Las columnas políticas hoy, miércoles 13 de mayo de 2020

¿Y, que hubo en la mañanera de hoy?
El Gobierno anunció el plan para reiniciar "la nueva normalidad" ante el Covid-19, que consiste en tres etapas, y en el cual se integrará un semáforo para determinar la apertura por estados.
La Secretaria de Economía, Graciela Márquez, detalló que la primera etapa iniciará el 18 de mayo y se reactivan las actividades esenciales en los municipios que no registren contagios.
"El plan de la nueva normalidad tiene tres etapas una que inicia el 18 de mayo, la segunda que es una etapa de preparación y la tercera que es justamente el 1 de junio cuando termina la jornada nacional de Sana Distancia", explicó.
Actualmente son 269 municipios en 15 estados los que registran menos contagios, en donde se reabrirá la actividad escolar, el espacio público, laboral, y a personas vulnerables.
La segunda etapa es de preparación para garantizar la salud y un reinicio seguro y será será entre el 18 y el 31 de mayo.
En la tercera etapa se integra el semáforo por colores para los estados: rojo, naranja, amarillo y verde.
"La tercera etapa que arranca el 1 de junio con un sistema de semáforo por regiones. Tiene cuatro colores y cinco categorías: medidas de salud pública y del trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, personas vulnerables y las actividades escolares", precisó Márquez.
Cuando el semáforo esté en rojo solamente se permitirán las actividades laborales esenciales, entre ellas tres nuevos sectores: la minería, la construcción y la fabricación de transporte.
En el naranja aumentan las actividades que pueden desarrollarse. Pueden realizarse las actividades esenciales y las no esenciales pero a un nivel reducido y en el espacio público podrán empezar a operar en espacios públicos abiertos, pero también de manera reducida.
Cuando el semáforo está en amarillo de nuevo se amplían las actividades que se pueden desarrollar. En el espacio público abierto habrá restricciones menores y mayores para el caso del espacio público cerrado, es decir, templos religiosos, museos, cines, teatros, que es parte del espacio público, restaurantes, pero operarán de manera reducida y el cuidado de personas vulnerables será un cuidado medio.
Finalmente cuando un estado está en verde ya no hay restricciones. 
Volverán clases hasta que haya semáforo verde

