Diez personas muertas y dos heridas fue el saldo de un enfrentamiento entre policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y autodefensas en el Municipio de Chilapa, Guerrero.
El grupo de autodefensas presuntamente tendría vínculos con el grupo criminal de "Los Ardillos".
Según los reportes, el hecho ocurrió en la carretera Chilapa-José Joaquín Herrera, en el crucero que conduce a la comunidad de El Paraíso Tepila.
Elementos del Ejército Mexicano y la Policía estatal llegaron a la zona y encontraron al interior de una camioneta diez cadáveres y dos personas lesionadas de bala.
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Atentado terrorista en Filipinas, hoy...
No se vale!
Hay 20 personas muertas y varios heridos.., los hechos habría ocurrido en la Catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo de la localidad de Jolo, al sur de Filipinas.
#@fredalvarez
Por fin llegó el rezo del @Pontifex_es por la victimas de Tlahuelilpan..
Dijo hoy:
"Encomiendo a la misericordia de Dios a todas las personas fallecidas y al mismo tiempo rezo por los heridos y expreso mi afecto y mi cercanía espiritual a sus familias y a toda la población.
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@fredalvarez
Israel se ha sumado a los países que reconocen a Juan Guaidó...“Israel se une a EU, Canadá y a la mayoría de los países de América del Sur y de Europa para reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela”, dijo el primer ministro, Benjamín Netanyahu, @netanyahu en un vídeo.
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Las columnas políticas, domingo 27 de enero de 2019...
Templo Mayor/ Reforma.
SI ALGUIEN pregunta hacia dónde va el país, lo mejor será encogerse de hombros porque ni al Ejecutivo ni al Legislativo parece preocuparles la falta de un mapa de ruta.
AUNQUE ya debería estar por salir el Plan Nacional de Desarrollo (PND), nomás no se ve para cuándo estará listo. Tan es así que esta debe ser la primera vez que la Cámara de Diputados lo apruebe... y ni siquiera lo tienen contemplado.
DE ACUERDO con la agenda legislativa dada a conocer por el grupo parlamentario de Morena, en los próximos cuatro meses estarán concentrados en seguir sacando las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero no se dice nada del esperado PND que, supuestamente, debería regular todas las acciones del gobierno.
NI MODO de pensar que esta administración es el show de un solo hombre... ¿o sí?
POR LO VISTO las audiencias públicas de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, están teniendo credibilidad, pues ya se le acercan personas que antes ni en sueños. Por ejemplo, el viernes madrugaron para ir a verla vecinos de Polanco y de Lomas de Chapultepec.
EL OBJETIVO era pedirle su ayuda para enfrentar una pelea muy dispareja: la de los vecinos contra una serie de negocios de dudosa legalidad que son propiedad de Dennis Stevens, empresario a quien ubican como muuuy cercano al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo.
EN CONCRETO se quejan de la operación -que acusan de ilegal- del establecimiento Nostos, en la calle de Monte Everest; así como de Mythos, en Newton. La petición que le hicieron a Sheinbaum es que interceda, al menos, para que la cancha esté pareja y no la incline el alcalde morenista. A ver si les hace caso.
EL GRUPO cercano a los fallecidos Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle se desdibuja en Puebla, donde tuvieron el control político desde hace 8 años.
EL EX VOCERO de Moreno Valle en la gubernatura, Marcelo García Almaguer, quedó muy mal con el PAN después de avalar que el priista Guillermo Pacheco llegara como gobernador interino, por lo que le quitaron la coordinación azul en el Congreso estatal.
Y AHORA el principal operador financiero del morenovallismo, Eukid Castañón, dejará la política a pesar de que también tenía influencia en Quintana Roo, donde trabajó con el gobernador Carlos Joaquín.
LA DUDA es si se retira por su orfandad política o porque, como dicen algunos, algo raro brincó en sus finanzas ahora que el gobierno federal le puso lupa al huachicoleo en Puebla.
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Frentes Políticos/Excelsior...
I. Añicos. El Partido de la Revolución Democrática emprendió un proceso de renovación y se ha propuesto el máximo de unidad y de oportunidad en los posicionamientos políticos y legislativos, señaló Adriana Díaz Contreras, integrante de la dirigencia nacional extraordinaria perredista. En el XVII Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional, indicó que la dirección ha establecido una relación sistemática para unificar las acciones partidarias con legisladores y legisladoras del partido en el Congreso. Tras el paso de Alejandra Barrales como su líder, y el brinco de cientos de militantes a Morena, lo interesante será ver la reconstrucción del Partido de la Revolución Democrática, esa misión imposible.
II. Qué pena. Una delegación de expertos de Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC) visitará la frontera entre Estados Unidos y México desde hoy 27 y hasta el 31 de enero. La comitiva, conformada por directivos de Amnistía Internacional, procedentes de Canadá, México, Irlanda, Bélgica y Noruega, analizará el impacto de las caravanas de inmigrantes. Ojalá hablen con Juan Manuel Gastélum, el alcalde de Tijuana, Baja California, quien llamó “vagos” y “mariguanos” a los centroamericanos. Ya dos jueces le pidieron que le baje a su racismo, pero no entiende. Lo que no se le olvida es pedir “recursos para resolver la crisis”. Eso no le da vergüenza.
III. Herencia. El gobierno de Veracruz desde 2016 tenía pagos pendientes para 30 alcaldes del Partido de la Revolución Democrática, según el coordinador de ediles del sol azteca, Juan Carlos Mezhua Campos, quien dice que les adeudan 400 millones de pesos. El también alcalde de Zongolica enfatizó que no aceptarán pagos “a medias” por parte de Cuitláhuac García Jiménez, el nuevo mandatario estatal. Su tibieza para resolver el asunto con el gobernador anterior llevó a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera sentencias que ordenan a Veracruz pagar esos recursos en 90 días hábiles. ¿Ahora sí muy machitos al reclamar? ¿Tres años después?
IV. Enseñanzas. Los mexicanos tienen que modificar sus principios y lo están logrando. A la buena o la mala. Desde el pasado 18 de enero, cuando una fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, convocó a la población a la rapiña de hidrocarburo, y donde tras el estallido murió más de un centenar de personas, se han producido tres nuevas fugas en Ajacuba y Tlahuelilpan. ¿Y qué creen? Esta vez no hubo concentración de pobladores para robarse la gasolina. Cruda lección, pero todos aprendieron algo: las autoridades de seguridad pública rapidito acordonaron la zona y los habitantes no irrumpieron. Aunque no lo crean.
V. Criminalito. Rodrigo Vallejo, conocido como El Gerber, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 12 en Guanajuato. Tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Es el mismo que, en abril de 2015, purgó ocho meses de prisión, pero salió tras pagar una fianza de siete mil pesos, luego de que vieron la luz videos donde aparecía con Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder del cártel de Los Caballeros Templarios. A ver si esta vez le alcanza el poder a su papá para sacarlo del problema.
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CNTE: chantaje amigo
De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA
Excelsior,...
En la génesis de este problema hay que destacar la manifiesta irresponsabilidad e indolencia del gobierno estatal para con la base magisterial
Algo no parece ir del todo bien en las alianzas que de una u otra manera cerraron Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante la pasada la campaña presidencial y que, en mayor o menor medida, aportaron a su espectacular victoria electoral del pasado 1 de julio y, obvio, en el arribo del primero a la Presidencia.
No, al menos, en lo que refiere al supuesto o real apoyo que, de manera explícita, ofreció la impresentable Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Y esto, a juzgar por lo ocurrido en los últimos días en Michoacán con los supuestos mentores –vándalos disfrazados de maestros, en realidad–, queda claro que su apuesta es más a su capacidad de presionar y chantajear por esa vía al tabasqueño y su naciente administración, en busca de privilegios excesivos y/o indebidos, que a una verdadera democratización del sistema educativo y a la defensa de los derechos reales de los maestros, como gustan pregonar en cuanta oportunidad tienen.
El hecho de que, en demanda de cuotas y bonificaciones (no suficientemente esclarecidos), vándalos disfrazados de maestros mantengan suspendido el tránsito de trenes en la ruta que conecta a las principales plazas industriales del centro del país –Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, entre otras– impidiendo el traslado de granos, toda suerte de materias primas para armadoras, autos destinados a la exportación y gasolina, incluso, no parece ser la mejor manera de abonar al arranque –“de suyo enrarecido e incierto”, diría alguno– de un gobierno que no cumple aún dos meses y, sólo por este problema, debe reconocer pérdidas estimadas en más de mil millones de pesos… ¡más lo que se acumule!
Es verdad, y eso hay que reconocerlo, que en la génesis del problema que nos ocupa hay que destacar la manifiesta irresponsabilidad e indolencia del gobierno estatal para con la base magisterial que –¿encabezado? por el perredista Silvano Aureoles Conejo– optó por endosar el mismo a la Federación y levantar los hombros, amén de hacer maletas y emprender vuelo a España para participar en la Feria Internacional de Turismo, como parte de una avanzada encargada de promocionar a las bellezas turísticas de Michoacán y, obvio, ¡en entorno de tranquilidad y paz social! que se disfrutan en la entidad.
Ello, sin embargo, no exime de responsabilidad al gobierno y su partido, Morena, por lo que viene ocurriendo no sólo en la entidad, donde las vías están siendo bloqueadas, sino en prácticamente todo el centro del país en razón de que, en primer término, el flujo del transporte ferroviario es de su exclusiva responsabilidad y, si algo faltara, la interrupción del mismo es imputable a uno de sus supuestos apoyadores y/o aliados electorales.
¿Hasta cuándo esto, hasta dónde? Son preguntas, que conste.
(Ya ayer, en las primeras horas de la noche, se comenzó a filtrar información, según la cual, el gobierno federal estaría garantizando erogar algo así como 1,600 millones de pesos para resolver el problema. Veremos).
ASTERISCOS
*Preocupante, por cierto, el dicho de Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de que, de prevalecer la incertidumbre respecto a políticas del nuevo gobierno en México, se podrían desalentar las inversiones a futuro y socavar las perspectivas de crecimiento económico y la confianza. Así o más claro.
*La semana que comienza será de reuniones plenarias de fracciones parlamentarias. Mientras para los legisladores de Morena y afines la idea será “entender lo que ya sabes quién ordenó…”, se diría. Para panistas y priistas lo importante será entender el papel que, como oposición, que supuestamente son, les toca cumplir. Habrá sorpresas.
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De Naturaleza Política.
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Rectificar frente a Venezuela/Enrique Krauze
Reforma, 27 Ene. 2019
¿Puede el gobierno que acaba de publicar la Cartilla moral de Alfonso Reyes cerrar los ojos ante el espantoso sufrimiento del pueblo venezolano?
Fuera de una extraña compatibilidad ideológica, nada justifica la postura oficial ante los hechos de Venezuela. Se ha invocado como sustento la Doctrina Estrada, es decir, el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países y la autodeterminación de los pueblos. Pero ¿qué ocurre cuando los asuntos internos de ese gobierno incluyen el atropello masivo a los derechos humanos: el asesinato, la tortura, la miseria y la mortandad provocadas, el exilio inducido? ¿Cómo esquivar el hecho de que la autodeterminación de ese pueblo, expresada en elecciones democráticas, ha sido atropellada por el mismo gobierno?
Cuando algo vagamente similar ocurrió en Honduras, el gobierno mexicano repudió el hecho. No se diga en el caso de Franco y el de Pinochet. Pero, por lo visto, para nuestro gobierno hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Las buenas son de izquierda, las malas de derecha. Y, en la misma lógica, hay golpes buenos y malos. Los primeros los ejecutan militares en nombre de la Revolución y del pueblo. Los segundos los ejecutan militares en nombre del orden.
Que se trata de un golpe de Estado no cabe duda. Pero no es un golpe contra Maduro sino de Maduro. En "La destrucción de Venezuela" (Letras Libres, marzo de 2018) di cuenta de la crisis legal (provocada por él) que es el origen de los hechos recientes. "Por cien días que apenas conmovieron al mundo -escribí entonces-, los venezolanos desplegaron la mayor manifestación democrática del siglo XXI. Entre abril y julio de 2017, millones de personas recorrieron las ciudades del país para protestar contra el autogolpe de Estado que llevó a cabo el Tribunal Superior de Justicia (brazo ejecutor del presidente Nicolás Maduro) al desconocer a la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 y donde la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos opositora al régimen) tiene la mayoría. A pesar de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana (muy difundida en redes sociales, y en la que hubo 135 muertos, cientos de heridos, presos y casos documentados de tortura), los manifestantes culminaron su protesta con un plebiscito en el que más de 7.5 millones de personas (40% del total de electores, 25% de la población) pidieron la renovación constitucional de los poderes públicos y rechazaron la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (otro órgano obediente a Maduro) para votar una Asamblea Nacional Constituyente paralela (ilegítimamente convocada), al gusto del Ejecutivo. Su esfuerzo fue en vano. Tras una votación a todas luces fraudulenta, la Asamblea espuria se estableció y (...) Maduro -cuyo mandato concluye en enero 2019- buscará realizar el sueño del hombre que llamó su mesías, Hugo Chávez: eternizar la 'Revolución Bolivariana'".
Sobre esas bases notoriamente ilegales, atropellando la propia Constitución decretada por Hugo Chávez, Nicolás Maduro tomó posesión el 10 de enero, dando inicio a la usurpación. Cinco días antes, y en apego estricto a la Constitución, la Asamblea Nacional (única legal) había designado una nueva directiva, con Juan Guaidó en la presidencia. El 23 de enero, ante lo que se calificó como un vacío de poder y de acuerdo al artículo 233 de la Constitución, Guaidó tomó posesión como presidente interino. Su prioridad -ha dicho- es convocar a elecciones y el rescate del estado de derecho. A Guaidó lo apoya la inmensa mayoría de los venezolanos. A Maduro lo secunda la élite militar (que teme las acciones legales que seguirían a la transición democrática) y un puñado de países, entre ellos -vergonzosamente- México.
Maduro ha hecho alarde de ese apoyo. Ha exclamado "¡Viva México!", mientras termina por matar de hambre a su propio pueblo que, sin embargo, ha salido una vez más a la calle, desplegando un nuevo capítulo de valentía y bravura, exigiendo libertad. ¿Qué haríamos los mexicanos si el presidente, tras unas elecciones legislativas que le fuesen adversas, decidiera desconocer al órgano legislativo legalmente conformado, convocar a nuevas elecciones para erigir una Cámara paralela, y a partir de ella consolidar un poder absoluto? ¿Nos indignaría una protesta internacional?
Exijamos elecciones inmediatas en Venezuela. Es tiempo de rectificar, no solo por razones legales y democráticas sino por la más elemental empatía humana, la misma que predica la Cartilla moral.
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Universidades de oficios/Gabriel Zaid
Reforma, 27 Ene. 2019
En sus Cinco memorias sobre la instrucción pública (1792), el noble y revolucionario marqués de Condorcet propuso que los artesanos supieran física y química, no sólo usar las manos. Fue una idea noble y revolucionaria frente a la tradición que opone la vida intelectual a la inteligencia de las manos. Una propuesta análoga sería exigir el dominio de un oficio como requisito para entrar a la universidad.
Las manos inteligentes fueron decisivas para el desarrollo de la especie humana y la cultura. Lo siguen siendo para el desarrollo personal. En la destreza, el cerebro coordina los dedos, los ojos y los oídos para producir resultados. En el simple tacto, hay investigación, conocimiento. Pero las habilidades manuales son vistas con desdén por la educación superior, como algo socialmente inferior, aunque los grandes cirujanos y los grandes pianistas llegan a serlo por el uso magistral de sus manos.
La vida humana se enriquece con los oficios ignorados por el sistema educativo: afiladores, albañiles, bordadoras, carpinteros, cerrajeros, cortineros, cocineras, costureras, electricistas, encuadernadores, enfermeras, estilistas, floristas, fumigadores, herreros, hojalateros, impresores, jardineros, mecánicos, mecanógrafas, modistas, paragüeros, parteras, pintores, relojeros, reparadores de aparatos, rotulistas, sastres, soldadores, tapiceros, tejedoras, vulcanizadores, zapateros y cien oficios más que exigen manos inteligentes.
Las primeras universidades formaban teólogos. Después, abogados. Mucho después, médicos y músicos, cuyo saber manual fue visto como indigno del nivel universitario. Las disciplinas puramente conceptuales como la teología y el derecho eran y siguen siendo de enseñanza oral. Necesitan cuando mucho un pizarrón, no quirófanos, instrumentos musicales, talleres, laboratorios o prácticas de campo. Quizá por eso, la enseñanza de la administración, que también fue rechazada como indigna del nivel universitario, tuvo un éxito fulminante: puede reducirse a bla-bla-blá. A lo largo del siglo XX, la enseñanza administrativa en las universidades nació, creció y rebasó en número de alumnos a las carreras tradicionales.
El presidente López Obrador prometió en su plan de gobierno: "En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país, para atender con educación de calidad y sin pago de colegiaturas". Otras declaraciones morenistas: Se buscarán municipios donde no haya universidad, especialmente en zonas indígenas. Habrá lugar para 64,000 estudiantes [¿640 por universidad?]. El cupo de los salones se duplicará porque los estudiantes estarán ahí el 50% del tiempo. El otro 50% saldrán a investigar. La enseñanza universitaria dará "perspectiva de lo público, del servicio a los demás".
Del siglo XVI al XVIII hubo una sola universidad en México. Los estudiantes de provincia tenían que viajar a la capital. Ahora hay casi 2,000, y al menos una docena en cada estado. Los estudiantes de municipios donde no hay universidad no tienen que ir muy lejos para estudiar en las que existen. Con una beca que incluya viáticos, recibirían mejor educación que en las 100 universidades construidas, equipadas y organizadas de prisa para ahorrarles el viaje en 2019.
Por otra parte, en los municipios marginados donde falte algún servicio básico (agua potable, electricidad, teléfono, vías de acceso, dispensario médico, escuela primaria) sería bueno hacer una consulta para ver si prefieren tener universidad local antes que servicios básicos.
En 1856, se creó la Escuela Nacional de Artes y Oficios que desapareció convertida en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué necesidad había de suprimirla? Pudieron convivir. Lo que explica el "progreso" (destructivo) es el prejuicio contra el saber de las manos.
Para superarlo, en 1972, Bunker Roy fundó en la India su Barefoot College (Universidad Descalza) que prestigia como educación universitaria lo que enseñaba Gandhi: el trabajo manual. Con el mismo propósito, en Argentina, se creó en 2014 la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón. Así la palabra universidad ennoblece los oficios y fomenta su enseñanza.
Prestigiar los oficios con títulos universitarios sería noble y revolucionario. Ofrecer licenciaturas en cocina o carpintería no es más ridículo que ofrecerlas en administración. Las 100 nuevas universidades deberían ser universidades de oficios.
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Narrativa y gobierno/Luis Rubio
Reforma 27 Ene. 2019
Según el historiador Micah Goodman, la diferencia entre los animales y los humanos es que los primeros viven exclusivamente en el presente y actúan por instinto, mientras que los humanos piensan y se preocupan por el futuro. El futuro es siempre desconocido y genera temor, para lo cual los humanos recurrieron a la religión y a los políticos. La religión permite tranquilizar el ánimo y el alma; los políticos aprovechan el temor para engañar al votante: en campaña le hacen promesas muchas veces incumplibles, pero ya en el gobierno tienen que ser responsables, chocando con lo que prometieron.
Esta historia se repite una y otra vez en todas las latitudes. Pero en el México de hoy estamos viviendo algo peculiar: el presidente no sólo pretende cumplir todas sus promesas, sino que no cree que haya límites a su capacidad para lograrlo. Esto ha introducido un aire de frescura en la función de gobernar que no habíamos visto en mucho tiempo y que la mayoría de la población reconoce y parece apreciar.
El caso de la gasolina habla por sí mismo: ya para ahora es evidente que el gobierno actuó sin mucho cuidado, conocimiento de causa o previsión sobre las consecuencias de sus acciones. Pero, luego de décadas de robos flagrantes al erario a través de Pemex, la ciudadanía aplaudió el arrojo, así implicara esto decenas de horas perdidas en la búsqueda de combustible para sus automóviles. Sin embargo, la historia sólo acabará cuando los responsables del despojo sean identificados y detenidos, lo cual no parece estar en las cartas o, dada la debilidad de nuestro sistema de procuración de justicia, en las capacidades del gobierno. En ese escenario, lo que comenzó como un objetivo loable podría acabar convertido en un elevado costo.
El robo de gasolinas se inscribe en un capítulo complejo de la vida pública de las últimas décadas. En estos años ha habido una disputa entre dos modos de concebir la realidad nacional y su futuro. Por un lado, quienes promovieron las reformas, sobre todo económicas, a partir de la virtual quiebra del gobierno en 1982, planteaban la integración de la economía a los circuitos tecnológicos y comerciales del mundo como el medio para elevar la productividad y, con ello, generar tasas de crecimiento económico mucho más elevadas que, a su vez, mejoraran los ingresos de la población y crearan muchos más empleos. Por otro lado, sobre todo desde la crisis de 1995, volvió a la palestra la visión post-revolucionaria que afirma que no se han logrado tasas de crecimiento más elevadas, que ha aumentado la desigualdad y que el país ha perdido la estabilidad y la seguridad que caracterizaba a la era previa a las reformas.
