Sería muy lamentable que la práctica de tortura sea generalizada como dice el relator de la ONU.
“...¿Y el dolor? ¿Y la muerte ineluctable?...
Asuntos de farmacia y notaría...”: Renato Leduc.
- Filtraciones, tortura, disculpas, cárcel y quizá libertad o reposición del proceso.
- El caso está ya con un juez y lo tiene la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
La mañana del jueves 14 de abril un comunicado de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que los hechos evidenciados en un video difundido horas antes en la red social, habrían ocurrido el 4 de febrero de 2015, en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. La institución castrense se enteró de ellos varios meses después, -el 10 de diciembre-, cuando alguien presentó el video en un juicio “por desobediencia” de algunos militares involucrados.
En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) reconoce que fue informada a principios de enero de 2016, dando inicio a una averiguación previa por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura y por alguna razón que se desconoce la Policía Federal Preventiva no fue informada, aunque en los hechos, habrían participado 3 elementos de esa corporación que ya fueron destituidos y están indiciados por delitos de tortura.
El indignante video de 4 minutos fue filtrado -no sabemos por quién- el miércoles 13 de abril a algunos medios mexicanos, así como al sitio estadounidense Breitbart Texas, y de inmediato se volvió tema del momento en las redes sociales desatando una gigantesca ola de indignación, sobre todo la mañana del jueves cuando fue comentado en la radio.
Dice Ciro Gómez Leyva que la mañana de ese jueves 14 justo en el corte comercial de las nueve horas recibió la llamada de un general de División. Que hoy tiene uno de los cargos más altos en la Sedena. No dice Ciro el nombre ni el cargo pero suponemos que pudo haber sido el mismísimo general, secretario Cienfuegos.
- ¿No está al aire, verdad?, le pregunta por el teléfono.
- No, general, estamos en la pausa, responde Ciro
Y sin más le dijo el militar al comunicador: “Ya se lo había dicho y ahora se lo vuelvo a decir: En el Ejército no hay impunidad ni toleramos los abusos -me dice con la economía de palabras de quien no quiere dejar espacio a la duda”.
Minutos después –agrega Ciro-, ya de regreso al aire, por ahí de las nueve y cuarto de la mañana, la Defensa Nacional emite un comunicado para informar lo que, minutos antes, nos había desvelado el especialista en Fuerzas Armadas, Juan Ibarrola.
¡En ese momento el video era tema del momento!
¿De qué se trata?
Aproximadamente las 13 horas del miércoles 4 de febrero de 2015, en Ajuchitlán región de Tierra Caliente en Guerrero, horas o minutos antes, las fuerzas federales habrían detenido a tres presuntos secuestradores –de entre ellos a una mujer–, a quienes se relacionó con la organización criminal conocida como La Familia Michoacana.
En el video podemos ver la a mujer tirada sobre el piso de tierra, sin zapatos, viste una camiseta morada y jeans; llora y grita, mientras otra mujer con ropa militar corta cartucho y apunta con el cañón de un arma de asalto sobre su cabeza. Después la atan de manos por la espalda, mientras le colocan una bolsa de plástico en el rostro para simular asfixia mientras le preguntan sobre el paradero de otra persona de nombre María: “¿Quién es María? ¿No me vas a decir? Dime y no te mato”.
Más tarde, un agente de la Policía Federal le esposa las manos para luego asfixiarla con una bolsa de plástico, mientras la militar le sigue haciendo preguntas.
Ambos integrantes de “nuestras gloriosas fuerzas armadas”le advierten: “¡Ya te acordaste o quieres toques o agua!”.
La mujer militar le dice: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ¡contéstame lo que te estoy preguntando!, ¿quién es la pinche María?”.
Hasta ahí el video, impublicable.
Las autoridades aunque sabían hace meses del caso nunca informaron de los hechos de tortura, aunque ellos mismo lo grabaron no sabemos los motivos, ni cómo es que se dio a conocer.
Empero, tras darse a conocer el video y volverse viral, la Sedena informó mediante un comunicado que por esos hechos fueron detenidos un capitán y un soldado policía militar por el delito de“desobediencia”. O sea, nada que ver con la tortura.
La mayoría de delitos en las fuerzas armadas son de desobediencia.
Sedena no proporciona los nombres de los militares indiciados, toda vez que gozan de la presunción de inocencia.