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que la reanudación de clases será hasta que el semáforo de reactivación esté en verde.
"No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar y esto nos lo indica la autoridad sanitaria, solo abriremos con semáforo verde", dijo.
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El director del IMSS, Zoé Robledo, advirtió que los empleos perdidos en abril correspondieron a trabajadores con salarios más bajos, lo que podría influir en el rubro de pobreza.
"Se perdieron los (trabajos) de salarios más bajos, esto es lo que nos preocupa aún más, porque un trabajador que ya lleva más tiempo, que gana más, que el empleador le dio capacitaciones, es un elemento fundamental de su actividad económica. Estas no son las personas que están perdiendo el empleo, no así los que tienen un salario menor o menos tiempo (en el empleo), a veces son los más jóvenes", dijo Robledo tras asistir a la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
"Los empleos que se perdieron durante abril fueron fundamentalmente los de menores salarios, eso es también es lo que nos preocupa, ese es un elemento que quizá pegue al elemento de pobreza", advirtió.
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Tuit de Jesús Ortega, me sumo a la solidaridad con los doctores Narro, Frenk y Chertorivski
Es lastimoso el papel que juega la Unidad Inteligencia Financiera. Cumple el papel de la ominosa policía secreta que durante el viejo régimen era utilizada  para amenazar y perseguir a disidentes políticos. 
A  @JoseNarroR
 @julio_frenk
 @Chertorivski
 manifestamos solidaridad
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Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -¡vaya despertó!-, haya manifestado su preocupación por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de inmediato el PAN la emplazó a presentar una acción de inconstitucionalidad para revertir el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador publicado en. el DOF el lunes de la semana que corre.
“En su comunicado, la CNDH expuso que le resulta preocupante, porque se presta a una presencia permanente de las fuerzas armadas en las funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles y que, además, será de manera permanente; por esa razón la Comisión debe pasar del dicho al hecho y actuar en consecuencia”, exigió el presidente del PAN, Marko Cortés.
El PAN reiteró que solicitará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncien por la militarización de las tareas de seguridad pública en México, habida cuenta a los convenios internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido.
“Reiteramos nuestro absoluto respeto al Ejército y la Marina que desempeñan un rol fundamental para la vida del país, por su lealtad a las instituciones y a los mexicanos, pero estamos convencidos de que una presencia permanente en tareas de seguridad pública no es la vía para resolver el grave problema de inseguridad que afecta a la sociedad mexicana. Deben ser las autoridades civiles las responsables de otorgar seguridad”, subrayó el PAN. (Nota de Alvaro Delgado).
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Las columnas políticas hoy, miércoles 13 de mayo de 2020
Bajo Reserva/El Universal
Los pleitos presidenciales
Médicos, periodistas, arquitectos, empresarios, economistas. Nos hacen ver que en un año y medio de gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cargado contra estas profesiones. En todos los casos ha puesto el estigma de la corrupción y el conservadurismo a quienes ejercen estos oficios. Generalizando, en la mayoría de los casos el mandatario no solo los ha denostado públicamente, sino que cada vez que se encuentra entrampado en un tema polémico la salida siempre pasa por señalar que si las cosas no funcionan como debiera ser es por culpa de alguno, o algunos, de estos sectores que buscan impedir la transformación del país. Sin embargo, nos dicen que lo más grave es que conforme pasan los días se suman los sectores de la sociedad con los que el Presidente busca la confrontación. El último caso, el de los médicos, nos dicen, tuvo un doble insulto. Primero dijo que durante el periodo neoliberal, es decir hasta antes de que él fuera presidente, en los médicos y el sector salud predominó el mercantilismo, la deshonestidad, la falta de humanismo y el trabajo en favor del dinero, no en favor del pueblo. Y después, la “disculpa” estuvo peor, pues dijo que no hubo insulto, que todo fue una maniobra de sus críticos y adversarios para distorsionar sus palabras. La interrogante es cuál será la próxima profesión a la que el Presidente le caiga a palos.
¿Y dónde está Vicente Fox?
Qué lejos quedó aquel 24 de septiembre del año pasado, cuando en una Asamblea Nacional del PAN el expresidente Vicente Fox llamó a los panistas a “darle en la madre a la Cuarta Transformación”. Nos hacen ver que el expanista guanajuatense prácticamente desapareció de la escena pública, y que ahora muy esporádicamente da entrevistas en medios, y cuando las da ya no es el critico de antes. Su cuenta de Twitter se convirtió solamente en un canal para reproducir algunos mensajes de personajes afines. La última mención que tiene Fox Quesada en su cuenta de esta red social fue el pasado 12 de diciembre y fue una felicitación para el titular del Ejecutivo por haber firmado el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el llamado T-MEC. Muchos se preguntan qué habrá pasado con don Vicente que pasó de crítico y activista antiAMLO a estar ahora callado como momia.
Su pasado persigue a la senadora
Nos dicen que los mensajes que la senadora Citlalli Hernández publicó en el pasado en sus redes sociales la persiguen. Y es que en su afán de defender la nueva militarización de la seguridad pública, ahora bajo gobierno morenista, la senadora explicó que la medida decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría ser la única viable para poder detener “la herencia del calderonato”, en materia de inseguridad. Sin embargo, le reviraron con mensajes que ella misma publicó en el pasado, como en el que pide que le avisen al expresidente Felipe Calderón “que me purga ver al ejército en las calles”, fechado el 29 de enero de 2012. La senadora sólo contestó que “desde nuestra comodidad centralista, podríamos opinar que no deberían estar las fuerzas armadas en dichas labores”, pero —parafraseando al propio presidente— dijo que no ve otra solución. Las benditas, y con muy buena memoria, redes sociales.
Las cifras que preocupan a la Coparmex
En la Coparmex, nos dicen, observan algunas cifras preocupantes referentes a la pandemia, y no, no se trata de los tan cuestionados números de contagios que ofrece a diario el subsecretario Hugo López-Gatell, sino de sus proyecciones de pérdida de empleos a consecuencia de la emergencia sanitaria. Consideran que al ritmo que se han perdido empleos formales en México en marzo y abril, al terminar mayo habrán desaparecido 1.3 millones de ellos. La confederación de patrones señala que los números oficiales del desempleo dejan ver que las medidas ejecutadas por el gobierno para proteger el empleo formal son a todas luces insuficientes. Insisten en que si se aplicara la idea que ellos han planteado, de un subsidio al empleo a través del Salario Solidario, se podrían proteger los aún restantes 19.9 millones de empleos formales. Sin embargo, ese escenario, en realidad, se ve muy cuesta arriba.
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Desalentador panorama laboral | Editorial El Universal
Tan solo en el registro del IMSS del mes de abril, resultado directo de la situación de contingencia por coronavirus, se revela que han sido dados de baja de sus registros ya más de medio millón de trabajadores, estadística que refleja tanto recortes de personal como cierres de empresas. Fuera de esas cifras quedan además las estimaciones por pérdidas en el sector informal, en el que millones de personas que aunque por más de dos meses han buscado seguir laborando, no encuentran ya a los clientes a los cuales ofrecer sus productos o servicios.
Los pronósticos refieren que la crisis sanitaria traerá una pérdida de más de entre uno y tres millones de puestos de trabajo que no podrán recuperarse en el corto plazo, además de que a raíz de la pandemia más de 10 millones de mexicanos podrían caer en pobreza extrema.
Si al panorama anterior se añade que el amplísimo sector informal que caracteriza a la economía mexicana es resultado de un país que por varias décadas no ha sido capaz de proveer un empleo dentro de la formalidad y que ha orillado a muchos al autoempleo (a menudo dentro del pequeño comercio o en el sector de servicios independientes), tenemos que la crisis epidémica solo es la gota que vino a desbordar el vaso.
El sector informal, si bien no deseable, ha funcionado como una necesaria válvula para liberar la presión por las elevadas tasas de desempleo existentes en el país y que también han obligado a millones de mexicanos de inventarse sus propias fuentes de trabajo o emigrar a otros países para conseguirlo.
Pero ahora tanto dentro como fuera de México, la emergencia sanitaria ha cancelado o suspendido también esas oportunidades de trabajo alterno. Y no es solo la pérdida de empleos formales e informales, sino que ello se traduce en la inmediata incapacidad de muchísimas personas de cumplir compromisos económicos como rentas, sueldos, colegiaturas, créditos, servicios, lo que a su vez se trata de millones y millones de pesos que dejarán de circular en la economía nacional, con el consiguiente empobrecimiento general, incluido el del propio Estado.
Queda claro que es mucha carga para el gobierno exigirle ayuda para la población entera, pero desde distintos sectores se lanzan propuestas para enfrentar la crisis de manera conjunta, que no encuentran oídos en el gobierno federal.
El Ejecutivo federal promete generar este año 2 millones de empleos, pero en la realidad es una condición prácticamente imposible de cumplir dadas las condiciones en que quedará la economía nacional, lo cual solo contribuye al desaliento general. Es momento de exigir sentido común y apertura de miras a quienes tienen el destino de millones de mexicanos en sus manos.
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Frentes Políticos/Excelsior
1.  La unión hace la fuerza. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, se encontraron para actualizarse sobre la estrategia para enfrentar el COVID-19 y analizar sus repercusiones. El senador precisó que se tiene claridad y optimismo para vencer la adversidad y pidió a los mexicanos confiar en las decisiones ante la emergencia sanitaria. También hablaron de los asuntos pendientes en el Senado, que recientemente acordó una tregua política y ha mediado entre el sector empresarial y el gobierno federal en pro de establecer acuerdos. Dos cabezas piensan más que una. En esta lucha hay muchos aliados, salvo los opositores, quienes no creen en las estrategias que están sacando adelante a México.
2.   Venganza o cambio real. La iniciativa de reforma electoral propuesta por el gobernador Cuitláhuac García fue aprobada con 34 votos a favor, haciendo historia al reducir el 50% de recursos a los partidos políticos, lo que se traducirá en un ahorro de más de 2,000 mdp en cinco años. Tan sólo el primer año, el próximo y hasta el 2024 habrá una reducción superior a los 1,200 mdp, dinero que será redirigido para diversos sectores, como salud, educación, infraestructura y obra pública, además del campo veracruzano; un uso efectivo, mejor que el electoral. Tanto el Congreso local como el gobierno estatal quieren lavarse la cara con esta medida de ajuste de cinturón. Una de cal por la buena cantidad que llevan de las de arena. ¿Algo en contra de las instituciones políticas o austeridad republicana de corazón?
3.   Insistencia pertinente. Desde el inicio de la pandemia por coronavirus en México, casi medio centenar de personas que trabajan en el área de la salud han sido agredidas, lo que pone en riesgo el acceso al derecho a la salud y a la vida de toda la población. ¿Qué imaginan los agresores, a quiénes acudirán cuando ellos necesiten hospitalizarse? La mayoría de los ataques han sido contra enfermeras. Por esta razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Mexicana y el Instituto Mexicano del Seguro Social ratifican su solicitud de protección para el personal de salud y unen esfuerzos en el lanzamiento de una campaña de sensibilización pública sobre la importancia del respeto al personal de salud en medio de la emergencia sanitaria. La discriminación y los ataques no llevan a ningún lado.
4.   No se precipiten. Integrantes del gabinete federal, encabezados por los secretarios de Gobernación, Salud, Educación, Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores y Economía anticiparon a las y los gobernadores algunas acciones que incluirán el llamado plan de regreso a la nueva normalidad, tras la Jornada Nacional de Sana Distancia, que será anunciado oficialmente hoy miércoles en Palacio Nacional. El plan busca ponerse en marcha a partir del 17 de mayo, en primer lugar en las regiones donde no se han registrado casos, o han sido mínimos, de COVID-19. Los funcionarios federales aceptaron la propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de conformar un grupo de trabajo especial. Pretenden reanudar lo más pronto posible las actividades económicas. ¿El dinero por la salud? Cuidado.
5.   Hagan caso. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la presencia en esta capital de personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México para apoyar a la Guardia Nacional sea el comienzo de la militarización de la seguridad pública. Aseveró que los integrantes de las fuerzas federales sólo reforzarán el orden y la protección que está a cargo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina. “En la ciudad hemos ido fortaleciendo a la policía de la Ciudad de México, que ha sido una labor muy importante, este año, aun con las condiciones de reducción de recursos evidentes que vamos a tener por la atención de la pandemia y, sobre todo, también por la situación económica que vive todo el mundo. Con la cabeza puesta en lo que nos espera. Eso es una ventaja.
