En un mensaje de fin de año, la presidenta del organismo, María Elvira Domínguez, señaló que 2018 tuvo “altibajos” y tras resaltar el luto que supuso la muerte de los 31 hombres de prensa criticó “el irrespeto constante a las libertades individuales y sociales en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.
Además de los 13 periodistas mexicanos asesinados, en 2018 fueron abatidos seis hombres de prensa en EU, cuatro en Brasil, tres en Ecuador, dos de Colombia, dos de Guatemala y uno de Nicaragua, mientras que en Haití un periodista permanece desaparecido.
#Meade un hombre triste..., dice Javier Jiménez Espriú.
Mmm
Luego que el ex candidato presidencial José Antonio Meade afirmó que costará 145 mil millones de dólares cancelar el NAIM, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, respondió que esas son "cuentas alegres de un hombre triste”.
"La enorme pérdida -145 mMde USD- que el ex candidato presidencial y Ex Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, le asigna a la cancelación del NAIM son 'las cuentas alegres de un hombre triste'", señaló en su cuenta de Twitter.
Habrá reacciones!
@JoseAMeadeK
En respuesta a @JimenezEspriu
Como millones quiero que le vaya bien al presidente López Obrador. Por eso insisto. Lo hago con mesura, sin adjetivos ni estridencias. El @CICMoficial coincide. Te recomiendo leas el documento que te enviaron. Con el respeto y alegria de siempre te deseo feliz año.
Que había dicho Meade...?
@JoseAMeadeK 29 dic.
Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de donde salen los 145,000 millones de dólares, acá pueden verlo. https://www.facebook.com/560965564045087/posts/1395828317225470?sfns=cl …
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Las columnas políticas hoy, domingo 30 de diciembre de 2018..Templo Mayor/Reforma
¿ALGUIEN SABE dónde se metió el nuevo jefe de la Policía Federal? Cuentan que Arturo Jiménez Martínez nomás no ha podido tomar posesión por un pequeño detalle... no le han dado el visto bueno a sus exámenes de control de confianza.NO SE SABE si el ex comandante de la Policía Federal de Caminos no ha aprobado las pruebas o si, simplemente, se trata de un proceso que está atorado por la cuarta trasformación de la burocracia. De lo que no hay duda es que Jiménez Martínez sigue sin tener realmente el mando.
Y LO PEOR no es eso, sino que con su llegada volvieron viejos elementos -precisamente de la de Caminos- que habían sido apartados de la Policía Federal, no por buenos precisamente.
ENTRE QUE Jiménez Martínez está haciendo purga de elementos que construyeron la PF y que la pretendida Guardia Nacional se llevaría a 20 mil elementos, prácticamente están desmantelando a una de las instituciones policiacas más sólidas.
CONTRARIO a lo que los propios panistas pedían para la gubernatura de Puebla, ahora es el propio PAN el que no se resigna a aceptar su derrota en la alcaldía de Monterrey.
CUENTAN que los abogados albiazules enviados a Nuevo León por el CEN que encabeza Marko Cortés van con todo en la impugnación al triunfo del priista Adrián de la Garza. Denunciarán lo que consideran un proceso amañado y plagado de triquiñuelas por parte de operadores del tricolor. Y uno de los más señalados es el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira, que algo sabe de fontanería, perdón, de operación electoral, y por eso fue nombrado delegado especial del PRI para esa elección.
DENTRO del PAN aseguran que hay evidencias contundentes de compra de votos por parte de los tricolores, pero, sobre todo, un sobregiro alarmante en las gastos de campaña. A ver si es cierto que tienen esas pruebas.
QUÉ BUENO que la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde, salió a decir que en esa dependencia habrá "cero tolerancia" a los abusos de autoridad, en relación con el caso del supuesto subdelegado en Quintana Roo que fue exhibido en redes sociales actuando de manera prepotente contra dos policías.
Y SI BIEN la secretaria dijo que en ningún estado existe representación de la STPS -más allá de los superdelegados presidenciales- nomás no aclaró si el tal "Lord Papi", Luis Alberto Espadas Carrión, es o no funcionario de la dependencia. Ni modo de pensar que Alcalde lo está protegiendo, ¿verdad?
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Frentes Políticos/Excelsior..
I. Violencia desatada. Poco les importan a los criminales los proyectos del gobernador de Guanajuato.
Mientras Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se sumó a las acciones emprendidas por el gobierno federal en contra del robo de hidrocarburos y elementos de las fuerzas federales se han posicionado en torno de la Refinería de Salamanca, otro de los sectores quedó desprotegido. Este fin de semana, en 24 horas, al menos 11 personas fueron asesinadas en el estado. De los hechos ocurridos, destaca el ataque de un grupo armado que liquidó a seis personas en Salamanca. La última aparición pública del gobernador fue el pasado 21 de diciembre. Guanajuato en rojo, y él, ¿a dónde se fue?
II. Peligro rodante. Con sus 12 líneas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro traslada a casi un millón de usuarios diario, pero padece de infraestructura anticuada y falta de inversión, reveló el director del organismo, Jorge Javier Jiménez Alcaraz. Admitió que requiere de una inversión de 30 millones de pesos para sortear carencias, como mejorar su infraestructura. Sin embargo, lo más grave es cómo abatir los robos a usuarios, ya que las cifras son asombrosas: durante 2018, alrededor de 14 mil personas fueron llevadas ante el Ministerio Público y jueces cívicos por cometer diversas faltas y delitos en el Metro. Acabar con este virus es primordial.
¿Podrá el nuevo funcionario?
III. Copiarse o morir. Al Partido Revolucionario Institucional le urge reposicionarse y por volver a ser lo de antes es capaz de todo, hasta de voltear a ver a los ciudadanos. “El PRI tiene la tarea fundamental de visibilizar a los pueblos indígenas a través de propuestas, inclusión y una participación política efectiva”, afirmó la secretaria de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional, Bernarda Reyes Hernández. Ésta es “una de las prioridades de la presidenta del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, posicionar a nuestros pueblos indígenas en el lugar que les corresponde”, agregó. Once millones de indígenas habitan el país y han sido olvidados. Convertidos en votos, este negocio pinta bien…
IV. Política a toda prisa. No ha pasado un mes de la llegada del nuevo régimen a México y los cambios en todos los sectores comienzan a sentirse. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte que contempla, entre otras cosas, disminución de impuestos y aumento al salario. Al dar a conocer el Plan Económico del gobierno federal, que se basará en los pilares de innovación, diversificación e inclusión, el mandatario señaló que impulsará la inversión, creación de empleos y aprovechará la fortaleza económica de los estados del norte del país. Año nuevo, México nuevo. Créanselo.
V. Prioridades. El senador Ricardo Monreal consideró que con el combate a la delincuencia habrá más recursos, pues, en particular, con las acciones anunciadas contra el robo de combustibles y contra las facturas falsas, podrían recuperarse unos 200 mil millones de pesos al año. La evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas podría alcanzar 150 mil millones de pesos anualmente, estimó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo). Habló de que ante la inseguridad, el robo y la falta de inversión pública de los recursos fiscales, hay sectores que están decepcionados. Lo tiene en la agenda. Y promete que esta percepción cambiará.
Que sea rápido, por favor.
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Cuentas de ahorro/Gabriel Zaid
30 Dic. 2018
Los bancos hablan de "bancarizar" a toda la población, olvidando que la resistencia inicial fue de los bancos. Todavía en el siglo XX, en muchos países, las mujeres no podían abrir cuentas bancarias.
Paralelamente, mucha gente tenía problemas para resguardar su dinero. Hace milenios, los templos daban el servicio de custodia, sin mezclar dineros de unos y de otros. Cuando apareció la banca, mezclarlos permitió el negocio de prestar dinero ajeno y cobrar intereses. Un negocio menor fue el servicio antiguo: las cajas de seguridad, donde no se mezclan los depósitos. A veces, con niveles de lujo, por ejemplo: recibir a las dos o tres de la mañana a los clientes que salen de una fiesta y pasan a depositar las joyas que usan en grandes ocasiones.
Fuera de los bancos, hubo soluciones como las "víboras": cinturones huecos donde se podían esconder monedas de oro y plata. No tan seguras, porque los asaltantes lo sabían.
Más seguros fueron los "entierros": jarros con dinero que se enterraban a escondidas. Muchos quedaron enterrados, al morir el único que sabía dónde estaban. Las leyendas sobre entierros fabulosos despertaron la codicia de buscadores de tesoros, que hasta compraban casas donde supuestamente los había.
Otras formas de ahorro no bancario: El "cochinito" que permitía depósitos, pero no retiros, y se rompía para fechas y gastos especiales. El ahorro escolar, para enseñar a los niños a no gastarse todo. Las tandas y cajas populares, donde los socios se obligan a acumular depósitos periódicos.
Las cuentas de ahorro bancario fueron un gran servicio. En los años 70, vi a un barrendero municipal dejar su carro de basura frente a un banco y entrar a depositar en su cuenta. Según el Anuario Estadístico 1970-1971, mientras la población censada aumentó de 35 millones en 1960 a 48 en 1970 (p. 30), el número de cuentahabientes de ahorros se quintuplicó: de dos millones en 1961 a once en 1971 (p. 716).
Las cuentas de ahorro pagaron el 4.5% anual de 1968 a 1981, según las Estadísticas históricas de México (p. 1008), pero saltaron a pagar 20% en 1982. Lo recuerda orgullosamente el entonces director general del Banco de México: "También se aumentó, de un solo golpe, la tasa de interés de las modestas cuentas de ahorro, las que las personas de escasos recursos mantenían en los bancos" (Carlos Tello Macías, Ahora recuerdo, Debate, 2013, p. 273).
Lo que no recuerda es que el maravilloso aumento no pudo cobrarse, porque la banca (nacionalizada tres días antes) no podía pagarlo sin quebrar, y optó por cancelar las cuentas, devolviendo el dinero a los ahorradores. Así, de un solo golpe, el país se desbancarizó. Muchos tuvieron que volver a las víboras, entierros y cochinitos. La demagogia del presidente López Portillo y su banquero central fue contraproducente.
El presidente Salinas de Gortari dejó al presidente Zedillo unas finanzas públicas "prendidas con alfileres" que el nuevo secretario de Hacienda arruinó en unos cuantos días, llevándose de paso las finanzas privadas. Para rescatarlas, Zedillo impuso un sistema de ahorro forzoso para el retiro de la población asalariada que ayudó al rescate del gobierno y los bancos a costa de los patrones y los trabajadores. Tuvieron que aportar y pagar comisiones.
Según la Encuesta nacional de inclusión financiera 2018 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya el 40% de la población adulta tiene cuentas de ahorro para el retiro en las afores. Y como todo mexicano puede abrir una, aunque no sea asalariado, son el vehículo ideal para hacer transferencias monetarias mensuales a los ciudadanos mayores de 70 años.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe del Distrito Federal, inició el programa de pensiones para los defeños mayores de 70 años. Fue una buena idea que quiere extender a todo el país. Para lo cual no hace falta crear una nueva burocracia, si se aprovechan las cuentas de ahorro para el retiro. Para los beneficiarios que ya tienen afore, lo más sencillo es hacerles llegar la transferencia a su cuenta. Para los que no la tienen, lo más sencillo es abrirla en la sucursal bancaria que mejor les convenga. En ambos casos, sin cargos ni descuentos. La Secretaría de Hacienda correría con el costo de usar las cuentas como vehículos de transferencia, negociando el paquete con los bancos. La cantidad mensual (igual para todos) y la forma de cobrarla se publicaría por radio y televisión...
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Alto/Eduardo Caccia
Reforma, 30 Dic. 2018
Malcolm Gladwell saltó a la fama con un provocador libro hace algunos años, The Tipping Point, cuya portada mostraba un cerillo y un subtítulo inquietante: "Cómo las pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia". El texto pronto se volvió un clásico empresarial y un lugar de culto para los innovadores. Atinadamente Gladwell comparó los procesos de cambios sociales con la forma como se producen las epidemias. Esta analogía entre epidemias virales y epidemias sociales dio pistas para entender los cambios y sus componentes: el agente de contagio, su potencial propagación y el poder del contexto.
¿Cuál es el punto de inflexión que necesita México para cambiar? La respuesta depende obviamente de cuál sea el tema del que estemos hablando. Pongamos sobre la mesa uno relevante: cultura de legalidad, para mi juicio el territorio donde debe florecer el Estado de Derecho, la batalla contra la corrupción y la impunidad. Si pensamos en la teoría de Gladwell, necesitamos un cambio pequeño que produzca resultados sonoros, más allá de exhortaciones del tipo "sólo siéndoos buenos podemos ser felices" o "todos a portarnos bien", como ha dicho recientemente el presidente de la República, llamados que me parecen, dicho con todo respeto, ingenuos, producto más del pensamiento mágico que de quien tiene una estrategia y rumbo.
Tengo una hipótesis que podrían implementar los gobiernos en sus diferentes niveles, también las escuelas, los centros comerciales y los condominios con zonas vehiculares. Se trata de instalar y respetar la más básica de las señales viales, el disco rojo de "Alto", mandato que por ahora es más una sugerencia que un ordenamiento. Detrás de mi lógica existe la noción de que en México los límites son como el chicharrón en salsa verde, flexibles. Por eso "nos pasamos de la raya", no sólo la vial. Esta falta de cumplimiento básico, esta incapacidad para detenernos donde dice "Alto" ha generado una epidemia de ilegalidad que necesita, literalmente, detenerse.