El Ejército puntualizó en el comunicado emitido la mañana del 14 de abril desde Lomas de Sotelo que la institución “se enteró el pasado 10 de diciembre 2015, de las acciones que se muestran en el video, dándole inmediatamente vista al agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente a fin de reunir los elementos de prueba para ejercer acción legal en contra del personal involucrado”.
Precisa que el lunes 4 de enero 2016, “se dio vista y desglose de la averiguación previa a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones a la civil”.
Un día después, el martes 5 de enero la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión “a un capitán y a una soldado policía militar como presuntos responsables del delito de desobediencia”.
Y que ambos “están internados en la prisión militar por lo que respecta a los delitos del orden militar, habiéndoseles dictado auto de formal prisión el 11 de enero de 2016 y están a disposición del Juez Quinto Militar, quien con plena autonomía jurisdiccional determinará lo que conforme a derecho proceda; denotándose que se trata de poner en entredicho el actuar de los integrantes del instituto armado”.
Por la tarde la PGR emitió un posicionamiento sobre el tema, comunicado 525/16 que dice:
En relación al video difundido en redes sociales relativo a hechos probablemente constitutivos del delito de Tortura, la PGR informa:
El pasado (jueves) 7 de enero de 2016, la PGR a través de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura -UEIDT (...)inició una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de elementos del Ejército Mexicano, así como de uno de la Policía Federal quienes presumiblemente habrían participado en hechos ocurridos el día 4 de febrero de 2015.
Y agrega que “a partir de la vista de la averiguación previa, por actos contrarios a la disciplina militar, que turnó la Procuraduría General de Justicia Militar el 5 de enero de 2016”.
(En el comunicado de la Sedena dicen que fue el 4)
Además la PGR afirma que “en el marco de dicha investigación, hasta el día de hoy esta representación social ha practicado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, destacando que en todo momento se ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Seguridad, para la práctica de todas las diligencias e inspecciones que han sido necesarias.
Consideramos que el comunicado se excedió, ya que la misma Policía Federal informó contradiciendo a la PGR que ellos –en la CNS– no tenían conocimiento del caso, y que se enteraron a través de las redes. Después se dijo que no es un elemento de la policía quien participó sino que son tres, y que ahora están suspendidos.
¿Qué ocurrió?
¿Cómo que no sabía el caso?
¿Y la coordinación interinstitucional?
¿Para qué sirven las reuniones del gabinete de seguridad?
¿Desconfianza entre ellos?
¿Quién es la mujer de blusa morada que es torturada?
¿Qué hizo?
Vayamos por partes
Una vez que se dio a conocer el video y que provocó una indignación generalizada la Sedena emitió el comunicado mencionado arriba, después la PGR amplio la información, y dos días después vino la disculpa pública del general secretario...
¡Insólito!
La mañana del sábado, en las instalaciones de la explanada Damián Carmona del Campo Militar 1-A, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda dirigió un mensaje al alto mando, generales, jefes, oficiales y soldados, en total ante la presencia de 30 mil personas y también por vía satelital a todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en todo el territorio nacional, el contenido del mensaje destacó:
“Los he reunido este día, porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace 14 meses en Ajutchitlán del Progreso y que han sido difundidos a través de un vídeo en las redes sociales, en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución empañan la actuación de miles de hombres y mujeres y hombres en uniforme militar.
“Son estos sucesos aunque aislados los quedañan de manera muy importante nuestra imagen y el prestigio, que dignamente hemos ganado en más de 100 años de lealtad […] Ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”, afirmó Cienfuegos.
Como vimos esa declaración se llevó las primeras planas, y de ella han escrito todas las columnas políticas como algo histórico, nunca antes visto.
Quizá la orden de pedir disculpas fue hecha por el mismísimo presidente Peña Nieto.
El día 18 de abril y desde San Luis Potosí, en el marco de la inauguración del Programa Nacional de Capacitación Policial en derechos humanos, de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el comisionado Renato Sales Heredia, dijo: “Procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”.
Agregó que actos como este “ofende a la ciudadanía y deshonra a las instituciones de seguridad, y son intolerables y no quedarán impunes”.
Y no sólo el asunto quedó ahí sino que por estos hechos fueron suspendidos tres agentes federales.
Asimismo, Sales Heredia anuncio la implementación de tres medidas para que estos hechos no se repitan. “Una de ellas es el fortalecimiento de la Unidad de Asuntos Internos, otro más es vincularnos en un mecanismo de supervisión externa con la sociedad civil, y otro es la creación de un grupo en la comisión formado por los cuatro comisionados y la inspectoría para dar seguimiento a los temas de derechos humanos”.