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Víctima de Covid-19 en Presidencia
Confidencial/ElFinanciero_Mx
Ayer se confirmó la lamentable muerte por Covid-19 de un trabajador de la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. La vocería de Palacio Nacional se limitó a informar que al funcionario le fue practicado un estudio de contactos para ubicar a quienes pudieron haber convivido con él. No se aportaron datos sobre pruebas clínicas practicadas en el entorno de esa área, pero se aseguró que “no se han presentado más casos sospechosos”. La oficina donde laboraba cerró desde el 21 de abril, y la fecha oficial del deceso se volvió casi secreto de Estado.
Las precauciones de Alfredo
Y precisamente como es sabido que Palacio Nacional es casi un foco de contagio, por la cantidad de personas que se dan cita para reuniones o conferencias de prensa, ayer el que de plano no quiso correr riesgos fue el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo. En la conferencia matutina donde se anunció el convenio con Teletón, al mandatario estatal fue al único que se le vio usando cubrebocas. A su alrededor estaban la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; los secretarios de Defensa, Marina, Relaciones Exteriores; el director del IMSS, el titular de Teletón y, por supuesto, el presidente López Obrador.
Morena va por la guerra sucia desde San Lázaro
En la sesión plenaria virtual de los diputados de Morena ayer, el propio coordinador, Mario Delgado, designó a María de los Ángeles Huerta para que –así lo dijo– “se haga cargo de la guerra sucia en contra de la derecha”. ¿Cómo? Con la difusión de una serie de videos, por ejemplo, contra los exsecretarios de Salud, que criticaron la estrategia ante el Covid-19. La decisión no gustó a muchos. “No podemos caer en los vicios del PRI de crear el ‘Bronx moreno’”, dijeron unos.
Acciones contra el desempleo
Justo ayer, cuando se dio a conocer la pérdida de 555 mil empleos formales en abril, arrancó el foro “Juntos hacia Adelante”, que organizan Oxfam México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Coparmex. Ahí precisamente se debatirán y compartirán acciones concretas para evitar mayor pérdida de empleos y frenar la pobreza laboral. En el primer panel participaron Santiago Levy, del BID; también estuvo Nora Lustig, del Instituto Brookings de Washington; Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la UNAM, así como Enrique Cárdenas, catedrático y director del proyecto Signos Vitales, y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.
Aguas revueltas en BC
Donde están las aguas muy revueltas es en el gabinete de Jaime Bonilla, en Baja California, por el futurismo. Resulta que el creador de la estrategia jurídica y de cabildeo local para agandallarse la gubernatura por cinco años fue Guillermo Tiri Ruiz, compadre de Bonilla y quien fue premiado por su trabajo con una fiscalía de 5 años, los mismos que supuestamente duraría el mandato. Ahora se dice que Ruiz está más que apuntado por la candidatura morenista... Con esos amigos para qué quieres enemigos.
Las reuniones del Senado
Los integrantes de Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, sostendrán este miércoles un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que comanda Carlos Salazar Lomelín. En el encuentro mediante videoconferencia, el líder del CCE dará a conocer sus propuestas para que no se vea afectado el funcionamiento de las cadenas de producción en el país por la emergencia sanitaria. El jueves la reunión será con el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el viernes con representantes de la industria del automóvil y de alimentos.
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El crimen social de López Obrador/Pablo Hiriart
Uso de Razón
PabloHiriart...
El Financiero
Haber puesto al país en manos de una persona sin conocimientos y que exuda rencor por todos los poros, perjudicará más a los que menos tienen y llevará a 10.7 millones de personas a la pobreza extrema, tan sólo en este año. Y le faltan cuatro.
Cada día de este 2020, 29 mil 315 mexicanos pasarán a engrosar las filas del hambre.
Ayer se publicó el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), donde explica que con una caída de -6 por ciento de la economía y de cinco por ciento generalizado del ingreso, en este año, la pobreza extrema (personas cuyos ingreso no les alcanza para una canasta básica) pasará de 21 millones en 2018 a 31.7 millones al cierre de este año.
Los cálculos de Coneval son prudentes, porque la economía en este año, según reportes especializados, podría caer entre -7.5 o -10 u 11 puntos.
Estamos ante un crimen social cometido por quienes se dijeron redentores de los pobres.
De un plumazo, a la basura los avances –lentísimos– en la lucha contra la pobreza en este siglo.
Vaya paradoja, Peña Nieto, acusado de ignorante y frívolo por los amigos de la 4T, sacó a poco más de dos millones de mexicanos de la pobreza extrema en su sexenio.
Y López Obrador, en un solo año, mandará a esa categoría, en la que no alcanza para comer diario, a 10 millones de personas en sólo 2020.
Antes de la 4T, no vivían en pobreza extrema. Ahora conocerán el hambre.
Si desconfían de los datos del Coneval, ahí está el documento de la Cepal entregado ayer: México será el país de América Latina que más pobres va a generar en este año.
Fue el coronavirus y no el gobierno, dirán algunos y en parte tienen razón. Muy poca, por cierto.
La crisis ya venía desde el año pasado en México, cuando los actuales gobernantes tiraron la economía a bajo cero.
Y este año la crisis mundial por el coronavirus anunció desde finales de enero que pegaría con fuerza. El gobierno no hizo nada por atenuarla y se negó a establecer medidas contracíclicas.
El Presidente pensó que era la oportunidad de oro (anillo al dedo) para castigar a los empleadores, a los que colmó de insultos durante dos décadas: si van a quebrar, que quiebren, dijo ya instalado en Palacio Nacional.
Pero los más castigados serán los pobres y los que ya habían salido de pobres.
Nunca aceptó que para superar la pobreza tiene que haber empleo, y para que haya empleo se necesita inversión.
Se dedicó a hostilizar a los inversionistas: canceló el aeropuerto para decirles 'yo mando aquí'. Quiso litigar el pago de los ductos que traen gas a México, que ya estaban terminados. Con una consulta popular ilegal cerró una gran planta cervecera que ya había invertido cerca de 800 millones de dólares. Congeló la reforma energética.
¿Quién va a invertir en el país si no hay certeza jurídica y el Presidente, un admirador del Che Guevara, agrede a los inversionistas y a los emprendedores privados?
La caída en el empleo es brutal. Es la peor, en un mes de abril, desde 1995 con Ernesto Zedillo. Hasta allá retrocedemos, más lo que falta.
De acuerdo con los datos del IMSS, dados a conocer ayer martes, en un mes y medio se perdieron 750 mil empleos
Gonzalo Hernández Licona, ex secretario ejecutivo de Coneval, escribió ayer que si se quiere saber cómo nos va a ir con la pobreza hay que checar cómo va el empleo. Menos empleo es igual a más pobres.
Eso no lo entiende López Obrador y castiga a los empleadores, es decir a los que dan trabajo al 92 por ciento de la población empleada del país.
Resultado: sólo en abril se perdieron 18 mil 500 empleos... cada día. Nueve veces más que en abril de 2009, cuando se juntaron la crisis global más el cierre del país por la influenza AH1N1.
López Obrador cree que con los programas sociales será suficiente. Terrible error. Primero, porque en su gobierno hay menos programas y menos beneficiados. Y segundo, porque no hay apoyo a los que pierden su empleo, ni a las empresas para que no cierren.
El daño ya está hecho. López Obrador, vaya ironía, pasará a la historia como un presidente que fue fabricante de pobres.
Pudo haberlo evitado, o atenuado, pero ganaron sus rencores y el de algunos de quienes lo acompañan en esta aventura destructiva.
Este año se pagarán 200 millones de dólares como amortización a extranjeros tenedores de bonos del aeropuerto que no se va a construir.
Más lo que hay que seguir pagando los años siguientes (cuatro mil 200 millones de dólares faltan por pagar) por cumplir el capricho presidencial de destruir un aeropuerto.
En lugar de gastar en defender la planta productiva y el empleo, el gobierno va a gastar ocho mil millones de dólares (que en realidad serán doce mil millones) en una refinería nueva que perderá dinero.
Cuando AMLO anunció, el mes anterior, las medidas contra la crisis, enlistó entre ellas darle dinero adicional a Pemex para continuar su expansión, sin importar los números de la realidad:
Sólo PEP (la división de exploración y producción de Pemex) perdió, en el primer trimestre de este año, 462 mil millones de pesos.
Para sostener empresas, y por tanto empleos y cadenas productivas, nada. Que quiebren.
El resultado de la ineptitud presidencial está haciendo estragos.
Millones de pobres más.
Millones de mexicanos que no tendrán para comer.
Millones de empleos perdidos.
Un millón 200 mil jóvenes que este año tendrán edad de trabajar y no van a encontrar empleos.
¿De qué van a vivir? ¿Cómo le van a hacer?
Miseria y descomposición social será el legado del político que llegó al poder con la consigna de “primero los pobres”.
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Reapertura, ¿a lo loco?
ESTRICTAMENTE PERSONAL/RAYMUNDO RIVA PALACIO 
El Financiero, 13 DE MAYO DE 2020;
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy dará a conocer el plan de regreso a una “nueva normalidad” y qué municipios empezarán a restablecer sus actividades. El borrador del plan se elaboró hace aproximadamente un mes, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adelantó hace tres semanas que el 18 de mayo podrían retirarse medidas de seguridad sanitaria en cerca de mil municipios donde no se habían registrado contagios. Llama la atención que este anuncio se vaya a realizar en medio de lo que el propio gobierno considera la etapa más crítica de la pandemia, por la aceleración en la transmisión del COVID-19, pero se entiende perfectamente en la lógica de López Obrador, donde primero es la política y luego la salud.
La narrativa del régimen dice que la salud es primero, pero las evidencias muestran lo contrario. Durante el primer periodo de contagios en México, el discurso era que no se requería el distanciamiento social ni se necesitaba el confinamiento. La retórica cambió pero las prácticas no. Los mensajes cruzados de “quédate en casa” con la luz al final del túnel de una pandemia que ya se había domado porque la curva se había aplanado, no se entendieron como disparates del discurso político y propaganda, sino como una señal presidencial que se podían relajar las medidas. Anunciar reiteradamente que ya vamos a entrar en la normalidad relativa, es otro de los mensajes equivocados que se envían a la población.
Hace un mes, 10 estados concentraban los municipios sin casos: Oaxaca (433), Veracruz (88), Puebla (74), Yucatán (50), Chiapas (48), Chihuahua (34), Sonora (32), Guerrero (28), San Luis Potosí (28), y Jalisco (26). Si uno atiende las medidas restrictivas en varios de esos estados, se puede colegir que los municipios se encuentran en zonas alejadas, no en los centros densamente poblados. Así, el regreso a la normalidad podría general falsas expectativas, ante una sociedad ansiosa y deseosa de salir a la calle, que no distingue los matices, si el mensaje de voluntarismo político de López Obrador no se acompaña de realismo y planeación.
El principal problema que se ve, a partir de lo que piensan los expertos y consideran algunos sectores que incluso han resultado perjudicados por el confinamiento, es que un retorno a la actividad normal en las condiciones actuales de México, podría ser altamente contraproducente. El argumento coincidente es la falta de pruebas que permitan conocer con mayor certeza la verdadera dimensión del impacto del COVID-19 en la población. Los datos que proporciona López-Gatell, si bien no falsos, son insuficientes para saber la realidad de la pandemia, porque se basa en el modelo Centinela, que sólo obtiene información de los casos de contagios y fallecimientos en hospitales. Eso datos, de acuerdo con especialistas, tendrían que ser multiplicados por 30 para poder tener una mejor idea del problema sanitario.
Esa información es inexistente para fines de toma de decisiones, porque el gobierno decidió no hacer pruebas en la población. De los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es quien menos pruebas ha realizado. En la actualización de la OCDE del 4 de mayo, la media es de 27.7 pruebas por cada mil habitantes, mientras que México realiza 0.6. Islandia, el país que más pruebas aplica, lo hace en 147.6 de cada mil, y Chile y Colombia, las dos otras naciones latinoamericanas en ese grupo, suministran 10.4 y 2.3, respectivamente. La justificación de López-Gatell es que no se ha demostrado que haya relación entre el número de pruebas realizadas y la contención de la enfermedad, y que es mejor tener información de calidad obtenida por el método Centinela, que de mala calidad por la vía de las pruebas.
La Organización Mundial de la Salud, en contraposición, las ha recomendado de manera enfática, como una herramienta, no como la solución. Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard, sostiene que las pruebas no son suficientes y que se tienen que hacer más cosas además de las pruebas. “Pero sin ellas, no sabemos quién tiene coronavirus y quién no. Tampoco sabemos cómo se está expandiendo”. Esa es la misma racional predominante en el mundo y cuya deficiencia metodológica en México ha sido motivo de crítica sobre subregistros sustanciales en contagios y fallecimientos.
