Marti Batres le responde a Diego Valadés

Revista Proceso # 2193, 12 de noviembre de 2018..
"Valadés defiende la polarización salarial": Martí Batres/
Acerca de las críticas que hizo en las páginas de este semanario el jurista Diego Valadés sobre las iniciativas de reforma impulsadas por Morena en el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, responde que la defensa que hace el constitucionalista de los salarios del Poder Judicial implica mantener la injusta polarización salarial que se intensificó en los regímenes panistas y en el de Enrique Peña Nieto. En entrevista, Batres también revela que el impulsor de esos cambios legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el presidente electo esté solo en su proyecto. 

Existe “una casta divina” de la alta burocracia federal a la que “no puedes tocar, no la puedes alterar porque reacciona”, y una serie de “ideólogos de la desigualdad” que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal y ante la promulgación de leyes como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, destaca el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.
En entrevista con este semanario, el legislador responde a las críticas y señalamientos realizados por el constitucionalista Diego Valadés (Proceso 2192), a quien considera “un jurista de la desigualdad” porque “lo que busca defender es la existencia de una polarización en la que un trabajador puede ganar 5 mil pesos y en el mismo aparato administrativo su superior puede obtener hasta 500 mil pesos”.

“Hay zonas de nuestro sistema público-administrativo en la que puede haber una diferencia de 100 a 1” en las percepciones salariales, argumenta Batres, y ­subraya que la “gran polarización salarial” se generó durante los gobiernos del PAN. 
“¿Cuándo crecieron sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Vicente Fox. En ese lapso también proliferaron los organismos autónomos. Son los años en que se puso de moda la gerencia pública”, afirma el expresidente de Morena.
Batres, tres veces legislador federal y exasambleísta capitalino, responde también a la crítica de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está “aislado” y que no existe “coordinación” entre las bancadas de Morena en el Congreso y el equipo del futuro mandatario.
“Ese es otro de los errores de Valadés. No ha acabado de entender que el principal impulsor de esta ley (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) es Andrés Manuel López Obrador. En la primera reunión que tuvimos los legisladores con él en julio de este año, cuando aún no era presidente electo y nosotros no habíamos tomado posesión, él planteó 12 puntos y en uno de ellos pidió que se encargara el diputado federal Pablo Gómez sobre la ley de salarios máximos”, relata.
–El argumento de Valadés es que esta ley se promulgó con erratas. Que ya no existe el Distrito Federal ni el concepto de salarios mínimos, entre otros puntos –se le comenta.
–No es correcto, porque para eso existen transitorios de otras legislaciones recientes donde ordena que donde dice Distrito Federal ahora diga Ciudad de México, etcétera. 
“Fue muy interesante lo que hicieron los diputados. ¿Por qué aprueban una ley de hace siete años? La aprueban para que quede publicada antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, porque así ya tienes un mandato legal. La firmamos Porfirio Muñoz Ledo y yo (como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado). 
“Terminó el proceso legislativo y se le mandó al Ejecutivo federal. El presidente tenía 30 días para hacer observaciones y tenía después 10 días para publicarla. Las observaciones son el veto. No lo hizo; pudo haberlo hecho. Terminó el plazo. Pasaron 10 días y no la publicó. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 72, inciso b? Que ‘una vez transcurrido este segundo plazo, el presidente de la cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo’”, explica Batres, leyendo este fragmento del artículo 72 constitucional que se modificó recientemente para eliminar el llamado “veto de bolsillo”.
Y le vuelve a contestar al exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras su entrevista con Álvaro Delgado: “Ahí se equivoca Valadés también. Dice que el presidente del Senado no debió haber ordenado su publicación. ¿Cómo que no debía haberla ordenado? ¡Me lo está diciendo un constitucionalista! El presidente del Senado no tenía de otra más que ordenar su publicación. Es muy lamentable que esto lo diga un jurista”.
–¿Por qué el Ejecutivo federal no hizo nada ante esta ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y elimina, entre otras cosas, las pensiones de los expresidentes y fija un tope salarial máximo de 108 mil pesos?
–Eso no lo puedo saber. Probablemente es un tema que no compartía. Si bien el Ejecutivo federal no la publicó, tampoco la vetó. El hecho de que él no la publicara no impedía su publicación. Yo no le reclamo este hecho, más bien reconocemos que no la vetó.