Necesitamos una señal social que no admita negociación, que se convierta en la base de un nuevo acuerdo nacional que tenga al respeto a la ley como eje central, complementado con materias de ética y civismo en las escuelas. Lo ideal sería implementarlo a nivel federal pero si no fuese así, los estados y los municipios bien podrían llevarlo a cabo. De hecho existen algunas ciudades del país donde hay mejor urbanidad vial que en otras, es el caso donde por tradición se practica el "uno y uno" en los cruces de calles que no tienen un semáforo pero sí un acuerdo.
Las escuelas deberían rescatar los operativos viales donde la participación de alumnos y padres de familia no es una dádiva a su comunidad sino una forma de ejercer la cultura de la legalidad. Recupero aquella escena de mi vida en California donde una pequeña niña de 8 años me marcó el alto afuera de una escuela primaria y cómo todo el movimiento de esa calle dependía de su disco de "Stop" exactamente del mismo tamaño y forma que las señales oficiales. Esa pequeñita tenía toda la investidura de la ley y el sistema la obedecía. Cuando osé mover mi auto unos centímetros, me señaló con el dedo mientras con un silbato me hacía sentir un transgresor de la peor calaña.
Si no podemos respetar la señal de alto, será menos probable que respetemos otros ordenamientos superiores y más complicados. Por el contrario, conseguir esta victoria no depende del tipo de cambio, del precio del petróleo, de quién ganó las elecciones, depende de que como sociedad decidamos demostrarnos que podemos cumplir algo básico y sencillo de entender. Logrando eso buscaríamos un siguiente paso en la larga carrera de modificar nuestro sistema social e instaurar una cultura de legalidad a partir de contagiar con el ejemplo.
Esta iniciativa debería acompañarse de una renovada policía vial (donde muchos de los ninis podrían hacer un gran servicio a la patria) en favor de fomentar una cultura del cumplimiento y de sembrar una cultura de consecuencias, de modo que si no obedeciste la señal de "Alto" tendrás que pagar una multa severa y tu compañía de seguros (que debe ser obligatorio para quien maneje) te va a subir la prima porque representas un riesgo mayor.
México puede cambiar. Nadie debería subestimar el poder de un cerillo.
@eduardo_caccia
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Fin y comienzo/Luis Rubio
Reforma, 30 Dic. 2018
A mis queridos Gaby y Chacho en esta terrible hora.
Todos los años pasa lo mismo: concluye un año y comienza otro, como un ciclo normal de la vida. En esta ocasión comienza una nueva etapa del país con la promesa de un cambio radical respecto a lo que hemos vivido en las últimas décadas. Como todos los cambios, existe una sensación de expectativa y preocupación, ansiedad y delirio. Sin embargo, nada de eso nos priva de la celebración del año que concluye y la esperanza por el que comienza.
Cada trimestre Lapham's Quarterly dedica su espacio a explorar la historia, significado y perspectivas de temas como las rivalidades, el tiempo, el miedo o el descubrimiento. Una variedad infinita, toda ella rica en contenido y oportunidades de aprendizaje. El primer número de este año versó sobre el estado de derecho, tema que me apasiona y al que he dedicado mucho tiempo a estudiar, además de buscar formas de avanzarlo en nuestro país. Aquí van algunas de las citas más interesantes que encontré en este volumen.
Mientras más corrupto el Estado, más numerosas sus leyes.
Tácito, c. 110
La ley es una bandera y el oro es el viento que la hace ondear.
Proverbio ruso
Si no preservamos la justicia, la justicia no nos preservará a nosotros.
Francis Bacon, 1615
Cuando violas las grandes leyes, lo que obtienes a cambio no es libertad; ni siquiera obtienes anarquía. Lo que obtienes son leyes pequeñas.
G.K. Chesterton, 1905
El desarrollo de nuestro sistema legal ha avanzado a lo largo de casi mil años, como el desarrollo de una planta, cada generación adoptando el inevitable paso siguiente, la mente, como la materia, simplemente obedeciendo la ley del crecimiento espontáneo.
Oliver Wendell Holmes
La ley se establece desde arriba, pero se hace costumbre abajo.
Su Zhe, c. 1100
Leyes pequeñas producen grandes crímenes.
Ouida, 1880
Bajo el código draconiano prácticamente cualquier tipo de ofensa era susceptible a la pena de muerte, de tal suerte que hasta quienes eran convictos por ociosidad eran ejecutados...
Plutarco, c. 46
Los beneficios del código napoleónico, el juicio público y la presencia de jurados, serán las principales características de su gobierno. Y, a decir verdad, espero más de sus resultados para la ampliación y consolidación de tu gobierno, que en la más rotunda victoria.
Napoleón Bonaparte
ante el establecimiento
del Reino de Westfalia
en 1807.
David Frost: ¿Diría usted que hay ciertas situaciones en que el presidente puede decidir que es en el mejor interés de la nación y hacer algo ilegal? Nixon: Bueno, cuando el presidente lo hace quiere decir que no es ilegal.
Hay una imagen encantadora en Platón que explica por qué una persona sensata tiene razón para mantenerse alejada de la política. Él ve a todos los demás corriendo a la calle y empapándose en la lluvia torrencial. No puede persuadirlos para que vayan adentro y se mantengan secos. Él sabe que si él también sale, acabaría igualmente empapado. Así que él solo se queda en el interior y, como no puede hacer nada por la estupidez de otras personas, se consuela pensando: "Bueno, estoy bien de todas maneras".
Tomás Moro, Utopía
Una ley y una justicia protege al hombre de propiedad, al hombre de riqueza, al explotador extranjero. Otra ley, otra justicia, silencia al pobre, al hambriento, nuestra gente.
Ngugi wa Thiong'o, 1976
El anarquismo exhorta al hombre a pensar, a investigar, a analizar cada proposición ... Anarquismo: la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por la ley hecha por el hombre; la teoría de que todas las formas de gobierno se basan en la violencia y, por lo tanto, son erróneas y dañinas, así como innecesarias.
Emma Goldman, 1906
Las leyes, como las casas, se apuntalan mutuamente.
Edmund Burke, 1765
Quizá sea imposible revisar las leyes de cualquier país sin descubrir muchos defectos y muchas superfluidades.
Dr. Samuel Johnson
Es la ley como la lluvia: Nunca puede ser pareja; El que la aguanta se queja, Pero el asunto es sencillo: La ley es como el cuchillo: No ofende a quien lo maneja.
José Hernández,
El retorno de Martín Fierro
Hay algo de mal augurio entre nosotros. Me refiero al creciente desprecio por la ley que impregna el país; la creciente disposición a anteponer las pasiones salvajes y furiosas en lugar del juicio serio de los tribunales; y las turbas más que salvajes sobre los responsables de la justicia ... No hay ningún agravio que sea apropiado para compensar los efectos de la ley de las turbas...
Abraham Lincoln
Fin y comienzo: lo pasado, pasado está; ahora vienen las oportunidades, si las sabemos asir.
¡Felicidades!
@lrubiof
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# Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Huachicoleo a escala multimillonaria Dentro de Pemex, toda una "industria paralela”/
ANA LILIA PÉREZ
El huachicoleo –robo de hidrocarburos– no es un fenómeno nuevo. Fue detectado desde el gobierno federal hace al menos dos décadas y no tiene que ver sólo con las bandas del crimen organizado, tan de moda estos días: es también un delito institucional y de cuello blanco en el que participan trabajadores de todos los niveles de la paraestatal petrolera, sindicalizados o de confianza. Es una “industria” tan bien aceitada y funcional que no es exagerado hablar de un “Pemex paralelo”. La siguiente investigación revela su extensa trama.
El mercado negro de hidrocarburos es una industria paralela dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace más de dos décadas. Empezó como robo hormiga de los trabajadores y luego se robusteció hasta ser una estructura que desde las entrañas de las instalaciones petroleras involucra a empleados sindicalizados y de confianza, contratistas, empresarios gasolineros, industriales, ordeñadores de ductos, transportistas, capitanes y tripulaciones de barcos…
Todos ellos operan en estructuras que hacen posible la sustracción ilegal y venta de hidrocarburos estimada actualmente en más de 9 millones de litros cada 24 horas (600 pipas de 15 mil litros), que significan alrededor de 200 millones de pesos diarios.
En los 25 estados donde hay instalaciones petroleras, así como en aguas del Golfo de México que albergan las principales instalaciones costa afuera, hay tres grandes modalidades de sustracción: de manera directa de refinerías y terminales de almacenamiento y reparto (TAR) se sustraen embarques en las mismas pipas que Pemex contrata para transportar los refinados; vía marítima, en barcos que transportan los refinados de la paraestatal y en embarcaciones vinculadas directamente con el trasiego ilegal de combustible de Tamaulipas a Ciudad del Carmen; y mediante toma clandestina.
Son las dos primeras con las que se sustrae el mayor volumen de refinados. El gobierno federal estima que 80% del robo se hace directamente dentro de la paraestatal.
Para el robo mediante pipas –que se realiza directamente de cada una de las seis refinerías de Pemex y de las TAR– se utilizan la doble o triple facturación y facturas apócrifas o clonadas.
El modo de sustracción es el siguiente: para que los camiones pipa sean cargados con la cantidad precisa que solicita el comprador legal (gasolinero o distribuidor), el chofer debe llevar consigo una factura emitida por el área de venta. Ese documento debe mostrarlo primero al portero checador, luego al operador de las bombas en las que cada camión hace fila para que el despachador llenador surta su embarque.
Pero con una misma factura o con facturas clonadas, el chofer carga y descarga varias veces. Su entrega final ya no es con el comprador “legal” sino con la gasolinera con la que se pactó la entrega. En esta modalidad se puede cargar dos y hasta tres veces con la misma factura, sustrayéndose de 15 mil y hasta 30 mil litros en una sola carga.
Aquí hay complicidad entre el chofer de pipa, el portero checador, el despachador y los compradores. Todos son puestos sindicalizados con una excepción: la autoridad máxima en una TAR es el superintendente, puesto de confianza.
La sustracción directa de refinados involucra el delito de cuello blanco, como la alteración de procesos contables o la aceptación de facturas apócrifas, porque en esta modalidad el robo o fraude se puede iniciar desde las áreas de proceso de producción, es decir desde las refinerías: cada planta tiene un volumen de crudo o materias primas que recibe y que procesará según la capacidad de cada planta. Son cifras que deben cotejarse con lo que se envía por ducto, pipa o carro tanque a las terminales de almacenamiento y producción.
El volumen reportado como recibido debe coincidir con el producido y con el que fluye por los ductos, y debe cuadrar también con el que se suministra a las estaciones de servicio y gasolineras.
Lo que ocurre en realidad es que se maquillan las cifras de materias primas recibidas registrándose siempre cantidades menores, así se puede sustraer refinado sin que quede huella de su existencia, o registrándolo también como “merma”.
Por vía marítima
Esta modalidad de ordeña de cuello blanco, que operaba desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue detectada entonces por auditores internos que desarrollaron el llamado Proyecto Piloto Santa Catarina, precisamente para identificar el robo de combustible y su mercado negro, entonces en ciernes.
“Cuando expusimos la magnitud del problema y las complicidades, la respuesta fue despedir a los auditores o transferirnos a otras áreas”, recuerda Marco Antonio Díaz Tobías, el responsable de ese proyecto, entrevistado por este semanario.
Así, dice, se dejó crecer el problema, hasta que hoy, explica, “el mayor punto de riesgo son los volúmenes que se reciben, ingresan y movilizan por buque en las terminales marítimas, porque hay muchas deficiencias de control de esos volúmenes y cuando se hacen auditorías contables se maneja como ‘merma’ o tolerancia por medición”.
En efecto, el robo vía marítima es la otra modalidad de sustracción de hidrocarburos, menos conocida pero que en la última etapa de la administración de Peña Nieto cobró auge.
La sustracción se hace tanto de los buques tanque que transportan para Pemex los petrolíferos importados o exportados, como mediante barcos que se utilizan directamente para que de las refinerías o terminales se les abastezca de hidrocarburo ordeñado.
La modalidad creció tanto que actualmente el área de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) tiene bajo investigación a 90 barcos, “sospechosos de trasiego de combustible”, con la instrucción de que deben ser inspeccionados en el mar, y que particularmente “usan facturas apócrifas”, según un informe de inteligencia clasificado “confidencial”, fechado en agosto pasado, al que tuvo acceso la reportera.
Se trata de barcos que hacen trabajos en la industria petrolera, también de cabotaje e incluso embarcaciones pesqueras.
La instrucción es ubicarlos antes de que zarpen o interceptarlos en altamar para revisar sus documentos, y sobre todo las facturas que podrían ser apócrifas o “clonadas”.
También está bajo investigación personal de Pemex que labora en la refinería de Ciudad Madero, pues es ésta el punto principal de la paraestatal desde el que se estarían abasteciendo los cargamentos ilegales que se llevan de la terminal marítima de Tamaulipas a Ciudad del Carmen para de allí redistribuirse.
Se habla de volúmenes de sustracción de entre 600 mil y 800 mil litros de refinados por embarque robado.