El gobierno de López Obrador ha sido cuestionado dentro y fuera de México desde hace varias semanas por la falta de aplicación de pruebas, y se ha ido construyendo el consenso de que es por razones políticas. “La política está muy involucrada en las decisiones”, dijo Janine Ramsay, una experta en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, donde fue directivo López-Gatell, a la agencia AP en abril. “México, políticamente, no valora la evidencia científica. ¿Por qué? Porque le quitaría las decisiones a los políticos”.
Lanzarse las medidas de prevención y distanciamiento social sin pruebas a población abierta, puede ser como navegar sin timón durante una tormenta. Francia, que está preparando la reanudación de actividades, realizará 700 mil pruebas por semana. Alemania quiere aplicarlas en toda la población. En Nueva York, el centro de la epidemia en Estados Unidos, quieren llegar a 155 mil pruebas al día. En México, hasta ahora, la racional marcha en sentido contrario del mundo.
Si no aplican pruebas salvo a personas con los síntomas o quienes hayan estado en riesgo de contagio, será como una encuesta, salvo que en los estudios demoscópicos, sólo hay márgenes de error y yerros metodológicos. En este caso no se trata de porcentajes sino de vidas. Pero esto no parece ser un obstáculo para López Obrador. De hecho nada lo es para él, ni hay variables que lo lleven a depurar o rectificar el rumbo, como probablemente veremos con su plan de reactivación social y económica.
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Otra vez: los militares como último recurso
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Excelsior
• Marzo y abril han sido unos meses atroces en términos de seguridad pública con los números más altos de asesinatos de la historia.
En el último tramo del gobierno de Felipe Calderón la estrategia de seguridad, con todos sus errores y altos costos, estaba comenzando a tener éxito, las organizaciones criminales estaban asfixiadas económica y operativamente y la mayoría de ellas descabezadas.
Cuando asumió Peña Nieto, durante su primer año cambió la estrategia de seguridad, hizo retroceder al Ejército y la Marina en esas tareas: pensó, con otras palabras, que atenuar la presión sobre los cárteles aligeraría la violencia y la inseguridad. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: durante ese año los cárteles se reorganizaron, se volvieron a armar, reemplazaron sus liderazgos y todo lo avanzando se perdió. Hubo que volver a las Fuerzas Armadas.
Apenas el presidente Peña Nieto pudo sacar una ley de seguridad interior que daba un margen legal mucho más sólido para el accionar militar en tareas de seguridad pública e interior.
Pero la ley de seguridad interior fue derogada, luego de una intensa campaña desarrollada por el candidato López Obrador, quien acusó al Ejército y la Marina de “reprimir al pueblo” en la lucha contra el crimen y de cometer “masacres”, todo enmarcado en una propuesta de seguridad que definió como de “abrazos, no balazos”, incluso habló de una potencial amnistía para los integrantes del crimen organizado.
Ya en el gobierno, el presidente López Obrador se encontró con que no tenía ni instrumentos ni condiciones para llevar a cabo esa estrategia, pero insistió en ella. Rápidamente, comenzó a implementar la Guardia Nacional, basado en el mismo modelo que un sexenio atrás le había propuesto la Sedena al presidente Peña Nieto para conformar la Gendarmería y que finalmente fue desechada para convertir a ésta en un cuerpo más de la Policía Federal. En el camino desapareció de buenas a primeras a la Policía Federal, sin que la propia Guardia Nacional terminara de estar plenamente integrada.
Los resultados de la estrategia de seguridad han sido desastrosos. La violencia y la inseguridad han aumentado y se han profundizado; los vacíos dejados han sido llenados por los grupos criminales que, en estos días de emergencia sanitarias, con fuerzas de seguridad y militares ocupadas en otras tareas, han actuado con toda impunidad en un plan de relaciones públicas con reparto de despensas, juguetes, préstamos, que va de la mano con una política de extrema violencia. Marzo y abril han sido unos meses atroces en términos de seguridad pública con los números más altos de asesinatos de la historia.
Con el decreto publicado el lunes, las Fuerzas Armadas entran de lleno y con protección legal mucho más amplia que en el pasado a asumir tareas de seguridad pública. El decreto es tan amplio y confiere tantas atribuciones, al no especificarlas, que implica que pueden ser de todo tipo. La coordinación de las Fuerzas Armadas será con la Guardia Nacional, que en los hechos es una instancia con un perfil preponderantemente militar.
Muchos han dicho que ello implica el fracaso de la Guardia Nacional. No es así: la GN es una institución en formación, pero ni plenamente consolidada, como hemos dicho en este espacio, podría estar en condiciones, por sí sola, de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.
Lo que sí implica la decisión de regresar con más poderes y protección legal a las Fuerzas Armadas a la seguridad pública es la confirmación de que la estrategia de seguridad ha fracasado y que se requiere de mayor fuerza, inteligencia y capacidad de operación para sacar al país de la crisis de inseguridad, que se verá agravada por las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria. Y salvo las Fuerzas Armadas, ninguna institución tiene hoy esas capacidades.
Pero la presencia militar tampoco alcanzará para garantizar el éxito de la lucha contra el crimen. Debe cambiar la estrategia y la concepción de la misma. Sin un modelo policial integrado a nivel federal, estatal y municipal, homogéneo, con mandos mínimamente centralizados, que cuente con manuales de operación comunes, con una formación también común, con mandos que en todos los niveles estén certificados por una instancia de formación reconocida, no se podrá vencer a la delincuencia.
Lo que sucede es que para eso se requieren acuerdos y políticas comunes con gobernadores y legisladores. Porque de la misma forma que no se puede manejar toda la economía del país desde Palacio Nacional, tampoco se puede manejar la seguridad de todo un país a partir de una reunión de madrugada en Palacio Nacional. Se necesita, sin duda, a los militares, pero también mucho más.
Insisto en un punto: las Fuerzas Armadas de nuestro país no son ni un instrumento de represión popular ni nunca han intentado vulnerar el orden constitucional. Quienes hablan de represión y militarización, como antes lo hacía el candidato López Obrador, se equivocan. Hoy, vuelven a ser la última línea de resistencia contra el crimen, organizado o no.
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Las dudas sobre el doctorado de López-Gatell | Carlos Loret de Mola
Historias de Reportero
El Universal
Desde hace más de una semana, empecé a recibir varias denuncias de personas que me pedían investigar si el subsecretario estrella del gobierno federal ante la pandemia, Hugo López-Gatell, realmente era doctor. Usarios de redes sociales cuestionaban el asunto, adjuntando páginas web y capturas de pantalla que aparentemente mostraban que no tenía cédula profesional en la SEP, y un listado de egresados del doctorado en la Universidad Johns Hopkins en el que no aparecía el nombre del alto funcionario mexicano.
Imagínense el escándalo que sería: “el doctor López-Gatell… no es doctor”. Pues no es cierto: el doctor López-Gatell sí es doctor.
Según su biografía oficial, la que se publica en el sitio web del gobierno de México, el doctor López-Gatell se define como “Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología”. En el apartado de “Educación” hay más detalles: Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, Especialista en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Maestro en Ciencias Médicas por la UNAM, y Doctor en Filosofía (Epidemiología) por la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos.
El primer y principal cuestionamiento surge de una lista de egresados de Johns Hopkins que ha circulado mucho en redes sociales, en la que no aparece el nombre del epidemiólogo-político mexicano. Pero esa lista, si bien pertenece a la prestigiada universidad, corresponde al Departamento de Bioestadística. El doctorado (PhD) lo obtuvo en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins University. Hicimos la solicitud de verificación a través de un correo electrónico que respondió Leslie A. Nicotera, directora de Récords y Registros de dicha Escuela. Señaló: “Les puedo confirmar que el doctor López-Gatell obtuvo un PHD en el Departamento de Epidemiología el 25 de mayo de 2006”.
Así que el doctor López Gatell sí es Doctor.
El segundo cuestionamiento surgió porque al consultar en línea el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP no aparecía más que su cédula profesional de la Licenciatura como Médico Cirujano, pero nada de su maestría o especialidad en Medicina Interna, que expresa haber estudiado en el Instituto Nacional de Nutrición y por lo tanto, en la UNAM. En el Directorio de Médicos Certificados del Consejo Mexicano de Medicina Interna aparece López-Gatell, pero su estatus de certificación tiene una vigencia de 1999 a 2004. Una explicación lógica de ello, me explican varios doctores, es que el subsecretario López-Gatell no haya homologado sus estudios y no haya renovado su cédula puesto que no se dedica a eso (ser internista en un hospital). Además, en la biblioteca digital de la UNAM sí figuran sus tesis de ambos grados: la maestría en Ciencas Médicas y la especialidad como internista.
“Tan tán”, diría el clásico.
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Primero, la realidad; luego, 'una nueva normalidad’/Salvador Camarena
La Feria/
El Financiero
salcamarena
Mucho antes de llegar a eso que algunos quieren pensar como una nueva normalidad, en México nos falta un trago amargo –o varios–, y por desgracia éste no será el de una medicina efectiva contra Covid-19.
Cada país hace cuentas y crea escenarios para dejar el encierro de la manera menos costosa posible, en términos sanitarios y económicos. Pero ¿qué plan se puede hacer cuando los datos son, pongámoslo leve, escasos?
En México no tenemos idea de cuánta gente se ha infectado de Covid-19. Los casos confirmados son un universo puesto en entredicho por múltiples factores: desde escasez de pruebas hasta deficiencias estructurales en el registro de enfermos.
Cuán extenso ha sido el contagio por este coronavirus es una interrogante de la cual sólo tenemos indicios, si bien nos va, de alcance regional.
Lo anterior no constituye una crítica al presidente López Obrador. Es lo que hay, datos magros. Y a partir de ellos el gobierno habla de que estamos en una meseta de contagios, y que en cosa de días estos comenzarán a descender (al menos en zonas hasta hoy problemáticas).
Siendo ese el escenario, suena no sólo lógico, sino responsable, que el gobierno plantee reactivar la economía.
Pero abrir sectores productivos implicará, necesariamente, un costo sanitario. Vamos a pasar los próximos meses jugando al gato y al ratón. Tratando de revivir la economía sin matar a miles de personas en el intento.
Por eso no hablemos de nueva normalidad cuando apenas vamos a experimentar los estragos de una nueva realidad, una tocada por un virus letal.
En esa realidad, los gobiernos tendrán que aprender a administrar la muerte. Es duro ponerlo en esos términos, pero no hay otros.
Cada autoridad, empresa, organización, familia o persona debe estar consciente de que los planes gubernamentales para la apertura se hacen en la intención de que, al reactivar la economía, se eviten otros costos sociales. Mas no será gratis.
Tocará aprender a arriesgarnos lo menos posible. Pero el 'no arriesgarse' está fuera de las opciones realistas.
Mientras no haya vacuna o tratamiento eficaz, el objetivo debe seguir siendo uno solo. Cada medida decretada por un gobierno, y asumida por la población, debe tener como meta el no desbordar la capacidad sanitaria para la atención de contagiados.
Esa divisa permitiría calibrar la válvula de las actividades económicas, escolares e incluso de entretenimiento. El límite de la circulación de personas lo pondrá la capacidad de atención hospitalaria a quienes resulten enfermos.
El problema es cómo calcular ese factor cuando no contamos con data suficiente de contagios y cuando la nueva realidad no incluirá la masificación sustantiva, en millones y no miles, de pruebas para detectar portadores de este coronavirus.
Así que, durante meses, esta nueva realidad implica navegar a ciegas por periodos de dos semanas, que no sólo es el tiempo en el que la gente podemos desarrollar síntomas detectables, sino, como lo demuestra una investigación publicada ayer en Nexos, el plazo en que llegarían las actualizaciones de la cifra más confiable, sino la única, en cuanto al avance de la pandemia: la de los fallecidos. Y es que ayer en esa revista Jorge A. Castañeda y Sebastián Garrido mostraron que la cifra de decesos por Covid-19 tarda dos semanas en acumularse. (https://datos.nexos.com.mx/?p=1351)
Abriremos sectores y actividades, y a las dos semanas veremos costos en contagios y, eventualmente, decesos.
En resumen, si, como dice el gobierno, estamos en una meseta de contagios, sigue discutir la reactivación. Pero la apertura pasa por rediseñar completamente cadenas productivas: cómo llega la gente a trabajar/estudiar, cómo y cuántos se instalan en los espacios laborales/escolares, qué nuevo equipo de protección debe ser proporcionado al personal y cómo se reorganizan las tareas para minimizar las posibilidades de un contagio... En logística, es inventar un mundo nuevo. O muchos mundos nuevos.
En el ajuste de esa nueva realidad habrá que pagar costos. Monetarios, muchos. De salud, otros. Y cuando dominemos esas nuevas rutinas, en las que al principio no cabremos todos, quizá comencemos a vislumbrar la forma de eso que llaman la nueva normalidad. Pero falta mucho para ello. Mucho dinero perdido, mucho tiempo y demasiado dolor.
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 Inexistente congruencia