–¿Esta fue una decisión que se compartía con el presidente electo López Obrador?
La compartía plenamente. Desde la primera reunión que tuvimos con él en julio y en la pasada reunión del lunes (5 de noviembre), celebró su publicación. Es decir, no es cierto lo que dice Diego Valadés cuando dice que los legisladores actúan en contra de López Obrador. Cuando afirma que habrá una crisis burocrática, es falso. No hay evidencia ni siquiera de que vayan a renunciar muchos funcionarios de la alta burocracia.
“Es que viven en su burbuja. No entienden nada de lo que pasó y está pasando desde el 1 de julio. Desde mi perspectiva, es histórico ponerle un tope a los altos mandos y también fue histórica la manera en la que se publicó. ¿Qué lo permitió? La nueva composición del Poder Legislativo.”
La polarización inició con el PAN
A decir de Batres, “no hay evidencia” de que un alto ingreso genere menos corrupción y, en el caso del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros pueden adelantarse tomando medidas de austeridad, como las realizadas por el Congreso.
“Recuerdo en 2002 el caso de un presidente municipal de Ecatepec que se asignó un sueldo de 420 mil pesos, cuando el salario mínimo de aquel entonces sería un poco más de mil pesos. Había trabajadores de Ecatepec que ganaban menos de 4 mil pesos. En aquel entonces también estaban muy elevados los sueldos en ­Tlalnepantla, Naucalpan, pero en años más recientes hubo alguien que se asignó un sueldo de más de 500 mil pesos”, dice Batres.
–¿Este fenómeno es antiguo o se acentuó con los dos gobiernos del PAN y luego con el retorno del PRI?
–La gran polarización salarial en la administración pública llega a su máxima agudización en los gobiernos del PAN. Ahí te das cuenta de la influencia de la ideología conservadora llevada a lo público. ¿Cuándo crecen sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Fox. Comienza el despegue.
–¿No fue con Zedillo?
–No, sobre todo con Fox. En este lapso también proliferan los organismos autónomos. Estamos hablando de un país que en el año 2000 tenía ya grandes desigualdades, y en lugar de enfrentarlas se profundizan.
–¿A qué atribuyes esto? ¿A la ideología conservadora o a la visión gerencial del gobierno?
–A su visión gerencial del gobierno. Ellos quieren formar una casta público-gerencial. Por cierto, son los años en que se pone de moda la gerencia pública. Recuerdo que en 2000 se impartió un diplomado en la Cámara de Diputados sobre Gerencia, Política e Investigación de la Opinión Pública, de la Universidad George Washington.
–Escuché a la exministra y senadora Olga Sánchez Cordero decir que no está de acuerdo con la disminución de los salarios en el Poder Judicial. ¿Hay contradicción en este tema?
–Hay posturas personales y posturas institucionales. El movimiento que triunfó el 1 de julio, como fuerza política, ha enarbolado mayor equidad salarial. Que no puede haber salarios tan elevados habiendo salarios tan bajos. No se trata de que todos ganen igual, sino de que la distancia se acorte.
–Los defensores de los salarios altos argumentan que es un blindaje contra la corrupción y que también los técnicos o especialistas necesitan este tipo de salarios porque es el mercado el que define estos ingresos. ¿Salario alto es menor corrupción?
–No tenemos evidencia de que así sea. Y en cambio, lo que sí podemos ver como evidencia histórica es que en la época de los salarios más altos se elevó la corrupción. No es cierto que esto fue una medicina.
–¿Por ejemplo, en el Poder Judicial, los altos salarios disminuyeron la corrupción?
–No tenemos evidencia de que así haya sido. Lo que sí sabemos es que el periodo más elevado de impunidad es éste. El 98% de los casos no se resuelven en el ámbito judicial-penal. 
–¿Este saqueo de recursos públicos se resuelve sólo disminuyendo salarios?
–No, tiene que haber un paquete de medidas, pero si observamos lo que se está planteando en el Congreso, es un paquete grande e interesante: la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, ponerles un tope arriba para que los salarios altos no crezcan. Siempre el tope salarial ha sido abajo; ahora que se le pongan arriba.
