Revista
Proceso
# 2072, 17 de julio de 2016..
El
de la CNDH, un informe polémico/GLORIA
LETICIA DÍAZ
El
informe de la CNDH sobre la muerte de Julio César Mondragón Fontes causó
polémica tanto en la PGR como entre los peritos argentinos, la viuda del
normalista y su abogada. Según la comisión, no hubo desollamiento intencional,
y atribuye a la fauna nociva –perros y roedores– el desprendimiento del rostro
de la víctima. La familia insiste en que las autoridades federales deben
retomar el caso y sancionar a los responsables; si queda impune, dice la
abogada Sayuri Herrera, será responsabilidad de la Procuraduría General de la
República.
La
divulgación del informe sobre la muerte del normalista Julio César Mondragón
Fontes reabrió la controversia sobre el origen de la imagen del rostro
descarnado del estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, difundido en redes sociales la mañana del 27 de septiembre de 2014,
horas después de ser ultimado.
El
lunes 11, el responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Trinidad Larrieta
Carrasco, presentó el resultado de una investigación sobre la muerte de
Mondragón, derivada de análisis fotográfico, así como de bibliografía
especializada y entrevistas con estudiantes sobrevivientes.
Asimismo,
la indagatoria destaca la participación de la comisión como observadora en la
exhumación y la segunda necropsia al cuerpo de Mondragón los primeros días de
noviembre de 2015, realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) y personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República (PGR)
También
incluye los dictámenes elaborados a solicitud del Poder Judicial de Guerrero,
donde se desarrolla el proceso penal por la muerte de Mondragón y cinco
personas en los ataques armados en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27
de septiembre de 2014.
Si
bien concuerda con los dictámenes del EAAF y la PGR sobre las causas de muerte
del joven estudiante –traumatismo craneoencefálico y múltiples contusiones en
tórax–, el documento de la CNDH discrepa de los peritos independientes y de la
dependencia federal en el punto que causó indignación mundial: la ausencia del
rostro de Mondragón.
En
su estudio, Larrieta descarta que Mondragón haya sido víctima de un
desollamiento intencional y atribuye a la fauna nociva –perros y roedores– el
desprendimiento del rostro.
El
funcionario de la CNDH exhibió las conclusiones de los peritajes del EAAF y la
PGR. Si bien ambos equipos coinciden en que hubo acción de animales carroñeros,
sostienen que los asesinos del normalista utilizaron objetos cortantes; el EAAF
advierte “sospechas”, pero para la PGR no hay dudas de la acción humana en el
desprendimiento de la piel del cráneo.
Ante
la divulgación del informe de la CNDH, que entre otras cosas recomendó que la
PGR formulara cargos por tortura en agravio de Mondragón, las oficinas de
Comunicación Social de la dependencia federal y el EAAF difundieron sus
respectivos posicionamientos.
La
PGR se comprometió a estudiar las cuatro recomendaciones que le formuló la
CNDH; el EAAF respaldó que sea la dependencia la que tome el caso, hablaron de
“sospecha de intervención de instrumento cortante” en cuello y de las
dificultades para analizar el cuerpo por el tiempo transcurrido desde su primer
inhumación, en octubre de 2014.
Marisa
Mendoza, la viuda de Mondragón, y su abogada, Sayuri Herrera, lamentan las
conclusiones más controversiales del documento de la CNDH y advierten que el
caso puede quedar en la impunidad si la PGR no interviene.
Proceso
entrevistó a Larrieta Carrasco, al responsable de la Oficina Especial para el
Caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Beltrán, así como a Mendoza y Herrera en
vísperas de que se cumplan 22 meses de los ataques de Guerreros Unidos y de
fuerzas de seguridad –desplegadas al menos en los municipios de Iguala, Cocula
y Huitzuco– contra los normalistas.