De naturaleza política/ENRIQUE ARANDA

Excelsior

• Es verdad que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea gozan de un amplio reconocimiento y credibilidad a nivel social, sin embargo no justificaría su “uso” por parte de un poder civil “emproblemado” en busca de otros propósitos.

Es verdad que salvo en el caso de honrosas excepciones —el extinto Carlos Abascal Carranza, una de ellas— ni la consistencia en el discurso, ni la congruencia entre su decir y su actuar han sido nunca características a destacar en los políticos mexicanos, en un altísimo número de ellos al menos, como sí lo son el inmoral trueque de posturas doctrinales y/o ideológicas, el tránsito entre fuerzas políticas disidentes, la compra-venta de apoyos o, peor, la mentira y el cinismo como argumentos para programas de ocasión.

Lo anterior viene a cuento porque a la vista el decreto expedido por  Andrés Manuel López Obrador el lunes para, con el pretexto de la crisis sanitaria y económica producto del COVID-19, oficializar la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en tareas propias de cuerpos de seguridad pública hasta el cierre de su gestión parece no sólo deseable, sino imprescindible saber dónde es que quedaron los encendidos pregones “antimilitaristas” que en el Congreso gustaba pronunciar el otrora “culpable del peor fraude electoral de la historia moderna”, padre ejemplar ahora y formador de exitosos hijos “emprendedores” Manuel Bartlett Díaz o, incluso, los incendiarios discursos y proclamas para anunciar el retorno de los soldados (y marinos se entiende) a los cuarteles apenas asumiera como Presidente, caracterizaron la campaña del tabasqueño…

¿Dónde quedaron sus dichos y reclamos a autoridades en turno?, ¿dónde la oferta de regresar la facultad del mantenimiento de la seguridad pública a cuerpos controlados por los civiles?, ¿dónde? ¿O es que, como se especuló desde un primer momento, la decisión responde a la obvia incapacidad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alfonso Durazo Montaño, para contener al menos el embate del crimen organizado que, vale insistir, convirtió ya a México en nación prototípica en inseguridad y los tiempos actuales en los más violentos en décadas? Son preguntas que reclaman una respuesta oficial, si no es que se quiere continuar abonando al descrédito del régimen de la 4T y la creciente incertidumbre social.

Es verdad que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea gozan de un amplio reconocimiento y credibilidad a nivel social y que su eventual participación en la seguridad pública podría arrojar resultados hasta hoy inexistentes en el combate a la delincuencia; sin embargo no justificaría su “uso” por parte de un poder civil “emproblemado” en busca de otros propósitos.

ASTERISCOS

* Qué tan grave estarán los temas de confianza y credibilidad al interior del sector público que hasta personajes como el impresentable poblano Luis Miguel Barbosa, moreno ahora, duda que como dicen las autoridades federales, el confinamiento pudiera (comenzar a) levantarse el 1º de junio. “No hablan claro; se niegan a hablar con la verdad”, sentenció.

* Ahora sí que “de risa loca…”, por no decir algo peor, el actuar del cada vez más cuestionado Hugo López-Gatell que, amén de tener que soportar los insultos de ya sabemos quién contra los médicos, él lo es, debió callar al ver que en la queja que la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica dirigió al tabasqueño, se le incluyó como vocal de la misma que es…

Veámonos el viernes, con otro asunto De Naturaleza Política.

