El jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, conmemoró hoy el tercer aniversario de los atentados yihadistas contra la revista Charlie Hebdo y contra el supermercado judío Hyper Cacher en París.
El 7 de enero de 2015 los hermanos Said y Cherif Kouachi irrumpieron armados en la redacción del semanario y asesinaron a 12 personas, además de dejar varios heridos.
Comentamos entonces...
El 7 de enero de 2015 los hermanos Said y Cherif Kouachi irrumpieron armados en la redacción del semanario y asesinaron a 12 personas, además de dejar varios heridos.
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Cuando Corea del Norte realizó su quinto ensayo atómico, la Inteligencia estadounidense (CIA) apuntó a que Pyongyang tardaría años en desarrollar una bomba de hidrógeno, escriben David Sanger y William Broad, en un artículo para The New York Times.
"Su incapacidad de prever los rápidos avances que Corea del Norte ha hecho en los últimos meses supone uno de los fracasos más importantes de los servicios de inteligencia", escriben los columnistas, que citan a varios oficiales en servicio y a otros exfuncionarios.
La velocidad con la que Kim Jong-un desarrolló la nueva tecnología de misiles basada en un diseño soviético que podía alcanzar Guam, la costa occidental de EU y, finalmente, Washington, tomó por sorpresa y con el pie cambiado a la Inteligencia estadounidense.
A comienzos de septiembre de 2017, Corea del Norte detonó su sexta bomba nuclear. En aquel entonces, muchos analistas llegaron a la conclusión de que este ensayo había sido la primera prueba exitosa de una bomba de hidrógeno, cuya potencia explosiva superó a la de la bomba que EU arrojó sobre Hiroshima.
H.R. McMaster, consejero en materia de Seguridad Nacional de Trump, reconoció que la carrera emprendida por el líder norcoreano para culminar su programa nuclear —en un intento de partir con ventaja en unas futuras negociaciones— fue más rápida y corta de lo que se creía .."Nosotros tendríamos que hacerlo todo con mayor urgencia y tendríamos que acelerar la aplicación de nuestros propios esfuerzos para solucionar el problema sin contemplar la posibilidad de un conflicto", dijo.
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Las columnas políticas, hoy 7 de enero de 2018
Templo Mayor/Reforma
AUNQUE el acarreo y el pase de lista permitieron atiborrar el arranque de campaña de Jaime Rodríguez, "El Bronco", como aspirante presidencial sin partido, el acto realizado ayer en Monterrey transitó del frío al aburrimiento.
COMO en otros eventos del gobernador con licencia de Nuevo León, un comediante vestido de mezclilla, chaleco y botas llamado "El Tronco" personificó a Rodríguez con muy poca fortuna ante un público que nomás no se reía.
Y SI AL IMITADOR le fue mal, el verdadero "Bronco" tampoco se vio muy presidencial que digamos, pues en su mensaje sólo mencionó generalidades como bajar el IVA del 16 al 10 por ciento o desaparecer las delegaciones federales, pero se olvidó por completo de plantear los cómos.
SI ALGO dejó claro el evento "Campanas a la Victoria" es que lo suyo, lo suyo es el show... y el que está presentando ya está muy visto.
EL PACTO de civilidad entre los partidos de la CDMX al que convocó Miguel Ángel Mancera todavía ni forma tiene... y ya se está complicando.
EL PRESIDENTE LOCAL de Morena, Martí Batres, condicionó la participación de su partido a que, primero, se castigue a quienes agredieron a morenistas en tres actos de precampaña en Coyoacán.
Y SI NO lo firma la fuerza política con más diputados locales y el segundo mayor número de delegaciones, ese pacto podría ser tan inútil como bañar un pescado.
PARADOS de pestañas andan muchos priistas de Guanajuato ante la idea de que su candidato a la gubernartura sea José Luis Romero Hicks, pues el ex titular del Bancomext no goza de una buena reputación tras su desaseada salida de esa institución en el sexenio de Vicente Fox.
MENOS AÚN, después de que apareció en la "lista negra" del SAT en el 2014 por presentar adeudos fiscales. Como diría Juan Gabriel... ¿pero qué necesidad?
DE POLANCO a la Escandón corre el runrún de que la senadora Gabriela Cuevas quiere volver a gobernar Miguel Hidalgo, pero quienes conocen bien al PAN dicen que, en el fondo, hay una disputa de sangre azul.
SEGÚN esto, lo que busca Cuevas es meter presión para que le den la candidatura a la diputación federal por ese distrito, pues necesita seguir siendo legisladora para no dejar la presidencia de la organización internacional Inter-Parliamentary Union.
NOMÁS que esa curul también está en la mira de su colega en el Senado y correligionaria Mariana Gómez del Campo. Así es que, si de por sí nunca han sido muy amigas que digamos, ahora... ¡menos!
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Frentes Políticos /Excelsior
I. Justicia. Hay mucho de razón en las exigencias de la sociedad, si los funcionarios corruptos fuesen todos encarcelados, poco se ganaría teniéndolos en prisión. Por ello, tras la extradición de Panamá a México de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, representantes de diversos sectores en el estado exigen que no goce de privilegios durante el proceso, pero, aún más importante, además de la condena por el desfalco millonario, reclaman que restituya los recursos que se llevó. Dense por bien servidos con su captura. A pesar de que suma varios delitos, en cualquier momento un juez es capaz de devolverle la libertad.
Así se las gastan en México.
II. Pugnas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registró la coalición PRI-PVEM-NA, pero ordenó cambiarle el nombre. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro de la coalición, sin embargo, reiteró que lo único que no va es el nombre con el que pretenden registrarla: Meade ciudadano por México. El consejero Benito Nacif aclaró que se dará un plazo de 10 días a los partidos políticos que la integran, para sugerir una nueva denominación, pues los consejeros electorales afirmaron que, de mantenerse el nombre, se vulneraría la equidad de la contienda. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Revolucionario Institucional, se mostró en contra, pues dijo que no existe nada legal que lo impida.
III. Preocupación. Yesenia Nolasco Ramírez, presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, está metida en problemas con los pobladores, quienes llamaron a la cordura tras el anuncio de la doctora Aura Quiroz, encargada de salud del municipio, ya que les advirtieron cuidar a sus mascotas porque que el próximo 10 de enero se realizarán operativos con la finalidad de levantar a todos los perros callejeros. Para lo cual se rentó un vehículo con altavoz que recorre las rancherías con la advertencia. El reclamo es ¿por qué no destinan el dinero en vacunas o esterilizaciones? Nolasco Ramírez, ante el escándalo, dice que entregarán a los canes en adopción. Ojo: ¿se van al matadero?
IV. Chantajista. En todo ha fallado Jaime Rodríguez, El Bronco, aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia de la República, quien ahora se da algunos golpes de pecho. Pidió perdón a los neoleoneses por haber chapulineado y además, le pidió a Dios fuerza y luz para continuar. El Bronco mencionó que el camino que va a emprender no es fácil y que, aunque pudo quedarse “en la comodidad del gobierno”, no lo hizo. “No es fácil y tomé esa decisión: dejar la comodidad para ir a la adversidad, voy como un ciudadano simple”, señaló. “Yo por 30 años fui un PRInosaurio, pero me arrepentí”, confesó. El incumplido, hoy, sólo causa pena.
V. Alto riesgo. Pedro Kumamoto, diputado independiente por Jalisco y ahora aspirante independiente al Senado de la República, ha hecho las cosas tan bien, que algunos vivales se cuelgan de sus logros. Advirtió que hay personas que están aprovechando su nombre para sacar firmas a favor de otros aspirantes. “La gente piensa que la firma es para mí y en realidad es para otra candidatura”, reveló. Pero lo más grave es la violencia. Kumamoto habló de la seguridad de los aspirantes a cargos públicos. Recordemos que Saúl Galindo, su compañero en el Congreso estatal, fue asesinado recientemente; y él mismo, recolectando firmas, ha sido asaltado dos veces. ¿Y Aristóteles Sandoval, el gobernador?, ¿dormido como siempre?
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Promesas/Eduardo Caccia
Reforma 07 Ene. 2018
Terminado ese lapso metafísico del Guadalupe-Reyes -más que dos fechas rituales, un estado de ánimo- es inevitable encarar la realidad del 2018, año en el que uno de los productos más cotizados será el voto ciudadano. Postores de diversos colores se aprestan a explotar uno de los verbos favoritos del periodo electoral, pero también de la idiosincrasia mexicana: prometer. Tenemos un país en el que a los políticos les gusta prometer y a (la gran mayoría de) la gente le gusta escuchar promesas. ¿Qué sería de la esperanza sin promesas?
¿Existe en la mayoría de la población la capacidad crítica y analítica para decidir el voto? No lo creo, por ello, es más importante lo que un candidato promete que el cómo lo cumple. Históricamente al gobernante le ha convenido una sociedad pobre en educación y millonaria en deseos (condicionada a recibir). El can- didato es dos preguntas implícitas: "¿qué nos trajo?" y "¿qué nos va a dar?". De aquí que las despensas compren votos.
Todo indica que escucharemos el mismo diagnóstico y las mismas promesas de siempre, con algunas ocurrencias como la amnistía al crimen organizado y programas altamente subsidiarios y populistas que no hacen sino crear más de aquello que pretenden combatir (repartir dinero a los jóvenes ninis no hará sino motivar que haya más ninis, alimenta la noción de "yo ciudadano merezco recibir" sin hacer nada, y "el gobierno tiene la obligación de darme", y me dará si es bueno). ¿Habrá alguien que tenga la audacia de proponer medidas no tradicionales a nuestros tradicionales males? Algunas propuestas "fuera de la caja" serían reformadoras.
Legalización de las drogas. A mayor prohibición, mayor deseo, mayor valor, mayor demanda, mayor persecución, mayor criminalización. Una propuesta que implique la legalización gradual, bien pensada, con medidas colaterales para atacar el problema bajo una perspectiva de salud y no sólo de delincuencia, sería un duro golpe al negocio del narco. La historia está llena de evidencia: la prohibición aumenta el deseo y el consumo. Desde el alcohol a principios del siglo pasado en EU, hasta la película El crimen del Padre Amaro en México (cuya efectiva e involuntaria campaña de publicidad corrió a cargo de la Iglesia Católica), hasta el fresquísimo libro Fire and Fury cuya difusión en papel y digital ha sido impresionante en tan sólo unas horas (luego de que la Casa Blanca hizo la gran promoción: intentar detenerlo).
Reforma fiscal y económica promotora de crecimiento e inversión. Contrario a lo sucedido en este sexenio, necesitamos una política que aliente (premie, no castigue) el desarrollo de empresarios, la creación de empresas y fuentes de trabajo, acompañada de un IVA generalizado y una baja en el ISR. Además, el gobierno requiere cambiar su visión y la forma en la que trata de generar desarrollo social. Recomiendo considerar lo expuesto por Simón Levy en su libro Crecer sin deuda; plantea pasar de un Estado despilfarrador a uno generador y orquestador de riqueza pública.
Prueba psicológica. Es tan grande la responsabilidad de dirigir un gobierno, más en el caso de gobernadores y presidente de la República, que sería muy conveniente tener un análisis de su personalidad a través de un examen hecho por profesionales. Los resultados deberían ser públicos y la gente podría ponderar su voto también en función de los hallazgos. ¿Quién de los candidatos se apunta?
Eliminar la publicidad gubernamental. Más allá de los necesarios avisos con temas sociales, no necesitamos que los políticos gasten nuestro dinero anunciando que están cumpliendo su obligación (con nuestro dinero). El ahorro en este rubro debería usarse para mejorar la plataforma educativa e invertir en las dos siguientes:
Tecnología contra la corrupción. El apoyo de sistemas y aparatos que facilitan la vida a los involucrados, y no requieren la participación humana en miles de trámites burocráticos, combate la corrupción.
Profesionalización radical de policías municipales. Más que el espejismo del mando único, necesitamos elementos con otro nivel de preparación y equipamiento.
Hay más propuestas; ahí dejo seis que no son más de lo mismo y que requieren de audacia y visión metageneracional, materia prima de estadistas.
@eduardo_caccia
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Nuevo inicio/Luis Rubio
Reforma 07 Ene. 2018
Año nuevo, año de elecciones presidenciales: combinación de oportunidades, pero también de riesgos que ningún país saludable debería tener que vivir. Dos circunstancias entrelazan las oportunidades y los riesgos de una manera tan palpable: por un lado, aunque ha habido enormes avances en una multiplicidad de frentes, los problemas se siguen apilando y muchos, quizá la mayoría, son ignorados, como si no existieran. Por otro lado, el poder que concentra un presidente mexicano sigue siendo tan vasto que la persona misma es factor de confianza y estabilidad o, por el contrario, de riesgo e incertidumbre. Así comienza 2018.
Lo que ha avanzado no es pequeño. Para comenzar, en los últimos veinte años hemos logrado que los votos cuenten y se cuenten, hazaña no menor luego de setenta años de fraudes. Desde luego, el fraude no ha desaparecido y la capacidad de adaptación de los viejos operadores es impresionante: en el último par de años los ciudadanos pudimos ver el desarrollo de una estrategia que se podría denominar "Luis XV" por eso de "después de mí el diluvio": el PRI ganó elecciones difíciles a un costo exorbitante tanto en dinero como en credibilidad. El tiempo dirá si esa forma de jugar canicas (a diferencia de ajedrez, que requiere de una estrategia) trae beneficios o perjuicios, pero cuando la medida de las cosas es ganar y no avanzar, el resultado habla por sí mismo.
Por el lado económico, en las últimas décadas pasamos de una economía poco productiva, propensa a interminables crisis, malos salarios y pocos satisfactores, a una economía pujante que, si bien dista de haber resuelto los problemas del sur del país, ofrece un potencial de desarrollo que antes era impensable. El país hoy cuenta con oportunidades que eran inasibles antes, la ciudadanía se ha vuelto demandante y el gobierno no tiene más remedio que responder o perder. Algunas administraciones intentaron responder, otras, como la que está por concluir, optaron por perder, pero en ambos casos fueron decisiones conscientes.
Es fácil criticar todo lo que no se ha hecho y, sin duda, si uno ve hacia adelante, la complejidad de lo que viene parece infranqueable. Los problemas producto de la inmovilidad política y el desinterés de nuestros gobernantes (los a cargo y los aspirantes) son tan patentes que no es difícil explicar el pesimismo reinante, al que se adiciona la flagrante corrupción e impunidad -y nadie en el espectro político se salva.
Pero el otro lado de la moneda también es cierto: si uno ve hacia atrás, es impactante el cambio que ha experimentado el país en niveles de vida, competitividad industrial, longevidad, sistema de salud, balanza de pagos y un largo etcétera. Los edificios, negocios, becas y oportunidades que aparecen cada día hablan por sí solos. México no puede decir que entró a la civilización, pero claramente ha avanzado en esa dirección.
Lo que falta es mucho y también obvio: México sigue dependiendo de las decisiones de un grupo compacto al que le sobra soberbia y una absoluta impunidad. Esa arbitrariedad lleva a que se utilicen los recursos del Estado -como el fisco y las instituciones de seguridad- para espionaje político, amedrentar empresarios o intimidar a la ciudadanía. Mientras que Trump intenta cambios casi en todos los casos sin lograrlo, los presidentes mexicanos tienen facultades tan vastas y arbitrarias que no hay mexicano que pueda sentirse seguro. El riesgo inherente a la persona que llegue a ganar las elecciones en julio próximo es tan grande que todo México está a la expectativa, cualquiera que sea su preferencia partidista o de candidato. Ningún país serio puede vivir procesos similares cada seis años y pretender que es posible el desarrollo.
Hay dos tipos de desafíos: los que podrían denominarse "técnicos" y los que se refieren a la estructura del poder. Los técnicos son conocidos y, en general, no disputados: la ineficiencia de los monstruos paraestatales, la insuficiente y pésima calidad de la infraestructura, la inexistencia de un sistema educativo idóneo para la era del conocimiento y todo lo relacionado con malas regulaciones, excesos burocráticos, dispendio de los recursos fiscales y carencia de mecanismos para que los funcionarios y políticos rindan cuentas de los fondos que aporta la ciudadanía a través de sus impuesto.
Mientras que los desafíos técnicos se pueden definir, los relacionados con el poder son más complejos y explican tanto la parálisis como la razón por la cual ni los asuntos técnicos se atienden. La estructura del poder en el país está dedicada a preservar cotos de beneficios y privilegios y a impedir que prosperen iniciativas que eleven la productividad, faciliten el acceso de la población a las decisiones o, incluso, que mejoren cosas elementales como el sistema educativo. Gane quien gane, el problema es el mismo: el sistema de privilegios que todo lo controla y que, en consecuencia, propicia tanto la desazón como los movimientos antisistémicos.
"Sería de ciegos ocultar lo obvio", dice John Womack: "que el México contemporáneo exige una reorganización política profunda y responsable; reorganización que comporta una limpia de todos los extremos del nudo, y no de uno solo".
¡Feliz año nuevo!
@lrubiof
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El abandono/Juan E. Pardinas
Reforma , 07 Ene. 2018
El maratón Guadalupe-Reyes suele ser una época muy movida en la vida política del país. Mientras la mayoría de los mexicanos estamos discutiendo la receta del ponche, la superioridad cultural de los romeritos y el mejor lugar para comprar una rosca de reyes, en las instituciones de la República ocurren asuntos de bajo perfil, pero alta relevancia. En el tramo más fiestero de la temporada decembrina, los días que separan la Noche Buena de la Noche Vieja, la Secretaría de Gobernación decidió publicar un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas en el país.
Como sostiene Edna Jaime, este estudio se debió publicar en las posadas del 2012, en los albores del sexenio, y no cuando le quedan 11 meses. Este estudio debió haber sido el primer paso en el debate de la Ley de Seguridad Interior, no una postdata navideña de la discusión. Imagina que vas a un médico con una enfermedad grave y el galeno procede a darte un tratamiento con nefastos efectos colaterales. Al final de la cita, en la puerta del consultorio, el galeno se despide: "Y el mes que entra por favor hágase estos estudios para saber qué tipo de enfermedad tiene". El orden de los factores sí altera el producto.
¿Por qué los militares y marinos tienen que realizar labores policiales para las cuales no han sido entrenados? El diagnóstico navideño de la Segob tiene una respuesta obvia: no tenemos suficientes policías estatales. Para lograr una proporción de 1.8 policías por cada mil habitantes, les hace falta a los gobiernos estatales contratar y entrenar a 115,000 nuevos oficiales de policía. Para dar una idea de esta tarea, una entidad como Baja California tendría que multiplicar por seis su número actual de efectivos. Puebla, Coahuila y Sinaloa tendrían que multiplicar por tres y fracción su número de policías para llegar a este parámetro. Sólo dos de las 32 entidades cumplen esta mínima proporción entre personas y policías. En 2006, la ONU publicó los resultados de las encuestas que realiza, en materia de seguridad y justicia, a sus países miembros. Este estudio de la ONU establece un promedio internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. A pesar de llevar dos sexenios en medio de una crisis nacional de seguridad, México está muy lejos de los estándares de la ONU sobre la dimensión de las fuerzas policiales. A un gobernador le sale más barato abusar de la vocación de servicio del Ejército y la Marina que contratar, entrenar y uniformar a nuevos reclutas para las policías locales.
¿Por qué un mandatario estatal se va a molestar en usar recursos públicos para construir una academia de policía? Con la capacidad instalada y los seis meses de duración del programa de formación inicial para policía preventivo, se requiere de 4.7 años para saldar el déficit actual de policías. Eso en el caso de que ningún oficial en activo renuncie a portar el uniforme. Sólo seis de las 39 academias de formación policial enseñan todos los módulos requeridos para la profesionalización de las fuerzas civiles de seguridad. En Tamaulipas, Nayarit y Colima no hay academias de policía donde los cadetes puedan pernoctar durante su periodo de entrenamiento.
No es posible tener policías profesionales y honestas con gobiernos corruptos e impunes. Andrés Manuel López Obrador ya dijo que resolverá el problema de inseguridad en México en tres años. Su optimismo y arrojo me recordaron la ingenuidad de Vicente Fox cuando prometió resolver el alzamiento zapatista en Chiapas en tan sólo 15 minutos. Si bien nos va y empezamos ahora, revertir el abandono de las policías estatales nos tomará una generación. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Enrique Peña Nieto decidió repetir la "estrategia" de seguridad de Felipe Calderón. ¿Con la nueva Ley de Seguridad Interior qué incentivo van a tener los gobernadores para profesionalizar sus policías?
@jepardinas
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Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge/JENARO VILLAMIL
En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo, no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y del de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvió más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla de Cozumel, por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, admitió el jueves 4 que sería difícil trasladar a Borge a la entidad, pero que las autoridades locales estarían “pendientes” de las carpetas de investigación en su contra para buscar que pague el daño al erario estatal por más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, en un caso muy similar al del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte, la PGR no le está imputando ningún delito electoral a Borge, a pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) dejó desde agosto de 2017 muy avanzada la investigación contra Borge, así como contra Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante su administración, y contra el exdirigente del PRI estatal Raymundo King, por presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016, fondos que presuntamente fueron destinados a la campaña del candidato priista Mauricio Góngora Escalante.
Delincuencia electoral
Desde junio de 2016 la FEPADE inició una carpeta de investigación a raíz de la denuncia presentada por el expresidente del PRD, Agustín Basave Benítez, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar a Góngora Escalante.
En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se recibieron nueve copias simples de igual número de recibos por un total de 201 millones de pesos. Eliezer Villanueva Lanz, quien fungía como subsecretario de Sefiplan en ese periodo, fue el emitente; Góngora Escalante, el receptor.
La secuencia de las firmas de recibido fue la siguiente: 7 de marzo de 2016, la dependencia expidió un recibo por 50 millones de pesos; 11 días después Góngora Escalante firmó otro por 35 millones; el 31 de marzo, uno más por 20 millones; el 8 de abril, por 20 millones de pesos; el 14 de abril, otro por 30 millones.
El sexto se emitió el 18 de abril y fue por 8 millones; el día 22 de ese mismo mes, otro por 5 millones; el 28 de abril uno más por 22 millones, el 6 de mayo se registró el último, por 11 millones de pesos.
El PRD no sólo entregó copias a la FEPADE de estos recibos, sino también originales a la delegación de la PGR en Quintana Roo, desde el 25 de mayo de 2017, según consta en el expediente. La entrega de los “nueve recibos en formato original” se hizo a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la entidad.
