El País, 25 de julio de 2016.
En Turquía, los jueces y los fiscales, como los periodistas, los enseñantes y todos
aquellos que estaban cuestionando la deriva del régimen de Recep Tayyip Erdogan hacia el islamismo radical, son
carne de cañón.
Y lo que más
preocupa es que las detenciones comenzaron antes del fallido golpe militar. Eso
lleva a pensar que esta acción violenta puede haber tenido el objetivo de llevar a cabo una
depuración
para partir de cero.
Más de 20.000 personas represaliadas; muertos, heridos… Casi
tres mil jueces y fiscales destituidos por la Junta Superior de Jueces y
Fiscales del país a las doce horas de la asonada. Puedo atestiguar que antes
de que los violentos hechos se produjeran, instancias como la española Unión Progresista
de Fiscales o MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades),
que agrupa a más de quince mil jueces y fiscales europeos y es la asociación a la que está afiliada la
turca YARSAV, estaban gestionando la libertad o al menos el contacto con los
colegas que habían sido detenidos y encarcelados por el régimen de
Erdogan. No les había permitido entrar en determinadas prisiones de Turquía para conocer
la situación
de jueces y fiscales recluidos tiempo atrás.
Frente a esta acción motivada por
la preocupación de los sectores más progresistas y solidarios de la magistratura y la Fiscalía en Europa, a
la que ha sumado su voz la española Jueces para la Democracia, hay que preguntarse por el silencio
que alcanza ya la categoría de ruido de instancias como nuestro sacrosanto Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Un órgano presto a sacudir a aquellos jueces que sacan los pies
del tiesto oficial y a cambiar nombramientos como cromos para mayor comodidad
del partido en el Gobierno, pero remiso, como se puede ver, a tomar una postura
solidaria ante los colegas, compañeros turcos, que están indefensos ante un poder irracional sin que el Derecho que
detentan les ampare. En sectores judiciales de nuestro país se hacen
cruces de la postura de inhibición y de falta de empatía o de la mínima solidaridad del Consejo.
Pero más aún. Esa falta de pronunciamiento alcanza el rango de estrépito si añadimos que el
Ministerio de Justicia ha llevado a cabo durante varias ediciones un programa
europeo de formación de jueces y fiscales turcos en materia de libertad de
expresión
y terrorismo e independencia judicial… con la participación del Tribunal
Constitucional, de la Fiscalía General del Estado y del propio CGPJ. El desafuero viene de
atrás.
Hace apenas una semana, Samir Nair escribía en EL PAÍS que el comisario europeo para la Política de
Vecindad, Johannes Hahn, “acaba de afirmar que el poder turco tenía en sus
manos, desde hace meses, listas de personas que apartar ‘un día u otro’ del
sistema social y político”. Y tras calificarlo de “golpe de Estado de ensueño para
cualquier poder autoritario”, lo define como “represión desproporcionada sistemática y sin cuartel del presidente turco contra sus
adversarios”.
Así es. Una violencia desmesurada y un atentado contra las
libertades. Todo resulta demasiado sospechoso. Desde la evolución del propio
golpe a la represión. ¿Qué necesidad había de llevar a cabo tal criba humana tras haber fracasado la
acción
golpista? Sin olvidar esa utilización de los ciudadanos… Da la impresión de que el golpe ha sido especialmente oportuno. Y esto lleva
a pensar en que de esa forma se han podido justificar decisiones que antes no
era posible implantar.
¿Quién era el enemigo? Sin despreciar al elemento castrense, que
merecería
un discurso aparte, y solo centrándome en parte de la sociedad civil, lo agrupo en tres
bloques. Primero, el de enseñantes, educadores, personas que se dedican por vocación y oficio a
formar a las jóvenes generaciones. Elementos de alto riesgo para cualquier régimen que
quiera inculcar determinadas nociones en los nuevos ciudadanos. Sin olvidar
que, según
los expertos, es en este sector en el que más seguidores hay de Fetulá Gülen, el clérigo al que se acusa de estar tras el fallido golpe.
Resultado: el cierre este fin de semana de 1.043 escuelas y 15 universidades
privadas.
Segundo: periodistas, muy peligrosos por
su empeño
en relatar lo que ocurre e incluso en investigarlo, contrastar y dar información a la ciudadanía sobre las
actuaciones del poder y la situación. Individuos a abatir en cuanto no hablen al unísono con la
voz oficial que no permite que la realidad estropee una buena consigna o un país imaginario.
Por último, me refiero de nuevo a los jueces y fiscales. 2.745
cesados; no se sabe bien cuantos encarcelados… En sus manos está la aplicación de lo que
dicta el Derecho. Para ejercer su trabajo necesitan independencia. Una
independencia que estorba al poder cuando no es democrático y
pretende que la norma sea interpretada de acuerdo con lo que más conviene a
los intereses del Gobierno. Jueces y fiscales, elementos a extirpar cuando
pretenden hacer su trabajo dignamente.
Enemigos reales y conflictivos difíciles de
eliminar en tan elevado número —no nos engañemos— en una situación democrática. ¿Ha sido, pues, este el camino más directo de
Erdogan para suprimir indeseables actitudes contrarias y molestas? Podría pensarse que
sí
cuando a los hechos se añaden las afirmaciones sobre una reinstauración de la pena
de muerte que fue abolida en 2004 como condición para que Turquía pudiera ingresar en la Unión Europea. Da la impresión de que Turquía se aleja a pasos de gigante de los derechos humanos que
debería
abrazar para ser uno más en el conjunto de Europa.
Falta mucha información y es preciso
averiguar cuanto antes qué está pasando en un país a cuyo Gobierno le falta transparencia. Veremos si los
300.000 documentos que WikiLeaks ha anunciado hará públicos y que se extienden hasta una semana antes del golpe de
Estado, arrojan luz sobre la situación.
Para averiguar qué ha pasado, y
sobre todo qué está pasando ahora, es imprescindible que Europa obligue a Turquía a dejar que
se conozca la verdad. Hay que propiciar la creación y el trabajo de una comisión internacional de investigación. En este empeño hay que estar dispuestos a trabajar de forma coordinada en
esa línea
para ayudar a los ciudadanos turcos a recuperar la libertad y los derechos
fundamentales que, mucho me temo, están terriblemente amenazados. Solo una vigilancia estrecha y
comprometida desde las diferentes instituciones europeas y desde la sociedad
civil, pueden conseguir paliar los nocivos efectos de este posgolpe que
sobrecoge.
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