25 nov 2018

Isabel Miranda y Ricardo Raphael / debate

Revista Proceso #2195, 25 de noviembre de 2018..
Acerca de "El falso caso Wallace
PALABRA DE LECTOR
Señor director:
Siempre he pensado que los periodistas deben buscar la verdad, ser rigurosos en su labor, allegarse de pruebas, contrastarlas y, en la medida de lo posible, guardar distancia crítica e independencia mental de los asuntos que tratan; faltando los elementos anteriores estamos ante opiniones sesgadas o falsas.
Así es el reciente artículo del periodista Ricardo Raphael (El falso caso Wallace, Proceso No. 2194), falso, recargado en dichos incoherentes y contradictorios de terceras personas, y por ello asumo que desconoce el caso del terrible y abominable secuestro y homicidio de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, que consta de LXIX tomos.
Ricardo Raphael repite sin meditar, sin comprobar y descontextualizando los hechos, confundiendo lo que son “dichos y teorías” fallidamente fabricadas en pro de la causa de quienes privaron de la vida a mi hijo Hugo Alberto. Al repetir tales incoherencias pareciera que el periodista simpatiza con la idea de la impunidad. Confunde, como muchos, lo que es la presunción de inocencia, elemento fundamental con el que se inicia un proceso judicial y quien lo aplica son los funcionarios del sistema judicial, comenzando con el Ministerio Público y con el juez, no la víctima del delito u organismos independientes. 