El mismo día, la FEPADE solicitó a la dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que informara si durante las elecciones estatales de Quintana Roo se presentaron quejas contra Góngora o si inició algún procedimiento contra el candidato priista por la omisión de rendir cuentas o entregar informes.
El INE respondió que existían tres querellas contra el excandidato priista y excolaborador de Borge, pero “todas se encuentran concluidas” y “no se inició ningún procedimiento en contra de Mauricio Góngora Escalante”.
En otras palabras, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pasó por alto el ingreso de más de 200 millones de pesos a la campaña del aspirante priista, lo que implicaría el rebase del tope de gastos.
El 31 de agosto de 2017, el perito en grafoscopía Óscar Godoy González analizó las firmas de Góngora Escalante en los recibos en poder de la FEPADE y concluyó que “por su origen gráfico sí corresponden por su ejecución” al excandidato priista a la gubernatura.
Hasta el 17 de octubre pasado, ni la FEPADE ni la PGR habían acusado a Borge por su presunta complicidad en este caso de peculado electoral.
Juan Melquiades Vergara, titular de la Sefiplan durante la gestión de Carlos Joaquín González, admitió ante la FEPADE que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde junio del año pasado Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía quintanarroense, afirmó que es factible que los más de 200 millones de pesos desviados a la campaña del priista Góngora se hayan utilizado para la realización de obra pública y no para el PRI.
Complicidad de Hacienda
Una similitud en los casos de los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, con el de Roberto Borge es la complicidad de la Secretaría de Hacienda en el manejo desordenado de los recursos públicos y en el crecimiento exponencial de la deuda pública.
Los tres utilizaron mecanismos similares para el manejo irregular de recursos estatales como el caso del Impuesto sobre Nómina (en los casos de Chihuahua y Veracruz bajo el gobierno de los Duarte) o el Impuesto al Hospedaje (en Quintana Roo) que fue desviado por el propio Borge que, según cálculos, asciende a mil 464 millones de pesos.
Las deudas estatales en las entidades mencionadas crecieron de manera exponencial, y en los tres casos la Secretaría de Hacienda les permitió bursatilizar como un mecanismo para esconder la deuda pública.
En Chihuahua, de última hora, el Congreso estatal aprobó a Duarte bursatilizar 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, pero nadie sabe cómo se gastaron los 9 mil millones restantes.
La bursatilización de las deudas estatales fue un mecanismo que años antes aplicó el entonces consultor de la empresa Protego-Evercore, Luis Videgaray Caso, cuando fue contratado en 2002 por el gobierno del mexiquense Arturo Montiel para disminuir el abultado débito estatal.
Durante la gestión de Borge, la deuda de Quintana Roo creció 115%, pues se elevó de 10 mil 265 millones a 22 mil 542 millones de pesos, considerándose la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos por habitante de la entidad).
Durante la gestión de César Duarte en Chihuahua, la deuda se disparó 210%, al pasar de 12 mil 547 millones a 48 mil 213 millones de pesos, siendo la tercera per cápita más grande (12 mil pesos), con todo y el “truco” para prorrogar los 6 mil millones del Fideicomiso Carretero.
En el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, el crecimiento de la deuda estatal fue de 113%, pues creció de 21 mil 500 millones a 45 mil 879 millones de pesos y hoy es la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, el débito veracruzano es de 5 mil 665 pesos.
Las similitudes entre Chihuahua y Quintana Roo en el manejo fraudulento de los impuestos estatales es sorprendente. Durante el gobierno de César Duarte, los empresarios pagaron 3.3% del Impuesto sobre Nómina, con la condición de que 0.3% se destinara a un fideicomiso. La Fundación Empresariado Chihuahuense denunció que nunca se aclaró el destino de estos recursos que ascenderían a 120 millones de pesos.
En el caso de Quintana Roo, Borge le quitó el control al fideicomiso que administraba el Impuesto al Hospedaje (IH) y lo pasó al gobierno del estado. Es el monto equivalente a 3% de cada noche de hotel vendida en la entidad. Se calcula que entre mil 465 millones de pesos y mil 950 millones de pesos de este impuesto fueron desviados por el exmandatario priista.
Sólo en 2015, una investigación realizada por José Antonio López Sosa, experto en temas turísticos, reveló que la recaudación total del IH en los tres principales municipios quintanarroenses con esta actividad ascendió a 935 millones de pesos, pero el gobierno de Borge sólo entregó 353 millones de pesos al fideicomiso y 72 millones a la Secretaría de Turismo. Se ignora qué pasó con los 510 millones de pesos restantes.
El empresario hotelero José Chapur Zahoul, dueño de la cadena Palace, y Abelardo Vara, integrante de las asociaciones hoteleras quintanarroenses, declararon a la revista Forbes lo que Borge no aclaró del IH y que asciende a mil 950 millones de pesos.
Sin embargo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la PGR, no presentó ningún cargo por estos delitos contra Robert N, el sobrenombre del delgado exmandatario quintanarroense.
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El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero/MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.
El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.
“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).
Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.
Migajas del PIB
El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.
En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.
Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.
Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.
Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.
El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.
Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.
Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.
Eficiente en el papel
El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.
El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.
La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.
Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.
Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.
Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.
Desastre en la práctica
La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.
La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.
Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.
La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.
Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.
Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.
El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.
Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.
Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.
El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.
El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.
Multas irrisorias
La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.
El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.
Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.
En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.
Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.
En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.
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La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje/VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
IRAPUATO, GTO.- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.
Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.
“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”
Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.
Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.
En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.
“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.
Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:
“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”
Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.
Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.
“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.
Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.
Cerrazón federal
Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.
Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.
Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.
En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.
Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:
“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.
“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”
Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.
De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.
Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.
Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.
En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.
Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.
Impotencia de la PGR
En el ámbito local, Bazbaz también le cerró la puerta a los estados que comenzaron a formar sus unidades de inteligencia patrimonial. “Esperaban conectarse al ciclo de la inteligencia para la diseminación de la información” y no pudieron hacerlo, dice Alcántara.
E indica que en 2015, como consultor, conoció una docena de proyectos para crear dichas unidades en los estados, algunos sólo en calidad de decreto gubernativo. Se avanzó en algunos, como los de Puebla, Sonora y Zacatecas, pero cuando la UIF quedó fuera de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (según el entrevistado “ya no fueron invitados por Osorio Chong”), la embajada estadunidense se acercó para ofrecer financiamiento, sobre todo en software.
“Nos invitaron a algunas de sus sesiones con estas unidades estatales. Todos decían: vamos con Bazbaz y no nos recibe, no nos permite formalizar acuerdos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo para elaborar y aterrizar estrategias de prevención y combate al lavado de dinero. Ahí constatamos que había estados que estaban inquietos, pero nunca encontraron la aceptación, la coordinación con la Unidad a cargo de Bazbaz. La cooperación sólo se da en casos excepcionales.”
Por ello, el exsecretario ejecutivo del SNSP no tiene reparos en señalar a Bazbaz, Videgaray y Meade como los principales responsables de las grandes deficiencias en el combate y la prevención del lavado de dinero, que contribuye al crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país.
Como ejemplo menciona el robo de hidrocarburos: “Tenemos corresponsables, que son Pemex y la UIF de la SHCP, que perfectamente pueden saber dónde está ese flujo de efectivo y no lo están denunciando a la tercera institución corresponsable, que es la PGR”.
Por eso recalca que la escalada de violencia que han generado las bandas de huachicoleros en varias entidades hace necesario que no se minimice el descuido con que el gobierno de Peña Nieto ha tratado el lavado de dinero.
Sobre el financiamiento al terrorismo, que se evalúa en el informe del GAFI, el entrevistado opina que parece muy lejano de México, “pero con la globalización nadie está exento”.
Y sobre la corrupción, comenta el caso de Javier Duarte en Veracruz: “La Auditoría Superior de la Federación le imputa a Duarte desvíos por más de 30 mil millones de pesos. Pero ahorita la PGR, vía judicial, le está solicitando decomisar 600 millones. Esto da dos perspectivas: por un lado, que como Duarte hay una veintena de gobernadores que desviaron cerca de 250 mil millones de pesos, evidencia del grado de corrupción de los estados, del grado de impunidad que hubo porque nadie los estaba investigando. Por otro lado, ejemplifica la deficiente actuación de la PGR”.
Esto, puntualiza, a pesar de que el actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, trabajó en la UIF, donde fue el brazo derecho de Bazbaz hasta que Raúl Cervantes se lo llevó como subprocurador jurídico a la PGR (cargo que ocupó Alcántara Soria en el gobierno de Calderón).
No obstante que Elías conoce perfectamente la operación de ambas dependencias, resalta Alcántara, no se ha dotado a la PGR de la técnica ni de los recursos humanos y financieros que, según el informe del GAFI, le faltan para la persecución e investigación de delitos directamente relacionados con lavado de dinero.
Por eso, en opinión del exprocurador de Guanajuato, “Elías es otro tecnócrata como Meade o Videgaray, que no tiene el carácter o el temple para asumir decisiones que pongan en riesgo su trayectoria, decisiones críticas. Hoy Elías está en un proceso de administración de crisis. La PGR está descabezada”.
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México pretende compra inédita de misiles y torpedos de EU/J. JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El gobierno del presidente Donald Trump aprobó la venta de 23 misiles y seis torpedos al de Enrique Peña Nieto y solicitó al Congreso estadunidense que avale la
transacción para que el paquete bélico, con un costo cercano a los 100 millones de dólares, sea enviado a nuestro país de manera inmediata. De acuerdo con el documento estadunidense, al que este semanario tuvo acceso, es la primera vez que México busca adquirir este tipo de armamento. Ambos gobiernos fueron buscados por Proceso, pero no se logró obtener comentarios al respecto.
WASHINGTON.– En un hecho insólito en la historia militar mexicana, Donald Trump aprobó la venta de un paquete bélico solicitado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluye misiles tácticos, lanzamisiles y torpedos, entre otro equipo, por un valor de casi 100 millones de dólares.
“México no había comprado nunca estos sistemas. México no tendrá dificultad en absorber en sus fuerzas armadas este equipo, la propuesta de venta de este equipo no altera el balance militar básico en la región”, destaca el documento oficial del gobierno de Trump en el que notifica a su Congreso la aprobación de la venta del equipo militar.
El viernes 5, el Departamento de Estado envió al Capitolio la petición de la certificación de la compra del paquete militar solicitado por el gobierno mexicano.
“El Departamento de Estado tomó la determinación de aprobar la posible venta foránea de equipo militar a México de lanza misiles terrestres de la clase RGM-84L Harpoon Block II, de Misiles Tácticos de la clase Block II Airframe, y de Torpedos Peso Ligero de la clase MK 54 Mod 0; por un costo estimado de 98.4 millones de dólares”, destaca el documento número 17-36, que transmitió el gobierno de Trump al Congreso estadunidense, como requisito para efectuar la transacción a México.
De acuerdo con la historia y antecedentes de la relación bilateral, y entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Pentágono, es la primera ocasión en que el gobierno de México pide al de Estados Unidos la venta de misiles. Lo cual queda corroborado en el mismo despacho del Departamento de Estado.
El armamento
El documento oficial del gobierno de Trump –del que Proceso tiene copia– deja claro que fue el viernes 5 cuando la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Departamento de Estado (DSCA) solicitó al Capitolio que certificará la venta del equipo militar requerido por la presidencia de Peña Nieto, bajo la premisa de que ya fue avalado por la Casa Blanca.
“El gobierno de México solicitó la compra de seis (6) Lanza Misiles Terrestres tipo RGM-84L Harpoon Block II, veintitrés (23) Misiles Tácticos tipo Block II Rolling Airframe, y seis (6) Torpedos de Peso Ligero tipo MK 54 Mod 0”, se lee en el texto.
El mismo viernes 5 por la tarde, este semanario buscó infructuosamente a funcionarios del gobierno de Trump para obtener una respuesta a la pregunta de por qué se autorizó la venta de los 23 misiles a México, cuando la única guerra que mantiene el gobierno de Peña Nieto –de la cual se tiene conocimiento público– es contra los cárteles de la droga, entre otras organizaciones del crimen organizado.
El pedido de Peña Nieto al Departamento de Defensa también incluye: “Ocho (8) paquetes de envió y contenedores para almacenamiento de misiles guiados de la clase MK 825 Mod 0, y de la clase Block 2 MK 44 Mod 4. Dos (2) tubos triples para lanzar torpedos tipo MK 32 Surface Vessel, doscientas cincuenta (250) cargas de explosivos de alto calibre y de municiones semiautomáticas clase: AA98 25 milímetros. Setecientas cincuenta (750) cargas de municiones para práctica y rastreo tipo A976 25 milímetros; cuatrocientos ochenta (480) cargas de explosivos de alto poder y de municiones con detonador programable tipo, BA22 57 milímetros. Novecientas sesenta (960) cargas de municiones para práctica de la clase BA23 57 milímetros; contenedores, refacciones y partes para reparación, equipo de apoyo y entrenamiento, publicaciones y documentación técnica, personal y equipo de entrenamiento, contratistas y representantes del gobierno de Estados Unidos para asistencia técnica, servicios de apoyo en ingeniería y logística; instalación de los servicios, herramientas y equipo electrónico asociados al sistema de control para el lanzamiento de torpedos, y otros elementos de logística relacionados al programa de apoyo”.
El procedimiento
La venta del equipo militar a un gobierno extranjero por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos está ajustada a los lineamientos constitucionales. De ahí que se requiera, primero, la aprobación del Departamento de Estado, lo cual ya ocurrió; la del Pentágono, que ya emitió su aval, y, finalmente, la del Congreso federal que tiene la última palabra sobre certificarla o rechazarla.
El intento de Proceso de buscar al Departamento de Estado se sustenta en conocer los argumentos que le presentó el gobierno mexicano para justificar la compra de los misiles y la respuesta del gobierno de Trump al aprobar la transacción.
El mismo viernes también se buscó una reacción del gobierno mexicano. En cuatro ocasiones este semanario llamó a la oficina de prensa de Los Pinos para hablar sobre la compra de los misiles. Sin embargo, tal vez por las vacaciones decembrinas y de fin de año, no contestaron y no se logró obtener algún comentario.
En términos generales, el documento de la DSCA argumenta que la venta del equipo militar a México se aprueba porque “respalda la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al ayudar a mejorar la seguridad de un socio estratégico”.
El jueves 4, el presidente Trump dijo: “México tiene un tremendo problema con el crimen y nosotros queremos mantener fuera de nuestro país a ese mal. Necesitamos garantizar que nuestros oficiales de inmigración finalmente cuenten con los recursos, las herramientas y la autoridad que de manera desesperada necesitan para proteger la vida de los estadunidenses”.
Ese día, al hablar en la Oficina Oval de la Casa Blanca sobre la problemática de México, Trump nunca hizo alguna referencia sobre un respaldo al gobierno de Peña Nieto con equipo militar sofisticado y mucho menos con la venta de 23 misiles.
“Necesitamos una barrera fronteriza física, vamos a tener el muro, recuérdenlo; vamos a tener el muro para mantener fuera a los letales traficantes de drogas, a los traficantes peligrosos y a los violentos cárteles de la droga”, matizó Trump en dicho mensaje ante senadores republicanos.
Pronta entrega
“México ha sido un aliado fuerte en el combate al crimen organizado y a las organizaciones de traficantes de drogas. La venta de este equipo de sistema militar para barcos bélicos, incrementará de manera significativa y fortalecerá sus capacidades marítimas”, resalta el gobierno estadunidense ante el Congreso.
El Departamento de Estado, a cargo del secretario Rex Tillerson, expone al Capitolio sobre la venta de los misiles: “México pretende usar estos artículos y servicios de defensa para modernizar sus fuerzas armadas y modernizar sus existentes refuerzos marítimos y navales, como parte de los requerimientos y de su empeño por combatir a las organizaciones criminales”.
El gobierno de Trump enfatiza que el equipo militar de balística táctica se utilizará en los buques de guerra tipo Sigma 105514 de la Armada de México.
“Los sistemas fortalecerán las capacidades y la efectividad de defensa en líneas marítimas críticas. La propuesta de venta de estos sistemas y de apoyo mejorará el potencial de alianza de la Semar con navíos regionales existentes”, subraya el gobierno estadunidense.
De ser aprobada por el Capitolio la petición que el Departamento de Estado considera mero trámite, la entrega del equipo militar al gobierno de Peña Nieto se llevaría a cabo de manera expedita.
Los misiles y demás armas que requiere México se encuentran disponibles en las reservas de armamento del Pentágono.
“La implementación de esta propuesta de venta requiere, como condición, visitas anuales a México durante dos años por parte de personal del gobierno de Estados Unidos y de contratistas; estos últimos para realizar revisiones de apoyo y de supervisión”, antepone el Departamento de Estado en su notificación y solicitud.
Como agregado en el documento, el gobierno de Trump explica al Poder Legislativo de su país que la venta del equipo balístico a México no tiene ningún efecto negativo en la capacidad de defensa ni en el arsenal de tipo táctico del Pentágono.
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Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia ya tienen plataforma electoral y, según cuenta su presidente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, incluso se la presentaron al Papa Francisco hace un mes en el Vaticano. Sin embargo, lo que preocupa a los laicos católicos ultraconservadores es la indefinición de los precandidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en torno a los dos temas que ellos consideran fundamentales: la defensa del matrimonio heterosexual y la oposición al aborto.
El Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina alrededor de mil organizaciones de laicos católicos del país, llamará a votar por el candidato presidencial que mejor defienda los dos temas que siempre ha enarbolado: el respeto a la vida desde el momento de la concepción y que el matrimonio sea sólo entre hombre y mujer.
Respaldada por el Vaticano y el episcopado mexicano, esta poderosa organización ya empieza a analizar la postura que sobre estos temas tienen los tres principales precandidatos a la Presidencia: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
Además, el FNF negocia con distintos partidos políticos para lanzar, también en los comicios de 2018, a sus propios candidatos a cargos legislativos que rechacen el aborto y los matrimonios homosexuales.
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del FNF, comenta: “Por lo pronto, los tres principales precandidatos a la Presidencia ya empiezan a lanzar algunos gestos, algunos guiños sobre su postura ante los temas de la vida y la familia que a nosotros nos interesan. Sin embargo, todavía no se definen con claridad. De manera que estamos esperando esa definición para saber por quién vamos a votar”.
–José Antonio Meade, el candidato de la alianza entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, ¿qué postura ha externado al respecto?
–Hasta el momento Meade sólo se ha autodefinido como un “hombre de fe y de familia”, lo cual nos parece un gesto positivo, pero no profundiza más. De manera que aún es muy pronto para decir que será nuestro candidato.
“Por otro lado, algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI me aseguran que no volverán a cometer el mismo error del presidente Enrique Peña Nieto, quien en mayo de 2016 presentó una iniciativa para legalizar las bodas gay. Me dicen que ya se dieron cuenta de que la mayoría de la población mexicana valora mucho el tema de la vida y la familia.”
Y respecto al precandidato de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, comenta el entrevistado: “En su doctrina política y en su desempeño, el PAN siempre ha defendido los mismos temas que nosotros. Pero aun así, Ricardo Anaya no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Esto nos desconcierta mucho. En una reciente entrevista con el diario El País, sólo mencionó de manera muy genérica que esos temas ya los vio la Suprema Corte, como diciendo que él no se meterá en eso.
“Y en un acto de precampaña, en Ciudad Nezahualcóyotl, Anaya estuvo acompañado por el perredista Juan Zepeda. Ambos cantaron juntos alegremente, aventándose un ‘palomazo’. Esto nos preocupa mucho, ya que cuando fue candidato a la gubernatura del Estado de México, Zepeda nos atacó muchísimo y tuvo una agenda muy agresiva de ideología de género. ¿Anaya apoyará esa ideología? No lo sabemos.”
Al integrarse a la coalición Por México al Frente, el PAN y el PRD, de ideologías totalmente opuestas, empezaron a negociar para llegar a una postura conjunta en torno al aborto y el matrimonio gay, temas que los dividían. Finalmente acordaron esquivar esos candentes asuntos y no hacer ningún pronunciamiento al respecto. Esto fue interpretado como una victoria de la derecha (Proceso 2140 y 2145).
Sin embargo, ahora Cortés Jiménez señala que esta indefinición de Por México al Frente, coalición que quedó finalmente sin identidad ideológica, no le sirve de nada a los votantes católicos.
Dice enfático: “Lo que queremos son definiciones claras. Necesitamos que Ricardo Anaya se defina. Ya basta de andarse por las ramas esquivando el tema y cantando junto con Zepeda”.
–¿Qué postura han visto de López Obrador, el precandidato de la coalición de Morena, PT y PES? –se le pregunta.
–López Obrador sigue con la misma ambigüedad de siempre. Esto ya es tradicional en él. Cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México no se metió con el aborto ni con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se ha rodeado de políticos muy contrarios a nosotros.
“Y lo sigue haciendo. Por ejemplo, acaba de anunciar que, de llegar a la Presidencia, pondrá a la exministra Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Ella tiene una agenda muy agresiva contra la vida y la familia, y así lo demostró durante su participación en el constituyente de la Ciudad de México. De manera que la actitud de López Obrador nos provoca mucha confusión.”
–Sin embargo, López Obrador acaba de aliarse con el Partido Encuentro Social, de ideología cristiana evangélica…
–Sí, ese es un buen gesto de López Obrador a favor de nuestra agenda, ya que el PES tiene principios muy similares a los nuestros; incluso en el frente participan organizaciones de iglesias evangélicas. Esperamos que esta alianza atenúe la agresividad de algunos miembros de Morena en contra nuestra. Aunque también existe la posibilidad de que Morena se trague al PES y lo anule políticamente. Ya veremos qué sucede.
“De manera que, reitero, hasta el momento no hay ninguna postura firme por parte de los principales precandidatos. En sus coaliciones todo está muy patas para arriba. No hay definiciones. En ese sentido, coincido plenamente con el cardenal Francisco Robles Ortega, el presidente del episcopado, quien señala que los votantes católicos la tienen muy difícil por tantas indefiniciones”.
En efecto, en su mensaje de apertura de la pasada asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pronunciado el pasado 13 de noviembre, Robles Ortega afirmó: “La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera que éstas no logran madurar y consolidarse en su originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos políticos desdibujan sus identidades, pierden sus liderazgos claves, se vinculan con opciones políticas contrapuestas, haciendo que el voto en conciencia de los católicos sea más arduo que nunca”.
