Alfonso Durazo: En materia de seguridad se anticipa un escenario de catástrofe/

Revista Proceso #2181, 19 de agosto de 2018...
Alfonso Durazo: En materia de seguridad se anticipa un escenario de catástrofe/
JORGE CARRASCO A. Y PATRICIA DÁVILA
En entrevista con Proceso, Alfonso Durazo, a quien el próximo presidente de la República encomendó la tarea de devolverle la seguridad a México, hace un retrato descarnado de lo que heredará el gobierno de López Obrador: un país convertido en un panteón, con ineficiencia policial y protección política a la delincuencia organizada. “Para enfrentar la tarea se requerirá de una entrega total, como un apostolado”, asegura.

Sin conocer aún “las entrañas del monstruo” de inseguridad que heredará, el próximo gobierno anticipa un escenario de catástrofe: un país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia.
“Para enfrentar la tarea exitosamente se requerirá de una entrega total, como si fuera un apostolado”, asegura Alfonso Durazo Montaño, el hombre a quien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le encargó la tarea de regresarle la seguridad a México, uno de los países más violentos del mundo sin estar formalmente en un conflicto interno.

La respuesta que se prepara es de una alta concentración de poder político y policial. La Secretaría de Seguridad será mucho más que la restauración de la de Seguridad Pública que tuvieron los gobiernos del PAN. Superior incluso a la que tuvo en su momento el poderoso jefe policial Genaro García Luna, cuando el gobierno de Felipe Calderón hizo de esta materia su principal política pública y le declaró la “guerra al narcotráfico”.
Dispondrá no sólo de las funciones policiales que el gobierno de Enrique Peña concentró en la Secretaría de Gobernación, sino que se quedará con los instrumentos que durante lustros le han dado fuerza e influencia a la Secretaría de Gobernación. 
En sus manos quedará lo que resulte de la reconfiguración del Cisen, el Sistema Nacional de Seguridad Pública  y hasta el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las tareas de protección civil.
Una supersecretaría que prefiere llamar “una estructura administrativa amplia”, con el propósito de construir una poderosa Secretaría de Seguridad –no de Seguridad Pública–, para que el gobierno subsecuente “no venga a enmendarnos la plana”, dice Durazo en entrevista con Proceso el viernes 17.
Su apuesta para la permanencia de esa Secretaría de Seguridad es “regresar de forma paulatina” a los militares a sus cuarteles y cambiar la estrategia contra la delincuencia organizada, concentrándose en sus estructuras financieras. Reacio a poner plazos, sobre todo porque “aún ni sabemos de qué tamaño es el monstruo”, habla de año y medio para empezar el remplazo de militares por policías capacitados. 
Justicia y verdad
Cauto en el tema de los militares, prefiere esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controvertida Ley de Seguridad Interior, y minimiza la decisión de abandonar la propuesta de crear una Guardia Nacional, en la que integraría a las Fuerzas Armadas con las policías civiles de todo el país. 
Pero sabe que temas como Ayotzinapa y Tlatlaya, y otros casos en los que hay militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos, obligarán al próximo gobierno a tomar una posición. 
Tras los primeros foros con víctimas de la violencia, anticipa: “La única posibilidad de pacificar el país es con justicia y dignidad. No hay otra manera. Construir una propuesta de pacificación y reconciliación nacional tiene que ser bajo principios democráticos en un marco de legalidad y profundo respeto a los derechos humanos, teniendo invariablemente en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad”.
Durazo será un secretario que por la fuerza que le va a dar el próximo presidente para que disminuya la violencia en el país estará particularmente bajo escrutinio. “Conozco la administración pública como pocos”, dice el sonorense de 64 años, confiado en su paso y cercanía con el poder: como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, vocero durante cuatro años del panista Vicente Fox y uno de los más cercanos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien aún como candidato le encargó “desde hace unos dos años y medio” la agenda de seguridad.
“En todo este tiempo me he dedicado a estudiar el tema a fondo. He platicado con expertos, policías, investigadores y organizaciones sociales. Con sus matices, todos proponen lo mismo: combate a la corrupción, capacitación y profesionalización, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, inteligencia, etcétera. La conclusión es que no hay un gran misterio sobre lo que hay que hacer. El gran problema es con quién”, afirma Durazo en alusión a la extendida corrupción policial y de funcionarios de seguridad. 
