Revista
Proceso
# 2055, 19 de marzo de 2016.
Encubrimiento
“de alto nivel” en la Marina/GLORIA LETICIA DÍAZ
El
auto de formal prisión a cinco marinos por la desaparición forzada de un joven
en Nuevo León no soluciona el caso. Los denunciantes y los defensores de
derechos humanos que los apoyaron para documentar el crimen han sido acosados y
amenazados desde la Secretaría de Marina, además de que varias instancias del
Estado siguen obstaculizando las investigaciones.
El
martes 8 y el miércoles 9, el juez tercero de Distrito Penal en Nuevo León
ordenó la formal prisión para el capitán de corbeta de la Secretaría de Marina
(Semar) Raúl Enrique Sánchez Labrada y para los marinos Renato Juárez Arellanes
y Alfi Ahumada Espinoza, así como el cabo de comunicaciones Carlos Adán
Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, tercer maestre administrativo.
Se
les señala como presuntos responsables de la desaparición forzada de Del Bosque
Villarreal, quien fue detenido el 3 de agosto de 2013 y cuyos restos fueron
hallados dos meses más tarde en las inmediaciones de un campamento de la Marina
cercano al poblado de Colombia, Nuevo León, y a la ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
Los
elementos de la Semar rindieron su declaración preparatoria por exhorto a
través de una videoconferencia en el Juzgado Octavo de Distrito en el
Reclusorio Sur de la Ciudad de México y fueron internados en el penal del Campo Militar Número Uno.
Para
este caso, consignado el 19 de enero último por la Procuraduría General de la
República (PGR), el juez negó la aprehensión del teniente de Navío de
Infantería José Domingo Sánchez Salinas, del segundo maestre de administración
Ivanhoe Manuel Cisneros Chinchillas y del cabo David Sotelo Mendoza, señalados
por el Ministerio Público federal como presuntos responsables de encubrimiento.
Este
semanario y su agencia Apro han dado seguimiento al asunto, el cual fue
retomado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional y que ha
suscitado actos de hostigamiento y amenazas contra los denunciantes (Proceso
1921 y 1928).
Obstáculos
a la investigación
Del
Bosque Villareal fue detenido por el capitán Sánchez Labrada y personal a su
cargo en la cabecera municipal del municipio de Anáhuac, Nuevo León, después de
que el hombre de 33 años presentara ante la Policía Municipal una queja por
allanamiento y daños en su propiedad en contra de un vecino que resultó ser
informante de los marinos.
Además
de múltiples testigos del arresto a plena luz del día, un parte informativo
evidencia que el hombre quedó en manos de los elementos de la Semar: policías
municipales notificaron al secretario de Seguridad Pública de Anáhuac que
pusieron a disposición de los marinos a Del Bosque Villarreal y su automóvil.
El
padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez, atestiguó la detención y
obtuvo de Sánchez Labrada el compromiso de liberar a su hijo, pero más tarde el
oficial y la Semar negaron tener conocimiento del caso al responder a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la PGR.
El
cadáver del joven, con huellas de tortura y un disparo en la sien, fue hallado
por cazadores el 3 de octubre de 2013.
A
la negativa del juez de procesar a personal de la Semar por encubrimiento, se
añade que la PGR abrió un nuevo expediente por la muerte de Del Bosque
Villarreal en vez de añadirlo al de la desaparición forzada, “lo que implica
que tendremos que esperar por lo menos otro año para que lo consigne y se busque
a los culpables”, lamenta Ramos Vázquez.
Además,
mientras la causa penal se sigue en Monterrey, los denunciantes se encuentran
en Nuevo Laredo y los inculpados en el Campo Militar. Por eso el presidente del
CDHNL insiste en que se trata de “un encubrimiento que viene de los más altos
mandos superiores de las oficinas de la Semar, en la Ciudad de México”.
Abunda:
“Cuando denunciamos a ese capitán de manera pública, lo primero que hicieron
(los mandos de la Semar) fue sacarlo de la región donde operaba, que comprende
los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, y lo enviaron, tengo entendido, a Baja
California y después a diferentes regiones navales para obstruir las
investigaciones de la PGR.
“Cada
vez que solicitaba su comparecencia o una ubicación, tardaban meses en
responder que no estaba localizable y lo iban a buscar. Fue una obstrucción de
la justicia del más alto nivel de la Marina, y es un tema que seguramente lo
vamos a tratar a instancias internacionales.”
–Cuando
habla del más alto nivel, ¿se refiere al secretario de la Marina? –plantea la
reportera.
–Sí,
definitivamente. En la Semar la información es vertical, a diferencia de otras instituciones, como la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyas regiones o zonas militares
tienen cierta autonomía en el mando. Pero en la Semar no. Todo se informa al
mando superior, de donde salen las órdenes, tanto de los operativos como las
respuestas a la PGR.
“En
este caso Sánchez Labrada tardó más de un año para ser sentado a declarar por
la obstrucción que había de la Semar, y eso evidentemente se llama protección.”
–¿Cuál
es la razón de ese encubrimiento?
–Evitar
que se ponga en evidencia la forma en que opera la Marina. A ese capitán, como
a muchos otros, se les dan órdenes desde la Ciudad de México para ir a una
comunidad y hacer lo que sea para tomar el control de la zona, arrebatarles a
los delincuentes el poder de una plaza. En ocasiones se exceden, como en este
caso, pero quien actúa se siente protegido por sus superiores y su institución.