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 Demagogia para hipnotizar a las masas

Arsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
AMLO prometió la creación de dos millones de empleos, en nueve meses, durante el último informe que presentó —solo y su alma— en el patio de Palacio Nacional, el pasado mes de abril. Ya estábamos en emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, pero se le hizo fácil hacer promesas imposibles de cumplir.
La realidad ya lo pone en su sitio. El IMSS reportó que, sólo en el mes de abril, se perdieron 543 mil empleos formales a causa del COVID-19. El peor descenso mensual desde julio de 1997. Me adelanto. No se le reprochan al Presidente los puestos de trabajo perdidos (la situación en todo el mundo es parecida por la pandemia), sino la demagogia populista que utiliza para hipnotizar a la masas.
* No es necesario un sesudo análisis para vislumbrar que se vienen tiempos difíciles en materia de empleo, derivados de la contracción del crecimiento que se proyecta en México (6.6%, según el FMI).
¿Para qué entonces crear falsas expectativas en la población de que habrá dos millones de empleos adicionales en nueve meses? Es pregunta. No se irriten.
La importancia del empleo en las economías del mundo la establece con claridad la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Agenda para el Desarrollo:
“Para todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y creciente es contar con una oferta suficiente de empleos.
“Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico”. ¿Quedó claro?
* Le doy vueltas y vueltas a la decisión de poner en marcha, precisamente ahora, el quinto transitorio del decreto por el cual se crea la Guardia Nacional.
Desde ayer hasta marzo de 2024 las Fuerzas Armadas permanentes regresan a las tareas de seguridad pública.
¿Por qué abrir la polémica ahora? ¿Es un distractor? ¿Tendrá que ver con la visualización de un escenario de revuelta social por el hambre que provoca ya el COVID-19?
* Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, reprocha a la oposición cuestionar el quinto transitorio del citado decreto.
Esa norma establece una temporalidad de cinco años a las Fuerzas Armadas para desarrollar tareas de seguridad pública “de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria”
A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Alfonso Durazo, tampoco le gustó la polémica generada alrededor del regreso del Ejército a labores de seguridad pública.
“Este objetivo (brindar seguridad pública) no sería posible si no contáramos con el extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas”, puntualizó la secretaria en un pronunciamiento.
* En la trinchera de enfrente afirman que el decreto publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial no respeta las condicionantes establecidas en el transitorio.
“Le dimos la confianza al Presidente, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta cinco años el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.
“Pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, afirmaron senadores del PAN, en conferencia de prensa virtual.
Según el azul, nada de ello se respeta en el decreto del 11 de mayo de 2020, por el cual el Ejecutivo pretende regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Explica por qué:
1.- No plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública.
2.- No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado.
3.- No garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
* Diputados del PRI, en un comunicado, reconocen que ese supuesto estaba considerado en el esquema transitorio de la reforma.
Pero dicen que es preocupante que se aproveche la emergencia de salud para emitir un acuerdo sin justificar la situación extraordinaria ni establecer los mecanismos para regular y fiscalizar la actuación del Ejército.
“La reforma no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin los controles que establece la propia Constitución”, puntualizan.
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Culpas y disculpas
EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN 
Milenio
Aunque por simple sentido común debe cuidarse lo que se dice, el presidente López Obrador se ufana y repite: “Siempre digo lo que pienso” porque, arguye, “mi pecho no es bodega”. 
Y pese a que de vez en cuando reivindica: “Soy dueño de mi silencio”, desdeña la sabia recomendación de “no desaprovechar la oportunidad de quedarse callado”. 
Lo que más preocupa es que, adicionalmente, todo indica que cree sinceramente cuanto dice, pero no es raro que modifique su criterio para decir cosas distintas, inclusive contradictorias, de un mismo tema (Teletón o Ejército), inclusive de un día para otro, como acaba de ocurrir con su ofensiva descalificación y ofrecimiento bochornoso de disculpas a los profesionales de la medicina.
El viernes afirmó que los servidores de la salud trabajaban “a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud”. Y continuó mordaz: “¿Cómo se decía antes de los médicos? Que sólo buscaban enriquecerse, ¿no? Que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ‘¿Qué tienes?’. 
–No, doctor, es que me duela acá, doctor.
–No, ¿qué tienes de bienes...?”.
La reacción de todas las agrupaciones de la comunidad aludida (incluido el Colegio Nacional de Médicos Militares de los que el Presidente es Comandante Supremo), fue de indignada exigencia de disculpas, con reproches como: “Calumnia y ofende a todo el gremio médico, dañando su integridad ética, moral y profesional”; “Exigimos respeto y reconocimiento”; “los dichos del Presidente solo merman la confianza entre médico y pacientes”; “rechazamos en forma enérgica y tajante las ofensivas declaraciones…”.
El presidente acusó recibo y el lunes apechugó: 
“Si lo entendieron así ofrezco disculpas, pero no fue eso. Hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense: era médico Ernesto Che Guevara; médico el mejor Presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? Todo lo están tergiversando. Por eso estoy hablando más despacio que de costumbre, no quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo. Están viendo ¡pero con microscopio!, escudriñan todo lo que hago”. 
Pero deslizó: “No es hablar al tanteo. ¿Cuántas operaciones se hacen sin necesidad?
¿O no existe eso? Desde luego no podemos generalizar…”.
Disculpa fallida. Sobre todo cuando el personal médico nacional está jugándose la vida para intentar aminorar la curva de la muerte.
No solo: pésimo ejemplificar con Guevara y Allende, ya que no fueron sus aptitudes médicas lo que los inmortalizó, sino sus luchas libertarias (uno mediante la guerra de guerrillas y otro por la vía electoral).
Alguien de su deficiente equipo debió recomendarle citar al menos a un médico mexicano. Quizá Rubén Leñero (tío del escritor Vicente), quien proyectó la Cruz Verde, murió como héroe (contagiado de tifus por un indigente que nadie quería atender), y por eso un célebre hospital público lleva su nombre.
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¡AMLO hará preso a quien le plazca!
ITINERARIO POLÍTICO/RICARDO ALEMÁN
  El Debate, 13 DE MAYO DE 2020;
Ayer dijimos que con la militarización ordenada desde Palacio, por decreto, arrancó la dictadura de López Obrador en México.
Por eso, hoy documentamos la manera en que el presidente mexicano tendrá todas las facultades para detener y llevar a prisión, de manera arbitraria y sin restricción alguna, no solo a sus críticos, sino adversarios y antagonistas.
Es decir, el decreto de Obrador para militarizar la seguridad pública y la vida institucional en México no solo abre la puerta para que López actúe de manera idéntica a los dictadores bananeros del continente, sino que le permitirá al presidente mexicano contar con las herramientas para iniciar persecuciones y purgas que aniquilen a opositores y adversarios.
En pocas palabras, resulta que con el decreto de Obrador, tendremos en el poder presidencial a un “Díaz Ordaz recargado”; un dictador que nos lleva de vuelta a la barbarie y que aplasta los principios democráticos básicos.
Y es que el decreto que militariza la seguridad pública y toda la vida nacional es un presunto armado legal que, en el fondo, incluye escandalosas violaciones a la Constitución y le otorgan al presidente facultades extralegales, propias del Ministerio Público, lo que cancela la División de Poderes.
Pero vamos por partes.
1.- Vale recordar que, al final del sexenio de Peña Nieto, el Congreso aprobó una reforma que daba carácter legal a la participación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado.
La reforma fue impugnada luego de un intenso debate promovido justo por AMLO y sus comparsas político electorales. Frente al rechazo, Peña dijo que no promulgaría la reforma, en tanto la Corte no avalara el apego de la reforma a la Constitución. La Corte desechó la reforma y estableció que no hay lugar para revertir la subordinación del mando militar al mando civil.
2.- Ya en su gobierno, AMLO promovió la Guardia Nacional, en medio de protestas. Para muchos no era otra cosa que el intento por esconder la militarización tras la careta de una Guardia Nacional ciudadana.
Y es que un transitorio de la reforma que sustenta la Guardia Nacional dice que en los
5 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, “el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad públicas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
3.- Por eso, el decreto de AMLO del 11 de mayo --que entró en vigor el 12 de mayo--, “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional”.
Hasta aquí todo parece correcto. ¿Pero qué creen?    
4.- Casi nada, que el decreto del 11 de mayo no establece quién y por qué razón se determinó “el carácter extraordinario” del uso de fuerzas castrenses en la seguridad pública. Pero tampoco aclara a quién corresponderá “fiscalizar y rendir cuentas” y menos precisa el papel de la inexistente CNDH de la defensa de los derechos humanos.
Lo peor, sin embargo, es que no hay un solo indicio de que el Ejército y la Marina estarán subordinados al poder civil, en sus despliegues, como exige la Constitución y como lo ratificó La Corte.
5.- Pero acaso lo más escandaloso es que a partir del 12 de mayo del 2020, militares, marinos y guardias nacionales estarán “facultados para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprenhesión; además de asegurar bienes y resguardar y procesar escenas de crimen y hacer labores de seguridad pública en las fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general…”.
¿Y eso qué significa?
6. Que Obrador viola, de manera flagrante, el artículo 21 de la Constitución; ordenamiento que, a la letra dice: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal en los tribunales corresponde al Ministerio Público”.
Y ante tal violación constitucional, obliga la pregunta:
7.- ¿Qué hacen, entonces, Ejército, Marina y Guardia Nacional, en tareas propias del Ministerio Público? Basta un decreto para violar la Constitución.
Pero es mayor el escándalo si abundamos en el decreto presidencial del 11 de mayo del 2020. Dice, por ejemplo: “La Fuerza Armada permanente, en apoyo al desempeño de las tareas de seguridad publica a que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén diversas fracciones del articulo 9 de la Ley de la Guardia Nacional”.
¿Por qué es mayor el escándalo?
8.- Porque según el 89 constitucional, militares, marinos y guardias no tienen otro jefe que el presidente de la República. Es decir, que Obrador puede disfrazar todo lo que quieran el decreto presidencial del 11 de mayo del 2020, pero lo cierto es que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional harán labores de policía, propias del Ministerio Público, bajo órdenes directas del presidente. 
9.- Es decir, el presidente suplanta, por decreto, facultades constitucionales propias de la Fiscalía General de la República. Y con ello viola otro artículo constitucional, el 102, que define las facultades de la Fiscalía General.
10.- Pero aún hay más. Resulta que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos establece, en sus artículos 10 y 11, que “el mando Supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República…”
En pocas palabras, López Obrador es, a partir de ayer, 12 de mayo, no solo el jefe del Poder Ejecutivo, sino que se desempeñará como Fiscal General de la República.
Y eso, aquí y en China, es una dictadura.
Al tiempo. 
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El presidente se pone el uniforme | Ignacio Morales Lechuga