La
versión de Larrieta
En
entrevista en las oficinas de Proceso, Larrieta despliega varias fotografías
que muestran las condiciones en que se encontró Mondragón la mañana del 27 de
septiembre de 2014; dos de ellas fueron remitidas por la Secretaría de la
Defensa y no están en el expediente judicial; también hay imágenes de perros
callejeros, maleza, basura y de un río de aguas negras que colinda con el
Camino del Andariego, donde se encontró el cuerpo.
En
defensa del papel de observador de la CNDH en la necropsia, muestra también
ampliaciones fotográficas de huellas de caninos; acercamientos a órganos
analizados por los especialistas de la PGR y de la EAAF, obtenidos durante la
necropsia de noviembre de 2015; acercamientos a zonas del cuerpo, donde se
aprecian pequeños desprendimientos de piel, que de acuerdo con el peritaje del
organismo corresponden a huellas de roedores, así como lesiones severas en
cuello provocadas por mordeduras de perro, que respalda con imágenes similares
extraídas de bibliografía especializada.
Larrieta
presume que el análisis de la CNDH fue “más amplio” que los de la PGR y el
EAAF, a los que critica por dejar entrever la intervención humana en el cuello
de la víctima. De las conclusiones de los forenses, apunta: “No dicen que hay
desollamiento, sino que puede haber una incisión en dos a tres lesiones de
menos de tres centímetros cada una, y coinciden que en el resto del rostro hay
intrusión de fauna.
“El
EAAF dice que no puede determinar, pero que eso le causa sospecha; eso no es
científico; en tanto, los peritos de la PGR sostienen que hay evidencia del uso
de un objeto filoso, pero usan un método inadecuado. La PGR no determina el
desollamiento.”
Apoyado
por el doctor García Torres, quien asegura que el equipo de expertos de la CNDH
tiene de 30 a 40 años de experiencia forense y que sabe discernir entre un
desollamiento y la acción de fauna nociva, Larrieta asegura que, “según la
literatura y la experiencia en México”, a los carroñeros les habrían bastado
dos horas para descarnar el rostro de Mondragón.
El
funcionario de la CNDH advierte que el cuello y el rostro del estudiante fueron
corroídos por perros y roedores debido a las lesiones que le provocaron sus
asesinos.
“Según
la literatura y la experiencia en todo el mundo, la fauna depredadora siempre
se va a donde hay exposición de lesiones y líquido hemático, por eso se van
directo al rostro, porque tuvo ocho fracturas en el cráneo, 13 en la cara, un
hundimiento bárbaro en el macizo facial, muy posiblemente le florearon la cara,
quedaron expuestos los tejidos blandos y hubo líquido hemático”, explica
Larrieta, al destacar que los carroñeros no acabaron con Mondragón, quien
presuntamente falleció entre las 00:45 y las 02:45 horas del 27 de septiembre.
Larrieta
recuerda que desde el 23 de julio del año pasado, en su primer paquete de
recomendaciones sobre el Caso Iguala, su oficina recomendó a la Fiscalía de
Guerrero “reforzar la investigación”, y a la PGR hacer suyas al menos tres
causas penales seguidas en esa entidad relacionadas con el caso Ayotzinapa, por
la “conexidad” que hay con el expediente abierto por la desaparición de los 43
estudiantes.
Para
el funcionario de la CNDH, son infundados los temores de que el caso de Mondragón
quede en la impunidad, dado que el Poder Judicial de Guerrero ya ha librado 29
órdenes de aprehensión –26 de ellas ejecutadas– contra expolicías y el
expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, por los seis homicidios de
esa noche, a los que se sumarían otros 11, seis de ellos detenidos ya y
procesados por la PGR.
PGR,
discrepancias
Ante
los señalamientos del funcionario de la CNDH, Higuera Bernal sostiene que, a
petición de la familia de Mondragón, la dependencia solicitó al Poder Judicial
de Guerrero, a través de la Fiscalía General, copias del expediente.