“Está planteada también la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes obtenidos de la corrupción los recupere el erario. Bienes líquidos y materiales. Está también la revisión del catálogo de delitos, como el de corrupción, el de encubrimiento y, por otro lado, el robo de combustible, el fraude electoral, como delitos graves. También forma parte de un esquema de combate a la corrupción.
“Hay otro tema, que es quitarle fuerza a esta persecución que se hace de los negocios, del sistema de extorsión institucionalizada. Hay un ‘pago de piso’ institucional. El funcionario va por su mochada, si no, cierra el negocio.”
–¿Cómo embona esto en la agenda de las reformas legislativas y del aparato de gobierno que anunció López Obrador? Por ejemplo, la compactación del aparato público y la descentralización de secretarías. 
–Forma parte de ello porque es una visión completa de la austeridad y honestidad. No son lo mismo, pero tiene una visión de aprovechar mejor los recursos públicos. El tema de austeridad tiene qué ver: se está planteando disminuir arriba.
Los sexenios de De la Madrid y de Salinas fueron los de mayor adelgazamiento del Estado, pero desde la parte de abajo. Un millón de trabajadores fueron echados a la calle con el delamadridismo. Ahora se está planteando un adelgazamiento desde arriba. Dejaron muy cachetón al Estado; estaba obeso de arriba.
“El tema de los altos salarios se veía también como un asunto de competitividad. ¿Te das cuenta de la esquizofrenia del discurso de la competitividad laboral? Cuando se trata de salarios de los trabajadores deben ser muy bajos, porque eso nos hace más competitivos ante el mercado internacional, pero a las altas esferas para ser competitivos hay que darles salarios muy altos a los mandos. Es contradictorio y tremendamnte injusto.
“Por otro lado, un grupo muy reducido ve su propia realidad. No se da cuenta de que fuera de ese círculo hay miles y miles de mexicanos muy preparados con ingresos muy bajos. Tenemos profesionistas, científicos con sueldos muy bajos.”
La burocracia, “casta divina”
Al plantearle al presidente de la Mesa Directiva del Senado si Morena está rompiendo un sistema de castas, Batres contesta:
–Es una casta divina. No la puedes tocar. No la puedes alterar porque reacciona. Generó una identidad y espíritu de cuerpo. Esta casta es la que tiene los seguros de gastos médicos privados; obviamente las aseguradoras en algo se sentirán identificadas. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos sólo en el aparato federal.
–¿Existe esta casta también en el Poder Judicial?
–-Debemos escuchar a los ministros, debe haber transformación. Lo deseable es que este proceso sea impulsado en cada uno de los ámbitos. Un ejemplo es el propio Poder Legislativo, que comenzó a aplicar sus planes de austeridad. 
“Aquí en el Senado eliminamos un bono de bienvenida de casi 400 mil pesos por senador. Se les daba eso nada más por llegar. Eliminamos el complemento de aguinaldo, que era de 80 días de sueldo, no de 40. Eliminamos los estímulos por evaluación que son bonos. Se le daba a cada legislador después de aprobada cada reforma estructural.
“Eliminamos los vehículos asignados a los senadores y a los altos mandos. Se quitó la peluquería y el salón de belleza para los senadores. Se bajó 30% el salario de los altos mandos de la administración. Disminuyeron 50% los recursos de las bancadas, y las comisiones de 64 a 34.
–¿Era tan escandaloso el dispendio aquí como en la Cámara de Diputados?
–En la Cámara de Diputados, cuando llegué en 2000, me tocó un proceso de ajuste interesante que ocurrió en el periodo 1997-2000: se creó el servicio de carrera, se contuvo el aumento del presupuesto en general. Me tocó enfrentar una rebelión de diputados de todos los partidos que querían un bono de 1 millón de pesos. El argumento es que era un bono de marcha, como una liquidación.
“Ya en 2012, cada vez que aprobaban una reforma estructural había bonos de desempeño para cada diputado. En esa época comenzaron a proliferar los moches, los bonos, (y se mantuvieron) a lo largo de estas dos últimas legislaturas.”
–¿Qué debe hacer el Poder Judicial en esta materia?
–El Poder Legislativo, de manera autónoma, pudo tomar sus decisiones. Yo esperaría que fuera así en el Poder Judicial. Tengo la esperanza de que en cada órgano, más allá de las legislaciones, vayan tomando sus propias decisiones.