El Universal
Con independencia y autonomía tenemos Corte para rato
2019 se consolidó en nuestro país como el año récord en homicidios. Cifras escalofriantes como las que entrega esta administración no habíamos conocido antes; baste decir que se duplicó el número de homicidios de 2015. ¿Es esto lo que mueve la decisión presidencial de acordar en tiempos de paz la intervención del Ejército y la Marina en tareas cotidianas de seguridad pública?
Aparte de algunos hechos de alto poder simbólico —como el saludo personalísimo a la mamá de un célebre criminal, o el descaro impune de los cárteles que hoy otorgan despensas y ayudas y aumentan su influencia social, penetración y control en comunidades marginadas— cabe preguntar: ¿habrá pesado a favor del decreto que durante 2019 aseguraron mínimas cantidades de cocaína en comparación con otros años y en cambio fueron asesinadas más de 35,880 personas.
Será difícil saberlo, pero los datos oficiales muestran que los resultados de 2019 representan sólo 12% de los aseguramientos de narcóticos del primer año de la década de los 90, no obstante que el consumo ha aumentado.
En plena fase de crecimiento exponencial de víctimas de la pandemia y rodeados de muchas dudas sobre las cifras oficiales, el presidente se dedica otra vez a distraer a la opinión pública con ataques a médicos, ingenieros, arquitectos, economistas y por debajo de la mesa, sin motivación ni explicación, promulga el acuerdo. Los programas de la 4T en estos casi 18 meses en materia de seguridad pública son un fracaso.
Los morenistas que protestaron con oportunidad contra el proyecto peñista de una ley de seguridad interior, hoy le dan la espalda a la civilidad y al derecho, pero también a la historia que mantuvo durante casi 100 años a las fuerzas armadas en funciones propias de la disciplina militar. AMLO da marcha atrás a su reiterado compromiso de campaña de desmilitarizar al país. Ahora se decreta que podrá ser ordinario lo que siempre fue extraordinario.
Desde su llegada al poder, el presidente se ha dedicado a entregar a la milicia proyectos y actividades que no le eran propias, yendo incluso contra toda lógica, como la de los organismos civiles que aconsejan que los aeropuertos no sean concesionados a los militares. El acuerdo adelante define una coordinación entre marina, defensa y seguridad; está claro que al final el país y la seguridad pública se militarizarán.
Además de constructor y contratista en Santa Lucía, el Ejército participa activamente en atender la pandemia sanitaria. Aún se recuerda cuando el presidente refirió en entrevista con La Jornada que si por él fuera desaparecería al Ejército y lamentó no poder hacerlo inmediatamente porque, dijo, “hay resistencias”.
El decreto que comentamos cruza abruptamente la línea que se mantuvo infranqueable históricamente entre lo civil y lo militar. Según él, los soldados y marinos que participen en tareas de seguridad pública lo harán “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” de la guardia nacional, cuya insuficiencia e inoperancia ya estaba a la vista.
Con este nuevo galimatías conceptual y jurídico contenido en un confuso acuerdo, se ordena que la fuerza armada permanente obedezca y acate de manera subordinada las disposiciones y la orientación que le dicte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debilitado y sin confianza nacional por los escasos resultados.
Ahonda la confusión el señalamiento de que las tareas que realicen las fuerzas armadas: “… estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda” (sic.). ¿Será el OIC de la Guardia, el del Ejército o el de la Secretaría de la Función Pública?
Muchas voces expresamos las enormes inconsistencias del proyecto que creó la Guardia Nacional, pero reconocimos la necesidad de respuestas eficaces, profundas y urgentes para hacer frente a la impunidad criminal y la corrupción en procuración y administración de justicia. Surgió como consigna la política de “abrazos no balazos” y la suposición de que los criminales dejarían de matar, secuestrar, robar y extorsionar si sus mamacitas se lo pedían. No se les persiguió y estos son los resultados.
El decreto aumentó el poder presidencial al igual que la fallida reforma legal para concederle el manejo discrecional del 10% del presupuesto federal. Queda claro por qué la pandemia le vino “como anillo al dedo”.
Sigo creyendo que la Constitución debe ser la vía rectora para atender la seguridad pública, abatir la impunidad y desterrar la corrupción. “Delito que queda impune es delito que se repite”, es fórmula vigente. También considero que la utilización de la información de inteligencia puede representar la solución de al menos 80% de los casos criminales, y sólo el resto suele requerir el uso directo de armas de fuego.
Tengo confianza en las propias instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejército Mexicano y la Marina, donde la Constitución terminará por prevalecer y ser defendida ante cualquier atentado. Por lo pronto, en seguridad pública, sigue siendo el binomio impunidad-corrupción donde se enquista el mal profundo que da como resultado que en vez de avanzar caminemos hacia atrás. Lo más importante estriba en el funcionamiento del programa de seguridad en beneficio de la sociedad, pues será la última llamada.
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El decreto que no sorprende | Alejandro Hope
Plata o Plomo
El universal
Tenía planeado dedicar este espacio al futuro distópico que nos espera mientras no haya vacuna o tratamiento para el Covid-19. Pero se atravesó el decreto que legitima la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Y eso obliga a hacer algunos comentarios rápidos sobre la decisión presidencial:
1. Este decreto estaba cantado desde la reforma constitucional de 2019 que dio origen a la Guardia Nacional. Allí se lee, en el artículo quinto transitorio del dictamen, que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.” En ese momento se cargó la pistola y solo faltaba que decidieran jalar el gatillo.
2. Esto tampoco sorprende cuando se observa lo que ha venido sucediendo con la Guardia Nacional. Excluyendo lo que heredó de la Policía Federal, ese cuerpo no tiene una sola plaza presupuestal. Aproximadamente 80% de sus integrantes tienen plaza y cobran sueldo en la Sedena o la Semar. Todo el reclutamiento es responsabilidad del Ejército o la Marina: la GN no ha reclutado por sí misma a un solo elemento. Prácticamente todo el equipo de la GN ha sido adquirido por las fuerzas armadas. Sus cuarteles han sido construidos por la Sedena, en predios donados a la Sedena, no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En la práctica, la GN no es más que la sucursal del Ejército en otra dependencia. Era solo cuestión de tiempo para que se revelara la farsa, y empezarán a usar la casa matriz y no la filial.
3. En concreto, toda la reforma de 2019 se redujo a cambiarle el nombre a la Policía Federal, ponerla bajo control militar y ampliar su tamaño con personal comisionado del Ejército y la Marina. Nada de eso requería reforma constitucional: se podría haber hecho con cambios legales relativamente sencillos ¿Por qué entonces la insistencia del gobierno de López Obrador en modificar la Constitución? Por una razón sencilla: el objetivo central no era la creación de la GN, sino la institucionalización de la participación militar en tareas de seguridad pública. El corazón de la reforma era el artículo quinto transitorio. La GN no era más que disfraz de ese objetivo.
4. Los defensores de la reforma dirán que esto no es más que un momento de transición, que hay una fecha perentoria para que las fuerzas armadas dejen de participar en tareas de seguridad pública. Eso es formalmente correcto, pero políticamente ingenuo (o cínico). Como se lee en el propio artículo transitorio, el uso de las fuerzas armadas en tareas de policía está vinculado al desarrollo de capacidades de la GN. Pero lo segundo depende de lo que haga o deje de hacer la Sedena. Si esa dependencia no comisiona personal o transfiere recursos materiales, la GN no crece. Punto. Y ese apoyo puede ser suficientemente lento para que, en dos o tres años, las Fuerzas Armadas regresen al Congreso, aleguen que desgraciadamente no se pudo consolidar la GN y que eso no deja más que una alternativa: extender por varios años más la excepción establecida en el artículo transitorio.
Para concluir, no hay que llamarse a sorpresa: el uso abierto y directo de las Fuerzas Armadas en tareas de policía es lo que querían tanto el Presidente como los mandos militares desde el principio. No optaron por esta vía porque “fracasó” la GN: eso no ha sido más que una distracción. Este es el proyecto.
@ahope71
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Y usted, ¿todavía tiene trabajo?/Enrique Quintana
Coordenadas
El Financiero
enriquequintana.com
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En el mes de abril se perdieron 18 mil 508 empleos en promedio cada día. En total, la merma fue de poco más de 555 mil.
Parecen muchos y lo son. No quiero preocuparlo, pero lo más probable es que sean muchos más.
Le explico la razón.
En 2009, el peor mes de aquella crisis fue abril. A tasa anual, la caída del empleo formal fue de -3.4 por ciento.
Este abril no será el peor mes. La caída anual tiene una tasa de -2.2 por ciento.
Los pronósticos de los expertos que consulta mes a mes el Banxico establecen el consenso de que en todo el segundo trimestre la caída del PIB será de -14.1 por ciento.
En 2009, el descenso del PIB en el segundo trimestre, el peor de la recesión, fue de -7.8 por ciento. En este año, si se cumplen las previsiones, será casi del doble.
Si la proporción de la caída del empleo respecto a la caída del PIB fuera como en aquella crisis, entonces al término del trimestre tendríamos un retroceso de alrededor de -6 por ciento en el empleo.
Eso significa la pérdida de alrededor de 1.2 millones de puestos de trabajo.
De hecho, si consideramos los empleos perdidos en las últimas tres semanas de marzo y no el saldo del mes completo, puede estimarse una caída de poco más de 750 mil empleos en un lapso de mes y medio.
Es decir, si se cumplen las previsiones de los expertos, aún se perdería otro medio millón de puestos de trabajo entre este mes y junio.
Estamos en la era de los “nunca”: nunca habíamos visto en la historia moderna de México una caída de este tamaño en el nivel de empleo.
Pero, pareciera que al presidente López Obrador no le preocupa. En su mensaje a través de redes sociales del pasado domingo 10 de mayo, señaló que el gobierno pensaba que la caída del empleo iba a ser mayor.
Instituciones como el Coneval y la Cepal han advertido respecto al impacto social que el deterioro económico tiene.
El Coneval advirtió hace un par de días que el número de personas en condición de pobreza, es decir, a quienes no les alcanza su ingreso para una canasta básica, podría aumentar en una cifra de entre 8.9 a 9.8 millones de personas, y de 6.1 a 10.7 millones los que viven en pobreza extrema.
En esta era de los “nunca”, habría que agregar que jamás se habría producido en México un alza tan rápida en el número de pobres. En la crisis de 2008-09, el incremento fue de 4.9 millones.
Por su parte, la Cepal estima –en su escenario alto publicado ayer– que el número de pobres en México subiría en el equivalente a casi 9 millones de personas, en línea con los datos de Coneval.
Es claro que ninguna institución seria cree que las políticas instrumentadas por el gobierno de AMLO, presuntamente para mitigar el impacto de la crisis entre los más pobres, van a tener algún efecto significativo.
El saldo al final no será solo un golpe a la clase media sino también a los estratos más olvidados del país, que fueron a quienes abanderó este gobierno.
Si en la estadística de empleos formales sumáramos la pérdida de ingresos de los empleados en la informalidad, el panorama del empleo sería todavía peor.
Y pensar que políticas económicas y sociales, activas y responsables, pudieron mitigar la dimensión de esta crisis.
Pero, hoy pareciera que el presidente está ‘montado en su macho’ y que no va a cambiar de estrategia, a pesar de que las evidencias digan que, en la más grande de las paradojas, en su gobierno tendremos el mayor crecimiento de la pobreza que se haya presentado en la historia reciente del país.
Y, a todo esto, ¿usted todavía tiene trabajo?
Si la respuesta es afirmativa, cuídelo. Va a escasear.
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AMLO y los médicos/Lourdes Mendoza