Si uno se sale de las narrativas e intereses políticos disímbolos detrás de cada una de estas posturas, es claro que ambos planteamientos tienen asidero en la realidad cotidiana. Respecto a la primera, nadie puede negar las virtudes del proyecto reformador en términos de crecimiento económico, empleo y productividad en prácticamente la totalidad de la mitad norte del país. Por otro lado, si uno observa lo que no ha ocurrido en el sur, la conclusión es igualmente evidente: los contrastes y diferencias son claramente pasmosos. Mientras que buena parte del norte del país crece con extraordinaria celeridad, el sur se ha congelado en el tiempo, con lo que eso implica en términos de empleo, ingresos y expectativas.
El común denominador en todo el territorio nacional es el colapso de las estructuras de seguridad y justicia, produciendo gran impunidad. Es decir, se reformaron diversos reglamentos y leyes, pero nunca se desarrolló la capacidad gubernamental necesaria para preservar lo más fundamental de la vida en sociedad: la seguridad de las personas. El presidente ha planteado un proyecto para estos propósitos que, como sus predecesores, es incompleto, poco meditado y muy riesgoso, ante todo porque no parte de un diagnóstico que reconozca que el problema yace en las propias estructuras gubernamentales y que, al no atenderlo, sólo profundizará el problema, politizando al ejército -y potencialmente corrompiéndolo- en el camino.
El problema de la seguridad no es distinto al del robo de gasolina. En ambos casos, el factor nodal es la impunidad: quienes roban la gasolina -y los funcionarios y gobernadores que cobran porque se pueda llevar a cabo ese robo- no son distintos a quienes roban, extorsionan, secuestran o matan sin rubor. En ambos casos, esto ocurre porque no hay restricción alguna a su actividad y abuso. Es esa impunidad la que el presidente aparentemente quiso evidenciar con el cierre de los ductos de gasolina. Pero evidenciar el fenómeno no resuelve el problema: no se trata de un grupo de ladrones, sino de un sistema dentro del aparato gubernamental, a todos niveles, que se beneficia y promueve la impunidad.
El problema no radica en las reformas tan vituperadas, sino en la falta de claridad sobre la naturaleza del problema. A final de cuentas, como dice la historiadora Margaret MacMillan, "las reformas sirven para impedir que ocurra algo mucho peor". El gobierno tiene que revisar sus prejuicios sobre la problemática nacional para que, como dice Goodman, sea realista sobre lo que puede lograr.
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¿Cultura huachicolera?/Eduardo Caccia
Reforma 27 Ene. 2019
¿Repartir dinero a personas que han cometido un acto ilegal las disuade de la actividad delictiva? La pregunta ha estado en mi cabeza estos últimos días luego de que el presidente López Obrador anunciara que como parte de su política de apoyo social se repartirá dinero a familias "que tienen la necesidad de robar para subsistir". La respuesta no es binaria.
Un gobierno puede encauzar gran parte de la conducta de sus ciudadanos (y el desarrollo del país en general) a través de los estímulos y las consecuencias que dan forma a su sistema social. Decidir qué premiar y qué (y cómo) castigar son asuntos de primer orden para gobernar. Asumir que la gente roba por necesidad puede ser cierto, también inexacto, pero cuando lo asume el presidente de la República es un asunto muy serio que puede malinterpretarse como una invitación a justificar la ilegalidad.
No hay una respuesta simple a la pregunta que expongo. Quienes delinquen son ciudadanos que hacen un análisis racional (a su modo y su nivel) sobre la conveniencia de cometer un acto ilegal y ponderando las posibilidades de ser atrapado y castigado. Hay antecedentes donde se ha estudiado la criminalidad y su relación con factores económicos. Parece haber consenso en que la criminalidad es más alta cuando: los salarios son bajos, cuando hay pocas oportunidades laborales, cuando la probabilidad de ser capturado es baja, cuando la tasa de criminalidad existente es alta. Todos estos atenuantes están presentes en comunidades donde la extracción ilegal de combustible se ha vuelto un modus vivendi.
No sólo es la falta de oportunidades económicas lo que induce a la ilegalidad, también la falta de valores, educación, preparación y la falta de una visión optimista sobre el porvenir. Mi respuesta es que aunque concedamos que repartir dinero a las familias pobres bajará los índices delictivos (que en realidad los baja muy pero muy poco), no es suficiente. Se requiere construir capital humano con educación, valores, inspirar una visión de mejor futuro para uno y sus seres queridos y ejercer consecuencias (fomentar un Estado de derecho) ante los delitos. Sin estos elementos, repartir dinero para evitar "travesuras" saldrá contraproducente.
Tómese en cuenta que la naturaleza humana es proclive a cometer actos ilegales bajo ciertas fuerzas del contexto. Hay países donde el entorno disuade la ilegalidad, en México, desgraciadamente, el contexto (de impunidad y corrupción) es caldo de cultivo de delitos. En otras palabras, el pueblo es bueno y sabio sólo si el contexto es positivo y si tiene una buena educación. La evidencia sugiere que en México no es así. Pensar lo contrario es ingenuo.
Una firma que comercializa juguetes recientemente detectó a uno de sus vendedores robando mercancía. El tipo escondía juguetes pequeños y valiosos en la caja de un juguete grande. Su cómplice llegaba luego a comprar ese juguete y consumaban el hurto. Otra empresa descubrió que clonaron su página de internet, usaron nombres reales de sus funcionarios, papelería falsa con datos correctos, para realizar supuestas ventas a personas que luego se apersonaron en la empresa para reclamar que habían pagado y todavía no recibían su mercancía. Y como estas historias, hay miles en cada industria. ¿Nos invade la cultura huachicolera? Yo digo que nos domina la condición humana y que requerimos contrapesos vía un contexto que incentive a la legalidad.
Se juega mucho el país si los programas sociales en lugar de resolver los problemas terminan fomentando más de lo que quieren evitar. Temo que por ese camino va el apoyo a los jóvenes llamados "ninis", incentivará a no trabajar y no estudiar. Toda sociedad cosecha más de lo que premia (incentiva). De lo que no tengo duda es del beneficio electoral -para el grupo en el poder- de los programas sociales que impulsa el gobierno de México. El mejor programa social debería ser una política gubernamental promotora de capital humano y desarrollo económico que incentive un contexto positivo: empresarios, empresas, empleos, educación y Estado de derecho, que terminen por mejorar las condiciones de vida (el contexto) de las personas.
De no suceder esto es fácil predecir el futuro: seguiremos siendo un pueblo en búsqueda de ductos por perforar.
@eduardo_caccia
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El mapa del huachicoleo/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Un documento interno de Pemex y la Policía Federal, al que este semanario tuvo acceso, revela que la mayor parte del robo de combustible a Pemex se realiza en cuatro estados y deja ganancias exorbitantes al crimen organizado. La información es precisa: se detallan los nombres de las bandas y de sus principales integrantes, el monto del daño que causan al país, los domiclios e inmuebles relacionados con ese delito, la complicidad de algunas autoridades y los casos en los que se cuenta con carpetas de investigación.
Dos grandes cárteles de la droga, por conducto de nueve grupos delictivos formados exprofeso, controlan 60% del robo de combustible en cuatro estados “prioritarios” del país –Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Estado de México–, lo cual les deja ganancias diarias calculadas en 47 mil millones de pesos.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, en complicidad con empleados de Pemex, autoridades municipales, corporaciones de policía y empresas particulares distribuidoras de combustible, roban 59 mil 500 barriles diarios de hidrocarburos (un barril contiene 159 litros), con una pérdida para Pemex de 29 mil 600 millones de pesos anuales; en precios al público equivale a 47 mil 400 millones de pesos.
Un documento interno de Pemex y de la Policía Federal (PF), Mercado ilícito de combustibles, al que este semanario tuvo acceso, da cuenta de lo anterior y menciona nueve células delictivas que operan para los cárteles: Los Téllez, El Bukanas, El Rapid-Inn, Los Talachas, La Parka, Los Bárcenas y/o Los Pelones, Santa Rosa de Lima y Melchor Ocampo.
El producto más robado es la gasolina regular o magna (45%), ordeñada en los sistemas Minatitlán-México y Madero-Cadereyta; mientras que en los dos sistemas Tula-Salamanca el producto más robado es el diésel. El 60% del robo de combustible en el país se concentra en Hidalgo (23%), Puebla (13%), Guanajuato (12.5%) y el Estado de México (11.5%).
En Hidalgo operan cinco grupos: la banda de El Talachas, Saúl Hernández Martínez, con influencia en Tula y Tepatitlán, se apodera diariamente de 7 mil 800 barriles con un costo de 20 mil 200 millones.
El hombre de confianza de Hernández es César Serrano Negrete, quien tiene bajo su mando a Misael Mendoza Villeda, a los hermanos Adán y Tomás García Montiel; Miguel y Héctor García Lugo; Jorge, Aldo y Mario Hernández Martínez; Antonio y Cruz Alonso, además de un hombre apodado El Zapatán. También integra esta célula delictiva el delegado de la colonia San Francisco Bojay.
El Talachas opera en Ejido de Teocalco, en Benito Juárez; Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay, municipio de Tula de Allende. Se dedica a la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, suministro y ocultamiento de hidrocarburo y petrolíferos.
A él, Pemex y la PF lo ubican en calle Pino Suárez, colonia Benito Juárez, Santa Ana Ahuehuepan, en Tula de Allende. Allí mismo, sólo que en la calle Constituyente, se ubica el presunto domicilio de Heladio e Ignacio Quiroz, sus cómplices. Posee el negocio Talachas Aldín, ubicado en la carretera estatal Francisco I Madero sin número.
Los sistemas que afecta este grupo son Tuxpan-Tula, Tula-Salamanca y Tuxpan-Azcaptozalco. Las autoridades abrieron la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000832/2017. El 21 de marzo del año pasado se presentó ampliación de denuncia.
En Hidalgo también operaba Héctor Baltazar Osorio Delgado, La Parka, cuya actividad se extendía a la Ciudad de México. Afectó los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un coso de 15 mil millones de pesos.
El sábado 20, un día después de la explosión en Tlahuelilpan, las autoridades de Hidalgo informaron del asesinato de La Parka. Una versión periodística señaló que fue ejecutado afuera de una tienda Oxxo; otra, que fue baleado cuando circulaba por la carretera Tlahuelilpan-Mixquiahuala. Además, mientras las autoridades estatales lo identificaron como Julio César Zúñiga Cruz, la PF lo nombró Héctor Baltazar Osorio Delgado, como aparece en el informe de inteligencia de la PF y Pemex.
La Parka –con su esposa, Norma Maturano Pérez– desarrolló una red: su área de operaciones la integran Antonio de la O García y Roberto Hernández Rodríguez; en mantenimiento, Manuel García Camacho, José Alberto Sánchez Mendoza y Juan Antonio López Ramírez. Carlos Adrián Mota Pérez es operador de bomba; Juan Alberto Arena Rosas, bombero. Manuel Fernando Rosas Estrada es vigilante e Ismael López Pineda, portero.
La banda cuenta con operadores como José Luis Maturano Pérez, Cristian Sebastián Espinoza Hernández y su padre Pedro Espinoza Aguilar, quien posiblemente forma parte de la banda de Los Abarca. Otros operadores son Leopoldo Cruz Estrada y Jorge López Reyes, aunque éste es “externo”.
En Hidalgo
Osorio Delgado se entendía directamente con las empresas que se involucraron en el robo del combustible al comprarle a su banda, como Praxair, la cual –de acuerdo con el reporte asentado el 14 de octubre de 2016 en el Registro Público de Comercio (RPC) de Monterrey– obtuvo 3 mil 22 millones 885 mil 151 pesos de utilidades netas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. El consejo de esta empresa lo preside Ramzsa Torres Azar.
Otra de las empresas que, de acuerdo con el documento de Pemex y la PF, estaba involucrada con La Parka es Combustibles Riman, registrada en el RPC de Tlalnepantla. Según el acta constitutiva y la de su asamblea más reciente, de 2017, los accionistas son Manuel Arroyo Heredia y Ricardo Arroyo Montiel. En su página de internet Riman se describe como “el principal distribuidor de diésel en México a través de estaciones de autoconsumo”. Dice tener una capacidad de almacenamiento de combustible de 4 millones de litros y añade: “Todos nuestros productos se obtienen directamente de Pemex-Refinación”.
Autotransportes Parada Hermanos, también involucrada con La Parka, asienta en el acta del 12 de noviembre de 2011, inscrita en el RPP de Ecatepec, Estado de México, que es propiedad de la familia Parada Zendejas. Preside su consejo Irma Parada Zendejas y el tesorero es su hermano José Luis. Esta empresa ofrece el servicio de tractocamiones, autotanques, tanques, chasís portacontenedor, así como chasís portaisotanques y de caja seca.
Otra empresa asociada al abatido líder huachicolero es Noriega, Blanco y Sucesores, que forma parte del conglomerado Administradora Chelín, formado en 1995 para administrar a las empresas Noriega y del Blanco Sucs; Combustibles de Occidente; Petróleo de León y Autotransportes Batallón. Según su sitio de internet, lleva más de 70 años en la comercialización y distribución de combustibles.
El 23 de marzo de 2018 se presentó en Tula, Hidalgo, la denuncia de hechos FED/HGO/TULA/0000153/20 en contra de esa banda. Antes se había presentado la FED/HGO/TULA/0000447/2016.
En Hidalgo también opera la banda de El Bárcenas o El Pelón, Carlos Bárcenas Jiménez, con influencia en Tepetitlán. Afecta los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un costo de 15 mil millones de pesos. En este grupo criminal trabajan El Pirlo, su chofer, y un grupo armado de vigilancia. Se coordinan con las células Los Caguamos y Los Pipas; el hijo de Bárcenas es operador; Tomás Barrera Batista, operador y distribuidor; Brandon García López, distribuidor; mientras que Pío Lugo es almacenista.
Para Bárcenas trabajan también policías de los tres niveles de gobierno, como Humberto García Jiménez, quien funge como operador, y un agente del Ministerio Público. Según el documento de inteligencia, el líder de la banda cuenta con el apoyo del alcalde de Tepetitlán, Rodrigo Castillo Martínez.
Su red dentro de Pemex la encabeza Carlos Pichardo Arroyo; son operadores Julio Armando Castro Romero y Juan Arce Jiménez. Los hermanos Tomás y Yesenia Barrera Bautista son distribuidores, pero el primero también opera y ella almacena. Completan la banda los distribuidores Érik Javier Herrera Arroyo, Julio Javier Herrera Mejía, Elizabeth Arroyo Ayala así como Edith Serrano y su esposo.
Bárcenas opera en Sayula Pueblo, San Mateo la Curva, Pedro María Anaya, San Pedro Nextlalpan, Encinillas, Las Antenas y La Loma. Las autoridades ubican su domicilio particular en la carretera estatal Tepetitlán-Nopala sin número, a la altura de Sayula Pueblo; y le atribuyen otro inmueble en Benito Juárez 3, Pedro María Anaya. A Tomás Barrera lo ubican en calle Benito Juárez y 21 de marzo, colonia Centro.
Contra Bárcenas se han abierto las carpetas de investigación FED/HGO/TULA/0000213/2017 y FED/HGO/TULA/00228 /2018, ya se le aseguró un inmueble y por actividades relacionadas con él se encuentran vinculados a proceso 12 personas adultas y dos menores.
Con un pie en Pemex
Al grupo delictivo de Antonio Yépez Ortiz, El Marro, se le conoce también como el cártel de Santa Rosa de Lima y opera en Guanajuato, donde se apodera de 6 mil 100 barriles de hidrocarburos con un costo de 15 mil 900 millones de pesos al día.
En 2014 autoridades federales detectaron que David Rogel Figueroa, El Güero, era jefe de El Marro. Ahora éste es identificado como el líder y tiene como segundos a los hermanos Fabián, Noé y Luis Ángel Lara Belman.
A su vez, Felipe de Jesús Vega Cano consigue información y corrompe autoridades, mientras que El Calamardo, El Bala, El Chavito, El Tavo y El Súper se encargan de la “seguridad”. Efraín Labrada Reyes funge como operador financiero; Raymundo Labrada Lara se encarga del lavado de dinero; Karem Lizbeth Yépez Ortiz, hermana del Marro, es la operadora encargada en Celaya junto a su esposo, Santiago González Martínez.
La banda del Marro controla sobre todo Celaya y Villagrán, pero también es fuerte en Cortázar, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato y el Valle de Santiago. Contra el grupo se abrieron tres carpetas de investigación por los delitos de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y robo de hidrocarburo en la refinería de Salamanca.
De acuerdo con el reporte de Pemex y la PF, El Marro tiene siete domicilios, entre ellos el de Residencial la Cantera, en Celaya, y el de Miguel Hidalgo Norte 1, municipio Santa Cruz de Juventino Rosas.
Se relacionan con este grupo siete predios y cinco ranchos. Pero se especifica que El Marro utiliza para “desaparecer” personas el llamado Triángulo de las Bermudas, una zona que está entre El Limón, Santa Rosa de Lima y la Estación entre Villagrán y Celaya.
Guanajuato también es territorio de Los Pelones, encabezados por Javier Ramírez Morales, El Mónico o El Pelón, que hurta 2 mil 500 barriles de hidrocarburos por día y obtiene ganancias de 6 mil 400 millones de pesos al ordeñar los poliductos Salamanca-Zacatecas y Salamanca-León.
Integrantes de esta banda son Jesús Ignacio Guevara, El Chuy, y Hugo Mosqueda Vázquez. Con ellos se coluden Los Plebes, como El Villín y una veintena de sujetos originarios, en su mayoría, de Sinaloa. A su enlace con las autoridades lo apodan El Puerquero.
Sus principales dominios son los municipios de Salamanca (comunidades y colonias Cárdenas, Loma de Flores, San José Temascatio, San Vicente de Flores y La Purísima) e Irapuato (San José del Marañón, El Carrizal, Malvas, El Copal y El Copalillo). El informe de inteligencia registra las coordenadas de dos depósitos clandestinos de combustible, del domicilio del Pelón y de una casa de seguridad en la que se guardan armamento, drogas y aditamentos para instalar tomas ilegales.
La casa del suegro de Ramírez Morales se localiza en la calle Clavel 40, San José Temascatio. Ahí también se guardan armas y dinero para pagarle cada sábado al personal de la organización. Asimismo, se documenta que tres ranchos están relacionados con esta banda y que El Pelón no tiene abierta ninguna carpeta de investigación.
Colusión con autoridades
mexiquenses
En el Estado de México se concentra la banda Melchor Ocampo, vinculada al CJNG y a la empresa Riman Combustibles, que afectan al sistema de Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca al robar 3 mil 800 barriles diarios con un costo de 14 mil 800 millones de pesos.
La célula local de Melchor Ocampo, cuyo líder sólo se identifica como “N”, tiene a su disposición a los policías municipales Bruno Juárez Reyes, Julio César Ruiz Trejo, Rubén Granados Flores, Rito Hernández Hernández y Paola Patlán Montes. Operan también en Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca.
En enero de 2018 la PGR cateó un inmueble en Ixtapaluca, donde aseguró 20 vehículos en una toma clandestina del fraccionamiento Rancho San Blas, en Cuautitlán. Además, se ubicó allí un vehículo de la policía estatal, otro de la municipal y uno más de Transportes y Líquidos de Salamanca, que fue cargado con producto robado. En el lugar se detuvo a José Eduardo Salazar Rodríguez y a Ramón Ángeles Hernández, pero un juez declaró ilegales las aprehensiones “por demora en la puesta a disposición” y los dejó en libertad.
El corredor poblano
En Puebla operan Los Téllez, grupo liderado por Oscar García Téllez, El Loco. Con base en San Martín Texmelucan, se apoderan de 6 mil 600 barriles por día, de los que obtienen 19 mil 700 millones de pesos.
Del resguardo vehicular con hidrocarburo se encargan Alejandro Vázquez Pérez, Leonardo Vázquez y Juana Pérez. El grupo que vigila la colonia Libertad Antorchista lo forman Salvador Zepeda, Ángeles Pérez y “Leticia”. Los posibles implicados son Jesús Kamez Manzano, Friné Soraya Córdova Morán –presunta exdiputada federal– y Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina.
Otros miembros de la banda son Isabel Mello Same, esposa de Antonio Téllez, El Pecas, y los hermanos Manuel y Marcos Téllez Mello. También Juan Roldán Téllez y Juan Gabriel Aguilar Muñoz, jefe de halcones, los hermanos Gustavo, Ángel e Ismael Aguilar Téllez y Amalia García Téllez.
El reporte de la PF y Pemex incluye dos domicilios del Pecas en la colonia Libertad Antorchista; y dos de Leonardo Vázquez y Juana Pérez, donde resguardan vehículos con combustible.
Sobre Los Téllez existen cinco carpetas de investigación; cuatro de ellas se encuentran en proceso y una en sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Emilio Guzmán Hernández y Billy Guzmán Moreno.