Convocatoria
En abril próximo, ya en plenas campañas políticas, la CEM realizará una nueva asamblea plenaria, por lo que, como suelen hacerlo en tiempos electorales, los más de 100 obispos del país invitarán a su asamblea a los candidatos a la Presidencia, para que ahí definan su postura sobre el aborto y el matrimonio.
“En la asamblea de abril del episcopado, los candidatos tendrán finalmente que definirse ante los obispos. Ahí detallarán sus posturas. Y ya entonces nosotros, como frente que aglutina a las organizaciones de laicos católicos, sabremos por cuál candidato votar”, comenta Cortés Jiménez.
El FNF surgió en mayo de 2016, en protesta contra la iniciativa de Peña Nieto que intentaba legalizar las bodas gay. El gobierno de Peña tuvo que desistir de su iniciativa ante las multitudinarias movilizaciones de protesta apoyadas por la católica y otras iglesias, en las que se llamó a votar contra el PRI en las elecciones de ese año, que resultaron desastrosas para el tricolor.
“Sí, nosotros llamamos a votar contra el PRI en nuestras movilizaciones. Y creo que la derrota del PRI en 2016 se debió en gran parte a ello. Incluso así lo reconocieron algunos priistas, como Francisco Labastida Ochoa”, señala Cortés.
Ya consolidado políticamente, el FNF participó también en las elecciones del Estado de México en 2017, llamando a votar por el candidato priista Alfredo del Mazo Maza, ya que él se comprometió a rechazar el aborto y defender el matrimonio tradicional (Proceso 2115).
Y ahora en las elecciones de 2018, el FNF planea dar un paso más: lanzar candidatos propios surgidos de sus organizaciones de laicos católicos.
Adelanta Cortés Jiménez: “Actualmente estamos en diálogo con distintos partidos, así como con las distintas coaliciones, para que podamos tener candidatos surgidos de nuestras propias organizaciones y liderazgos”.
–¿Con qué partidos están negociando esas candidaturas?
–Por lo pronto tenemos diálogos con el PRI y con el PAN. Y también con gente del PES, antes de que este partido se aliara con Morena.
–¿Y también hay la posibilidad de que Morena saque candidatos surgidos del Frente Nacional por la Familia?
–Sí, estamos en pláticas, pues en ese partido hay personas que comparten nuestros temas y pueden apoyarnos, así como nosotros podemos apoyar a candidatos de Morena o de otros partidos que impulsen el tema de la vida y la familia.
“Pero ahorita todavía estamos en negociaciones y pláticas con esos partidos, pues además queremos que esas candidaturas cuenten con un verdadero respaldo social. De manera que aún no hay nada confirmado.”
Así, el FNF intenta conseguir candidaturas para líderes de las casi mil organizaciones de laicos que dice aglutinar, entre las que se encuentran la Unión Nacional de Padres de Familia, Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica, Escuela de Pastoral, Cursillos de Cristiandad, Renovación Carismática, Adoración Nocturna o el movimiento Regnum Christi, brazo laico de los Legionarios de Cristo.
Tener diputados y senadores de estas organizaciones católicas, aclara el líder del FNF, es con el fin de legislar a favor de la vida y la familia.
“No nos quedamos en lo meramente electoral. Vamos más allá. Tratamos de incidir en la elaboración de leyes, para cuando ya estén integrados los nuevos congresos legislativos”, abunda.
Por lo pronto, el FNF acaba de sacar el documento Plataforma del Frente Nacional por la Familia: Rumbo al 2018, en el que incluye sus propuestas en 15 “ejes temáticos”, centrados en torno a la institución familiar.
En su primer eje temático señala: “Proponemos que la institución jurídica del matrimonio sea respetada como la unión de un hombre y una mujer; evitando que ésta se utilice para incluir sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo”.
Y sobre el aborto –incluido en el tercer eje temático– señala: “Proponemos proteger la vida desde la concepción, así que buscaremos que el derecho a la vida sea protegido en las 32 entidades de nuestro país”.
Igualmente sustenta que la educación sexual impartida en las escuelas se ajuste a estos esquemas y se deje de “ideologizar” a los alumnos. Indica también la “implementación de un Programa Nacional de Educación Familiar, con la participación de todas las instituciones de la sociedad civil expertas en el tema, que apoyen la reconstrucción de las familias y la eficacia de su gestión educativa, con recursos gubernamentales”.
Y agrega: “Proponemos incluir en la Ley General de Educación el reconocimiento del derecho que tienen los padres a educar a sus hijos”.
Sobre la libertad de conciencia y de religión señala: “Lamentablemente México en su legislación reconoce de una manera muy parcial la libertad de conciencia y de religión, por eso se propone eliminar el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
Y así, en la plataforma se siguen detallando las propuestas del Frente en temas como “familia y seguridad”, “familia y salud”, “familia y adicciones”, “familia y juventud”, “familia y migración”, “familia y economía”, “familia y empleo”, “mujer y familia” y “familia y combate a la corrupción e impunidad”.
Cortés Jiménez indica que este documento es la “carta de presentación” del FNF en los acercamientos que sostiene con los distintos actores políticos, pues resume su postura ideológica. Incluso le ha servido para informar a las autoridades del Vaticano lo que es su proyecto en México.
Relata: “Acabo de estar en el Vaticano, del 10 al 14 de diciembre, y esta plataforma cívica la pude dar a conocer allá, en un foro sobre temas sociales”.
–¿Qué autoridades vaticanas participaron en ese foro?
–Estuvo el secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Pietro Parolin; lo mismo su encargado para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, entre otras autoridades. El foro se realizó en las instalaciones de una orden religiosa. Y culminó con una audiencia que sostuvimos con el Papa Francisco.
Ya anteriormente, el 28 de agosto de 2016, el Papa Francisco animó personalmente a Cortés Jiménez a seguir en su lucha, durante un breve encuentro que tuvieron en el Palacio Apostólico del Vaticano (Proceso 2083).
Y en este momento, concluye el presidente del FNF, “nos corresponde estar al pendiente de las acciones que están realizando los precandidatos, y lo que pueden implicar a futuro. Por el momento, en esta especie de corte de caja, ningún de ellos se ha definido todavía en cuanto a la vida y la familia… seguiremos esperando a que se definan”.
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La licencia al "Bronco", un pacto negociado con el PRI y el PAN/LUCIANO CAMPOS GARZA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
MONTERREY, NL.- Los dos años que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, estuvo al frente del gobierno, el Congreso estatal siempre le manifestó su hostilidad, sobre todo al vetar sus iniciativas.
Durante ese periodo el intercambio de diatribas entre él y los legisladores marcó la tónica. Pero esa animadversión desapareció en diciembre pasado, justo cuando el mandatario independiente presentó su solicitud de licencia.
Los diputados del PRI y el PAN, quienes durante meses acusaron al mandatario independiente de mentiroso y chapulín, le allanaron el camino para que colocara como interino a Manuel Florentino González Flores, su principal operador político, aun cuando la ley los faculta a ellos para designar al encargado del puesto.
Esa benevolencia de los dos partidos mayoritarios en el Congreso estatal es resultado de una presunta negociación realizada en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de los dos partidos para permitir que Rodríguez Calderón dejara el solio y se sumara a los aspirantes a la Presidencia.
De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones –que pide omitir su nombre–, el propósito es que Rodríguez Calderón aparezca en las boletas electorales y le reste sufragios a Andrés Manuel López Obrador, virtual aspirante de Morena, a quien priistas y panistas pretenden acotar a toda costa.
Pero antes, añade la fuente, Rodríguez Calderón debe recabar las firmas necesarias que le solicita el Instituto Nacional Electoral para registrarse formalmente como candidato.
Consultado al respecto, el gobernador interino, González Flores, rechaza esa versión. Hasta el cierre de edición, priistas y panistas en la entidad no habían respondido a la solicitud de entrevista para aclarar esta versión.
Licencia pactada
Desde que asumió la gubernatura, Jaime Rodríguez aseguró que concluiría su mandato; incluso llamó inmorales a quienes dejaban su cargo para buscar otro de mayor relevancia. Pero su aspiración presidencial le ganó y terminó por pedir licencia, por lo que en Nuevo León quedó como un mentiroso.
Durante su gestión, los diputados locales del PRI y el PAN siempre lo enfrentaron. A principios de octubre pasado incluso tuvo que cambiar el formato de la entrega de su segundo informe, pues sólo entró al Congreso cuando sus detractores habían agotado los reproches a su administración.
A partir de entonces, los desencuentros se atenuaron. Y el 20 de diciembre, cuando Rodríguez Calderón acudió a la Oficialía de Partes del recinto parlamentario a presentar su solicitud de licencia por seis meses –del 1 de enero al 1 de julio–, las diferencias simplemente desaparecieron.
Ese día se reunió con los diputados y les pidió que le permitieran buscar la refundación de México. Tras escucharlo, sus interlocutores lo despidieron con abrazos y parabienes.
El 22 de diciembre, pese a que todos los diputados habían externado públicamente que era una afrenta para los nuevoleoneses que los hubiera engañado en las urnas, el Congreso aprobó su petición y sus integrantes avalaron que su secretario general de Gobierno lo sustituyera temporalmente a partir del lunes 1.
Para entonces, la negociación con las dirigencias nacionales del PRI y el PAN presuntamente ya estaba planchada, sostiene la fuente consultada.
Incluso reitera: las cúpulas de los dos partidos acordaron darle al mandatario todas las facilidades para que dejara el estado. Ellos le apuestan a que Rodríguez Calderón le reste votos a López Obrador, quien a nivel nacional sigue punteando las encuestas.
Según esa versión, el mandatario con licencia buscará posicionarse en las entidades del sur del país, incluido Tabasco, donde López Obrador tiene sus posiciones más sólidas.
Bajo el lema: “Desde Nuevo León por un nuevo México”, su estrategia incluye recorridos a caballo para posicionarse como el caudillo que encabezará el renacer del país, destaca el entrevistado, quien insiste en guardar el anonimato.
Así, mientras el tabasqueño intenta acercarse a los votantes de la parte alta de México, donde está su mayor debilidad, Rodríguez intentará llegar a la parte baja, donde no es tan conocido ni está “tan quemado” como en el norte.
Sin embargo, la creciente popularidad de Rodríguez Calderón preocupa a las dirigencias del PRI y el PAN. Al principio estimaban que podría conseguir alrededor de 5% de los votos en la jornada electoral del 1 de julio y restarle fuerza a López Obrador.
Pero ahora temen que, ante el descontento generalizado contra la administración de Enrique Peña Nieto, el gobernador con licencia intente recurrir a una campaña incendiaria –similar a la que le hizo ganar la gubernatura en Nuevo León hace un par de años– y restarle votos también al PRI.
El PRI y el PAN, según el informante, no descartan que Rodríguez Calderón termine negociando su candidatura si su movimiento no despega. Así como ya faltó a su palabra empeñada en Nuevo León, busque alianzas de facto, principalmente con López Obrador, un riesgo que los presuntos negociadores no calcularon.
Para que Rodríguez Calderón y los otros aspirantes sin partido obtengan su candidatura necesitan recabar por lo menos 866 mil 593 firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral del INE en por lo menos 17 estados a más tardar el 19 de febrero.
Hasta el jueves 4, Rodríguez llevaba 1 millón 373 mil 185 respaldos, muchos más de la cifra demandada en sólo cinco entidades, por lo que le falta el apoyo ciudadano en 12 estados.
El encargado de la negociación
Instalado como gobernador interino, Manuel González Flores niega que Rodríguez Calderón haya pactado para quitarle votos a López Obrador a cambio de beneficios para él o para Nuevo León.
“Pregúntele a los priistas de aquí si hace dos años le quitamos votos a alguien; pregúntele también a los de Acción Nacional.
“Los periodistas locales decían: ‘Jaime se va a quedar en el camino, va a negociar o le va a quitar votos a este (candidato) o a ayudar al otro’. Pregúnteles cómo les fue. Es una especulación sin ningún sustento”, dice al corresponsal.
González sostiene que, pese a las diferencias evidentes con Rodríguez Calderón, los legisladores del PRI y el PAN –quienes vetaron más de 20 leyes en dos años– fueron los primeros que le manifestaron su acuerdo para que encabezara la nueva independencia mexicana.
Incluso se ufana: “Yo fui el encargado de llevar esta negociación en un poquito más de 50%. Nuestra profesión es la política, y en ella hay encuentros y desencuentros. Pero eso no implica que en cuestiones fundamentales no podamos unirnos, como, por ejemplo, la posibilidad de que un nuevoleonés sea un presidente de México y traiga grandes apoyos a Nuevo León”.
Pese a que se dice convencido del triunfo electoral de Rodríguez Calderón el próximo 1 de julio, González Flores no despacha en la oficina que este dejó temporalmente, pues colocó ahí un letrero con la leyenda: “Reservado. Ing. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia en busca de la libertad de todos los mexicanos”.
Lo más curioso es que aun cuando él mismo y algunos funcionarios estatales afirmaron que no usarán al gobierno para impulsar a Rodríguez Calderón, el viernes 5 hubo 10 cambios en la administración. Los renunciantes se integrarán a la precampaña de Rodríguez Calderón.
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Camina a ciegas el nuevo sistema de justicia penal/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
A 18 meses de su entrada en vigor a escala nacional, en el mejor de los casos, el sistema de justicia penal vigente opera por inercia; en el peor, es ignorado por las autoridades. En Oaxaca, estado pionero junto con Chihuahua en su implementación, autoridades reconocen que mejor trabajan con el sistema anterior. A nivel federal, el problema es mayor: Ministerios Públicos e integrantes de los servicios periciales, por ejemplo, apenas tuvieron un curso de algunas semanas para comprender el nuevo sistema que se supone atendería con eficacia los 30 millones de delitos que se registran al año.
Gran parte del personal y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), terminaron su “fugaz” capacitación seis meses después del 18 de junio de 2016, cuando venció el plazo de ocho años para que el sistema operara en todo el país.
De acuerdo con registros de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entonces encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, el hoy titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, está entre quienes concluyeron su capacitación como “docente por examen”, certificado en Baja California.
En cambio, Raúl Cervantes Andrade, Arely Gómez González y Jesús Murillo Karam no figuran en la lista de quienes se actualizaron, pese a que ocuparon la titularidad de la PGR durante el periodo que tuvieron de plazo para poner en marcha el nuevo sistema.
Consultados al respecto, especialistas y funcionarios reconocieron que el sistema de justicia penal no opera a plenitud y mencionaron como parte del problema el desconocimiento que existe.
Por ejemplo, a finales de 2013, los Ministerios Públicos federales recibieron un curso de tres horas al día durante tres meses sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos, publicado en marzo de 2014. Tan baja fue la comprensión de un tema que aún no existía, que los agentes fueron convocados, a principios de 2016, a una segunda capacitación, de una semana.
En tanto, los integrantes de los Servicios Periciales recibieron una capacitación parcial, de dos semanas. Quienes recuerdan haber asistido a los cursos mencionan que en algunas ocasiones fueron impartidos por sus propios compañeros sin experiencia en el nuevo sistema.
Para los peritos consultados por Proceso, quienes solicitaron no ser identificados en esta publicación, la PGR únicamente los mandó a cumplir un requisito, pues a la dependencia, afirman, no le importa realmente si policías, fiscales y peritos dominan los conocimientos básicos del nuevo entramado penal.
El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Rommel Moreno Manjarrez, quien de 2007 a 2013 fue procurador general de Justicia de Baja California, donde en 2010 puso en marcha dicho sistema, reconoce que la PGR y el Poder Judicial de la Federación ignoraron durante siete años el nuevo modelo.
De ahí que, a su juicio, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), a 18 meses de su implementación nacional, presente “tantos cuellos de botella” que impiden su plena operación.
“Ningún estado ha logrado que funcione” el sistema, incluyendo Oaxaca y Chihuahua, entidades pioneras que tienen una década operándolo, coinciden en diversas entrevistas, además del propio Rommel Moreno, investigadores y fiscales.
Los consultados aseguran que con esos problemas no hay manera de que los 400 mil policías y 9 mil Ministerios Públicos del país puedan con una carga de 30 millones de delitos anuales registrados.
Para María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), existen cuatro principales cuellos de botella en el NSJPA.
“El primero es lo que llamamos una falta de visión sistémica en seguridad y justicia. Pensamos que las políticas públicas en seguridad y justicia no cuentan con una visión que las articule adecuadamente, que vaya desde la prevención (del delito) a la reinserción social.”
Lo anterior, dice, se refleja en el presupuesto 2016 en materia de seguridad pública, en el que no se destinó ni un peso para fortalecer al Poder Judicial ni a las defensorías.
El segundo problema, expone, está en la policía que carece de incentivos para realizar detenciones. “Este aspecto lo ubicamos en lo que podría llamarse la puerta giratoria. No existe una coordinación entre la policía y el Ministerio Público”.
El tercer cuello de botella lo identifica en la debilidad de la investigación criminal. “Los datos del censo de procuración de justicia muestran que, pese a los niveles de violencia, el número de carpetas de investigación con detenidos y averiguaciones previas iniciadas con detenidos disminuyó 30% en 2016. Esto evidencia que están bajando los niveles de arrestos o que definitivamente los Ministerios Públicos no abren carpetas cuando la policía pone a disposición a los detenidos”.
La investigadora señala que una de las trabas del proceso es que aún no se ha terminado de definir, ni siquiera a nivel local, cuál es el modelo efectivo de la policía, que es la autoridad más cercana a la gente. Además de lo anterior, Novoa dice que se ha detectado que las procuradurías tienen un rezago de alrededor de 50% en los asuntos ingresados en 2016.
El cuarto cuello de botella está en la demora de las audiencias. “Se da una condición crítica en el funcionamiento con los procesos de gestión de problemas que tienen para notificar”. El problema también radica, dice la integrante del CIDAC, en “cómo el juez está gestionando la audiencia. Sus procesos están saturados”.
Mejoran el proceso
Para Bernardo León, comisionado municipal de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán, su preocupación radica en cómo disminuir la inseguridad. “Nunca he estado de acuerdo en eso que se dice de que el sistema de justicia no tiene nada que ver con reducir la criminalidad. Éste es el primer cuello de botella que hay: el concepto de que son dos cosas desvinculadas”. Sin embargo, explica que el gobierno de Morelia realiza una especie de experimento para agilizar los procesos de impartición de justicia.
“Creamos el juzgado cívico con un juez en la sala de audiencias, es decir, como si se tratara de un juez de control. Lo que descubrimos es que en pocos minutos la persona está frente a un juez, se controla la detención y se determina su caso. No necesitamos ningún intermediario”, explica.
“No me cansaré de decirlo: si la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) dice que hay 30 millones de delitos, no hay manera de que los Ministerios Públicos puedan recibir esa cantidad de denuncias y baje la cifra negra.
“En la encuesta empezamos con 4% de denuncias, muy por debajo de la media nacional, y ya vamos en 15%, gracias al trabajo de la policía, no del Ministerio Público (MP). Debemos cambiar el concepto de denuncia como un prerrequisito (…) hay gente que no quiere denunciar porque no tiene ningún medio de prueba, cuando el chiste de la investigación es conseguirlas.”
Otro de los problemas para el funcionario municipal es la puesta a disposición de los infractores. “En México ponemos a disposición del MP a los detenidos. En el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público tiene que calificar la detención y que, si ve que estuvo mal hecha, debe decretar la libertad. Entonces, el MP se convierte en un juez y decreta una sentencia absolutoria en la soledad de su despacho”.
Recuerda que Layda Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia, de México Evalúa, ha señalado que el juicio oral y las audiencias tienen juez presente y tienen cámaras que graban las audiencias. Sin embargo, la mayoría de las absoluciones que hay en el sistema no se hacen ahí, se hacen en el MP y ésa es la puerta giratoria.
“Entonces, la puesta a disposición tiene que ser ante el juez. Quizá éste es el cuello de botella más fuerte. Además, 99% de los asuntos que se judicializan es por detenciones en flagrancia, y eso no es pecado, pues la policía, por la naturaleza de su trabajo, hace detenciones en flagrancia”, agrega León.
Se impone el sistema tradicional
El fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, sugiere el fracaso del nuevo sistema de justicia.
“Para bien o para mal, ante una procuraduría se denuncia, es la que investiga y es la que tendría que sostener la acusación dentro del proceso. Creo que, después de más de 10 años de que el nuevo sistema se inició en Chihuahua y en Oaxaca, la operatividad y las formas siguen siendo las del sistema tradicional”, asegura.
En el trabajo que hacen las instituciones de procuración de justicia, el fiscal oaxaqueño detectó cuatro situaciones que atoran su aplicación: “Tenemos un organigrama y un modelo de gestión bajo la lógica del sistema tradicional; no sólo es un sistema lento y retardado, burocratiza y hace costosísima la actividad de una procuraduría.
“También formo parte de la fiscalía general que tiene más de 15 áreas con nivel de subprocuraduría, cuando en Nuevo León solo hay tres. Copiar esto podría permitir fusionar, racionalizar, tener mejores tramos de control y dar mejores resultados”, dice.
Iruegas Álvarez asegura que desde hace más de 10 años dieron a conocer que no estaban capacitados quienes intervienen en el proceso, y que, pese a ello, no hubo respuesta. “En la Fiscalía Anticorrupción reviso carpetas, los informes que dan los policías no son de la generación de actos de investigación, sino que investigan haciendo actas. Este es un tema que hay que cambiar. Revisar la cantidad, calidad y capacidad de este personal”.
Para Rommel Moreno Manjarrez, el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia fue totalmente arrítmico. Unos estados, como Oaxaca, lo operaron primero y otros apenas hace 18 meses, lo que dificulta la medición de resultados.
Recuerda que el exprocurador Raúl Cervantes les permitió visitar todas las procuradurías del país para identificar los comportamientos que se estaban dando después de la reforma, y encontraron casos como el de Sonora, que tiene un sistema ágil, pese a que fue de los últimos en implementar el nuevo sistema de justicia.
Moreno Manjarrez considera que otra de las trabas es la unificación de los registros, pese a los esfuerzos para homologar las bases de datos de los catálogos de los delitos. Como ejemplo de lo anterior, menciona el caso de Chihuahua, “donde no estaba registrado el feminicidio”.