Sobremesa

lumendoz
El Financiero

¿Qué necesidad de atacar e insultar directamente a los médicos mexicanos? Nuestro Presidente sabe bien lo que dice y cómo influye desde ese estrado. No es posible que ataque a quienes están en este momento arriesgando su salud y su vida. No es justo que siquiera ponga en duda la integridad de los médicos cuando varios, muchísimos, han muerto contagiados por la falta de equipos de protección.

Lo peor del caso es que, en vez de reconocer su error, fingió demencia y, más que disculparse, defendió sus dichos hablando de medicamentos robados, tarjetas de crédito en los hospitales y poniendo como ejemplo al Ché Guevara.

¿Qué busca el Presidente? ¿Por qué lo hizo?

Pensará que si los médicos mexicanos son rejegos y protestan siempre podrá, como ya lo hizo, traer a los médicos cubanos, a quienes por cierto los tiene perfectamente bien atendidos. No sólo los hospeda en hoteles, sino que los mueve en camión con todas las comodidades.

Tras su falta de respeto, 47 agrupaciones salieron a pedir, a exigirle una disculpa; sin embargo, déjenme contarles que la Academia Nacional de Medicina, máximo órgano médico de México, no dijo ni pío, ni medio comentario en defensa de los médicos del país, HASTA AYER, cuatro días después.

Increíble por decir lo menos, pues para muchos profesionales de la salud, la prudencia –por decirlo de alguna manera– de la Dra. Teresita Corona Vázquez como presidenta de la Academia, se podía confundir con complicidad.

De hecho, el doctor Luis Felipe Flores-Suárez, como miembro de la Academia Nacional de Medicina, le mandó una carta el lunes 11 para pedirle “emitir un comunicado público de protesta ante las incalificables acusaciones que –una vez más– pronunció Andrés Manuel López Obrador hacia el gremio médico, el pasado 8 de mayo.

No hay contexto ni razón que sustenten lo que deplorablemente se ha atrevido a decir”. También le puso: “Opino que no puede permanecer silente ante un ambiente adverso, inaudito y absolutamente incomprensible por parte del Ejecutivo Federal. Muchas condiciones de vida de médicos, y la misma pérdida de la vida de colegas que han causado por décadas la violencia, el desinterés y la ineptitud, entre muchas otras razones, para que ahora exista una descalificación abierta, de carácter general y totalmente irresponsable, por decir lo menos, del C. Presidente de la República hacia el gremio”. ¿Qué tal de fuerte? Aquí les dejo la carta completa.
Se acuerdan del brote de Covid-19 del que les platiqué se dio en el IMSS de Tabasco, y hasta el doctor Sergio Félix, médico familiar de la UMF 43 falleció. Bueno pues déjenme hacerles un reconocimiento a los doctores de la UMF 47, quienes donaron, sí, pagaron con su sueldo, una fumigadora para poder desinfectar su clínica. Pero, esto no es todo, además en la clínica 46 donde hubo el brote, hace unos días les informaron a todos los médicos que atenderán a pacientes Covid, sin importar si tienen o no los conocimientos o la experiencia para intubar. Lo peor es que los obligaron bajo amenaza y hostigamiento de correrlos si no le entran. Ojalá algún día el IMSS y las autoridades logren estar a la altura de su personal.

Reino Unido, Boris Johnson

Luego de que fuera dado de alta tras curarse de Covid-19, en un video en Twitter dijo: “Les agradezco por tomar las decisiones adecuadas por las que les estaré agradecido el resto de mi vida. Cada segundo de la noche estuvieron vigilando para que mi cuerpo recuperara el oxígeno… En nuestro país hay miles que hacen lo mismo que Jenny y Luis, por eso venceremos a los coronavirus juntos” .

Luego de superar en gran medida la contingencia de coronavirus, Xi Jinping, presidente de China, elogió al personal médico del país y lo definió como “los ángeles más bellos” y “mensajeros de luz y esperanza”. Además, los llamó “las personas más admirables de la nueva era, quienes merecen los más altos honores”.

A través de un video transmitido en cadena nacional declaró: “No es nada fácil para el personal que en estos momentos se encuentra en los centros médicos. Estoy seguro que todos los ciudadanos del país se unirán a mis palabras para agradecer de corazón la labor de todo el personal médico en Rusia”.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales indicó: “El aplauso a nuestras médicas y nuestros médicos en agradecimiento por el enorme esfuerzo que están haciendo”.

En un discurso televisado dijo: “Quisiera dirigirme en primer lugar a aquellos que, como médicos, cuidadores, o en otra función, trabajan en nuestros hospitales y, en general, en nuestro sistema de salud. En esta lucha, ellos están en la primera línea… Hacen una labor gigantesca y les agradezco de todo corazón”.

En un mensaje en Twitter puso: “Gracias, de corazón, a todos y todas las profesionales de la salud. Sois ejemplo de heroicidad, entrega y trabajo. Hoy, el país entero os aplaude”.

Tras leer a varios jefes de Estado, menos entendemos a AMLO. Por qué vive en la polémica, por qué nada es suficiente, por qué dice algo tan grave y además lo dice con risita burlona. ¿Por qué?

Si de algo sirve

A todos los profesionales de la salud, mi respeto, reconocimiento y agradecimiento, y ni el aviador, perdón secretario Alcocer, ni López-Gatell, los representan.

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