Todo ello ocurre pese a que las aguas del Golfo de México son consideradas también zonas de seguridad, y que las instalaciones de Pemex tienen un perímetro de restricción de hasta 49 kilómetros para las embarcaciones ajenas a la industria petrolera, y oficialmente solamente tiene acceso a ellas el personal de la paraestatal y de las contratistas, además de la Semar y capitanías de puerto.
Tomas clandestinas
Según las estimaciones presentadas por el gobierno federal, del combustible que se le roba a Pemex, 20% se sustrae mediante tomas clandestinas.
Este robo detonó a partir del sexenio de Vicente Fox, con una frecuencia de casi una toma clandestina diaria. Pero fue en el de Peña Nieto cuando se desbordó hasta llegar, este año, a más de 40 tomas por día, con mayor incidencia en Puebla, Hidalgo y Guanajuato.
Sólo que en Pemex no son tan “clandestinas”: el sistema de ductos es monitoreado en tiempo real en el llamado Sistema Scada (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), en el cual se observa el estado de una línea de ducto, el flujo, la presión y temperatura.
Desde las seis refinerías se bombea el flujo de petrolíferos. Cuando en un ducto baja el mismo, un detector envía la señal que indica que hay sustracción mediante toma clandestina.
Lo que significa que en tiempo real, en toda la red, las tomas clandestinas son detectables.
En esta modalidad de robo hay responsabilidad desde la Gerencia de Ductos; en cada sector hay un jefe, jefe de operaciones, jefe de mantenimiento, ingenieros de línea, supervisor, jefe de estación de bombeo, supervisores de instrumentación y control, todo personal sindicalizado, salvo el gerente.
Un puesto clave en este rubro es el de técnico especialista en perforación (operadores de tapping machine o roscadora); para el que se requiere conocimiento técnico y de los equipos con que cuenta Pemex. También es personal sindicalizado.
Para la instalación de tomas clandestinas se suele recurrir a este personal para que las hagan “profesionales”. Por realizar una de estas tomas, un tapiñero puede cobrar de 50 mil a 150 mil pesos por una instalación que puede desconectarse o conectarse de manera permanente.
En la llamada “conexión en caliente”, un grupo se encarga de la perforación o la instalación de la toma, que puede ser directamente el tapiñero; luego se telefonea a los grupos que llegarán al ducto a “cargar” gasolina. En las zonas rurales los policías municipales suelen cobrar una cuota por dejar entrar a los huachicoleros a cargar de la toma que el tapiñero habría hecho.
Negocio trasnacional
Desde el sexenio de Felipe Calderón el robo de hidrocarburos se convirtió en negocio trasnacional de grupos como Los Zetas, que en colaboración con empleados de Pemex sustraían condensado de gas en la Cuenca de Burgos para comercializarlo con petroleras de Estados Unidos en embarques transferidos vía marítima a través de Puerto Isabel, Texas, y terrestre, por Nuevo Laredo y Reynosa.
En esta modalidad de ordeña, además de los empleados de ductos y pozos de Pemex se involucraron también los militares encargados de la vigilancia en la zona.
Reportes internos hechos por militares a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, a los cuales tuvo acceso la reportera, describían ofrecimientos de hasta 50 mil pesos que Los Zetas les hacían para dejarlos operar la ordeña en la Cuenca de Burgos.
En Cortes estadunidenses, numerosas empresas se declararon culpables de comprar ese hidrocarburo ordeñado principalmente por Los Zetas.
Hoy Los Zetas siguen en el negocio, que se disputan con grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Gente Nueva.
Robo al consumidor
Gran parte del combustible robado a Pemex suele comercializarse en algunas de las 12 mil 141 gasolineras legales que hay en el país. También usan la gasolina rebajada con otras sustancias, llamada combustible alterno o genérico.
Pero además, en las gasolineras opera la colocación de diablitos en las bombas de suministro, que se programan para que al consumidor se le surtan cantidades menores a las que marca el contador.
La reforma energética de Enrique Peña Nieto, que impulsó la liberalización del mercado de refinados, contribuyó al mercado negro de combustible al liberar el precio y facultar a particulares a importarlo y exportarlo. Avivó el mercado negro de los hidrocarburos.
Lo anterior pese a que el gobierno tenía dos indicadores clave para detectar gasolineras que comercializan combustible robado: que disminuyera sus compras a Pemex o de plano dejara de comprarle, lo que indicaba que lo que vendía era robado.
Sindicalizados
Muchos de los empleados de Pemex que colaboran en la sustracción ilícita de hidrocarburos –desde el chofer de pipa hasta quienes son clave en la logística para el transporte– son personal controlado por el sindicato petrolero. En la presentación de su plan contra el huachicol, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de áreas y zonas controladas sólo por trabajadores sindicalizados.
En las instalaciones de Pemex, de Cadereyta, el Golfo y otras regiones son donde sólo los trabajadores sindicalizados controlaban accesos, y tienen también ductos que durante la última década han registrado alta incidencia en tomas clandestinas.
En la reestructuración de la paraestatal que hizo Emilio Lozoya (director entre 2012 y 2016), la entonces creada Pemex Logística agrupó todo el transporte de hidrocarburos, desde su tratamiento y logística primaria, su transporte por ducto, almacenamiento, el transporte por autos tanque, buques tanque, carros tanque, que incluye transacciones comerciales y servicios portuarios.
Es decir que se volvió un área clave de la petrolera. Hoy es una de las principales bajo investigación de la coordinación del gobierno federal que indaga la participación de personal en el huachicoleo.
Los trabajadores de Pemex Logística tienen a su cargo 17 mil 364 kilómetros de ductos mediante los cuales se transportan petrolíferos y petroquímicos. Además, nueve estaciones de compresión, 56 de bombeo, 16 buques tanque, 75 embarcaciones que comprenden la flota menor, 3 mil 577 autos tanque y 511 carros tanque.
A su albedrío abrían y cerraban las válvulas permitiendo la sustracción del hidrocarburo. Derivado de ello tres funcionarios fueron removidos de su cargo y la investigación en su contra –y de otros de esa misma área– están en curso, confirman auditores de la petrolera.
* Periodista freelance, autora, entre otros libros, de El cártel negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Complicidad verde olivo/ANA LILIA PÉREZ...
Integrantes de las Fuerzas Armadas –institución que se encargará de la vigilancia de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex)–, también han participado en el robo de combustible.
No es la primera vez que se involucra a soldados en la vigilancia de Pemex. En el gobierno de Vicente Fox, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) fue integrada básicamente con militares y exmilitares. Esta gerencia dependía de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, que es a su vez la segunda división más importante en el organigrama directivo, sólo por debajo de la Dirección General.
Así, durante el sexenio del panista, miembros de las Fuerzas Armadas recibieron la encomienda de vigilar ductos y otras áreas estratégicas de Pemex, como los accesos a las refinerías. Sin embargo, ello no fue garantía de que se combatiera el huachicoleo e incluso, de que no se involucraran en él.
Según informes internos de la GSSF –a los que tuvo acceso la reportera–, militares se vincularon en ofrecimientos económicos de grupos como Los Zetas para permitirles la ordeña directa en refinerías, de tomas clandestinas y de pozos de gas en la Cuenca de Burgos. También querían controlar a los ordeñadores y comenzar a cobrarles derecho de piso.
En 2011 el libro El cártel negro –de esta reportera– documentó que 44 empleados de la GSSF, donde laboraban militares y exmilitares, habían sido despedidos por su vinculación –por acción u omisión– en el robo de hidrocarburos. Por la Ley de Transparencia, Proceso solicitó saber quiénes eran esos empleados, pero Pemex decidió “reservar” sus nombres 12 años, por lo que no será hasta 2023 cuando se puedan conocer sus identidades.
Además, esos ofrecimientos económicos por parte de la delincuencia fueron registrados por los propios militares integrantes de la GSSF en las bitácoras que elaboraron sobre su día a día en las instalaciones de Pemex.
Una versión pública de esas bitácoras –que abarcan el periodo de 2001 a 2011, es decir, durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón– se obtuvo mediante la Ley de Transparencia.
Es ilustrativa la que se emitió el 29 de noviembre de 2007: los militares escribieron que un comando armado los interceptó cuando patrullaban San Pedro de las Colonias, en Coahuila. “Nosotros también fuimos gafes y aquí también traemos un kaibil”, les dijeron.
Los militares especiales, como se les denomina en Pemex, narraron que tras ofrecerles un fajo de dinero –que ellos dijeron haber rechazado–, les indicaron que estaban ordenando la plaza y controlando a los tapiñeros.
En ese periodo hubo incidentes similares en toda la Cuenca de Burgos y la región de Veracruz, según documentan las bitácoras.
La estructura original de Los Zetas, formada por exmilitares o militares en reserva, como Heriberto Lazcano Lazcano, se encargaba de coordinar el robo y comercialización de combustible a Pemex mediante lo que llamaron La Compañía, en la que también participaban los hermanos Treviño Morales.
La vigilancia de las instalaciones estratégicas por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los dos ejes de la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible e involucra a 4 mil efectivos del Ejército y la Marina desplegados en 58 áreas, que incluyen seis refinerías, 12 estaciones de rebombeo, 39 centros de distribución y un centro de control.
La estrategia contra el huachicoleo –que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves 27– involucra a 15 dependencias del gobierno federal coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
A la Secretaría de Hacienda (SHCP) y al Servicio de Administración Tributaria les tocará combatir el delito en materia fiscal, que resulta un punto clave ya que buena parte del mercado ilegal de hidrocarburos se opera mediante facturas y documentación apócrifas.
Un día después de expuesto el plan, la unidad antilavado de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, dio a conocer que presentó ante la Procuraduría General de la República la primera denuncia relacionada con operaciones de comercialización de combustible robado y lavado de dinero.
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Intervención militar, eje de la estrategia contra el saqueo/
VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Las cifras son de escándalo: en los últimos tres años fueron robados en Guanajuato 13 millones y medio de litros de combustible de los ductos de Pemex. Además de significar una sangría económica para el país, la “industria” del huachicol es la causa principal de la violencia en el estado, que termina el año en primer lugar de homicidios dolosos, pues la “ordeña” de hidrocarburos enfrenta a los cárteles de Jalisco y de Santa Rosa. La solución propuesta por el gobierno federal consiste en la intervención directa del Ejército contra los huachicoleros.
GUANAJUATO, Gto.- Además de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, la estrategia presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir en este estado el robo de combustible incluye puntos estratégicos en otros tres municipios: León, Irapuato y Celaya.Aquí será el Ejército el responsable de la intervención planeada por el gobierno federal, como confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras reunirse el jueves 27 con el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo; el encargado de despacho en la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz; y el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.
Este año Guanajuato ocupa el tercer lugar en el número de tomas clandestinas detectadas para la extracción ilegal de combustible.
De 2014 a 2016 el panorama en cuanto a robo de combustible en Guanajuato creció vertiginosamente; pasó de menos de una veintena de tomas para la “ordeña” ilícita a miles de perforaciones, lo que las autoridades estatales achacan principalmente a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) y entre el personal de instalaciones como la refinería Antonio M. Amor, definida como “emblema” de la paraestatal por el gobierno federal.
A principios de 2017 el entonces comandante de la Decimosexta Zona Militar, general Arturo Velázquez Bravo, en una amplia explicación a la prensa sobre la aparición de las tomas clandestinas en numerosos puntos del estado, se quejaba de que la paraestatal no informaba sobre “cuánto produce, cuánto manda y cuánto se le pierde en el camino”.
En esa ocasión Velázquez Bravo también apuntaba a José Antonio Yepes, El Marro –de la comunidad de Santa Rosa de Lima– como uno de los principales responsables de la “fiebre” de robo de combustible, y refería los antecedentes que desde al menos ocho antes tenía la Procuraduría estatal sobre este personaje, sus propiedades y operaciones en el huachicoleo y otros delitos.
“Jalan una manguera enterrada hasta de 2.6 kilómetros a un bodegón. En dos años hemos hallado más de 20 tomas de este tipo. La mayoría de estas tomas son de un tal José Antonio Yepes de la Cruz, un tal Marro, entre Celaya y Salamanca, donde se mueve este tipo.
“Al mes, 1 millón y medio de litros los lleva con una toma, nada más él; obvio, también las hay, pero menos, para (el rumbo de) Yuriria. La procuraduría dice que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo. Igualmente la violencia tiene que ver con él”, declaraba Velázquez, quien definía al Marro como el “principal objetivo” en el estado, aunque se deslindaba de la labor para su captura:
“El trabajo del Ejército no es detenerlo, (aunque) si nos lo topamos, pues lo detenemos…”
En 2017, entrevistado sobre este “principal objetivo”, el procurador estatal, Carlos Zamarripa, dijo a Proceso que ya se tenía una orden de aprehensión en su contra.
“No voy a dar más datos por obvias razones”, declaró a la reportera, aunque negó que la dependencia tuviera conocimiento desde hacía ocho años de las operaciones de Yepes.
Para el gobernador Rodríguez Vallejo “la caída de un cártel y el fortalecimiento de otro” fue otro factor determinante que detonó el huachicoleo a gran escala, además del tema interno de Pemex, que fue planteado desde el sexenio de su antecesor, Miguel Márquez, y que incluso ocasionó reclamos públicos de éste al entonces director de la paraestatal, José Antonio González Anaya.
Rodríguez Vallejo se refería así a la incursión arrasadora del Cártel de Jalisco Nueva Generación que, como señalaron los mandos militares, pelea a sangre y fuego el control delictivo territorial contra el denominado Cártel de Santa Rosa, del Marro.