Considera que otro reto por resolver es el desconocimiento de los ciudadanos sobre cómo funciona el sistema de justicia, aunque reconoce que el problema es cómo explicar los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios.
“Estamos entrando en un ambiente generacional con otra visión que tiene que ver más con la medición interna hacia los operadores, es decir, servicio de carrera, una perspectiva de incentivos”, expone.
Opina que es necesario modificar las recientes reformas, aunque aclara que no habla de una contrarreforma, “sino de cómo modificar sustancialmente los planes estratégicos de las fiscalías, que es donde se concentran las denuncias. El problema está en todas las instituciones, justo como se plantea, porque tenemos grandes problemas de deficiencia y capacitación”.
Moreno coincide con María Novoa en que en el Poder Judicial están retrasadas las audiencias y las notificaciones porque no se hacen en tiempo y forma. Por si fuera poco, hay una desconexión en el Poder Judicial, entre la primera y segunda instancia, de tal manera que “tenemos un cuello de botella en el entendimiento de un sistema acusatorio nuevo contra un sistema que es escrito y viejo”.
Insiste que toda esa perspectiva los obliga a ver que las soluciones deben pasar, primero, por explicar las reformas a los ciudadanos. “Tenemos una razón forzosa y obligatoria de despresurizar el sistema, pero con un entendimiento social, porque en la medida en que esta política pública genere esta comunicación, la comunicación dejará de ser una traba”.
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"Renovación", la encomienda de Aguiar Retes/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, se propone combatir la práctica del aborto mediante renovados contactos con el Congreso y la clase política. Aunque, igual que Norberto Rivera, es cercano a la élite política mexiquense, omite las referencias a su antecesor y anuncia que le dará prioridad a la comunicación con los feligreses, sobre todo en zonas marginadas.
El cardenal Carlos Aguiar Retes asegura que, tan pronto tome las riendas de la arquidiócesis primada de México, el próximo 5 de febrero, empezará a combatir la práctica del aborto, ya legalizado en la Ciudad de México, valiéndose principalmente de “testimonios” de mujeres afectadas por interrumpir sus embarazos, a fin de crear “conciencia social”.
Y para marcar diferencias con su antecesor en el cargo, Norberto Rivera Carrera, quien implementó la llamada “opción preferencial por los ricos”, Aguiar Retes también anuncia que impulsará en la arquidiócesis una profunda “renovación eclesial” cuya principal característica será la toma de decisiones de manera “horizontal” y el apoyo a la población más marginada.
Sobre el aborto, despenalizado en la Ciudad de México en 2007, durante la administración de Marcelo Ebrard, Aguiar Retes se pregunta de entrada:
“¿Qué es más importante? ¿Qué busquemos una ley que ya no lo facilite y que nos digan que somos retrógrados porque no estamos con el desarrollo moderno? ¿O hacer consciente a nuestra comunidad del gran daño que se le hace a la mujer?”.
Asegura que, de acuerdo con estadísticas, “85% de las mujeres que abortan se queda con un trauma para el resto de su vida”.
Él mismo, relató, atendió espiritualmente a una anciana de más de 80 años que “no había podido superar el trauma” de un aborto que se hizo cuando era joven.
Por ello, dijo, se valdrá de los “testimonios” de estas mujeres para crear conciencia: “Tenemos que ver a las personas afectadas. Que digan lo que sienten por haber abortado. Y con el testimonio de ellas mover la conciencia social. Por ahí va a ir mi camino”.
Recalca: “No es cuestión de que nosotros los obispos digamos no al aborto. Es la sociedad la que tiene que tomar conciencia del daño que se hace”. Por fortuna, dice, “hay ya varias instituciones que están atendiendo a estas mujeres que no acaban de salir de su trauma; les ayudan a redescubrir que Dios las perdona”.
Y para impulsar la “renovación eclesial” que pretende, indicó que se valdrá de todo el “potencial” de la principal y más grande arquidiócesis del país, conformada por 2 mil 100 sacerdotes, más de 500 circunscripciones parroquiales y ocho obispos auxiliares, que dan atención a 9 millones de capitalinos.
Comenta al respecto: “Voy con el ánimo de promover esta renovación eclesial en la arquidiócesis primada de México. Es la encomienda que el Papa Francisco me ha solicitado”.
Considera ineludible esta renovación, pues hoy vivimos “un cambio de época”, “una fractura en el consenso de valores que sostuvieron a la sociedad durante cuatro siglos”, de ahí la necesidad de “emprender una nueva evangelización que tenga nuevo ardor y pasión para anunciar el camino que propone Jesús, pero con método distinto y nuevas expresiones”.
Así delineó lo que será la tónica de su labor pastoral, en una conferencia realizada el lunes 11 de diciembre, en la sede de la arquidiócesis de Tlalnepantla, de la que era su titular.
Renovación y compromisos
Aguiar Retes expone las principales características de la renovación eclesial que pretende impulsar:
La primera es poner por delante “la misericordia”, ayudar a quien lo necesita, a los más pobres, con lo cual se dejan atrás las viejas “prácticas” del catolicismo establecidas “mediante obligaciones”, como la de ir a misa los domingos.
La segunda “es cambiar el método de una autoridad vertical a una autoridad horizontal”, mediante la “escucha recíproca”, el “compartir opiniones”, el “buscar consensos” para luego llegar a la “toma de decisiones”. “Esto en la Iglesia se llama ‘sinodalidad’; el dejar atrás esa cultura establecida de lo que dijo el padre, el obispo o el Papa”.
Y la tercera característica, indica, es instaurar una “Iglesia de salida”; salir de los templos y de los cerrados círculos eclesiásticos para buscar a los fieles en “todos los ambientes” donde se encuentren. El objetivo es “tener una Iglesia misionera”.
Aguiar Retes recalca que “el reconocimiento de la dignidad de la persona” estará siempre en el centro de esta renovación eclesial.
Estos lineamientos pastorales se reflejarán, adelanta, en proyectos sociales a implementarse sobre todo en las zonas pobres de la Ciudad de México:
“Yo de pronto paso por las zonas marginadas de Iztapalapa o veo esas barrancas donde viven personas en condiciones indignas para la vida humana. Tenemos que trabajar en todas esas zonas. Debemos auxiliar a los pobres. Ayudarlos también a que tomen conciencia y asuman la responsabilidad de redignificar ellos mismos esas zonas.”
Promete que la Arquidiócesis de México retomará sus proyectos sociales, como los realizados durante el periodo del cardenal Ernesto Corripio Ahumada.
“Ha habido grandes proyectos en la Ciudad de México, ejemplares históricamente: me refiero a los del cardenal Corripio. Cuando el temblor del 85, la arquidiócesis hizo una reconstrucción de viviendas impresionante, en colaboración con organismos internacionales”, recuerda.
Para nada menciona a su antecesor Rivera Carrera, cuyos 22 años al frente de la arquidiócesis los ocupó más bien en cultivar sus amistades de la alta cúpula empresarial y política del país, relegando la labor social de la Iglesia.
Enfatiza Aguiar Retes: “Esa será mi lucha para poder atender a la gran Ciudad de México, que es la punta del iceberg donde se refleja toda la problemática del país y donde se concentra el poder político”.
El nuevo arzobispo aseguró que, como siempre lo ha hecho, trabajará “con los políticos de todos los partidos para ver las sinergias que podamos hacer”.
Indica que, cuando era obispo de Texcoco, “me tocaron cuatro gobiernos perredistas en continuidad”. Y después, como arzobispo de Tlalnepantla, trabajó muy cerca del PRI y del PAN, por tener esos partidos “presencia mayoritaria”.
Agrega: “Los laicos son los que tienen la misión de transformar las estructuras temporales, son los que deben entrar en política, exigir políticas públicas. Pero hay que formarlos, hay que agruparlos. Eso le toca a la Iglesia. Y voy a tratar de hacerlo en la arquidiócesis de México”.
Su “linaje episcopal”
Oriundo de Tepic, Nayarit, donde nació en 1950, Aguiar Retes fue dos veces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de 2006 a 2012. Su cargo coincidió con el gobierno de Felipe Calderón, con quien llevó buenas relaciones.
Pero también las ha tenido con Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México y luego como presidente de la República, ya que la carrera episcopal de Aguiar se desarrolló en dos diócesis mexiquenses: las de Texcoco y Tlalnepantla, lo que le permitió tener nexos con el llamado Grupo Atlacomulco, del que proviene Peña.
Como presidente de la CEM, Aguiar se dio a la tarea de conseguir cambios legislativos que le garantizaran a la Iglesia una plena “libertad religiosa”: dar instrucción religiosa en las escuelas públicas, tener medios de comunicación masiva y lograr que los ministros de culto accedan a cargos de elección popular, cosa que hasta la fecha no se ha logrado.
En una entrevista con este semanario, en diciembre de 2006, cuando apenas asumía la presidencia del episcopado, Aguiar Retes habló sobre su estrategia para conseguir esas prerrogativas:
“Espero que, durante el periodo para el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena.
“Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución solamente garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca y realizar el culto convenido, para que nadie lo obligue a creer en algo distinto. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa. De manera que hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo.”
Entonces también expresó que el “derecho a la vida” desde el momento de la concepción, y por lo tanto el rechazo al aborto, es “uno de los puntos en los cuales no podemos transigir” (Proceso 1574).
Al año siguiente, el 20 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón se declaró públicamente en contra del aborto, cuya despenalización se debatía entonces en la Ciudad de México. “Yo estoy en defensa de la vida –dijo Calderón enfático–, tengo pleno respeto por la dignidad y la vida humana. Y también creo que la legislación existente en el Distrito Federal y otros estados es en este momento la adecuada”.
Dos días después, el 22 de marzo, Aguiar Retes comió en privado con el presidente en Los Pinos para felicitarlo por rechazar el aborto.
“Lo felicité por su postura valiente de plantear sus propias convicciones. Simplemente, fue una felicitación por su postura”, declaró entonces Aguiar Retes, quien además llamó a protestar contra esa iniciativa del gobierno de Ebrard (Proceso 1587).
En diciembre de 2009, Aguiar Retes llevó al gobernador Peña Nieto al Vaticano para que allá le presentara a su novia, Angélica Rivera, al Papa Benedicto XVI. Al momento de la presentación, Peña Nieto le adelantó al pontífice: “Pronto me casaré”.
Al salir del encuentro, Peña Nieto dijo a los medios que de su boda “el primero en saberlo fue su santidad”. Todo fue parte de un montaje televisivo –con el Papa y la Plaza de San Pedro como telón de fondo– encaminado a conseguir la Presidencia de la República y en el que Aguiar Retes tuvo una participación destacada.
Pero a raíz de que presentó su iniciativa para legalizar las bodas gay, el 17 de mayo del año pasado, Peña Nieto tuvo un encontronazo con la jerarquía católica, que inmediatamente apoyó a las organizaciones de laicos católicos en sus movilizaciones de protesta contra esa iniciativa, la cual finalmente quedó congelada. Peña tuvo que recular.
Para limar asperezas, hubo después algunos encuentros entre Peña Nieto y jerarcas católicos. En esta operación cicatriz Aguiar Retes también tuvo un papel protagónico por su cercanía con Peña. Todavía el 31 de marzo pasado Aguiar Retes y un grupo de obispos del Estado de México estuvieron en Los Pinos para –según trascendió– acordar el apoyo a la candidatura del priista Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México (Proceso 2115).
El investigador Rodolfo Soriano, especialista en el análisis de cuadros eclesiásticos, señaló entonces que los 11 obispos del Estado de México, entre los que se encontraba Aguiar Retes, “conforman un linaje episcopal muy exclusivo que siempre ha mantenido estrechas alianzas con el Grupo Atlacomulco”. Y además “les interesa sobre todo la agenda de moral sexual”, que “ponen muy por encima de la agenda social”.
Desde hace más de un año, el mismo Rodolfo Soriano –en entrevista con este semanario– consideraba que Aguiar Retes era el aspirante con mayores posibilidades de llegar al arzobispado primado de México, por su rango de cardenal, por haber sido presidente del episcopado mexicano y por haber ocupado cargos directivos en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), donde conoció y trabó una “relación cordial” con Jorge Mario Bergoglio desde antes que éste fuera Papa (Proceso 2092).
El vaticinio se cumplió: el pasado 6 de diciembre Bergoglio designó a Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México.
Y en su conferencia del pasado lunes 11 Aguiar Retes rememoró su relación con el hoy Papa Francisco, cuando ambos, en el CELAM, preparaban la propuesta de una nueva evangelización de cara a los tiempos actuales. Dijo:
“Cuando estuve como secretario general del CELAM, de 2000 a 2003, me tocó llevar a cabo una serie de estudios, investigaciones, con un círculo de especialistas sobre el fenómeno de la globalización, de la aldea global… Ahí fue cuando me tocó trabajar con el cardenal Jorge Mario Bergoglio.”
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Las nuevas normas del cardenal contra curas pederastas/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El cardenal Carlos Aguiar Retes prometió aplicar “tolerancia cero” a los sacerdotes de la arquidiócesis primada de México que abusen sexualmente de menores de edad: “En el asunto de la pederastia, sigo totalmente lo que ya el Papa Francisco nos ha dicho; ‘tolerancia cero’”, advirtió enfático el pasado lunes 11.
Luego indicó que el episcopado mexicano, como cada una de las diócesis del país, tienen “normas” muy estrictas para “afrontar ese mal tan grave” que tanto daña a la Iglesia.
Sin embargo, en junio de 2003, cuando era obispo de Texcoco, se descubrió que Aguiar Retes tenía como párroco al sacerdote pederasta nicaragüense Zenón Corrales Cabrera, a quien la justicia de su país estaba buscando por abusar sexualmente de varias mujeres menores de edad.
Aguiar Retes tenía trabajando al “padre Zenón” en el poblado mexiquense de Otumba, concretamente en el espléndido templo de La Purísima Concepción, con su regio convento adyacente, verdaderas joyas arquitectónicas levantadas en el siglo XVI.
Escondido de la justicia de su país, el padre Zenón oficiaba diariamente sus misas de siete de la mañana y mediodía. Y presenciaba, feliz, las tradicionales carreras de burros que han dado fama a ese poblado aledaño a las pirámides de Teotihuacán.
El padre Zenón había huido de la diócesis nicaragüense de Matagalpa, a la que pertenecía, luego de que se le fueron acumulando denuncias por sus abusos sexuales, ampliamente documentados por la prensa local, que lo consideraba “el más peligroso pederasta” de Nicaragua.
Entrevistadas en Matagalpa por este semanario, Tatiana Sequeira, integrante de la Comisión de la Mujer, y Geni Gómez, del Grupo Venancia, relataron entonces que desde los años ochenta los informes sobre violaciones a los derechos humanos ya documentaban los abusos sexuales del sacerdote (Proceso 1389).
Abusaba, por ejemplo, de adolescentes campesinas integradas al grupo religioso “Hijas de María”, a las que enseñaba a rezar y a entonar cánticos religiosos. Algunas incluso resultaron embarazadas por el sacerdote.
No fue sino hasta el 8 de diciembre de 1998 cuando se interpuso la primera denuncia por abuso sexual ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen, de Matagalpa. Y fue porque el padre Zenón subió a su jeep a una adolescente de 16 años y ahí la violó. Esa denuncia no prosperó gracias a las influencias y a la investidura sacerdotal de Corrales Cabrera.
Pero en marzo de 1999 el padre Zenón cayó finalmente preso por “violación frustrada”, ya que, en un centro turístico de Masachapa –al sur de Nicaragua–, intentó violar a una niña de 10 años, a la que pudo rescatar su padrastro, quien luego denunció al sacerdote. Pero éste fue liberado gracias a la intervención del obispo de Matagalpa, Leopoldo José Brenes.
Para entonces ya varios medios locales –como El Nuevo Diario y La Boletina– documentaban profusamente los abusos del cura pederasta. Mientras que varias organizaciones de derechos humanos pedían que se le castigara.
La Red de Mujeres de Matagalpa, que aglutina a varias organizaciones feministas, publicaba desplegados exigiéndole a la Procuraduría de Nicaragua que lo aprehendiera, por ser “un peligro para las mujeres, la juventud y la niñez”.
Al parecer ya se le iba a arrestar cuando el obispo Brenes, su superior jerárquico, tomó la decisión de desaparecerlo.
Contó entonces Geni Gómez:
“No volvimos a saber de él. La diócesis de Matagalpa no dio explicación alguna. Guardó silencio. Había rumores de que le habían prohibido oficiar. Unos decían que estaba en Costa Rica; otros, que cumplía un duro castigo en algún lugar apartado.”
Por pura casualidad se descubrió que estaba en la diócesis de Texcoco, trabajando para Aguiar Retes; fue a raíz de que se le denunció ante la Secretaría de Gobernación, por realizar proselitismo político a favor del PRI. Entonces salió a relucir aquí su nombre… y su escondite.
El entonces vocero de la diócesis de Texcoco, Eduardo Israel Salazar, salió en defensa del cura, negando las acusaciones y diciendo:
“Usted bien lo sabe; siempre hay grupos de opositores que quieren dañar la imagen moral de nuestros sacerdotes. Lo que sí puedo decirle es que el padre Zenón es un gran sacerdote. Supo ganarse el cariño y la admiración de los fieles de Otumba.”
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Jorge Sánc
AUNQUE el acarreo y el pase de lista permitieron atiborrar el arranque de campaña de Jaime Rodríguez, "El Bronco", como aspirante presidencial sin partido, el acto realizado ayer en Monterrey transitó del frío al aburrimiento.
COMO en otros eventos del gobernador con licencia de Nuevo León, un comediante vestido de mezclilla, chaleco y botas llamado "El Tronco" personificó a Rodríguez con muy poca fortuna ante un público que nomás no se reía.
Y SI AL IMITADOR le fue mal, el verdadero "Bronco" tampoco se vio muy presidencial que digamos, pues en su mensaje sólo mencionó generalidades como bajar el IVA del 16 al 10 por ciento o desaparecer las delegaciones federales, pero se olvidó por completo de plantear los cómos.
SI ALGO dejó claro el evento "Campanas a la Victoria" es que lo suyo, lo suyo es el show... y el que está presentando ya está muy visto.
EL PACTO de civilidad entre los partidos de la CDMX al que convocó Miguel Ángel Mancera todavía ni forma tiene... y ya se está complicando.
EL PRESIDENTE LOCAL de Morena, Martí Batres, condicionó la participación de su partido a que, primero, se castigue a quienes agredieron a morenistas en tres actos de precampaña en Coyoacán.
Y SI NO lo firma la fuerza política con más diputados locales y el segundo mayor número de delegaciones, ese pacto podría ser tan inútil como bañar un pescado.
PARADOS de pestañas andan muchos priistas de Guanajuato ante la idea de que su candidato a la gubernartura sea José Luis Romero Hicks, pues el ex titular del Bancomext no goza de una buena reputación tras su desaseada salida de esa institución en el sexenio de Vicente Fox.
MENOS AÚN, después de que apareció en la "lista negra" del SAT en el 2014 por presentar adeudos fiscales. Como diría Juan Gabriel... ¿pero qué necesidad?
DE POLANCO a la Escandón corre el runrún de que la senadora Gabriela Cuevas quiere volver a gobernar Miguel Hidalgo, pero quienes conocen bien al PAN dicen que, en el fondo, hay una disputa de sangre azul.
SEGÚN esto, lo que busca Cuevas es meter presión para que le den la candidatura a la diputación federal por ese distrito, pues necesita seguir siendo legisladora para no dejar la presidencia de la organización internacional Inter-Parliamentary Union.
NOMÁS que esa curul también está en la mira de su colega en el Senado y correligionaria Mariana Gómez del Campo. Así es que, si de por sí nunca han sido muy amigas que digamos, ahora... ¡menos!
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Frentes Políticos /Excelsior
I. Justicia. Hay mucho de razón en las exigencias de la sociedad, si los funcionarios corruptos fuesen todos encarcelados, poco se ganaría teniéndolos en prisión. Por ello, tras la extradición de Panamá a México de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, representantes de diversos sectores en el estado exigen que no goce de privilegios durante el proceso, pero, aún más importante, además de la condena por el desfalco millonario, reclaman que restituya los recursos que se llevó. Dense por bien servidos con su captura. A pesar de que suma varios delitos, en cualquier momento un juez es capaz de devolverle la libertad.
Así se las gastan en México.
II. Pugnas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registró la coalición PRI-PVEM-NA, pero ordenó cambiarle el nombre. El Consejo General del INE aprobó por unanimidad el registro de la coalición, sin embargo, reiteró que lo único que no va es el nombre con el que pretenden registrarla: Meade ciudadano por México. El consejero Benito Nacif aclaró que se dará un plazo de 10 días a los partidos políticos que la integran, para sugerir una nueva denominación, pues los consejeros electorales afirmaron que, de mantenerse el nombre, se vulneraría la equidad de la contienda. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Revolucionario Institucional, se mostró en contra, pues dijo que no existe nada legal que lo impida.
III. Preocupación. Yesenia Nolasco Ramírez, presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, está metida en problemas con los pobladores, quienes llamaron a la cordura tras el anuncio de la doctora Aura Quiroz, encargada de salud del municipio, ya que les advirtieron cuidar a sus mascotas porque que el próximo 10 de enero se realizarán operativos con la finalidad de levantar a todos los perros callejeros. Para lo cual se rentó un vehículo con altavoz que recorre las rancherías con la advertencia. El reclamo es ¿por qué no destinan el dinero en vacunas o esterilizaciones? Nolasco Ramírez, ante el escándalo, dice que entregarán a los canes en adopción. Ojo: ¿se van al matadero?
IV. Chantajista. En todo ha fallado Jaime Rodríguez, El Bronco, aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia de la República, quien ahora se da algunos golpes de pecho. Pidió perdón a los neoleoneses por haber chapulineado y además, le pidió a Dios fuerza y luz para continuar. El Bronco mencionó que el camino que va a emprender no es fácil y que, aunque pudo quedarse “en la comodidad del gobierno”, no lo hizo. “No es fácil y tomé esa decisión: dejar la comodidad para ir a la adversidad, voy como un ciudadano simple”, señaló. “Yo por 30 años fui un PRInosaurio, pero me arrepentí”, confesó. El incumplido, hoy, sólo causa pena.
