Project Syndicate, 4 de marzo de 2017..
Mientras el presidente Trump lucha para llenar su administración de simpatizantes que lo ayuden a convertir los tuits en políticas, no se detiene el éxodo de funcionarios nombrados por Obama en el gobierno federal y otras agencias. Para el mundo financiero, una de las partidas más significativas fue la de Daniel Tarullo, director de la Reserva Federal que condujo su trabajo en regulación financiera los últimos siete años.
Sería exagerado decir que Tarullo gozó del aprecio de todos en la comunidad de los banqueros. Tarullo fue el principal promotor de un gran incremento de los ratios de capital en Estados Unidos y en otros países; un duro negociador, con un fino instinto para detectar pedidos de trato especial infundados de las compañías financieras. Pero su renuncia será saludada en Europa con lágrimas de cocodrilo. A los bancos europeos, e incluso a sus reguladores, les preocupaba su encendida defensa de la introducción de normas aun más estrictas en el Acuerdo de Basilea 3.5 (o Basilea 4, como gustan llamarlo los banqueros), que de implementarse según la propuesta estadounidense, exigirían nuevos incrementos sustanciales de la capitalización de los bancos europeos en particular. Tras su partida, el destino de estas propuestas es incierto.
Pero Tarullo también fue un entusiasta promotor de la cooperación internacional en materia de regulación (y puede mostrar sus millas de viajero frecuente para probarlo). Presidió varios años el Comité Permanente de Cooperación Supervisora y Reguladora, una dependencia poco conocida pero importante del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB por su sigla en inglés). Su dedicación a trabajar codo a codo con colegas de organismos internacionales como el FSB y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, con el fin de alcanzar acuerdos globales en cuestiones regulatorias que permitieran a los bancos competir en condiciones parejas, fue innegable.
Ya hay algunos que en su momento lo criticaron abiertamente y ahora están preocupados por su partida. ¿Quién lo reemplazará? La ley Dodd-Frank de 2010 creó un puesto (que siempre estuvo vacante) de vicepresidente en la Junta de la Reserva Federal, encargado de dirigir el trabajo de la Reserva en temas regulatorios. ¿Tendrá el futuro designado de Trump la misma actitud internacionalista de Tarullo? ¿O acaso su principal tarea será erigir un muro regulatorio que proteja a los bancos estadounidenses de normas internacionales?
Todavía no conocemos las respuestas a estas preguntas, pero una carta enviada el 31 de enero por Patrick McHenry, vicepresidente del Comité de Servicios Financieros de la cámara baja del Congreso estadounidense, a la presidenta de la Reserva, Janet Yellen, alarmó a los observadores. McHenry no se anduvo con rodeos, y escribió: “A pesar del claro mensaje enviado por el presidente Donald Trump respecto de priorizar los intereses de Estados Unidos en las negociaciones internacionales, parece que la Reserva Federal sigue negociando criterios regulatorios internacionales para las instituciones financieras, con burócratas globales, en el extranjero, sin transparencia, responsabilidad o autoridad para hacerlo. Esto es inaceptable”.
En su respuesta fechada el 10 de febrero, Yellen rechazó de plano los argumentos de McHenry. Señaló que la Reserva Federal tiene de hecho la autoridad que necesita, que los acuerdos de Basilea no son vinculantes y que, en cualquier caso, unos “criterios regulatorios firmes mejoran la estabilidad del sistema financiero estadounidense” y promueven la competitividad de las empresas financieras.
Pero la historia no está terminada. Las líneas de batalla están trazadas, y la carta de McHenry muestra la clase de argumentos que emplearán en el Congreso algunos republicanos cercanos al presidente. Siempre hubo en Washington una línea de pensamiento que rechaza los compromisos con el extranjero, en esta y otras áreas. Si bien los argumentos de Yellen son correctos, el derecho de la Reserva Federal a participar en negociaciones internacionales no implica obligación de hacerlo, y la persona que resulte designada en lugar de Tarullo tal vez sostenga que tiene obligación de no hacerlo.
Este cambio de dirección puede generar tensiones dentro de la Reserva Federal, y no está claro en qué lugar dejaría al FSB o incluso al Comité de Basilea. En los primeros días del Banco de Pagos Internacionales (lugar donde funciona la secretaría del Comité de Basilea) allá por los treinta, el gobierno de Estados Unidos no aceptó un puesto en la junta, y su representación quedó a cargo de JP Morgan. Cuesta ver que ese esquema pudiera funcionar hoy.
La importancia de estas cuestiones para Europa no es tangencial. Las directivas de capitalización europeas suelen trasladar los acuerdos de Basilea al ámbito de la legislación europea. Si el proceso de Basilea se detiene, será mucho más difícil alcanzar acuerdos transatlánticos, que son el fundamento crucial de los mercados de capitales occidentales.
A esto se agrega la complicación del Brexit. De no mediar un acuerdo especial entre la nueva Unión Europea de 27 miembros y el Reino Unido, los reguladores británicos y de la UE se reunirán en Basilea, no en la Autoridad Bancaria Europea. Si Basilea se convierte en un mero foro deliberativo sin capacidad real de fijar normas firmes, se habrá roto otro eslabón clave de la cadena, y al RU le será más difícil sostener que si los bancos londinenses cumplen las normas internacionales, debe otorgárseles trato igualitario en la UE.
Ahora que los bancos centrales tienen que despedirse del “verdugo” conocido, la regulación financiera entra en un período de gran incertidumbre, y de mucha ansiedad para los encargados de la formulación de políticas, que aguardan un anuncio desde la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida). No se han visto candidatos probables a un puesto en la Reserva Federal ni al lado de las piscinas ni en el campo de golf, pero la decisión ha de estar cerca. Todo puede pasar, y todo el mundo financiero contiene el aliento.
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