El altruismo partidista viene con truco

El altruismo partidista viene con truco/JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 2134, a 23 de septiembre de 2017
Arrastrados por la exigencia de la sociedad civil, que no esperó a las autoridades y se puso a escarbar entre los escombros causados por el sismo del martes 19, la autoridad electoral y los partidos políticos accedieron a destinar a las víctimas parte de los recursos públicos que perciben. Sin embargo, no dejan claro de cuánto será su aportación ni cómo la canalizarán.

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue categórico el jueves 14: “Si no acreditan el destino a un fin partidista… el INE los observa y sanciona”. Esa fue la respuesta inmediata de la autoridad tras el anuncio hecho por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de “donar” 20% del dinero público que recibirá para la campaña presidencial de 2018 a los habitantes de Oaxaca, Chiapas y Tabasco damnificados por el sismo de 8.2 grados Richter el jueves 7.
Doce días después, el martes 19, un sismo de menor intensidad (7.1 grados) derribó casas y edificios y causó decenas de muertes en la Ciudad de México, Puebla, Morelos y algunas zonas del Estado de México.

De inmediato, Alfredo Aguirre, habitante de Monterrey, lanzó en la plataforma change.org la petición para que se destinen a las víctimas de los terremotos los casi siete mil millones de pesos públicos que recibirán los nueve partidos políticos nacionales (PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social) para la elección presidencial del próximo año, así como para los comicios en los que se renovarán nueve gubernaturas y el Congreso de la Unión.
Al segundo día, la petición era impulsada por 1.5 millones de firmas ciudadanas, apoyo que ni la Cámara de Diputados ha podido lograr en un año de discusiones en materia de recursos partidistas.
Incluso, el INE modificó su posición de rechazo, para ahora asegurar que busca, junto con los partidos políticos, el resquicio legal que les permita “reorientar” los recursos que reciben del Estado y que ya fueron autorizados para gastar en pancartas y otros afiches de propaganda política que siempre terminan en la basura.
Para el viernes 22, la solicitud de Alfredo Aguirre llevaba ya un millón 762 mil 926 firmas ciudadanas. Entonces, la puja partidista arrancó…
¿Oportunismo o mesura política?
Inflexible con la ley electoral, el consejero del INE Benito Nacif dijo sobre la pretendida “donación”: “Está prohibido que los partidos destinen a fines distintos los recursos públicos que les entrega el INE”. Dicha declaración fue secundada por Luis Carlos Ugalde, exdirector del entonces llamado Instituto Federal Electoral, al declarar “ilegal” el anuncio hecho por el político tabasqueño.

Tras el ofrecimiento de ayuda de López Obrador por el sismo de 8.2 grados Richter, siguió la Cámara de Diputados, que aprobó donar “un día de dieta” para los damnificados. Sin embargo, ese dinero apenas alcanzaba los dos mil 458 pesos, de los 150 mil pesos mensuales que aproximadamente percibe cada uno de los legisladores de San Lázaro, para dar un total de un millón 228 mil 983 pesos.

Esa cantidad representa sólo una ínfima parte del presupuesto de siete mil 629 millones de pesos que los propios legisladores se autorizaron para 2017.

El PRI fue más benévolo en la Cámara de Diputados. El coordinador de su bancada, César Camacho Quiroz, subió la puja altruista: dijo que cada uno de los 205 integrantes del grupo parlamentario acordó destinar 40 mil pesos de su dieta para sumar un total de ocho millones 200 mil pesos.

Los diputados de otros partidos no hicieron pública su intención de donar para la reconstrucción de las zonas devastadas en Oaxaca y Chiapas. En otros casos, como el de la coordinadora de Morena en San Lázaro, Rocío Nahle, entregaron apoyos haciendo mención de su partido. Fue grabada a la hora de entregar los recursos, fue expuesta y las críticas contra ella en redes sociales no se hicieron esperar.

Después, cuando la Ciudad de México fue golpeada por la catástrofe del martes 19, la sociedad civil no esperó a las autoridades para iniciar las labores de rescate en los edificios derrumbados por el sismo. La ciudadanía se metió entre los escombros a diferencia de los legisladores, gobernantes y dirigentes nacionales de los partidos. La lección de lo ocurrido a Nahle obligó a sus compañeros a la mesura política, para que su ayuda no fuera confundida con “oportunismo”.

El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, decidió apersonarse al siguiente día del temblor en la Ciudad de México en el desgajado taller de siete pisos que estaba ubicado en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca. Entre insultos y reclamos ciudadanos el funcionario federal tuvo que salir a toda prisa del lugar.

Para Camacho Quiroz, el apoyo a los damnificados de parte de los políticos es un “arma de dos filos”, porque “si alguien hace mayor presencia o exposición, una interpretación posible es que pretende tener una ganancia política con ello; entonces, si tantito se nos pasa de presencia en los lugares, parecen algunos tomarlo a mal. Por el contrario, no tener una presencia evidente, le da a otro el pretexto para decir que los diputados no se hacen presentes”.