Prácticamente la misma cantidad de producto sustraen de los ductos de Pemex Los Bukanas, cuyo jefe es Roberto de los Santos de Jesús, en el municipio poblano de Esperanza. Algunos de sus miembros son Ruselin Vargas Hernández, Saúl de los Santos de Jesús y Antonio Cortez Hernández.
Antoni Martínez Fuentes rompió relaciones con El Bukanas por problemas de pago del hidrocarburo robado. Con Martínez Fuentes se fueron José Feliciano Mirón, Pascual Mirón Nabor, director de Seguridad Pública municipal y el priista Néstor Camarillo Medina, alcalde de Quecholac.
La red de Martínez Fuentes la integran sus hermanos Alejandro y Fermín, Sergio Valente Martínez (hijo del segundo), su tío Adrián Vicente Martínez Silva y los primos Rafael Fuentes Sánchez, Rogelio Odilón Fuentes y Juan Carlos Fuentes.
Además del municipio veracruzano de Maltrata, operan en los poblanos de Esperanza, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Acajete. A consecuencia de la causa penal 262/2018, se detuvo a su brazo ejecutor, Ángel Vázquez de Jesús, quien es procesado por homicidio, cohecho y posesión ilícita de hidrocarburo y se encuentra en prisión preventiva.
Otra banda dedicada al robo de hidrocarburos en Puebla es la conocida como El Rapid Inn. Con ella se vincula a la empresa Transportes JSV, perteneciente a José Gómez Camacho. Según la investigación, a este último se le sorprendió con hidrocarburo robado y autotanques de doble remolque placas 642-YY-9, 676-YY-9 y 680-YY-9. También están relacionadas con esa organización las empresas Distribuidora de Diésel, Diáfano PERC y Parque Industrial de Tepotzotlán.
Su área de operaciones va de los municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan hasta los mexiquenses de Ecatepec y Los Reyes La Paz.
Entre los integrantes de este grupo delictivo el reporte de inteligencia sólo menciona a Tania, encargada del hotel Rapid Inn, y a tres exmilitares cuyos datos no se consignan. En el hotel resguardaban pipas cargadas con producto robado, las cuales se dirigían a las empresas JSV y Diésel.
La Policía Ministerial ingresó al hotel pero no encontró vehículos ni petrolíferos. Por ausencia de pruebas se determinó la reserva de la investigación.
En el documento se dice que desde 2017 se ha dado seguimiento a otros casos relacionados con actividades ilícitas de robo de hidrocarburo en otros estados. Por ejemplo, en la Terminal de Almacenamiento de Chihuahua fueron suspendidos 28 trabajadores de Pemex, pero no se les han podido fincar responsabilidades.
En el caso de la válvula de San Octavio, en el municipio de Acayucan, Veracruz, 18 trabajadores de Pemex sustraían el hidrocarburo de la toma de proceso del sistema “Scada”, por lo cual se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SEIDO/0001444/2017.
Igualmente, se informa que en Santa Catarina el propio personal de la Terminal de Almacenamiento sustrae los petrolíferos con autotanques y los traslada a otros para venderlos después a gasolinerías, hecho que dio lugar a una carpeta de investigación.
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El huachicoleo, "meta aspiracional" para jóvenes guanajuatenses/
VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
GUANAJUATO, GTO.– En el kilómetro 157+570, casi al pie de la carretera León-Silao, en la colonia Nuevo México, hay un negocio pintado de blanco con verde, con su rótulo correspondiente: “Fertilizantes del Bajío”.
Y así funcionó durante un tiempo hasta que un apoderado de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que derivó en un cateo obsequiado el 14 de diciembre pasado por un juez de Distrito.
Los agentes de la dependencia encontraron 30 mil litros de combustible almacenados en bidones de diversos tamaños y varios vehículos. También descubrieron mangueras conectadas al poliducto Salamanca-León.
Ubicada entre los municipios de León y Silao, la colonia Nuevo México tiene más de 3 mil 500 habitantes y está cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío (AIB). Parte de esas tierras ejidales fueron expropiadas para incorporarlas a la zona industrial Guanajuato Puerto Interior, luego de una lucha en la que sus propietarios exigieron a los gobiernos federal y estatal el pago acordado.
Hace 10 años, las autoridades prometieron a la comunidad que habría empleos en las empresas, así como concesiones de taxis para transportar a viajeros del AIB. Sólo les cumplieron a medias.
La colonia Nuevo México en Silao se encuentra en el corredor de tomas clandestinas y donde se realiza la compraventa de combustible robado o huachicol en la entidad. Incluye las principales ciudades del corredor industrial (de León a Celaya y los Apaseos, hacia el sur), de acuerdo con los registros de Pemex, de las policías municipales, seguridad pública y de las instancias de procuración de justicia estatal y federal.
Según la delegación de la PGR, en 2018 se recuperaron casi 250 mil litros de combustible, incluyendo más de 160 mil litros de hidrocarburo “crudo mediano” en los cateos a inmuebles donde se almacenaba huachicol.
A mediados de mes, personal de la Agencia de Investigación Criminal se desplazó a la colonia San Antonio del Carmen, en Dolores Hidalgo, donde, tras una revisión a casas, bodegas, depósitos y almacenes localizaron el combustible extraído del ducto ubicado en el fraccionamiento El Rehilete, en Villagrán, municipio donde tiene su sede el Cártel de Santa Rosa, liderado por José Antonio Yépez, El Marro o El Señor Marro.
Los agentes de la PGR también aseguraron combustible, bidones y autos en la comunidad El Caracol, en Villagrán; en San Isidro de Helguera y en la colonia Segunda Fracción de Crespo, ambas en Celaya, y en la localidad Refugio de Los Sauces, en Silao.
Lo mismo hicieron en las colonias El Puente y San José de Yustis, la comunidad San José de Nuevo y el barrio de la Resurrección, todas en Celaya; en la colonia El Puente de Villagrán; la colonia Emiliano Zapata, en Pénjamo, y la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, en León.
Todas esas colonias y comunidades están incluidas en el mapa de las tomas clandestinas y en el negocio ilícito del combustible extraído de los ductos de Pemex. La lista abarca también numerosas comunidades de Irapuato, el municipio que concentra el mayor número de tomas, según la Policía Federal.
A un lado de la carretera Irapuato-León, por ejemplo, se ubican las comunidades Aldama y La Calera, así como el ejido Lo de Juárez, donde algunos adolescentes participan en el huachicoleo, ya sea como pinchaductos, halcones, enganchando amigos o a los jóvenes que abandonan sus estudios.
“Esto es generacional. Si sabes de qué puedes vivir bien, ¿para qué te quiebras (la cabeza)?”, dijo a Proceso un exfuncionario de seguridad de uno de los municipios de esa lista, quien pidió el anonimato.
Marginación y exclusión
El Anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2017 reporta que en el ciclo escolar 2015-2016 se inscribieron a secundaria casi 35 mil 400 estudiantes, pero al nivel medio superior (bachillerato general y tecnológico o equivalente) sólo llegaron 22 mil.
Por lo que atañe al nivel de licenciatura –incluidas las normales, universidades y tecnológicos– en ese ciclo ingresaron 13 mil 544 alumnos. Ese año egresaron mil 926, de los cuales se titularon mil 710.
Los sociólogos Saúl Arellano –director de México Social– y Raymundo Sandoval –doctor en ciencias políticas y sociales– comentan por separado que en la entidad, que tiene un alto grado de migración a Estados Unidos y recibe millonarias remesas desde ese país, los jóvenes han desarrollado una “meta aspiracional muy fuerte”.
Arellano subraya ese contraste. Dice que “el tejido social está tan fracturado y desgastado que los jóvenes guanajuatenses no encuentran interés en opciones como expresarse o identificarse a través de partidos políticos, organizaciones o liderazgos gubernamentales o sociales.
“Ellos tienen aspiraciones de ingresos, estatus y presencia social mucho más fuerte que otras regiones, que quienes comienzan a acercar dinero, así como ciertas prerrogativas, poder y logran una cohesión social”; en este caso, la delincuencia organizada dedicada al huachicol.
Arellano también habla de la desestructuración de la política. “En Guanajuato –dice– el PAN ha generado una monopolización del poder”. Y después de 30 años, afirma, eso se refleja en la ausencia de discusión democrática, en la falta de espacios de representación que, en el fondo, lleva a la fractura de instituciones, no sólo de seguridad pública sino de inclusión social, educativa y cultural.
“Todo un caldo de cultivo que, independientemente de las condiciones económicas, llevan a que muchos jóvenes prefieran delinquir a favor del estatus social, del dominio y la posibilidad de tener gente que los obedezca, incluyendo a la autoridad”, dice.
El presidente municipal de Irapuato, el panista Ricardo Ortiz, hace sus acotaciones: “Hay cuestiones sociales en esto del huachicol. A veces, para una persona parece más sencillo meterse a trabajar en esto, pero no vemos que haya una cantidad importante de personas. Irapuato es la ciudad del estado con la menor tasa de desempleo, menos de 1%”.
Ortiz, quien cumple su tercer mandato como alcalde –el segundo consecutivo–, se ufana de los “centros logísticos” empresariales en las 135 comunidades rurales del municipio donde vive la tercera parte de la población (alrededor de 600 mil habitantes). “Todos los parques industriales –sostiene– están generando empleos. Y aun cuando el salario debe incrementarse, tienen las prestaciones”.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Recorrido de la Agencia de Investigación Criminal y Proceso: Por los caminos de la ordeña.../
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
En poco menos de dos meses la Fiscalía General de la República documentó más de mil tomas clandestinas de combustible. Proceso acompañó a la Agencia de Investigación Criminal en su recorrido por una de las rutas huachicoleras, a lo largo del cual los agentes de la corporación confirmaron la existencia de toda una red en el país sobrepuesta a la de Pemex; se compone de ductos y transporte ilegales, que junto con el destinatario final forman, en efecto, una infraestructura paralela.
Valle del Mezquital, Hgo.- Al salir del camino Tlahuelilpan-Juandho hay una canaleta que huele a gasolina. Es posible ver su cauce azuloso y tropezar en la orilla con tubos semiocultos entre los restos secos de una cosecha de maíz, que se extienden a la parcela adyacente.
Desde ahí puede seguirse el trazo de una tubería expuesta intermitentemente a través de unos 200 metros del maizal seco hasta encontrar, en un hoyo de escasa profundidad, la toma clandestina en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco de Pemex.
Se trata de la cuarta de 12 tomas clandestinas que han sido localizadas recientemente en los tres kilómetros previos a lo que hoy es la zona cero del barrio de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el viernes 18 ocurrió la peor tragedia de que se tenga registro en relación con el robo de combustible y que al cierre de esta edición llevaba 109 muertos.
Esas 12 se suman a las 210 localizadas desde el pasado 1 de diciembre en Hidalgo, estado que, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), es el número uno por tomas detectadas de todo el país.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR realizó un operativo de supervisión luego de que uno de sus equipos localizó 12 tomas clandestinas en las inmediaciones de Tlahuelilpan el domingo 20. Fueron sus agentes quienes removieron la tierra, no más de 20 centímetros, para descubrir el subducto. Proceso acompañó el operativo.
Desde el miércoles 16, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que las operaciones de robo de combustible a gran escala son diferentes a las que realizan los habitantes de comunidades rurales o pequeñas ciudades, a los que las bandas convocan a llenar bidones para construir su base social. De ahí la petición de este semanario de conocer la forma en que se opera el robo de combustible más allá de los bidones.
En diferentes oportunidades el mandatario ha rechazado identificar grupos delictivos por nombre, a diferencia de lo que solía ocurrir con los cárteles de la droga. Tanto el mandatario como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, suelen referir que hay funcionarios y trabajadores de Pemex involucrados, así como empresas implicadas sobre las que ya hay denuncias e investigación.
Los agentes a cargo de la investigación –cuyos nombres se mantienen bajo reserva a petición expresa de la FGR– aseguran que la operación con ductos ilegales forma una red sobrepuesta a la de Pemex: ductos, transporte y destinatario final forman un sistema paralelo.
Las tuberías clandestinas conducen el hidrocarburo robado a grandes distancias; el ducto visitado por el reportero tenía una longitud de 200 metros, pero ya hay aseguramientos de tuberías de hasta siete kilómetros en el estado de Puebla, entidad que del 1 de diciembre al lunes 21 registraba la inhabilitación de 179 válvulas ilegales, lo que la convierte en la tercera con más casos en averiguación, superada sólo por Veracruz, que ha registrado 196 casos en el mismo periodo.
El combustible que se conduce por los ductos ilegales llega hasta bodegas o aparentes viviendas, que en realidad alojan enormes cisternas donde se almacena el combustible y desde las que se llenan los transportes, informa el grupo especial de la AIC.
La madrugada del jueves 17, una de esas terminales fue identificada por un sobrevuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional; ahí se detectaron 20 vehículos; algunas pipas entre éstos.
Estaban a 10 kilómetros de Tulancingo, Hidalgo, en las inmediaciones de la comunidad Ventoquipa, formados en un área de bodegas en medio de un caserío. Según el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lograron asegurar la toma clandestina pero no pudieron detener a ninguno de los implicados.
Las bodegas de Ventoquipa son auténticamente terminales de almacenamiento y reparto, como las de Pemex, que según la FGR proliferan en diferentes estados del país y en las que se llegan a formar decenas de vehículos para cargar el combustible robado.
Milpas en llamas
Una franja de columnas de humo se extiende al fondo de una parcela. Visibles a la distancia, las mojoneras amarillas que coloca Pemex para indicar el paso de ductos, obligan a adivinar la proximidad de la combustión. La milpa seca está en llamas.
A tres kilómetros de San Primitivo, Tlahuelilpan, siete días después de la tragedia, perturba el espectáculo de fuego. Pero no hay incendio en el ducto que, a 10 metros de la quemazón, se presenta como la primera de las 12 tomas clandestinas.
Entre las milpas y alfalfares, pozos de alrededor de un metro cuadrado albergan en el fondo válvulas de latón con esfera, coloquialmente llamadas “válvulas huachicoleras” y cuya venta pretende regularse, según dijo López Obrador el pasado jueves 17.
No hay excavaciones en torno a los pozos; ni un intento. La precisión con la que se realizan las perforaciones es visible; las que después de ser detectadas tienen encima el llamado “capuchón” de Pemex para inhabilitarlas, hacen que la excavación se extienda lo suficiente para colocar, a 30 centímetros, una válvula nueva para continuar con la extracción. Así se observa en la segunda toma ilegal del recorrido.
Desde ahí hay que caminar y salir apenas de la milpa para encontrar una toma más, casi cubierta por piedras que remiten a la advertencia de la petrolera, otrora paraestatal: “Ductos de Pemex. No golpear”.
El domingo 20 se hicieron la detección y la denuncia. Los efectivos de la AIC dicen que actualmente Pemex no se da abasto; el día del recorrido, el jueves 24, una toma se ha vuelto a habilitar con tan mal tino que quedó con una fuga y el pozo está inundado y burbujeante, filtrando el combustible al adyacente campo de alfalfa.
El relieve de la tierra permite ver un fragmento de la inmensa extensión del Valle del Mezquital, interrumpido por un cerro que en la cima exhibe su nombre, La Cruz, donde el caserío se antoja inescrutable. Los testimonios de vecinos de la región, recogidos por Proceso, afirman que ahí se ubican los almacenes huachicoleros, e incluso cuentan de explosiones, como la de una vivienda cuyo aljibe servía para despachar el combustible.
En efecto, el sábado 5 explotó una vivienda en la calle Acacia de ese sector. Cuando los cuerpos de seguridad y auxilio llegaron, el fuego se había extendido a tres predios y las llamas alcanzaban seis metros de altura.
Las cifras del gobierno de Hidalgo establecen que en 2018 hubo 14 incendios en almacenes de combustible robado, pero también hay incendios no contabilizados.
Hay un punto preciso, porque a un lado se encuentra una de las mojoneras de Pemex: “Latitud: 20.13 Longitud: 99.21”. Ahí se yergue un huizache de grandes dimensiones, muerto, completamente quemado. En el entorno hay ropa chamuscada, llantas consumidas por el fuego. Alrededor del pozo la tierra se ennegreció. No obstante, reluciente, una válvula nueva destaca junto a otra con “capuchón”.
No hay tregua en la industria huachicolera, ni siquiera en días de luto. Además de la válvula nueva, los puntos geolocalizados de las tomas clandestinas entretienen varios minutos al equipo de la AIC. Uno de los agentes observa la rodada de tractor y un tubo anaranjado de los utilizados para el riego. En cuatro días la toma clandestina fue cubierta con tierra, pero con el señuelo habilitado para quizás retomar luego la extracción.
Con el último corte estadístico, un mes y 20 días han bastado a la FGR para documentar más de mil tomas similares en el país. Mismas válvulas, mismos procedimientos. Hidalgo, Veracruz, Puebla y el Estado de México concentran tres cuartas partes del total.
Y aquí, entre prósperas tierras de cultivo y las chimeneas de la refinería de Tula, por todo el Valle del Mezquital hay válvulas disponibles, pero no son el único objeto a la venta. Por calles y caminos pueden encontrarse, a la vista de todos, los enormes letreros de oferta de bidones, que se apilan nuevos a pie de camino.
Los trucos
La pestilencia violenta la nariz. El remolque rojo de un tráiler, con altas redilas, despide el aroma de la putrefacción. Sus puertas están desvencijadas y hay que escalar entre los enrejados de su estructura para llegar arriba y observar que, entre granos de maíz y gallinaza va oculta una pipa de 30 mil litros.
Por los corralones del Valle del Mezquital, los vehículos camuflados para transportar grandes cantidades de combustible son monumentos a la creatividad.
Como en canastos de aluminio y plástico, el transporte más convencional se realiza en una Van, de las que se cuentan por decenas. Entre ellas una llama particularmente la atención porque tiene un fondo falso que aloja un recipiente, cubierto con fieltro, justo atrás del asiento del conductor. Como si fuera un radiador enorme, tiene capacidad para unos 300 litros de combustible.
Sólo desde arriba se puede ver que un camión de valores, blindado, negro y estampado con el escudo nacional en los costados, oculta las góndolas huachicoleras.
En otro corralón hay un camión Torton. Al abrir sus rejas, los bultos de yeso se apilan hasta la parte superior. Esconden un cajón de acero que, por tener una pipa de 10 mil litros a un lado –que a su vez, aparentaba transportar agua potable y no huachicol– obliga al cálculo: 30 mil litros, estima una agente de la AIC.
Los descubrimientos siguen con un tráiler reluciente: el tractocamión Freightliner de modelo reciente arrastra una góndola negra que a simple vista transporta tezontle. Pero lleva en realidad una pipa oculta, sólo identificable por las válvulas para carga y descarga que se le adaptaron y cubrieron por debajo.
Por las carreteras de México transportes así pasan revisiones y retenes. Pero de los 960 vehículos asegurados por la AIC del 1 de diciembre al jueves 17, los que abundan son camiones y pick-up descubiertas, con sus canastos huachicoleros evidentes.
En la AIC el hombre a cargo de la investigación asegura que esos transportes no corresponden a lo que se vende en domicilios particulares y tejabanes desvencijados. Sencillo: desplazar 35 mil litros de combustible no es tarea fácil. Una consulta en internet revela que a una Ford Lobo de ocho cilindros, por ejemplo, le caben 100 litros.
Hasta ahora, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no han dado a conocer los nombres de las empresas que podrían estar implicadas en el trasiego o consumo de huachicol.
Tanto Gertz Manero como el titular de la UIF refieren que hacerlo violaría el debido proceso y destruiría la acción penal. No obstante, con la información oficial, es posible advertir que, una vez más, el modelo de negocio es paralelo a Pemex:
La UIF interpuso cinco denuncias por robo de combustible que involucran a 15 empresas propietarias de gasolinerías. Actualmente ya tienen las cuentas bloqueadas, lo mismo que otras 13 respecto a las cuales están pendiente las denuncias.
Uno de los grupos de empresas vinculadas con el huachicol tiene operaciones por 86 mil 961 millones de pesos (una cifra similar al presupuesto de un año, por ejemplo, en Chiapas) y una utilidad de 6 mil 758 millones de pesos (cifra superior a la suma del presupuesto que ejercerán este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones).
La misma tarde del jueves 24, la Policía Federal localizó 11 nuevas tomas clandestinas en la zona del ducto Tula-Salamanca, pues los huachicoleros no cesan en su actividad.
Casi a la misma hora, la AIC concluye su recorrido pasando por Tlahuelilpan. El convoy se detiene porque un cortejo fúnebre transita hacia el panteón, muy cerca de San Primitivo.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
En Tlahuelilpan, "Chavitos" con fusiles AK-47 y fajos de billetes
/MATHIEU TOURLIERE
La convocatoria por mensajes y redes sociales realizada el pasado viernes 18 a cientos de personas hacia la toma clandestina del ducto que atraviesa Tlahuelilpan pudo ser estrategia de uno de los grupos de huachicoleros que operan en la región para provocar un conflicto y presionar a las autoridades, estima Juan Pedro Cruz Frías, alcalde de ese municipio hidalguense.