V. Alto riesgo. Pedro Kumamoto, diputado independiente por Jalisco y ahora aspirante independiente al Senado de la República, ha hecho las cosas tan bien, que algunos vivales se cuelgan de sus logros. Advirtió que hay personas que están aprovechando su nombre para sacar firmas a favor de otros aspirantes. “La gente piensa que la firma es para mí y en realidad es para otra candidatura”, reveló. Pero lo más grave es la violencia. Kumamoto habló de la seguridad de los aspirantes a cargos públicos. Recordemos que Saúl Galindo, su compañero en el Congreso estatal, fue asesinado recientemente; y él mismo, recolectando firmas, ha sido asaltado dos veces. ¿Y Aristóteles Sandoval, el gobernador?, ¿dormido como siempre?
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Promesas/Eduardo Caccia
Reforma 07 Ene. 2018
Terminado ese lapso metafísico del Guadalupe-Reyes -más que dos fechas rituales, un estado de ánimo- es inevitable encarar la realidad del 2018, año en el que uno de los productos más cotizados será el voto ciudadano. Postores de diversos colores se aprestan a explotar uno de los verbos favoritos del periodo electoral, pero también de la idiosincrasia mexicana: prometer. Tenemos un país en el que a los políticos les gusta prometer y a (la gran mayoría de) la gente le gusta escuchar promesas. ¿Qué sería de la esperanza sin promesas?
¿Existe en la mayoría de la población la capacidad crítica y analítica para decidir el voto? No lo creo, por ello, es más importante lo que un candidato promete que el cómo lo cumple. Históricamente al gobernante le ha convenido una sociedad pobre en educación y millonaria en deseos (condicionada a recibir). El can- didato es dos preguntas implícitas: "¿qué nos trajo?" y "¿qué nos va a dar?". De aquí que las despensas compren votos.
Todo indica que escucharemos el mismo diagnóstico y las mismas promesas de siempre, con algunas ocurrencias como la amnistía al crimen organizado y programas altamente subsidiarios y populistas que no hacen sino crear más de aquello que pretenden combatir (repartir dinero a los jóvenes ninis no hará sino motivar que haya más ninis, alimenta la noción de "yo ciudadano merezco recibir" sin hacer nada, y "el gobierno tiene la obligación de darme", y me dará si es bueno). ¿Habrá alguien que tenga la audacia de proponer medidas no tradicionales a nuestros tradicionales males? Algunas propuestas "fuera de la caja" serían reformadoras.
Legalización de las drogas. A mayor prohibición, mayor deseo, mayor valor, mayor demanda, mayor persecución, mayor criminalización. Una propuesta que implique la legalización gradual, bien pensada, con medidas colaterales para atacar el problema bajo una perspectiva de salud y no sólo de delincuencia, sería un duro golpe al negocio del narco. La historia está llena de evidencia: la prohibición aumenta el deseo y el consumo. Desde el alcohol a principios del siglo pasado en EU, hasta la película El crimen del Padre Amaro en México (cuya efectiva e involuntaria campaña de publicidad corrió a cargo de la Iglesia Católica), hasta el fresquísimo libro Fire and Fury cuya difusión en papel y digital ha sido impresionante en tan sólo unas horas (luego de que la Casa Blanca hizo la gran promoción: intentar detenerlo).
Reforma fiscal y económica promotora de crecimiento e inversión. Contrario a lo sucedido en este sexenio, necesitamos una política que aliente (premie, no castigue) el desarrollo de empresarios, la creación de empresas y fuentes de trabajo, acompañada de un IVA generalizado y una baja en el ISR. Además, el gobierno requiere cambiar su visión y la forma en la que trata de generar desarrollo social. Recomiendo considerar lo expuesto por Simón Levy en su libro Crecer sin deuda; plantea pasar de un Estado despilfarrador a uno generador y orquestador de riqueza pública.
Prueba psicológica. Es tan grande la responsabilidad de dirigir un gobierno, más en el caso de gobernadores y presidente de la República, que sería muy conveniente tener un análisis de su personalidad a través de un examen hecho por profesionales. Los resultados deberían ser públicos y la gente podría ponderar su voto también en función de los hallazgos. ¿Quién de los candidatos se apunta?
Eliminar la publicidad gubernamental. Más allá de los necesarios avisos con temas sociales, no necesitamos que los políticos gasten nuestro dinero anunciando que están cumpliendo su obligación (con nuestro dinero). El ahorro en este rubro debería usarse para mejorar la plataforma educativa e invertir en las dos siguientes:
Tecnología contra la corrupción. El apoyo de sistemas y aparatos que facilitan la vida a los involucrados, y no requieren la participación humana en miles de trámites burocráticos, combate la corrupción.
Profesionalización radical de policías municipales. Más que el espejismo del mando único, necesitamos elementos con otro nivel de preparación y equipamiento.
Hay más propuestas; ahí dejo seis que no son más de lo mismo y que requieren de audacia y visión metageneracional, materia prima de estadistas.
@eduardo_caccia
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Nuevo inicio/Luis Rubio
Reforma 07 Ene. 2018
Año nuevo, año de elecciones presidenciales: combinación de oportunidades, pero también de riesgos que ningún país saludable debería tener que vivir. Dos circunstancias entrelazan las oportunidades y los riesgos de una manera tan palpable: por un lado, aunque ha habido enormes avances en una multiplicidad de frentes, los problemas se siguen apilando y muchos, quizá la mayoría, son ignorados, como si no existieran. Por otro lado, el poder que concentra un presidente mexicano sigue siendo tan vasto que la persona misma es factor de confianza y estabilidad o, por el contrario, de riesgo e incertidumbre. Así comienza 2018.
Lo que ha avanzado no es pequeño. Para comenzar, en los últimos veinte años hemos logrado que los votos cuenten y se cuenten, hazaña no menor luego de setenta años de fraudes. Desde luego, el fraude no ha desaparecido y la capacidad de adaptación de los viejos operadores es impresionante: en el último par de años los ciudadanos pudimos ver el desarrollo de una estrategia que se podría denominar "Luis XV" por eso de "después de mí el diluvio": el PRI ganó elecciones difíciles a un costo exorbitante tanto en dinero como en credibilidad. El tiempo dirá si esa forma de jugar canicas (a diferencia de ajedrez, que requiere de una estrategia) trae beneficios o perjuicios, pero cuando la medida de las cosas es ganar y no avanzar, el resultado habla por sí mismo.
Por el lado económico, en las últimas décadas pasamos de una economía poco productiva, propensa a interminables crisis, malos salarios y pocos satisfactores, a una economía pujante que, si bien dista de haber resuelto los problemas del sur del país, ofrece un potencial de desarrollo que antes era impensable. El país hoy cuenta con oportunidades que eran inasibles antes, la ciudadanía se ha vuelto demandante y el gobierno no tiene más remedio que responder o perder. Algunas administraciones intentaron responder, otras, como la que está por concluir, optaron por perder, pero en ambos casos fueron decisiones conscientes.
Es fácil criticar todo lo que no se ha hecho y, sin duda, si uno ve hacia adelante, la complejidad de lo que viene parece infranqueable. Los problemas producto de la inmovilidad política y el desinterés de nuestros gobernantes (los a cargo y los aspirantes) son tan patentes que no es difícil explicar el pesimismo reinante, al que se adiciona la flagrante corrupción e impunidad -y nadie en el espectro político se salva.
Pero el otro lado de la moneda también es cierto: si uno ve hacia atrás, es impactante el cambio que ha experimentado el país en niveles de vida, competitividad industrial, longevidad, sistema de salud, balanza de pagos y un largo etcétera. Los edificios, negocios, becas y oportunidades que aparecen cada día hablan por sí solos. México no puede decir que entró a la civilización, pero claramente ha avanzado en esa dirección.
Lo que falta es mucho y también obvio: México sigue dependiendo de las decisiones de un grupo compacto al que le sobra soberbia y una absoluta impunidad. Esa arbitrariedad lleva a que se utilicen los recursos del Estado -como el fisco y las instituciones de seguridad- para espionaje político, amedrentar empresarios o intimidar a la ciudadanía. Mientras que Trump intenta cambios casi en todos los casos sin lograrlo, los presidentes mexicanos tienen facultades tan vastas y arbitrarias que no hay mexicano que pueda sentirse seguro. El riesgo inherente a la persona que llegue a ganar las elecciones en julio próximo es tan grande que todo México está a la expectativa, cualquiera que sea su preferencia partidista o de candidato. Ningún país serio puede vivir procesos similares cada seis años y pretender que es posible el desarrollo.
Hay dos tipos de desafíos: los que podrían denominarse "técnicos" y los que se refieren a la estructura del poder. Los técnicos son conocidos y, en general, no disputados: la ineficiencia de los monstruos paraestatales, la insuficiente y pésima calidad de la infraestructura, la inexistencia de un sistema educativo idóneo para la era del conocimiento y todo lo relacionado con malas regulaciones, excesos burocráticos, dispendio de los recursos fiscales y carencia de mecanismos para que los funcionarios y políticos rindan cuentas de los fondos que aporta la ciudadanía a través de sus impuesto.
Mientras que los desafíos técnicos se pueden definir, los relacionados con el poder son más complejos y explican tanto la parálisis como la razón por la cual ni los asuntos técnicos se atienden. La estructura del poder en el país está dedicada a preservar cotos de beneficios y privilegios y a impedir que prosperen iniciativas que eleven la productividad, faciliten el acceso de la población a las decisiones o, incluso, que mejoren cosas elementales como el sistema educativo. Gane quien gane, el problema es el mismo: el sistema de privilegios que todo lo controla y que, en consecuencia, propicia tanto la desazón como los movimientos antisistémicos.
"Sería de ciegos ocultar lo obvio", dice John Womack: "que el México contemporáneo exige una reorganización política profunda y responsable; reorganización que comporta una limpia de todos los extremos del nudo, y no de uno solo".
¡Feliz año nuevo!
@lrubiof
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El abandono/Juan E. Pardinas
Reforma , 07 Ene. 2018
El maratón Guadalupe-Reyes suele ser una época muy movida en la vida política del país. Mientras la mayoría de los mexicanos estamos discutiendo la receta del ponche, la superioridad cultural de los romeritos y el mejor lugar para comprar una rosca de reyes, en las instituciones de la República ocurren asuntos de bajo perfil, pero alta relevancia. En el tramo más fiestero de la temporada decembrina, los días que separan la Noche Buena de la Noche Vieja, la Secretaría de Gobernación decidió publicar un diagnóstico nacional sobre las policías preventivas en el país.
Como sostiene Edna Jaime, este estudio se debió publicar en las posadas del 2012, en los albores del sexenio, y no cuando le quedan 11 meses. Este estudio debió haber sido el primer paso en el debate de la Ley de Seguridad Interior, no una postdata navideña de la discusión. Imagina que vas a un médico con una enfermedad grave y el galeno procede a darte un tratamiento con nefastos efectos colaterales. Al final de la cita, en la puerta del consultorio, el galeno se despide: "Y el mes que entra por favor hágase estos estudios para saber qué tipo de enfermedad tiene". El orden de los factores sí altera el producto.
¿Por qué los militares y marinos tienen que realizar labores policiales para las cuales no han sido entrenados? El diagnóstico navideño de la Segob tiene una respuesta obvia: no tenemos suficientes policías estatales. Para lograr una proporción de 1.8 policías por cada mil habitantes, les hace falta a los gobiernos estatales contratar y entrenar a 115,000 nuevos oficiales de policía. Para dar una idea de esta tarea, una entidad como Baja California tendría que multiplicar por seis su número actual de efectivos. Puebla, Coahuila y Sinaloa tendrían que multiplicar por tres y fracción su número de policías para llegar a este parámetro. Sólo dos de las 32 entidades cumplen esta mínima proporción entre personas y policías. En 2006, la ONU publicó los resultados de las encuestas que realiza, en materia de seguridad y justicia, a sus países miembros. Este estudio de la ONU establece un promedio internacional de 2.8 policías por cada mil habitantes. A pesar de llevar dos sexenios en medio de una crisis nacional de seguridad, México está muy lejos de los estándares de la ONU sobre la dimensión de las fuerzas policiales. A un gobernador le sale más barato abusar de la vocación de servicio del Ejército y la Marina que contratar, entrenar y uniformar a nuevos reclutas para las policías locales.
¿Por qué un mandatario estatal se va a molestar en usar recursos públicos para construir una academia de policía? Con la capacidad instalada y los seis meses de duración del programa de formación inicial para policía preventivo, se requiere de 4.7 años para saldar el déficit actual de policías. Eso en el caso de que ningún oficial en activo renuncie a portar el uniforme. Sólo seis de las 39 academias de formación policial enseñan todos los módulos requeridos para la profesionalización de las fuerzas civiles de seguridad. En Tamaulipas, Nayarit y Colima no hay academias de policía donde los cadetes puedan pernoctar durante su periodo de entrenamiento.
No es posible tener policías profesionales y honestas con gobiernos corruptos e impunes. Andrés Manuel López Obrador ya dijo que resolverá el problema de inseguridad en México en tres años. Su optimismo y arrojo me recordaron la ingenuidad de Vicente Fox cuando prometió resolver el alzamiento zapatista en Chiapas en tan sólo 15 minutos. Si bien nos va y empezamos ahora, revertir el abandono de las policías estatales nos tomará una generación. ¿Cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir ese dinero? Enrique Peña Nieto decidió repetir la "estrategia" de seguridad de Felipe Calderón. ¿Con la nueva Ley de Seguridad Interior qué incentivo van a tener los gobernadores para profesionalizar sus policías?
@jepardinas
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Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
La PGR adelgazó los delitos imputados a Borge/JENARO VILLAMIL
En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo, no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y del de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvió más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
La madre de Borge, María Rosa Angulo Castilla, se quedó con dos terrenos de 116 mil 196 metros cuadrados en la isla de Cozumel, por los cuales pagó una suma inferior a su valor real.
Otros beneficiarios, según la PGR, fueron el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo, la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, así como una red de empresas como Caveri Servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics.
La fiscalía estatal le imputa diversos ilícitos a Borges por 3 mil 104 millones de pesos, pero desde julio pasado el exgobernador obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra delitos del fuero estatal.
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, admitió el jueves 4 que sería difícil trasladar a Borge a la entidad, pero que las autoridades locales estarían “pendientes” de las carpetas de investigación en su contra para buscar que pague el daño al erario estatal por más de 3 mil millones de pesos.
Sin embargo, en un caso muy similar al del exgobernador priista de Chihuahua César Duarte, la PGR no le está imputando ningún delito electoral a Borge, a pesar de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) dejó desde agosto de 2017 muy avanzada la investigación contra Borge, así como contra Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante su administración, y contra el exdirigente del PRI estatal Raymundo King, por presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016, fondos que presuntamente fueron destinados a la campaña del candidato priista Mauricio Góngora Escalante.
Delincuencia electoral
Desde junio de 2016 la FEPADE inició una carpeta de investigación a raíz de la denuncia presentada por el expresidente del PRD, Agustín Basave Benítez, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar a Góngora Escalante.
En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRD se recibieron nueve copias simples de igual número de recibos por un total de 201 millones de pesos. Eliezer Villanueva Lanz, quien fungía como subsecretario de Sefiplan en ese periodo, fue el emitente; Góngora Escalante, el receptor.
La secuencia de las firmas de recibido fue la siguiente: 7 de marzo de 2016, la dependencia expidió un recibo por 50 millones de pesos; 11 días después Góngora Escalante firmó otro por 35 millones; el 31 de marzo, uno más por 20 millones; el 8 de abril, por 20 millones de pesos; el 14 de abril, otro por 30 millones.
El sexto se emitió el 18 de abril y fue por 8 millones; el día 22 de ese mismo mes, otro por 5 millones; el 28 de abril uno más por 22 millones, el 6 de mayo se registró el último, por 11 millones de pesos.
El PRD no sólo entregó copias a la FEPADE de estos recibos, sino también originales a la delegación de la PGR en Quintana Roo, desde el 25 de mayo de 2017, según consta en el expediente. La entrega de los “nueve recibos en formato original” se hizo a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la entidad.
El mismo día, la FEPADE solicitó a la dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) que informara si durante las elecciones estatales de Quintana Roo se presentaron quejas contra Góngora o si inició algún procedimiento contra el candidato priista por la omisión de rendir cuentas o entregar informes.
El INE respondió que existían tres querellas contra el excandidato priista y excolaborador de Borge, pero “todas se encuentran concluidas” y “no se inició ningún procedimiento en contra de Mauricio Góngora Escalante”.
En otras palabras, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pasó por alto el ingreso de más de 200 millones de pesos a la campaña del aspirante priista, lo que implicaría el rebase del tope de gastos.
El 31 de agosto de 2017, el perito en grafoscopía Óscar Godoy González analizó las firmas de Góngora Escalante en los recibos en poder de la FEPADE y concluyó que “por su origen gráfico sí corresponden por su ejecución” al excandidato priista a la gubernatura.
Hasta el 17 de octubre pasado, ni la FEPADE ni la PGR habían acusado a Borge por su presunta complicidad en este caso de peculado electoral.
Juan Melquiades Vergara, titular de la Sefiplan durante la gestión de Carlos Joaquín González, admitió ante la FEPADE que “encontró irregularidades relacionadas con la materia de su investigación, las cuales se hacen de su conocimiento para los efectos legales conducentes”.
Desde junio del año pasado Diana Talavera Flores, directora de Vinculación con Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la fiscalía quintanarroense, afirmó que es factible que los más de 200 millones de pesos desviados a la campaña del priista Góngora se hayan utilizado para la realización de obra pública y no para el PRI.
Complicidad de Hacienda
Una similitud en los casos de los exmandatarios de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, con el de Roberto Borge es la complicidad de la Secretaría de Hacienda en el manejo desordenado de los recursos públicos y en el crecimiento exponencial de la deuda pública.
Los tres utilizaron mecanismos similares para el manejo irregular de recursos estatales como el caso del Impuesto sobre Nómina (en los casos de Chihuahua y Veracruz bajo el gobierno de los Duarte) o el Impuesto al Hospedaje (en Quintana Roo) que fue desviado por el propio Borge que, según cálculos, asciende a mil 464 millones de pesos.
Las deudas estatales en las entidades mencionadas crecieron de manera exponencial, y en los tres casos la Secretaría de Hacienda les permitió bursatilizar como un mecanismo para esconder la deuda pública.
En Chihuahua, de última hora, el Congreso estatal aprobó a Duarte bursatilizar 6 mil millones de un total de 15 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, pero nadie sabe cómo se gastaron los 9 mil millones restantes.
La bursatilización de las deudas estatales fue un mecanismo que años antes aplicó el entonces consultor de la empresa Protego-Evercore, Luis Videgaray Caso, cuando fue contratado en 2002 por el gobierno del mexiquense Arturo Montiel para disminuir el abultado débito estatal.
Durante la gestión de Borge, la deuda de Quintana Roo creció 115%, pues se elevó de 10 mil 265 millones a 22 mil 542 millones de pesos, considerándose la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos por habitante de la entidad).
Durante la gestión de César Duarte en Chihuahua, la deuda se disparó 210%, al pasar de 12 mil 547 millones a 48 mil 213 millones de pesos, siendo la tercera per cápita más grande (12 mil pesos), con todo y el “truco” para prorrogar los 6 mil millones del Fideicomiso Carretero.
En el sexenio de Javier Duarte en Veracruz, el crecimiento de la deuda estatal fue de 113%, pues creció de 21 mil 500 millones a 45 mil 879 millones de pesos y hoy es la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, el débito veracruzano es de 5 mil 665 pesos.
Las similitudes entre Chihuahua y Quintana Roo en el manejo fraudulento de los impuestos estatales es sorprendente. Durante el gobierno de César Duarte, los empresarios pagaron 3.3% del Impuesto sobre Nómina, con la condición de que 0.3% se destinara a un fideicomiso. La Fundación Empresariado Chihuahuense denunció que nunca se aclaró el destino de estos recursos que ascenderían a 120 millones de pesos.
En el caso de Quintana Roo, Borge le quitó el control al fideicomiso que administraba el Impuesto al Hospedaje (IH) y lo pasó al gobierno del estado. Es el monto equivalente a 3% de cada noche de hotel vendida en la entidad. Se calcula que entre mil 465 millones de pesos y mil 950 millones de pesos de este impuesto fueron desviados por el exmandatario priista.
Sólo en 2015, una investigación realizada por José Antonio López Sosa, experto en temas turísticos, reveló que la recaudación total del IH en los tres principales municipios quintanarroenses con esta actividad ascendió a 935 millones de pesos, pero el gobierno de Borge sólo entregó 353 millones de pesos al fideicomiso y 72 millones a la Secretaría de Turismo. Se ignora qué pasó con los 510 millones de pesos restantes.
El empresario hotelero José Chapur Zahoul, dueño de la cadena Palace, y Abelardo Vara, integrante de las asociaciones hoteleras quintanarroenses, declararon a la revista Forbes lo que Borge no aclaró del IH y que asciende a mil 950 millones de pesos.
Sin embargo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la PGR, no presentó ningún cargo por estos delitos contra Robert N, el sobrenombre del delgado exmandatario quintanarroense.
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El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero/MATHIEU TOURLIERE
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Aunque México ingresó al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero desde el año 2000, no ha hecho avances significativos. Y aunque la ola de violencia derivada de las actividades del crimen organizado ha provocado pérdidas incalculables, las acciones del gobierno federal al respecto son irrisorias e ineficaces, como demuestran las cifras contenidas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFI, que se dio a conocer el miércoles 3.
El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros.
Tras 11 años de “guerra contra el narcotráfico” –en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas–, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña– y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función “fundamental” en el lavado de dinero.
“A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)”, señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen “serias deficiencias” en la identificación de los llamados “beneficiarios finales”, es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y prestanombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple –que gestionan actualmente 8 billones 858 mil millones de pesos en activos– tienen controles laxos para indagar a los beneficiarios finales e identificar a sus clientes de riesgo, entre ellos los políticos y otros “personajes políticamente expuestos” (PPE).
Según el GAFI, los bancos identifican a los beneficiarios finales “sólo en circunstancias limitadas” –muchas veces confían en las propias declaraciones de sus clientes– y en 99% de los casos clasifican a sus clientes PPE como de riesgo “mediano” o “bajo”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto informó al GAFI que apenas está elaborando una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero, la cual “establecerá prioridades más claras” y “está por finalizarse”.
