La verdadera igualdad/Ana Laura Magaloni Kerpel

La verdadera igualdad/Ana Laura Magaloni Kerpel
en REFORMA, 20 Jun. 2020
México es un país injusto y desigual. El clasismo, el racismo y las muchas formas de exclusión forman parte central de nuestra arquitectura social. Vivimos en una sociedad centralmente estratificada, con muy poca movilidad y muchas diferencias de trato y de acceso al ejercicio de derechos. Este orden social quizá tuvo su origen en la Colonia. Sin embargo, ni la Independencia, ni la Revolución y mucho menos la transición a la democracia lo lograron desmontar. Ello explica, en parte, la abrumadora victoria electoral de AMLO en 2018.
En este sentido resulta incomprensible la confrontación del presidente con el Conapred. De un plumazo y sin ningún desasosiego, esta semana el Presidente amenazó con desaparecer la institución, pues -con razón o sin razón- no le pareció correcta la elección de los invitados a un panel. Parece ser que ya recapacitó. Esperemos que sea cierto.

El Conapred es una institución muy pequeña, con una estructura burocrática compacta y poco costosa. Organizaciones civiles, grupos y personas que históricamente han sido discriminados reconocen el trabajo de la institución en sus 17 años de existencia. Es poco frecuente en México que exista ese reconocimiento social hacia una institución. El Conapred ha colocado en la discusión pública el tema de la discriminación. También ha impulsado reformas constitucionales y legislativas, así como emitido fallos y llevado asuntos ante la Suprema Corte, para proteger a un abanico amplio de personas y grupos discriminados: la comunidad afromexicana, las trabajadoras del hogar, la comunidad LGBT y un largo etcétera.
Es ingenuo el Presidente cuando piensa que la estratificación social sólo se trata de un asunto de ricos vs. pobres y que, por lo tanto, dividiendo y polarizando a la élite del resto del país se rompe la desigualdad estructural. Es muy simplista esa visión. La estratificación social no se trata sólo de que existe una pequeña élite hasta arriba de la pirámide que ha detentado históricamente más privilegios que derechos. En cada grupo social de este orden estratificado se reproduce el mismo trato jerárquico. En un barrio urbano pobre en México, por ejemplo, existen rangos o jerarquías sociales: hay quienes actúan sabiéndose más fuertes y poderosos que los otros, imponiendo su voluntad y sus caprichos. Por ejemplo: la violencia doméstica o las muchas formas de discriminación que padece la población en situación de calle o los migrantes. Nuestro orden social es bastante barroco, con muchos vericuetos discriminatorios y lleno de historias de injusticia. La discriminación no sólo es un asunto de dinero y poder.
Ahora bien, si de algo estoy segura es que la arquitectura y funcionamiento de todas las instituciones que resuelven conflictos y aplican la ley reproducen y cimientan la desigualdad. Para avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente e igualitaria no sólo se necesita fortalecer al Conapred, sino también a todo ese entramado institucional históricamente abandonado que puede efectivamente emparejar la cancha del ejercicio de los derechos. El Presidente, para lograr dejar una sociedad más igualitaria, tendría que invertir recursos y desarrollar capacidades institucionales en las defensorías públicas, las fiscalías, los juzgados cívicos, los tribunales locales y todas las instituciones de gestión y pacificación de conflictos a ras de tierra. De lo que se trata para terminar con la discriminación es que, a pesar de las enormes brechas y diferencias económicas y sociales de la población, el acceso efectivo a la justicia haga que exista un mínimo común denominador en el ejercicio de derechos entre todos nosotros. Para mí eso sería la verdadera transformación que requiere el país. No basta con que la Constitución establezca el principio de igualdad y de no discriminación. Tampoco es suficiente que las leyes eviten distinciones o trato diferenciado injustificado. La igualdad de la que estoy hablando tiene que ver con la posibilidad de que todos, sin importar el color de la piel, el origen social, las preferencias sexuales o la capacidad económica, podamos tener la certeza de que la ley nos protege y nos obliga por igual.