El gobierno estatal le apuesta a la reducción de la violencia –particularmente de los homicidios dolosos– como resultado de la estrategia anunciada por López Obrador el jueves 27; así lo dijo Rodríguez Vallejo unas horas después del anuncio presidencial, en un mensaje a los medios.
Por lo pronto, el jueves 27 al menos 15 personas fueron asesinadas en el estado, la mayoría en Salamanca e Irapuato, ciudad ésta en la que más tomas clandestinas se registran, según los datos de la Defensa Nacional.
El estado de Guanajuato cierra el año en el primer lugar de homicidios dolosos, así como en asesinato de mujeres y de menores de 18 años.
13 millones y medio de litros
La Policía Federal (PF) refiere en un reporte –que concentra información de 2015 a la fecha– que sólo en ese periodo se multiplicó exponencialmente el aseguramiento, en las carreteras federales que cruzan por el estado y que son vigiladas por la corporación, de vehículos con combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.
Si en 2015 la PF decomisó poco más de 1 millón y medio de litros de combustible en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato, al año siguiente el número creció a 2 millones 429 mil litros.
En 2017 la cantidad casi se duplicó, al alcanzar 4 millones 518 mil litros. Y de enero a noviembre –mes en el que corta el reporte de la PF– iban decomisados más de 5 millones de litros.
En total, entre 2015 y noviembre de 2018 la PF había asegurado 13 millones y medio de litros de combustible sólo en territorio guanajuatense.
En la revisión mes por mes del reporte de la PF hay picos estratosféricos: los meses con los decomisos más altos fueron noviembre de 2015, con casi 374 mil litros; enero de 2017, con 389 mil litros; septiembre de 2017, con casi 480 mil 700 litros; octubre de 2017, con 713 mil; y noviembre de 2017, con 986 mil litros.
De 2018, enero y febrero fueron los meses con los aseguramientos más abundantes. En el primer mes se reportan 852 mil 500 litros, y en el segundo, casi 1 millón 104 mil litros.
La misma corporación dio a conocer que, en el año que termina, 236 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por robo de hidrocarburos en el territorio estatal; 44 de ellos sólo en febrero, cuando más litros de combustible se decomisaron en las carreteras de jurisdicción federal en Guanajuato.
El informe también incluye las armas que los policías federales decomisaron: 284 cortas y 84 largas entre 2016 y noviembre de 2018.
Poco antes de dejar la coordinación estatal de la PF –el pasado noviembre–, el comisario Miguel Ángel Simental explicó a la prensa que los huachicoleros modificaban los medios de transporte para trasladar el combustible robado, pues pasaba de usar tráileres, tolvas con tanques hechizos cubiertos de tierra o grava y camiones con remolques, a vehículos de mediano tamaño, como camionetas de redilas y, más recientemente, automóviles compactos y hasta taxis, incluyendo los que operan mediante plataformas digitales.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Compromiso gubernamental: mano dura, "caiga quien caiga”/EMMANUEL CARRILLO
Ante un tema, el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), que a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador este año ha representado pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, el gobierno federal emprendió una política de cero tolerancia ante lo que considera “un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”.
Al respecto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, dice enfático: “Caiga quien caiga”.
“Las indagatorias por colusión en el robo de combustible van dirigidas a todas aquellas personas, sin importar su nivel de mando, que atenten contra el patrimonio de Pemex”, apunta Gertz en entrevista.
Se le abrirá carpeta de investigación “a cualquier persona que realice cualquier acción en contra del patrimonio de Pemex. Este es un caso de muchos, llama la atención por el volumen de combustible que se extrajo durante tanto tiempo”, afirma.
Las investigaciones van “tope a quien tope, siempre y cuando tengamos las pruebas. Las investigaciones tienen que ir sólidas, las consignaciones deben estar bien hechas (…) para que no se pierdan los casos”, sostiene.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que el robo de combustibles a Pemex representó este año pérdidas por al menos 66 mil millones de pesos, por lo que su gobierno emprendió la aplicación de una política urgente de cero tolerancia ante dicha práctica, teniendo como premisa que el robo se gesta desde el interior de la institución. “Es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior”, ha dicho el mandatario.
“Se robaban 600 pipas de 15 mil litros cada una y había días de más de mil pipas. Estamos hablando de otra empresa, de un Pemex pirata, dual”, comentó López Obrador.
Cuestionado por los medios respecto a la responsabilidad que pudieran tener los exdirectores de Pemex, López Obrador dijo no ser partidario de la cacería de chivos expiatorios ya que eso es dar pie a la simulación.
“(Vamos a ir) empezando desde arriba (…) si no, sigue la simulación. ¿Ustedes creen que un director de Pemex actuó, en el caso de que se cometió un ilícito, por su cuenta? Miren, en el país un negocio jugoso, ilícito, siempre lleva el visto bueno del presidente, lo mismo en los estados. ¿Para qué echarle la culpa nada más al de obras públicas?”, añadió.
Monitorear la presión
En entrevista con Proceso, Gertz Manero detalla que para las áreas estratégicas –que incluyen refinerías y están siendo intervenidas por fuerzas federales–, se tiene un plan de acción, uno de cuyos principales objetivos es el monitoreo de la presión de los ductos que transportan hidrocarburos.
“La estrategia de este proyecto está hecha con el director de Pemex y el gabinete de seguridad. El diseño fundamental es el del director de la empresa”, afirma.
“Hay un sistema de verificación que dice en un panel dónde se está robando el hidrocarburo. Partiendo de ese principio se determinó trabajar desde adentro, donde se sabe del robo”, abunda.
Refiere que desde el viernes 21, la actual dirección de Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropeza, emprendió una estrategia, que involucra a un grupo de técnicos de confianza de la empresa, para revisar los sistemas de verificación de presión de los ductos a fin de detectar anomalías y, en su caso, omisiones del personal, lo que da paso a la “ordeña”.
“El día 21 de este mes, el director de Pemex inició una acción coordinada partiendo del principio de que esta extracción del combustible en los ductos no podía llevarse a cabo si no había una complicidad en algunos sectores internos de la institución, sobre todo de las áreas de logística, que son las que manejan el transporte de los combustibles”, explica.
–¿Qué resultados han arrojado esos peritajes? –se le pregunta.
–Se encontró que personal de verificación de Pemex fue omiso en reportar la baja de presión en un ducto –no especificó cuál– y ello provocó la pérdida de hidrocarburos durante un largo periodo.
“Los días 21 y 22 de diciembre los técnicos vieron con toda claridad que en un ducto había una fuga que se debió detener por reglamento… no se hizo y dejaron que el ducto se ordeñara durante ocho horas. No era la primera vez que pasaba, pero era la primera vez que se tenía la prueba”, explica.
“Parece que en esas áreas, en las administraciones anteriores, no se hablaban entre sí o lo que se hablaba se quedaba en el vacío.”
Por estos hechos la PGR abrió carpetas de investigación contra un grupo de personas por su presunta participación en el huachicoleo.
“En ese momento, los técnicos levantaron las actas administrativas correspondientes y se las hicimos llegar al Ministerio Público; éste actuó de inmediato. Esas son las carpetas de investigación que hemos empezado a integrar ya con todos los datos, los testimonios, credenciales, todos los elementos que se van teniendo que presentar en una carpeta de investigación en las que ya hay un grupo de presuntos responsables”, añade Gertz Manero.
El funcionario indica que sólo se esperan las conclusiones de los estudios para proceder contra los presuntos responsables y fincarles responsabilidades penales.
“En este caso lo único que estamos esperando son todos los dictámenes técnicos, todas las diligencias internas y externas, y una vez que tengamos eso (vamos a) convocar y citar a los presuntos y declararlos.”
Gertz abunda: dentro de las acciones que realiza la PGR está la de mandar a agentes del Ministerio Público especializados en dichos delitos a los puntos estratégicos determinados para el combate al robo de hidrocarburos y no demorar en las pesquisas. Además, dice, se tiene un control acerca de las pipas que salen de dichas áreas y se revisa si cuentan con las facturas que comprueben la legitima procedencia de su carga.
“(Estamos en) todas las refinerías haciendo la verificación de los ductos, deteniendo las pipas que no llevan las facturas y los documentos que acrediten la legítima procedencia de esos bienes. Estamos trabajando en muchas áreas.”
“Lo que estamos haciendo es generando también dentro de la institución del Ministerio Público, grupos de agentes que ya conocen de esos casos, que tienen experiencia, que cuando les llegan estos casos los entienden perfectamente para que no se nos retrasen”, señala.
Gertz Manero refiere que es tarea de todo el gobierno detener el saqueo a Pemex, que a diario genera pérdidas millonarias a las arcas del país.
En su momento, López Obrador convocó a los trabajadores de Pemex, los concesionarios de gasolineras, compradores, transportistas y a los gobiernos municipales y estatales a no participar en el robo, pues les advirtió que el delito implicará penas de cárcel sin derecho a fianza.
En el plan conjunto para combatir el huachicoleo participan 15 dependencias, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública, la de la Función Pública, la del Trabajo, la de Hacienda y la de Energía, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la PGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, ha indicado que junto a la Secretaría de Marina se coordina con Pemex para establecer sistemas de seguridad en 73 instalaciones petroleras.
Destacan instalaciones prioritarias: seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el centro de control México, así como 15 sistemas de distribución.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Incidental golpe a la ultraderecha panista/ÁLVARO DELGADO
Tras el desplome del helicóptero en el que viajaban el senador panista Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso, el PAN perdió su liderazgo interno más poderoso, y no sólo porque ella había logrado conservar Puebla para la derecha, sino también porque el legislador había llegado a una serie de acuerdos para amarrar su candidatura presidencial. Sin embargo, esta labor se basó en traiciones, acuerdos incumplidos y un autoritarismo cuyas primeras víctimas fueron los propios panistas.
Con la muerte de Rafael Moreno Valle desapareció el más influyente liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), con cuyo poder ganó la presidencia Marko Cortés, pero también se desvaneció su más sólido prospecto a la Presidencia de la República para 2024, un proyecto que comenzó a construir con las peores prácticas desde que ganó la gubernatura de Puebla en 2010.
Sin Felipe Calderón y Margarita Zavala, así como con la marginación del excandidato presidencial Ricardo Anaya y los viejos liderazgos, el PAN experimenta un reacomodo interno con gobernadores que ya no tienen a Moreno Valle para que los articule, aunque emergen otros prospectos presidenciales, como el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el gobernador Javier Corral.
A la crisis interna derivada de la muerte de la pareja Alonso-Moreno Valle se suma el complejo escenario electoral para el PAN: la primera elección con Cortés como presidente, la extraordinaria de Monterrey, la perdió ante el PRI el domingo 23, y se perfila la misma suerte ante Morena en la gubernatura de Baja California, después de tres décadas ininterrumpidas de gobierno.
En Puebla se disputan el liderazgo las facciones del exgobernador Antonio Gali Fayad, cuya primera instrucción justo cuando se rendía homenaje a la pareja fue llamar a ganar las elecciones extraordinarias, y de Luis Banck Serrato, jefe de la Oficina del Gobierno, único orador en la ceremonia luctuosa y quien trama quedarse con la candidatura.
Un tercer implicado es Gerardo Islas, diputado local del desaparecido partido Nueva Alianza (Panal), que anhela ser gobernador interino o candidato a gobernador y, aun cuando no es militante del PAN, es visto como un “puente” entre las facciones de Gali, Banck y los panistas desplazados, identificados con la organización El Yunque, encabezados por el exalcalde Eduardo Rivera Pérez.
“El reto es salir unidos”, subraya Islas, quien tuvo una estrecha relación personal y política con Moreno Valle y Martha Érika Alonso, pero también con Gali, en cuyo gobierno fue secretario de Desarrollo Social.
Si en la lógica local es aún incierta la candidatura del PAN, que probablemente repetirá la coalición con el PRD y MC, la principal carta de la dirigencia nacional es Humberto Aguilar Coronado, quien fue subsecretario de Gobernación con Santiago Creel, mentor también de Marko Cortés.
Aguilar Coronado encabezó la campaña de Cortés y fue su jefe de asesores como coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Aunque nunca formó parte del grupo de Moreno Valle, tenía relación con éste y con la facción antagónica de El Yunque, en el que militó cuando participaba en la campaña de Diego Fernández de Cevallos, en 1994.
Uno de los escasos panistas que alertaron de la captura del PAN por parte de Moreno Valle en la más reciente elección interna, Juan José Rodríguez Prats, advierte que la muerte de éste deja en la orfandad a Cortés, pero al mismo tiempo lo libera para que asuma su condición de presidente del PAN:
“Marko se libera y en el PAN se abre el abanico. Se puede pensar en un candidato externo hacia 2024. Además de Corral, Romero Hicks y hasta Miguel Márquez, puede haber candidaturas externas: Gustavo de Hoyos (presidente de Coparmex), Juan Pardinas (director editorial del diario Reforma) y Valeria Moy (economista del ITAM). Se abre un juego interesantísimo. Ya no hay, como había, un solo candidato por delante.”