Acerca de las críticas que hizo en las páginas de este semanario el jurista Diego Valadés sobre las iniciativas de reforma impulsadas por Morena en el Congreso, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, responde que la defensa que hace el constitucionalista de los salarios del Poder Judicial implica mantener la injusta polarización salarial que se intensificó en los regímenes panistas y en el de Enrique Peña Nieto. En entrevista, Batres también revela que el impulsor de esos cambios legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el presidente electo esté solo en su proyecto. 
Existe “una casta divina” de la alta burocracia federal a la que “no puedes tocar, no la puedes alterar porque reacciona”, y una serie de “ideólogos de la desigualdad” que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal y ante la promulgación de leyes como la de Remuneraciones de los Servidores Públicos, destaca el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres.
En entrevista con este semanario, el legislador responde a las críticas y señalamientos realizados por el constitucionalista Diego Valadés (Proceso 2192), a quien considera “un jurista de la desigualdad” porque “lo que busca defender es la existencia de una polarización en la que un trabajador puede ganar 5 mil pesos y en el mismo aparato administrativo su superior puede obtener hasta 500 mil pesos”.
“Hay zonas de nuestro sistema público-administrativo en la que puede haber una diferencia de 100 a 1” en las percepciones salariales, argumenta Batres, y ­subraya que la “gran polarización salarial” se generó durante los gobiernos del PAN. 
“¿Cuándo crecieron sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Vicente Fox. En ese lapso también proliferaron los organismos autónomos. Son los años en que se puso de moda la gerencia pública”, afirma el expresidente de Morena.
Batres, tres veces legislador federal y exasambleísta capitalino, responde también a la crítica de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está “aislado” y que no existe “coordinación” entre las bancadas de Morena en el Congreso y el equipo del futuro mandatario.
“Ese es otro de los errores de Valadés. No ha acabado de entender que el principal impulsor de esta ley (Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos) es Andrés Manuel López Obrador. En la primera reunión que tuvimos los legisladores con él en julio de este año, cuando aún no era presidente electo y nosotros no habíamos tomado posesión, él planteó 12 puntos y en uno de ellos pidió que se encargara el diputado federal Pablo Gómez sobre la ley de salarios máximos”, relata.
–El argumento de Valadés es que esta ley se promulgó con erratas. Que ya no existe el Distrito Federal ni el concepto de salarios mínimos, entre otros puntos –se le comenta.
–No es correcto, porque para eso existen transitorios de otras legislaciones recientes donde ordena que donde dice Distrito Federal ahora diga Ciudad de México, etcétera. 
“Fue muy interesante lo que hicieron los diputados. ¿Por qué aprueban una ley de hace siete años? La aprueban para que quede publicada antes de que se discuta el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, porque así ya tienes un mandato legal. La firmamos Porfirio Muñoz Ledo y yo (como presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado). 
“Terminó el proceso legislativo y se le mandó al Ejecutivo federal. El presidente tenía 30 días para hacer observaciones y tenía después 10 días para publicarla. Las observaciones son el veto. No lo hizo; pudo haberlo hecho. Terminó el plazo. Pasaron 10 días y no la publicó. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 72, inciso b? Que ‘una vez transcurrido este segundo plazo, el presidente de la cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo’”, explica Batres, leyendo este fragmento del artículo 72 constitucional que se modificó recientemente para eliminar el llamado “veto de bolsillo”.
Y le vuelve a contestar al exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tras su entrevista con Álvaro Delgado: “Ahí se equivoca Valadés también. Dice que el presidente del Senado no debió haber ordenado su publicación. ¿Cómo que no debía haberla ordenado? ¡Me lo está diciendo un constitucionalista! El presidente del Senado no tenía de otra más que ordenar su publicación. Es muy lamentable que esto lo diga un jurista”.
–¿Por qué el Ejecutivo federal no hizo nada ante esta ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y elimina, entre otras cosas, las pensiones de los expresidentes y fija un tope salarial máximo de 108 mil pesos?
–Eso no lo puedo saber. Probablemente es un tema que no compartía. Si bien el Ejecutivo federal no la publicó, tampoco la vetó. El hecho de que él no la publicara no impedía su publicación. Yo no le reclamo este hecho, más bien reconocemos que no la vetó.