Migajas del PIB
El gobierno federal estima que cada año los ingresos del tráfico de mariguana y cocaína, del fraude fiscal y de “otros delitos” suman por lo menos 56.5 mil millones de dólares (equivalentes a 6.6% del PIB nacional de 2014), los cuales requieren del lavado para ingresar en la economía formal, de acuerdo con un informe confidencial que la administración entregó al GAFI y que consultó la agencia Reuters.
En un reportaje publicado en noviembre pasado, la agencia señaló que esta suma no incluye “los ingresos del tráfico de heroína y metanfetamina” ni el dinero generado por “los crímenes de cuello blanco como el desvío de dinero público y el uso de información privilegiada, el tráfico de personas y de armas, el robo de hidrocarburos y la explotación sexual”.
Tras analizar el informe confidencial del gobierno –que sirvió de base para su propio estudio sobre México–, el GAFI consideró que algunas de sus conclusiones “no aparecen razonables o completas en algunos aspectos”. Lamentó, por ejemplo, que el gobierno no identifique la corrupción como una “amenaza principal” en materia de lavado de dinero.
Sin embargo, al igual que las estructuras de blanqueo de capitales utilizadas por el narcotráfico, los esquemas de desvío de dinero público más sonados de los últimos años involucraron redes de empresas fantasma y prestanombres.
Fue el caso en las administraciones de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, pero también en el presunto desvío de cientos de millones de pesos de la SHCP –entonces dirigida por Videgaray– operado a través del gobierno chihuahuense de César Duarte Jáquez para financiar las campañas del PRI en las elecciones de 2016.
El GAFI se alarmó de que, en materia de corrupción, la PGR es todavía más estéril que con el lavado de dinero: de las 13 mil averiguaciones previas que inició entre 2013 y 2016, la dependencia consiguió apenas 51 condenas, equivalentes a una eficiencia de 0.4% o, dicho de otro modo, de una tasa de impunidad de 99.6%.
Por si fuera poco, la ley no incluye como PPE a los militares retirados, algunos de los executivos de las empresas paraestatales o funcionarios municipales, y tampoco obliga los bancos a determinar si los beneficiarios finales de las cuentas de sus clientes pertenecen a esta categoría.
Según los expertos del GAFI, la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, que representó una pérdida de 484 mil millones de pesos para el Estado en 2012. Peor aún: año tras año, desde 2013, se redujo el número de investigaciones que la PGR inició por el delito de evasión fiscal: de 2 mil 418 en 2013, a sólo 455 en 2016.
Eficiente en el papel
El Estado mexicano reconoció en 2000 la “vulnerabilidad” de su economía frente al lavado de dinero y se adhirió al GAFI, creado 11 años antes. En los últimos 17 años, los sucesivos gobiernos pasaron leyes y diseñaron mecanismos institucionales para combatir el delito acorde a las reglas del organismo.
El esquema actual recae en gran parte en la colaboración de los bancos y las empresas con actividades susceptibles de lavar dinero con las autoridades. Son los responsables de detectar las “operaciones de riesgo”, de identificar a sus clientes y de enviar reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP cuando lo estimen necesario.
La UIF centraliza y analiza los informes y, de confirmar las sospechas, pasa los casos a la PGR. A su vez, ésta investiga, integra el expediente y lo presenta ante un juez.
Las comisiones nacionales Bancaria y de Valores (CNBV), de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, junto con el SAT y el Banco de México, verifican que los bancos y empresas realicen las acciones de vigilancia e inspección, y castigan a las infractoras.
Tal es el marco normativo del combate al lavado de dinero que, según el GAFI, “mejoró significativamente” en México desde 2008.
Sin embargo, este año la ASF evaluó la eficiencia de la Procuraduría y de Hacienda en la detección y persecución de los delitos financieros. Su diagnóstico, junto con el informe del GAFI, exhibe el abismo que separa las leyes de la realidad.
Desastre en la práctica
La PGR tiene un alto grado de ineficiencia en la investigación y la persecución del lavado: en 2016, según la ASF, solo 39 de las 2 mil 26 averiguaciones previas abiertas acabaron ante la justicia, y sólo tres generaron sentencias condenatorias, lo que representa un nivel de ineficiencia de 98%.
La calidad de las investigaciones se deterioró en los últimos años: en 2013 se dictaron sentencias en 22% de las averiguaciones, contra 3% en 2016. “De mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la impunidad de los delitos financieros”, advirtió el órgano fiscalizador.
Para explicar estos hallazgos, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros se escudó detrás de la falta de personal para “atender la operación” del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, según la ASF.
La auditoría plantea que la PGR contaba en 2016 con 118 agentes adscritos a las unidades de combate a los delitos financieros. Hasta hace poco tiempo la dependencia no tenía el lavado de dinero entre sus prioridades, por lo que estas unidades todavía no tienen protocolos que les indiquen cuándo abrir una investigación, observó el GAFI.
Si bien la PGR tiene acceso a la enorme cantidad de información financiera, fiscal, bancaria y corporativa generada por la UIF –su base de datos tiene alrededor de 650 millones de registros–, entre 2013 y 2016 la consultó solamente mil 439 veces.
Además, la PGR realizó confiscaciones de bienes y de efectivo en apenas tres de los 35 casos “exitosos” de lavado de dinero que siguió desde 2013. Según el GAFI, la Procuraduría se incautó de 50 millones de dólares derivados del lavado de dinero en 2016, apenas 0.1% del monto que resulta de las operaciones ilícitas anuales.
El organismo internacional también notó que la PGR concentra sus esfuerzos en las operaciones de lavado de dinero en México, y a menudo se ocupa de los esquemas trasnacionales. Así, se tarda entre cinco meses y un año en atender las solicitudes de cooperación de otros países en materia de lavado de dinero.
Entre 2010 y 2016 la dependencia sólo presentó 210 solicitudes de asistencia de otros países en materia de lavado de dinero. Dirigió la mayoría a Estados Unidos (92) y en menor medida a Colombia (33), España, Guatemala y Panamá, y en estos siete años envió una sola solicitud a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes, las Islas Caimán y Singapur.
Según el GAFI, en este lapso la PGR no extendió ninguna petición a otros paraísos fiscales como Bermudas y las Bahamas, pese a las evidencias de que ricos mexicanos incorporaron estructuras offshore en estas jurisdicciones, como lo exhibieron las investigaciones periodísticas globales Panama Papers, BahamasLeaks y Paradise Papers, en las que participó Proceso y que detonaron investigaciones en la UIF.
Pese a los millones de reportes que las instituciones financieras envían cada año a la UIF, ésta interpuso solamente 317 denuncias por presuntos hechos de lavado de dinero entre 2013 y 2016, que el GAFI considera un número “insuficiente”.
El gobierno mexicano reconoce que, a excepción de los bancos, una fracción ínfima de las empresas y de los profesionistas susceptibles de lavar dinero envía sus reportes a la UIF: según los datos oficiales, entre 2014 y 2016 la unidad recibió 477 alertas del sector inmobiliario, tres de casinos y 89 de notarios, pero ninguna de joyerías ni de abogados y contadores.
El GAFI notó que los casinos, donde circulan importantes flujos de dinero en efectivo, siguen operando en México bajo una ley “obsoleta” que data de 1947: la Secretaría de Gobernación les otorga una licencia, pero puede investigar los historiales de los accionistas y directores. Es más: la ley de 1947 ni siquiera se aplica a los casinos que operan en los cruceros.
Multas irrisorias
La CNBV cuenta con un equipo de 99 personas de tiempo completo para inspeccionar y vigilar las conductas de alrededor de 3 mil 300 instituciones financieras, una cifra que el GAFI califica de “baja”.
El organismo estima que, pese al monitoreo de la CNBV, las instituciones financieras “no demuestran una atención suficiente ante los riesgos asociados con la malversación de empresas”, y subraya que las sanciones aplicadas contra ellas resultan “extremadamente bajas”: menos de 9 mil dólares en promedio.
Desde 2014, de las 12 mil 200 sanciones que impuso la CNBV a empresas del sistema financiero, sólo 31 estuvieron relacionadas con el lavado de dinero, según una revisión de la base de datos oficial efectuada por Proceso.
En estos cuatro años, Intercam Casa de Bolsa resultó la empresa más castigada por la CNBV, que detectó varias deficiencias y omisiones en sus acciones de prevención del lavado de dinero: recibió seis multas por un total de 41 millones 680 mil pesos. El banco se amparó y hasta la fecha no ha pagado ni un peso.
Aunque se aplicaran, estas sanciones no representarían una gran pérdida para Intercam, que en noviembre pasado manejaba 24 mil 593 millones de pesos de activos totales, 60% más que en el mismo mes de 2016, según las estadísticas de la CNBV.
Ese grupo financiero fue fundado en enero de 1996 por Luis Esteve de Murga –cuñado del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont– y Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, un exbanquero de Citibank; ambos siguen en su consejo de administración.
En abril de 2008, la embajada de Estados Unidos en México publicó el testimonio del narcotraficante colombiano Mauricio Bernal Palacios, quien señaló que durante 2004 los grupos criminales lavaron cerca de 100 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Intercam y en Monex, uno de los bancos involucrados en el escándalo de las tarjetas de prepago utilizadas por el PRI durante la campaña electoral de 2012.
En términos de sanciones, México queda muy por debajo de Estados Unidos. En julio de 2012, por ejemplo, la CNBV presumió la “mayor sanción” de su historia, que impuso al grupo financiero HSBC por 369 millones de pesos (equivalentes a 31 millones de dólares al cambio de ese mes) por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Cinco meses después, la SEC, el equivalente estadunidense de la CNBV, impuso una multa cercana a 2 mil millones de dólares al mismo banco –64 veces superior a la sanción mexicana–, tras determinar que los cárteles de Sinaloa y el del Norte del Valle lavaron por los menos 881 millones de dólares a través de HSBC.
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La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje/VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
IRAPUATO, GTO.- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.
Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.
“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”
Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.
Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.
En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.
“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.
Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:
“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”
Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.
Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.
“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.
Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.
Cerrazón federal
Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.
Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.
Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.
En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.
Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:
“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.
“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”
Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.
De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.
Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.
Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.
En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.
Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.
Impotencia de la PGR
En el ámbito local, Bazbaz también le cerró la puerta a los estados que comenzaron a formar sus unidades de inteligencia patrimonial. “Esperaban conectarse al ciclo de la inteligencia para la diseminación de la información” y no pudieron hacerlo, dice Alcántara.
E indica que en 2015, como consultor, conoció una docena de proyectos para crear dichas unidades en los estados, algunos sólo en calidad de decreto gubernativo. Se avanzó en algunos, como los de Puebla, Sonora y Zacatecas, pero cuando la UIF quedó fuera de las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad (según el entrevistado “ya no fueron invitados por Osorio Chong”), la embajada estadunidense se acercó para ofrecer financiamiento, sobre todo en software.
“Nos invitaron a algunas de sus sesiones con estas unidades estatales. Todos decían: vamos con Bazbaz y no nos recibe, no nos permite formalizar acuerdos de colaboración, coordinación y apoyo mutuo para elaborar y aterrizar estrategias de prevención y combate al lavado de dinero. Ahí constatamos que había estados que estaban inquietos, pero nunca encontraron la aceptación, la coordinación con la Unidad a cargo de Bazbaz. La cooperación sólo se da en casos excepcionales.”
Por ello, el exsecretario ejecutivo del SNSP no tiene reparos en señalar a Bazbaz, Videgaray y Meade como los principales responsables de las grandes deficiencias en el combate y la prevención del lavado de dinero, que contribuye al crecimiento de la violencia y de la delincuencia en el país.
Como ejemplo menciona el robo de hidrocarburos: “Tenemos corresponsables, que son Pemex y la UIF de la SHCP, que perfectamente pueden saber dónde está ese flujo de efectivo y no lo están denunciando a la tercera institución corresponsable, que es la PGR”.
Por eso recalca que la escalada de violencia que han generado las bandas de huachicoleros en varias entidades hace necesario que no se minimice el descuido con que el gobierno de Peña Nieto ha tratado el lavado de dinero.
Sobre el financiamiento al terrorismo, que se evalúa en el informe del GAFI, el entrevistado opina que parece muy lejano de México, “pero con la globalización nadie está exento”.
Y sobre la corrupción, comenta el caso de Javier Duarte en Veracruz: “La Auditoría Superior de la Federación le imputa a Duarte desvíos por más de 30 mil millones de pesos. Pero ahorita la PGR, vía judicial, le está solicitando decomisar 600 millones. Esto da dos perspectivas: por un lado, que como Duarte hay una veintena de gobernadores que desviaron cerca de 250 mil millones de pesos, evidencia del grado de corrupción de los estados, del grado de impunidad que hubo porque nadie los estaba investigando. Por otro lado, ejemplifica la deficiente actuación de la PGR”.
Esto, puntualiza, a pesar de que el actual encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, trabajó en la UIF, donde fue el brazo derecho de Bazbaz hasta que Raúl Cervantes se lo llevó como subprocurador jurídico a la PGR (cargo que ocupó Alcántara Soria en el gobierno de Calderón).
No obstante que Elías conoce perfectamente la operación de ambas dependencias, resalta Alcántara, no se ha dotado a la PGR de la técnica ni de los recursos humanos y financieros que, según el informe del GAFI, le faltan para la persecución e investigación de delitos directamente relacionados con lavado de dinero.
Por eso, en opinión del exprocurador de Guanajuato, “Elías es otro tecnócrata como Meade o Videgaray, que no tiene el carácter o el temple para asumir decisiones que pongan en riesgo su trayectoria, decisiones críticas. Hoy Elías está en un proceso de administración de crisis. La PGR está descabezada”.
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México pretende compra inédita de misiles y torpedos de EU/J. JESÚS ESQUIVEL
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El gobierno del presidente Donald Trump aprobó la venta de 23 misiles y seis torpedos al de Enrique Peña Nieto y solicitó al Congreso estadunidense que avale la
transacción para que el paquete bélico, con un costo cercano a los 100 millones de dólares, sea enviado a nuestro país de manera inmediata. De acuerdo con el documento estadunidense, al que este semanario tuvo acceso, es la primera vez que México busca adquirir este tipo de armamento. Ambos gobiernos fueron buscados por Proceso, pero no se logró obtener comentarios al respecto.
WASHINGTON.– En un hecho insólito en la historia militar mexicana, Donald Trump aprobó la venta de un paquete bélico solicitado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluye misiles tácticos, lanzamisiles y torpedos, entre otro equipo, por un valor de casi 100 millones de dólares.
“México no había comprado nunca estos sistemas. México no tendrá dificultad en absorber en sus fuerzas armadas este equipo, la propuesta de venta de este equipo no altera el balance militar básico en la región”, destaca el documento oficial del gobierno de Trump en el que notifica a su Congreso la aprobación de la venta del equipo militar.
El viernes 5, el Departamento de Estado envió al Capitolio la petición de la certificación de la compra del paquete militar solicitado por el gobierno mexicano.
“El Departamento de Estado tomó la determinación de aprobar la posible venta foránea de equipo militar a México de lanza misiles terrestres de la clase RGM-84L Harpoon Block II, de Misiles Tácticos de la clase Block II Airframe, y de Torpedos Peso Ligero de la clase MK 54 Mod 0; por un costo estimado de 98.4 millones de dólares”, destaca el documento número 17-36, que transmitió el gobierno de Trump al Congreso estadunidense, como requisito para efectuar la transacción a México.
De acuerdo con la historia y antecedentes de la relación bilateral, y entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Pentágono, es la primera ocasión en que el gobierno de México pide al de Estados Unidos la venta de misiles. Lo cual queda corroborado en el mismo despacho del Departamento de Estado.
El armamento
El documento oficial del gobierno de Trump –del que Proceso tiene copia– deja claro que fue el viernes 5 cuando la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Departamento de Estado (DSCA) solicitó al Capitolio que certificará la venta del equipo militar requerido por la presidencia de Peña Nieto, bajo la premisa de que ya fue avalado por la Casa Blanca.
“El gobierno de México solicitó la compra de seis (6) Lanza Misiles Terrestres tipo RGM-84L Harpoon Block II, veintitrés (23) Misiles Tácticos tipo Block II Rolling Airframe, y seis (6) Torpedos de Peso Ligero tipo MK 54 Mod 0”, se lee en el texto.
El mismo viernes 5 por la tarde, este semanario buscó infructuosamente a funcionarios del gobierno de Trump para obtener una respuesta a la pregunta de por qué se autorizó la venta de los 23 misiles a México, cuando la única guerra que mantiene el gobierno de Peña Nieto –de la cual se tiene conocimiento público– es contra los cárteles de la droga, entre otras organizaciones del crimen organizado.
El pedido de Peña Nieto al Departamento de Defensa también incluye: “Ocho (8) paquetes de envió y contenedores para almacenamiento de misiles guiados de la clase MK 825 Mod 0, y de la clase Block 2 MK 44 Mod 4. Dos (2) tubos triples para lanzar torpedos tipo MK 32 Surface Vessel, doscientas cincuenta (250) cargas de explosivos de alto calibre y de municiones semiautomáticas clase: AA98 25 milímetros. Setecientas cincuenta (750) cargas de municiones para práctica y rastreo tipo A976 25 milímetros; cuatrocientos ochenta (480) cargas de explosivos de alto poder y de municiones con detonador programable tipo, BA22 57 milímetros. Novecientas sesenta (960) cargas de municiones para práctica de la clase BA23 57 milímetros; contenedores, refacciones y partes para reparación, equipo de apoyo y entrenamiento, publicaciones y documentación técnica, personal y equipo de entrenamiento, contratistas y representantes del gobierno de Estados Unidos para asistencia técnica, servicios de apoyo en ingeniería y logística; instalación de los servicios, herramientas y equipo electrónico asociados al sistema de control para el lanzamiento de torpedos, y otros elementos de logística relacionados al programa de apoyo”.
El procedimiento
La venta del equipo militar a un gobierno extranjero por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos está ajustada a los lineamientos constitucionales. De ahí que se requiera, primero, la aprobación del Departamento de Estado, lo cual ya ocurrió; la del Pentágono, que ya emitió su aval, y, finalmente, la del Congreso federal que tiene la última palabra sobre certificarla o rechazarla.
El intento de Proceso de buscar al Departamento de Estado se sustenta en conocer los argumentos que le presentó el gobierno mexicano para justificar la compra de los misiles y la respuesta del gobierno de Trump al aprobar la transacción.
El mismo viernes también se buscó una reacción del gobierno mexicano. En cuatro ocasiones este semanario llamó a la oficina de prensa de Los Pinos para hablar sobre la compra de los misiles. Sin embargo, tal vez por las vacaciones decembrinas y de fin de año, no contestaron y no se logró obtener algún comentario.
En términos generales, el documento de la DSCA argumenta que la venta del equipo militar a México se aprueba porque “respalda la política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, al ayudar a mejorar la seguridad de un socio estratégico”.
El jueves 4, el presidente Trump dijo: “México tiene un tremendo problema con el crimen y nosotros queremos mantener fuera de nuestro país a ese mal. Necesitamos garantizar que nuestros oficiales de inmigración finalmente cuenten con los recursos, las herramientas y la autoridad que de manera desesperada necesitan para proteger la vida de los estadunidenses”.
Ese día, al hablar en la Oficina Oval de la Casa Blanca sobre la problemática de México, Trump nunca hizo alguna referencia sobre un respaldo al gobierno de Peña Nieto con equipo militar sofisticado y mucho menos con la venta de 23 misiles.
“Necesitamos una barrera fronteriza física, vamos a tener el muro, recuérdenlo; vamos a tener el muro para mantener fuera a los letales traficantes de drogas, a los traficantes peligrosos y a los violentos cárteles de la droga”, matizó Trump en dicho mensaje ante senadores republicanos.
Pronta entrega
“México ha sido un aliado fuerte en el combate al crimen organizado y a las organizaciones de traficantes de drogas. La venta de este equipo de sistema militar para barcos bélicos, incrementará de manera significativa y fortalecerá sus capacidades marítimas”, resalta el gobierno estadunidense ante el Congreso.
El Departamento de Estado, a cargo del secretario Rex Tillerson, expone al Capitolio sobre la venta de los misiles: “México pretende usar estos artículos y servicios de defensa para modernizar sus fuerzas armadas y modernizar sus existentes refuerzos marítimos y navales, como parte de los requerimientos y de su empeño por combatir a las organizaciones criminales”.
El gobierno de Trump enfatiza que el equipo militar de balística táctica se utilizará en los buques de guerra tipo Sigma 105514 de la Armada de México.
“Los sistemas fortalecerán las capacidades y la efectividad de defensa en líneas marítimas críticas. La propuesta de venta de estos sistemas y de apoyo mejorará el potencial de alianza de la Semar con navíos regionales existentes”, subraya el gobierno estadunidense.
De ser aprobada por el Capitolio la petición que el Departamento de Estado considera mero trámite, la entrega del equipo militar al gobierno de Peña Nieto se llevaría a cabo de manera expedita.
Los misiles y demás armas que requiere México se encuentran disponibles en las reservas de armamento del Pentágono.
“La implementación de esta propuesta de venta requiere, como condición, visitas anuales a México durante dos años por parte de personal del gobierno de Estados Unidos y de contratistas; estos últimos para realizar revisiones de apoyo y de supervisión”, antepone el Departamento de Estado en su notificación y solicitud.
Como agregado en el documento, el gobierno de Trump explica al Poder Legislativo de su país que la venta del equipo balístico a México no tiene ningún efecto negativo en la capacidad de defensa ni en el arsenal de tipo táctico del Pentágono.
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Los católicos ultraconservadores ya tienen plataforma electoral/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
Las organizaciones aglutinadas en el Frente Nacional por la Familia ya tienen plataforma electoral y, según cuenta su presidente, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, incluso se la presentaron al Papa Francisco hace un mes en el Vaticano. Sin embargo, lo que preocupa a los laicos católicos ultraconservadores es la indefinición de los precandidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en torno a los dos temas que ellos consideran fundamentales: la defensa del matrimonio heterosexual y la oposición al aborto.
El Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina alrededor de mil organizaciones de laicos católicos del país, llamará a votar por el candidato presidencial que mejor defienda los dos temas que siempre ha enarbolado: el respeto a la vida desde el momento de la concepción y que el matrimonio sea sólo entre hombre y mujer.
Respaldada por el Vaticano y el episcopado mexicano, esta poderosa organización ya empieza a analizar la postura que sobre estos temas tienen los tres principales precandidatos a la Presidencia: José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya.