“Ni siquiera dijeron que había una fuga, sino que estaban regalando gasolina –recuerda el edil en entrevista–. Creo que no se esperaban una tragedia así.”
Ese día, mientras cientos de vecinos llenaban bidones con la gasolina que brotaba del ducto perforado, una chispa la transformó en un gigantesco géiser de fuego que calcinó todo en un diámetro de 50 metros. En la explosión fallecieron más de 100 personas –aproximadamente 40 siguen hospitalizadas–, cifra que supera los 97 muertos reportados en el municipio durante todo 2017.
Si bien Cruz Frías afirma que el robo de combustible ya existía antes de que asumiera la presidencia municipal –dice que en la administración anterior se desbordó una toma y “el géiser brotó a 20 o 25 metros”–, sostiene que “en realidad esto surge a partir del 1 de enero de 2017, con el gasolinazo”.
Explica: “Subió tanto el precio del combustible que todos vieron mayores ganancias. Se desató la delincuencia en una localidad de Santa Ana Hueytlalpan y hubo operativos; estas personas tuvieron que huir de esta localidad y el efecto hormiga fue el que afectó a nuestro municipio”.
Según las autoridades, en los últimos dos años grupos criminales foráneos ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Zetas, entre otros, llegaron a esta región de Hidalgo a disputar el control de las tomas clandestinas a grupos locales de ordeñadores de gasolina.
Cruz Frías, quien es presidente municipal desde septiembre de 2016, tiene a su disposición 40 agentes de Policía Municipal, es decir, 20 uniformados por turno. Una cifra insuficiente, dice.
Por ejemplo, hace unos meses los agentes se trasladaron a una toma clandestina y “lamentablemente llegaron muchas camionetas, aproximadamente 60 personas, algunas armadas y otras no, que los expulsaron, les dijeron que se los iba a cargar la chingada”.
Al preguntarle por los grupos que operan en su municipio, el alcalde es evasivo: “Nomás oigo apodos, como El Tribilín, o al que mataron, la tal Parka… pero si hay vecinos del municipio, no lo creo. Hay gente de fuera que renta los predios y los utiliza como bodega”.
Desde la zona calcinada, en la colonia San Primitivo, se alcanza a ver la refinería de Tula, a menos de 10 kilómetros al sur y en la cual confluyen oleoductos de Pemex. El tubo que fue perforado y explotó, indica, atraviesa tres kilómetros del ejido de Tlahuelilpan y se hicieron tomas clandestinas en varios cruces.
En Tlahuelilpan, como en todos los municipios hidalguenses donde pasan estos ductos, la industria del huachicol floreció en los últimos dos años. En 2018 se registraron 2 mil 121 tomas clandestinas en el estado. Muchos jóvenes se dedican a la ordeña o a la vigilancia de esta actividad. Todos saben dónde encontrar gasolina robada a buen precio, y en almacenes y tianguis se acumulan montañas de bidones para venderlos al mayoreo.
La llegada del dinero del robo de combustible alteró a la sociedad de Tlahuelilpan. En 2015, cuando se realizó el censo más reciente del Inegi, la mitad de sus 20 mil habitantes vivían en la pobreza y 7.1% en pobreza extrema. Seis de cada 10 personas percibían un ingreso inferior a la línea de bienestar –que se eleva actualmente a mil 556 pesos mensuales por integrante del hogar– y solamente 12% de la población no sufría pobreza ni carencias sociales.
El ejido cuenta con 800 hectáreas, regadas con las aguas negras de la Ciudad de México. Los habitantes que no se dedican al campo laboran en la refinería o en la central de la Comisión Federal de Electricidad en Tula, o bien en las cementeras y fábricas aledañas; otros venden sus productos a los vecinos o a los cerca de 4 mil alumnos que estudian en el plantel de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dice Cruz Frías.
“Hasta la madre de cristal”
La tarde del sábado 19 tres hombres –uno en la treintena con su hijo de 14 años y otro veinteañero– sentados sobre sus bicicletas observan a lo lejos cómo los peritos trabajan en la zona siniestrada la noche anterior. Ellos recuerdan que el auge del huachicol en la región inició hace dos años, “con las alzas de los combustibles”.
Cuentan que con el aumento del precio de la gasolina el huachicol se convirtió en una fuente de dinero sustancial para algunos y despertó envidias en otros. Los informantes piden que no se publiquen sus nombres por miedo a los criminales.
A menos de 100 metros de ahí, en la zona de la tragedia, el subsecretario de Gobierno estatal, Juan Luis Lomelí Plascencia, alienta a los pobladores a denunciar a los huachicoleros. “Los conocen, muchos viven aquí con ustedes”, les asegura.
Los entrevistados señalan que los grupos se pelean a muerte el control de las tomas clandestinas, pero además trajeron drogas. “La juventud se encajó hasta la madre de cristal, de metanfetamina, ahora que tiene dinero del huachicol”, sostiene el de 20 años, y comenta que los líderes de las bandas, más acaudalados, prefieren la cocaína.
El de 30 menciona a una vecina que vendía tamales en un jacalito que “no tenía ni cortina”. Su familia “empezó a vender cristal y huachicol. ¡El casononón que tienen ahora!”, exclama. Otro ejemplo: “Un amigo fue a chupar con un huachicol en un bar, por ahí. El güey pagó 13 botellas. ¿Te imaginas?”.
Los grupos criminales reclutan adolescentes como halcones para que vigilen –a cambio de 500 a mil pesos por noche– mientras otros perforan y ordeñan los ductos. El joven de 14 años narra que en la escuela unos alumnos presumen fajos de billetes, a veces hasta 4 mil pesos. “Hay chavitos como tú con cuernos de chivo”, interviene su padre, que lo mira con preocupación.
Una pobladora lamenta: “Los jóvenes ya no quieren ganar 150 o 200 pesos diarios, lo que se paga aquí por un día de trabajo en el campo; ya quieren estar bien vestidos e ir por el dinero fácil”.
Recuerda: “Tlahuelilpan era un lugar tranquilo, bonito, donde podías salir al jardín sin miedo, a las calles, a la tienda. Ahora ya no: tienes que salir temprano y regresar tempranito porque la delincuencia está muy, muy fea. Hay otras comunidades igual aquí, donde la delincuencia del huachicol devastó todo”.
Sobre la violencia, observa: “Todos los huachicoleros son enemigos entre sí. Duele que los jóvenes terminen de esta manera. Cuando era más joven ya había armas, pero no se escuchaban tan fuerte; ahora ya no se puede vivir, ya no puedes salir a un día de campo, porque no sabes si por coraje nos atacan o no sé qué”.
También afirma que sí hay opciones de supervivencia: “Aquí no te mueres de hambre, la verdad… Puedes ser ama de casa, vender comida, dedicarte al campo, ser albañil, criar animales… Hay herramientas de trabajo”.
Según el Inegi, la mayor parte de la población es propietaria de sus casas, que suelen tener tres o cuatro habitaciones, piso firme y techo, así como servicios de agua entubada y luz eléctrica.
Los vecinos tienen fresco el recuerdo del multihomicidio perpetrado el pasado 4 de enero en el panteón de Mangas, en el cercano municipio de Tezontepec de Aldama. Cuatro jóvenes fueron acribillados mientras velaban a uno de sus amigos, asesinado días antes. Todos asumen que los autores del crimen fueron integrantes de una banda rival.
Además, los incendios ya no son raros en la región, pues los huachicoleros suelen guardar el combustible en sus casas y transportarlos en camionetas. “Luego luego se ve el humo negro, a lo lejos”, dice el joven de 20 años. El adolescente añade: “En la escuela vemos los videos de los fuegos en Facebook”.
En el pueblo saben dónde pueden encontrar gasolina, que se vende entre ocho y 12 pesos el litro, según si abunda o escasea. El padre dice: “Siempre hay: te vas con tu camioneta y si éste no tiene, vas con el otro, y si no tiene vas con el otro… Hay un chingo de tomas. Cuando vamos a rodar los vemos ahí, a las dos o tres de la tarde, y no hay pedo”.
Florencio León Ángeles Torres, dueño de un taller de hojalatería y pintura en el centro del municipio, ha vivido 20 años ahí. Empezó a escuchar del robo de combustible hace menos de tres años. “Antes no se oía, y creo que está creciendo y es cada vez peor”.
Sonriente, añade que otro negocio ilícito que abunda es el cobro de piso: “Alguien que viene a poner un negocio aquí en Tlahuelilpan, lo vienen a cobrar. O simplemente a los comerciantes les dicen: ‘¿Sabe qué? Ése ya no va a vender aquí’. Y no siendo del municipio”.
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Hubo engaño e improvisación en la "vigilancia" de los ductos/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Una demanda laboral interpuesta por un empleado de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex –encargada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto al general Eduardo León Trauwitz, su hombre de confianza– muestra que, en vez de garantizar la integridad de la red de ductos, los mandos del Ejército improvisaron su vigilancia para permitir el llamado huachicoleo y la operación de la delincuencia organizada.
A pesar de contar con millonarios recursos, la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex improvisó a trabajadores de confianza para inhabilitar tomas clandestinas. Por la falta de pericia y herramientas, en diversas ocasiones provocaron fugas como la ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Videos y documentos obtenidos por este semanario muestran cómo esos trabajadores operaban para desactivar las tomas clandestinas sin las precauciones necesarias para su vida y la población, en una tarea que por lo demás no les correspondía.
Dada la ausencia de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, varias veces eran detenidos por la policía local, que los acusaba de huachicoleros. Otras veces eran detenidos y amenazados por los grupos de la delincuencia organizada.
Por esas razones, algunos de esos empleados interpusieron demandas laborales contra la empresa y señalaron como responsables a los militares que estuvieron al frente de la SSE de Pemex durante el sexenio pasado, encabezados por el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera hombre de confianza del entonces presidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2115).
En uno de los videos se aprecia a un empleado en una toma ubicada en un ducto a menos de un metro de profundidad. Mientras está operando, se rompe la válvula a la que le está dando vuelta, se produce un fuerte estallido y el combustible empieza a fugarse con tanta presión que forma de inmediato un violento géiser.
Uno de sus compañeros corre a auxiliarlo y junto con el resto del equipo –entre ellos alguien con un arma larga– huyen despavoridos. Una camioneta de Pemex se aleja, mientras los empleados dicen entre risas nerviosas: “Fue la esfera, güey”, “que le hablen a Ductos”.
Los trabajadores trataron de recuperar la herramienta de la SSE bajo su resguardo y de reorganizarse mientras la fuga alcanzaba ya varios metros de altura. De acuerdo con una de las demandas laborales, el accidente ocurrió en el ducto de Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2017.
A partir de entonces, Moisés Ángel Merlín Sibaja, contratado como personal de confianza por la SSE, decidió buscar su cambio dentro de la misma subdirección y no trabajar más en la Gerencia de Seguridad Física. Lo que obtuvo fue maltrato y acoso laboral hasta que tuvo que separarse de la empresa petrolera, a la que demandó en agosto de ese año.
Delitos cometidos por orden superior
Desde que buscó cambiarse de área, Merlín Sibaja argumentó que el trabajo que le asignaron no correspondía a su puesto, pero sobre todo que era obligado a realizar actos irregulares, como abrir tomas clandestinas, deshabilitar otras sin ir armado, o vestir uniforme militar sin pertenecer a las Fuerzas Armadas. Además de la falta de pago de viáticos o de horas extras y el maltrato por parte de sus jefes, que eran los elementos del Ejército a los que llevó el general Trauwitz.
Merlín Sibaja pidió ya no ser considerado en las actividades que la SSE denomina “manejo técnico” o “protocolo” para inhabilitar tomas clandestinas como la que le estalló en Tierra Blanca y que, de acuerdo con su testimonio escrito, había sido “reutilizada en múltiples ocasiones”.
Ante su petición de cambio, fue enviado a las oficinas de la Gerencia de Seguridad Física para hacer labores de limpieza. Luego de unos días fue trasladado a Gómez Palacio, Durango, a hacer las mismas labores de “manejo técnico”. Quedó bajo las órdenes del capitán primero de Infantería, Diplomado de Estado Mayor (DEM), Heriberto Godínez Sánchez, superintendente de Planeación y Seguimiento de la SSE.
–¿Qué te sorprende? ¿Mucho trabajo y poco dinero? –le dijo el capitán cuando se presentó a trabajar y le expresó su deseo de no hacer las mismas labores, porque otros de sus compañeros también habían estado a punto de morir en tomas incluso más profundas.
En su carta de renuncia dirigida al subgerente de Operaciones de la Zona Centro, mayor intendente del Ejército DEM Francisco Casas Sánchez, el demandante asegura que recibió órdenes de disfrazarse de soldado “y desplazarme solo y sin arma, conduciendo un vehículo pixeleado a las áreas de Puebla, que actualmente se consideran de riesgo”.
Asentó: “Por lo antes expuesto y debido a que en recientes fechas he sido sonsacado hasta de instalar una toma clandestina en uno de los poliductos sin que se me expida una orden de forma escrita y de manera clara el motivo, así como de las herramientas adecuadas para tal fin, el suscrito ha decidido tomar acciones legales a fin de afrontar las responsabilidades que me sean imputadas”.
Merlín Sibaja cuenta también la presión de la delincuencia organizada cuando fue enviado por la SSE al municipio veracruzano de Tierra Blanca, y que fue reportada a la Gerencia de Seguridad Física, que no actuó.
La tarde del 8 de octubre de 2016, después de la revisión de una toma clandestina en el kilómetro 228+282, en las inmediaciones del poblado Las Prietas de ese municipio, se dirigía al Departamento de Seguridad Física de Pemex en la ciudad, acompañado de otros dos agentes de seguridad.
Cuando circulaban por el bulevar La Vidriera, se les cerraron dos vehículos, de los que descendieron una decena de hombres armados. Amagaron con bajar de su camioneta a los agentes de seguridad de Pemex. El jefe del grupo delictivo se dirigió a Sibaja: “Déjennos trabajar. El sol sale para todos… y también la muerte. No se acerquen más a Las Prietas. Ábranse”.
Los agentes de la SSE le contestaron que sólo estaban haciendo el trabajo que les ordenaba Pemex y que ellos no decidían los lugares de inspección, sino que eran órdenes que recibían por las mañanas.
Los delincuentes les exigieron un número telefónico y su nombre completo. Merlín Sibaja dio los suyos. En seguida, a cada uno de los agentes les tomaron fotos. “Nuestro señor les va a llamar a este número”, les advirtió el jefe del grupo delictivo, quien había advertido por uno de los suyos “que había verdes (militares) atrás”, muy cerca. El líder no hizo mayor caso y dejó ir a los empleados de confianza de Pemex.
Los agentes de la SSE se dirigieron a su oficina. Allí, al poco rato, entró una llamada al teléfono de Merlín Sabaja, preguntando por él. “¿Cómo se portaron mis muchachos? –le dijo alguien con un acento distinto al de los pistoleros–. Me enteré de que ustedes fueron un poco agresivos… De no haber llevado un nombre y un número telefónico no habrían cumplido su trabajo.
“Mis muchachos tienen su tienda en Las Prietas. Déjenlos trabajar. Ya van tres seguidas que les quitas… Ya sabes cuál es nuestra chamba. Ábranse. El día que quieran platicamos. Yo no estoy en Tierra Blanca. Ando con el patrón, pero puedo bajar.”
Merlín Sibaja le dijo que eso no dependía de él. “Esta bien, carnal”, le dijo el interlocutor y cortó.
El agente reportó lo sucedido al jefe del Departamento de Seguridad Física en Tierra Blanca, Isaac García Pulido, y pidió mayores medidas de seguridad para hacer su trabajo. No hubo respuesta, según su reporte, fechado el 12 de octubre de 2006.
El documento forma parte de las pruebas con las que acompañó su demanda laboral, radicada entonces en la Junta Especial número 12 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sibaja y su abogado fueron requeridos para una entrevista, pero al cierre de esta edición no habían respondido.
Las irregularidades
La demanda de Merlín Sibaja señala como responsables al general Trauwitz, al general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fue gerente de Seguridad Física; el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, exgerente de Gestión Técnica, y al mayor Francisco Casas Sánchez, subgerente de Operaciones de la Zona Centro de la SSE. Junto con otros mandos del Ejército, fueron los militares que durante el sexenio pasado tuvieron la encomienda de combatir el robo de combustibles a Pemex, pero el delito se incrementó (Proceso 2202).
Merlín Sibaja los acusó de “irregularidades y violaciones a los principios de legalidad” al enviarlo a efectuar el “manejo técnico” o “protocolo”, es decir el desmantelamiento de las tomas clandestinas, a pesar de que ponía en riesgo su vida y su salud, no era parte de sus funciones, y el descontrol de las tomas dañaba el suelo y subsuelo.
Los acusó de haberlo expuesto a la inhalación de gases (benceno) y exposición física fuera de cualquier norma y sin haber recibido capacitación alguna ni equipo de seguridad adecuado, además de contar con herramientas improvisadas. Además, de dejarlo expuesto ante diversas autoridades federales, estatales y municipales que lo confundieron varias veces con un integrante de la delincuencia organizada dedicado al robo de combustibles.
Como ejemplo de improvisación en el “manejo técnico” o “protocolo”, refiere que, cuando agentes de Seguridad Física detectaron una toma clandestina en el poliducto Madero-Linares-Cadereyta, recibieron la orden “de los tres mandos de Seguridad Física de Tampico” de que cortaran las cuerdas y el maneral de la válvula y luego la recubrieran con mezcla.
La toma quedó “encapsulada rústicamente dentro de un tubo PVC, sin reportar de ello al personal de mantenimiento de ductos, al área jurídica de Pemex o al Ministerio Público federal, quedando el riesgo de que la humedad y el salitre revienten la toma y se produzca el derrame de hidrocarburo descontrolado”.
En la demanda, insiste en que el desmantelamiento o neutralización de las tomas clandestinas le corresponde a la Subgerencia de Transportación por Ducto, mientras que la SSE sólo se encarga de la vigilancia de la red de ductos. Pero a su personal le debe proporcionar arma de fuego, chaleco antibalas y otros aditamentos para la seguridad y vigilancia, lo cual dice que en su caso no se cumplía porque, además de desmantelar tomas clandestinas, se le ordenaba hacer patrullajes, por lo que debía portar uniforme militar a pesar de no pertenecer a las Fuerzas Armadas.
Precisa que, de acuerdo con el Manual de Organización de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Transportación por Ducto le toca hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías, tanques, equipos dinámicos, vías de acceso, derechos de vía, edificios, estructuras y señalizaciones para garantizar la operación de la empresa.
En particular, la subgerencia de Mantenimiento de Ductos y las subgerencias de Trasporte por Ducto (Norte, Centro, Golfo y Suroeste) son las responsables, en casos de emergencia, de hacer las reparaciones para asegurar la continuidad de las operaciones, así como de restaurar equipos e instalaciones y el medio
ambiente.
Durante el sexenio pasado, la Subgerencia de Seguridad Estratégica de Petróleos Mexicanos contó con un presupuesto de 5 mil millones de pesos. La mitad fue para el programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex. A través de éste se compraron aviones y helicópteros, pero no todos fueron usados para vigilar los ductos. Un helicóptero, por ejemplo, fue para el uso del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
La otra mitad del presupuesto se gastó en la construcción del búnker de la SSE en lo que fue la Refinería 18 de marzo, en Azcapotzalco; compra de armas, y la mayoría (2 mil 2992 millones de pesos) en “gasto de operación derivado de los proyectos de inversión y otras iniciativas”.
En su informe de final de sexenio, la oficina del general Trauwitz reportó que con el acceso a “equipos y tecnologías de vanguardia”, así como el patrullaje terrestre y aéreo, logró la “intercepción e interrupción rápida y efectiva” de las acciones de la delincuencia organizada.
Según ese reporte, a partir de 2018, la SSE capacitó a ingenieros militares en “el servicio de inhabilitación y sellamiento de tomas clandestinas” para contribuir “a la oportuna atención de estos eventos”.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Mala semana para "El Chapo": dos testimonios letales/
J. JESÚS ESQUIVEL
En la penúltima semana del juicio que se le sigue al Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York, dos testigos que fueron empleados del capo, llevados por la fiscalía, describieron al sinaloense como un torturador sanguinario y un asesino; a Emma Coronel como cómplice de las célebres fugas de su esposo, y a los hijos del narcotraficante como homicidas vengativos.
NUEVA YORK.- La responsabilidad de Joaquín Guzmán, El Chapo, en la tortura y asesinato de tres personas; la de su esposa, Emma Coronel, en la fuga de su marido del penal del Altiplano; y la de los hijos del capo en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, fueron las últimas piezas de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para fortalecer su acusación de narcotráfico y lavado de dinero contra el sinaloense.
Luego de 34 audiencias en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde tiene lugar el juicio contra El Chapo, el Departamento de Justicia movió una pieza demoledora para inculparlo, al exponerlo ante el jurado como un asesino inmisericorde.
El pasado jueves 24, en el desfile de testigos de la fiscalía, se presentó Isaías Valdez Ríos, Memín, exmilitar mexicano, sicario, piloto y quien fue secretario particular de Guzmán.