El miércoles 20, la petición de Aguirre de retirar el dinero de los partidos y entregarlo a la reconstrucción de los estados fue una sacudida para los partidos políticos que rompieron el silencio que se habían autoimpuesto.

Donación con letras “chiquitas” 

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció el jueves 21 que su partido destinará 25% de las prerrogativas que reciba del INE. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo estar de acuerdo con “donar” a los damnificados el dinero de los partidos. López Obrador subió el ofrecimiento de 20% a 50% de sus prerrogativas para los damnificados.

Sin embargo, el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, fue más claro al anunciar que su partido “renuncia al financiamiento púbico”.

La autoridad electoral también se montó en la demanda ciudadana y relajó su interpretación de la ley. “Les comuniqué (a los dirigentes de los partidos) que el INE considera que sí existen mecanismos jurídicos viables para que puedan destinar los recursos que reciben del Estado para apoyar a los damnificados”, dijo su consejero presidente, Lorenzo Córdova.

Las declaraciones de los dirigentes partidistas y del presidente del INE han generado entre la ciudadanía la percepción de que los recursos públicos que recibirán para 2018 los partidos políticos nacionales, casi siete mil millones de pesos, tendrán como destino paliar las demandas de los afectados por los sismos. Sin embargo, no es así. Los donantes no han aclarado cuánto ni cómo van a dar los millones de pesos de las prerrogativas.

Cuando no es año electoral, el INE les da a los partidos dinero para “actividades ordinarias, específicas y franquicias postales y telegráficas”. Para 2017 se autorizó un gasto de cuatro mil 138 millones 727 mil 87 pesos. Se trata de dinero que se les dio a partir del número de votos obtenidos en la elección inmediata anterior. Esos recursos se les depositan a lo largo de los cuatro trimestres del año, por lo que la próxima entrega se realizará en octubre.

Los montos aumentan sustantivamente cuando se trata de un año electoral. Así, para 2018 está aprobado que los partidos reciban seis mil 702 millones 973 mil 351 pesos. Tales recursos se componen de cinco partidas: actividades ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica. En conjunto tales recursos se llaman “prerrogativas”.

El jueves 21, el PRI anunció que renunciaría a 25% de sus percepciones. Si se toman en cuenta los cinco rubros que componen las prerrogativas por ser año electoral  y que los partidos recibirán en conjunto casi siete mil millones, al PRI le corresponderán mil 689 millones 590 mil 77 pesos para el próximo año. Entonces, ¿el PRI daría a los damnificados 25% de ese monto? No hasta ahora.

En entrevista, Camacho Quiroz aclaró que a lo que renuncia su partido es a la última entrega que le corresponde de este 2017, la cual asciende a 258 millones 617 mil 31 pesos, que son parte de los poco más de cuatro mil millones de pesos que los partidos terminarán de recibir para el presente año.

“La diferencia de los otros planteamientos que he escuchado es que se refieren al dinero de las campañas, pero ese dinero es de 2018. Y nosotros estamos renunciando a este dinero de 2017”, explicó.

El priista adelantó que se pedirá al INE que tales millones los regrese a la Tesorería de la Federación para que ésta, a su vez, los integre en el fideicomiso que empresarios y el gobierno federal formaron para la reconstrucción.

Sobre los montos que recibirán en 2018, Camacho Quiroz dijo que el partido aún no define cuánto donará, pero aseguró que sí lo van a hacer.

En cuanto a Morena, partido que primero anunció que daría 20% del dinero que recibirán para las campañas de 2018 y que tras el reciente sismo dio a conocer que el ofrecimiento subía a 50% de lo que le diera el INE para el próximo año, la situación está así:

Para 2018, a Morena le corresponden 649 millones 217 mil 254 pesos; de ellos, 207 millones 457 mil 219 son para el rubro de “gastos de campaña”. Así que no está claro sobre a cuál monto el partido le aplicará el 50% que pretende “donar”.

Al igual que Morena, el dirigente del PAN no detalló lo que va a destinar a los afectados de los sismos, pues Acción Nacional recibirá mil 281 millones 114 mil 450 pesos para 2018 de los cuales poco más de 413 millones serán para su rubro “gastos de campaña”.

Posteriormente, como si se tratara de una competencia sobre quién da más, ya en grupo PAN, PRD y MC, integrantes del Frente Ciudadano por México, emitieron un comunicado en el que anuncian que proponen “el procesamiento inmediato de la iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento púbico a todos los partidos políticos”.

Su decisión, explicaron, se debe a que “hemos escuchado a los ciudadanos, y tienen toda la razón: el dinero de los partidos debe irse al 100% para ayudar a las personas afectadas”.

No obstante, para que pueda entrar en vigor una iniciativa de ese tipo, debe realizarse un año antes de los comicios.