Además, el FNF negocia con distintos partidos políticos para lanzar, también en los comicios de 2018, a sus propios candidatos a cargos legislativos que rechacen el aborto y los matrimonios homosexuales.
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del FNF, comenta: “Por lo pronto, los tres principales precandidatos a la Presidencia ya empiezan a lanzar algunos gestos, algunos guiños sobre su postura ante los temas de la vida y la familia que a nosotros nos interesan. Sin embargo, todavía no se definen con claridad. De manera que estamos esperando esa definición para saber por quién vamos a votar”.
–José Antonio Meade, el candidato de la alianza entre el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza, ¿qué postura ha externado al respecto?
–Hasta el momento Meade sólo se ha autodefinido como un “hombre de fe y de familia”, lo cual nos parece un gesto positivo, pero no profundiza más. De manera que aún es muy pronto para decir que será nuestro candidato.
“Por otro lado, algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI me aseguran que no volverán a cometer el mismo error del presidente Enrique Peña Nieto, quien en mayo de 2016 presentó una iniciativa para legalizar las bodas gay. Me dicen que ya se dieron cuenta de que la mayoría de la población mexicana valora mucho el tema de la vida y la familia.”
Y respecto al precandidato de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, comenta el entrevistado: “En su doctrina política y en su desempeño, el PAN siempre ha defendido los mismos temas que nosotros. Pero aun así, Ricardo Anaya no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Esto nos desconcierta mucho. En una reciente entrevista con el diario El País, sólo mencionó de manera muy genérica que esos temas ya los vio la Suprema Corte, como diciendo que él no se meterá en eso.
“Y en un acto de precampaña, en Ciudad Nezahualcóyotl, Anaya estuvo acompañado por el perredista Juan Zepeda. Ambos cantaron juntos alegremente, aventándose un ‘palomazo’. Esto nos preocupa mucho, ya que cuando fue candidato a la gubernatura del Estado de México, Zepeda nos atacó muchísimo y tuvo una agenda muy agresiva de ideología de género. ¿Anaya apoyará esa ideología? No lo sabemos.”
Al integrarse a la coalición Por México al Frente, el PAN y el PRD, de ideologías totalmente opuestas, empezaron a negociar para llegar a una postura conjunta en torno al aborto y el matrimonio gay, temas que los dividían. Finalmente acordaron esquivar esos candentes asuntos y no hacer ningún pronunciamiento al respecto. Esto fue interpretado como una victoria de la derecha (Proceso 2140 y 2145).
Sin embargo, ahora Cortés Jiménez señala que esta indefinición de Por México al Frente, coalición que quedó finalmente sin identidad ideológica, no le sirve de nada a los votantes católicos.
Dice enfático: “Lo que queremos son definiciones claras. Necesitamos que Ricardo Anaya se defina. Ya basta de andarse por las ramas esquivando el tema y cantando junto con Zepeda”.
–¿Qué postura han visto de López Obrador, el precandidato de la coalición de Morena, PT y PES? –se le pregunta.
–López Obrador sigue con la misma ambigüedad de siempre. Esto ya es tradicional en él. Cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México no se metió con el aborto ni con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se ha rodeado de políticos muy contrarios a nosotros.
“Y lo sigue haciendo. Por ejemplo, acaba de anunciar que, de llegar a la Presidencia, pondrá a la exministra Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Ella tiene una agenda muy agresiva contra la vida y la familia, y así lo demostró durante su participación en el constituyente de la Ciudad de México. De manera que la actitud de López Obrador nos provoca mucha confusión.”
–Sin embargo, López Obrador acaba de aliarse con el Partido Encuentro Social, de ideología cristiana evangélica…
–Sí, ese es un buen gesto de López Obrador a favor de nuestra agenda, ya que el PES tiene principios muy similares a los nuestros; incluso en el frente participan organizaciones de iglesias evangélicas. Esperamos que esta alianza atenúe la agresividad de algunos miembros de Morena en contra nuestra. Aunque también existe la posibilidad de que Morena se trague al PES y lo anule políticamente. Ya veremos qué sucede.
“De manera que, reitero, hasta el momento no hay ninguna postura firme por parte de los principales precandidatos. En sus coaliciones todo está muy patas para arriba. No hay definiciones. En ese sentido, coincido plenamente con el cardenal Francisco Robles Ortega, el presidente del episcopado, quien señala que los votantes católicos la tienen muy difícil por tantas indefiniciones”.
En efecto, en su mensaje de apertura de la pasada asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), pronunciado el pasado 13 de noviembre, Robles Ortega afirmó: “La sociedad busca opciones ciudadanas, pero pareciera que éstas no logran madurar y consolidarse en su originalidad e independencia. Por otra parte, los partidos políticos desdibujan sus identidades, pierden sus liderazgos claves, se vinculan con opciones políticas contrapuestas, haciendo que el voto en conciencia de los católicos sea más arduo que nunca”.
Convocatoria
En abril próximo, ya en plenas campañas políticas, la CEM realizará una nueva asamblea plenaria, por lo que, como suelen hacerlo en tiempos electorales, los más de 100 obispos del país invitarán a su asamblea a los candidatos a la Presidencia, para que ahí definan su postura sobre el aborto y el matrimonio.
“En la asamblea de abril del episcopado, los candidatos tendrán finalmente que definirse ante los obispos. Ahí detallarán sus posturas. Y ya entonces nosotros, como frente que aglutina a las organizaciones de laicos católicos, sabremos por cuál candidato votar”, comenta Cortés Jiménez.
El FNF surgió en mayo de 2016, en protesta contra la iniciativa de Peña Nieto que intentaba legalizar las bodas gay. El gobierno de Peña tuvo que desistir de su iniciativa ante las multitudinarias movilizaciones de protesta apoyadas por la católica y otras iglesias, en las que se llamó a votar contra el PRI en las elecciones de ese año, que resultaron desastrosas para el tricolor.
“Sí, nosotros llamamos a votar contra el PRI en nuestras movilizaciones. Y creo que la derrota del PRI en 2016 se debió en gran parte a ello. Incluso así lo reconocieron algunos priistas, como Francisco Labastida Ochoa”, señala Cortés.
Ya consolidado políticamente, el FNF participó también en las elecciones del Estado de México en 2017, llamando a votar por el candidato priista Alfredo del Mazo Maza, ya que él se comprometió a rechazar el aborto y defender el matrimonio tradicional (Proceso 2115).
Y ahora en las elecciones de 2018, el FNF planea dar un paso más: lanzar candidatos propios surgidos de sus organizaciones de laicos católicos.
Adelanta Cortés Jiménez: “Actualmente estamos en diálogo con distintos partidos, así como con las distintas coaliciones, para que podamos tener candidatos surgidos de nuestras propias organizaciones y liderazgos”.
–¿Con qué partidos están negociando esas candidaturas?
–Por lo pronto tenemos diálogos con el PRI y con el PAN. Y también con gente del PES, antes de que este partido se aliara con Morena.
–¿Y también hay la posibilidad de que Morena saque candidatos surgidos del Frente Nacional por la Familia?
–Sí, estamos en pláticas, pues en ese partido hay personas que comparten nuestros temas y pueden apoyarnos, así como nosotros podemos apoyar a candidatos de Morena o de otros partidos que impulsen el tema de la vida y la familia.
“Pero ahorita todavía estamos en negociaciones y pláticas con esos partidos, pues además queremos que esas candidaturas cuenten con un verdadero respaldo social. De manera que aún no hay nada confirmado.”
Así, el FNF intenta conseguir candidaturas para líderes de las casi mil organizaciones de laicos que dice aglutinar, entre las que se encuentran la Unión Nacional de Padres de Familia, Movimiento Familiar Cristiano, Acción Católica, Escuela de Pastoral, Cursillos de Cristiandad, Renovación Carismática, Adoración Nocturna o el movimiento Regnum Christi, brazo laico de los Legionarios de Cristo.
Tener diputados y senadores de estas organizaciones católicas, aclara el líder del FNF, es con el fin de legislar a favor de la vida y la familia.
“No nos quedamos en lo meramente electoral. Vamos más allá. Tratamos de incidir en la elaboración de leyes, para cuando ya estén integrados los nuevos congresos legislativos”, abunda.
Por lo pronto, el FNF acaba de sacar el documento Plataforma del Frente Nacional por la Familia: Rumbo al 2018, en el que incluye sus propuestas en 15 “ejes temáticos”, centrados en torno a la institución familiar.
En su primer eje temático señala: “Proponemos que la institución jurídica del matrimonio sea respetada como la unión de un hombre y una mujer; evitando que ésta se utilice para incluir sociedades de convivencia entre personas del mismo sexo”.
Y sobre el aborto –incluido en el tercer eje temático– señala: “Proponemos proteger la vida desde la concepción, así que buscaremos que el derecho a la vida sea protegido en las 32 entidades de nuestro país”.
Igualmente sustenta que la educación sexual impartida en las escuelas se ajuste a estos esquemas y se deje de “ideologizar” a los alumnos. Indica también la “implementación de un Programa Nacional de Educación Familiar, con la participación de todas las instituciones de la sociedad civil expertas en el tema, que apoyen la reconstrucción de las familias y la eficacia de su gestión educativa, con recursos gubernamentales”.
Y agrega: “Proponemos incluir en la Ley General de Educación el reconocimiento del derecho que tienen los padres a educar a sus hijos”.
Sobre la libertad de conciencia y de religión señala: “Lamentablemente México en su legislación reconoce de una manera muy parcial la libertad de conciencia y de religión, por eso se propone eliminar el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
Y así, en la plataforma se siguen detallando las propuestas del Frente en temas como “familia y seguridad”, “familia y salud”, “familia y adicciones”, “familia y juventud”, “familia y migración”, “familia y economía”, “familia y empleo”, “mujer y familia” y “familia y combate a la corrupción e impunidad”.
Cortés Jiménez indica que este documento es la “carta de presentación” del FNF en los acercamientos que sostiene con los distintos actores políticos, pues resume su postura ideológica. Incluso le ha servido para informar a las autoridades del Vaticano lo que es su proyecto en México.
Relata: “Acabo de estar en el Vaticano, del 10 al 14 de diciembre, y esta plataforma cívica la pude dar a conocer allá, en un foro sobre temas sociales”.
–¿Qué autoridades vaticanas participaron en ese foro?
–Estuvo el secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Pietro Parolin; lo mismo su encargado para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, entre otras autoridades. El foro se realizó en las instalaciones de una orden religiosa. Y culminó con una audiencia que sostuvimos con el Papa Francisco.
Ya anteriormente, el 28 de agosto de 2016, el Papa Francisco animó personalmente a Cortés Jiménez a seguir en su lucha, durante un breve encuentro que tuvieron en el Palacio Apostólico del Vaticano (Proceso 2083).
Y en este momento, concluye el presidente del FNF, “nos corresponde estar al pendiente de las acciones que están realizando los precandidatos, y lo que pueden implicar a futuro. Por el momento, en esta especie de corte de caja, ningún de ellos se ha definido todavía en cuanto a la vida y la familia… seguiremos esperando a que se definan”.
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La licencia al "Bronco", un pacto negociado con el PRI y el PAN/LUCIANO CAMPOS GARZA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
MONTERREY, NL.- Los dos años que Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, estuvo al frente del gobierno, el Congreso estatal siempre le manifestó su hostilidad, sobre todo al vetar sus iniciativas.
Durante ese periodo el intercambio de diatribas entre él y los legisladores marcó la tónica. Pero esa animadversión desapareció en diciembre pasado, justo cuando el mandatario independiente presentó su solicitud de licencia.
Los diputados del PRI y el PAN, quienes durante meses acusaron al mandatario independiente de mentiroso y chapulín, le allanaron el camino para que colocara como interino a Manuel Florentino González Flores, su principal operador político, aun cuando la ley los faculta a ellos para designar al encargado del puesto.
Esa benevolencia de los dos partidos mayoritarios en el Congreso estatal es resultado de una presunta negociación realizada en la Ciudad de México entre las dirigencias nacionales de los dos partidos para permitir que Rodríguez Calderón dejara el solio y se sumara a los aspirantes a la Presidencia.
De acuerdo con una fuente cercana a las negociaciones –que pide omitir su nombre–, el propósito es que Rodríguez Calderón aparezca en las boletas electorales y le reste sufragios a Andrés Manuel López Obrador, virtual aspirante de Morena, a quien priistas y panistas pretenden acotar a toda costa.
Pero antes, añade la fuente, Rodríguez Calderón debe recabar las firmas necesarias que le solicita el Instituto Nacional Electoral para registrarse formalmente como candidato.
Consultado al respecto, el gobernador interino, González Flores, rechaza esa versión. Hasta el cierre de edición, priistas y panistas en la entidad no habían respondido a la solicitud de entrevista para aclarar esta versión.
Licencia pactada
Desde que asumió la gubernatura, Jaime Rodríguez aseguró que concluiría su mandato; incluso llamó inmorales a quienes dejaban su cargo para buscar otro de mayor relevancia. Pero su aspiración presidencial le ganó y terminó por pedir licencia, por lo que en Nuevo León quedó como un mentiroso.
Durante su gestión, los diputados locales del PRI y el PAN siempre lo enfrentaron. A principios de octubre pasado incluso tuvo que cambiar el formato de la entrega de su segundo informe, pues sólo entró al Congreso cuando sus detractores habían agotado los reproches a su administración.
A partir de entonces, los desencuentros se atenuaron. Y el 20 de diciembre, cuando Rodríguez Calderón acudió a la Oficialía de Partes del recinto parlamentario a presentar su solicitud de licencia por seis meses –del 1 de enero al 1 de julio–, las diferencias simplemente desaparecieron.
Ese día se reunió con los diputados y les pidió que le permitieran buscar la refundación de México. Tras escucharlo, sus interlocutores lo despidieron con abrazos y parabienes.
El 22 de diciembre, pese a que todos los diputados habían externado públicamente que era una afrenta para los nuevoleoneses que los hubiera engañado en las urnas, el Congreso aprobó su petición y sus integrantes avalaron que su secretario general de Gobierno lo sustituyera temporalmente a partir del lunes 1.
Para entonces, la negociación con las dirigencias nacionales del PRI y el PAN presuntamente ya estaba planchada, sostiene la fuente consultada.
Incluso reitera: las cúpulas de los dos partidos acordaron darle al mandatario todas las facilidades para que dejara el estado. Ellos le apuestan a que Rodríguez Calderón le reste votos a López Obrador, quien a nivel nacional sigue punteando las encuestas.
Según esa versión, el mandatario con licencia buscará posicionarse en las entidades del sur del país, incluido Tabasco, donde López Obrador tiene sus posiciones más sólidas.
Bajo el lema: “Desde Nuevo León por un nuevo México”, su estrategia incluye recorridos a caballo para posicionarse como el caudillo que encabezará el renacer del país, destaca el entrevistado, quien insiste en guardar el anonimato.
Así, mientras el tabasqueño intenta acercarse a los votantes de la parte alta de México, donde está su mayor debilidad, Rodríguez intentará llegar a la parte baja, donde no es tan conocido ni está “tan quemado” como en el norte.
Sin embargo, la creciente popularidad de Rodríguez Calderón preocupa a las dirigencias del PRI y el PAN. Al principio estimaban que podría conseguir alrededor de 5% de los votos en la jornada electoral del 1 de julio y restarle fuerza a López Obrador.
Pero ahora temen que, ante el descontento generalizado contra la administración de Enrique Peña Nieto, el gobernador con licencia intente recurrir a una campaña incendiaria –similar a la que le hizo ganar la gubernatura en Nuevo León hace un par de años– y restarle votos también al PRI.
El PRI y el PAN, según el informante, no descartan que Rodríguez Calderón termine negociando su candidatura si su movimiento no despega. Así como ya faltó a su palabra empeñada en Nuevo León, busque alianzas de facto, principalmente con López Obrador, un riesgo que los presuntos negociadores no calcularon.
Para que Rodríguez Calderón y los otros aspirantes sin partido obtengan su candidatura necesitan recabar por lo menos 866 mil 593 firmas de ciudadanos registrados en el padrón electoral del INE en por lo menos 17 estados a más tardar el 19 de febrero.
Hasta el jueves 4, Rodríguez llevaba 1 millón 373 mil 185 respaldos, muchos más de la cifra demandada en sólo cinco entidades, por lo que le falta el apoyo ciudadano en 12 estados.
El encargado de la negociación
Instalado como gobernador interino, Manuel González Flores niega que Rodríguez Calderón haya pactado para quitarle votos a López Obrador a cambio de beneficios para él o para Nuevo León.
“Pregúntele a los priistas de aquí si hace dos años le quitamos votos a alguien; pregúntele también a los de Acción Nacional.
“Los periodistas locales decían: ‘Jaime se va a quedar en el camino, va a negociar o le va a quitar votos a este (candidato) o a ayudar al otro’. Pregúnteles cómo les fue. Es una especulación sin ningún sustento”, dice al corresponsal.
González sostiene que, pese a las diferencias evidentes con Rodríguez Calderón, los legisladores del PRI y el PAN –quienes vetaron más de 20 leyes en dos años– fueron los primeros que le manifestaron su acuerdo para que encabezara la nueva independencia mexicana.
Incluso se ufana: “Yo fui el encargado de llevar esta negociación en un poquito más de 50%. Nuestra profesión es la política, y en ella hay encuentros y desencuentros. Pero eso no implica que en cuestiones fundamentales no podamos unirnos, como, por ejemplo, la posibilidad de que un nuevoleonés sea un presidente de México y traiga grandes apoyos a Nuevo León”.
Pese a que se dice convencido del triunfo electoral de Rodríguez Calderón el próximo 1 de julio, González Flores no despacha en la oficina que este dejó temporalmente, pues colocó ahí un letrero con la leyenda: “Reservado. Ing. Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia en busca de la libertad de todos los mexicanos”.
Lo más curioso es que aun cuando él mismo y algunos funcionarios estatales afirmaron que no usarán al gobierno para impulsar a Rodríguez Calderón, el viernes 5 hubo 10 cambios en la administración. Los renunciantes se integrarán a la precampaña de Rodríguez Calderón.
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Camina a ciegas el nuevo sistema de justicia penal/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
A 18 meses de su entrada en vigor a escala nacional, en el mejor de los casos, el sistema de justicia penal vigente opera por inercia; en el peor, es ignorado por las autoridades. En Oaxaca, estado pionero junto con Chihuahua en su implementación, autoridades reconocen que mejor trabajan con el sistema anterior. A nivel federal, el problema es mayor: Ministerios Públicos e integrantes de los servicios periciales, por ejemplo, apenas tuvieron un curso de algunas semanas para comprender el nuevo sistema que se supone atendería con eficacia los 30 millones de delitos que se registran al año.
Gran parte del personal y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), involucrados en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA), terminaron su “fugaz” capacitación seis meses después del 18 de junio de 2016, cuando venció el plazo de ocho años para que el sistema operara en todo el país.
De acuerdo con registros de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, entonces encabezada por María de los Ángeles Fromow Rangel, el hoy titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Abel Galván Gallardo, está entre quienes concluyeron su capacitación como “docente por examen”, certificado en Baja California.
En cambio, Raúl Cervantes Andrade, Arely Gómez González y Jesús Murillo Karam no figuran en la lista de quienes se actualizaron, pese a que ocuparon la titularidad de la PGR durante el periodo que tuvieron de plazo para poner en marcha el nuevo sistema.
Consultados al respecto, especialistas y funcionarios reconocieron que el sistema de justicia penal no opera a plenitud y mencionaron como parte del problema el desconocimiento que existe.
Por ejemplo, a finales de 2013, los Ministerios Públicos federales recibieron un curso de tres horas al día durante tres meses sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos, publicado en marzo de 2014. Tan baja fue la comprensión de un tema que aún no existía, que los agentes fueron convocados, a principios de 2016, a una segunda capacitación, de una semana.
En tanto, los integrantes de los Servicios Periciales recibieron una capacitación parcial, de dos semanas. Quienes recuerdan haber asistido a los cursos mencionan que en algunas ocasiones fueron impartidos por sus propios compañeros sin experiencia en el nuevo sistema.
Para los peritos consultados por Proceso, quienes solicitaron no ser identificados en esta publicación, la PGR únicamente los mandó a cumplir un requisito, pues a la dependencia, afirman, no le importa realmente si policías, fiscales y peritos dominan los conocimientos básicos del nuevo entramado penal.
El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Rommel Moreno Manjarrez, quien de 2007 a 2013 fue procurador general de Justicia de Baja California, donde en 2010 puso en marcha dicho sistema, reconoce que la PGR y el Poder Judicial de la Federación ignoraron durante siete años el nuevo modelo.
De ahí que, a su juicio, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), a 18 meses de su implementación nacional, presente “tantos cuellos de botella” que impiden su plena operación.
“Ningún estado ha logrado que funcione” el sistema, incluyendo Oaxaca y Chihuahua, entidades pioneras que tienen una década operándolo, coinciden en diversas entrevistas, además del propio Rommel Moreno, investigadores y fiscales.
Los consultados aseguran que con esos problemas no hay manera de que los 400 mil policías y 9 mil Ministerios Públicos del país puedan con una carga de 30 millones de delitos anuales registrados.
Para María Novoa, del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), existen cuatro principales cuellos de botella en el NSJPA.
“El primero es lo que llamamos una falta de visión sistémica en seguridad y justicia. Pensamos que las políticas públicas en seguridad y justicia no cuentan con una visión que las articule adecuadamente, que vaya desde la prevención (del delito) a la reinserción social.”
Lo anterior, dice, se refleja en el presupuesto 2016 en materia de seguridad pública, en el que no se destinó ni un peso para fortalecer al Poder Judicial ni a las defensorías.
El segundo problema, expone, está en la policía que carece de incentivos para realizar detenciones. “Este aspecto lo ubicamos en lo que podría llamarse la puerta giratoria. No existe una coordinación entre la policía y el Ministerio Público”.
El tercer cuello de botella lo identifica en la debilidad de la investigación criminal. “Los datos del censo de procuración de justicia muestran que, pese a los niveles de violencia, el número de carpetas de investigación con detenidos y averiguaciones previas iniciadas con detenidos disminuyó 30% en 2016. Esto evidencia que están bajando los niveles de arrestos o que definitivamente los Ministerios Públicos no abren carpetas cuando la policía pone a disposición a los detenidos”.