–Señor Valdez, ¿en alguna ocasión, cuando trabajaba para el acusado, fue testigo de actos de violencia cometidos por él? –preguntó Nardozi.
–Así es –respondió Memín con rostro sonriente.
Pese a las objeciones del abogado Eduardo Balarezo, uno de los tres defensores de Guzmán, Cogan permitió que el sicario describiera detalladamente los homicidios presuntamente cometidos por El Chapo.
“Estábamos en un pueblo que se llama Bastantitas, en Durango. El señor Guzmán realizó una llamada y al terminar, nos informó que iban a traer un arete”, narró tranquilamente el exsecretario del Chapo.
“Arete” o “dedo”, explicó el testigo, son palabras de la jerga del narcotráfico para llamar a un soplón o a alguien que traiciona a la organización criminal a la que pertenece.
Memín dijo que ese “arete” llegó en avión a la sierra de Durango y ya había sido torturado. “Estaba todo quemado con una plancha de ropa; traía una camiseta que la tenía pegada toda en el cuerpo”, narró el testigo.
Los miembros del jurado escuchaban atentamente al exmilitar, quien acotó que su expatrón interrogó al supuesto miembro de los Arellano Félix.
Luego de unos días de cautiverio, El Chapo y sus pistoleros se movieron a otro rancho. Al cautivo lo metieron en un gallinero del lugar al que se mudaron. Transcurrieron otros tres días; Memín afirmó que el cautivo ya se estaba “pudriendo en vida” y “apestaba”.
Entonces El Chapo mandó que lo llevaran a otro lugar, mientras en el cementerio del pueblo, Memín, y otros sicarios cavaban una fosa, a orillas de la cual llevaron al torturado.
“El señor Joaquín tenía una pistola pequeña, calibre .25”, anotó el testigo de la fiscalía. “Se arrimó el señor Joaquín Guzmán y lo empieza a interrogar nuevamente. El Chapo agarró la pistola y le disparó. ¡Pum! ‘A chingar a tu madre’, dijo”. El exmilitar añadió que el secuestrado aún vivía cuando lo cubrieron con tierra.
Los dos zetas
Nardozi interrogó a Memín sobre la segunda vez que vio al capo cometer un asesinato. Alrededor de 2006 o 2007, narró el testigo, él, El Chapo y otros sicarios estaban en Coluta, Durango, “en una casita del señor Pedro Loaiza. El señor Joaquín estaba haciendo una llamada y al terminar nos dijo: ‘¡Chavalones, hoy nos mandan un regalo’”.
En la conversación telefónica El Chapo había sido notificado por su lugarteniente, compadre y mano derecha en ese entonces, Dámaso López Núñez, El Licenciado, de que su gente en Culiacán había capturado a dos miembros de Los Zetas y que ya se los había mandado en avioneta a Coluta.
Según Memín, él y otros pistoleros fueron a la pista clandestina de Coluta a recoger el “regalo”. Los dos zetas eran resguardados por Bravo, jefe de sicarios y también compadre y hombre de confianza del Chapo.
Memín relató que El Chapo les pidió después que llevaran a los dos zetas al bosque.
“Llegó el señor Joaquín con su compadre, Bravo. El señor Chapo Guzmán pidió un tronco grande y grueso y ahí empezó a torturarlos”, describió Memín. Como ese momento era encargado de las comunicaciones, el testigo aseguró que él se retiró del lugar para acercarse a las antenas apostadas en la sierra para estar pendiente de radios y teléfonos.
–¿Para qué pidió el acusado el tronco? –deseó saber el fiscal Nardozi.
–No lo pidió para hacerles cariños, obviamente les empezó a pegar con el tronco –respondió Memín riéndose de su propio chiste.
Al regresar Valdez Ríos al lugar donde se encontraban los zetas, los vio tirados en el suelo, con todos los huesos rotos mientras El Chapo seguía golpeándolos con el tronco y también con su rifle.
–¿Cuánto tiempo duró el interrogatorio?
–Alrededor de tres horas.
Luego Memín declaró que El Chapo mandó que ahí mismo cavaran una fosa grande, le echaran leña y le prendieran fuego. Cuando la hoguera ya ardía, Guzmán ordenó que acercaran dos cuatrimotos y que en las parrillas de éstas subieran a los torturados.
“Los subimos y el señor Guzmán se subió en una y Bravo en otra y se arrimaron más a donde estaba la hoguera”, contaba el testigo.
A una orden del capo, bajaron a los zetas de las cuatrimotos y, sosteniéndolos por los hombros, los pusieron al filo de la fosa en la que ardía la leña. “El señor Joaquín también se bajó y corrió el cerrojo de su rifle. Los zetas estaban viendo a la hoguera. Le puso (a uno) el rifle en la cabeza y le jaló. ‘A chingar a tu madre’, dijo e hizo lo mismo con el otro: ‘A chingar a tu madre’. Nos ordenó que los echáramos a la hoguera y que no quedaran ni sus huesos”, concluyó Memín.
Valdez Ríos, acusado de narcotráfico en la Corte Federal de Washington, enfrenta cadena perpetua, de ser declarado culpable de los delitos que se le imputan. Pero si el gobierno estadunidense se siente satisfecho con su testimonio contra El Chapo, podría recomendar que la sentencia que Memín reciba sea de menos de 15 años de cárcel.
También Emma
Antes, la audiencia del martes 22 tampoco había pintado nada bien para El Chapo ni para sus familiares. En esa ocasión su compadre, El Licenciado, afirmó que Emma Coronel estuvo implicada en la famosa fuga del penal de Almoloya. Y que Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos del capo, ordenaron el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, reportero fundador del semanario Ríodoce.
Guiado por el interrogatorio de la fiscal Amanda Liskamm, López Núñez indicó que en marzo de 2014 Coronel le pidió que se reunieran. “Hablamos en Culiacán”, dijo El Licenciado. Agregó que su comadre le aseguró que su marido le pedía que le mandara a una persona a Toluca para hacerse cargo de “una vuelta”.
–¿Estuvo usted de acuerdo? –preguntó la fiscal al testigo.
–Sí, mandé a Leonardo, un cuñado mío.
El Licenciado aseguró que ya en Toluca, Leonardo se reunió con algunos custodios del Altiplano.
–¿Se volvió a ver con Emma?
–En Culiacán… a finales de marzo o principios de abril de 2014.
–¿Qué le dijo Emma en esa reunión? –insistió Liskamm.
–Que mi compadre (El Chapo Guzmán) estaba planeando fugarse del penal; quería saber si yo podía colaborar y le dije que sí.
–¿Tuvo alguna otra reunión con Emma?
–Sí, en mayo o junio de 2014, estuvieron presentes los hijos de mi compadre… mi compadre mandaba preguntar a sus hijos si ya habían conseguido un terreno cerca del penal… a mí me pedía conseguir una bodega cerca del penal, una camioneta pick up blindada y armas.
López Núñez ya fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pero con su testimonio contra El Chapo espera que su sentencia cambie por una de 15 años de cárcel.
La fiscal preguntó al testigo cuál era la intención del acusado de que sus hijos compraran un terreno cerca del Altiplano. El Licenciado respondió que “era porque se iba a elaborar un túnel”.
–¿Hubo otra reunión con Emma? –volvió a preguntar Liskamm.
–Sí, en una propiedad que era de los hijos de mi compadre. Estaban Iván, Alfredo, mi comadre Emma y no recuerdo si estuvo Joaquín; la reunión fue como en julio de 2014.
El Licenciado añadió que en la sesión de julio se concentró en conocer las peticiones del Chapo para saber en qué estado iba el trámite de la compra del terreno. En una quinta reunión, contó El Licenciado, El Chapo –con sus hijos como personeros– informaba que desde su celda ya escuchaba los ruidos de los que escarbaban debajo.
–¿Se habló de la fecha para la fuga? –quiso saber la fiscal.
–El plan de mi compadre era que fuera para un sábado o domingo… porque esos días no había oficiales ni visitas de actuarios.
–¿Vio al acusado?
–Sí. Ya después de que se fugó, en la sierra, en La Tuna, como una semana después de que se escapó.
El testigo indicó que en esa reunión también estuvieron su hijo, Dámaso López Serrano, Mini Lic, y Pedrito Loaiza, amigo de ellos.
En La Tuna, El Chapo –según lo narrado por el testigo– habló de que estando en el Altiplano “tenía meses escuchando el ruido de las excavaciones debajo de su celda”, que el ruido de los que escarbaban molestaba a los otros presos y se quejaban. “Me dijo que cuando se bajó (al túnel) cayó montado en una moto… De ahí trasladaron a mi compadre con una cuatrimoto a la bodega que yo conseguí… de ahí a San Juan del Río, donde lo esperaba un avión para llevarlo a Sinaloa”, añadió López Núñez.
Liskamm le preguntó sobre la persona que llevó al Chapo en la cuatrimoto. “Un hermano de mi comadre Emma lo llevó de la salida del terreno a la bodega”, respondió El Licenciado.
Antes de hablar de la fuga de Guzmán Loera, El Licenciado había explicado que en tres cartas escritas de “puño y letra” de su compadre –y que la fiscalía expuso como pruebas–, su comadre también estaba enterada e involucrada en la coordinación del trasiego de drogas.
Meses después de que El Chapo fuera recapturado por la Policía Federal, el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Emma, según el testigo, se volvió a encontrar con él para decirle que a nombre de su marido le buscara otro terreno, otra vez cerca del Altiplano, donde lo había vuelto a recluir.
“Pero lo enviaron a un penal en Ciudad Juárez”, acotó El Licenciado, dando a entender que por ello se frustró el segundo escape del capo.
–Después de que pasó esto, ¿se volvió a ver con Emma –preguntó la fiscal.
–Sí. Mi comadre me comentó que estaban viendo la forma de regresarlo al Altiplano… que el jefe general de los penales federales estaba ayudando y se le había dado un dinero: 2 millones de dólares.
En esos años Celina Oseguera Parra era la directora del Órgano Administrativo Descentralizado de Centros de Prevención y Readaptación Social.
El caso Valdez
Interrogado por Balarezo en torno al caso de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, El Licenciado apuntó que ni él ni su hijo Dámaso son culpables del homicidio del periodista.
“Lo mandaron matar por órdenes de los hijos de mi compadre… Iván, Alfredo”, decía El Licenciado cuando Balarezo lo interrumpió con otra pregunta.
–¿Por órdenes de los hijos de Chapo Guzmán?
–Tiene usted toda la razón.
El testigo de la fiscalía acotó que él ya estaba en prisión cuando asesinaron a Valdez Cárdenas.
“El reconocido periodista Ciro Gómez Leyva mencionó en un reportaje que yo había emboscado a los hijos de mi compadre para matarlos, y que uno estaba grave y que Mario también… y era falso… y cuando el periodista (Valdez Cárdenas) me buscó por teléfono vi la oportunidad de aclarar las cosas y le di una entrevista”, explicó El Licenciado ante la Corte, pese a las objeciones del abogado, que intentaba evitar que se explayara.
“Pregunte en Culiacán y todos saben y le pueden decir que los hijos de mi compadre amenazaron a la casa editorial y obligaron al señor a que no sacara la entrevista conmigo… cumpliendo con su ética periodística él la publicó. Por eso lo mataron”, subrayo El Licenciado.
El exsocio del Chapo estableció que después del arresto de su compadre en Los Mochis, en julio de 2015, los cuatro hijos del capo querían matarlo a él y a su hijo, quien también está preso en Estados Unidos.
La próxima semana será, según lo dicho por Cogan, la última de las audiencias del juicio. La defensa del capo deberá presentar a sus testigos en un intento por contrarrestar todo lo que se ha establecido contra su cliente.
Se rumorea que el mismo Chapo Guzmán subirá al estrado, ya sin nada que perder, para intentar convencer al jurado de que es un agricultor humilde y que todo sobre el narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos que se dice de él, es un mito inventado por los gobiernos de Estados Unidos y de México.
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¿Cultura huachicolera?/Eduardo Caccia
Reforma 27 Ene. 2019
¿Repartir dinero a personas que han cometido un acto ilegal las disuade de la actividad delictiva? La pregunta ha estado en mi cabeza estos últimos días luego de que el presidente López Obrador anunciara que como parte de su política de apoyo social se repartirá dinero a familias "que tienen la necesidad de robar para subsistir". La respuesta no es binaria.
Un gobierno puede encauzar gran parte de la conducta de sus ciudadanos (y el desarrollo del país en general) a través de los estímulos y las consecuencias que dan forma a su sistema social. Decidir qué premiar y qué (y cómo) castigar son asuntos de primer orden para gobernar. Asumir que la gente roba por necesidad puede ser cierto, también inexacto, pero cuando lo asume el presidente de la República es un asunto muy serio que puede malinterpretarse como una invitación a justificar la ilegalidad.
No hay una respuesta simple a la pregunta que expongo. Quienes delinquen son ciudadanos que hacen un análisis racional (a su modo y su nivel) sobre la conveniencia de cometer un acto ilegal y ponderando las posibilidades de ser atrapado y castigado. Hay antecedentes donde se ha estudiado la criminalidad y su relación con factores económicos. Parece haber consenso en que la criminalidad es más alta cuando: los salarios son bajos, cuando hay pocas oportunidades laborales, cuando la probabilidad de ser capturado es baja, cuando la tasa de criminalidad existente es alta. Todos estos atenuantes están presentes en comunidades donde la extracción ilegal de combustible se ha vuelto un modus vivendi.
No sólo es la falta de oportunidades económicas lo que induce a la ilegalidad, también la falta de valores, educación, preparación y la falta de una visión optimista sobre el porvenir. Mi respuesta es que aunque concedamos que repartir dinero a las familias pobres bajará los índices delictivos (que en realidad los baja muy pero muy poco), no es suficiente. Se requiere construir capital humano con educación, valores, inspirar una visión de mejor futuro para uno y sus seres queridos y ejercer consecuencias (fomentar un Estado de derecho) ante los delitos. Sin estos elementos, repartir dinero para evitar "travesuras" saldrá contraproducente.
Tómese en cuenta que la naturaleza humana es proclive a cometer actos ilegales bajo ciertas fuerzas del contexto. Hay países donde el entorno disuade la ilegalidad, en México, desgraciadamente, el contexto (de impunidad y corrupción) es caldo de cultivo de delitos. En otras palabras, el pueblo es bueno y sabio sólo si el contexto es positivo y si tiene una buena educación. La evidencia sugiere que en México no es así. Pensar lo contrario es ingenuo.
Una firma que comercializa juguetes recientemente detectó a uno de sus vendedores robando mercancía. El tipo escondía juguetes pequeños y valiosos en la caja de un juguete grande. Su cómplice llegaba luego a comprar ese juguete y consumaban el hurto. Otra empresa descubrió que clonaron su página de internet, usaron nombres reales de sus funcionarios, papelería falsa con datos correctos, para realizar supuestas ventas a personas que luego se apersonaron en la empresa para reclamar que habían pagado y todavía no recibían su mercancía. Y como estas historias, hay miles en cada industria. ¿Nos invade la cultura huachicolera? Yo digo que nos domina la condición humana y que requerimos contrapesos vía un contexto que incentive a la legalidad.
Se juega mucho el país si los programas sociales en lugar de resolver los problemas terminan fomentando más de lo que quieren evitar. Temo que por ese camino va el apoyo a los jóvenes llamados "ninis", incentivará a no trabajar y no estudiar. Toda sociedad cosecha más de lo que premia (incentiva). De lo que no tengo duda es del beneficio electoral -para el grupo en el poder- de los programas sociales que impulsa el gobierno de México. El mejor programa social debería ser una política gubernamental promotora de capital humano y desarrollo económico que incentive un contexto positivo: empresarios, empresas, empleos, educación y Estado de derecho, que terminen por mejorar las condiciones de vida (el contexto) de las personas.
De no suceder esto es fácil predecir el futuro: seguiremos siendo un pueblo en búsqueda de ductos por perforar.
@eduardo_caccia
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El mapa del huachicoleo/PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Un documento interno de Pemex y la Policía Federal, al que este semanario tuvo acceso, revela que la mayor parte del robo de combustible a Pemex se realiza en cuatro estados y deja ganancias exorbitantes al crimen organizado. La información es precisa: se detallan los nombres de las bandas y de sus principales integrantes, el monto del daño que causan al país, los domiclios e inmuebles relacionados con ese delito, la complicidad de algunas autoridades y los casos en los que se cuenta con carpetas de investigación.
Dos grandes cárteles de la droga, por conducto de nueve grupos delictivos formados exprofeso, controlan 60% del robo de combustible en cuatro estados “prioritarios” del país –Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Estado de México–, lo cual les deja ganancias diarias calculadas en 47 mil millones de pesos.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, en complicidad con empleados de Pemex, autoridades municipales, corporaciones de policía y empresas particulares distribuidoras de combustible, roban 59 mil 500 barriles diarios de hidrocarburos (un barril contiene 159 litros), con una pérdida para Pemex de 29 mil 600 millones de pesos anuales; en precios al público equivale a 47 mil 400 millones de pesos.
Un documento interno de Pemex y de la Policía Federal (PF), Mercado ilícito de combustibles, al que este semanario tuvo acceso, da cuenta de lo anterior y menciona nueve células delictivas que operan para los cárteles: Los Téllez, El Bukanas, El Rapid-Inn, Los Talachas, La Parka, Los Bárcenas y/o Los Pelones, Santa Rosa de Lima y Melchor Ocampo.
El producto más robado es la gasolina regular o magna (45%), ordeñada en los sistemas Minatitlán-México y Madero-Cadereyta; mientras que en los dos sistemas Tula-Salamanca el producto más robado es el diésel. El 60% del robo de combustible en el país se concentra en Hidalgo (23%), Puebla (13%), Guanajuato (12.5%) y el Estado de México (11.5%).
En Hidalgo operan cinco grupos: la banda de El Talachas, Saúl Hernández Martínez, con influencia en Tula y Tepatitlán, se apodera diariamente de 7 mil 800 barriles con un costo de 20 mil 200 millones.
El hombre de confianza de Hernández es César Serrano Negrete, quien tiene bajo su mando a Misael Mendoza Villeda, a los hermanos Adán y Tomás García Montiel; Miguel y Héctor García Lugo; Jorge, Aldo y Mario Hernández Martínez; Antonio y Cruz Alonso, además de un hombre apodado El Zapatán. También integra esta célula delictiva el delegado de la colonia San Francisco Bojay.
El Talachas opera en Ejido de Teocalco, en Benito Juárez; Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay, municipio de Tula de Allende. Se dedica a la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, suministro y ocultamiento de hidrocarburo y petrolíferos.
A él, Pemex y la PF lo ubican en calle Pino Suárez, colonia Benito Juárez, Santa Ana Ahuehuepan, en Tula de Allende. Allí mismo, sólo que en la calle Constituyente, se ubica el presunto domicilio de Heladio e Ignacio Quiroz, sus cómplices. Posee el negocio Talachas Aldín, ubicado en la carretera estatal Francisco I Madero sin número.
Los sistemas que afecta este grupo son Tuxpan-Tula, Tula-Salamanca y Tuxpan-Azcaptozalco. Las autoridades abrieron la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000832/2017. El 21 de marzo del año pasado se presentó ampliación de denuncia.
En Hidalgo también operaba Héctor Baltazar Osorio Delgado, La Parka, cuya actividad se extendía a la Ciudad de México. Afectó los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un coso de 15 mil millones de pesos.
El sábado 20, un día después de la explosión en Tlahuelilpan, las autoridades de Hidalgo informaron del asesinato de La Parka. Una versión periodística señaló que fue ejecutado afuera de una tienda Oxxo; otra, que fue baleado cuando circulaba por la carretera Tlahuelilpan-Mixquiahuala. Además, mientras las autoridades estatales lo identificaron como Julio César Zúñiga Cruz, la PF lo nombró Héctor Baltazar Osorio Delgado, como aparece en el informe de inteligencia de la PF y Pemex.
La Parka –con su esposa, Norma Maturano Pérez– desarrolló una red: su área de operaciones la integran Antonio de la O García y Roberto Hernández Rodríguez; en mantenimiento, Manuel García Camacho, José Alberto Sánchez Mendoza y Juan Antonio López Ramírez. Carlos Adrián Mota Pérez es operador de bomba; Juan Alberto Arena Rosas, bombero. Manuel Fernando Rosas Estrada es vigilante e Ismael López Pineda, portero.
La banda cuenta con operadores como José Luis Maturano Pérez, Cristian Sebastián Espinoza Hernández y su padre Pedro Espinoza Aguilar, quien posiblemente forma parte de la banda de Los Abarca. Otros operadores son Leopoldo Cruz Estrada y Jorge López Reyes, aunque éste es “externo”.
En Hidalgo
Osorio Delgado se entendía directamente con las empresas que se involucraron en el robo del combustible al comprarle a su banda, como Praxair, la cual –de acuerdo con el reporte asentado el 14 de octubre de 2016 en el Registro Público de Comercio (RPC) de Monterrey– obtuvo 3 mil 22 millones 885 mil 151 pesos de utilidades netas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. El consejo de esta empresa lo preside Ramzsa Torres Azar.