A pesar de la frivolidad del artículo, en una palabra coincido con Ricardo Raphael: en lo descabellado de la hipótesis que asegura que he hecho todo para ganar “fama, influencia y poder”. Esta es la reciente teoría del caso según ellos, que no sólo resulta reprobable por absurda e incoherente, sino porque es difamatoria a mi persona al tiempo que subestima la inteligencia de las personas.
Dicho lo anterior, lo reto ante sus alumnos y públicamente a debatir la verdad de los hechos, pero con pruebas, y si usted es congruente y responsable de sus dichos, no lo evadirá; en caso de silencio o negativa, quedará patente su dolo y cobardía al atacar a una madre que, además de tener que lidiar con el dolor indescriptible de perder un hijo, tiene que padecer a personas como usted.
Bajo este esquema, solicito se me otorgue a la brevedad el derecho de réplica contemplado en el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente:
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
En este sentido, y toda vez que en la nota periodística materia del presente escrito se hace referencia a hechos y situaciones falsas que aluden a mi persona, causando una grave afectación de difícil reparación a la imagen, moral y honor de la suscrita, solicito que se publique y se difunda en su mismo medio las aclaraciones que resultan pertinentes respecto de los datos e información que me involucran, ya que al ser la revista Proceso un medio de comunicación emisor de información responsable del contenido original, tiene la obligación jurídica de garantizar el derecho de réplica a la suscrita por las notorias afectaciones provocadas de manera dolosa.
Sin más por el momento, espero su pronta respuesta para ejercer libremente mi derecho de réplica.
Atentamente:
Isabel Miranda de Wallace
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 Respuesta del colaborador
Señora Isabel Miranda:
La columna de análisis que usted repudia tuvo como propósito reseñar los principales argumentos del libro titulado El falso caso Wallace, de la periodista Guadalupe Lizárraga. 
No sólo llama a sorpresa, sino también desin­forma, el hecho de que en su réplica, fechada el pasado lunes 20 de noviembre, haya usted omitido el texto fuente y también el nombre de su autora. 
Presumo que desconoce la diferencia entre la opinión y la investigación. Permítame por tanto ayudarla a precisar que la columna de marras no invade el género de la investigación. Ahí no se pretende verificar ni corroborar los argumentos expuestos por Guadalupe Lizárraga, sino exponerlos de manera sintética ante la opinión pública, a la vez que se arroja luz sobre las eventuales consecuencias que podrían derivarse en caso de ser confirmados. 
Explícitamente escribí al respecto: “El falso caso Wallace […] obliga al resto de […] colegas (periodistas) a que revisemos cada una de las piezas de evidencia ofrecidas en el libro”. 
Con objeto de ayudarla a distinguir entre opinar e investigar, y también atendiendo a su invitación, acepto con rigor y profesionalismo debatir públicamente sobre los estándares del debido proceso seguidos a lo largo de la investigación judicial relativa al caso de Hugo Alberto Miranda Torres y/o Hugo Alberto Wallace Miranda. 
Reciba usted mi consideración respetuosa.
Atentamente:
Ricardo Raphael
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El falso caso Wallace/RICARDO RAPHAEL
Revista Proceso #2194, 18 de noviembre de 2018..
No es la primera vez que alguien señala como abominable fabricación el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Miranda Torres. En estas mismas páginas otros periodistas aportaron antes información que conduce a la descabellada hipótesis: Isabel Miranda de Wallace habría inventado una noticia perversa que le entregó fama, influencia y poder. 
Se suma al grupo de investigadores del caso Wallace la periodista Guadalupe Lizárraga. Hace dos meses publicó –en versión electrónica (Amazon.com)– un texto demoledor. Es imposible soltar El falso caso Wallace. 
La periodista acusa a Isabel Miranda de haber declarado muerto a su hijo, Hugo Alberto, después de simular su secuestro. Sistematiza una colección abultada de dudas que contagia con su razonamiento. 
Las imputaciones vertidas, en caso de ser ciertas, tendrían implicaciones políticas de proporciones gigantescas, porque Isabel Miranda contó en su proceder con el respaldo incondicional de Felipe Calderón como presidente y también de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. 
Vale la pena presentar aquí algunos de los principales argumentos de El falso caso Wallace:
1. Una tarjeta de crédito a nombre de Hugo Alberto fue utilizada en cinco ocasiones el lunes 20 de julio de 2005: nueve días después de su supuesto secuestro. 
2. Dos meses después de que Isabel Miranda hubiera presentado la denuncia, Enrique Wallace –marido del Isabel y padre adoptivo de Hugo Alberto– dijo, y nunca se retractó, que su hijo había desaparecido por su cuenta y que no podía asegurar que se tratase de un secuestro, ya que nunca recibió “ninguna exigencia de parte de ninguna persona”. 
3. Hugo Alberto habría dejado un mensaje de celular en el dispositivo del señor José García Sepúlveda cuatro meses después de haber desaparecido. El contenido de esa comunicación desmentiría su muerte. 
4. El señor José Luis Moya denunció que su pareja, Laura Domínguez, mantuvo comunicación con Hugo Alberto un año después del supuesto asesinato.
5. Laura Domínguez, amiga próxima del desaparecido, dijo que, por esas mismas fechas, se habría citado varias veces con él en el aeropuerto de la Ciudad de México.
6. El rastro de sangre que los peritos de la procuraduría habrían encontrado en el departamento de Juana Hilda González, y que Isabel Miranda denunció como perteneciente a su hijo, correspondería en realidad al perfil genético de una mujer. 
7. Ese mismo perfil confirma que la sangre pertenece a un pariente del señor Enrique Wallace, pero Enrique Wallace no es padre biológico de Hugo Alberto, lo cual hace suponer que podría tener como verdadero origen las venas de Claudia Wallace Miranda, la otra hija de Isabel. 
9. Los restos de Hugo Alberto jamás aparecieron. 
10. Juana Hilda González Lomelí, la primera persona inculpada por el secuestro, se habría autoincriminado después de sufrir tortura física, abuso sexual y amenazas contra su familia. 
11. La señora Miranda de Wallace habría inventado la existencia de una banda de secuestradores, responsable de lo sucedido con su hijo, a partir de una fotografía que halló en el departamento de Juana Hilda González Lomelí. En ella aparece un grupo de amigos que tiempo atrás había visitado el santuario de Chalma: Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, Brenda Quevedo Cruz y Jael Malagón Uscanga. Es a partir de esta pieza de evidencia que la señora Miranda de Wallace comienza su implacable cacería. 
12. Sin respetar el derecho a la presunción de inocencia, la señora Isabel Miranda de Wallace colocó espectaculares en puntos estratégicos de la Ciudad de México para denunciar a los supuestos secuestradores de su hijo. 
13. A partir de tales denuncias las personas de la fotografía de Chalma fueron detenidas, declararon su culpabilidad y habrían sido procesadas. 
14. César Freyre fue también detenido, sin que mediara orden de aprehensión. 
15. Todos los inculpados aseguran haber sido torturados y su narración es horripilante. Destaca en este libro el testimonio de Brenda Quevedo, quien declara haber sido violada en varias ocasiones por funcionarios de la Procuraduría.
16. Juana Hilda González, César Freyre, Albert Castillo y Tony Castillo fueron condenados a 100 años de prisión. Jacobo Tagle, Brenda Quevedo y Jael Malangón llevan alrededor de una década tras las rejas, sin que se haya dictado sentencia en su contra.
17. Hugo Alberto cuenta con dos actas de nacimiento; en una aparece con los apellidos Miranda Torres y en la otra como Wallace Miranda. También posee dos diferentes registros federales de causante (RFC). Lizárraga asegura que, además, existen estados financieros, cuentas de teléfono celular, así como tarjetas de crédito adscritas a los dos nombres del sujeto.
Con elocuencia investigativa la periodista presenta El falso caso Wallace y obliga al resto de sus colegas a que revisemos cada una de las piezas de evidencia ofrecidas en su libro. Se trata de un acto valiente porque es bien sabido que la señora Isabel Miranda persigue a sus detractores usando el aparato penal mexicano, que ella domina con abusiva maestría. 
Por ello es admirable la tenacidad de Guadalupe Lizárraga: demuestra que el gremio es capaz de continuar haciendo el trabajo indispensable.

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