Rodríguez Prats, quien tras la elección interna del PAN declaró a Proceso que Cortés era “títere” de Moreno Valle y que éste era “el nuevo dueño” del partido, observa dos posibilidades:
“Con la decisión en Puebla se verá si Marko está a la altura del reto. Aguilar Coronado es muy completo como negociador y tiene puentes con todos los actores el PAN. Si es Banck, Marko se hunde”, sentencia Rodríguez Prats, quien considera que la candidatura de éste sería vista como una imposición, una más, del morenovallismo.
Incumplimientos
En 2010, con todo el apoyo de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo y la coalición de PAN, PRD, MC y Panal, Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla, desde la que comenzó a construir su candidatura presidencial, inicialmente prevista para 2018.
Esto supuso un pacto con la dirigencia del PAN, presidido a nivel nacional por César Nava, y con la organización secreta de ultraderecha El Yunque –que en Puebla se fundó en la década de los cincuenta–, con pláticas que comenzaron en 2009.
Con Moreno Valle asistían a esas reuniones su concuño Fernando Manzanilla, quien fue coordinador de campaña y el primer secretario de Gobierno, y Banck Serrato, mientras que El Yunque era representado por Jorge Espina, expresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Luis Regordosa Valenciana y Pablo Rodríguez Posada, líderes empresariales locales, así como el exdiputado Pablo Rodríguez Regordosa.
Producto de esos encuentros secretos fue un documento de compromisos de Moreno Valle con los jerarcas de El Yunque, como confirmó Rodríguez Regordosa. “Para más detalles, lo redacté yo”, dijo al reportero en junio de 2017 (Proceso 2119).
Aunque no participó en las reuniones, Juan Carlos Mondragón supo del pacto como presidente del PAN en la elección de 2010. Reveló que el documento por duplicado –el cual sólo tienen Moreno Valle y Rodríguez Regordosa– enlistaba compromisos sobre un gobierno con visión de largo plazo y participación ciudadana.
“Uno de los acuerdos era respetar la vida interna del partido, no meterse desde el gobierno, y a cambio no nos meteríamos en el gobierno. Él había dicho que iba a gobernar con panistas, pero no se exigió una sola cartera. Se pidió que fuera un gobierno sin corrupción, abierto a la transparencia y al desarrollo democrático y con separación de poderes”, dice Mondragón.
–¿Y Moreno Valle cumplió con estos compromisos?
–¡No, de ninguna manera, en absoluto! No hay un solo punto que se haya cumplido: ni en el tema de la corrupción ni de transparencia, mucho menos en la división de poderes. La conformación de su gobierno no fue de verdadera transición. De ninguna manera cumplió.
“Ofreció un gabinete de panistas, pero sólo sumó como secretaria de Desarrollo Social a Myriam Arabián, que duró sólo dos años en el cargo, y a Rodríguez Regordosa como secretario del Trabajo. Mondragón le reclamó personalmente que sólo integrara su equipo con priistas que venían del gobierno de Melquiades Morales. “Le dije: ‘Rafael, gobiernas con la misma mierda de antes’”, recuerda Mondragón.
Tras otros compromisos incumplidos, el expresidente del PAN de Puebla rompió con Moreno Valle, cuya candidatura presidencial sería sinónimo del fracaso de su partido. Argumentó:
“Sería un fracaso del PAN si después de tener varios gobernadores, dos presidentes de la República y alcaldes, no se encontrara alguien mejor que un expriista como Moreno Valle, que además tuvo un gobierno ineficiente, dejó endeudado al estado, realizó obras faraónicas que no contribuyen al desarrollo y muchos compromisos que no se cumplieron.”
Una de esas obras fue el Museo Barroco que construyó el Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú y contratista favorito de Enrique Peña Nieto, con quien Moreno Valle tuvo una estrecha relación.
Peor que Bartlett
Moreno Valle no sólo controló el gobierno, sino el PAN con el aval de Madero y de Anaya, cuyas campañas por la dirigencia respaldó con recursos económicos de oscuro origen.
Mondragón dejó la presidencia del PAN a Rafael Micalco, quien fue desplazado para que Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle, asumiera como secretaria general con un presidente “de paja”, Jesús Giles.
Al mismo tiempo que en su sexenio se disparó la inseguridad y la violencia, el robo de combustible –que implicó a altos mandos de la Policía Estatal y a políticos como Javier Lozano– y se multiplicaron los feminicidios, como lo admitió la propia Alonso como candidata, Moreno Valle impuso en el PAN numerosas prácticas autoritarias.
Una de ellas fue la afiliación masiva instrumentada por Eukid Castañón Herrera, su operador político acusado también de montar el aparato de espionaje a cargo de Joaquín Arenal Romero, exsubdirector de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Arenal llegó de México a Puebla por Eukid para trabajar este equipo de inteligencia”, reveló Fernando Manzanilla, quien rompió con Moreno Valle y ahora es diputado federal del Partido Encuentro Social (Proceso 2122).
Desde que Moreno Valle coqueteó con el PAN, en 2006, y sobre todo desde que se perfilaba su candidatura al gobierno estatal, una de las prominentes panistas de Puebla, Ana Teresa Aranda, advirtió de los riesgos para el partido:
“Desde el primer momento me opuse a la decisión tomada desde el centro de permitir la entrada de Rafael Moreno Valle a las filas del partido. Ahí están las declaraciones vertidas en todos los medios manifestando mi inconformidad con lo que resultó una profecía”, evocó en su carta de renuncia al PAN, en octubre de 2015.
“Ahí está también la lucha emprendida en las contiendas internas para evitar lo que a todas luces se veía venir: el PAN tiene dueño”, subrayó Aranda, quien fue víctima de amenazas de muerte, acoso a ella y sus allegados y el veto para ocupar cargos, avalado por la dirigencia nacional del PAN.
En 2013, un comando ingresó a su domicilio mientras estaba ausente. Ella culpó a Moreno Valle: “Es un mensaje siciliano que lleva la marca de ya sabes quién”, dijo Aranda. Uno de sus mejores amigos, el exalcalde panista Pedro Barojas, fue detenido con violencia en octubre de 2011 cuando iba con ella a la sesión del Consejo Estatal del PAN.
“Esa persecución le ha servido para mandar una enseñanza: a cualquiera que se quiera sublevar le va a pasar lo que a Pedro, que está en el bote, sea culpable o no. Bartlett se queda pequeño junto a Moreno Valle.”
–¿A ese nivel? –pregunta el reportero.
–Sí, de plano. Nada más comparemos los medios. En los tiempos de Bartlett podías ir a los medios, hablabas en la televisión y la radio, le pegabas al gobernador y ni modo. Ahora, salvo tres o cuatro excepciones, los medios mueren de miedo. ¡Es increíble la sumisión!
Así fue: Moreno Valle sometió a la mayoría de los medios de comunicación con millonarios presupuestos, y a los medios y periodistas críticos los marginó de la publicidad de los poderes Legislativo, Judicial, autónomos y hasta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Autoritarismo
En un reportaje que Proceso cabeceó como Dos años de megalomanía se documenta el control que Rafael Moreno Valle tenía del Congreso, los tribunales, los partidos políticos, los organismos electorales, la prensa y el empresariado.
En ese texto, el fundador de El Yunque y politólogo Manuel Díaz Cid comparó al entonces mandatario poblano con Maximino Ávila Camacho, gobernador de mano dura de la década de los treinta del siglo pasado. Agregó que la conducta de Moreno Valle en sus dos primeros años de gobierno era de “un incipiente autoritarismo” y que, de no rectificar, se convertiría en “autoritarismo pleno”.
Con más de 350 presos, procesados y perseguidos políticos en su sexenio, Moreno Valle llevó la represión a niveles inauditos, como la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, cuyo cráneo fue destrozado por un cartucho de gas lacrimógeno cuando la Policía Estatal desalojaba un bloqueo carretero, el 19 de junio de 2014, al amparo de la llamada “Ley Bala”. El abuso derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nunca cumplió a cabalidad.
Y ya con su esposa perfilada para ser la candidata a gobernadora, en 2017 Moreno Valle quitó del camino a Eduardo Rivera usando el Congreso para no aprobar su cuenta pública y amenazarlo con cárcel.
“Lo dicho antes: cuando Moreno Valle no puede ganar de frente, ataca cobardemente a través de sus esbirros”, escribió Mondragón. Margarita Zavala escribió, aún como militante panista: “Pido la intervención de Ricardo Anaya ante el atropello contra Eduardo Rivera por parte de Rafael Moreno Valle. La venganza no debe tener lugar en el PAN”.
Luego de dejar la gubernatura en manos de Gali, Moreno Valle emprendió la búsqueda de la candidatura presidencial mediante una estructura nacional que financió durante años, pese a lo cual fracasó ante Anaya. Sin embargo, Moreno Valle amarró con Anaya la candidatura de su esposa a gobernadora y la propia como senador. Y luego pactó con Cortés su apoyo a cambio de la coordinación del PAN en el Senado, plataforma de su proyecto presidencial.
Damián Zepeda, quien prefirió renunciar a la coordinación antes de ser sustituido por Moreno Valle, definió la trayectoria de éste, exactamente un mes antes de su muerte, en dos palabras: autoritario y traidor.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Ávila Camacho-Moreno Valle Similitudes siniestras/
JENARO VILLAMIL
“Entre los cronistas de hoy, se dice sotto voce que el gobernador que más se ha parecido a Maximino Ávila Camacho es Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017). Como los tiempos han cambiado, el arma preferida de Moreno Valle no es la pistola sino el celular (a veces de modo literal)”, escribió el historiador Andrew Paxman en el libro Los gobernadores, coordinado por él, para explicar el paralelismo entre los caciques del pasado y del presente.
Como Ávila Camacho, quien prolongó su poder en Puebla de 1937 a 1945, Moreno Valle pretendió construir un cacicazgo estatal tan fuerte que lo proyectara hacia la Presidencia de la República, pero también –como el temido general que combatió a los cristeros– el joven exgobernador y coordinador de los senadores del PAN vio truncadas sus aspiraciones de manera trágica el lunes 24.
“Tanto Maximino como Moreno Valle intentaron usar Puebla como baluarte para construir una campaña presidencial, con la ayuda de títeres en la silla gubernamental. Y los dos murieron inesperadamente antes de concretar su proyecto, durante los primeros días del segundo ‘títere’”, subraya Paxman en entrevista con Proceso.
Los paralelismos históricos son sorprendentes. En el caso de Ávila Camacho le siguieron en el gobierno estatal Gonzalo Bautista y luego Carlos Betancourt, quien sólo llevaba 17 días como gobernador cuando falleció su protector. A Moreno Valle le siguieron Tony Gali, mandatario estatal por un miniperiodo, y su esposa Martha Érika Alonso, quien sólo tenía 10 días al frente del gobierno estatal.
En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas designó como su sucesor a Manuel Ávila Camacho, gesto que enfureció a Maximino, su hermano mayor, quien se consideraba con más atributos para el cargo. Fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gabinete de Ávila Camacho y desde esa posición operó fallidamente para lograr la sucesión en 1946 y vencer al entonces secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés.
Los historiadores recuerdan que Maximino llamó “facineroso” a Alemán Valdés y anunció que lo mataría. Sin embargo, murió en circunstancias extrañas el 17 de febrero de 1945. Algunas versiones indican que fue envenenado.
Violencia selectiva
Como si fuera un perfil del propio Moreno Valle, Paxman describió a Maximino como un “protector monopolista, rompehuelgas a balazos, pupulista desvergonzado, enemigo de la prensa y la transparencia, autor intelectual de asesinatos, manipulador de un Congreso de paja, autoenriquecido, machista a ultranza y creador de un culto a la personalidad tan fuerte que sobrevivió a su propia muerte por años. Maximino fue la encarnación del cabrón posrevolucionario”.
En el mismo libro Los gobernadores, el periodista Ernesto Aroche Aguilar describe a Moreno Valle como una versión moderna del cacicazgo de Maximino.
“Desde el uso selectivo de la violencia represora y la cooptación de la prensa, hasta el control tras bambalinas de un Congreso local, hay mucha evidencia del autoritarismo de un lobo priista con piel de oveja del PAN”, subraya Paxman al abundar sobre Moreno Valle.
El otro talante autoritario de Moreno Valle lo heredó de su abuelo, un médico militar llamado también Rafael, quien gobernó Puebla de 1969 a 1972 y fungió como secretario de Salud en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Oriundo de Atlixco, el 15 de febrero de 1969, a pocos días de tomar posesión, ordenó la matanza de campesinos en Huehuetlán el Chico, en la mixteca poblana. Meses después, el 30 de enero de 1970, el médico militar Moreno Valle ordenó otra matanza de cerca de 40 campesinos en Monte de Chila, en la sierra norte de Puebla.
Las denuncias y la presión ejercida por el periodista poblano Manuel Sánchez Pontón, director del diario La Opinión, a quien Moreno Valle mandó a agredir de manera brutal, provocaron un escándalo nacional. El 14 de abril de 1972 el presidente Luis Echeverría Álvarez ordenó la destitución del abuelo de Moreno Valle Rosas.
Moreno Valle Rosas se inició como priista desde los 23 años. Fue secretario de Finanzas del gobierno de Melquiades Morales Flores, su auténtico padrino político; diputado federal de 2003 a 2006, cuando se ganó la amistad y el apoyo de la entonces poderosa dirigente del sindicato magisterial Elba Esther Gordillo, y en 2006 se cambió al PAN. Cuatro años después se lanzó por la gubernatura apoyado por la coalición PAN-PRD-Panal- Convergencia.