Todos han sido indiciados por tortura
El martes 19 de abril, la PGR obtuvo de Ricardo Mercado Oaxaca, juez V de Distrito en el estado de Guerrero, cinco órdenes de aprehensión en contra de tres elementos de la Policía Federal y dos miembros del Ejército Mexicano,por su probable responsabilidad en el delito de tortura cometido en agravio de una mujer detenida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, ocurrido el 4 de febrero de 2015.
El asunto lo trae la fiscalía especializada en la materia, la SEIDF.
En el comunicado 556/16, se informa:
“Las órdenes de aprehensión libradas en contra de dos elementos, del sexo masculino, de la Policía Federal fueron cumplimentadas el día de hoy y serán ingresados al Centro de Reinserción Social de Iguala. En cuanto al elemento femenino de dicha corporación, aún está pendiente de cumplimentarse el mandamiento judicial”.
“Respecto a la orden de captura girada contra los dos miembros del Ejército Mexicano, esta será ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran privados de su libertad en una prisión militar”.
“Una vez desahogadas las diligencias de ley y habiendo acreditado los elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el expediente ante la autoridad jurisdiccional, quien obsequió las órdenes de aprehensión hoy cumplimentadas”.
El comunicado no da nombres de los cinco servidores públicos indiciados sólo dicen “sexo masculino” y “elemento femenino”.
Insisto quizá hasta que los jueces los juzguen.
Reacciones
Las reacciones de este asunto penoso han sido varias.
De entrada, revive los dichos del relator especial para la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, sobre que la tortura en México está “generalizada”.
El relato estuvo el martes 19 en el Senado de la República, invitado con las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, con el fin de discutir la ley contra la tortura que está en construcción.
Sobre el video dijo que la reacción del gobierno demuestra que hay avances en la materia, que la disculpa es un hecho positivo. En entrevista radial, le dijo a Adela Micha que sobre el caso mismo no puedo opinar… “es terrible, ciertamente, pero con las declaraciones hechas por altos mandos militares y policiales estoy convencido de que estos son pasos en la dirección adecuada, y es importante que se pronuncie públicamente la intolerancia absoluta a cualquier tortura”.
Agregó que en 2014, respecto a su visita, la tortura sí era una práctica generalizada y desde entonces ha recibido denuncias de casos graves de tortura.
Precisó que no saber si las cosas en materia de tortura han cambiado o que siguen igual o que siguen peor.
Esta vez nadie del gobierno cuestionó su parcialidad, y de que sus dichos entonces fueron considerados indignantes.
El video es elocuente.
Para el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, la disculpa pública no basta, por lo que es necesario aplicar responsabilidades penales por el hecho delictivo.
Legisladores coincidieron en que es preocupante la evidente violación de derechos humanos. Para el diputado Marko Cortés (PAN), ellos ven con “buenos ojos esta disculpa”; mientras el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano (PRD), dijo que es urgente dar curso a una pieza legislativa en contra de la tortura.
Por otro lado, Amnistía Internacional reconoció que las disculpas son un primer paso hacia un nuevo enfoque oficial para emprender acciones eficaces en busca de sancionar y prevenir violaciones a los derechos humanos, pero condenó que calificara la situación como “hechos aislados”.
Hechos aislados, eso dijo el general secretario en su discurso y lo reiteró dos veces.
¿Serán aislados?
Mmm…
Esos actos “aislados” no sólo ocurren en el Ejército y la Policía Federal, sino también en la Armada, apenas días antes, el 6 de abril, el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, admitió la participación de marinos en actos de tortura. “Yo pedí que estos marinos fueran inmediatamente a prisión y quedarán a disposición de un juez civil para sean fueran juzgados”, subrayó. La Marina solicitó a la PGR que procesara a los cinco elementos del Séptimo Batallón de Infantería acusados de tortura y violencia sexual, crímenes cometidos en abril de 2012 contra seis mujeres detenidas en Veracruz y que derivaron en la primera recomendación de la CNDH en este año.
Estamos de acuerdo que no basta la disculpa pública, y que los elementos de las fuerzas armadas y de seguridad deben ser castigados por la justicia civil.
Por cierto, me pregunto: ¿Cuántos casos hay en México como este?
¡Muchos!
El procurador de Justicia Militar, general Jesús Gabriel López Benítez, reveló al periódico Milenio que a la fecha son 558 los soldados bajo proceso por faltas a la disciplina militar y, algunos de ellos están en proceso rumbo a tribunales civiles para que respondan por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada y asesinato.
