Revista
Proceso
# 2072, 17 de julio de 2016..
Supera
a Ulises Ruiz Con Cué, la peor represión en Oaxaca/
ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA
La
represión contra los movimientos sociales en Oaxaca ha empeorado en el actual
sexenio. Y Nochixtlán es sólo un ejemplo. De hecho, se convirtió en una
costumbre que las autoridades prefieran las “soluciones” violentas en vez de
las negociadas. Un análisis de este semanario revela que en los últimos cinco
años y medio han ocurrido al menos 44 ejecuciones extrajudiciales, 12
desapariciones forzadas, 220 detenciones arbitrarias y 29 agresiones en
distintas modalidades.
El
comunicado oficial estableció que no hubo heridos de gravedad. Sin embargo, a
José Caballero lo impactó una bomba de gas en la cabeza, por lo que estuvo hospitalizado
hasta el martes 5, cuando murió a consecuencia del golpe.
No
era la primera vez que la policía estatal llegaba a una concentración sin
dialogar con los inconformes. A decir de Gustavo Manzano Sosa, secretario
técnico de la Sección 22, el preámbulo de un operativo es un diálogo que casi
siempre termina con la protesta replegada pacíficamente. Son negociaciones en
caliente, en las que inconformes y policías van cediendo 20 metros, un
desbloqueo de vialidad, o inclusive, el retiro de los contingentes.
No
sería la última vez que se privilegiara la violencia antes del diálogo. También
sin negociación se retiró el bloqueo de Nochixtlán el 19 de junio, aun cuando
el Manual de Uso de la Fuerza, de la Policía Federal, ordena la conciliación
como preámbulo de cualquier procedimiento que implique la fuerza (Proceso
2071).
Por
eso Manzano dice que la represión con Gabino Cué superó a la de sus
antecesores. Aun la de Ulises Ruiz, que era gobernador durante el conflicto
social de 2006. Y en eso coincide la mayoría de los dirigentes sociales.
Una
consulta a los registros de las diferentes organizaciones defensoras de
derechos humanos que documentan ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, encarcelamientos y agresiones contra activistas da cuenta de la
cantidad de víctimas del gobierno de Cué.
La
estadística refleja que, en el sexenio, se han registrado al menos 44
ejecuciones extrajudiciales, 12 desapariciones, 220 detenciones arbitrarias y
29 agresiones en distintas modalidades, que han afectado a numerosas
organizaciones sociales, sin contar las agresiones masivas como la del
operativo de Nochixtlán.
La
estadística se integró a partir de los informes anuales sobre represión que
desde 2010 publica el Comité Cerezo México; el Comité de Familiares de
Desaparecidos-Detenidos Hasta Encontrarlos, así como de aquellas víctimas que
reportan organizaciones como la Sección 22, el Frente Popular Revolucionario
(FPR), Comuna Oaxaca y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca-Ricardo Flores
Magón (CIPO-RFM).
Se
trata de unos 300 ataques, la mayoría enderezados contra dirigentes de
organizaciones, destacadamente opositores a proyectos gubernamentales, obras de
infraestructura o políticas públicas.
La
carretera o la vida
Las
carreteras son peligrosas para los dirigentes sociales oaxaqueños. A Ignacio
García Maldonado lo asesinaron en la Oaxaca-Istmo el 29 de marzo de 2014. Y en
un paraje de San Andrés Huaxpaltepec mataron a balazos a Enrique Quiroz Quiroz
el pasado 1 de abril.
Ellos
pertenecían a Comuna Oaxaca y, como en muchos de los otros 42 casos de
asesinatos de dirigentes sociales durante el sexenio de Cué, tuvieron una
participación activa en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en
2006.
Comuna
Oaxaca es la organización entre cuyos dirigentes destaca Flavio Sosa
Villavicencio, el dirigente social más visible de la APPO en 2006, año en que
fue apresado, igual que sus hermanos Érick y Horacio; sus compañeros César
Mateos Benítez e Ignacio Maldonado, baleado en marzo pasado.