–¿Esta fue una decisión que se compartía con el presidente electo López Obrador?
La compartía plenamente. Desde la primera reunión que tuvimos con él en julio y en la pasada reunión del lunes (5 de noviembre), celebró su publicación. Es decir, no es cierto lo que dice Diego Valadés cuando dice que los legisladores actúan en contra de López Obrador. Cuando afirma que habrá una crisis burocrática, es falso. No hay evidencia ni siquiera de que vayan a renunciar muchos funcionarios de la alta burocracia.
“Es que viven en su burbuja. No entienden nada de lo que pasó y está pasando desde el 1 de julio. Desde mi perspectiva, es histórico ponerle un tope a los altos mandos y también fue histórica la manera en la que se publicó. ¿Qué lo permitió? La nueva composición del Poder Legislativo.”
La polarización inició con el PAN
A decir de Batres, “no hay evidencia” de que un alto ingreso genere menos corrupción y, en el caso del Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros pueden adelantarse tomando medidas de austeridad, como las realizadas por el Congreso.
“Recuerdo en 2002 el caso de un presidente municipal de Ecatepec que se asignó un sueldo de 420 mil pesos, cuando el salario mínimo de aquel entonces sería un poco más de mil pesos. Había trabajadores de Ecatepec que ganaban menos de 4 mil pesos. En aquel entonces también estaban muy elevados los sueldos en ­Tlalnepantla, Naucalpan, pero en años más recientes hubo alguien que se asignó un sueldo de más de 500 mil pesos”, dice Batres.
–¿Este fenómeno es antiguo o se acentuó con los dos gobiernos del PAN y luego con el retorno del PRI?
–La gran polarización salarial en la administración pública llega a su máxima agudización en los gobiernos del PAN. Ahí te das cuenta de la influencia de la ideología conservadora llevada a lo público. ¿Cuándo crecen sin cesar los salarios de los ministros de la Suprema Corte? En el sexenio de Fox. Comienza el despegue.
–¿No fue con Zedillo?
–No, sobre todo con Fox. En este lapso también proliferan los organismos autónomos. Estamos hablando de un país que en el año 2000 tenía ya grandes desigualdades, y en lugar de enfrentarlas se profundizan.
–¿A qué atribuyes esto? ¿A la ideología conservadora o a la visión gerencial del gobierno?
–A su visión gerencial del gobierno. Ellos quieren formar una casta público-gerencial. Por cierto, son los años en que se pone de moda la gerencia pública. Recuerdo que en 2000 se impartió un diplomado en la Cámara de Diputados sobre Gerencia, Política e Investigación de la Opinión Pública, de la Universidad George Washington.
–Escuché a la exministra y senadora Olga Sánchez Cordero decir que no está de acuerdo con la disminución de los salarios en el Poder Judicial. ¿Hay contradicción en este tema?
–Hay posturas personales y posturas institucionales. El movimiento que triunfó el 1 de julio, como fuerza política, ha enarbolado mayor equidad salarial. Que no puede haber salarios tan elevados habiendo salarios tan bajos. No se trata de que todos ganen igual, sino de que la distancia se acorte.
–Los defensores de los salarios altos argumentan que es un blindaje contra la corrupción y que también los técnicos o especialistas necesitan este tipo de salarios porque es el mercado el que define estos ingresos. ¿Salario alto es menor corrupción?
–No tenemos evidencia de que así sea. Y en cambio, lo que sí podemos ver como evidencia histórica es que en la época de los salarios más altos se elevó la corrupción. No es cierto que esto fue una medicina.
–¿Por ejemplo, en el Poder Judicial, los altos salarios disminuyeron la corrupción?
–No tenemos evidencia de que así haya sido. Lo que sí sabemos es que el periodo más elevado de impunidad es éste. El 98% de los casos no se resuelven en el ámbito judicial-penal. 
–¿Este saqueo de recursos públicos se resuelve sólo disminuyendo salarios?
–No, tiene que haber un paquete de medidas, pero si observamos lo que se está planteando en el Congreso, es un paquete grande e interesante: la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, ponerles un tope arriba para que los salarios altos no crezcan. Siempre el tope salarial ha sido abajo; ahora que se le pongan arriba.