Además una encuesta del CIDE, señala que de todos los internos presentados ante el MP, los cuales han sido culpables “confesos”, más de la mitad -el 54%- hicieron esa confesión por tortura o amenaza.
Los datos son creíbles.
Qué bueno que el Congreso esté legislando en la materia. La veo difícil que saquen la ley en este periodo ordinario de sesiones.
¿Quién es la mujer, por qué la detuvieron, por qué la trataron con esa crueldad?
Se llama Elvira Santibáñez Margarito alías La Pala, y tiene hoy 22 años de edad.
Nuestro compañero Juan Veledíaz, especialista en temas del Ejército, comenta que el caso fue evidenciado sin más detales, el viernes 6 de febrero del 2015 el periódico Diario de la Tarde, que circula en Iguala. El texto decía:
“Un nuevo golpe asestó personal de la Base de Operaciones Mixtas (Policía Federal, Ejército y PGR) al crimen organizado, al lograr la captura de tres presuntos sicarios integrantes de una banda de peligrosos secuestradores al parecer miembros de una célula del autollamado grupo delictivo La Familia Michoacana”.
“De acuerdo con el reporte policiaco, la captura de los tres presuntos secuestradores, dos hombres y una mujer, se dio dentro del Operativo Tierra Caliente implementado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde existen reportes de un repunte en los índices de violencia producto de la presencia del citado grupo criminal”.
“Fue aproximadamente a las 13 horas de este miércoles (4 de febrero), cuando agentes de las fuerzas federales y personal del Ejército Mexicano lograron la captura de los tres presuntos criminales, a quienes les aseguraron armas de grueso calibre, entre éstas las conocidas como “cuernos de chivo” y R-15, además de equipo celular, una motoneta y dinero en efectivo. Los detenidos fueron identificados como José Villalobos Díaz, de 32 años, originario de Arcelia; Juan Hernández Villa, de 35 años también de Arcelia, y Elvira Santibañez Margarito, de 21 años, originaria de Ajuchitlán”.
En efecto, a los tres se les decomisaron cuatro armas largas (tres AK-47 y un AR15); un arma corta calibre 22; nueve cargadores (ocho para arma larga y uno para arma corta); 189 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39; 10 cartuchos útiles calibre .223 y 10 cartuchos útiles calibre 22. Además de una motoneta, un teléfono celular y 11 mil pesos en efectivo.
La mujer fue presentada y detenida -justo después de que fue torturada- ante el Ministerio Público Federal, en Iguala, Guerrero.
Hasta donde sabemos la certificación médica que se hizo a la mujer mostró que no tenía lesiones. Ella no presentó ninguna queja de tortura.
No sabemos si los otros dos también fueron torturados.
La mujer se encuentra actualmente sujeta a proceso penal en un Centro de Reinserción Federal en Tepic, Nayarit, desde hace un año y dos meses, por delitos de secuestro y portación de arma de fuego.
Pero con los hechos del video y las disculpas ofrecidas, cualquier buen abogado penalista puede quitarle todos los cargos, ya que el proceso penal está viciado por los actos de tortura.
Además no se le trató bajo el principio de la presunción de inocencia que ordena la Constitución.
De entrada los abogados pueden pedir que se reponga el procedimiento, y no sería raro que la dejen libre.
Empero, organizaciones como Alto al Secuestro que dirige Isabel Miranda de Wallace piden sí que se castigue severamente a quienes llevaron a cabo su tortura, y también se castigue con firmeza a los presuntos secuestradores. Precisa que el hecho que haya sido torturada “no la hace inocente, eso no la exime de nada. Ella causó mucho mal”, subraya.
¿Recordemos en el caso de Florence Cassez?
Nunca se abordó el tema de fondo, y la señora salió libre porque no se llevó el debido proceso.
Esperamos que el caso de Elvira sea aislado, como dice el general secretario y que los militares y policías federales no hayan actuado por orden superior. Sería muy lamentable que esa práctica sea generalizada como dice el relator de la ONU.
¿Y quiénes son los militares indiciados?
Juan Veledíaz me confirma que pertenecen al sexto batallón de Policía Militar, que tiene su base en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y que andaban comisionados a la región de Tierra Caliente de Guerrero…
Por cierto, ¿quién grabó la escena?
Seguramente fueron los militares…
Y la otra interrogante ¿quién subió el video a las redes sociales, y para qué?
¿Cuántos casos más habrá que no han sido grabados?
Muchas preguntas sin respuestas.
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