Para Paxman, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, los cacicazgos modernos al estilo de Moreno Valle, Javier Duarte y Roberto Borge se crearon tras la reforma fiscal de 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, que concedió a los gobernadores mayor autonomía financiera y fondos. La riqueza y la impunidad inusitadas de los mandatarios estatales contemporáneos surgieron bajo esa coyuntura.
–¿Esta cultura autoritaria era propia de la herencia de Moreno Valle o un producto más contemporáneo de los gobernadores de los últimos 20 años? –se le pregunta a Paxman.
–La cultura autoritaria en Puebla es el legado de Maximino y los miembros de su cacicazgo que la perpetuaron durante décadas. Establecieron la mano dura como la manera típica de llevar las cosas y esa costumbre persistió, por lo menos hasta Mariano Piña Olaya (1987-1993).
“Pero como argumentamos en Los gobernadores, la creciente impunidad y autonomía fiscal de los mandatarios estatales durante los últimos 20 años permitieron a gente como Moreno Valle crear nuevos cacicazgos.”
–Desde su punto de vista, ¿qué quedará del grupo y del proyecto de Moreno Valle?
–Dudo que se quede mucho de su proyecto. A diferencia de los tiempos de Maximino, el escenario político en Puebla hoy en día es demasiado fragmentado. Apostaría a que Miguel Barbosa (excandidato a gobernador de Morena) gane la próxima elección, a menos que surja un fuerte candidato independiente que logre convencer a los poblanos de que ya no se puede confiar en los partidos.
“De hecho, hay tanta desconfianza en Puebla tras el derrumbe del helicóptero que es muy probable una fuerte candidatura independiente”, anota el también autor del libro En busca del Señor Jenkins, biografía de William Jenkins, precursor de la plutocracia mexicana y personaje central en la vida de Puebla.
“Lo curioso de Maximino es que su cacicazgo se perpetuó en Puebla durante 18 años después de su muerte. Sobrevivió porque todos eran priistas y porque su hermano Rafael, gobernador de 1951 a 1957, ayudó a mantener la tradición. Ahora, aunque nunca lo admitan, me imagino que muchos políticos y empresarios poblanos sienten un gran alivio de que el cacique acosador del estado ya se fue”, reflexiona Paxman.
Proyecto súbito en el Senado
En los últimos dos meses, todos los astros parecían haberse alienado a favor de Moreno Valle. El 22 de noviembre fue nombrado coordinador de los 24 senadores del PAN, tras la renuncia de Damián Zepeda al cargo y una negociación con el actual dirigente blanquiazul, Marko Cortés.
En el acto de nombramiento de Moreno Valle como coordinador de los senadores panistas estuvieron ausentes la excandidata presidencial y exsecretaria de Estado en los gabinetes de Vicente Fox, Josefina Vázquez Mota, y el exdirigente nacional panista Gustavo Madero. Ahora, sus nombres se mencionan como posibles sustitutos.
En unas cuantas semanas, Moreno Valle se convirtió en el jefe de facto del bloque opositor a Morena y sus aliados en el Senado, pero también al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Como coordinador de la segunda bancada más importante, Moreno Valle consiguió las 55 firmas para la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones “para salvaguardar la división de poderes, proteger el pacto federal y a la soberanía estatal”.
Días antes del fatal desplome del helicóptero Augusta, Moreno Valle anunció que preparaba dos acciones de inconstitucionalidad más contra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por las funciones de los llamados “superdelegados” estatales y por la posibilidad de crear comisiones estatales del Ejecutivo federal.
En la curul de Moreno Valle quedará Mauricio Kuri, su suplente, sin la menor posibilidad de encabezar la coordinación de los legisladores y dejando sueltos muchos de los acuerdos que el exgobernador poblano había logrado con el objetivo de buscar la candidatura presidencial en 2024.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Historial represivo del "Góber Bala”/
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
El 19 de diciembre de 2014 Rubén Sarabia Sánchez fue detenido en Puebla y acusado de un supuesto despojo de tierras en Tlaxcala. Aunque no había querellante, tierras ni evidencia de que este dirigente social poblano hubiera viajado a aquella entidad, el gobierno de Rafael Moreno Valle lo encarceló.
Conocido como Simitrio, Sarabia es dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA), organización que por su apoyo a diferentes causas fue considerada ese año como “columna vertebral del movimiento social poblano” por el Tribunal Permanente de los Pueblos y que ya denunciaba una maquinaria represiva en Puebla.
Su esposa, Rita Amador, asumió el mando de la UPVA y, tres días después de la detención, convocó a marchar a la Ciudad de México para pedir que la Secretaría de Gobernación interviniera. Cuando el contingente poblano se retiraba después de protestar en Bucareli, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia un comando policial poblano rompió los cristales del vehículo en el que viajaba un hijo de Simitrio, Atl, quien fue ingresado en el mismo penal que su padre en Puebla.
Las golpizas a los miembros de la UPVA se sumaron a desalojos de sus puntos de venta; hubo al menos tres detenidos más durante las protestas que pedían la libertad para los Sarabia y el cese de la persecución a su esposa. Turbas de pandilleros allanaban el Mercado Hidalgo o los enclaves comerciales de la UPVA, o contingentes policiacos sin orden judicial arremetían contra los comerciantes (Proceso 2122).
El 9 de diciembre de 2015 la policía detuvo a Xihuel, otro de los hijos de Sarabia. Y el 5 de abril de 2016, en las inmediaciones del Mercado Hidalgo, secuestraron a su hija Meztli; la liberaron horas después, amenazada y golpeada. El 29 de junio de 2017 fue asesinada a tiros en las oficinas de la UPVA. Junto al cuerpo de la joven, un mensaje: “Sigues tú Simitrio”.
La UPVA y Simitrio nunca dejaron de acusar a Moreno Valle de estar detrás de cada acto represivo, incluso en su sexenio extendido en la figura del gobernador Antonio Gali, incondicional del exmandatario, periodo de terror en el que cientos de personas fueron víctimas de agresiones, acoso, amenazas y detenciones por oponerse lo mismo a políticas gubernamentales que a megaproyectos de infraestructura.
Espionaje y asesinatos
El pasado proceso electoral en el que se encumbró Martha Érika Alonso como gobernadora tuvo un saldo trágico: 11 actores políticos fueron asesinados en Puebla, según el Indicador de Violencia Política en México, que integró la agencia privada Etellekt Consultores.
Así, Puebla se convirtió en la tercera entidad con mayor violencia política, sin considerar el historial de homicidios desde el 2 de julio de 2013, cuando fue asesinado Óscar Samuel Malpica Uribe, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y antiguo militante de partidos de izquierda.
La oposición, incluida la priista, sumó 19 asesinatos desde el de Malpica a la estadística de opositores al morenovallismo muertos, según un recuento realizado por La Jornada de Oriente. En cada oportunidad los gobiernos de Moreno Valle y de Gali justificaron los crímenes como asuntos personales o venganzas políticas ajenas a su ámbito de actuación.
La sola negativa del gobierno estatal bastó para dejar la mayoría de los crímenes en la impunidad, como también ocurrió con las acusaciones de espionaje político desde el gobierno de Puebla.
En 2017, la adquisición y operación de Hacking Team por parte del gobierno de Moreno Valle se convirtió en un escándalo momentáneo, luego de que se revelaran los gastos exorbitantes en el servicio de infección a teléfonos inteligentes, y de que Fernando Manzanilla, primer secretario de Gobierno en la administración del recién fallecido poblano, confirmara la adquisición al reportero Álvaro Delgado (Proceso 2122).
La marca del morenovallismo
Como comisariada ejidal en San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, Enedina Rosas Pérez condujo los trabajos de la asamblea en la que los habitantes de la zona del Popocatépetl rechazaron que por su territorio pasara un gasoducto para alimentar una termoeléctrica en Yecapixtla.
A sus 60 años se había convertido en una de las dirigentes más representativas de los pueblos del volcán que en Tlaxcala, Puebla y Morelos se oponían al proyecto de construir dos termoeléctricas, aprovechando el agua del valle de Cuautla, y un enorme gasoducto que bordearía las faldas del Popo.
El 6 de abril de 2014 un equipo policiaco llegó a San José Teruel, donde se sumaban al rechazo al megaproyecto. Amagaron con sus armas a todos los asistentes y detuvieron a Enedina sin orden judicial.
Al día siguiente, Juan Carlos Flores, uno de los organizadores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Tlaxcala, Puebla y Morelos, acudió a las oficinas del ombudsman poblano para poner una queja por la detención de la ejidataria, pero al salir del inmueble ya lo esperaba la policía. Lo detuvieron. Permanecería preso el resto del año, hasta que logró su libertad bajo caución convertido para entonces en uno de los 54 dirigentes sociales presos durante el sexenio de Moreno Valle, según los informes sobre represión que cada año integra el Comité Cerezo México.
El morenovallismo era señalado por dirigentes indígenas por su talante represor. Ante la suma de casos, en marzo de 2014 integraron el Frente Indígena Campesino de México (Ficam) que en la Sierra Norte tuvo su plenaria para sumar oposiciones de todo el país que, por razones ambientales y sociales, exigían consulta indígena previa, libre e informada, así como el cumplimiento de normatividad ambiental.
El 4 de junio de 2014 Antonio Esteban Cruz fue asesinado en El Rincón, un paraje de la ribera del río Apulco donde la Comisión Federal de Electricidad quería construir una de las hidroeléctricas que proyectó para la Sierra Norte.
Cruz había formado parte del grupo de ancianos y dirigentes sociales serranos que fundó el Ficam, cuyos miembros sumaban al menos 14 casos de agresión documentada, además de amenazas y hostigamientos.
Poco se sabía de los intereses que Rafael Moreno Valle Suárez –padre del gobernador, inversionista de los sectores turístico, financiero y energético– tenía sobre los megaproyectos, particularmente de la hidroeléctrica que Grupo México quería construir en la serranía poblana, excepto por el seguimiento local que había realizado el diario La Jornada de Oriente en enero de 2013.
Para entonces, el gobierno de Moreno Valle se había convertido en uno de los más represores del país, acumulando víctimas de golpizas, detenciones arbitrarias y asesinatos que, para organizaciones de derechos humanos, eran ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el contexto de conflictos sociales; particularmente este año, con Antonio Gali, fueron asesinados otros dos dirigentes de la Sierra Norte de Puebla: El 14 de mayo fue Manuel Gaspar Rodríguez, dirigente del Movimiento Indígena Obrero, Campesino, Urbano y Popular; un par de semanas después, el 2 de junio, con tiro de gracia fue encontrado Adrián Tilihuit, activista de oposición a los mismos megaproyectos.
“Góber Bala”
Una protesta contra una decisión administrativa que implicaba cerrar oficinas del Registro Civil en las juntas auxiliares de Puebla terminó con un niño muerto y dio el apodo con que se conocería a Moreno Valle: El Góber Bala.
El 9 de julio de 2014 la protesta en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan devino en un acto de represión en el que perdió la vida –por un tiro en la cabeza– el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Moreno Valle se había obstinado en sacar adelante una Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza, iniciativa que implicaba el uso de armas letales y, aunque en la redacción final no quedó en esos términos, era claro que en consonancia con la tendencia de otras entidades, como la Ciudad de México, se intentaba crear una ley a modo para abatir la protesta social. En Puebla se conoció como “Ley Bala”.
Aunque fue derogada por el propio Moreno Valle, hubo al menos siete agresiones colectivas contra protestas sociales en el resto de su mandato, dejando más de 600 víctimas, según los datos consultados en los informes anuales del Comité Cerezo.
Pero fue el operativo de San Bernardino el que fue considerado como una de las 19 violaciones graves a los derechos humanos que hasta ahora ha integrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las cuales se hicieron 11 recomendaciones.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Orfandad política El morenovallismo, un proyecto sin futuro/
GABRIELA HERNÁNDEZ Y RODRIGO VERA
La muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, deja huérfanos a los morenovallistas, sobre todo en el estado de Puebla, por lo que tendrán que rearticularse. Ellos saben que si no logran consensuar un liderazgo perderán los comicios extraordinarios, advierte a Proceso el politólogo Juan Luis Hernández Avendaño.
PUEBLA, PUE.– La muerte del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo, pone en jaque al grupo político que se conformó a su sombra y que tenía como proyecto llegar a la Presidencia de la República en 2024.
Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, advierte que si bien el morenovallismo no desparece, los liderazgos “controladores” que ejercieron el exgobernador y su esposa dejan a este grupo en la “orfandad” de figuras que puedan continuar ese proyecto nacional y con el riesgo de sucumbir si no logran acuerdos.
El también coordinador del Cuaderno de Investigación Rafael Moreno-Valle Rosas (2011-2017). La persistencia del autoritarismo subnacional, considera sin embargo que el poder económico y material, así como la captura de instituciones construida por el morenovallismo en los ocho años al frente del gobierno, moverá a ese grupo a rearticularse para buscar conservar la gubernatura.
Sus principales integrantes, entre los que se ubican el exalcalde de Puebla Luis Banck Serrato, el exgobernador Antonio Gali, los diputados locales Marcelo García Almaguer y Gerardo Islas, el exdiputado federal Eukid Castañón, el expanista Javier Lozano y el ahora senador Roberto Moya, están obligados a consensuar un liderazgo, pues la división los podría llevar a la derrota en los comicios extraordinarios.
