Inconformidad social..

Inconformidad social/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018...
El romance entre el presidente electo Andrés Manuel López Obrador e integrantes de las organizaciones no gubernamentales fue efímero.
La relación llegó a su fin el miércoles 14, luego de que López Obrador confirmó que creará una Guardia Nacional, integrada por 50 mil efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar.

De inmediato generó encono entre integrantes de la sociedad civil, quienes se dijeron engañados por López Obrador y por el próximo secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo Moreno.
Éste es el segundo gran desencuentro. El primero fue el 17 de agosto, en Ciudad Juárez, en el primer Foro Escucha para la Pacificación y la Reconciliación, cuando López Obrador pidió a los juarenses perdón y olvido. Las víctimas, madres de desaparecidos y asesinados, respondieron: “Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.

López Obrador retomó: “Respeto a quienes piensan así, pero en esta ciudad, que ha sido llamada el epicentro del dolor, les digo desde ahora: olvido no, pero el perdón sí va”. Le respondieron gritos de inconformidad.

Las protestas se repitieron hasta que, luego de tres meses y 16 sesiones, Durazo anunció la cancelación de los foros, “por falta de tiempo”. 

Y es que retirar al Ejército de las calles fue uno de los principales reclamos en los foros para la pacificación.

Como entonces, diversas organizaciones, como México Evalúa, presidida por Edna Jaime, consideran que la militarización de las calles no garantiza la pacificación del país; por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos. 

“Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por un despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado. 

“La evidencia que arrojan estudios nacionales e internacionales parece advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes”, señala la ONG.

Indicó que este plan contrasta con la decisión que el pasado jueves 15 tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

“Vemos un riesgo importante en la anunciada intención de modificar el Artículo­ 76 constitucional para facultar al Senado a crear la Guardia Nacional y quitar el candado que impedía a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad pública”, aseguró.

Violencia contra mujeres

Por su parte, organizaciones civiles que participaron en el coloquio Estrategias Fallidas: Criminalización y Tortura Sexual a Mujeres en México, advirtieron acerca de los “riesgos” que implica una Guardia Nacional formada y entrenada por militares.

El clima de violencia que existe en el país afecta de manera particular a las mujeres, como lo demuestran estudios recientes sobre la incidencia de asesinatos con arma de fuego, desapariciones forzadas y torturas, una tendencia que se agrava por la estrategia de militarización de seguridad pública que se intensificó en 2006 y podría continuar el próximo sexenio. 

Para Olga Guzmán, directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el optimismo generado por la anulación de la Ley de Seguridad Interior se vio opacado por la iniciativa de López Obrador, mediante la cual se daría continuidad al esquema de militarización de la seguridad pública, en vez de apostar a la profesionalización de las policías. 

Incluso de 201 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde 2006, sobre casos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, en 70% de los casos se reconoce a integrantes de las Fuerzas Armadas como responsables. 

Para los integrantes de la ONG Causa en Común, representados por María Elena Morera, el plan propuesto por López Obrador sí militarizará la seguridad en el país.

En entrevista con Raymundo Riva Palacio, Morera dijo que el plan tiene cosas positivas, como dejar el tema de la seguridad fuera de la Secretaría de Gobernación, la legalización de las drogas o los programas de desarrollo social, que son puntos importantes y positivos. 

Sin embargo, añadió, es preocupante la forma como el plan aborda el tema de la seguridad desde el punto de vista civil o militar. 

Señaló que su organización hizo una revisión de las páginas 14 a la 16 del documento presentado por el equipo de López Obrador, donde primero se dice que los militares han violado los derechos humanos porque no están preparados, y también se dice que los policías federales, ministeriales, estatales y municipales tampoco están bien preparados y no están bien pagados, por lo que no cumplen con sus funciones. 

Después, añadió Morera, el documento señala “sin ninguna argumentación” que se ha decidido que la seguridad va a pasar a manos de los militares, mediante ese nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional. Aunque “el licenciado Durazo dice que no es militarizar el país, vamos a estar en manos de los militares”.

Agregó que la propuesta podría ser buena si la Guardia Nacional estuviera bajo un mando civil; sin embargo, no es así porque va a estar en la Secretaría de la Defensa, tanto administrativa como operativamente. 

Por otra parte, el Senado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que se da el primer paso para la transformación de la PGR, aunque no se garantiza la autonomía de los fiscales, como pidieron organizaciones de la sociedad civil. 

Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y futura secretaria de Gobernación, defendió el modelo de Fiscalía General y dijo que anteriormente la justicia se utilizaba como instrumento de persecución política, lo que terminará con esta nueva institución. Dijo que el proyecto se construyó con la sociedad civil y las instituciones académicas. 

Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, retomó los reclamos que han hecho colectivos como #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, que han dicho que los miembros del gobierno electo pactaron una iniciativa con ellos y ya en el Congreso se modificaron artículos,­ lo que representa una regresión: “Están acusando engaño, por no decir traición. Para todos los que se llenen la boca diciendo que esto se construyó con la sociedad civil, vale la pena leer el comunicado donde hablan del engaño. 


“Lo más grave es que hoy se evidencia el talante de la nueva mayoría del próximo gobierno; parece que están dispuestos a engañar e incluso a manipular las demandas de la sociedad civil organizada”, lamentó.
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