Durante
el gobierno de Ulises Ruiz fueron asesinados Beatriz López Leyva, el 9 de abril
de 2009; José Sarmiento Sánchez, el 17 de febrero de 2010; su hermano, Vicente
Sarmiento, el 17 de mayo de 2011; Rolando Ojeda González, el 24 de junio de
2011; Enrique Quiroz, el 1 de abril de este año, y Gregorio López, el pasado 23
de junio.
Sólo
Comuna Oaxaca (o su antecedente, Organización Nioax) suma cinco asesinatos con
Cué, frente a dos en el sexenio de Ruiz.
El
caso ilustra el fenómeno. Los casos documentados de ejecución extrajudicial por
el conflicto social de 2006-2007 (si bien las organizaciones sociales calculan
que hay más), son formalmente 11, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en
la Investigación de Delitos de Trascendencia Social de la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca.
A
su vez, la Comisión para la Verdad de Oaxaca, instancia oficial de carácter
ciudadano creada para investigar las violaciones de derechos humanos en
2006-2007, sólo pudo documentar nueve casos, aunque en su informe final,
emitido en febrero pasado, asienta que fueron 28 muertes.
La
diferencia es sustancial, pues aun aceptando que las 28 muertes ocurridas
durante el conflicto de 2006-2007 sean todas por ejecución extrajudicial, en lo
que va del gobierno de Cué –que concluye en diciembre próximo– se contabilizan
44, sin tomar en cuenta tres muertes que denuncia la Sección 22, perpetradas el
19 de junio, y que son rechazadas por los gobiernos estatal y federal.
La
historia roja
En
2006 el CIPO-RFM fue uno de los protagonistas de la ola de inconformidad contra
el gobierno del priista Ulises Ruiz. Para los miembros de dicha organización la
represión no es novedad, pues en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano les
encarcelaron al menos a 150 miembros.
En
el sexenio de José Murat, amenazas, allanamientos y otras acciones de
hostigamiento se volvieron tan frecuentes que el dirigente y fundador de la
organización, Raúl Gatica, vive exiliado desde 2005 en Canadá. Luego llegó el
conflicto 2006-2007 y, finalmente, el sexenio de Cué. Hoy, su dirigente, Miguel
Cruz Moreno, expresa: “Sentimos que no hay diferencia entre un gobierno y otro.
El tipo de gobierno ha sido represor, ha cuidado los momentos y las formas. La
diferencia es que es peor con Cué, porque neutralizó al movimiento social”.
Para
Cruz Moreno, lo que ocurrió es que Cué hizo un pacto de impunidad con Ruiz, que
se renueva ahora, con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el regreso del PRI al
gobierno del estado.
Pone
un ejemplo: quien fue fiscal general en Oaxaca, Eréndira Cruzvillegas Fuentes,
es ahora la nueva fiscal para la localización de personas desaparecidas de la
Procuraduría General de la República.
Durante
su periodo, además del estancamiento y las maniobras para dejar crímenes
impunes, mencionadas por el fiscal Samuel Alfonso Castellanos Piñón, de la
Feditras (Proceso 2070), hubo situaciones más recientes que la funcionaria
complicó.
Cuando
dirigentes de movimientos sociales denunciaron hostigamiento y amenazas de
muerte, la Defensoría de Derechos Humanos del Estado pidió medidas cautelares
para que el gobierno del estado las extendiera sobre los afectados. Es el caso
de la dirigencia de Comuna, del Frente Popular Revolucionario y de CIPO-RFM.
Para
Miguel Cruz, su familia y otros miembros de la organización, Eréndira
Cruzvillegas aceptó las medidas pero no las aplicó. “Ahora, su premio es el
puesto en la PGR”, sostiene Miguel Cruz.
La
nueva fiscal federal especializada en desaparecidos no sólo no instauró las
medidas cautelares que menciona Cruz. En la consulta de los diferentes informes
de casos de desaparición forzada de dirigentes sociales para el caso de Oaxaca,
hay al menos 10 desapariciones que le correspondía indagar y que quedaron
irresueltas. Dos sí las solucionó:
La
desaparición de Herón Sixto López, integrante del Centro de Orientación y
Asesoría a Pueblos Indígenas, ocurrida el 15 de agosto de 2013, pues fue
encontrado muerto el día 20 de ese mes, y la de José Merino Fernández, ocurrida
el 14 de enero de 2015, y cuyo cuerpo fue localizado tres días después.