El exgobernador Gali, quien estaría constitucionalmente impedido para ser candidato, les hizo un llamado a la unidad: “el mejor homenaje que podemos hacer, aparte de esclarecer este accidente, es ganar nuevamente las elecciones”.
Hernández Avendaño señala que, pese a que el morenovallismo no cuenta con liderazgos con presencia siquiera estatal en posibilidades de contender por la gubernatura, sí tienen intereses comunes que los llevarán a recomponerse, “aunque tener el enclave poblano para financiar proyectos políticos en otras entidades como lo hizo Moreno Valle, y que supusieron una suerte de plataforma para tener una posición nacional, eso ahora no existe.
“Este grupo se concentrará básicamente en conservar la gubernatura, y después valorará para qué les alcanza: si sólo para tener presencia regional o si alguno de ellos podría tener una proyección nacional, aunque creo que habrá personajes, como Javier Lozano, que alentarán a que no desistan de ese proyecto”, menciona.
Incluso, agrega, a pocos días del accidente aéreo en el que fallecieron ambos políticos, ya es claro que el morenovallismo usará la tragedia de sus dos liderazgos como bandera para tratar de ganar las elecciones próximas. Y esto fue notorio desde el martes 25, al día siguiente de la aún inexplicada caída del helicóptero Agusta AW109 en el que viajaban la gobernadora y su esposo.
El discurso provocador
En la ceremonia luctuosa en la cual se honraron las cenizas de las cinco víctimas del percance, el único orador fue uno de los hombres más cercanos de Moreno Valle y Alonso Hidalgo: Luis Banck Serrato, quien ya se perfila como uno de los prospectos a la candidatura a gobernador.
Con la presencia de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quien acudió en representación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el morenovallista pronunció un discurso provocador.
“¿Reclamamos justicia?”, preguntó Banck a una audiencia conformada mayoritariamente por panistas que de inmediato lanzaron gritos de “¡asesinos!”, “¡justicia!”, “¡fuera Morena!”.
Y más: cuando las investigaciones sobre las causas de la caída del helicóptero apenas comienzan, Banck deslizó que este accidente “atentó” contra “la luz de esperanza” que tenía México de contar con un “contrapeso democrático efectivo”, en clara alusión a la muerte de Moreno Valle, líder de los panistas en el Senado.
Unos minutos antes, a su llegada a este mismo acto, Lozano se había quejado de la polarización que prevalecía entre los poblanos, pero señaló como responsable al presidente López Obrador.
Aseguró que las especulaciones surgidas a partir de la muerte de Moreno Valle y Alonso Hidalgo se alimentaron por el clima que generó el presidente al cuestionar el triunfo electoral de la panista y rehusarse a visitar Puebla, incluso para acudir a la toma de protesta de la ahora fallecida gobernadora.
Los abucheos que acompañaron a Sánchez Cordero al encabezar una guardia de honor ante las cenizas de los caídos pusieron en evidencia la crispación y polarización que podría enmarcar los comicios extraordinarios, ya de por sí precedidos por las elecciones más violentas de la historia reciente de Puebla y por una confrontación postelectoral de más de cinco meses.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, luego de que el secretario general de Gobierno y encargado del despacho del gobierno estatal de Puebla, Jesús Rodríguez Almeida, notificó al Congreso local la “ausencia absoluta” de la titular del Ejecutivo por la muerte de Alonso Hidalgo, se nombrará un gobernador interino que convocará a elecciones extraordinarias.
A partir del nombramiento, que según los diputados se efectuará la primera semana de enero, los comicios tendrán que llevarse a cabo en un plazo no menor de tres meses y no mayor de cinco meses.
El otro PAN
La coyuntura que se presenta con la muerte de Moreno Valle también implica un posible reacomodo al interior del propio PAN. Así lo considera el exdirigente estatal de ese partido, Rafael Micalco, quien recientemente fue nombrado secretario de Promoción y Acción Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional y que forma parte del grupo tradicional de panistas que se confrontó con el exmandatario.
En trevista, Micalco considera que este suceso podría dar paso a un periodo de reflexión en su partido y se manifestó a favor de que los morenovallistas se abran a un proceso de integración que incorpore a todo el panismo.
“No se trata de que se quite un grupo y llegue otro. Creo que es un buen momento para la reconciliación, para que unos y otros reflexionemos cómo nos llevamos como panistas y la imagen que enviamos hacia afuera del partido”, expresa.
Añade que la definición del candidato a la gubernatura no será un derecho de los morenovallistas, porque eso, de acuerdo con los estatutos, lo tendrá que decidir el CEN del PAN.
De hecho entre los aspirantes a la postulación que se han mencionado están Humberto Aguilar Coronado y Eduardo Rivera Pérez, quienes son considerados panistas tradicionales y no forman parte del grupo del exmandatario y que, en distintos momentos, se confrontaron y hasta fueron catalogados como perseguidos políticos.
Los reporteros solicitaron una entrevista con Luis Banck Serrato o con un representante que fijara la postura del morenovallismo ante todo este entorno. No hubo respuesta.
Excepcionalidad
El analista Hernández Avendaño refiere que la fuerza hegemónica construida por Moreno Valle y su esposa había logrado lo que ningún otro grupo político en el país: tener un tercer período gubernamental para sumar 14 años en el poder, lo que generó en Puebla una “excepcionalidad política”.
El morenovallismo, precisa, es un grupo más allá del PAN y contra fracciones del PAN que en esta entidad lo mismo jugaba con el PRI, el Verde Ecologista, Antorcha Campesina, Nueva Alianza, PRD, Movimiento Ciudadano y los partidos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.
“Esta fuerza política que construyó Moreno Valle, y que de alguna manera se sustentó en su ambición por ser presidente de la República, llevó a Puebla a dinámicas políticas muy poco sanas, evidentemente nada democráticas y que envolvieron a la entidad en una excepcionalidad política”, explica.
No obstante, esta entidad fue considerada el único “foco rojo” en los comicios del pasado 1 de julio, no sólo por las sospechas de fraude, sino por la irrupción de grupos armados que dispararon armas largas en más de 70 casillas, sin que ninguna autoridad estatal o municipal atendiera los llamados de auxilio.
Al violento proceso electoral registrado en Puebla, agrega, se sumó la “poco clara” determinación que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de confirmar el triunfo de Alonso Hidalgo para generar un ambiente previo de polarización.
A este entorno político, señala Hernández Avendaño, se suma asimismo el crecimiento exponencial que tuvo el crimen organizado, en especial en la modalidad del huachicoleo, así como la captura de instituciones que siguen a cargo de los alfiles del exmandatario.
Además de las violaciones a los derechos humanos, el resentimiento social por los presos y perseguidos políticos, la deuda pública encubierta, altos índices de pobreza y la concentración de la riqueza, entre otros factores, hacen que Puebla viva una grave descomposición, apunta.
“Este ambiente que prevalece en Puebla sí tendría que tomarlo muy en serio la Presidencia de la República, para que desde Gobernación se construya un consenso y por lo menos el gobernador interino esté lejano a las dos fuerzas políticas en pugna”, agrega el politólogo.
Señala que otro factor a considerar es la poca confiabilidad que hay en los árbitros electorales del Estado, tanto el Instituto como el Tribunal, luego de que a nivel nacional quedó exhibido el papel que jugaron en la pasada contienda al no garantizar la custodia de los paquetes electorales. Sería indispensable, expone, que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de llevar a cabo los comicios.
Hernández Avendaño concluye que si bien el morenovallismo en sí mismo supuso una tragedia política para Puebla hasta en la manera como murieron sus protagonistas, también podría representar una oportunidad para recomponer el clima político de la entidad.
Puntualiza: “Yo esperaría que esta coyuntura política derivada de una tragedia sirviera a los actores políticos para remediar el contexto en el que nos encontramos”.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Negocios político-empresariales, detrás del helicóptero siniestrado/
MATHIEU TOURLIERE
Todo lo que toca la élite política se convierte en negocio, y el helicóptero en el que fallecieron el senador Moreno Valle y la gobernadora Alonso no fue la excepción. Pertenecía a los hermanos Torre Mendoza, empresarios textiles que incursionaron en el ramo de la transportación aérea de la mano de políticos y de contratistas de obra pública, como Juan Armando Hinojosa Cantú, el amigo y proveedor consentido del expresidente Peña Nieto.
La familia Torre Mendoza, que construyó su fortuna en la industria textil en Tlaxcala y posteriormente en Puebla, era cercana al ahora fallecido senador panista Rafael Moreno Valle –con quien hizo negocios turbios cuando era gobernador de Puebla–, pero también a Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista y amigo del expresidente Enrique Peña Nieto.
Rafael y José Antonio Torre Mendoza son también los únicos accionistas de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V. (SAASA) y dueños del helicóptero Agusta A109S Grand con matrícula XA-BON, que colapsó el pasado 24 de diciembre y provocó la muerte de sus cinco ocupantes: la gobernadora Martha Érika Alonso, su esposo Moreno Valle, su asistente Héctor Baltazar Mendoza y los capitanes Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero.
Al igual que las demás empresas de taxis aéreos que operan en el país, SAASA presta sus servicios a la élite político-empresarial; en la última década adquirió una flotilla de helicópteros y por lo menos cuatro aeronaves: un Cessna Cessation Mustang 510, dos LearJet 45 y un Bombardier Challenger 300, con sus respectivas matrículas XA-JRT, XA-GTP, XA-EMA y XA-BOM.
Por ejemplo, en el Challenger 300 Miguel Ángel Osorio Chong viajó de la capital del Estado de México a Bahamas el 12 de enero de 2017 con su esposa Laura Vargas Carrillo, según una bitácora de viaje que consultó este semanario en la Comandancia del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT). En aquel entonces, Osorio Chong era secretario de Gobernación y la segunda, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Entre los clientes de la empresa figura Hinojosa Cantú, quien construyó y financió la llamada Casa Blanca de la pareja presidencial en Las Lomas. En 2017 el empresario viajó en el XA-BOM y en el XA-EMA, según bitácoras de vuelo que encontró Proceso entre las decenas de miles de registros aéreos almacenados en Toluca.
Esto, a pesar de que Hinojosa Cantú es dueño de dos empresas de taxis aéreos establecidas en Toluca: Eolo Plus y Aerolíneas Primordiales, que prestan sus servicios a clientes exclusivos, entre ellos la familia de Peña Nieto.
En agosto de 2017 familiares del entonces mandatario, incluida su esposa Angélica Rivera, se beneficiaron de un servicio “especial” de la empresa: el pago de sobornos a agentes aduaneros y del Instituto Nacional de Migración para evitar las revisiones de trámite, como lo reveló este semanario (Proceso 2169).
Hinojosa Cantú no tenía historial en materia de aviación ni oficina en el aeropuerto cuando constituyó Eolo Plus, el 14 de mayo de 2006, es decir, seis meses después de la toma de posesión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Durante los dos sexenios de Peña Nieto –el mexiquense y el federal– sus empresas recibieron contratos públicos por más de 22 mil millones de pesos, entre ellos por servicios de taxis aéreos para el PRI. Ahora el empresario controla uno de los hangares más importantes del Aeropuerto Internacional de Toluca y es uno de los principales Operadores de Base Fija (FBO) de allí.
En septiembre de 2014 la administración de Moreno Valle en Puebla compró un helicóptero Agusta por 11 millones de dólares, sin licitar y con fondos del gobierno federal etiquetados para la seguridad pública. El gobernador fue señalado por usar las aeronaves del estado a su conveniencia e incluso trató de colocar sus iniciales, RMV, en la matrícula del helicóptero.
Eolo Plus, de Hinojosa Cantú, fungió como intermediario de la compraventa del Agusta, como reportó el periódico Central. No se sabe mucho más porque el gobierno del estado reservó toda la información relacionada con la transacción y con la operación de los helicópteros durante el sexenio de Moreno Valle.
Antes de volar para SAASA, de los hermanos Torre Mendoza, el helicóptero XA-BON que se desplomó pertenecía a Eolo Plus: tenía la matrícula XA-UPD, y era uno de los aparatos que utilizó Peña Nieto durante su campaña presidencial de 2012, como lo reveló Reforma el miércoles pasado.
Un helicóptero prácticamente idéntico –un Agusta AW 109SP Grand New–, perteneciente a Eolo Plus y con matrícula XA-UQH, cayó la noche del 28 de julio de 2012 con Juan Armando Hinojosa García a bordo. El empresario, hijo de Hinojosa Cantú y entonces marido de la hija del exgobernador veracruzano Fidel Herrera, venía de una reunión organizada por Peña Nieto.
La relación de Hinojosa Cantú con los dueños de SAASA no se limita a lo comercial. Este año el tamaulipeco mandó publicar en El Universal un obituario por Rosa Magdalena Mendoza de Torre, madre de Rafael y José Antonio Torre Mendoza, dueños de SAASA, en el que se une “respetuosamente a la pena que embarga a la familia Torre Mendoza”.
A su vez Rafael Torre Lamuño, hijo de José Antonio Torre Mendoza, en marzo de 2012 fue enlace del PRI con los empresarios tlaxcaltecas para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto y en diciembre de 2017 fue uno de los 84 empresarios poblanos que se reunieron con el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en el club de golf Las Fuentes.
Sospechas
En agosto de 2005, José Antonio y Rafael Torre Mendoza registraron su empresa SAASA en Tlaxcala, aunque asentaron como domicilio el municipio poblano de Huejotzingo, donde se encuentra el aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán. La firma ocupa el hangar D5.