Otra de las empresas que, de acuerdo con el documento de Pemex y la PF, estaba involucrada con La Parka es Combustibles Riman, registrada en el RPC de Tlalnepantla. Según el acta constitutiva y la de su asamblea más reciente, de 2017, los accionistas son Manuel Arroyo Heredia y Ricardo Arroyo Montiel. En su página de internet Riman se describe como “el principal distribuidor de diésel en México a través de estaciones de autoconsumo”. Dice tener una capacidad de almacenamiento de combustible de 4 millones de litros y añade: “Todos nuestros productos se obtienen directamente de Pemex-Refinación”.
Autotransportes Parada Hermanos, también involucrada con La Parka, asienta en el acta del 12 de noviembre de 2011, inscrita en el RPP de Ecatepec, Estado de México, que es propiedad de la familia Parada Zendejas. Preside su consejo Irma Parada Zendejas y el tesorero es su hermano José Luis. Esta empresa ofrece el servicio de tractocamiones, autotanques, tanques, chasís portacontenedor, así como chasís portaisotanques y de caja seca.
Otra empresa asociada al abatido líder huachicolero es Noriega, Blanco y Sucesores, que forma parte del conglomerado Administradora Chelín, formado en 1995 para administrar a las empresas Noriega y del Blanco Sucs; Combustibles de Occidente; Petróleo de León y Autotransportes Batallón. Según su sitio de internet, lleva más de 70 años en la comercialización y distribución de combustibles.
El 23 de marzo de 2018 se presentó en Tula, Hidalgo, la denuncia de hechos FED/HGO/TULA/0000153/20 en contra de esa banda. Antes se había presentado la FED/HGO/TULA/0000447/2016.
En Hidalgo también opera la banda de El Bárcenas o El Pelón, Carlos Bárcenas Jiménez, con influencia en Tepetitlán. Afecta los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un costo de 15 mil millones de pesos. En este grupo criminal trabajan El Pirlo, su chofer, y un grupo armado de vigilancia. Se coordinan con las células Los Caguamos y Los Pipas; el hijo de Bárcenas es operador; Tomás Barrera Batista, operador y distribuidor; Brandon García López, distribuidor; mientras que Pío Lugo es almacenista.
Para Bárcenas trabajan también policías de los tres niveles de gobierno, como Humberto García Jiménez, quien funge como operador, y un agente del Ministerio Público. Según el documento de inteligencia, el líder de la banda cuenta con el apoyo del alcalde de Tepetitlán, Rodrigo Castillo Martínez.
Su red dentro de Pemex la encabeza Carlos Pichardo Arroyo; son operadores Julio Armando Castro Romero y Juan Arce Jiménez. Los hermanos Tomás y Yesenia Barrera Bautista son distribuidores, pero el primero también opera y ella almacena. Completan la banda los distribuidores Érik Javier Herrera Arroyo, Julio Javier Herrera Mejía, Elizabeth Arroyo Ayala así como Edith Serrano y su esposo.
Bárcenas opera en Sayula Pueblo, San Mateo la Curva, Pedro María Anaya, San Pedro Nextlalpan, Encinillas, Las Antenas y La Loma. Las autoridades ubican su domicilio particular en la carretera estatal Tepetitlán-Nopala sin número, a la altura de Sayula Pueblo; y le atribuyen otro inmueble en Benito Juárez 3, Pedro María Anaya. A Tomás Barrera lo ubican en calle Benito Juárez y 21 de marzo, colonia Centro.
Contra Bárcenas se han abierto las carpetas de investigación FED/HGO/TULA/0000213/2017 y FED/HGO/TULA/00228 /2018, ya se le aseguró un inmueble y por actividades relacionadas con él se encuentran vinculados a proceso 12 personas adultas y dos menores.
Con un pie en Pemex
Al grupo delictivo de Antonio Yépez Ortiz, El Marro, se le conoce también como el cártel de Santa Rosa de Lima y opera en Guanajuato, donde se apodera de 6 mil 100 barriles de hidrocarburos con un costo de 15 mil 900 millones de pesos al día.
En 2014 autoridades federales detectaron que David Rogel Figueroa, El Güero, era jefe de El Marro. Ahora éste es identificado como el líder y tiene como segundos a los hermanos Fabián, Noé y Luis Ángel Lara Belman.
A su vez, Felipe de Jesús Vega Cano consigue información y corrompe autoridades, mientras que El Calamardo, El Bala, El Chavito, El Tavo y El Súper se encargan de la “seguridad”. Efraín Labrada Reyes funge como operador financiero; Raymundo Labrada Lara se encarga del lavado de dinero; Karem Lizbeth Yépez Ortiz, hermana del Marro, es la operadora encargada en Celaya junto a su esposo, Santiago González Martínez.
La banda del Marro controla sobre todo Celaya y Villagrán, pero también es fuerte en Cortázar, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato y el Valle de Santiago. Contra el grupo se abrieron tres carpetas de investigación por los delitos de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y robo de hidrocarburo en la refinería de Salamanca.
De acuerdo con el reporte de Pemex y la PF, El Marro tiene siete domicilios, entre ellos el de Residencial la Cantera, en Celaya, y el de Miguel Hidalgo Norte 1, municipio Santa Cruz de Juventino Rosas.
Se relacionan con este grupo siete predios y cinco ranchos. Pero se especifica que El Marro utiliza para “desaparecer” personas el llamado Triángulo de las Bermudas, una zona que está entre El Limón, Santa Rosa de Lima y la Estación entre Villagrán y Celaya.
Guanajuato también es territorio de Los Pelones, encabezados por Javier Ramírez Morales, El Mónico o El Pelón, que hurta 2 mil 500 barriles de hidrocarburos por día y obtiene ganancias de 6 mil 400 millones de pesos al ordeñar los poliductos Salamanca-Zacatecas y Salamanca-León.
Integrantes de esta banda son Jesús Ignacio Guevara, El Chuy, y Hugo Mosqueda Vázquez. Con ellos se coluden Los Plebes, como El Villín y una veintena de sujetos originarios, en su mayoría, de Sinaloa. A su enlace con las autoridades lo apodan El Puerquero.
Sus principales dominios son los municipios de Salamanca (comunidades y colonias Cárdenas, Loma de Flores, San José Temascatio, San Vicente de Flores y La Purísima) e Irapuato (San José del Marañón, El Carrizal, Malvas, El Copal y El Copalillo). El informe de inteligencia registra las coordenadas de dos depósitos clandestinos de combustible, del domicilio del Pelón y de una casa de seguridad en la que se guardan armamento, drogas y aditamentos para instalar tomas ilegales.
La casa del suegro de Ramírez Morales se localiza en la calle Clavel 40, San José Temascatio. Ahí también se guardan armas y dinero para pagarle cada sábado al personal de la organización. Asimismo, se documenta que tres ranchos están relacionados con esta banda y que El Pelón no tiene abierta ninguna carpeta de investigación.
Colusión con autoridades
mexiquenses
En el Estado de México se concentra la banda Melchor Ocampo, vinculada al CJNG y a la empresa Riman Combustibles, que afectan al sistema de Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca al robar 3 mil 800 barriles diarios con un costo de 14 mil 800 millones de pesos.
La célula local de Melchor Ocampo, cuyo líder sólo se identifica como “N”, tiene a su disposición a los policías municipales Bruno Juárez Reyes, Julio César Ruiz Trejo, Rubén Granados Flores, Rito Hernández Hernández y Paola Patlán Montes. Operan también en Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca.
En enero de 2018 la PGR cateó un inmueble en Ixtapaluca, donde aseguró 20 vehículos en una toma clandestina del fraccionamiento Rancho San Blas, en Cuautitlán. Además, se ubicó allí un vehículo de la policía estatal, otro de la municipal y uno más de Transportes y Líquidos de Salamanca, que fue cargado con producto robado. En el lugar se detuvo a José Eduardo Salazar Rodríguez y a Ramón Ángeles Hernández, pero un juez declaró ilegales las aprehensiones “por demora en la puesta a disposición” y los dejó en libertad.
El corredor poblano
En Puebla operan Los Téllez, grupo liderado por Oscar García Téllez, El Loco. Con base en San Martín Texmelucan, se apoderan de 6 mil 600 barriles por día, de los que obtienen 19 mil 700 millones de pesos.
Del resguardo vehicular con hidrocarburo se encargan Alejandro Vázquez Pérez, Leonardo Vázquez y Juana Pérez. El grupo que vigila la colonia Libertad Antorchista lo forman Salvador Zepeda, Ángeles Pérez y “Leticia”. Los posibles implicados son Jesús Kamez Manzano, Friné Soraya Córdova Morán –presunta exdiputada federal– y Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina.
Otros miembros de la banda son Isabel Mello Same, esposa de Antonio Téllez, El Pecas, y los hermanos Manuel y Marcos Téllez Mello. También Juan Roldán Téllez y Juan Gabriel Aguilar Muñoz, jefe de halcones, los hermanos Gustavo, Ángel e Ismael Aguilar Téllez y Amalia García Téllez.
El reporte de la PF y Pemex incluye dos domicilios del Pecas en la colonia Libertad Antorchista; y dos de Leonardo Vázquez y Juana Pérez, donde resguardan vehículos con combustible.
Sobre Los Téllez existen cinco carpetas de investigación; cuatro de ellas se encuentran en proceso y una en sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Emilio Guzmán Hernández y Billy Guzmán Moreno.
Prácticamente la misma cantidad de producto sustraen de los ductos de Pemex Los Bukanas, cuyo jefe es Roberto de los Santos de Jesús, en el municipio poblano de Esperanza. Algunos de sus miembros son Ruselin Vargas Hernández, Saúl de los Santos de Jesús y Antonio Cortez Hernández.
Antoni Martínez Fuentes rompió relaciones con El Bukanas por problemas de pago del hidrocarburo robado. Con Martínez Fuentes se fueron José Feliciano Mirón, Pascual Mirón Nabor, director de Seguridad Pública municipal y el priista Néstor Camarillo Medina, alcalde de Quecholac.
La red de Martínez Fuentes la integran sus hermanos Alejandro y Fermín, Sergio Valente Martínez (hijo del segundo), su tío Adrián Vicente Martínez Silva y los primos Rafael Fuentes Sánchez, Rogelio Odilón Fuentes y Juan Carlos Fuentes.
Además del municipio veracruzano de Maltrata, operan en los poblanos de Esperanza, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Acajete. A consecuencia de la causa penal 262/2018, se detuvo a su brazo ejecutor, Ángel Vázquez de Jesús, quien es procesado por homicidio, cohecho y posesión ilícita de hidrocarburo y se encuentra en prisión preventiva.
Otra banda dedicada al robo de hidrocarburos en Puebla es la conocida como El Rapid Inn. Con ella se vincula a la empresa Transportes JSV, perteneciente a José Gómez Camacho. Según la investigación, a este último se le sorprendió con hidrocarburo robado y autotanques de doble remolque placas 642-YY-9, 676-YY-9 y 680-YY-9. También están relacionadas con esa organización las empresas Distribuidora de Diésel, Diáfano PERC y Parque Industrial de Tepotzotlán.
Su área de operaciones va de los municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan hasta los mexiquenses de Ecatepec y Los Reyes La Paz.
Entre los integrantes de este grupo delictivo el reporte de inteligencia sólo menciona a Tania, encargada del hotel Rapid Inn, y a tres exmilitares cuyos datos no se consignan. En el hotel resguardaban pipas cargadas con producto robado, las cuales se dirigían a las empresas JSV y Diésel.
La Policía Ministerial ingresó al hotel pero no encontró vehículos ni petrolíferos. Por ausencia de pruebas se determinó la reserva de la investigación.
En el documento se dice que desde 2017 se ha dado seguimiento a otros casos relacionados con actividades ilícitas de robo de hidrocarburo en otros estados. Por ejemplo, en la Terminal de Almacenamiento de Chihuahua fueron suspendidos 28 trabajadores de Pemex, pero no se les han podido fincar responsabilidades.
En el caso de la válvula de San Octavio, en el municipio de Acayucan, Veracruz, 18 trabajadores de Pemex sustraían el hidrocarburo de la toma de proceso del sistema “Scada”, por lo cual se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SEIDO/0001444/2017.
Igualmente, se informa que en Santa Catarina el propio personal de la Terminal de Almacenamiento sustrae los petrolíferos con autotanques y los traslada a otros para venderlos después a gasolinerías, hecho que dio lugar a una carpeta de investigación.
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El huachicoleo, "meta aspiracional" para jóvenes guanajuatenses/
VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
GUANAJUATO, GTO.– En el kilómetro 157+570, casi al pie de la carretera León-Silao, en la colonia Nuevo México, hay un negocio pintado de blanco con verde, con su rótulo correspondiente: “Fertilizantes del Bajío”.
Y así funcionó durante un tiempo hasta que un apoderado de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), que derivó en un cateo obsequiado el 14 de diciembre pasado por un juez de Distrito.
Los agentes de la dependencia encontraron 30 mil litros de combustible almacenados en bidones de diversos tamaños y varios vehículos. También descubrieron mangueras conectadas al poliducto Salamanca-León.
Ubicada entre los municipios de León y Silao, la colonia Nuevo México tiene más de 3 mil 500 habitantes y está cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío (AIB). Parte de esas tierras ejidales fueron expropiadas para incorporarlas a la zona industrial Guanajuato Puerto Interior, luego de una lucha en la que sus propietarios exigieron a los gobiernos federal y estatal el pago acordado.
Hace 10 años, las autoridades prometieron a la comunidad que habría empleos en las empresas, así como concesiones de taxis para transportar a viajeros del AIB. Sólo les cumplieron a medias.
La colonia Nuevo México en Silao se encuentra en el corredor de tomas clandestinas y donde se realiza la compraventa de combustible robado o huachicol en la entidad. Incluye las principales ciudades del corredor industrial (de León a Celaya y los Apaseos, hacia el sur), de acuerdo con los registros de Pemex, de las policías municipales, seguridad pública y de las instancias de procuración de justicia estatal y federal.
Según la delegación de la PGR, en 2018 se recuperaron casi 250 mil litros de combustible, incluyendo más de 160 mil litros de hidrocarburo “crudo mediano” en los cateos a inmuebles donde se almacenaba huachicol.
A mediados de mes, personal de la Agencia de Investigación Criminal se desplazó a la colonia San Antonio del Carmen, en Dolores Hidalgo, donde, tras una revisión a casas, bodegas, depósitos y almacenes localizaron el combustible extraído del ducto ubicado en el fraccionamiento El Rehilete, en Villagrán, municipio donde tiene su sede el Cártel de Santa Rosa, liderado por José Antonio Yépez, El Marro o El Señor Marro.
Los agentes de la PGR también aseguraron combustible, bidones y autos en la comunidad El Caracol, en Villagrán; en San Isidro de Helguera y en la colonia Segunda Fracción de Crespo, ambas en Celaya, y en la localidad Refugio de Los Sauces, en Silao.
Lo mismo hicieron en las colonias El Puente y San José de Yustis, la comunidad San José de Nuevo y el barrio de la Resurrección, todas en Celaya; en la colonia El Puente de Villagrán; la colonia Emiliano Zapata, en Pénjamo, y la comunidad Santa Rosa Plan de Ayala, en León.
Todas esas colonias y comunidades están incluidas en el mapa de las tomas clandestinas y en el negocio ilícito del combustible extraído de los ductos de Pemex. La lista abarca también numerosas comunidades de Irapuato, el municipio que concentra el mayor número de tomas, según la Policía Federal.
A un lado de la carretera Irapuato-León, por ejemplo, se ubican las comunidades Aldama y La Calera, así como el ejido Lo de Juárez, donde algunos adolescentes participan en el huachicoleo, ya sea como pinchaductos, halcones, enganchando amigos o a los jóvenes que abandonan sus estudios.
“Esto es generacional. Si sabes de qué puedes vivir bien, ¿para qué te quiebras (la cabeza)?”, dijo a Proceso un exfuncionario de seguridad de uno de los municipios de esa lista, quien pidió el anonimato.
Marginación y exclusión
El Anuario estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2017 reporta que en el ciclo escolar 2015-2016 se inscribieron a secundaria casi 35 mil 400 estudiantes, pero al nivel medio superior (bachillerato general y tecnológico o equivalente) sólo llegaron 22 mil.
Por lo que atañe al nivel de licenciatura –incluidas las normales, universidades y tecnológicos– en ese ciclo ingresaron 13 mil 544 alumnos. Ese año egresaron mil 926, de los cuales se titularon mil 710.
Los sociólogos Saúl Arellano –director de México Social– y Raymundo Sandoval –doctor en ciencias políticas y sociales– comentan por separado que en la entidad, que tiene un alto grado de migración a Estados Unidos y recibe millonarias remesas desde ese país, los jóvenes han desarrollado una “meta aspiracional muy fuerte”.
Arellano subraya ese contraste. Dice que “el tejido social está tan fracturado y desgastado que los jóvenes guanajuatenses no encuentran interés en opciones como expresarse o identificarse a través de partidos políticos, organizaciones o liderazgos gubernamentales o sociales.
“Ellos tienen aspiraciones de ingresos, estatus y presencia social mucho más fuerte que otras regiones, que quienes comienzan a acercar dinero, así como ciertas prerrogativas, poder y logran una cohesión social”; en este caso, la delincuencia organizada dedicada al huachicol.
Arellano también habla de la desestructuración de la política. “En Guanajuato –dice– el PAN ha generado una monopolización del poder”. Y después de 30 años, afirma, eso se refleja en la ausencia de discusión democrática, en la falta de espacios de representación que, en el fondo, lleva a la fractura de instituciones, no sólo de seguridad pública sino de inclusión social, educativa y cultural.
“Todo un caldo de cultivo que, independientemente de las condiciones económicas, llevan a que muchos jóvenes prefieran delinquir a favor del estatus social, del dominio y la posibilidad de tener gente que los obedezca, incluyendo a la autoridad”, dice.
El presidente municipal de Irapuato, el panista Ricardo Ortiz, hace sus acotaciones: “Hay cuestiones sociales en esto del huachicol. A veces, para una persona parece más sencillo meterse a trabajar en esto, pero no vemos que haya una cantidad importante de personas. Irapuato es la ciudad del estado con la menor tasa de desempleo, menos de 1%”.
Ortiz, quien cumple su tercer mandato como alcalde –el segundo consecutivo–, se ufana de los “centros logísticos” empresariales en las 135 comunidades rurales del municipio donde vive la tercera parte de la población (alrededor de 600 mil habitantes). “Todos los parques industriales –sostiene– están generando empleos. Y aun cuando el salario debe incrementarse, tienen las prestaciones”.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Recorrido de la Agencia de Investigación Criminal y Proceso: Por los caminos de la ordeña.../
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
En poco menos de dos meses la Fiscalía General de la República documentó más de mil tomas clandestinas de combustible. Proceso acompañó a la Agencia de Investigación Criminal en su recorrido por una de las rutas huachicoleras, a lo largo del cual los agentes de la corporación confirmaron la existencia de toda una red en el país sobrepuesta a la de Pemex; se compone de ductos y transporte ilegales, que junto con el destinatario final forman, en efecto, una infraestructura paralela.
Valle del Mezquital, Hgo.- Al salir del camino Tlahuelilpan-Juandho hay una canaleta que huele a gasolina. Es posible ver su cauce azuloso y tropezar en la orilla con tubos semiocultos entre los restos secos de una cosecha de maíz, que se extienden a la parcela adyacente.
Desde ahí puede seguirse el trazo de una tubería expuesta intermitentemente a través de unos 200 metros del maizal seco hasta encontrar, en un hoyo de escasa profundidad, la toma clandestina en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco de Pemex.
Se trata de la cuarta de 12 tomas clandestinas que han sido localizadas recientemente en los tres kilómetros previos a lo que hoy es la zona cero del barrio de San Primitivo, en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el viernes 18 ocurrió la peor tragedia de que se tenga registro en relación con el robo de combustible y que al cierre de esta edición llevaba 109 muertos.
Esas 12 se suman a las 210 localizadas desde el pasado 1 de diciembre en Hidalgo, estado que, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), es el número uno por tomas detectadas de todo el país.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR realizó un operativo de supervisión luego de que uno de sus equipos localizó 12 tomas clandestinas en las inmediaciones de Tlahuelilpan el domingo 20. Fueron sus agentes quienes removieron la tierra, no más de 20 centímetros, para descubrir el subducto. Proceso acompañó el operativo.
Desde el miércoles 16, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que las operaciones de robo de combustible a gran escala son diferentes a las que realizan los habitantes de comunidades rurales o pequeñas ciudades, a los que las bandas convocan a llenar bidones para construir su base social. De ahí la petición de este semanario de conocer la forma en que se opera el robo de combustible más allá de los bidones.
En diferentes oportunidades el mandatario ha rechazado identificar grupos delictivos por nombre, a diferencia de lo que solía ocurrir con los cárteles de la droga. Tanto el mandatario como el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, suelen referir que hay funcionarios y trabajadores de Pemex involucrados, así como empresas implicadas sobre las que ya hay denuncias e investigación.