“Está planteada también la Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes obtenidos de la corrupción los recupere el erario. Bienes líquidos y materiales. Está también la revisión del catálogo de delitos, como el de corrupción, el de encubrimiento y, por otro lado, el robo de combustible, el fraude electoral, como delitos graves. También forma parte de un esquema de combate a la corrupción.
“Hay otro tema, que es quitarle fuerza a esta persecución que se hace de los negocios, del sistema de extorsión institucionalizada. Hay un ‘pago de piso’ institucional. El funcionario va por su mochada, si no, cierra el negocio.”
–¿Cómo embona esto en la agenda de las reformas legislativas y del aparato de gobierno que anunció López Obrador? Por ejemplo, la compactación del aparato público y la descentralización de secretarías. 
–Forma parte de ello porque es una visión completa de la austeridad y honestidad. No son lo mismo, pero tiene una visión de aprovechar mejor los recursos públicos. El tema de austeridad tiene qué ver: se está planteando disminuir arriba.
Los sexenios de De la Madrid y de Salinas fueron los de mayor adelgazamiento del Estado, pero desde la parte de abajo. Un millón de trabajadores fueron echados a la calle con el delamadridismo. Ahora se está planteando un adelgazamiento desde arriba. Dejaron muy cachetón al Estado; estaba obeso de arriba.
“El tema de los altos salarios se veía también como un asunto de competitividad. ¿Te das cuenta de la esquizofrenia del discurso de la competitividad laboral? Cuando se trata de salarios de los trabajadores deben ser muy bajos, porque eso nos hace más competitivos ante el mercado internacional, pero a las altas esferas para ser competitivos hay que darles salarios muy altos a los mandos. Es contradictorio y tremendamnte injusto.
“Por otro lado, un grupo muy reducido ve su propia realidad. No se da cuenta de que fuera de ese círculo hay miles y miles de mexicanos muy preparados con ingresos muy bajos. Tenemos profesionistas, científicos con sueldos muy bajos.”
La burocracia, “casta divina”
Al plantearle al presidente de la Mesa Directiva del Senado si Morena está rompiendo un sistema de castas, Batres contesta:
–Es una casta divina. No la puedes tocar. No la puedes alterar porque reacciona. Generó una identidad y espíritu de cuerpo. Esta casta es la que tiene los seguros de gastos médicos privados; obviamente las aseguradoras en algo se sentirán identificadas. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos sólo en el aparato federal.
–¿Existe esta casta también en el Poder Judicial?
–-Debemos escuchar a los ministros, debe haber transformación. Lo deseable es que este proceso sea impulsado en cada uno de los ámbitos. Un ejemplo es el propio Poder Legislativo, que comenzó a aplicar sus planes de austeridad. 
“Aquí en el Senado eliminamos un bono de bienvenida de casi 400 mil pesos por senador. Se les daba eso nada más por llegar. Eliminamos el complemento de aguinaldo, que era de 80 días de sueldo, no de 40. Eliminamos los estímulos por evaluación que son bonos. Se le daba a cada legislador después de aprobada cada reforma estructural.
“Eliminamos los vehículos asignados a los senadores y a los altos mandos. Se quitó la peluquería y el salón de belleza para los senadores. Se bajó 30% el salario de los altos mandos de la administración. Disminuyeron 50% los recursos de las bancadas, y las comisiones de 64 a 34.
–¿Era tan escandaloso el dispendio aquí como en la Cámara de Diputados?
–En la Cámara de Diputados, cuando llegué en 2000, me tocó un proceso de ajuste interesante que ocurrió en el periodo 1997-2000: se creó el servicio de carrera, se contuvo el aumento del presupuesto en general. Me tocó enfrentar una rebelión de diputados de todos los partidos que querían un bono de 1 millón de pesos. El argumento es que era un bono de marcha, como una liquidación.
“Ya en 2012, cada vez que aprobaban una reforma estructural había bonos de desempeño para cada diputado. En esa época comenzaron a proliferar los moches, los bonos, (y se mantuvieron) a lo largo de estas dos últimas legislaturas.”
–¿Qué debe hacer el Poder Judicial en esta materia?
–El Poder Legislativo, de manera autónoma, pudo tomar sus decisiones. Yo esperaría que fuera así en el Poder Judicial. Tengo la esperanza de que en cada órgano, más allá de las legislaciones, vayan tomando sus propias decisiones.