En
entrevista en su oficina, Higuera explica que, “tomando en cuenta que no
podemos tomar el de Julio César Mondragón como un caso aislado”, la dependencia
requiere “revisar las vías jurídicas de posible intervención de esta
institución, visto que aquello está en un estado de proceso judicial y lo que
tenemos radicado aquí es una indagatoria abierta; es decir, una fase previa al
proceso, aun cuando tenemos algunos consignados y están siguiendo el curso
procesal respectivo”.
Al
apuntar que el expediente de Ayotzinapa consta de 230 tomos, Higuera Bernal
insiste en que el caso de Mondragón es “sustancial del acontecimiento en
general (la desaparición de los 43 normalistas)”, de ahí que la dependencia
tendría que sumar a la indagatoria “todo lo que hizo la fiscalía, lo hecho en
el propio tribunal que está conduciendo el proceso en contra de los probables
responsables, para hacer nuestro análisis”.
Y
agrega: “Si de ese análisis surgen elementos para que integremos información y
procedamos con una investigación en los rubros que ha señalado la familia o
cualquier otro que sea necesario y que permita la intervención federal, lo
vamos a hacer”.
Sobre
los comentarios críticos de Larrieta Carrasco acerca del peritaje de PGR,
Higuera Bernal es cauto. Dice que, por tratarse de un peritaje realizado por un
ordenamiento judicial, no puede dar detalles, pero sostiene que hay más
coincidencias que diferencias.
En
cuanto a las razones del desprendimiento de piel en el rostro, “la institución
habló de la existencia de ambas cosas, la utilización de un objeto de esa
naturaleza (cortante) que pudo causar determinadas lesiones, como la presencia
posterior de fauna”.
Ante
la insistencia de la reportera sobre el posible desollamiento en rostro,
agrega: “No quisiera entrar muy a detalle de lo que fue un trabajo pericial…
pero por el conocimiento que más genéricamente tenemos y sin pretender ser
especialistas en algo de esa naturaleza, nuestro dictamen, el de la
institución, deja vertidas esas dos vertientes, de que sí pudo haber un acto
deliberado en los términos que usted refería (desollamiento)”.
Inconsistencias
En
entrevista en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, Mendoza y Sayuri insisten en la urgencia de que el caso sea elevado a
nivel federal, dadas las inconsistencias judiciales.
Tras
insistir que su esposo fue desollado y después comido por la fauna nociva,
Mendoza agrega que ante las inconsistencias los policías procesados por el
homicidio de su esposo promovieron un amparo contra la causa penal que los
acusa de los seis homicidios ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de
septiembre de 2014.
“Los
policías decían claramente que no podían estar en los tres hechos de los que se
les culpaba, no aceptan ser culpables de la muerte de Julio César Mondragón,
menos cuando están procesados porque tenían pólvora en las manos. Eso no quería
decir que ellos fueran responsables, porque él no tuvo impacto de bala”, advierte
Marisa.
Mendoza,
quien respalda el trabajo del EAAF, que encomendó el caso a Steve Symes, uno de
los antropólogos forenses más reconocidos en el mundo, señala que el resultado
de la necropsia es un elemento que debería favorecer la atracción del caso por
parte de la PGR, “que nunca nos ha escuchado, para que este asunto no se siga
fragmentando”.
Herrera
explica que en el expediente sobre la muerte del estudiante “no hay declaración
de alguno de estos policías en la que se autoincriminen por el homicidio de
Julio César. No hay forma de demostrar que estuvieron en los tres escenarios de
las muertes. Hay muchas contradicciones y las autoridades de Guerrero ya no
siguieron investigando, ese caso se va a caer”.
La
abogada advierte que, entre las próximas acciones, solicitará a la juez de
Iguala conclusiones no acusatorias como parte de ser defensa de la víctima,
para que no haya chivos expiatorios”.
A
nivel federal, formalizará la solicitud a la PGR para que “abra una línea de
investigación por tortura, en la misma averiguación, la 01/2015, que se sigue
por la desaparición de los 43 normalistas, en la Oficina Especial a cargo del
licenciado Higuera y del subprocurador Eber Betanzos.
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