El
coletazo más reciente
El
operativo en Nochixtlán del pasado 19 de junio dejó un saldo oficial de ocho
muertos, dos desaparecidos y 23 detenidos, la mayoría civiles sin militancia
política. El extremo del abuso excesivo de la fuerza y la arbitrariedad
policial fue la detención de esas 23 personas, pues 19 de ellas formaban parte
de una familia que estaba en el panteón, sepultando a un pariente.
Las
detenciones masivas han ocurrido en diferentes ocasiones y es la policía
estatal las que las efectúa. Por ejemplo, el 14 de febrero de 2014, integrantes
de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (Ucidebacc)
realizaban una protesta en Pinotepa Nacional cuando un contingente policiaco
llegó y barrió con hombres, mujeres y niños. Un total de 20 personas en la
misma redada.
La
organización ha sido de las más golpeadas en el sexenio de Cué, pues entre las
detenciones arbitrarias destacan las de dos de sus integrantes, Antonio Zárate
Bernal y Juan Rojas Viviano, el 27 de agosto de 2011. El 16 de octubre
siguiente fue capturado el dirigente Librado Baños; su esposa, Eva Rivero, y
Rey Simén Chávez.
A
Bonifacio Cruz Reyes, miembro también de la Ucidebacc, lo detuvo una patrulla
de la policía estatal el 17 de enero de 2012, y al día siguiente fue encontrado
sin vida en los antiguos terrenos del basurero municipal de Pinotepa Nacional.
En varias ocasiones sus compañeros han sido objeto de allanamientos,
detenciones y la lista sigue, e incluye un intento de asesinato contra Eva
Rivero.
Si
una organización ha padecido detenciones arbitrarias y tiene militantes en
prisión es el FPR. En lo que va del actual sexenio suma 53 detenciones
arbitrarias, la cuarta parte de las contabilizadas por el Comité Cerezo México
en Oaxaca, tal como se lee en su informe de represión en el país.
Del
FPR hay 25 personas presas acusadas de delitos electorales. De acuerdo con el
profesor Gustavo Manzano, de la Sección 22, las acusaciones son absurdas:
fueron por ellos de manera selectiva para inhibir la solidaridad que dicha
organización ha tenido con el movimiento magisterial oaxaqueño.
El
dirigente del FPR en Oaxaca, Macario Otalo Padilla, así como los entrevistados,
Flavio Sosa, de Comuna; Miguel Cruz, de CIPO-RFM, y Gustavo Manzano, de la
Sección 22, han coincidido en denunciar que desde el gobierno estatal se está
operando una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales:
A
raíz de los hechos de Nochixtlán, diferentes publicaciones en medios locales y
nacionales empezaron a señalar a varios dirigentes de las organizaciones
sociales como responsables de la reacción de la población en esa comunidad
mixteca, e inclusive les han atribuido vínculos con la guerrilla.
Manzano
afirma que el referente histórico es que hay 65 presos políticos en Oaxaca; por
ejemplo los de los Loxicha, detenidos en los noventa, a quienes vincularon con
el Ejército Popular Revolucionario. Y es él quien también expresa preocupación
porque Comuna y Cipo-RFM, entre otras organizaciones, sean señaladas
frecuentemente para endilgarles actos ilícitos o actos de violencia.
Flavio
Sosa, quien durante un año y medio estuvo preso, se explica lo ocurrido hace
una década, en una serie de crisis que detonó la explosión social.
Luego,
además de la impunidad plantea: “Esta es la continuación de crisis no
solucionadas. Oaxaca explota por la crisis económica cabrona de muchos años;
crisis política y de gobernabilidad, acelerada por el autoritarismo y una
crisis social de desconfianza y descrédito de instituciones, que explota en
2006. Pero esas crisis no tuvieron soluciones en ese momento. Se fueron
prolongando y eso es lo que tenemos, la agudización de esas crisis que se
expresa hoy en el movimiento magisterial y el respaldo social que tiene en
Oaxaca”.
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