Menciona que en 2000 “la razón fundamental por la que sacamos al PRI de Los Pinos, yo fui parte de ese proceso” (dice sobre su colaboración con Fox) “fue el hartazgo social en virtud de los altos niveles de corrupción. Ese año el país estaba en el lugar número 53 de los índices de corrupción internacional”. 
Prosigue: seis años después “del honestísimo PAN en el poder”, Vicente Fox lo deja en el lugar 70. Y un sexenio después, luego del “gobierno de las manos limpias” de Calderón, nuestro país pasó al número 100. En 2016 estaba en el lugar 123, y según cifras de 2017, que son las más recientes; estamos en el 134 de 175 países evaluados. 
“Con esos niveles de corrupción en el país podemos asumir válidamente que el aparato público en su conjunto es altamente corrupto. Además, mediciones específicas sobre la policía nos indican que los cuerpos de seguridad están calificados de igual manera por la propia ciudadanía. 
“Consecuentemente el reto es con quiénes. Y eso nos lleva a combatir a rajatabla la corrupción en el aparato público en su conjunto, porque tú no puedes esperar que la policía sea un oasis de eficacia y honestidad con un aparato público corrupto. Tienes que combatir en la administración y en paralelo en los cuerpos de seguridad. Ese es el problema en el que estamos”. 
Como López Obrador, dice que en las corporaciones de seguridad “tenemos que limpiar de arriba hacia abajo”. Menciona que en el caso de la delincuencia organizada ésta no avanza sin protección policial. Pero también, no hay protección policial que no vaya del padrinazgo de un alto funcionario público o un alto político. Por eso es que tenemos que combatir la corrupción de arriba hacia abajo”.
–¿Qué van a hacer con los cuerpos de policía? ¿Los van a cambiar, van a despedir?
–Ahí hay un recurso humano valioso que vamos a revisar. No sabemos todavía en realidad con qué nos vamos a encontrar. Por los indicadores públicos podemos llegar a una conclusión elemental, aunque es muy diferente conocer verdaderamente las entrañas. Después de conocer esa realidad, vamos hacia la depuración a partir de la revisión y certificación de sus integrantes. 
–¿A partir de qué nivel?
–Yo lo pondría al revés. De arriba hacia abajo y en el transcurso de los primeros seis meses, revisar de nuevo, dar seguimiento a su desempeño. Luego, evaluar de nuevo en medio año mediante mecanismos de certificación. 
–¿De manera que al primer año tendrían ya depuradas las corporaciones?
–Tendríamos prácticamente depurados a todos los cuerpos de seguridad. No quiero comprometerme con fechas. Quiero decir que el proceso de depuración será muy intenso. No sabemos con qué nos vamos encontrar y no podría en este momento fijar un plazo. No conocemos las entrañas de la realidad y por lo tanto no podemos adelantarnos a cerrar una propuesta de seguridad cuando no sabemos qué hay en las entrañas del monstruo.
Adelanta, sin embargo, que en el próximo gobierno “no promoveremos el Mando Único policial, porque estimamos que es más importante la calidad de las policías que en dónde se ubica el mando. 
“Si no hemos mejorado antes la calidad de las policías, particularmente en el ámbito municipal, ese mando no va a ser eficaz. Nuestros esfuerzos van a estar destinados a mejorar la calidad de los cuerpos municipales de seguridad, que es donde se inicia la cadena de la seguridad pública. 
“Siempre nos queda el recurso de decir que no nos corresponde eso porque es del fuero común. Nada más que tenemos que asumir que estamos viviendo una situación de emergencia nacional, particularmente en el ámbito de la seguridad pública. Y por esa dimensión adquiere un nivel de responsabilidad de Estado.” 
–Mientras llega esa evaluación de los policías, ¿el Ejército y la Marina van a seguir en las calles?
–El regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles será paulatino, de forma proporcional a como vayamos capacitado y profesionalizado los cuadros que entrarán al relevo. Vamos a proponer la creación de la Universidad de la Seguridad Pública, que estará integrada como cuerpo central, pero vamos a promover la creación de una red de academias integrada por academias municipales, estatales y regionales que nos den capacidad para duplicar la actual capacidad instalada para capacitar y promover policías. 
“El objetivo es que en el transcurso de un año y medio tengamos capacidad duplicada para la capacitación y profesionalización de los cuadros. De ahí van a salir los policías que entrarán al relevo de las Fuerzas Armadas.”
–¿Se va a derogar la Ley de Seguridad Interior?
–Su futuro está en la SCJN y no tendría sentido adelantar si se va a derogar o no. Eventualmente la Corte podrá escuchar el reclamo o la inconformidad generalizada respecto a los riesgos que representa esa ley.