Moreno Valle ya había viajado en el helicóptero XA-BON: en septiembre de 2016 Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso en Guerrero, informó que el gobernador había volado en esa aeronave a Taxco para hacer proselitismo electoral, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.
Roberto Coppe Obregón, uno de los dos pilotos del helicóptero caído, llevaba ocho años en la nómina del gobierno de Puebla y era cercano a la familia de Moreno Valle.
Cuando el helicóptero se desplomó, Coppe era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, con la función de gestionar servicios de pilotos y aeronaves para la gobernadora y su gabinete, pero también vehículos para auxiliar en desastres naturales y realizar vigilancia policíaca. En la administración de Moreno Valle, fue director de Servicios Aéreos.
Desde mediados de 2017, Coppe participaba en el Comité Consultivo de Seguridad Operacional de Helicópteros, auspiciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en representación del gobierno de Puebla, según minutas de las reuniones consultadas por este semanario.
El pasado 6 de diciembre el piloto entregó al exgobernador Antonio Gali Fayad un Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, durante un acto oficial en el aeropuerto Hermanos Serdán al que asistió Rafael Torre Mendoza.
Éste y su hermano José Antonio heredaron de su padre, el empresario español Rafael Torre Arenas, la empresa Grupo Textil Providencial, antes llamada Estambres La Providencia, de la que abrieron distintas filiales. Después incursionaron en los negocios inmobiliarios y en la química.
También tienen intereses en el futbol: son dueños del equipo Coyotes de Tlaxcala y en diciembre de 2017 Rafael Torre –quien fue regidor priista del municipio de Chiautempan a principios de la década de 2000– formó parte del grupo que intentó comprar los Lobos de Puebla, aunque desistió en marzo pasado.
Entre 2015 y 2016 el gobierno de Puebla otorgó a Grupo Textil Providencial y La Casa de Los Sueños, de los Torre Mendoza, contratos por 74.3 millones de pesos para la compra de 30 mil tabletas electrónicas, a pesar de que ambas son del ramo textil.
El periódico Central reveló en noviembre de 2017 que los precios de los aparatos fueron inflados, pues cada tableta resultó con un costo superior en 700 pesos a su valor en el mercado.
La Casa de Los Sueños también estuvo implicada en otro presunto fraude con tabletas electrónicas en 2016, en Tlaxcala, cuando gobernaba el estado el priista Mariano González Zarur. La prensa local reportó que la empresa ganó la licitación con base en información privilegiada, que infló los precios y falsificó facturas, para distribuir finalmente sólo 5 mil de las 16 mil contratadas. En esta licitación, la familia Torre Mendoza compitió con dos empresas: La Casa de Los Sueños y Comercializadora BOM, constituida en Tlaxcala en agosto de 2014.
Cuando se ventiló en la prensa que SAASA era dueña del helicóptero caído, el portal electrónico de la empresa se volvió inaccesible.
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Revista Proceso # 2200, 29 de diciembre de 2018
Suprema corte de justicia Proceso electivo bajo nubarrones/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En pleno inicio de un gobierno que plantea una transformación del Estado conforme a criterios de austeridad y combate a la corrupción “desde arriba”, el Poder Judicial de la Federación está en proceso de elegir a su máximo representante. Confrontados con los poderes Ejecutivo y Legislativo por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por la creación de la Guardia Nacional, los ministros que aspiran a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación se muestran dispuestos a sancionar el nepotismo y la corrupción, pero insisten en preservar a la justicia federal de cualquier intromisión de los otros poderes a fin de mantener su autonomía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá a su presidente para los próximos cuatro años en medio de una confrontación de los poderes del Estado que comenzó con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Orador y su mayoría en el Legislativo.
Ante las pretensiones del oficialismo de reformar al Poder Judicial, el nuevo representante máximo de éste tendrá como primera tarea defender la autonomía e independencia de los jueces federales, aunque al mismo tiempo deberá de reducir y transparentar el gasto.
Los cuatro aspirantes a sustituir al ministro Luis María Aguilar Morales al frente del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano de vigilancia y control de los más de mil jueces y magistrados federales, lo expresaron así en sus propuestas.
Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dicen estar dispuestos a reducir el gasto del PJF durante los próximos cuatro años. Pero se les adelantó la Cámara de Diputados, que el lunes 24, en la aprobación del presupuesto para el próximo año, redujo en mil 700 millones de pesos los recursos para el Poder Judicial.
El más afectado fue el CJF, al que le redujeron mil 500 millones de pesos. A la SCJN le quitaron 124 millones y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) casi 68 millones.
La reducción tuvo una clara dedicatoria: los ministros de la Corte, cuyas percepciones mensuales superiores a medio millón de pesos han sido la bandera de López Obrador contra de “los privilegios del Poder Judicial”, que también ha sido enarbolada por la mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por el partido oficial, Morena.
Confrontación por salarios
Aún no están resueltas las controversias judiciales contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que tiene confrontados a los tres poderes en los tribunales y según la cual nadie en el servicio público debe ganar más que el presidente de la República.
Aprobado durante el gobierno de Felipe Calderón, ese mandato fue convertido en ley en septiembre pasado, con la llegada de la nueva legislatura de mayoría morenista. Conforme lo había fijado López Obrador, la norma estableció que el presidente de la República ganará 108 mil pesos mensuales netos, sin considerar prestaciones.
Los diputados no esperaron a la resolución de los juicios sobre la Ley de Remuneraciones y aplicaron a los ministros el principio constitucional aprobado hace nueve años, aunque la Constitución también prohíbe la reducción de los salarios durante su encargo.
Si bien tres de los 11 ministros llegaron a la Corte antes de esa reforma, los diputados decidieron bajar en casi medio millón de pesos los ingresos anuales de los ministros Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, actual presidente de la Corte, y Arturo Zaldívar, candidato a sucederlo. Al año ganarán 4 millones 169 mil 956.73 pesos, el mismo ingreso que tenían en 2009.
La única que se salvó fue la ministra Margarita Luna Ramos, quien ya formaba parte del pleno de la Corte cuando se aprobó la reforma y quien se retira en marzo próximo. Hasta entonces seguirá cobrando 4 millones 659 mil 489 pesos.
A los siete ministros restantes, por haber llegado a la Corte después de la reforma de 2009 les redujeron millón y medio de pesos al año, por lo que ganarán, libres de impuestos, 3 millones 53 mil 608 pesos. En ese grupo quedó el nuevo ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien a propuesta de López Obrador fue electo para el periodo de 2019 a 2034.
González Alcántara Carrancá, quien fue designado ministro el pasado 20 de diciembre, cumplirá su primer acto en el máximo tribunal el miércoles 2 de enero, cuando los ministros voten para designar al próximo representante del PJF. Con su voto se evitará el desaguisado de hace cuatro años, cuando tuvieron que ocurrir 32 rondas de sufragios para elegir a Luis María Aguilar.
En ese entonces, debido a la muerte del ministro Sergio Valls y a la tardanza del Senado y del Ejecutivo en designar a su sucesor, 10 votos se dividieron por igual entre Aguilar y Zaldívar. El empate al final lo rompió el entonces presidente de la Corte y ahora ministro en retiro Juan Silva Meza. Lo hizo porque, de prolongarse más la votación, habría perdido un vuelo internacional que tenía programado ese día, confiaron fuentes judiciales a Proceso.
Como ha sido habitual, la disputa por la presidencia para el periodo 2019-2022 es entre los candidatos considerados “externos” y los de carrera judicial. Los externos son el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de 49 años, y Arturo Zaldívar, de 59, quien busca por segunda vez la presidencia de la Corte y la SCJN. Ya no tendrá otra oportunidad, pues su cargo termina en 2024.
Los de carrera judicial son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, de 57 años, quien también ha buscado otras dos veces representar al PJF, y el ministro Alberto Pérez Dayán, de 58. Pardo tampoco podría postularse por tercera vez, mientras que Pérez Dayán aún estaría a tiempo, porque su retiro está previsto para el año 2027.
En 2005, cuando era magistrado, Pérez Dayán se opuso al desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México impulsado por el gobierno de Vicente Fox. Actualmente se encuentra en colisión con la Presidencia de la República y el Senado debido a que ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones al darle entrada a una acción de inconstitucionalidad promovida por la minoría calificada en el Senado.
Nepotismo
En la confrontación de poderes pesan las intenciones de Morena de reformar la designación y permanencia de los jueces para “combatir el nepotismo” en el PJF.
En agosto pasado, un estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) mostró que 51% de los jueces y magistrados de circuito tienen al menos un familiar en el PJF.
Según la indagación, firmada por el investigador Julio Ríos Figueroa, a nueve de cada 10 de esos familiares se les asignó plaza sin que mediara algún filtro de mérito. Además, en 25% se trata de relaciones de intercambio, en las que un juez o magistrado contrata a un familiar del titular de otros tribunales.
En diciembre de 2006, Proceso dio a conocer que hijos y familiares de los entonces ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero, ahora secretaria de Gobernación, estaban adscritos en esas ponencias en relaciones de intercambio. Recientemente, el portal Aristegui Noticias dio a conocer los casos de los ministros Aguilar Morales, presidente de la Corte, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En la presidencia de Aguilar Morales hubo otro escándalo: la venta de exámenes para concursar a juez de Distrito. El hecho ha incentivado las pretensiones de Morena de reformar al PJF, y que tiene como principal impulsor al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal.
Como titular de la entonces delegación Cuauhtémoc, Monreal estuvo a punto de ser destituido por la SCJN debido al incumplimiento de un laudo laboral que obligaba indemnizar a una empleada despedida en 2003.
La sombra de las reformas permeó las propuestas de los candidatos a presidentes de la Corte, quienes anteponen la necesidad de defender la independencia y autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de poderes ante la hegemonía de Morena, que además del Ejecutivo, tiene la mayoría en el Congreso de la Unión y en 17 congresos estatales.
El PJF tiene garantías constitucionales “para independizarnos de otros poderes y para resguardarnos de la sanción y el reproche de aquellos a quienes afectamos con nuestras decisiones, sean las mayorias, sean las minorias, sean los poderes fácticos, sean los poderes económicos”, señaló el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en su propuesta para presidir ese poder.
El extitular del Servicio de Administración Tributaria añadió: el PJF pone en riesgo su legitimidad cuando cede a las presiones externas irrazonables, pero también cuando se resiste a acoger las demandas razonables de una sociedad que desea abatir un régimen de lo que percibe como desmesura y privilegios.
El proceso electoral de 2018 expresó un reclamo generalizado a favor de que las instituciones públicas sean más eficaces, que racionalicen y moderen su gasto y sean honestas y transparentes, señaló en respuesta a las presiones del lopezobradorismo para que el PJF sea más austero.
Advirtió: tampoco puede ignorarse que por el contenido programático del nuevo gobierno ocurran cambios constitucionales, jurídicos e institucionales importantes, ante los cuales el PJF “está llamado a resolver los dilemas legales y constitucionales” que impliquen esos cambios, pues tiene “un papel fundamental en el régimen democrático y en el sistema de pesos y contrapesos”.
En su programa, el ministro Pardo Rebolledo definió a la SCJN como “piedra angular en el equilibrio de poderes”, aunque propuso recortar hasta en 10% el gasto del PJF porque en la elección de este año se demostró que la sociedad “exige austeridad”.
“Se nos demanda combatir todo símbolo de nepotismo, y aun la sola apariencia de que éste pueda existir”, señaló el ministro, cuya hija Daniela Pardo trabaja en la ponencia del presidente de la Corte.
De igual forma se pronunció por métodos más rigurosos en la designación de jueces, magistrados y todo el personal del PJF, así como “castigar con todo rigor” a quienes cometan actos de corrupción.
La defensa del PJF ante los otros dos poderes también es bandera del ministro Pérez Dayán. “La Suprema Corte es un contrapeso real” y “un pilar” en la relación entre gobernantes y gobernados, pues es el revisor último del orden jurídico y hasta puede expulsar normas, señaló en alusión a la Ley de Seguridad Interior que el máximo tribunal desechó en noviembre pasado por violaciones al proceso legislativo y por considerar que los militares no deben realizar labores de seguridad pública de forma permanente.
Además, coincidió con favorecer “estrictas medidas de austeridad y racionalización de los recursos públicos”, métodos más severos para elegir jueces y sanciones severas contra servidores públicos que cometan actos de corrupción, con lo cual “la autonomía del PJF se fortalece”.
El ministro Arturo Zaldívar destacó que “el principal desafío de la SCJN y del CJF será llevar a cabo la defensa de la independencia judicial sin entrar en una confrontacion entre poderes o choque de trenes”. Asimismo, aseguró que el PJF debe demostrar “sensibilidad frente a los legítimos reclamos sociales”, pero “en el marco de nuestra autonomía”.
Señaló que la “percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el PJF” se debe a “deficiencias en transparencia, comunicación y apertura”. Sin embargo, propuso medidas de austeridad, de combate al nepotismo y a la corrupción, esto con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Ante el “vergonzoso episodio” de la venta de exámenes en el último concurso para la designación de jueces, Zaldívar propuso “la total transparencia de los concursos de oposición” y que en todas las reformas “las iniciativas y todas las etapas del procedimiento legislativo deben llevarse a cabo con la participación pública y abierta del PJF”.
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