Los agentes a cargo de la investigación –cuyos nombres se mantienen bajo reserva a petición expresa de la FGR– aseguran que la operación con ductos ilegales forma una red sobrepuesta a la de Pemex: ductos, transporte y destinatario final forman un sistema paralelo.
Las tuberías clandestinas conducen el hidrocarburo robado a grandes distancias; el ducto visitado por el reportero tenía una longitud de 200 metros, pero ya hay aseguramientos de tuberías de hasta siete kilómetros en el estado de Puebla, entidad que del 1 de diciembre al lunes 21 registraba la inhabilitación de 179 válvulas ilegales, lo que la convierte en la tercera con más casos en averiguación, superada sólo por Veracruz, que ha registrado 196 casos en el mismo periodo.
El combustible que se conduce por los ductos ilegales llega hasta bodegas o aparentes viviendas, que en realidad alojan enormes cisternas donde se almacena el combustible y desde las que se llenan los transportes, informa el grupo especial de la AIC.
La madrugada del jueves 17, una de esas terminales fue identificada por un sobrevuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional; ahí se detectaron 20 vehículos; algunas pipas entre éstos.
Estaban a 10 kilómetros de Tulancingo, Hidalgo, en las inmediaciones de la comunidad Ventoquipa, formados en un área de bodegas en medio de un caserío. Según el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lograron asegurar la toma clandestina pero no pudieron detener a ninguno de los implicados.
Las bodegas de Ventoquipa son auténticamente terminales de almacenamiento y reparto, como las de Pemex, que según la FGR proliferan en diferentes estados del país y en las que se llegan a formar decenas de vehículos para cargar el combustible robado.
Milpas en llamas
Una franja de columnas de humo se extiende al fondo de una parcela. Visibles a la distancia, las mojoneras amarillas que coloca Pemex para indicar el paso de ductos, obligan a adivinar la proximidad de la combustión. La milpa seca está en llamas.
A tres kilómetros de San Primitivo, Tlahuelilpan, siete días después de la tragedia, perturba el espectáculo de fuego. Pero no hay incendio en el ducto que, a 10 metros de la quemazón, se presenta como la primera de las 12 tomas clandestinas.
Entre las milpas y alfalfares, pozos de alrededor de un metro cuadrado albergan en el fondo válvulas de latón con esfera, coloquialmente llamadas “válvulas huachicoleras” y cuya venta pretende regularse, según dijo López Obrador el pasado jueves 17.
No hay excavaciones en torno a los pozos; ni un intento. La precisión con la que se realizan las perforaciones es visible; las que después de ser detectadas tienen encima el llamado “capuchón” de Pemex para inhabilitarlas, hacen que la excavación se extienda lo suficiente para colocar, a 30 centímetros, una válvula nueva para continuar con la extracción. Así se observa en la segunda toma ilegal del recorrido.
Desde ahí hay que caminar y salir apenas de la milpa para encontrar una toma más, casi cubierta por piedras que remiten a la advertencia de la petrolera, otrora paraestatal: “Ductos de Pemex. No golpear”.
El domingo 20 se hicieron la detección y la denuncia. Los efectivos de la AIC dicen que actualmente Pemex no se da abasto; el día del recorrido, el jueves 24, una toma se ha vuelto a habilitar con tan mal tino que quedó con una fuga y el pozo está inundado y burbujeante, filtrando el combustible al adyacente campo de alfalfa.
El relieve de la tierra permite ver un fragmento de la inmensa extensión del Valle del Mezquital, interrumpido por un cerro que en la cima exhibe su nombre, La Cruz, donde el caserío se antoja inescrutable. Los testimonios de vecinos de la región, recogidos por Proceso, afirman que ahí se ubican los almacenes huachicoleros, e incluso cuentan de explosiones, como la de una vivienda cuyo aljibe servía para despachar el combustible.
En efecto, el sábado 5 explotó una vivienda en la calle Acacia de ese sector. Cuando los cuerpos de seguridad y auxilio llegaron, el fuego se había extendido a tres predios y las llamas alcanzaban seis metros de altura.
Las cifras del gobierno de Hidalgo establecen que en 2018 hubo 14 incendios en almacenes de combustible robado, pero también hay incendios no contabilizados.
Hay un punto preciso, porque a un lado se encuentra una de las mojoneras de Pemex: “Latitud: 20.13 Longitud: 99.21”. Ahí se yergue un huizache de grandes dimensiones, muerto, completamente quemado. En el entorno hay ropa chamuscada, llantas consumidas por el fuego. Alrededor del pozo la tierra se ennegreció. No obstante, reluciente, una válvula nueva destaca junto a otra con “capuchón”.
No hay tregua en la industria huachicolera, ni siquiera en días de luto. Además de la válvula nueva, los puntos geolocalizados de las tomas clandestinas entretienen varios minutos al equipo de la AIC. Uno de los agentes observa la rodada de tractor y un tubo anaranjado de los utilizados para el riego. En cuatro días la toma clandestina fue cubierta con tierra, pero con el señuelo habilitado para quizás retomar luego la extracción.
Con el último corte estadístico, un mes y 20 días han bastado a la FGR para documentar más de mil tomas similares en el país. Mismas válvulas, mismos procedimientos. Hidalgo, Veracruz, Puebla y el Estado de México concentran tres cuartas partes del total.
Y aquí, entre prósperas tierras de cultivo y las chimeneas de la refinería de Tula, por todo el Valle del Mezquital hay válvulas disponibles, pero no son el único objeto a la venta. Por calles y caminos pueden encontrarse, a la vista de todos, los enormes letreros de oferta de bidones, que se apilan nuevos a pie de camino.
Los trucos
La pestilencia violenta la nariz. El remolque rojo de un tráiler, con altas redilas, despide el aroma de la putrefacción. Sus puertas están desvencijadas y hay que escalar entre los enrejados de su estructura para llegar arriba y observar que, entre granos de maíz y gallinaza va oculta una pipa de 30 mil litros.
Por los corralones del Valle del Mezquital, los vehículos camuflados para transportar grandes cantidades de combustible son monumentos a la creatividad.
Como en canastos de aluminio y plástico, el transporte más convencional se realiza en una Van, de las que se cuentan por decenas. Entre ellas una llama particularmente la atención porque tiene un fondo falso que aloja un recipiente, cubierto con fieltro, justo atrás del asiento del conductor. Como si fuera un radiador enorme, tiene capacidad para unos 300 litros de combustible.
Sólo desde arriba se puede ver que un camión de valores, blindado, negro y estampado con el escudo nacional en los costados, oculta las góndolas huachicoleras.
En otro corralón hay un camión Torton. Al abrir sus rejas, los bultos de yeso se apilan hasta la parte superior. Esconden un cajón de acero que, por tener una pipa de 10 mil litros a un lado –que a su vez, aparentaba transportar agua potable y no huachicol– obliga al cálculo: 30 mil litros, estima una agente de la AIC.
Los descubrimientos siguen con un tráiler reluciente: el tractocamión Freightliner de modelo reciente arrastra una góndola negra que a simple vista transporta tezontle. Pero lleva en realidad una pipa oculta, sólo identificable por las válvulas para carga y descarga que se le adaptaron y cubrieron por debajo.
Por las carreteras de México transportes así pasan revisiones y retenes. Pero de los 960 vehículos asegurados por la AIC del 1 de diciembre al jueves 17, los que abundan son camiones y pick-up descubiertas, con sus canastos huachicoleros evidentes.
En la AIC el hombre a cargo de la investigación asegura que esos transportes no corresponden a lo que se vende en domicilios particulares y tejabanes desvencijados. Sencillo: desplazar 35 mil litros de combustible no es tarea fácil. Una consulta en internet revela que a una Ford Lobo de ocho cilindros, por ejemplo, le caben 100 litros.
Hasta ahora, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda no han dado a conocer los nombres de las empresas que podrían estar implicadas en el trasiego o consumo de huachicol.
Tanto Gertz Manero como el titular de la UIF refieren que hacerlo violaría el debido proceso y destruiría la acción penal. No obstante, con la información oficial, es posible advertir que, una vez más, el modelo de negocio es paralelo a Pemex:
La UIF interpuso cinco denuncias por robo de combustible que involucran a 15 empresas propietarias de gasolinerías. Actualmente ya tienen las cuentas bloqueadas, lo mismo que otras 13 respecto a las cuales están pendiente las denuncias.
Uno de los grupos de empresas vinculadas con el huachicol tiene operaciones por 86 mil 961 millones de pesos (una cifra similar al presupuesto de un año, por ejemplo, en Chiapas) y una utilidad de 6 mil 758 millones de pesos (cifra superior a la suma del presupuesto que ejercerán este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones).
La misma tarde del jueves 24, la Policía Federal localizó 11 nuevas tomas clandestinas en la zona del ducto Tula-Salamanca, pues los huachicoleros no cesan en su actividad.
Casi a la misma hora, la AIC concluye su recorrido pasando por Tlahuelilpan. El convoy se detiene porque un cortejo fúnebre transita hacia el panteón, muy cerca de San Primitivo.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
En Tlahuelilpan, "Chavitos" con fusiles AK-47 y fajos de billetes
/MATHIEU TOURLIERE
La convocatoria por mensajes y redes sociales realizada el pasado viernes 18 a cientos de personas hacia la toma clandestina del ducto que atraviesa Tlahuelilpan pudo ser estrategia de uno de los grupos de huachicoleros que operan en la región para provocar un conflicto y presionar a las autoridades, estima Juan Pedro Cruz Frías, alcalde de ese municipio hidalguense.
“Ni siquiera dijeron que había una fuga, sino que estaban regalando gasolina –recuerda el edil en entrevista–. Creo que no se esperaban una tragedia así.”
Ese día, mientras cientos de vecinos llenaban bidones con la gasolina que brotaba del ducto perforado, una chispa la transformó en un gigantesco géiser de fuego que calcinó todo en un diámetro de 50 metros. En la explosión fallecieron más de 100 personas –aproximadamente 40 siguen hospitalizadas–, cifra que supera los 97 muertos reportados en el municipio durante todo 2017.
Si bien Cruz Frías afirma que el robo de combustible ya existía antes de que asumiera la presidencia municipal –dice que en la administración anterior se desbordó una toma y “el géiser brotó a 20 o 25 metros”–, sostiene que “en realidad esto surge a partir del 1 de enero de 2017, con el gasolinazo”.
Explica: “Subió tanto el precio del combustible que todos vieron mayores ganancias. Se desató la delincuencia en una localidad de Santa Ana Hueytlalpan y hubo operativos; estas personas tuvieron que huir de esta localidad y el efecto hormiga fue el que afectó a nuestro municipio”.
Según las autoridades, en los últimos dos años grupos criminales foráneos ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a Los Zetas, entre otros, llegaron a esta región de Hidalgo a disputar el control de las tomas clandestinas a grupos locales de ordeñadores de gasolina.
Cruz Frías, quien es presidente municipal desde septiembre de 2016, tiene a su disposición 40 agentes de Policía Municipal, es decir, 20 uniformados por turno. Una cifra insuficiente, dice.
Por ejemplo, hace unos meses los agentes se trasladaron a una toma clandestina y “lamentablemente llegaron muchas camionetas, aproximadamente 60 personas, algunas armadas y otras no, que los expulsaron, les dijeron que se los iba a cargar la chingada”.
Al preguntarle por los grupos que operan en su municipio, el alcalde es evasivo: “Nomás oigo apodos, como El Tribilín, o al que mataron, la tal Parka… pero si hay vecinos del municipio, no lo creo. Hay gente de fuera que renta los predios y los utiliza como bodega”.
Desde la zona calcinada, en la colonia San Primitivo, se alcanza a ver la refinería de Tula, a menos de 10 kilómetros al sur y en la cual confluyen oleoductos de Pemex. El tubo que fue perforado y explotó, indica, atraviesa tres kilómetros del ejido de Tlahuelilpan y se hicieron tomas clandestinas en varios cruces.
En Tlahuelilpan, como en todos los municipios hidalguenses donde pasan estos ductos, la industria del huachicol floreció en los últimos dos años. En 2018 se registraron 2 mil 121 tomas clandestinas en el estado. Muchos jóvenes se dedican a la ordeña o a la vigilancia de esta actividad. Todos saben dónde encontrar gasolina robada a buen precio, y en almacenes y tianguis se acumulan montañas de bidones para venderlos al mayoreo.
La llegada del dinero del robo de combustible alteró a la sociedad de Tlahuelilpan. En 2015, cuando se realizó el censo más reciente del Inegi, la mitad de sus 20 mil habitantes vivían en la pobreza y 7.1% en pobreza extrema. Seis de cada 10 personas percibían un ingreso inferior a la línea de bienestar –que se eleva actualmente a mil 556 pesos mensuales por integrante del hogar– y solamente 12% de la población no sufría pobreza ni carencias sociales.
El ejido cuenta con 800 hectáreas, regadas con las aguas negras de la Ciudad de México. Los habitantes que no se dedican al campo laboran en la refinería o en la central de la Comisión Federal de Electricidad en Tula, o bien en las cementeras y fábricas aledañas; otros venden sus productos a los vecinos o a los cerca de 4 mil alumnos que estudian en el plantel de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dice Cruz Frías.
“Hasta la madre de cristal”
La tarde del sábado 19 tres hombres –uno en la treintena con su hijo de 14 años y otro veinteañero– sentados sobre sus bicicletas observan a lo lejos cómo los peritos trabajan en la zona siniestrada la noche anterior. Ellos recuerdan que el auge del huachicol en la región inició hace dos años, “con las alzas de los combustibles”.
Cuentan que con el aumento del precio de la gasolina el huachicol se convirtió en una fuente de dinero sustancial para algunos y despertó envidias en otros. Los informantes piden que no se publiquen sus nombres por miedo a los criminales.
A menos de 100 metros de ahí, en la zona de la tragedia, el subsecretario de Gobierno estatal, Juan Luis Lomelí Plascencia, alienta a los pobladores a denunciar a los huachicoleros. “Los conocen, muchos viven aquí con ustedes”, les asegura.
Los entrevistados señalan que los grupos se pelean a muerte el control de las tomas clandestinas, pero además trajeron drogas. “La juventud se encajó hasta la madre de cristal, de metanfetamina, ahora que tiene dinero del huachicol”, sostiene el de 20 años, y comenta que los líderes de las bandas, más acaudalados, prefieren la cocaína.
El de 30 menciona a una vecina que vendía tamales en un jacalito que “no tenía ni cortina”. Su familia “empezó a vender cristal y huachicol. ¡El casononón que tienen ahora!”, exclama. Otro ejemplo: “Un amigo fue a chupar con un huachicol en un bar, por ahí. El güey pagó 13 botellas. ¿Te imaginas?”.
Los grupos criminales reclutan adolescentes como halcones para que vigilen –a cambio de 500 a mil pesos por noche– mientras otros perforan y ordeñan los ductos. El joven de 14 años narra que en la escuela unos alumnos presumen fajos de billetes, a veces hasta 4 mil pesos. “Hay chavitos como tú con cuernos de chivo”, interviene su padre, que lo mira con preocupación.
Una pobladora lamenta: “Los jóvenes ya no quieren ganar 150 o 200 pesos diarios, lo que se paga aquí por un día de trabajo en el campo; ya quieren estar bien vestidos e ir por el dinero fácil”.
Recuerda: “Tlahuelilpan era un lugar tranquilo, bonito, donde podías salir al jardín sin miedo, a las calles, a la tienda. Ahora ya no: tienes que salir temprano y regresar tempranito porque la delincuencia está muy, muy fea. Hay otras comunidades igual aquí, donde la delincuencia del huachicol devastó todo”.
Sobre la violencia, observa: “Todos los huachicoleros son enemigos entre sí. Duele que los jóvenes terminen de esta manera. Cuando era más joven ya había armas, pero no se escuchaban tan fuerte; ahora ya no se puede vivir, ya no puedes salir a un día de campo, porque no sabes si por coraje nos atacan o no sé qué”.
También afirma que sí hay opciones de supervivencia: “Aquí no te mueres de hambre, la verdad… Puedes ser ama de casa, vender comida, dedicarte al campo, ser albañil, criar animales… Hay herramientas de trabajo”.
Según el Inegi, la mayor parte de la población es propietaria de sus casas, que suelen tener tres o cuatro habitaciones, piso firme y techo, así como servicios de agua entubada y luz eléctrica.
Los vecinos tienen fresco el recuerdo del multihomicidio perpetrado el pasado 4 de enero en el panteón de Mangas, en el cercano municipio de Tezontepec de Aldama. Cuatro jóvenes fueron acribillados mientras velaban a uno de sus amigos, asesinado días antes. Todos asumen que los autores del crimen fueron integrantes de una banda rival.
Además, los incendios ya no son raros en la región, pues los huachicoleros suelen guardar el combustible en sus casas y transportarlos en camionetas. “Luego luego se ve el humo negro, a lo lejos”, dice el joven de 20 años. El adolescente añade: “En la escuela vemos los videos de los fuegos en Facebook”.
En el pueblo saben dónde pueden encontrar gasolina, que se vende entre ocho y 12 pesos el litro, según si abunda o escasea. El padre dice: “Siempre hay: te vas con tu camioneta y si éste no tiene, vas con el otro, y si no tiene vas con el otro… Hay un chingo de tomas. Cuando vamos a rodar los vemos ahí, a las dos o tres de la tarde, y no hay pedo”.
Florencio León Ángeles Torres, dueño de un taller de hojalatería y pintura en el centro del municipio, ha vivido 20 años ahí. Empezó a escuchar del robo de combustible hace menos de tres años. “Antes no se oía, y creo que está creciendo y es cada vez peor”.
Sonriente, añade que otro negocio ilícito que abunda es el cobro de piso: “Alguien que viene a poner un negocio aquí en Tlahuelilpan, lo vienen a cobrar. O simplemente a los comerciantes les dicen: ‘¿Sabe qué? Ése ya no va a vender aquí’. Y no siendo del municipio”.
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Hubo engaño e improvisación en la "vigilancia" de los ductos/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Una demanda laboral interpuesta por un empleado de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex –encargada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto al general Eduardo León Trauwitz, su hombre de confianza– muestra que, en vez de garantizar la integridad de la red de ductos, los mandos del Ejército improvisaron su vigilancia para permitir el llamado huachicoleo y la operación de la delincuencia organizada.
A pesar de contar con millonarios recursos, la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) de Pemex improvisó a trabajadores de confianza para inhabilitar tomas clandestinas. Por la falta de pericia y herramientas, en diversas ocasiones provocaron fugas como la ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Videos y documentos obtenidos por este semanario muestran cómo esos trabajadores operaban para desactivar las tomas clandestinas sin las precauciones necesarias para su vida y la población, en una tarea que por lo demás no les correspondía.
Dada la ausencia de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, varias veces eran detenidos por la policía local, que los acusaba de huachicoleros. Otras veces eran detenidos y amenazados por los grupos de la delincuencia organizada.
Por esas razones, algunos de esos empleados interpusieron demandas laborales contra la empresa y señalaron como responsables a los militares que estuvieron al frente de la SSE de Pemex durante el sexenio pasado, encabezados por el general Eduardo León Trauwitz, quien fuera hombre de confianza del entonces presidente Enrique Peña Nieto (Proceso 2115).
En uno de los videos se aprecia a un empleado en una toma ubicada en un ducto a menos de un metro de profundidad. Mientras está operando, se rompe la válvula a la que le está dando vuelta, se produce un fuerte estallido y el combustible empieza a fugarse con tanta presión que forma de inmediato un violento géiser.
Uno de sus compañeros corre a auxiliarlo y junto con el resto del equipo –entre ellos alguien con un arma larga– huyen despavoridos. Una camioneta de Pemex se aleja, mientras los empleados dicen entre risas nerviosas: “Fue la esfera, güey”, “que le hablen a Ductos”.
Los trabajadores trataron de recuperar la herramienta de la SSE bajo su resguardo y de reorganizarse mientras la fuga alcanzaba ya varios metros de altura. De acuerdo con una de las demandas laborales, el accidente ocurrió en el ducto de Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2017.
A partir de entonces, Moisés Ángel Merlín Sibaja, contratado como personal de confianza por la SSE, decidió buscar su cambio dentro de la misma subdirección y no trabajar más en la Gerencia de Seguridad Física. Lo que obtuvo fue maltrato y acoso laboral hasta que tuvo que separarse de la empresa petrolera, a la que demandó en agosto de ese año.
Delitos cometidos por orden superior
Desde que buscó cambiarse de área, Merlín Sibaja argumentó que el trabajo que le asignaron no correspondía a su puesto, pero sobre todo que era obligado a realizar actos irregulares, como abrir tomas clandestinas, deshabilitar otras sin ir armado, o vestir uniforme militar sin pertenecer a las Fuerzas Armadas. Además de la falta de pago de viáticos o de horas extras y el maltrato por parte de sus jefes, que eran los elementos del Ejército a los que llevó el general Trauwitz.
Merlín Sibaja pidió ya no ser considerado en las actividades que la SSE denomina “manejo técnico” o “protocolo” para inhabilitar tomas clandestinas como la que le estalló en Tierra Blanca y que, de acuerdo con su testimonio escrito, había sido “reutilizada en múltiples ocasiones”.
