antes de concluir su sexenio emitió la subasta 002/2006 para poner en venta el
inmueble.
Los
ganadores fueron los hermanos Alex Simje, Harry y Manuel Sacal Cababie, quienes
a través de su empresa Controladora Desarrollos Plus S.A. de C.V., creada un
año antes, el 21 de junio de 2005, pagaron 23 millones 600 mil pesos.
El
5 de diciembre de 2007 esa empresa escrituró la construcción, pero no fue sino
hasta el 19 de octubre de 2010 cuando el hecho se asentó en el Registro Público
de la Propiedad.
El
30 de mayo de 2012 los hermanos Sacal vendieron el edificio a su propia empresa
Opción Fiduciaria S.A. de C.V., una sociedad financiera de objeto múltiple
(sofom, un tipo de intermediaria con menores restricciones que un banco, figura
inventada por Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda en el sexenio
foxista).
Luego
crearon un fideicomiso –el 22/2012– mediante el cual Salomón Zaga Kalach
adquirió el edificio de la DFS en 37 millones de pesos el 31 de octubre de
2014.
Y
luego, en otra operación concretada el 6 de julio de 2015, los derechos
fideicomitentes y fideicomisarios fueron cedidos a los hermanos Alex Simje y
Harry Sacal Cababie, quienes una semana después –el 14 de julio– inscribieron
la propiedad en otro fideicomiso, el F/1401, del Deutsche Bank México.
Y
hace un par de meses –el 8 de agosto de 2015– se difundió una fotografía del
edificio, en la que aparece el entonces dirigente nacional del PRI, César
Camacho Quiroz, y Cristina Díaz, secretaria general de la CNOP, reinaugurándolo
como la nueva sede del sector popular priista.
“De
monumento a la perversidad pasó a monumento a la corrupción”, considera
Bartlett.
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