“Vamos a esperar la decisión de la SCJN con la esperanza fundada de que escuche el rugido que representó para todos la jornada electoral.”

–Es una ley que las Fuerzas Armadas buscaron durante años. ¿Por esa razón echaron atrás la propuesta de una Guardia Nacional?

–La Guardia Nacional fue una propuesta atinada de campaña. Tenía el objetivo de optimizar los recursos del Estado mexicano para combatir la inseguridad; es decir, evitar que cada una de las instancias responsables de seguridad asumiera que los recursos que tiene asignados son suyos. 

“Además, el propio presidente electo ha señalado que no va a saturar de iniciativas al Congreso. Pero sustituimos la creación de la Guardia Nacional por una coordinación personalizada por parte del presidente.”

–¿Qué papel van a tener el Ejército y la Marina?

–Dada la emergencia nacional, las Fuerzas Armadas continuarán apoyando las tareas de seguridad. Hay regiones del país en donde la única presencia del Estado son ellas. No vamos a despojar a esas áreas del único apoyo que tienen en materia de seguridad. Pero el objetivo es el repliegue paulatino de las fuerzas federales. La tarea de la seguridad pública es del ámbito civil y allí debemos preservarla.
“Proponemos dejar la fuerza como último recurso. No significa que no lo vayamos a utilizar, pero proponemos entender el fenómeno de la inseguridad con una visión amplia que nos obliga a ir a las causas sociales, políticas, económicas, culturales, pero particularmente económicas que generan la inseguridad.

La vertiente financiera

Asegura que para el nuevo gobierno la delincuencia organizada es una actividad económica que comete actividades ilegales. “Por eso lo que vamos a hacer es fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera, de tal manera que no haya pretextos en su capacidad técnica para investigar el lavado de dinero.
–¿Esa Unidad de Inteligencia seguirá en Hacienda?

–Va a seguir en Hacienda en virtud de que hay acuerdos internacionales que limitan su reubicación, pero trabajará en términos operativos de manera muy estrecha y coordinada con la Secretaría de Seguridad. 

“Promoveremos también, no de inmediato, modificaciones a la figura de la extinción de dominio, de tal manera que podamos facilitar el proceso jurídico para la aplicación de esa figura, porque no puede ser que de 122 objetivos prioritarios que se ha propuesto el gobierno, hayan sido detenidos 120 y la inseguridad sea creciente. Y no es posible que no tengamos conocimiento al menos públicamente de que se hayan desmantelado las finanzas de alguna de las organizaciones encabezadas por estos objetivos prioritarios.

–¿Vamos a ver a empresarios detenidos por lavar dinero?

–Si nuestro trabajo desemboca en empresas y empresarios no puedo adelantarlo, pero puede ser una consecuencia de combatir el lavado de dinero.

–¿Y qué va a pasar con los mandos militares en casos como Ayotzinapa y Tlatlaya o con mandos policiales como en Nochixtlán?

–Vamos a resolver los casos emblemáticos de nuestra tragedia nacional. Se ha especulado mucho sobre el tema del perdón. Yo diría que la única posibilidad de pacificar al país es paz con justicia y dignidad. No hay otra manera para construir una propuesta de pacificación y reconciliación nacional. Tiene que ser bajo principios democráticos en un marco de legalidad de profundo respeto a los derechos humanos y teniendo invariablemente en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad.

–¿Justicia significa procesos judiciales contra presuntos responsables?

–Por supuesto.

–¿Y encontrar a todos los desaparecidos, dar nombre a todos los que están en los servicios médicos forenses?

–Tenemos qué comprometernos con un esfuerzo sin precedente, serio, real, sensible, para satisfacer la demanda de justicia de las víctimas. El drama que expresan las víctimas está cabrón.

–¿Y el perdón?

–Debemos entender la perspectiva del perdón como la necesidad de un esfuerzo para la reconciliación nacional. Pero el perdón es una decisión personalísima que tiene consecuencias muy favorables en el proceso de reconciliación nacional, una decisión personalísima de la víctima y no necesariamente con consecuencias jurídicas para el Estado.