Ante su petición de cambio, fue enviado a las oficinas de la Gerencia de Seguridad Física para hacer labores de limpieza. Luego de unos días fue trasladado a Gómez Palacio, Durango, a hacer las mismas labores de “manejo técnico”. Quedó bajo las órdenes del capitán primero de Infantería, Diplomado de Estado Mayor (DEM), Heriberto Godínez Sánchez, superintendente de Planeación y Seguimiento de la SSE.
–¿Qué te sorprende? ¿Mucho trabajo y poco dinero? –le dijo el capitán cuando se presentó a trabajar y le expresó su deseo de no hacer las mismas labores, porque otros de sus compañeros también habían estado a punto de morir en tomas incluso más profundas.
En su carta de renuncia dirigida al subgerente de Operaciones de la Zona Centro, mayor intendente del Ejército DEM Francisco Casas Sánchez, el demandante asegura que recibió órdenes de disfrazarse de soldado “y desplazarme solo y sin arma, conduciendo un vehículo pixeleado a las áreas de Puebla, que actualmente se consideran de riesgo”.
Asentó: “Por lo antes expuesto y debido a que en recientes fechas he sido sonsacado hasta de instalar una toma clandestina en uno de los poliductos sin que se me expida una orden de forma escrita y de manera clara el motivo, así como de las herramientas adecuadas para tal fin, el suscrito ha decidido tomar acciones legales a fin de afrontar las responsabilidades que me sean imputadas”.
Merlín Sibaja cuenta también la presión de la delincuencia organizada cuando fue enviado por la SSE al municipio veracruzano de Tierra Blanca, y que fue reportada a la Gerencia de Seguridad Física, que no actuó.
La tarde del 8 de octubre de 2016, después de la revisión de una toma clandestina en el kilómetro 228+282, en las inmediaciones del poblado Las Prietas de ese municipio, se dirigía al Departamento de Seguridad Física de Pemex en la ciudad, acompañado de otros dos agentes de seguridad.
Cuando circulaban por el bulevar La Vidriera, se les cerraron dos vehículos, de los que descendieron una decena de hombres armados. Amagaron con bajar de su camioneta a los agentes de seguridad de Pemex. El jefe del grupo delictivo se dirigió a Sibaja: “Déjennos trabajar. El sol sale para todos… y también la muerte. No se acerquen más a Las Prietas. Ábranse”.
Los agentes de la SSE le contestaron que sólo estaban haciendo el trabajo que les ordenaba Pemex y que ellos no decidían los lugares de inspección, sino que eran órdenes que recibían por las mañanas.
Los delincuentes les exigieron un número telefónico y su nombre completo. Merlín Sibaja dio los suyos. En seguida, a cada uno de los agentes les tomaron fotos. “Nuestro señor les va a llamar a este número”, les advirtió el jefe del grupo delictivo, quien había advertido por uno de los suyos “que había verdes (militares) atrás”, muy cerca. El líder no hizo mayor caso y dejó ir a los empleados de confianza de Pemex.
Los agentes de la SSE se dirigieron a su oficina. Allí, al poco rato, entró una llamada al teléfono de Merlín Sabaja, preguntando por él. “¿Cómo se portaron mis muchachos? –le dijo alguien con un acento distinto al de los pistoleros–. Me enteré de que ustedes fueron un poco agresivos… De no haber llevado un nombre y un número telefónico no habrían cumplido su trabajo.
“Mis muchachos tienen su tienda en Las Prietas. Déjenlos trabajar. Ya van tres seguidas que les quitas… Ya sabes cuál es nuestra chamba. Ábranse. El día que quieran platicamos. Yo no estoy en Tierra Blanca. Ando con el patrón, pero puedo bajar.”
Merlín Sibaja le dijo que eso no dependía de él. “Esta bien, carnal”, le dijo el interlocutor y cortó.
El agente reportó lo sucedido al jefe del Departamento de Seguridad Física en Tierra Blanca, Isaac García Pulido, y pidió mayores medidas de seguridad para hacer su trabajo. No hubo respuesta, según su reporte, fechado el 12 de octubre de 2006.
El documento forma parte de las pruebas con las que acompañó su demanda laboral, radicada entonces en la Junta Especial número 12 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sibaja y su abogado fueron requeridos para una entrevista, pero al cierre de esta edición no habían respondido.
Las irregularidades
La demanda de Merlín Sibaja señala como responsables al general Trauwitz, al general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quien fue gerente de Seguridad Física; el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, exgerente de Gestión Técnica, y al mayor Francisco Casas Sánchez, subgerente de Operaciones de la Zona Centro de la SSE. Junto con otros mandos del Ejército, fueron los militares que durante el sexenio pasado tuvieron la encomienda de combatir el robo de combustibles a Pemex, pero el delito se incrementó (Proceso 2202).
Merlín Sibaja los acusó de “irregularidades y violaciones a los principios de legalidad” al enviarlo a efectuar el “manejo técnico” o “protocolo”, es decir el desmantelamiento de las tomas clandestinas, a pesar de que ponía en riesgo su vida y su salud, no era parte de sus funciones, y el descontrol de las tomas dañaba el suelo y subsuelo.
Los acusó de haberlo expuesto a la inhalación de gases (benceno) y exposición física fuera de cualquier norma y sin haber recibido capacitación alguna ni equipo de seguridad adecuado, además de contar con herramientas improvisadas. Además, de dejarlo expuesto ante diversas autoridades federales, estatales y municipales que lo confundieron varias veces con un integrante de la delincuencia organizada dedicado al robo de combustibles.
Como ejemplo de improvisación en el “manejo técnico” o “protocolo”, refiere que, cuando agentes de Seguridad Física detectaron una toma clandestina en el poliducto Madero-Linares-Cadereyta, recibieron la orden “de los tres mandos de Seguridad Física de Tampico” de que cortaran las cuerdas y el maneral de la válvula y luego la recubrieran con mezcla.
La toma quedó “encapsulada rústicamente dentro de un tubo PVC, sin reportar de ello al personal de mantenimiento de ductos, al área jurídica de Pemex o al Ministerio Público federal, quedando el riesgo de que la humedad y el salitre revienten la toma y se produzca el derrame de hidrocarburo descontrolado”.
En la demanda, insiste en que el desmantelamiento o neutralización de las tomas clandestinas le corresponde a la Subgerencia de Transportación por Ducto, mientras que la SSE sólo se encarga de la vigilancia de la red de ductos. Pero a su personal le debe proporcionar arma de fuego, chaleco antibalas y otros aditamentos para la seguridad y vigilancia, lo cual dice que en su caso no se cumplía porque, además de desmantelar tomas clandestinas, se le ordenaba hacer patrullajes, por lo que debía portar uniforme militar a pesar de no pertenecer a las Fuerzas Armadas.
Precisa que, de acuerdo con el Manual de Organización de la Subdirección de Distribución, a la Gerencia de Transportación por Ducto le toca hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías, tanques, equipos dinámicos, vías de acceso, derechos de vía, edificios, estructuras y señalizaciones para garantizar la operación de la empresa.
En particular, la subgerencia de Mantenimiento de Ductos y las subgerencias de Trasporte por Ducto (Norte, Centro, Golfo y Suroeste) son las responsables, en casos de emergencia, de hacer las reparaciones para asegurar la continuidad de las operaciones, así como de restaurar equipos e instalaciones y el medio
ambiente.
Durante el sexenio pasado, la Subgerencia de Seguridad Estratégica de Petróleos Mexicanos contó con un presupuesto de 5 mil millones de pesos. La mitad fue para el programa Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex. A través de éste se compraron aviones y helicópteros, pero no todos fueron usados para vigilar los ductos. Un helicóptero, por ejemplo, fue para el uso del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
La otra mitad del presupuesto se gastó en la construcción del búnker de la SSE en lo que fue la Refinería 18 de marzo, en Azcapotzalco; compra de armas, y la mayoría (2 mil 2992 millones de pesos) en “gasto de operación derivado de los proyectos de inversión y otras iniciativas”.
En su informe de final de sexenio, la oficina del general Trauwitz reportó que con el acceso a “equipos y tecnologías de vanguardia”, así como el patrullaje terrestre y aéreo, logró la “intercepción e interrupción rápida y efectiva” de las acciones de la delincuencia organizada.
Según ese reporte, a partir de 2018, la SSE capacitó a ingenieros militares en “el servicio de inhabilitación y sellamiento de tomas clandestinas” para contribuir “a la oportuna atención de estos eventos”.
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Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Mala semana para "El Chapo": dos testimonios letales/
J. JESÚS ESQUIVEL
En la penúltima semana del juicio que se le sigue al Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York, dos testigos que fueron empleados del capo, llevados por la fiscalía, describieron al sinaloense como un torturador sanguinario y un asesino; a Emma Coronel como cómplice de las célebres fugas de su esposo, y a los hijos del narcotraficante como homicidas vengativos.
NUEVA YORK.- La responsabilidad de Joaquín Guzmán, El Chapo, en la tortura y asesinato de tres personas; la de su esposa, Emma Coronel, en la fuga de su marido del penal del Altiplano; y la de los hijos del capo en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, fueron las últimas piezas de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para fortalecer su acusación de narcotráfico y lavado de dinero contra el sinaloense.
El pasado jueves 24, en el desfile de testigos de la fiscalía, se presentó Isaías Valdez Ríos, Memín, exmilitar mexicano, sicario, piloto y quien fue secretario particular de Guzmán.
–Señor Valdez, ¿en alguna ocasión, cuando trabajaba para el acusado, fue testigo de actos de violencia cometidos por él? –preguntó Nardozi.
–Así es –respondió Memín con rostro sonriente.
Pese a las objeciones del abogado Eduardo Balarezo, uno de los tres defensores de Guzmán, Cogan permitió que el sicario describiera detalladamente los homicidios presuntamente cometidos por El Chapo.
“Estábamos en un pueblo que se llama Bastantitas, en Durango. El señor Guzmán realizó una llamada y al terminar, nos informó que iban a traer un arete”, narró tranquilamente el exsecretario del Chapo.
“Arete” o “dedo”, explicó el testigo, son palabras de la jerga del narcotráfico para llamar a un soplón o a alguien que traiciona a la organización criminal a la que pertenece.
Memín dijo que ese “arete” llegó en avión a la sierra de Durango y ya había sido torturado. “Estaba todo quemado con una plancha de ropa; traía una camiseta que la tenía pegada toda en el cuerpo”, narró el testigo.
Los miembros del jurado escuchaban atentamente al exmilitar, quien acotó que su expatrón interrogó al supuesto miembro de los Arellano Félix.
Luego de unos días de cautiverio, El Chapo y sus pistoleros se movieron a otro rancho. Al cautivo lo metieron en un gallinero del lugar al que se mudaron. Transcurrieron otros tres días; Memín afirmó que el cautivo ya se estaba “pudriendo en vida” y “apestaba”.
Entonces El Chapo mandó que lo llevaran a otro lugar, mientras en el cementerio del pueblo, Memín, y otros sicarios cavaban una fosa, a orillas de la cual llevaron al torturado.
“El señor Joaquín tenía una pistola pequeña, calibre .25”, anotó el testigo de la fiscalía. “Se arrimó el señor Joaquín Guzmán y lo empieza a interrogar nuevamente. El Chapo agarró la pistola y le disparó. ¡Pum! ‘A chingar a tu madre’, dijo”. El exmilitar añadió que el secuestrado aún vivía cuando lo cubrieron con tierra.
Los dos zetas
Nardozi interrogó a Memín sobre la segunda vez que vio al capo cometer un asesinato. Alrededor de 2006 o 2007, narró el testigo, él, El Chapo y otros sicarios estaban en Coluta, Durango, “en una casita del señor Pedro Loaiza. El señor Joaquín estaba haciendo una llamada y al terminar nos dijo: ‘¡Chavalones, hoy nos mandan un regalo’”.
En la conversación telefónica El Chapo había sido notificado por su lugarteniente, compadre y mano derecha en ese entonces, Dámaso López Núñez, El Licenciado, de que su gente en Culiacán había capturado a dos miembros de Los Zetas y que ya se los había mandado en avioneta a Coluta.
Según Memín, él y otros pistoleros fueron a la pista clandestina de Coluta a recoger el “regalo”. Los dos zetas eran resguardados por Bravo, jefe de sicarios y también compadre y hombre de confianza del Chapo.
Memín relató que El Chapo les pidió después que llevaran a los dos zetas al bosque.
“Llegó el señor Joaquín con su compadre, Bravo. El señor Chapo Guzmán pidió un tronco grande y grueso y ahí empezó a torturarlos”, describió Memín. Como ese momento era encargado de las comunicaciones, el testigo aseguró que él se retiró del lugar para acercarse a las antenas apostadas en la sierra para estar pendiente de radios y teléfonos.
–¿Para qué pidió el acusado el tronco? –deseó saber el fiscal Nardozi.
–No lo pidió para hacerles cariños, obviamente les empezó a pegar con el tronco –respondió Memín riéndose de su propio chiste.
Al regresar Valdez Ríos al lugar donde se encontraban los zetas, los vio tirados en el suelo, con todos los huesos rotos mientras El Chapo seguía golpeándolos con el tronco y también con su rifle.
–¿Cuánto tiempo duró el interrogatorio?
–Alrededor de tres horas.
Luego Memín declaró que El Chapo mandó que ahí mismo cavaran una fosa grande, le echaran leña y le prendieran fuego. Cuando la hoguera ya ardía, Guzmán ordenó que acercaran dos cuatrimotos y que en las parrillas de éstas subieran a los torturados.
“Los subimos y el señor Guzmán se subió en una y Bravo en otra y se arrimaron más a donde estaba la hoguera”, contaba el testigo.
A una orden del capo, bajaron a los zetas de las cuatrimotos y, sosteniéndolos por los hombros, los pusieron al filo de la fosa en la que ardía la leña. “El señor Joaquín también se bajó y corrió el cerrojo de su rifle. Los zetas estaban viendo a la hoguera. Le puso (a uno) el rifle en la cabeza y le jaló. ‘A chingar a tu madre’, dijo e hizo lo mismo con el otro: ‘A chingar a tu madre’. Nos ordenó que los echáramos a la hoguera y que no quedaran ni sus huesos”, concluyó Memín.
Valdez Ríos, acusado de narcotráfico en la Corte Federal de Washington, enfrenta cadena perpetua, de ser declarado culpable de los delitos que se le imputan. Pero si el gobierno estadunidense se siente satisfecho con su testimonio contra El Chapo, podría recomendar que la sentencia que Memín reciba sea de menos de 15 años de cárcel.
También Emma
Antes, la audiencia del martes 22 tampoco había pintado nada bien para El Chapo ni para sus familiares. En esa ocasión su compadre, El Licenciado, afirmó que Emma Coronel estuvo implicada en la famosa fuga del penal de Almoloya. Y que Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos del capo, ordenaron el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, reportero fundador del semanario Ríodoce.
Guiado por el interrogatorio de la fiscal Amanda Liskamm, López Núñez indicó que en marzo de 2014 Coronel le pidió que se reunieran. “Hablamos en Culiacán”, dijo El Licenciado. Agregó que su comadre le aseguró que su marido le pedía que le mandara a una persona a Toluca para hacerse cargo de “una vuelta”.
–¿Estuvo usted de acuerdo? –preguntó la fiscal al testigo.
–Sí, mandé a Leonardo, un cuñado mío.
El Licenciado aseguró que ya en Toluca, Leonardo se reunió con algunos custodios del Altiplano.
–¿Se volvió a ver con Emma?
–En Culiacán… a finales de marzo o principios de abril de 2014.
–¿Qué le dijo Emma en esa reunión? –insistió Liskamm.
–Que mi compadre (El Chapo Guzmán) estaba planeando fugarse del penal; quería saber si yo podía colaborar y le dije que sí.
–¿Tuvo alguna otra reunión con Emma?
–Sí, en mayo o junio de 2014, estuvieron presentes los hijos de mi compadre… mi compadre mandaba preguntar a sus hijos si ya habían conseguido un terreno cerca del penal… a mí me pedía conseguir una bodega cerca del penal, una camioneta pick up blindada y armas.
López Núñez ya fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pero con su testimonio contra El Chapo espera que su sentencia cambie por una de 15 años de cárcel.
La fiscal preguntó al testigo cuál era la intención del acusado de que sus hijos compraran un terreno cerca del Altiplano. El Licenciado respondió que “era porque se iba a elaborar un túnel”.
–¿Hubo otra reunión con Emma? –volvió a preguntar Liskamm.
–Sí, en una propiedad que era de los hijos de mi compadre. Estaban Iván, Alfredo, mi comadre Emma y no recuerdo si estuvo Joaquín; la reunión fue como en julio de 2014.
El Licenciado añadió que en la sesión de julio se concentró en conocer las peticiones del Chapo para saber en qué estado iba el trámite de la compra del terreno. En una quinta reunión, contó El Licenciado, El Chapo –con sus hijos como personeros– informaba que desde su celda ya escuchaba los ruidos de los que escarbaban debajo.
–¿Se habló de la fecha para la fuga? –quiso saber la fiscal.
–El plan de mi compadre era que fuera para un sábado o domingo… porque esos días no había oficiales ni visitas de actuarios.
–¿Vio al acusado?
–Sí. Ya después de que se fugó, en la sierra, en La Tuna, como una semana después de que se escapó.
El testigo indicó que en esa reunión también estuvieron su hijo, Dámaso López Serrano, Mini Lic, y Pedrito Loaiza, amigo de ellos.
En La Tuna, El Chapo –según lo narrado por el testigo– habló de que estando en el Altiplano “tenía meses escuchando el ruido de las excavaciones debajo de su celda”, que el ruido de los que escarbaban molestaba a los otros presos y se quejaban. “Me dijo que cuando se bajó (al túnel) cayó montado en una moto… De ahí trasladaron a mi compadre con una cuatrimoto a la bodega que yo conseguí… de ahí a San Juan del Río, donde lo esperaba un avión para llevarlo a Sinaloa”, añadió López Núñez.
Liskamm le preguntó sobre la persona que llevó al Chapo en la cuatrimoto. “Un hermano de mi comadre Emma lo llevó de la salida del terreno a la bodega”, respondió El Licenciado.
Antes de hablar de la fuga de Guzmán Loera, El Licenciado había explicado que en tres cartas escritas de “puño y letra” de su compadre –y que la fiscalía expuso como pruebas–, su comadre también estaba enterada e involucrada en la coordinación del trasiego de drogas.
Meses después de que El Chapo fuera recapturado por la Policía Federal, el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Emma, según el testigo, se volvió a encontrar con él para decirle que a nombre de su marido le buscara otro terreno, otra vez cerca del Altiplano, donde lo había vuelto a recluir.
“Pero lo enviaron a un penal en Ciudad Juárez”, acotó El Licenciado, dando a entender que por ello se frustró el segundo escape del capo.
–Después de que pasó esto, ¿se volvió a ver con Emma –preguntó la fiscal.
–Sí. Mi comadre me comentó que estaban viendo la forma de regresarlo al Altiplano… que el jefe general de los penales federales estaba ayudando y se le había dado un dinero: 2 millones de dólares.
En esos años Celina Oseguera Parra era la directora del Órgano Administrativo Descentralizado de Centros de Prevención y Readaptación Social.
El caso Valdez
Interrogado por Balarezo en torno al caso de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, El Licenciado apuntó que ni él ni su hijo Dámaso son culpables del homicidio del periodista.
“Lo mandaron matar por órdenes de los hijos de mi compadre… Iván, Alfredo”, decía El Licenciado cuando Balarezo lo interrumpió con otra pregunta.
–¿Por órdenes de los hijos de Chapo Guzmán?
–Tiene usted toda la razón.
El testigo de la fiscalía acotó que él ya estaba en prisión cuando asesinaron a Valdez Cárdenas.
“El reconocido periodista Ciro Gómez Leyva mencionó en un reportaje que yo había emboscado a los hijos de mi compadre para matarlos, y que uno estaba grave y que Mario también… y era falso… y cuando el periodista (Valdez Cárdenas) me buscó por teléfono vi la oportunidad de aclarar las cosas y le di una entrevista”, explicó El Licenciado ante la Corte, pese a las objeciones del abogado, que intentaba evitar que se explayara.
“Pregunte en Culiacán y todos saben y le pueden decir que los hijos de mi compadre amenazaron a la casa editorial y obligaron al señor a que no sacara la entrevista conmigo… cumpliendo con su ética periodística él la publicó. Por eso lo mataron”, subrayo El Licenciado.
El exsocio del Chapo estableció que después del arresto de su compadre en Los Mochis, en julio de 2015, los cuatro hijos del capo querían matarlo a él y a su hijo, quien también está preso en Estados Unidos.
La próxima semana será, según lo dicho por Cogan, la última de las audiencias del juicio. La defensa del capo deberá presentar a sus testigos en un intento por contrarrestar todo lo que se ha establecido contra su cliente.
Se rumorea que el mismo Chapo Guzmán subirá al estrado, ya sin nada que perder, para intentar convencer al jurado de que es un agricultor humilde y que todo sobre el narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos que se dice de él, es un mito inventado por los gobiernos de Estados Unidos y de México.
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