La investigadora señala que una de las trabas del proceso es que aún no se ha terminado de definir, ni siquiera a nivel local, cuál es el modelo efectivo de la policía, que es la autoridad más cercana a la gente. Además de lo anterior, Novoa dice que se ha detectado que las procuradurías tienen un rezago de alrededor de 50% en los asuntos ingresados en 2016.
El cuarto cuello de botella está en la demora de las audiencias. “Se da una condición crítica en el funcionamiento con los procesos de gestión de problemas que tienen para notificar”. El problema también radica, dice la integrante del CIDAC, en “cómo el juez está gestionando la audiencia. Sus procesos están saturados”.
Mejoran el proceso
Para Bernardo León, comisionado municipal de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán, su preocupación radica en cómo disminuir la inseguridad. “Nunca he estado de acuerdo en eso que se dice de que el sistema de justicia no tiene nada que ver con reducir la criminalidad. Éste es el primer cuello de botella que hay: el concepto de que son dos cosas desvinculadas”. Sin embargo, explica que el gobierno de Morelia realiza una especie de experimento para agilizar los procesos de impartición de justicia.
“Creamos el juzgado cívico con un juez en la sala de audiencias, es decir, como si se tratara de un juez de control. Lo que descubrimos es que en pocos minutos la persona está frente a un juez, se controla la detención y se determina su caso. No necesitamos ningún intermediario”, explica.
“No me cansaré de decirlo: si la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) dice que hay 30 millones de delitos, no hay manera de que los Ministerios Públicos puedan recibir esa cantidad de denuncias y baje la cifra negra.
“En la encuesta empezamos con 4% de denuncias, muy por debajo de la media nacional, y ya vamos en 15%, gracias al trabajo de la policía, no del Ministerio Público (MP). Debemos cambiar el concepto de denuncia como un prerrequisito (…) hay gente que no quiere denunciar porque no tiene ningún medio de prueba, cuando el chiste de la investigación es conseguirlas.”
Otro de los problemas para el funcionario municipal es la puesta a disposición de los infractores. “En México ponemos a disposición del MP a los detenidos. En el artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el Ministerio Público tiene que calificar la detención y que, si ve que estuvo mal hecha, debe decretar la libertad. Entonces, el MP se convierte en un juez y decreta una sentencia absolutoria en la soledad de su despacho”.
Recuerda que Layda Negrete, coordinadora del Proyecto de Calidad de la Justicia, de México Evalúa, ha señalado que el juicio oral y las audiencias tienen juez presente y tienen cámaras que graban las audiencias. Sin embargo, la mayoría de las absoluciones que hay en el sistema no se hacen ahí, se hacen en el MP y ésa es la puerta giratoria.
“Entonces, la puesta a disposición tiene que ser ante el juez. Quizá éste es el cuello de botella más fuerte. Además, 99% de los asuntos que se judicializan es por detenciones en flagrancia, y eso no es pecado, pues la policía, por la naturaleza de su trabajo, hace detenciones en flagrancia”, agrega León.
Se impone el sistema tradicional
El fiscal Anticorrupción de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, sugiere el fracaso del nuevo sistema de justicia.
“Para bien o para mal, ante una procuraduría se denuncia, es la que investiga y es la que tendría que sostener la acusación dentro del proceso. Creo que, después de más de 10 años de que el nuevo sistema se inició en Chihuahua y en Oaxaca, la operatividad y las formas siguen siendo las del sistema tradicional”, asegura.
En el trabajo que hacen las instituciones de procuración de justicia, el fiscal oaxaqueño detectó cuatro situaciones que atoran su aplicación: “Tenemos un organigrama y un modelo de gestión bajo la lógica del sistema tradicional; no sólo es un sistema lento y retardado, burocratiza y hace costosísima la actividad de una procuraduría.
“También formo parte de la fiscalía general que tiene más de 15 áreas con nivel de subprocuraduría, cuando en Nuevo León solo hay tres. Copiar esto podría permitir fusionar, racionalizar, tener mejores tramos de control y dar mejores resultados”, dice.
Iruegas Álvarez asegura que desde hace más de 10 años dieron a conocer que no estaban capacitados quienes intervienen en el proceso, y que, pese a ello, no hubo respuesta. “En la Fiscalía Anticorrupción reviso carpetas, los informes que dan los policías no son de la generación de actos de investigación, sino que investigan haciendo actas. Este es un tema que hay que cambiar. Revisar la cantidad, calidad y capacidad de este personal”.
Para Rommel Moreno Manjarrez, el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia fue totalmente arrítmico. Unos estados, como Oaxaca, lo operaron primero y otros apenas hace 18 meses, lo que dificulta la medición de resultados.
Recuerda que el exprocurador Raúl Cervantes les permitió visitar todas las procuradurías del país para identificar los comportamientos que se estaban dando después de la reforma, y encontraron casos como el de Sonora, que tiene un sistema ágil, pese a que fue de los últimos en implementar el nuevo sistema de justicia.
Moreno Manjarrez considera que otra de las trabas es la unificación de los registros, pese a los esfuerzos para homologar las bases de datos de los catálogos de los delitos. Como ejemplo de lo anterior, menciona el caso de Chihuahua, “donde no estaba registrado el feminicidio”.
Considera que otro reto por resolver es el desconocimiento de los ciudadanos sobre cómo funciona el sistema de justicia, aunque reconoce que el problema es cómo explicar los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios.
“Estamos entrando en un ambiente generacional con otra visión que tiene que ver más con la medición interna hacia los operadores, es decir, servicio de carrera, una perspectiva de incentivos”, expone.
Opina que es necesario modificar las recientes reformas, aunque aclara que no habla de una contrarreforma, “sino de cómo modificar sustancialmente los planes estratégicos de las fiscalías, que es donde se concentran las denuncias. El problema está en todas las instituciones, justo como se plantea, porque tenemos grandes problemas de deficiencia y capacitación”.
Moreno coincide con María Novoa en que en el Poder Judicial están retrasadas las audiencias y las notificaciones porque no se hacen en tiempo y forma. Por si fuera poco, hay una desconexión en el Poder Judicial, entre la primera y segunda instancia, de tal manera que “tenemos un cuello de botella en el entendimiento de un sistema acusatorio nuevo contra un sistema que es escrito y viejo”.
Insiste que toda esa perspectiva los obliga a ver que las soluciones deben pasar, primero, por explicar las reformas a los ciudadanos. “Tenemos una razón forzosa y obligatoria de despresurizar el sistema, pero con un entendimiento social, porque en la medida en que esta política pública genere esta comunicación, la comunicación dejará de ser una traba”.
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"Renovación", la encomienda de Aguiar Retes/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, se propone combatir la práctica del aborto mediante renovados contactos con el Congreso y la clase política. Aunque, igual que Norberto Rivera, es cercano a la élite política mexiquense, omite las referencias a su antecesor y anuncia que le dará prioridad a la comunicación con los feligreses, sobre todo en zonas marginadas.
El cardenal Carlos Aguiar Retes asegura que, tan pronto tome las riendas de la arquidiócesis primada de México, el próximo 5 de febrero, empezará a combatir la práctica del aborto, ya legalizado en la Ciudad de México, valiéndose principalmente de “testimonios” de mujeres afectadas por interrumpir sus embarazos, a fin de crear “conciencia social”.
Y para marcar diferencias con su antecesor en el cargo, Norberto Rivera Carrera, quien implementó la llamada “opción preferencial por los ricos”, Aguiar Retes también anuncia que impulsará en la arquidiócesis una profunda “renovación eclesial” cuya principal característica será la toma de decisiones de manera “horizontal” y el apoyo a la población más marginada.
Sobre el aborto, despenalizado en la Ciudad de México en 2007, durante la administración de Marcelo Ebrard, Aguiar Retes se pregunta de entrada:
“¿Qué es más importante? ¿Qué busquemos una ley que ya no lo facilite y que nos digan que somos retrógrados porque no estamos con el desarrollo moderno? ¿O hacer consciente a nuestra comunidad del gran daño que se le hace a la mujer?”.
Asegura que, de acuerdo con estadísticas, “85% de las mujeres que abortan se queda con un trauma para el resto de su vida”.
Él mismo, relató, atendió espiritualmente a una anciana de más de 80 años que “no había podido superar el trauma” de un aborto que se hizo cuando era joven.
Por ello, dijo, se valdrá de los “testimonios” de estas mujeres para crear conciencia: “Tenemos que ver a las personas afectadas. Que digan lo que sienten por haber abortado. Y con el testimonio de ellas mover la conciencia social. Por ahí va a ir mi camino”.
Recalca: “No es cuestión de que nosotros los obispos digamos no al aborto. Es la sociedad la que tiene que tomar conciencia del daño que se hace”. Por fortuna, dice, “hay ya varias instituciones que están atendiendo a estas mujeres que no acaban de salir de su trauma; les ayudan a redescubrir que Dios las perdona”.
Y para impulsar la “renovación eclesial” que pretende, indicó que se valdrá de todo el “potencial” de la principal y más grande arquidiócesis del país, conformada por 2 mil 100 sacerdotes, más de 500 circunscripciones parroquiales y ocho obispos auxiliares, que dan atención a 9 millones de capitalinos.
Comenta al respecto: “Voy con el ánimo de promover esta renovación eclesial en la arquidiócesis primada de México. Es la encomienda que el Papa Francisco me ha solicitado”.
Considera ineludible esta renovación, pues hoy vivimos “un cambio de época”, “una fractura en el consenso de valores que sostuvieron a la sociedad durante cuatro siglos”, de ahí la necesidad de “emprender una nueva evangelización que tenga nuevo ardor y pasión para anunciar el camino que propone Jesús, pero con método distinto y nuevas expresiones”.
Así delineó lo que será la tónica de su labor pastoral, en una conferencia realizada el lunes 11 de diciembre, en la sede de la arquidiócesis de Tlalnepantla, de la que era su titular.
Renovación y compromisos
Aguiar Retes expone las principales características de la renovación eclesial que pretende impulsar:
La primera es poner por delante “la misericordia”, ayudar a quien lo necesita, a los más pobres, con lo cual se dejan atrás las viejas “prácticas” del catolicismo establecidas “mediante obligaciones”, como la de ir a misa los domingos.
La segunda “es cambiar el método de una autoridad vertical a una autoridad horizontal”, mediante la “escucha recíproca”, el “compartir opiniones”, el “buscar consensos” para luego llegar a la “toma de decisiones”. “Esto en la Iglesia se llama ‘sinodalidad’; el dejar atrás esa cultura establecida de lo que dijo el padre, el obispo o el Papa”.
Y la tercera característica, indica, es instaurar una “Iglesia de salida”; salir de los templos y de los cerrados círculos eclesiásticos para buscar a los fieles en “todos los ambientes” donde se encuentren. El objetivo es “tener una Iglesia misionera”.
Aguiar Retes recalca que “el reconocimiento de la dignidad de la persona” estará siempre en el centro de esta renovación eclesial.
Estos lineamientos pastorales se reflejarán, adelanta, en proyectos sociales a implementarse sobre todo en las zonas pobres de la Ciudad de México:
“Yo de pronto paso por las zonas marginadas de Iztapalapa o veo esas barrancas donde viven personas en condiciones indignas para la vida humana. Tenemos que trabajar en todas esas zonas. Debemos auxiliar a los pobres. Ayudarlos también a que tomen conciencia y asuman la responsabilidad de redignificar ellos mismos esas zonas.”
Promete que la Arquidiócesis de México retomará sus proyectos sociales, como los realizados durante el periodo del cardenal Ernesto Corripio Ahumada.
“Ha habido grandes proyectos en la Ciudad de México, ejemplares históricamente: me refiero a los del cardenal Corripio. Cuando el temblor del 85, la arquidiócesis hizo una reconstrucción de viviendas impresionante, en colaboración con organismos internacionales”, recuerda.
Para nada menciona a su antecesor Rivera Carrera, cuyos 22 años al frente de la arquidiócesis los ocupó más bien en cultivar sus amistades de la alta cúpula empresarial y política del país, relegando la labor social de la Iglesia.
Enfatiza Aguiar Retes: “Esa será mi lucha para poder atender a la gran Ciudad de México, que es la punta del iceberg donde se refleja toda la problemática del país y donde se concentra el poder político”.
El nuevo arzobispo aseguró que, como siempre lo ha hecho, trabajará “con los políticos de todos los partidos para ver las sinergias que podamos hacer”.
Indica que, cuando era obispo de Texcoco, “me tocaron cuatro gobiernos perredistas en continuidad”. Y después, como arzobispo de Tlalnepantla, trabajó muy cerca del PRI y del PAN, por tener esos partidos “presencia mayoritaria”.
Agrega: “Los laicos son los que tienen la misión de transformar las estructuras temporales, son los que deben entrar en política, exigir políticas públicas. Pero hay que formarlos, hay que agruparlos. Eso le toca a la Iglesia. Y voy a tratar de hacerlo en la arquidiócesis de México”.
Su “linaje episcopal”
Oriundo de Tepic, Nayarit, donde nació en 1950, Aguiar Retes fue dos veces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), de 2006 a 2012. Su cargo coincidió con el gobierno de Felipe Calderón, con quien llevó buenas relaciones.
Pero también las ha tenido con Enrique Peña Nieto desde que éste era gobernador del Estado de México y luego como presidente de la República, ya que la carrera episcopal de Aguiar se desarrolló en dos diócesis mexiquenses: las de Texcoco y Tlalnepantla, lo que le permitió tener nexos con el llamado Grupo Atlacomulco, del que proviene Peña.
Como presidente de la CEM, Aguiar se dio a la tarea de conseguir cambios legislativos que le garantizaran a la Iglesia una plena “libertad religiosa”: dar instrucción religiosa en las escuelas públicas, tener medios de comunicación masiva y lograr que los ministros de culto accedan a cargos de elección popular, cosa que hasta la fecha no se ha logrado.
En una entrevista con este semanario, en diciembre de 2006, cuando apenas asumía la presidencia del episcopado, Aguiar Retes habló sobre su estrategia para conseguir esas prerrogativas:
“Espero que, durante el periodo para el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena.
“Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución solamente garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca y realizar el culto convenido, para que nadie lo obligue a creer en algo distinto. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa. De manera que hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo.”
Entonces también expresó que el “derecho a la vida” desde el momento de la concepción, y por lo tanto el rechazo al aborto, es “uno de los puntos en los cuales no podemos transigir” (Proceso 1574).
Al año siguiente, el 20 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón se declaró públicamente en contra del aborto, cuya despenalización se debatía entonces en la Ciudad de México. “Yo estoy en defensa de la vida –dijo Calderón enfático–, tengo pleno respeto por la dignidad y la vida humana. Y también creo que la legislación existente en el Distrito Federal y otros estados es en este momento la adecuada”.
Dos días después, el 22 de marzo, Aguiar Retes comió en privado con el presidente en Los Pinos para felicitarlo por rechazar el aborto.
“Lo felicité por su postura valiente de plantear sus propias convicciones. Simplemente, fue una felicitación por su postura”, declaró entonces Aguiar Retes, quien además llamó a protestar contra esa iniciativa del gobierno de Ebrard (Proceso 1587).
En diciembre de 2009, Aguiar Retes llevó al gobernador Peña Nieto al Vaticano para que allá le presentara a su novia, Angélica Rivera, al Papa Benedicto XVI. Al momento de la presentación, Peña Nieto le adelantó al pontífice: “Pronto me casaré”.
Al salir del encuentro, Peña Nieto dijo a los medios que de su boda “el primero en saberlo fue su santidad”. Todo fue parte de un montaje televisivo –con el Papa y la Plaza de San Pedro como telón de fondo– encaminado a conseguir la Presidencia de la República y en el que Aguiar Retes tuvo una participación destacada.
Pero a raíz de que presentó su iniciativa para legalizar las bodas gay, el 17 de mayo del año pasado, Peña Nieto tuvo un encontronazo con la jerarquía católica, que inmediatamente apoyó a las organizaciones de laicos católicos en sus movilizaciones de protesta contra esa iniciativa, la cual finalmente quedó congelada. Peña tuvo que recular.
Para limar asperezas, hubo después algunos encuentros entre Peña Nieto y jerarcas católicos. En esta operación cicatriz Aguiar Retes también tuvo un papel protagónico por su cercanía con Peña. Todavía el 31 de marzo pasado Aguiar Retes y un grupo de obispos del Estado de México estuvieron en Los Pinos para –según trascendió– acordar el apoyo a la candidatura del priista Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México (Proceso 2115).
El investigador Rodolfo Soriano, especialista en el análisis de cuadros eclesiásticos, señaló entonces que los 11 obispos del Estado de México, entre los que se encontraba Aguiar Retes, “conforman un linaje episcopal muy exclusivo que siempre ha mantenido estrechas alianzas con el Grupo Atlacomulco”. Y además “les interesa sobre todo la agenda de moral sexual”, que “ponen muy por encima de la agenda social”.
Desde hace más de un año, el mismo Rodolfo Soriano –en entrevista con este semanario– consideraba que Aguiar Retes era el aspirante con mayores posibilidades de llegar al arzobispado primado de México, por su rango de cardenal, por haber sido presidente del episcopado mexicano y por haber ocupado cargos directivos en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), donde conoció y trabó una “relación cordial” con Jorge Mario Bergoglio desde antes que éste fuera Papa (Proceso 2092).
El vaticinio se cumplió: el pasado 6 de diciembre Bergoglio designó a Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México.
Y en su conferencia del pasado lunes 11 Aguiar Retes rememoró su relación con el hoy Papa Francisco, cuando ambos, en el CELAM, preparaban la propuesta de una nueva evangelización de cara a los tiempos actuales. Dijo:
“Cuando estuve como secretario general del CELAM, de 2000 a 2003, me tocó llevar a cabo una serie de estudios, investigaciones, con un círculo de especialistas sobre el fenómeno de la globalización, de la aldea global… Ahí fue cuando me tocó trabajar con el cardenal Jorge Mario Bergoglio.”
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Las nuevas normas del cardenal contra curas pederastas/RODRIGO VERA
Revista Proceso # 2149, 7 de enero de 2018..
El cardenal Carlos Aguiar Retes prometió aplicar “tolerancia cero” a los sacerdotes de la arquidiócesis primada de México que abusen sexualmente de menores de edad: “En el asunto de la pederastia, sigo totalmente lo que ya el Papa Francisco nos ha dicho; ‘tolerancia cero’”, advirtió enfático el pasado lunes 11.
Luego indicó que el episcopado mexicano, como cada una de las diócesis del país, tienen “normas” muy estrictas para “afrontar ese mal tan grave” que tanto daña a la Iglesia.
Sin embargo, en junio de 2003, cuando era obispo de Texcoco, se descubrió que Aguiar Retes tenía como párroco al sacerdote pederasta nicaragüense Zenón Corrales Cabrera, a quien la justicia de su país estaba buscando por abusar sexualmente de varias mujeres menores de edad.
Aguiar Retes tenía trabajando al “padre Zenón” en el poblado mexiquense de Otumba, concretamente en el espléndido templo de La Purísima Concepción, con su regio convento adyacente, verdaderas joyas arquitectónicas levantadas en el siglo XVI.
Escondido de la justicia de su país, el padre Zenón oficiaba diariamente sus misas de siete de la mañana y mediodía. Y presenciaba, feliz, las tradicionales carreras de burros que han dado fama a ese poblado aledaño a las pirámides de Teotihuacán.
El padre Zenón había huido de la diócesis nicaragüense de Matagalpa, a la que pertenecía, luego de que se le fueron acumulando denuncias por sus abusos sexuales, ampliamente documentados por la prensa local, que lo consideraba “el más peligroso pederasta” de Nicaragua.
Entrevistadas en Matagalpa por este semanario, Tatiana Sequeira, integrante de la Comisión de la Mujer, y Geni Gómez, del Grupo Venancia, relataron entonces que desde los años ochenta los informes sobre violaciones a los derechos humanos ya documentaban los abusos sexuales del sacerdote (Proceso 1389).
Abusaba, por ejemplo, de adolescentes campesinas integradas al grupo religioso “Hijas de María”, a las que enseñaba a rezar y a entonar cánticos religiosos. Algunas incluso resultaron embarazadas por el sacerdote.
No fue sino hasta el 8 de diciembre de 1998 cuando se interpuso la primera denuncia por abuso sexual ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen, de Matagalpa. Y fue porque el padre Zenón subió a su jeep a una adolescente de 16 años y ahí la violó. Esa denuncia no prosperó gracias a las influencias y a la investidura sacerdotal de Corrales Cabrera.
Pero en marzo de 1999 el padre Zenón cayó finalmente preso por “violación frustrada”, ya que, en un centro turístico de Masachapa –al sur de Nicaragua–, intentó violar a una niña de 10 años, a la que pudo rescatar su padrastro, quien luego denunció al sacerdote. Pero éste fue liberado gracias a la intervención del obispo de Matagalpa, Leopoldo José Brenes.
Para entonces ya varios medios locales –como El Nuevo Diario y La Boletina– documentaban profusamente los abusos del cura pederasta. Mientras que varias organizaciones de derechos humanos pedían que se le castigara.
La Red de Mujeres de Matagalpa, que aglutina a varias organizaciones feministas, publicaba desplegados exigiéndole a la Procuraduría de Nicaragua que lo aprehendiera, por ser “un peligro para las mujeres, la juventud y la niñez”.
Al parecer ya se le iba a arrestar cuando el obispo Brenes, su superior jerárquico, tomó la decisión de desaparecerlo.
Contó entonces Geni Gómez:
“No volvimos a saber de él. La diócesis de Matagalpa no dio explicación alguna. Guardó silencio. Había rumores de que le habían prohibido oficiar. Unos decían que estaba en Costa Rica; otros, que cumplía un duro castigo en algún lugar apartado.”
Por pura casualidad se descubrió que estaba en la diócesis de Texcoco, trabajando para Aguiar Retes; fue a raíz de que se le denunció ante la Secretaría de Gobernación, por realizar proselitismo político a favor del PRI. Entonces salió a relucir aquí su nombre… y su escondite.
El entonces vocero de la diócesis de Texcoco, Eduardo Israel Salazar, salió en defensa del cura, negando las acusaciones y diciendo:
“Usted bien lo sabe; siempre hay grupos de opositores que quieren dañar la imagen moral de nuestros sacerdotes. Lo que sí puedo decirle es que el padre Zenón es un gran sacerdote. Supo ganarse el cariño y la admiración de los fieles de Otumba.”
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Jorge Sánc
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