No le tiene que rendir cuentas a nadie.
“Lo
estuvieron protegiendo porque si cae Sánchez Labrada deben caer más mandos de
la Marina, no tanto procesados, porque difícilmente se va a probar la
responsabilidad penal, pero sí el área de responsabilidades por encubrir, por
ordenar y por la falta de control que tienen de su personal.”
Basado
en información confidencial obtenida de marinos inconformes con las presuntas
estrategias “de exterminio” de la Semar en el noreste del país, Ramos Vázquez
agrega que en las evaluaciones periódicas sobre los operativos que se realizan
en las oficinas centrales de la dependencia “se informa de lo bueno y lo malo;
si ellos cometieron una desaparición, una ejecución extrajudicial o una
violación, ahí mismo se hace una estrategia de cómo van a responder. No es algo
que el propio secretario de la Marina ignore, porque han sido intocables”.
Para
este caso, apunta, la estrategia de la Semar incluyó amenazas e intimidación
contra denunciantes, testigos e “incluso para personal de la PGR, aunque no lo quiere decir, pero tuvo muchas
presiones internas y externas” para detener las indagatorias.
Tras
comentar que la Marina dispuso para su personal “un staff de abogados
impresionante”, el presidente del CDHNL cuenta que también pretendieron
desaparecer el parte informativo de la Policía Municipal, amenazando con
denunciar a los agentes por “falsedad de declaración ante una autoridad” e
involucrarlos con la delincuencia organizada.
A
don Humberto, el padre de la víctima, lo cercaron: “Durante todas las noches de
un mes, helicópteros sobrevolaban su domicilio en círculo. Después llegaban
vehículos particulares y oficiales para rondar su casa, hasta que lo obligaron
a salir del poblado, y no sólo eso: los dueños de la empresa que daban trabajo
a don Humberto, que es contratista en la extracción de carbón, los marinos los
amenazaron de que iban a detenerlos si lo seguían empleando”.
Las
acciones de intimidación se extendieron hacia el CDHNL. El 15 de mayo de 2014
la agencia Apro informó sobre el asedio de un centenar de marinos a las
oficinas de la organización civil, y un año después los marinos Conrado Valdez
Ruiz, Rubén Martínez Monroy y Erika Aguilar Ocampo acusaron a Ramos Vázquez
ante la PGR de recibir dinero de procedencia
ilícita.
“Presentaron
un parte informativo a la PGR solicitando que la SEIDO me investigara porque
habían detenido en Nuevo Laredo a un presunto delincuente, de nombre Jesús
Alberto Cruz Contreras, alias El Chiquillo, que supuestamente les había dicho
que me daban 5 mil dólares semanales para que yo actuara en contra de la
Marina”, recuerda Ramos Vázquez.
Detener
y negar
El
defensor apunta que la relevancia de la detención de Sánchez Labrada radica en
que puede ser procesado por al menos cinco desapariciones forzadas más
ocurridas en Nuevo Laredo entre julio y agosto de 2013, documentadas por el
CDHNL. Esos casos tienen el mismo patrón que el de Armando Humberto: “los
detienen y después niegan los hechos” (Proceso 1921).
Es
más, agrega, “se le debe investigar por su paso por Monclova –de donde venía antes de llegar a la región de
Nuevo Laredo y Colombia–, donde hay
cientos de desaparecidos, ciertamente no todos atribuibles a la Marina; hay
casos en los que se señala a otras fuerzas federales y a la delincuencia”.
Para
Ramos Vázquez el arresto del oficial y sus subalternos abre una oportunidad de
acceder a información que se ha mantenido vedada para la sociedad.
“Sánchez
Labrada es una pieza del rompecabezas de impunidad que implica a las Fuerzas
Armadas en la tragedia de las desapariciones forzadas, de la que no tenemos aún
el panorama del tamaño de la gravedad en México durante al menos los últimos
nueve años”, agrega el presidente del CDHNL.
Ramos
Vázquez ha solicitado a la titular de la PGR, Arely Gómez, extremar medidas de
seguridad para Humberto del Bosque Gutiérrez, su familia y su defensa. Aclara
que no está en contra de la Semar:
“Lo
que nos mueve son los abusos que se derivan de algo insignificante: la denuncia
de Armando Humberto contra un vecino, al parecer un delincuente que estaba
coludido con los marinos, quienes cometen un asunto grave. ¿Para qué
encubrirlo? ¿Por qué no sancionarlo? ¿Para qué esperar a que la impunidad se
exponga en el plano internacional?”, concluye el defensor.
El
13 de marzo la Semar emitió el comunicado 046/16 por el que informaba que entre
el 3 y 4 de marzo puso a sus cinco elementos a disposición del juzgado Tercero
de Distrito en Materia Penal, y que se les dictó formal prisión entre los días
8 y 9 por el delito de desaparición forzada.
Sin
mencionar los nombres de los marinos, la dependencia sostiene que “colaboró
estrechamente con la PGR desde el inicio de la investigación” y, aludiendo al
principio de presunción de inocencia, advierte que “se presume la inocencia del
personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su
responsabilidad mediante sentencia condenatoria”.
Al
declararse como “institución respetuosa de las determinaciones que emitan las
autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia”, la
Semar puntualiza que “corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente
la culpabilidad en los hechos que les imputa”. l
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